Etiqueta: Hugo Acero

Comportamiento de la violencia homicida en Colombia, Medellín y Bogotá 1980, 2023

Escrito por Hugo Acero en Sep 30, 2024. Publicado en Opinión.

De manera recurrente, se piensa que hoy estamos viviendo uno de los peores momentos en materia de violencia y delincuencia debido a las acciones delictivas que se vienen presentando por parte de grupos criminales, desconociendo los logros alcanzados materia de seguridad en las últimas tres décadas.

Desde luego existen graves problemas que deterioran la seguridad de los ciudadanos en algunos territorios, especialmente en lo que tiene que ver con el crecimiento y control territorial de los grupos armados, pero es a partir de los aciertos y errores cometidos en el pasado que es posible retomar la senda de disminución de los hechos de violencia y delincuencia y recuperar la seguridad, partiendo de la frase “construir sobre lo construido”, usada por analistas y políticos, y dejando de lado la idea de desconocer los logros alcanzados por el país en este y en otros campos del desarrollo.

La violencia homicida, afecta el más importante derecho fundamental, “la vida”. Colombia en las últimas cuatro décadas ha registrado más de 800 mil homicidios dolosos, y como se expone a continuación, con momentos de incrementos y de disminución por distintos factores y por acción u omisión del Estado.

A continuación, se presenta, de manera particular, la situación de Colombia desde 1980 y, de manera general, los resultados de Medellín, Cali y Bogotá desde 1988 hasta el año 2023.

Crece la violencia homicida en los 80.

Durante los años 80 la violencia homicida en Colombia creció hasta el año 1991, año con la tasa más alta durante las últimas tres décadas, con 84 homicidios por cada 100 mil habitantes, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Periodo que se caracteriza por el crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones ligadas al narcotráfico, el nacimiento de los primeros grupos de paramilitares financiados por los carteles de la droga, como el MAS (Muerte a Secuestradores) y un accionar fuerte de las guerrillas, en especial de las FARC y del M-19. A finales de los 80 las acciones terroristas del narcotráfico en contra de la extradición se incrementaron.

Tiempo conflictivo que deterioró la seguridad de los ciudadanos, el narcotráfico diezmo de manera violenta la justicia colombiana e infiltró la política, varios candidatos presidenciales fueron asesinados, las autoridades de seguridad y justicia se concentraron en el conflicto armado y la delincuencia común no tuvo la atención debida.

Baja la violencia homicida 1992, 1998

A partir del año 1992 la violencia en Colombia se comenzó a reducir, pasó de una tasa de 84 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1991, a 57 en 1998. Este resultado se dio, entre otros factores, por:

Elaboración y ejecución de la primera política de seguridad del Estado colombiano, “La Estrategia Nacional Contra la Violencia”.

Creación del Bloque de Búsqueda en contra de los carteles de las drogas de Medellín y de Cali.

La reforma y depuración de la Policía Nacional.

Desarticulación del cartel de Medellín, cuándo es dado de baja Pablo Escobar el 4 de diciembre de 1993 en Medellín.

Captura de los líderes del Cartel de Cali en 1994.

La desmovilización de nueve grupos guerrilleros (M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Popular de Liberación, el Movimiento Quintín Lame, el Comando Ernesto Rojas, la Corriente de Renovación Socialista, las Milicias Populares de Medellín y el Frente Francisco Garnica) a través de los diálogos de paz del gobierno de Cesar Gaviria

Elaboración y ejecución de políticas integrales de seguridad ciudadana de las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá, con base en la Constitución de 1991 que daba responsabilidades en materia de seguridad a los alcaldes y gobernadores, contribuyendo a la reducción de la violencia homicida.

Vuelve a crecer la violencia homicida 1999, 2002.

En ese periodo la tasa de homicidios pasó de 57 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1998 a 67 en 2002. Esto debido principalmente a tres causas:

La presencia y accionar de grupos paramilitares en las principales ciudades del país.

Al fallido Proceso de Paz del Caguán con las FARC

Y al descuido estatal de la seguridad ciudadana.

Baja importante de la violencia 2003, 2018.

En los dos periodos de gobierno del presidente Álvaro Uribe y los dos periodos de gobierno de Juan Manuel Santos la violencia homicida disminuyó de manera considerable, se pasó de una tasa de 67 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2002 a 24 en 2018. Esto debido a cuatro causas:

La Política de Seguridad Democrática del presidente Uribe (2002 – 2010).

La continuidad de esta política por parte del presidente Santos, especialmente durante su primer periodo de gobierno.

La elaboración y ejecución de la primera política de seguridad ciudadana del gobierno Santos.

El proceso de paz y desmovilización de las FARC en el Gobierno Santos.

En los últimos años la violencia homicida se estancó en una tasa de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Hay que anotar que ciudades como Medellín, Cali y Bogotá contribuyeron de manera importante en la reducción de los homicidios en Colombia durante estas tres décadas, reconociendo en cada una de ellas particularidades distintas de afectación de la violencia y delincuencia, así como en el desarrollo de las políticas propias que se ejecutaron para enfrentar estos problemas.

A continuación, se presentan las gráficas del comportamiento de la violencia homicida en estas tres ciudades sin ningún análisis, solo para mostrar períodos de alta y baja violencia en ellas, que en el caso de Medellín y Cali se parecen al comportamiento irregular del país, mientras que Bogotá mantuvo en ese este periodo (1988, 2023) una tendencia permanente a la baja, salvo el periodo de gobierno de Samuel Moreno y Clara López.

Hugo Acero

La transnacionalización del crimen

Escrito por Hugo Acero en Ago 25, 2024. Publicado en General, Opinión.

Durante los últimos años, los problemas de violencia y delincuencia comenzaron a ser vistos por los ciudadanos de América Latina como una de las más importantes problemáticas que debe ser solucionadas por los Estados nacionales y locales, llámense países, gobernaciones, alcaldías o prefec- turas. Se debe reconocer que uno de los obstáculos más serios para el desarrollo social y económico de cualquier país, región, departamento o municipio está constituido por la violencia y la delincuencia, las cuales aún presentan tasas muy elevadas a nivel internacional. Los niveles de inseguridad causados por esta situación son un lastre muy pesado en materia de bienestar, productividad, competi- tividad y desarrollo.

Cabe anotar que el cumplimiento cabal de las funciones del Estado que ga- rantizan el bienestar de los ciudadanos, depende de la existencia de un orden social seguro. Así mismo, el desarrollo social y económico tiene como condición la posibilidad de que los asociados puedan desenvolver sus vidas en un ambiente previsible de seguridad y convivencia, en el cual estén garantizados los derechos a la vida, la integridad y los bienes. En este sentido, para que cualquier país tenga adecuados niveles de desarrollo humano, es necesario que el Estado garantice la convivencia y la seguridad de los ciudadanos, fortaleciendo los sistemas de justi- cia y seguridad, de tal forma que los habitantes gocen de sus derechos y cumplan con sus deberes.

El presente documento pretende dar un panorama general sobre el compor- tamiento de la violencia homicida en las últimas siete décadas en Colombia, en términos analíticos y estadísticos, así como el papel jugado por el Estado y los distintos gobiernos en materia de seguridad. Un ejercicio orientado a reflexionar sobre los diversos recorridos y manifestaciones de la violencia homicida en este país que nos permitirá comprender por qué durante un largo tiempo ha perma- necido sumido en altos niveles de violencia y sólo eventualmente retoma la senda de la seguridad y la paz.

Periodos de violencia y delincuencia que nos muestran como, a comienzos y mediados del siglo pasado, el Estado colombiano fue instrumentalizado por los partidos liberal y conservador, primero, en una disputa violenta entre ellos para manejarlo y beneficiarse y, segundo, para garantizar su alternancia política “pacifica” de gobierno a través del pacto denominado Frente Nacional (1958, 1974). Una democracia restringida que limitó el ingreso de otros partidos y ten- dencia políticas y que dio origen al conflicto armado con la creación y accionar de distintos grupos guerrilleros durante los años ‘60 y ‘70, y que a su manera querían llegar al poder.

