La Sala Plena de la Corte Constitucional con una votación 5 – 4 determinó que quien debe investigar y juzgar al presidente de la república en ejercicio, en este caso, Gustavo Petro.
El alto tribunal llegó a esta decisión al considerar que que eso es tarea de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
La Corte Constitucional dejó claro que el papel del Consejo Nacional Electoral es el de investigar a las campañas, partidos, movimientos y demás integrantes de las campañas presidenciales y de consulta interpartidista de 2022, pero en ningún momento al presidente de la República.
En el fallo otorgó un plazo al CNE para que en un plazo de cinco días hábiles haga llegar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, las investigaciones adelantadas en el caso de la presunta financiación irregular de dichas campañas, con el fin de que esta corporación ejerza las competencias que le corresponden frente al presidente.
El presidente Gustavo Petro firmó la nueva Ley de Salud Mental, una normativa que representa un avance sin precedentes en la garantía del derecho a la atención psicosocial en Colombia, reconociendo que la salud emocional es tan esencial como la física para el desarrollo integral de las personas y la construcción de una sociedad más equitativa.
Durante la ceremonia de sanción, el presidente hizo un llamado enfático a que la ley no se quede en el papel.
“No queremos una ley que no se cumpla. Esta ley tiene que vivir en cada colegio, en cada hospital, en cada familia que necesita apoyo”, afirmó Petro, subrayando la importancia de una implementación real y efectiva. El mandatario instó a las instituciones públicas y a la ciudadanía a asumir con responsabilidad la transformación que propone esta nueva normativa.
La Ley de Salud Mental incorpora un enfoque preventivo e integral, al ordenar que todos los centros de atención médica, tanto públicos como privados, integren servicios de salud mental en el primer nivel de atención. Esto implica que deberán contar con profesionales capacitados para atender casos de crisis emocionales, ansiedad, depresión, consumo problemático de sustancias, entre otros padecimientos psíquicos, sin necesidad de remisión a niveles superiores del sistema.
Asimismo, la normativa busca erradicar el estigma social que pesa sobre los trastornos mentales y establece garantías especiales para poblaciones vulnerables, como jóvenes, mujeres, personas LGBTIQ+, víctimas del conflicto armado, comunidades étnicas y personas con discapacidad psicosocial. La ley reconoce la salud mental como un pilar para la paz total y la cohesión social, integrándola de forma transversal en las políticas públicas de bienestar.
Con la sanción presidencial a la reforma laboral aprobada en su totalidad por el Congreso de la República, entran en vigencia los nuevos cambios en el sistema con el que rige el trabajo en Colombia.
En un acto celebrado desde la Quinta de Bolívar en Bogotá, el presidente de la república, Gustavo Petro, firmó la nueva ley que a partir de la fecha rige el sistema laboral en nuestro país que retorna el pago de los dominicales y festivos al 100% y autoriza los recargos nocturnos desde las 7 de la noche.
Durante su discurso el primer mandatario pidió a la ciudadanía ejercer total vigilancia para que las nuevas reglas se cumplan en Colombia y lo aprobado no pase a ser «letra muerta».
«Hay que escoger un Gobierno que logre implementar la ley y que no se convierta en “letra muerta”, como la Constitución», afirmó.
“No quiero una nueva Constitución, sino aplicar la existente. Es letra muerta y no quiero que esta ley lo sea”, agregó.
Al respecto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino anunció la firma de los decretos reglamentarios a partir de la semana siguiente para iniciar la implementación de lo recién aprobado.
El presidente de la república, Gustavo Petro, revocó el decreto con el que convocaba a una consulta popular para preguntar al ciudadano del común por asuntos relacionados con el sistema laboral y el de salud.
El decreto que revoca la convocatoria a una consulta popular está firmado por todos los ministros del gabinete, incluyendo quienes están por encargo.
«Deróguese el decreto número 639 del 11 de junio de 2025, por el cual se convoca a una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones», es la orden presidencial que tiene fecha del 24 de junio.
La decisión de revocar este decreto llega luego de la aprobación del Senado de la República de la reforma laboral.
El abogado del senador Miguel Uribe Turbay, Víctor Mosquera, presentó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro, por supuestos actos de hostigamiento que según el, pudieron provocar el intento de asesinato contra el congresista de oposición.
