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¿La inteligencia y la contrainteligencia al servicio de quién?

Escrito por Hugo Acero en Oct 25, 2025. Publicado en Opinión.

Después del atentado sicarial a los migrantes y activistas venezolanos Luis Peche y Yendri Velásquez, cuando salían de su residencia el 13 de octubre en el norte de Bogotá y la reacción hemofóbica y desconocimiento de la gravedad de hechos por parte ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela Diosdado Cabello, diciendo que “eran pareja”, cabe preguntar si ¿este hecho va en la misma línea del asesinato del teniente Ronald Ojeda en Chile, donde finalmente el presidente Gabriel Boric señaló como uno de los sospechosos al régimen del dictador Nicolás Maduro?

Frente a este atentado, que está siendo investigado por las autoridades judiciales de Colombia, también habría que preguntar ¿si en nuestro territorio están operando fuerzas de inteligencia y operativas del gobierno de Nicolás Maduro para perseguir a los migrantes opositores a ese régimen? Si esto es así, la otra pregunta que hay que hacer es ¿Qué está haciendo la contrainteligencia y la inteligencia colombiana para evitar estas actividades en nuestro territorio y para proteger a los migrantes, como le corresponde a un Estado democrático?

En este escenario y dada la situación de violencia y delincuencia por la que atravesiesa el país, preocupa como el actual gobierno debilitó la inteligencia y contrainteligencia en las Fuerzas Militares y en la Policía, tras barrida de más de 70 generales y otros oficiales de alto rango, algunos de los cuales venian manejando estos temas de manera profesional y con amplia experiencia.

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Preocupa también el manejo de la Dirección Nacional de Inteligencia -DNI-, que en lo que lleva de gobierno ha tenido tres directores sin la experiencia y profesionalismo debido, dos de los cuales salieron por escándalos, el primero, Manuel Alberto Casanova por presuntos vínculos extorsivos en el problema de los pasaportes de la Cancillería, en la época del canciller Alvaro Leyva y Carlos Ramón González que salió por su presunta participación en la corrupción de la UNGRD y hoy se encuentra huyendo de la justicia en Nicaragua y el tercer y actual director es Jorge Lemus Montañez. Los tres presentaron como única experiencia en materia de inteligencia haber pertenecido al M-19.

Por parte del presidente, el manejo de la información de inteligencia tampoco ha sido el mejor. En una alocución filtró datos confidenciales del caso Pegasus, leyó una carta que se le envió a la autoridad de previsión de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo de Israel, en la cual se mencionaba la compra de Pegasus. Esto llevó al Grupo Egmont de inteligencia financiera del mundo, a suspender a Colombia por la violación a la confidencialidad de la información. El Grupo Egmont (Egmont Group of Financial Intelligence Units) es una organización internacional que agrupa a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF o FIU, por sus siglas en inglés) de más de 160 países, incluido Colombia a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF-.

También ha sido el manejo de la información sobre la “Junta del Narcotráfico” en Dubai, las cinco hipótesis sobre los posibles autores del magnicidio del senador Miguel Uribe y la orden que le dió a la Fuerza Pública de compartir información de inteligencia con los organismos de seguridad e inteligencia del régimen de Nicolás Maduro.

Hoy, desconociendo los tipos de control que establece La Ley 1621 de 2013, conocida como la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia de Colombia, el Decreto 857 de 2014 que reglamenta esta Ley, la sentencia C-540 de 2012 y C-913 de 2013 de la Corte Constitucional que define los alcances del control democrático y la reserva de información, así como la Política Nacional de Inteligencia (CONPES 4066 de 2021), el Presidente ordenó el levantamiento de la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) e indicó que otros organismos de inteligencia del Estado también deberían ser desclasificados, como la Dirección de Inteligencia de la Policía -DIPOL-, que según el Presidente es “una caja oscura que tiene que ser transparente”.