Esta es una etapa que reprodujo, en Colombia, la Guerra Fría que desde mediados de siglo se vivía en el mundo, con dos bloques de poder represen- tados por los aliados (EE.UU., Reino Unido y Francia) y la Unión Soviética, y donde la seguridad del Estado y la seguridad nacional marcaron la pauta y se profundizaron en los subsiguientes años y gobiernos con la llegada y creci- miento del narcotráfico.

Si bien se mantiene la seguridad del Estado, con la Constitución de 1991 se avanza hacia la seguridad de los ciudadanos, en medio de las amenazas del con- flicto armado y el narcotráfico, una situación que en lo que va de este siglo ha generado nuevas amenazas para el Estado y para los ciudadanos en general, con una criminalidad cada vez más organizada.

Ver documento completo:

Hugo Acero

La fiscal tiene una buena propuesta

Escrito por Hugo Acero en Ago 5, 2024. Publicado en Opinión.

La fiscal, Luz Adriana Camargo, hizo una propuesta muy interesante para cambiar de método para medir la impunidad en el Sistema Penal Colombiano, donde algunas instituciones y expertos consideran que Colombia tiene una impunidad de más del 90%.

Frente a esta situación expuso: «bueno sería que el país empiece a hablar de temas tan relevantes como qué entendemos como impunidad, definitivamente lo que yo no creo que podamos entender como impunidad es que, si entran 10 denuncias al sistema penal y salen dos sentencias condenatorias, hay impunidad en ocho casos, porque no todos los casos están llamados a ser resueltos a través de una sentencia condenatoria»,

La Fiscal General enlistó otros mecanismos que contempla la ley como las conciliaciones, que dependiendo del delito permiten solucionar un caso sin que haya impunidad: «Nosotros tenemos un mecanismo de mediación que no estamos usando y que tenemos que utilizar, y de hecho la mesa de reforma de la justicia tiene un capítulo de la mediación. Y esta administración cree que es absolutamente necesario dinamizar eso, a la par de dinamizar las figuras premiales».

Pero no es solo le mediación u otros mecanismos de justicia restaurativa, hay que tener en cuenta el proceso mismo donde en muchas oportunidades las pruebas que sustentan las denuncias y detenciones no son suficientes en calidad y cantidad para que los jueces tomen las decisiones que corresponden de privar de la libertad, juzgar y condenar a los posibles infractores de la ley penal.

Todo esto sustentado erróneamente en que “la Policía detiene a los delincuentes y los jueces los sueltan”. Si bien hay que reconocer que algunos jueces no cumplen con su tarea como corresponde, también hay que hacerlo cuando en muchos casos los fiscales y policías no entregan pruebas en calidad y cantidad suficientes, para que, en primera instancia, los jueces puedan privar de la libertad a los posibles delincuentes”, en muchos casos por mal manejo de la escena del delito y de la cadena de custodia de las pruebas.

En este caso, un ejemplo importante se registra en Bogotá donde las autoridades locales, en varias oportunidades, han manifestado que en la ciudad se detienen más de 80 mil posibles delincuentes y menos del 10% se les priva de la libertad, lo que no queda claro es por qué el juez tomó esa decisión y en muchos casos tiene que ver con la falta de pruebas contundentes que no son entregadas por los fiscales y por la policía.

Por otro lado, en algunos casos los ciudadanos no denuncian, como lo propia Fiscal Luz Adriana lo expone: “Hay que pensar en un sistema de medición distinto al de cruzar denuncias que entran y sentencias que salen. «El punto es que la denuncia es un reclamo que hace un ciudadano, pero el ciudadano no siempre denuncia y no siempre tenemos la denuncia de los fenómenos que más nos afectan»

Finalmente, en el caso de los homicidios hay que reconocer que la Fiscalía y la Policía han avanzado en el esclarecimiento de una buena cantidad de casos, que determina quién es el posible homicida. En algunas ciudades este esclarecimiento supera el 40%, es decir se sabe que, de diez homicidios, en cuatro casos quién fue el posible homicida, Sin embargo, en esos cuatro casos no siempre se tiene detenido al posible homicida.

En este caso, la Policía y la Fiscalía deben seguir avanzando en el esclarecimiento de los casos de homicidios, de la determinación de los victimarios y sobre todo de su detención y judicialización. Para esto se requiere más personal especializado de la policía en investigación criminal y de la Fiscalía, fiscales especializados en este y otros delitos de gran impacto.

Finalmente, debemos estar completamente de acuerdo con la Fiscal Luz Adriana Camargo, tenemos que ajustar los parámetros de evaluación de la impunidad en Colombia. Pero más allá de esto, hay que fortalecer y profesionalizar la investigación criminal con más policías dedicados a esta labor y fiscales especializados en cada uno de los delitos que afectan la seguridad de los ciudadanos. No se trata de solo unos indicadores de impunidad, se trata de mayor efectividad y profesionalismo para esclarecer los hechos delincuenciales y eso no se resuelve con solo ponernos de acuerdo en como vamos a medir la impunidad, sino en la realidad en cómo la vamos reducir.

También, de manera importante y urgente, hay que profesionalizar y fortalecer la labor de los patrulleros de la Policía que prestan seguridad en las calles, para que hagan un adecuado manejo de la escena del delito y cuidado de las pruebas, como primeros respondientes.

fiscal, de acuerdo con usted, trabajemos en reducir la impunidad, no solo en los indicadores, sino en la realidad.

Hugo Acero

No estigmatizar la vigilancia privada

Escrito por Hugo Acero en Jul 1, 2024. Publicado en Opinión.

Las distintas posiciones en torno a la contratación de una empresa de vigilancia por parte del municipio de Sincelejo para prestar servicios de seguridad móvil y fija en esa ciudad, sirven para reflexionar sobre el papel que en la actualidad juegan las empresas de vigilancia en materia de seguridad y convivencia.

Para el alcalde de Sincelejo Yahir Acuña la vigilancia contratada está amparada por el Decreto 356 de 1994 que establece las modalidades de los servicios de vigilancia fija y móvil y “se concentra en la seguridad de espacios públicos, como parques y no pretende competir con las funciones de patrullaje y respuesta rápida que corresponden a la Policía».

Frente a esta decisión, el Gobierno Nacional reaccionó a través del Ministro de Defensa Iván Velásquez, quien, en primera instancia, en su cuenta X manifestó que “La alcaldía de Sincelejo debe desmontar de inmediato este “frente de seguridad”, que nos devuelve a épocas superadas del paramilitarismo, precisamente en una región que sufrió sus más graves impactos”. Posteriormente, en Bogotá, el Ministro, en compañía del director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, acordaron con el alcalde Yahir Acuña que “la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada realizará una visita a la empresa encargada del servicio de vigilancia móvil para verificar el cumplimiento de todas sus obligaciones legales y contractuales”.

Finalmente, tras la visita de la Superintendencia, esta entidad dictó una medida cautelar consistente en la “suspensión inmediata de las actividades de patrullaje y todas aquellas que trascienden a actividades exclusivas de la fuerza pública, relacionadas con restablecimiento, y/o conservación del orden público”.

Hasta ahora, tanto la defensa del contrato y la operatividad de la empresa de vigilancia en la ciudad de Sincelejo, por parte del alcalde Yahir Acuña, como la decisión de la Superintendencia, están sustentadas en el Decreto 356 de 1994 y seguramente en los próximos días se debe tomar una decisión de fondo que permita o limite el funcionamiento y operatividad de la empresa de vigilancia en esa ciudad.

Frente a estas distintas posiciones, respecto a la contratación de una empresa de vigilancia por parte de la administración de Sincelejo, hay que reconocer que se corre el riesgo que este tipo de seguridad pueda terminar, como lo menciona el Ministro, “regresando a épocas superadas del paramilitarismo, precisamente en una región que sufrió sus más graves impactos”, pero en este caso corresponde al Estado en cabeza de la Superintendencia, del Ministerio de Defensa, del gobernador y del propio Alcalde Jair Acuña, vigilar para que esto no ocurra.

Por otro lado, con este caso no se pueden estigmatizar los servicios que prestan las empresas de vigilancia y seguridad privada, que están regulados por distintas normas y en particular por el Decreto 356 de 1994 y vigilados por la Superintendencia. Hay que tener en cuenta que, en varias ciudades del país, incluida Bogotá, con base en la normatividad existente y con el visto bueno de la Superintendencia, algunas empresas de seguridad privada, de manera legítima y legal, prestan servicios de vigilancia fija y móvil en el espacio publico.