Según Mosquera, » el presidente Gustavo Petro ha sostenido una conducta discursiva sistemática caracterizada por la emisión de expresiones hostiles, descalificaciones personales y señalamientos infundados dirigidos contra el senador Miguel Uribe Turbay. Estos pronunciamientos, lejos de configurarse como manifestaciones protegidas bajo el paraguas de la libertad de expresión política, constituyen actos de hostigamiento ideológico cuya finalidad y efecto ha sido fomentar una percepción social de criminalidad, ilegitimidad y peligrosidad en torno a la figura del senador».
Aunque evitó atribuirle al presidente una responsabilidad directa en el intento de asesinato dejó claro que ese ambiente pudo influir.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, emitió un comunicado expresando su preocupación tras la polémica desatada por el acto público donde el presidente de la república llevó a algunos jefes de organizaciones criminales presos en las cárceles de Medellín.
Al evento asistieron: José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Wálter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre o Ramón Chaqueta; Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya; Alber Antonio Henao Acevedo, alias Albert y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23.
Al respecto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, mostró su desacuerdo con el evento porque según su punto de vista, «los responsables de crímenes graves como homicidios, desapariciones forzadas, reclutamiento y uso de niñas y niños, violencia sexual, entre otros, no deben tener un lugar de honra y distinción, sino que deben comparecer ante la ley y someterse plenamente a ella».
La funcionaria expresa su acuerdo con que se busquen espacios de diálogos que conduzcan a la paz, sin embargo, dijo que esto se debe hacer de manera articulada con las diferentes autoridades y respetando la ley.
Iris Marín hizo un llamado a las autoridades de Antioquia, Medellín y al Gobierno Nacional a bajarle a la agresividad y buscar de manera mancomunada las soluciones que el territorio necesita.
«Más que una desarticulación, se percibe una rivalidad política que no debería tener lugar en una ciudad como Medellín, que necesita soluciones integrales, no confrontaciones institucionales», expresó la defensora en el texto divulgado.
Al presidente de la República, cada día es más difícil encontrarle una verdad; lo que indica que cada vez es más fácil encontrarle una mentira. Su capacidad de hacerlo realmente asombra: lo hace sin temor hacer descubierto, pero esto se hace más cruel, cuando se trata de la población más pobre que tiene Colombia, mi amada tierra del Chocó.
Esta semana en su aburridora trasmisión de televisión, lanzó otra mentira. Reclamó de manera hipócritamente enérgica, y comparándose con Duque, por la inversión realizada en mi departamento, mostrando una preocupación aparente, y que irónicamente aparece cuando faltan escasos 10 meses para elegir su reemplazo; una demostración que este señor utilizará, toda las artimañas conocidas y no conocidas para timar y embaucar.
Pero en su mentira el presidente, por alguna razón no se imagina que sus datos son fáciles de cotejar. Así que me hice a la tarea de buscar la verdad de las inversiones de este gobierno en el Chocó, en los tres años que lleva. Fue así como me fui a Planeación Nacional y conseguí las siguientes cifras.
En este gobierno se han comprometido 2,6 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación (Única Bolsa Nacional), distribuidos de la siguiente manera:
De los anteriores datos llama la atención la gran diferencia que hay entre lo aprobado y lo ejecutado, si hacemos un cálculo matemático simple, nos damos de cuenta que el índice de eficiencia es del 48%, es decir el índice de ineficiencia es del 52%.
Por otro lado y de acuerdo a los datos que arroja el Departamento Nacional de Planeación, durante los 8 años del presidente Santos, la inversión en el Chocó llegó a un monto de 4.0 billones de Pesos, en los cuatro años de Duque fue de 4,6 billones de pesos, y en lo que va de este desgobierno, a duras penas sobre pasa la mitad de la inversión del gobierno pasado (2,6 Billones).
A esta cifra de 2,6 billones hay que hacerle la siguiente aclaración, esta representa el total de lo aprobado, no, de lo ejecutado.
En el gobierno Santos la ejecución de lo aprobado llegó al 75%, en el gobierno Duque al 92%, en lo que va corrido de este gobierno 48%.