Con estos desaciertos y órdenes dadas por el Presidente y en medio de un crimen transnacional cada vez más activo en Colombia y en la región, es prudente seguir preguntando ¿Qué se entiende por transparentar la información de inteligencia? ¿qué está pasando con la gestión de la inteligencia estratégica en el país? ¿En lo que resta de este gobierno, cuál es la política en esta materia? ¿Se han perdido o debilitado alianzas estratégicas en esta materia con EE UU, Israel, Reino Unido y otros países europeos? ¿Como indican algunos especialistas, exfuncionarios y servidores públicos activos, hoy se está compartiendo más información con los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua? ¿Hay agentes de inteligencia de estos últimos paises operando en Colombia?

En términos generales hay que preguntar ¿Al servicio de quién está la inteligencia y la contrainteligencia colombiana?

Hugo Acero

Cifras de violencia y delincuencia mal utilizadas

Escrito por Hugo Acero en Oct 7, 2025. Publicado en Opinión.

En los últimos días, se ha presentado una serie de polémicas en torno a la presentación de las cifras de violencia y delincuencia que se registran en el país. La más reciente entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán y la segunda entre el mismo presidente y la Defensora del Pueblo, Iris Marín, discusiones públicas sobre las cifras que no han pasado a la solución conjunta de los problemas de violencia y delincuencia por los que está atravesando el país.

Entre números y tasas.

El primer caso, la afirmación del presidente en un acto donde estaba presente el comandante de la Policía Metropolitana y quien le dice “Donde más se mata en Colombia es en Bogotá” frase que fue hecha noticia por la W Radio https://x.com/WRadioColombia/status/1974217556471734277, frente a la cual el alcalde Galán reaccionó exponiendo cómo el presidente hizo mal uso de las cifras https://x.com/carlosfgalan/status/1974232632775815610?s=48&t=b7NyrWSvE0AXoQkZ9qjNxw

Como se puede oír y ver en los dos mensajes, los dos mandatarios no hacen uso adecuado de las cifras. En el caso del presidente, cuando se oye el audio completo, se puede decir que tiene parcialmente la razón cuando asegura que Bogotá, por número en el conjunto del país, es el territorio donde más se cometen homicidios. De acuerdo con las cifras de Medicina Legal, el año pasado en Bogotá se cometieron 1.208 homicidios, le sigue Cali con 949 casos. En este caso, el presidente debió utilizar el indicador más importante para determinar el nivel de riesgo frente a la violencia homicida en Bogotá, que es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes.

Con base en la tasa el alcalde Galán también tiene en parte la razón, cuando asegura que Bogotá tiene una de las tasas de homicidio más bajas de las ciudades capitales en lo corrido del año. Sin embargo, al presentar cifras parciales, de enero a octubre, confunde y oculta el creciente problema de violencia y delincuencia que se presenta en la ciudad, dado que en las cifras que presenta, Bogotá aparece con una tasa de 11 homicidios por cada 100.000 habitantes (ver segundo mensaje en X reseñado aquí), cuando la tasa real anual de homicidios, de acuerdo con Medicina Legal, fue de 15,6 casos por cada 100.000 habitantes en 2024 y como van las cosas es posible que este año se tenga una cifra cercana a 15. Hay que reconocer que la tasa de violencia homicida en Bogotá ha aumentado desde el año 2023 en un 12%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Mapas tomados por la delincuencia.

La segunda polémica en torno a la presentación de las cifras de violencia y delincuencia entre el presidente y la Defensora del Pueblo, tiene que ver con los mapas de una publicación del diario británico The Economist, en los que se muestra la presencia de grupos armados ilegales en municipios y departamentos del país entre 2019 y 2024, donde para este último año está complemente rojo, como si todo el país estuviera tomado por estos grupos.

Según el presidente la fuente de estos mapas era la Defensoría del Pueblo y reseñó que “no se puede hacer un mapa de violencia tiñendo un municipio de un millón de hectáreas de rojo, en donde en la mayor parte de la extensión no viven personas y donde ocurrió algún hecho de violencia en alguna vereda”. Desde su perspectiva, este tipo de representaciones gráficas, extienden la percepción de inseguridad a regiones enteras, cuando los incidentes se concentran en puntos muy específicos.