Esta es una buena oportunidad para analizar este servicio y su posible contribución a la seguridad y convivencia de los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que en Colombia hay algo más de cuatrocientos mil vigilantes privados, mientras que el número de policías está cerca a los ciento setenta mil, es decir, casi tres vigilantes privados por cada policía a nivel nacional y en algunas ciudades, como Bogotá, la proporción es de uno a cinco.

Hay que reconocer que hoy la mayoría de los ciudadanos tenemos más contacto diario con vigilantes privados que con nuestros policías, debido a que en número están muy disminuidos.

Como apreciar la importancia de la vigilancia privada.

En los distintos países del mundo, es casi imposible que el Estado y sus instituciones legalmente constituidas asuman en su totalidad y en todo momento la seguridad absoluta de todas las personas y bienes que hay en su territorio. Sean países desarrollados o no. Las razones son varias y diferenciales, de acuerdo a las condiciones específicas que tiene cada territorio. Una de las limitaciones principales, es que se dispone de recursos humanos y económicos insuficientes para la demanda que el tema de seguridad requiere, y porque las potenciales amenazas contra el bienestar general son infinitas y cambiantes.

A esto se suma el deterioro creciente de la seguridad de los ciudadanos frente a la ineficiencia de sus fuerzas de seguridad para resolver los complejos delitos que se cometen en la actualidad. Esta situación, que se da en un contexto mundial en el que el mercado empieza a participar en cuestiones que antes resolvía exclusivamente el Estado, propició la aparición de empresas de vigilancia y seguridad privada que proporcionan servicios de protección física y patrimonial de las personas e instituciones que las contratan.

Las empresas de vigilancia y seguridad privada son empresas habilitadas por la ley, contratadas por personas físicas, o personas jurídicas de carácter privado o público, con el fin de ejercer actividades de seguridad complementarias de la seguridad pública, sólo en lo concerniente a tareas de disuasión, protección de personas, resguardo de bienes, tratando de minimizar sus efectos en caso de que se produzcan.

Estas empresas brindan servicios tales como de seguridad física de personas, bienes y corporativa, protección, investigaciones, custodia de valores, vigilancia de áreas públicas, semipúblicas y privadas, espectáculos masivos, cárceles, etc, contando en muchos casos con importantes medios y tecnología.

De acuerdo con las capacidades humanas, técnicas y los avances en los servicios que en la actualidad tienen las empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia, se puede reconocer, apreciar y contar con su labor en distintos escenarios que congregan gran cantidad de ciudadanos y donde la Policía tiene una reducida presencia:

En conjuntos habitacionales cerrados, donde además de prestar las labores de seguridad y vigilancia en las entradas, salidas y áreas comunes, son pieza fundamental en la aplicación de los manuales de convivencia que rigen las copropiedades. Aquí es importante fortalecer la capacitación de los vigilantes en prevención y atención de emergencia y en mediación y resolución pacífica de conflictos.

Igual situación se da en centros comerciales y algunos sectores comerciales, eventos deportivos y culturales, donde en conjunto con la policía pueden garantizar la seguridad, la convivencia y el bienestar de los ciudadanos. Hay que anotar que hoy este tipo de eventos requiere de muchos policías, los cuales son sacados de la seguridad de barrios y calles, dejando a los ciudadanos en muchos casos desprotegidos. La vigilancia privada complementa la labor de seguridad y hace que haya menos policías en estos eventos y más en las calles y barrios.

También pueden ser un buen complemento en la vigilancia y seguridad de cárceles; una alianza público privada que puede profesionalizar y mejorar la seguridad de estos establecimientos, donde puede haber trabajo conjunto de servidores públicos de seguridad y de vigilantes privados. En esta línea, la Confederación de la Vigilancia Privada – CONFEVIP – ha manifestado públicamente el Interés de realizar Alianzas Público-Privadas -APP- para la construcción y puesta en funcionamiento de establecimientos carcelarios.

Las empresas están en capacidad de compartir con el Estado los distintos desarrollos humanos y tecnológicos que poseen, como sistemas de videovigilancia, ciberseguridad, procesos de analítica de datos, cámaras faciales, drones, etc.

En conclusión, esta polémica que se desató la semana pasada en el país frente a los servicios que prestan las empresas de seguridad privada, nos lleva a la reflexión y el análisis consiente que tienen que hacer las instituciones del Estado para no estigmatizar los servicios que prestan las empresas de vigilancia y seguridad privada e identificar cuáles son los canales y medios legales para hacer de estas empresas unos aliados en la construcción de espacios seguros y controlados. Teniendo en cuenta la premisa que usamos los expertos en temas de seguridad, “se requiere del liderazgo del Estado, del trabajo articulado e interinstitucional y de la participación de los ciudadanos y del sector privado”, en este caso hay que trabajar de la mano con las empresas de vigilancia y seguridad privada para mejorar la seguridad de los ciudadanos.

Por: Hugo Acero Velásquez.

Mabel Cristina Quiroz

Ciudadanos armados no pueden prosperar en Bogotá

Escrito por Hugo Acero en Abr 23, 2024. Publicado en Opinión.

Según la noticia de El Tiempo del día domingo 21 de abril, titulada “Cansados de la extorsión, ciudadanos están creando grupos de seguridad armados en zonas de Bogotá”, en el 7 de Agosto “se formaron contra grupos de ciudadanos que se unieron para formar un frente de seguridad para “protegerse de la delincuencia”… “Hay quienes aseguran que los miembros de estos nuevos grupos de seguridad que operan a lo largo de 11 cuadras en el Siete de Agosto están uniformados y cuentan con armas de defensa personal”. Según esta noticia “En barrios de Santa Fe, Candelaria y Kennedy también hay rastro de esto. Sin embargo, la situación allí es diferente porque la presencia de estos grupos o “frentes de seguridad” es menos latente”.

Como parte de esta noticia “EL TIEMPO conversó con Jesús Miranda, líder de un frente de seguridad y defensor de la implementación de la legítima defensa, quien explicó que esto es necesario porque debe haber alguien que tenga una reacción inmediata ante las situaciones de criminalidad”. Este señor sostiene “Yo coordino un grupo de vigilancia que está armado, y usamos las armas traumáticas para disuadir al delincuente (…); a veces, las autoridades se demoran o, incluso, no llegan”. Señaló que en algunos frentes de seguridad de la ciudad los integrantes “andan con armas letales o traumáticas” que les permitan contener la delincuencia”.

Esta línea, donde los ciudadanos armados se puedan defender, también la plantea el director de Fenalco Bogotá-Cundinamarca Juan Esteban Orrego “Hay una propuesta y es quitar la restricción del porte de armas con salvoconducto, que muchos de los comerciantes tienen, pero que no pueden usar debido a la legislación actual. Yo creo que a los comerciantes que tienen un arma con salvoconducto se les debería permitir portarla, y así los delincuentes lo pensarían dos veces antes de cometer muchos delitos”, dice Juan Esteban Orrego.

Estas situaciones van a incrementar la violencia en los territorios y el problema está en que la extorsión y otros problemas de inseguridad se siguen tratando sólo con intervenciones de la Policía, Fuerzas Militares y la Fiscalía, que desde luego son fundamentales, pero hace falta la participación de otras instituciones del Estado que deben trabajar de manera cercana a los ciudadanos y comunidades afectadas, fortaleciendo o creando capital social, transformando los entornos urbanos y mejorando la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad, justicia y desarrollo social.

El argumento es que donde se impone la extorsión y el control territorial de los grupos delincuenciales hay ausencia del Estado y la única medida que toman las autoridades nacionales y locales es mandar policías y fiscales para solucionar estos graves problemas. En muchos casos estas acciones solo logran paliar estos problemas por un momento y no solucionarlos de fondo.

En el caso de Bogotá, especialmente en los territorios donde se vienen presentando estos graves problemas, hay que preguntar dónde están las alcaldías locales, los inspectores de policía, las unidades de mediación, los gestores de convivencia, en general las casas de justicia. Dónde están los servidores públicos que solucionen los problemas de iluminación, basuras, vías, movilidad, entornos urbanos deteriorados, desorganización y ausencia de participación ciudadana y comunitaria, entre otros problemas.