En una cosa si dice la verdad el Sr. Petro, el Pacífico votó mayoritariamente por él, casi el 80% de los votos contados; lo que convierte a este gobierno en el mayor burlador y timador de los sueños de los habitantes de esa región. Solo para tenerlo en cuenta: en el gobierno de Duque se invirtieron 44.1 billones en toda la región, cifra récord en todos los gobiernos de Colombia.
Presidente: Es bueno estudiar, los datos no mienten y provienen de su mismo gobierno, evite tratar de engañar, siempre habrá alguien que lo haga quedar en ridículo.
Ahora, una vez más, vuelve a lanzar otro de sus fuegos artificiales mediáticos: la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Otro anuncio ruidoso, distractor, sin hoja de ruta ni sustento jurídico claro, que solo demuestra lo que ya es evidente para todo el país: usted no quiere gobernar, quiere reescribir las reglas del juego para tener unas que se sirvan a su proyecto político.
Y mientras el país se cae a pedazos —con más inseguridad, más pobreza, más polarización, más muertos violentos por año, más desempleo y un sistema de salud en cuidados intensivos— usted sigue jugando a encender a Colombia cada semana. Parece más interesado en perpetuar el caos que en ofrecer soluciones. Tres años en la Presidencia y aún no asume que el poder Ejecutivo es para ejecutar, no para quejarse ni improvisar.
En lugar de entregar resultados, se la pasa en Twitter peleando con tuiteros, periodistas, expresidentes, medios y hasta caricaturistas. Como si le sobrara tiempo. Como si gobernar el país fuera una función secundaria frente a su ego o su show digital.
Y ahora, como si nada de esto fuera suficiente, pretende abrir la puerta a una constituyente en un país que lo que necesita con urgencia es estabilidad, acuerdos básicos, y que quienes gobiernan se pongan a trabajar. Esa propuesta no es una solución: es gasolina sobre la hoguera. ¿No le basta con haber debilitado instituciones, perseguido contradictores y sembrado desconfianza en la justicia?
No sé si sus asesores le están escondiendo la realidad, o si usted está tan encerrado en su burbuja de aplausos que ya no escucha. Pero debe saberlo: su gobierno ha sido un desastre. Puede que las encuestas todavía lo sostengan entre ciertos sectores, pero el país real, ese que madruga, que produce, que paga impuestos, ese ya está agotado.
Usted pasará a la historia como el presidente que se dedicó a pelear, a dividir y a nombrar a sus amigos y seguidores en cargos para los cuales no estaban preparados, un presidente que quiso cambiar la Constitución porque no fue capaz de cumplir la que ya existía.
Termino con la frase que dice la popular Karol G en una de sus canciones —y que, ojalá, el lector pueda interpretar con esa mezcla de frustración, ironía y desahogo que sale desde lo más profundo del alma—:
El presidente de la república, Gustavo Petro, celebró la aprobación de la conciliación en Cámara y Senado de la reforma laboral y anunció la derogación del decreto que convoca la consulta popular.
«Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria, el poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano que es el pueblo», escribió el primer mandatario en su cuenta de X en medio de un extenso trino.
Más adelante habló de la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y para esto anunció que el Gobierno presentará una papeleta en las próximas elecciones preguntando al ciudadano si está de acuerdo con este escenario.
«Será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y congreso tengan el mandato imperativo de construir el estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz», puntualizó.
Nueve exministros de Relaciones exteriores firmaron una carta dirigida al presidente de la república manifestando sus desacuerdos con la directiva administrativa de la canciller, Laura Sarabia, en donde se eliminan ciertos requisitos que hasta el día de hoy eran indispensables para ser nombrado en el servicio diplomático.
En la carta los excancilleres le recuerdan al primer mandatario que los requisitos para ser nombrado en el servicio exterior se encuentran regulados por el Decreto Ley 274 del año 2000 y que para ser modificados se requiere de la aprobación de una nueva ley.
«Al tratarse de un decreto con fuerza de ley, su modificación no corresponde a una decisión administrativa, sino que requiere de una ley tramitada ante el Congreso de la República», indican los nueve exfuncionarios.
La carta está firmada por los excancilleres: María Consuelo Araujo, Marta Lucía Ramírez, María Ángela Holguín, Jaime Bermúdez, Guillermo Fernández de Soto, Camilo Reyes, Claudia Blum, Fernando Araujo y Carolina Barco.