Frente al tema, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que el mapa que presenta The Economist, no es de la Defensoría del Pueblo. “Es una elaboración de ellos que se basa en un documento publicado antes de mi llegada a la institución. El mapa simplifica una realidad que no corresponde a la lectura del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Iguala en color rojo todas las zonas del país, haciendo parecer que el riesgo es extremo en todos los municipios o que los grupos tienen control general en todos ellos. Ninguna de estas dos conclusiones es cierta”, dijo Marín.

En este caso, los dos tienen la razón. Sin embargo, muchas instituciones públicas y privadas, siguen elaborando este tipo de mapas que no son tan precisos a la hora de poder determinar la verdadera dimensión del problema que se quiere presentar y que requiere solución, como se puede ver en el siguiente mapa de las Fuerzas Militares que intenta mostrar el aumento de las confrontaciones armadas en el país.

Hace cerca de 30 años en Bogotá se tuvo esta discusión, cuando presentaron en un consejo de seguridad, los mapas de delitos que se cometían en las 20 localidades de la ciudad y a simple vista parecía que toda ciudad estaba tomada por la delincuencia, lo que llevó a los servidores públicos a ser más precisos en la presentación de este tipo de información al bajarla a barrios y dentro de los barrios a sectores específicos donde ocurrían los delitos, tanto en días, como en horas, lo que permitió una intervención con resultados más efectivos de las autoridades de seguridad y justicia.

Las cifras sustentan la acción y los resultados.

En medio de estas discusiones queda la sensación que los que más preocupa a algunos servidores públicos nacionales y locales, es la imagen que proyecta la información mal utilizada y no la solución de los problemas que genera esa información.

El presidente Gustavo Petro debería dejar de abrir polémicas publicas en torno a las cifras y más bien trabajar en equipo con las autoridades de seguridad y justicia para solucionar los graves problemas que aquejan al país en materia de seguridad. Reconocer que como “Comandante Supremo de las Fuerza Pública” es responsable del orden público en todo el territorio nacional y quien debe garantizar, junto con los todos los alcaldes y gobernadores, la seguridad del territorio y de todos los ciudadanos, dejando de lado los intereses políticos, económicos, sociales, y religiosos, entre otros.

Para lograr lo anterior, hay que tener claro que el manejo del orden público no se descentralizó, se delegó en cabeza de los alcaldes y gobernadores y las órdenes del presidente en esta materia, prevalecen sobre las órdenes de los mandatarios locales, es decir el presidente es el jefe y responsable mayor del manejo del orden público y los mandatarios locales dependen de las órdenes que el primer mandatario imparta. Para solucionar los graves problemas de violencia y delincuencia que hoy tiene el país, se requiere coordinación permanente y trabajo en equipo entre el presidente y las demás autoridades de seguridad y justicia, que incluye a todos los gobernadores y alcaldes, pero parece que esto no va a suceder en lo que resta del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Hugo Acero

Sicariato disparado

Escrito por Hugo Acero en Sep 30, 2025. Publicado en Opinión.

En los últimos 10 años el sicariato en Colombia creció en un 40%, pasó de 5.920 casos registrados en 2015 a 8.907 en 2024 y en lo que va corrido de este año, hasta el mes de agosto, se registran 6.035 personas asesinadas bajo esta modalidad que esta asociada a estructuras delincuenciales organizadas asociadas a las distintas rentas criminales, como el narcotráfico, la minería ilegal, el microtráfico, la trata de personas, la extorsión, entre otras.

Ahora, si se suman otras cifras reportadas por el Ministerio de Defensa, como los asesinatos de ciudadanos por delincuentes en medio de atracos (334) y por acciones de los grupos armados ilegales (367), se tiene que el 74% de los homicidios son ejecutados por organizaciones criminales, frente al 16% por riñas (1482) y en otras modalidades el 9% (837).

Este incremento del sicariato y otras modalidades, han incidido en el aumento del homicidio en el país. Según las cifras que reporta mes a mes el ministerio, los homicidios aumentaron en un 9,5% en los últimos 10 años y entre enero y agosto de este año el incremento es del 3%, comparado con el mismo periodo del año anterior, cifra que no coinciden con las reportadas por el Instituto de Medicina Legal que reporta incrementos por encima del 8% en lo que va corrido de este año.