La extorsión y otros tantos problemas de inseguridad no se solucionan solo con la presencia y accionar de la Policía y la Fiscalía en los territorios donde se presentan, se requiere una acción integral donde participen las autoridades anteriormente mencionadas, se requiere cercanía de todas las instituciones del Estado con los ciudadanos y comunidades, creación y fortalecimiento del capital social donde de manera conjunta y participativa con las comunidades se solucionen los problemas de violencia, delincuencia y desarrollo social.

Frente a la extorsión, adicional a las acciones de presencia y control de la Policía y la Fiscalía en los territorios afectados, se requiere la intervención de otras instituciones del Estado que promuevan la organización comunitaria, la participación ciudadana, la convivencia, el bienestar y el desarrollo territorial; un Estado cercano que se gane la confianza de los ciudadanos y que con sus acciones disuada y prevenga la presencia y accionar de los grupos delincuenciales o que con la intervención integral, incluidas las instituciones de seguridad y justicia, recupere la seguridad y la convivencia ciudadana.

Hugo Acero

Cultura ciudadana y racionamiento de agua

Escrito por Hugo Acero en Abr 10, 2024. Publicado en Opinión.

Hoy cuando estamos avocados a un posible racionamiento de agua y de energía en muchos municipios del país por los efectos del fenómeno de “El Niño” que está dejando sin agua a los embalses, la sensación que se tiene es que estamos gobernados por funcionarios que saben mucho de los problemas, pero no hacen nada para solucionarlos o por lo menos para reducir sus consecuencias.

El Gobierno Nacional ha reconocido en varias oportunidades que la sequía sería extrema por el fenómeno de “El Niño” y que algunos municipios podrían ver suspendido el suministro de agua. Hoy, después de varios meses y cuando “la profecía se hizo realidad”, solo recomiendan a los departamentos y municipios adoptar de forma obligatoria planes de contingencia para hacer frente al posible racionamiento de agua.

Recomendaciones que no aclaran cuáles son los posibles planes de contingencia que podrían asumir los municipios, ni cómo el Gobierno Nacional va a participar de los mismos, solo apoyar a los que ya tomaron decisiones de racionamiento, como es el caso de Bogotá.

Pareciera que, ante un problema tan grave, como el posible racionamiento de agua, la búsqueda de solución se pone en cabeza de los alcaldes, cuando es un problema que debe solucionar el alto Gobierno con la participación de los alcaldes, gobernadores y ciudadanos. Es claro que algunos gobiernos nacionales les gusta descentralizar los problemas y centralizar los logros.

Es increíble que, en este tema, donde Colombia tiene experiencias buenas y malas con el racionamiento de los años 1992 y 1993 y los efectos del fenómeno de “El Niño” 1997 y 2009, cuando se estuvo cerca de otro racionamiento, hoy no tengamos soluciones a esta nueva sequia o por lo menos no recurramos a experiencias como las de “Cultura Ciudadana” que adelantó el alcalde Antanas Mockus para evitar el racionamiento. Con acciones de regulación moral, cultural y legal se logró que el consumo de agua de los hogares bajara en un 20% en ese momento y posteriormente siguió bajando, haciendo que años después el consumo por hogar se redujera en cerca de un 50%.

Claro, en este tema no veo al Presidente bañándose ante las cámaras de TV sobre un platón para recoger el agua utilizada, que luego sirve para los sanitarios. Tampoco siento que conozca y maneje coherentemente el tema de la cultura ciudadana y sobretodo la armonización entre ley, moral y cultura.

Bueno, pero ese no sería un impedimento para utilizar las herramientas de comunicación que en su momento usó el alcalde Mockus para involucrar a los ciudadanos en la solución del posible racionamiento. En este caso es el propio presidente quien debería invitar a los ciudadanos a ahorrar agua con acciones claras, como las que recomendó Mockus: bañarse recogiendo el agua que cae, utilizar la mitad del tiempo en la ducha y la mitad del chorro, no bajar la cisterna cuando se orina, ahorrar agua en los lavaplatos cerrando la llave mientras enjabona la loza, reutilizar el agua que sale de las lavadoras, utilizar un vaso con agua para bañarse los dientes, instalar ahorradores de agua, etc, etc.

Acciones políticas menos complicadas que gobernar con la razón, pero no menos importantes en momentos en donde este preciado líquido escasea y que más pronto que tarde nos llevará a la guerra del futuro, “la guerra por el agua”.

Hugo Acero

Presidente acabe con este horror

Escrito por Hugo Acero en Feb 5, 2024. Publicado en Opinión. No hay comentarios en Presidente acabe con este horror

Hasta el 13 de enero de 2024 el Instituto Nacional de Salud reportó 1346 quemados por pólvora en la navidad y comienzo de 2023, que representa un 17% más de los casos que se reportaron 2022 y comienzos de este año. De estos casos, 426 las victimas son menores de edad, que representan un incremento del 19,3%.

Con estas cifras, sería el reporte más alto de quemados de los últimos catorce años, periodos durante los cuales el numero de quemados creció en un 90%, se pasó de 710 casos en la navidad de 2019 a 1346 en 2023, como se puede ver en la siguiente grafica:

En estos últimos catorce años (2010, 2023), según los reportes del Instituto Nacional de Salud, se han presentado 13.487 quemados por pólvora, que, si se les ponen los costos económicos por la atención en salud, que en promedio por paciente es de diez millones de pesos, se tiene que los costos totales superarían los 130 mil millones de pesos, sin contar el resto de quemados que suceden a lo largo de cada año.

Hay que anotar que estos son solo los costos en que incurre el sistema de salud, sin tener en cuenta otros que producen las lesiones y muertos por pólvora, como son los costos de rehabilitación, tales como cuidados en un sanatorio, terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, gastos en el cuidado de los lesionados, ayudas de limpieza, conductores u otro personal de ayuda que no se necesitaba previamente a las lesiones, pérdida de ingresos debido a estar incapacitado, una reducción de ingresos debido a un cambio en la profesión causado por sus lesiones, dolor y sufrimiento, que tiene que ver con la incapacidad para asistir a la escuela, eventos sociales y vacaciones, también cohibición, dolor físico y el sufrimiento incurrido debido a discapacidades físicas o desfiguración y los costos por daños a propiedades.

Como se puede ver, los costos expuestos son una pequeña parte de los costos totales que producen las lesiones por pólvora. Esto sin contabilizar los cuantiosos recursos que invierten los distintos gobiernos nacionales y locales en campañas publicitarias para que los ciudadanos no utilicen pólvora.

A nivel territorial, de 37 entidades territoriales reportadas por el Instituto Nacional de Salud, entre departamentos y principales ciudades, en la pasada navidad y comienzos de este año, en 20 aumentaron de manera considerable los quemados, en cuatro no hubo victimas y 12 disminuyeron, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Otros efectos del uso indiscriminado de la pólvora.

Como bien lo expone Ricardo Correa en su artículo “Tiranos ruidosos” existen algunos otros efectos del uso de la pólvora, como es el caso del terror que produce el ruido de este material al utilizarse en algunos animales[1]

“Por mucho tiempo pensé que era su condición particular, que le «daba miedo» la pólvora. Hace unos años me enteré que no era nada particular esta reacción, que lo obvio y natural es que no solo a los perros, sino a muchos animales domésticos y silvestres, con un oído muchísimo más agudo y sensible que el humano, el estallido de la pólvora les causa un daño y un dolor enorme.

Está más que comprobado lo lesiva que es la pólvora para el sistema nervioso de muchos animales; también afecta el corazón, el sistema respiratorio e incluso los ciclos circadianos. Muchos pájaros abandonan sus nidos al momento de la detonación, algunos se pierden o mueren. Las aves nocturnas como los búhos se ven tremendamente afectadas, mientras el ganado puede llegar a padecer crisis de estrés, tanto como las aves de corral.

Muchas especies de insectos se ven gravemente perjudicadas y mueren por intoxicación debido al humo de la pólvora, humo que valga decir no es nada bueno para niños, enfermos y personas mayores, ya que puede causar complicaciones respiratorias. Pruebas del aire luego de exhibiciones de fuegos artificiales han llegado a mostrar incrementos de arsénico, cadmio, mercurio, plomo, bario radiactivo, perclorato y dioxinas hasta por quinientas unidades.