El presidente Gustavo Petro pidió a su equipo de trabajo emprender acciones legales en contra del registrador nacional, Hernán Penagos, tras su decisión de no dar inicio a la logística correspondiente a la consulta popular hasta tanto no exista seguridad jurídica.
“El decreto goza de presunción de legalidad. El registrador no tenía ningún derecho a decir lo que dijo. Está en una situación de sedición contra el presidente de la República”, dijo el primer mandatario en el consejo de ministros transmitido.
Acto seguido, el presidente pidió a su equipo estudiar si cabe una acción legal en contra del jefe de la Registraduría Nacional.
Quiero las acciones jurídicas. Eso no se hace. Hasta que se pronuncie [la Corte], no señor: todo funcionario debe cumplir el decreto y la ley. ¿Qué se pronunciaron? Pues sí, de pronto me pronuncio yo primero”, aseguró.
Poco más de dos horas duró el encuentro en el Palacio Arzobispal entre los representantes de las ramas del poder público y de los organismos de control.
Asistieron a la convocatoria el presidente Gustavo Petro; el senador Efraín Cepeda, presidente del Congreso; el representante Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara; el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional; y el magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque, presidente de la Corte Suprema de Justicia; el procurador Gregorio Eljach Pacheco; el contralor Carlos Hernán Rodríguez, la defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz; el registrador Hernán Penagos Giraldo y la directora del Dapre, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo.
A la cabeza de la reunión estuvo el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia; monseñor Francisco Javier Múnera Correa, arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, acompañado por el padre Hermann Rodríguez Osorio, provincial de la Compañía de Jesús y representante de la Conferencia de Religiosos de Colombia.
El llamado principal fue a bajar la agresividad verbal con la que se ha dado el debate durante los últimos años en medio de las fuertes discusiones entre los representantes de las ramas del poder.
Al final de la cita se firmó un documento en donde todos se comprometieron a guardar las buenas formas en la discusión política del día a día.
Durante una entrevista para el Canal CNN, el presidente de la república, Gustavo Petro, advirtió que si la Corte Constitucional no avala el decreto de Consulta Popular, el cómo primer mandatario se dará a la recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
“Si cae en la Corte, se recogerán ocho millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta. Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo que, en elecciones, masivamente pida la Asamblea Nacional Constituyente”, afirmó.
El anuncio sorprende porque en sus dos campañas a la Presidencia de la República, Gustavo Petro, prometió respetar la Constitución de 1991. Según el, esto no le beneficiaría porque los tiempos no le alcanzarían.
“Que no me beneficie a mí, porque para esa época yo ya estaré terminando mi mandato”, indicó.
Cuando se cumplía una mesa de concertación entre los senadores de la bancada del Pacto Histórico y los de oposición con miras a establecer un acuerdo para la aprobación de la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto convocando a la consulta popular, lo que de inmediato hizo que se levantara la mesa.
De inmediato se revivió la polémica entre quienes consideran que el presidente de la república no puede ni debe pasar por encima de la determinación del poder legislativo quien negó la consulta popular y quienes creen que se cometieron algunos vicios y que por tanto el Ejecutivo se encuentra facultado para convocar a las urnas.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, fue uno de los primeros congresistas en manifestar su disgusto por la decisión de Gustavo Petro.
“Ha perdido el respeto a la Constitución, las leyes de Colombia y las divisiones de poderes”. Cepeda anunció demanda ante las altas cortes buscando tumbar este decreto.
Así mismo, el concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, y el exministro de Justicia Wilson Ruiz confirmaron la radicación de una demanda en contra del decreto que firmó el presidente Gustavo Petro.
La senadora Paloma Valencia anunció una futura demanda en contra de este decreto por considerar que atenta con la independencia de poderes.
El presidente de la república Gustavo Petro anunció desde su cuenta en la red social X, la firma del decreto por el cual se convoca a una consulta popular para que el ciudadano del común diga si está o no está de acuerdo con una reforma en temas laborales,
El primer mandatario afirmó que este decreto solo deroga sí el Senado de la República aprueba los puntos que el Ejecutivo considera vitales en la discusión de la reforma laboral.
«Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes», afirma.
Gustavo Petro advierte además que el texto fue enviado a la Corte Constitucional para su revisión.