Hay más vicios ocultos relacionados con la pólvora, por ejemplo, buena parte de ella es producida de manera clandestina, en fábricas insalubres que exponen a sus trabajadores a contaminación por la toxicidad de sus compuestos. Por otro lado, mucha es producida en países como China, con condiciones que reprueban dramáticamente los derechos humanos y con alta incidencia de trabajo infantil abusivo”.

Qué hacer

Frente a esta grave situación, que parece no tener fin, es que se propone, por ahora, que el uso de la pólvora se limite a los espectáculos pirotécnicos, realizados por profesionales con todas las medidas de seguridad y no permanezca en manos de ciudadanos inexpertos que de manera irresponsable manipulan estos productos y producen lesionados y muertos, especialmente niños y niñas, hechos que no han dejado de aumentar, como lo registra todos los años el Instituto Nacional de Salud. El Presidente Gustavo Petro puede prohibir el uso de la pólvora por parte de los ciudadanos comunes y corrientes para el próximo diciembre, con once meses de anticipación. Es decir que en todo el territorio nacional solo se autorizarían espectáculos

pirotécnicos realizados por expertos. Con esto, los productores de pólvora tendrían casi un año para que, con el apoyo del Gobierno Nacional y las autoridades departamentales y municipales, puedan profesionalizarse o cambiar de actividad productiva.

Sin desconocer la problemática social, económica y política que puede provocar una solución de estas características, frente a los productores de artículos pirotécnicos y sus familias, el Estado nacional y territorial (alcaldes y gobernadores) pueden asumir, en el mediano y largo plazo, un proceso de reconversión laboral orientada hacia los productores que no van a seguir con la actividad como expertos productores de espectáculos pirotécnicos.

Seguramente se argumentará que esta solución es muy costosa, pero no lo es si se comparan los costos que produce la utilización indiscriminada de pólvora por parte de los ciudadanos comunes y corrientes, en términos de lesiones, vidas, los efectos sobre los animales, el medio ambiente y los daños materiales que se producen por incendios.

Frente a esta propuesta, estoy seguro, que algunos alegarán el derecho al trabajo y algunos otros el derecho al desarrollo personal y cultural “porque los colombianos celebramos con pólvora desde hace muchos años y es tradición desde los Chinos”. Sin embargo, hay que recordar que por encima de esos derechos están los derechos fundamentales a la vida e integridad de los niños y las niñas, sin los cuales no se pueden ejercer los demás derechos o se pueden ejercer de manera limitada cuando se pierde la vista, las manos o cualquier parte del cuerpo. Ojalá avancemos por este camino.

Encuentre aquí más columnas de Hugo Acero

[1] Ver “Tiranos ruidosos” de Ricardo Correa en la Patria de Manizales Jueves, diciembre 14, 2017. http://www.lapatria.com/node/402658

Cómo terminan las principales ciudades en materia de seguridad

Escrito por Hugo Acero en Dic 29, 2023. Publicado en Opinión. No hay comentarios en Cómo terminan las principales ciudades en materia de seguridad

Para evaluar los resultados, en materia de seguridad, de los actuales alcaldes y alcaldesas de las principales ciudades, es necesario tomar como línea base el año 2019 y no solo los resultados de este ultimo año, comparado con 2022. Este artículo solo pretende mostrar las cifras de delitos de mayor impacto registradas en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional –SIEDCO– para que analistas y los nuevos alcaldes y alcaldesas puedan sacar sus conclusiones y definan acciones para mejorar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos durante el periodo de gobierno que se avecina.

Para comparar los resultados de seguridad de doce ciudades importantes del país (Bogotá, Cali, Medellín Barranquilla, Cartagena, Manizales, Cúcuta, Pereira, Ibagué, Villavicencio, Bucaramanga y Pasto) se tomaron las denuncias registradas en el SIEDCO de diez delitos de mayor impacto entre 2019 y 2023, se organizan por ciudad y se comparan los resultados entre ciudades, de acuerdo al número de delitos que han aumentado o disminuido. En este caso las cifras no se presentan dándole mayor peso al delito de más sanción penal, como es el caso de los homicidios, que será objeto de otro análisis.

Dado que para el año 2023 SIEDCO solo tiene publicadas cifras de delitos de mayor impacto hasta noviembre, para efectos de análisis comparativo con el año completo de 2019, a cada delito de 2023 se le sumo la cifra registrada en diciembre de 2022.

De acuerdo con estas cifras, dentro de las doce ciudades, se destaca, primero, la ciudad de Manizales como la más segura. De 10 delitos registrados, solo el hurto de automotores aumentó de manera leve, pasó de 7 casos registrados en 2019 a 10 en 2022. Se destaca la disminución de los homicidios en un 44%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Segundo, le sigue la ciudad de Pasto donde el homicidio disminuyo en un 23% y solo dos delitos han aumentado, el hurto a personas en un 43% y el hurto a motocicletas en un 15% (ver siguiente cuadro):

En tercer lugar, se ubica Medellín, donde aumentaron los hurtos automotores 7%, motocicletas 27% y el hurto a personas 13% y se destaca la disminución de los homicidios en un 38%.

En cuarto lugar, se sitúa Pereira donde aumentaron los hurtos a Automotores 97%, Motocicletas 51% y a personas en un 40% y disminuyo el homicidio en un 9%.

En quinto lugar, está Bucaramanga, donde han aumentado tres delitos, los homicidios 8,4%, y los hurtos motocicletas 19,7% y a personas 47%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Bogotá se sitúa en el sexto lugar, aumentaron los homicidios en 1,6% y los hurtos de automotores 7,4%, motocicletas 17% y a personas 18,8%.

En séptimo lugar se ubica Villavicencio, donde los homicidios aumentaron en un 20% y los hurtos a motocicletas 46%, a personas 48% y a residencias 3%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Sigue Cúcuta en octavo lugar. Aumentaron los homicidios 22% y los hurtos de automotores, 31%, motocicletas 10% y a personas 14%.

En noveno lugar se ubica Cartagena donde los homicidios aumentaron en un 109%, los hurtos a automotores 38% y a personas 29% y la violencia intrafamiliar en un 32%.

En decimo lugar aparece Ibagué, donde aumentaron los homicidios en un 4%, los hurtos a automotores 38%, motocicletas 82% y a personas en 31%, además de la violencia intrafamiliar en un 9%.

En decimo primer lugar aparece Barranquilla donde aumentaron los homicidios 34,5%, los hurtos a automotores 100%, motocicletas 30,5% y a personas 12,6% y además aumento la violencia intrafamiliar en un 44,9%.

Finalmente, y como caso especial, se presentan los resultados de Cali, donde todos los delitos disminuyeron, según el reporte de SIEDCO, como se puede ver en el siguiente cuadro.

Situación que debe revisarse si se tiene en cuenta el comportamiento irregular de algunos delitos entre los meses de julio y noviembre de 2023, especialmente las cifras de hurtos a comercio, personas y residencias. Por ejemplo, en el caso del hurto a personas que mantenía un promedio mensual cercano a 2000 casos, en el mes de julio pasó a 199, agosto 178, etc, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Seguramente existe una explicación a estas disminuciones tan importantes, dentro de las que no se puede descartar que se debe al accionar y operatividad de las autoridades de seguridad y justicia, que de ser así se deberían replicar en las demás ciudades y municipios del país donde estos delitos no han dejado de crecer.

Temas a tener en cuenta para evaluar de mejor manera la gestión de los actuales alcaldes y alcaldesas.

Para evaluar la gestión de los alcaldes y alcaldesas de estas ciudades hay que tener en cuenta una serie de hechos que hicieron más compleja la situación de inseguridad durante este cuatrienio de gobierno:

Primero, el crecimiento y consolidación de estructuras criminales cada vez más organizadas y violentas. Hoy no se está ante un delito de oportunidad, sino ante verdaderas empresas criminales que explotan las distintas rentas del narcotráfico, microtráfico, extorsión, trata de personas, comercio ilegal de armas, contrabando como forma de pago del narcotráfico, los hurtos de carros, motos, celulares, joyas, distintas modalidades de ciberdelito y los famosos y violentos préstamos gota a gota.

Aquí se requiere, más que el aumento de policías en la calle, que va a ser muy difícil incrementarlos porque la Nación no asignó recursos para esto, aumentar y fortalecer los equipos de inteligencia e investigación criminal. Más policías y fiscales especializados para atacar, no solo las estructuras y personal de los grupos criminales existentes, sino sus finanzas, sus rentas criminales, que es lo que más les duele.

Segundo, las protestas sociales que comenzaron en 2019 con el paro nacional de estudiantes y se sostuvieron durante los siguientes dos años. Protestas legítimas que en algunos momentos se tornaron violentas y que comprometieron a casi todo el personal de la Policía, presentándose casos de exceso de fuerza y violación de los DD HH. Este tipo de protestas disminuyeron con la llegada del nuevo gobierno de Gustavo Petro.
Tercero, la atención a la pandemia del COVID que comenzó en marzo de 2020 y que se extendió hasta bien entrado el 2021. Aquí la Policía tuvo una de las tareas más difíciles y poco reconocidas, el control de los ciudadanos en los aislamientos y de las medidas sanitarias impuestas, situación que no en pocas oportunidades creó tensión y desavenencias con distintas poblaciones. Tanto la atención de las protestas, como las medidas control durante la pandemia, terminaron afectando la confianza de los ciudadanos en la Policía y por tanto la seguridad de los ciudadanos.
Cuarto, sin desconocer el trabajo coordinado de la nación y los entes territoriales en la atención de la pandemia, en materia de seguridad y orden público la relación no ha sido la mejor. Discusiones públicas, en algunos casos irrespetuosas, minaron la coordinación y trabajo en equipo que debería darse para mejorar la seguridad de los ciudadanos y el control de los territorios. Inclusive, con el nuevo gobierno nacional, esa coordinación nación territorio no se ha podido lograr, como lo han manifestado públicamente los alcaldes y gobernadores.

Encuentre aquí más columnas de Hugo Acero

La pandemia de las motos

Escrito por Hugo Acero en Nov 20, 2023. Publicado en Opinión. No hay comentarios en La pandemia de las motos

El incremento del parque automotor de motocicletas en Colombia y el mal comportamiento de los usuarios de este medio de transporte, han disparado el número de muertes en siniestros viales, se pasó de 5.418 muertes en 2005 a 8.301 el año pasado, siendo el incremento más alto el de motociclistas, que pasó de 1.308 en 2005 a 4.869 en 2022, incremento del 272%, como se puede ver en la siguiente gráfica:

El importante estudio “Las motos en Bogotá, uno de los más grandes retos regionales” de la Fundación Ciudad Humana, reseñado por El Tiempo de hoy, muestra cómo ha crecido el parque automotor, en especial de motos, en la capital y 18 municipios vecinos “todo el parque automotor suma 4,3 millones vehículos, de los cuales 3,1 millones, es decir, el 71,5 %, corresponde a motocicletas y automóviles. El millón de automotores restante son camionetas, camperos, servicio especial, transporte público, camiones, cuatrimotos y triciclos, etc”.

Como se expone en la nota anexa “con corte al 31 de diciembre de 2022, en la Sabana y Bogotá circulaban 1’600.231 carros –los más utilizados en Bogotá– y 1’518.603 motocicletas. Estos datos frente a los de 2021 revelan que entre un periodo y otro hubo un aumento de 282.697 motos en la región frente a 69.272 autos”.

Paralelo a este incremento de las motos de Bogotá, ha aumentado en los dos últimos años las muertes, en especial de motociclistas y peatones, como se puede ver en la siguiente gráfica:

Este crecimiento no controlado y la falta de verdaderos controles de tránsito a los motociclistas es lo que ha provocado el incremento de la siniestralidad vial, donde las principales víctimas son los propios motociclistas y parrilleros.

Sin los controles apropiados, será muy difícil controlar esta pandemia.

Hugo Acero

Sin resultados la “Potencia de la Vida”

Escrito por Hugo Acero en Oct 31, 2023. Publicado en Opinión. No hay comentarios en Sin resultados la “Potencia de la Vida”

Por: Hugo Acero Velásquez

Las cifras de muertes violentas y lesionados reportadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y septiembre de este año, comparadas con el mismo periodo del año anterior, muestran que las muertes violentas en Colombia siguen creciendo. Los homicidios han aumentado en un 5,3%, 517 casos más, se pasó de 9.844 homicidios entre enero y septiembre 2022 a 10.361 en el mismo periodo de este año. Las muertes en siniestros viales aumentaron en un 2,8%, los suicidios en un 10% y las muertes accidentales en un 4,9%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Pero no son solo las muertes violentas las que han aumentado, también las lesiones. Salvo los delitos sexuales, la violencia entre personal, la violencia intrafamiliar, las lesiones en siniestros viales y las lesiones accidentales han crecido en Colombia, entre enero y septiembre de este año.

De continuar con estas cifras, difícilmente el gobierno de Gustavo Petro podrá cumplir con las metas que se fijó en su Plan de Desarrollo y Colombia no será la “Potencia de la Vida” que pretende convertirla.

Con relación a los demás delitos, el Ministerio de Defensa reporta que entre enero y septiembre se pasó de 99 secuestros extorsivos en 2021 a 141 en 2022 y este año, hasta septiembre, ya iban 167 casos. Algunos otros delitos también han aumentado, como es el caso de los hurtos a personas 18%, vehículos en 3%, motocicletas 5%, residencias 3% y la extorsión aumentó en un 18%. En general las cifras no son favorables y los ciudadanos se sienten cada vez más inseguros.

Frente a esta situación de incremento de la violencia y la delincuencia, uno de los temas más importantes que el presidente Gustavo Petro y los ministros del interior, Defensa y Justicia deben trabajar con los nuevos alcaldes y gobernadores en la seguridad de los ciudadanos y de los territorios, que está siendo afectada de manera grave por las distintas estructuras criminales que operan en las regiones y ciudades del país.

En este campo, no basta con una reunión con los nuevos mandatarios locales en la Presidencia de la República o un “cónclave” para discutir qué se va a hacer, es necesario definir una estrategia de trabajo coordinado y permanente de los ministros del Interior, Defensa, Justicia y Planeación Nacional con los mandatarios locales, trabajo coordinado que debe contar con la participación de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, dado que este es el problema más grave de Estado que hoy tiene el país.

Seguramente, no será posible trabajar con todos los alcaldes y gobernadores, pero dadas las características de los problemas de violencia y delincuencia, los esfuerzos se pueden focalizar en aquellas regiones y ciudades donde se concentran los principales problemas. Por ejemplo, cerca del 55% de los homicidios se concentran en 50 municipios del país y las ciudades con mayor número de casos, algo más del 30%, son Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cúcuta, Santa Marta, San Andrés de Tumaco, Soledad y Quibdó.

En el caso de los departamentos se puede trabajar por regiones donde se concentra el accionar delictivo de las organizaciones delincuenciales que se disputan las distintas rentas criminales del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, el comercio de armas ilegales, la extorsión, entre otras. Se pueden concentrar los esfuerzos en los departamentos de las fronteras con Ecuador, Perú, Venezuela y Panamá, entre Meta y Guaviare, en el Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño, en el Catatumbo y otras regiones suficientemente conocidas por las autoridades.

Si el presidente Gustavo Petro no asume este tema, como corresponde, y bajo su liderazgo no promueve y sostiene el trabajo permanente y en equipo con todas las autoridades estatales de seguridad y justicia, incluidos los alcaldes, gobernadores, la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría, difícilmente se va a recuperar la seguridad de los ciudadanos en todos los territorios y ciudades y Colombia no será la “Potencia de la Vida” que pretende lograr con su plan de desarrollo.

Todas las muertes violentas están aumentando

Escrito por Hugo Acero en Oct 11, 2023. Publicado en Opinión. No hay comentarios en *Todas las muertes violentas están aumentando *

De acuerdo con reporte de Medicina Legal, todas las muertes violentas en Colombia, hasta el mes de julio de 2023, han aumentando, incluidos los homicidios, mientras MinDefensa y la Policía Nacional dicen que están disminuyendo.

Los homicidios han aumentado en un 5.5% entre enero y julio de este año, comparado con el mismo periodo del año anterior, son 412 casos más.

La diferencia entre las cifras que maneja Mindefensa y Medicina Legal seguramente está relacionada con la exclusión de algunos homicidios por parte de la Policía, cómo es el caso de los homicidios por “uso legítimo de la fuerza”, por legítima defensa y preterintencionales. Esto no solo pone en cuestión las cifras, sino que se anticipa, de manera irregular, a la calificación que sólo pueden dar los jueces tras los juicios que adelantan para condenar o absolver a los posibles victimarios.

Cómo se puede ver en el cuadro anexo, también han aumentado los muertos en siniestros viales en un 5%, los suicidios en un 17% y las muertes accidentales en un 7%.

Hugo Acero

Reconocimiento a Antanas Mockus

Escrito por Hugo Acero en Oct 8, 2023. Publicado en Creo en Bogota, Opinión. No hay comentarios en Reconocimiento a Antanas Mockus

Por: Hugo Acero Velásquez.

En medio de tantas “jugaditas” para tener mayor poder, algunos dirán “gobernabilidad”, que tanta falta nos hace recordar y tener a Antanas Mockus. Como gobernante nunca interfirió para beneficio de sus gobiernos en la elección de las cabezas de los organismos de control o para el manejo del Concejo. Creía y respetaba profundamente la independencia de los poderes públicos y del control político como elementos indispensables de la verdadera democracia.

Hoy, en medio de los debates en torno a la selección de las ternas para el Fiscal General de la Nación y de un nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional, prevalece el amiguismo subalterno y sumiso, antes que la independencia de los poderes públicos. Desde luego que esto lo han hecho todos los presidentes, pero ¿por qué no es posible hacerlo de manera distinta y más con el gobierno de Gustavo Petro que prometió el cambio de las costumbres políticas?

Estas cuestiones me llevaron a recordar como Antanas cuestionaba “la cultura de los atajos, del todo vale y del vivo, donde no importan los medios, sino los fines con tal de obtener los resultados que se buscan” y a pesar de lo que esta sucediendo, todavía guardo una pequeña esperanza que el presidente Gustavo Petro reoriente sus acciones y de verdad haga cambios en las costumbres políticas que tanto critico.

En medio de esta molesta situación y a la espera que el Presidente haga verdaderos cambios democráticos, quiero recordar al Maestro y rendirle un reconocimiento a su actividad en el sector público y a los logros y trasformaciones en materia de cultura ciudadana.

Reconocer su incidencia en materia de reducción de los homicidios en Bogotá, que registró la cifra más alta en 1993, con 4.352 casos que representó una tasa de 79 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 1994, último año de gobierno del alcalde Jaime Castro bajó a 70 y entre 1995 y 1997, gobierno de Antanas Mockus y Paul Bromberg bajó a 47, periodo durante el cual el respeto a la vida fue el eje central de la política de seguridad bajo el slogan “La Vida es Sagrada”.

Tendencia a la baja de los homicidios que se mantuvo durante el Periodo de Enrique Peñalosa (1998, 2000), que terminó su gobierno con una tasa de 38 y finalmente Antanas volvió a gobernar en 2001 y entregó la ciudad con una tasa de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2003; una reducción del homicidio del 68% durante esos 10 años (1994, 2003). Esta tendencia a la baja se mantuvo hasta que llego el gobierno de Samuel Moreno y Clara López, ver siguiente grafica:

Otro logro importante de este periodo tiene que ver con la reducción de las muertes en siniestros viales. La ciudad registró en 1994 1.387 muertos en siniestros viales, una tasa de 24 muertos por cada 100.000 habitantes y a 1997 cayó la tasa a 15; durante el periodo de Enrique Peñalosa siguió disminuyendo y se situó en una tasa de 13 y durante el segundo gobierno de Antanas Mockus, con 585 casos la tasa se situó en 8,5 muertos en siniestros viales por cada 100.000 habitantes, una reducción del 65% entre 1995 y 2003. Aquí se destacan distintas medidas de seguridad vial, como el cinturón de seguridad, el casco para motociclistas, el control de conductores embriagados y de velocidad y el cambio de agentes de tránsito. En los siguientes años, después de 2003, la cantidad de muertos en siniestros viales se ha mantenido por encima de 500 casos, como se puede ver en la siguiente grafica:

En el año 1995 la ciudad registró el mayor número de quemados por pólvora en el periodo navideño, 204 casos. En 1995 Antanas prohibió el uso de la pólvora y los quemados comenzaron a disminuir, medida que se mantuvo hasta diciembre de 1997, cuando el número lesionados por pólvora fue de 68. En las siguientes dos navidades el número aumentó a 135 y a partir de 2001 comenzó nuevamente a disminuir para situarse en 66 casos en la navidad 2003, una reducción de los quemados del 68%, como se puede ver en la siguiente grafica:

Con Mockus, el tema de violencia intrafamiliar y maltrato infantil cobró relevancia dentro de su política de seguridad, al considerarse que más que la pobreza, uno de los orígenes más importantes de la violencia en Colombia, es la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, niños, niñas y adolescentes al interior de los hogares, como quedó planteado en su plan de seguridad, elaborado por otro maestro, Álvaro Camacho Guizado.

Con esta visión, el tema de violencia intrafamiliar se posicionó como parte de la política pública de seguridad y justicia, dejó de abordarse solamente desde la óptica del bienestar familiar y se amplió a la garantía de seguridad que deben tener las mujeres, los niños, las niñas y los adultos mayores en el ámbito privado. Se incrementaron las comisarías de familia, que pasaron de cinco en 1995 a veinte en 2003 y hoy son treinta y seis.

También hay que destacar la cultura tributaria, el manejo trasparente de los “recursos públicos sagrados”, su intolerancia frente a las prácticas corruptas clientelares y otros programas como la resolución pacífica de conflictos y el ahorro de agua. Frente a los corruptos tenia una frase contundente “no me pidas en privado, lo que no me puedes pedir en publico”.

Son tantos los programas de Cultura Ciudadana con resultados concretos de Antanas Mockus, que una columna apenas alcanza a enumerar algunos. Gracias Maestro, su aporte a la administración pública trasparente y honesta siempre será recordado.

¿Es viable crear una policía local?: Análisis de Hugo Acero

Escrito por Confidencial Noticias en Ago 24, 2023. Publicado en Colombia, Lo + Confidencial, Voces Confidencial.

Hugo Acero

Policía

Las cárceles: una renta más de los grupos criminales

Escrito por Hugo Acero en Ago 9, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Por: Hugo Acero Velásquez

En América Latina las cárceles son una renta más para los delincuentes y corruptos. No son parte de la solución para enfrentar los problemas de violencia, delincuencia e impunidad, hacen parte de los problemas que hay que enfrentar y solucionar.

La amenaza de la cárcel no disuade la acción de los delincuentes, estos la convirtieron en el sitio más seguro desde donde pueden seguir delinquiendo, las controlan y las convirtieron en otra fuente de recursos que comparten con algunos servidores públicos corruptos, en medio del “todo vale”. En Colombia lo mínimo que un interno o interna debe pagar a los crimínales y corruptos para poder vivir “más o menos” en las cárceles son cinco millones de pesos mensuales. Igual sucede en las demás cárceles de la región.

Colombia, según el informe “El triste panorama de las cárceles latinoamericanas”, publicado por El Tiempo https://www.eltiempo.com/amp/mundo/latinoamerica/carceles-latinoamericanas-triste-panorama-793515, Colombia tiene uno de los niveles más bajos de hacinamiento, pero no reportó la situación más inhumana y violatoria de los DDHH de la región, cerca de 23.000 personas viven todos los días en un hacinamiento que supera el 250% y en algunos casos el 500%

En estaciones de policías y Unidades de Reacción Inmediata -URI- de la Fiscalía de Colombia estas 23 mil personas están “viviendo” todos los días, las 24 horas del día, en menos de un metro cuadrado, algunos llevan meses y años en esa condición infrahumana, sin que hasta el momento se haya hecho algo para solucionar este grave problema, salvo las acciones que han emprendido las ciudades de Medellín (2018) y Bogotá (2020).

El Gobierno Nacional dirá que este es un problema que deben resolver las alcaldías y departamentos. Este es un problema de Estado donde debe participar activamente el Gobierno Nacional, los gobiernos locales y el Congreso de la República porque hacen falta recursos para reconstruir el sistema carcelario y penitenciario que es obsoleto, más del 80% de las cárceles tienen más de 50 años de construcción y su gobernabilidad siempre ha estado en entredicho por el control delincuencial y la corrupción que han tenido algunos servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-.

Aquí se requiere un Plan Maestro de Equipamientos Carcelarios y Penitenciarios que involucre a los alcaldes y gobernadores, un Plan que contemple cuatro áreas estratégicas:

Una, nueva infraestructura carcelaria que actualice las cárceles viejas y obsoletas.
Dos, profesionalización y mejoramiento laboral del personal administrativo y de guardia que mejore su gestión y disminuya la corrupción.
Tres, fortalecimiento de los sistemas de seguridad, disciplina y control, que el Estado recupere el control de las cárceles y
Cuatro, un modelo pedagógico de resocialización y desarrollo de los internos e internas.

Sin recursos y decisión política, el sistema carcelario y penitenciario de Colombia y de la región, seguirá siendo otro problema de violencia, delincuencia e impunidad.

Seguridad, cómo van las ciudades

Escrito por Hugo Acero en Jul 30, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Por: Hugo Acero Velásquez

Este artículo solo pretende mostrar las cifras de delitos de mayor impacto registradas en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional –SIEDCO– de los últimos cuatro años, para que autoridades locales, los políticos que aspiran a gobernar las alcaldías y analistas puedan sacar sus conclusiones y has definan acciones para mejorar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos hacia el futuro.

Para comparar los resultados de seguridad de doce ciudades importantes del país (Bogotá, Cali, Medellín Barranquilla, Cartagena, Manizales, Cúcuta, Pereira, Ibagué, Villavicencio, Bucaramanga y Pasto) se tomaron las denuncias registradas en el SIEDCO de diez delitos de mayor impacto entre 2019 y 2022 y se organizan por ciudad y entre ciudades, de manera general, de acuerdo al número de delitos que han aumentado o disminuido. En este caso las cifras no se presentan dándole mayor peso al delito de más sanción penal, como es el caso de los homicidios, que será objeto de otro análisis.

De acuerdo con las cifras del SIEDCO, dentro de las doce ciudades, se destaca, primero, la ciudad de Manizales como la más segura. De 10 delitos registrados, solo el hurto de automotores aumentó de manera leve, pasó de 7 casos registrados en 2019 a 9 en 2022, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro No 1 by Confidencial Colombia on Scribd

Segundo, le sigue la ciudad de Pasto donde el único delito que ha aumentado es el hurto a personas en un 15%, pasó de 4.335 casos en 2019 a 5.221 en 2022 (ver siguiente cuadro):

cuadro no 2 by Confidencial Colombia on Scribd

Tercero, Cali, tiene los mismos resultados de Pasto, aumentó el hurto a personas en un 17%, pasó de 20.608 casos en 2019 a 24.009 en 2022, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro no 3 by Confidencial Colombia on Scribd

En cuarto lugar, está Cúcuta, donde han aumentado dos delitos, los homicidios (21%), que pasaron de 200 casos registrados en 2019 a 241 en 2022 y el hurto de automotores (10%), que pasó de 78 casos en 2019 a 86 en 2022, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro no 4 by Confidencial Colombia on Scribd

Quinto, la ciudad de Medellín registra el aumento de tres delitos: el hurto a automotores (5%), pasó de 955 carros hurtados en 2019 a 1.004 en 2022; el hurto a motocicletas aumento en 17%, de 4.969 casos en 2019 registrados a 5834 en 2022 y el hurto a personas que ha aumentado en 4%, de 27.264 en 2019 a 28.326 en 2022, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro no 5 by Confidencial Colombia on Scribd

Sexto, Bucaramanga registra tres delitos que han aumentado, los hurtos de automotores 31%, motocicletas 8% y a personas en un 20%, este delito pasó de 6.336 casos registrados en 2019 a 7.589 en 2022, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro no 6 by Confidencial Colombia on Scribd

En séptimo lugar aparece Pereira con cuatro delitos que han aumentado: los hurtos de automotores (97%), motocicletas 64%, a personas 36% y la violencia intrafamiliar aumento en 7%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro no 7 by Confidencial Colombia on Scribd

En octavo lugar se ubica Villavicencio con cuatro delitos que hasta ahora han aumentado, las lesiones personales en un 12%, los hurtos a motocicletas en un 18%, a personas en 19% y la violencia intrafamiliar en un 7%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro no 8 by Confidencial Colombia on Scribd

Sigue Bogotá en el noveno lugar, con la mitad de los delitos que aumentaron, la extorsión en un 38%, los hurtos a motocicletas y personas en 10% y 7% respectivamente, los delitos sexuales en un 19% y la violencia intrafamiliar en un 25%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro no 9 by Confidencial Colombia on Scribd

En el décimo lugar se ubica Ibagué con seis delitos en aumento, los homicidios en un 7%, la extorsión 54%, los hurtos de automotores, motocicletas y a personas 34%, 96% y 29%, respectivamente y finalmente la violencia intrafamiliar que ha aumentado en un 7%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Cuadro No 10 by Confidencial Colombia on Scribd

Barranquilla con seis delitos que han aumentado, se ubica en el puesto once. Aumentaron los homicidios 21%, la extorsión 200%, los hurtos de automotores 108%, 26%, a personas 34% y aumentó la violencia intrafamiliar en un 40%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Cuadro No 11 by Confidencial Colombia on Scribd

Finalmente, en el puesto doce está Cartagena con seis delitos que han aumentado, el homicidio en un 96%, la extorsión un 157%, las lesiones personales en 55%, el hurto a personas 12% y la violencia intrafamiliar en 27%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Cuadro No 12 by Confidencial Colombia on Scribd

¿Qué sigue?

Hay que esperar los resultados consolidados de 2023, para evaluar la gestión completa de los alcaldes y alcaldesas de estas ciudades, periodos de gobierno durante los cuales se han presentado una serie de hechos que han hecho más compleja la situación:

• Primero, el crecimiento y consolidación de estructuras criminales cada vez más organizadas y violentas. Hoy no se está ante un delito de oportunidad, sino ante verdaderas empresas criminales que explotan las distintas rentas del narcotráfico, microtráfico, extorsión, trata de personas, comercio ilegal de armas, contrabando como forma de pago del narcotráfico, los hurtos de carros, motos, celulares, joyas, distintas modalidades de ciberdelito y los famosos y violentos préstamos gota a gota.

• Segundo, las protestas sociales que comenzaron en 2019 con el paro nacional de estudiantes y se sostuvieron durante los siguientes dos años. Protestas legítimas que en algunos momentos se tornaron violentas y que comprometieron a casi todo el personal de la Policía, presentándose casos de exceso de fuerza y violación de los DD HH. Este tipo de protestas disminuyeron con la llegada del nuevo gobierno de Gustavo Petro.

• Tercero, la atención a la pandemia del COVID que comenzó en marzo de 2020 y que se extendió hasta bien entrado el 2021. Aquí la Policía tuvo una de las tareas más difíciles y poco reconocidas, el control de los ciudadanos en los aislamientos y de las medidas sanitarias impuestas, situación que no en pocas oportunidades creó tensión y desavenencias con distintas poblaciones. Tanto la atención de las protestas, como las medidas control durante la pandemia, terminaron afectando la confianza de los ciudadanos en la Policía y por tanto la seguridad de los ciudadanos.

• Cuarto, sin desconocer el trabajo coordinado de la nación y los entes territoriales en la atención de la pandemia, en materia de seguridad y orden público la relación no ha sido la mejor. Discusiones públicas, en algunos casos irrespetuosas, minaron la coordinación y trabajo en equipo que debería darse para mejorar la seguridad de los ciudadanos y el control de los territorios. Inclusive, con el nuevo gobierno nacional, esa coordinación nación territorio no se ha podido lograr, como lo han manifestado públicamente los alcaldes y gobernadores.