Qué hacer frente al incremento del sicariato y de los homicidios

Definitivamente, estas cifras del Ministerio de Defensa plantean retos importantes respecto a las estrategias de seguridad para reducir la violencia homicida, que sin descuidar los problemas de convivencia que inciden sobre el aumento de este delito, orienten de manera decidida las acciones en contra de la criminalidad organizada y común.

Frente al sicariato, parece que no existe una estrategia estatal para enfrentarlo y reducirlo, de acuerdo con lo manifestado por el Ministro de Defensa Pedro Sánchez en el informe que publicó El Tiempo este domingo, titulado “En siete de cada 10 asesinatos en Colombia, las pistas apuntan a ‘oficinas de cobro’ de las mafias”. Según el Ministro “En 2003, la tasa de homicidios por sicariato era del 7 por ciento. Hoy en día ya llega al 67 por ciento. El sicariato, al que tenemos que ponerle atención para mirar cómo enfrentamos el problema, es un desafío supremamente importante; un reto que quedó en evidencia con el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay”.

Frente al incremento de los sicariatos y de los homicidios en general, es necesario contar con un plan antihomicidios que apunte a:

Enfrentar este delito con la participación decidida de los organismos de policía judicial, en particular de la Fiscalía General de la Nación, para incrementar el nivel de esclarecimiento de los homicidios, que está en el 40%, es decir apenas se conoce a 4 de cada 10 homicidas y en la mayoría de estos casos solo dos están detenidos. Para esto se requiere incrementar de manera sustancial el número de investigadores judiciales de la Policía y de la Fiscalía, así como de fiscales especializados en este delito.
Identificar, perseguir, detener y judicializar a los sicarios y demás asesinos. En el caso del sicariato, algunos de los asesinos son responsables de múltiples casos, sin que hasta ahora hayan sido detenidos y judicializados. Combatir el comercio ilegal de armas de fuego, ejercer control y decomisar armas ilegales y legales que portan los ciudadanos en los ciudades y territorios. No basta con la sola restricción al porte de armas de fuego que hoy existe, es necesario limitar ese porte con operativos permanentes en las calles.
Ejecutar acciones contundentes de uso legítimo de la fuerza en contra de las estructuras criminales organizadas, en el marco del estado de derecho.
Fortalecer el sistema carcelario y penitenciario. El hacinamiento, el control delincuencial de las cárceles y la reproducción de la violencia y la delincuencia que se genera en estos establecimientos, no se arregla solo con justicia restaurativa. Hay que acabar con la corrupción e ineficiencia del Inpec y la Uspec y mejorar las condiciones generales de reclusión en el país.
Trabajar de manera cercana y permanente con las comunidades y territorios donde se concentra este delito. En los barrios no existe impunidad los vecinos saben quién mata, roba y comete otros delitos, y no denuncian por miedo a la retaliación de los delincuentes y porque no tienen confianza en las autoridades. En este campo debe darse una intervención integral del Estado en los territorios donde se concentra la violencia y la delincuencia, donde además de los organismos de seguridad y justicia, participen instituciones de desarrollo social.
Frente a los homicidios y violencia por problemas de convivencia, hay que fortalecer y crear más organizaciones comunitarias, crear capital social que trabaje de la mano con las autoridades, promover y capacitar a los ciudadanos en mecanismos alternativos de solución de conflictos y contar con programa de justicia cercana a los ciudadanos.

Hugo Acero

La seguridad en la Universidad Nacional

Escrito por Hugo Acero en Sep 14, 2025. Publicado en Opinión.

En los últimos días se ha presentado una serie de hechos violentos en la Universidad Nacional, sede Bogotá, que deben preocupar, no solo las autoridades universitarias, sino también al Distrito y la Nación, protestas de encapuchados con machetes, intento de incendiar un bus de Transmilenio y estallido de una bomba en el edificio de la facultad de Sociología que dejo varias personas heridas, acciones más cercanas al terrorismo que a la protesta pacífica.

A los problemas conocidos que suceden desde hace varios años en el campus de la Universidad Nacional, como son la venta de droga, las pedreas, las tomas y los bloqueos de las facultades, los casos de abuso sexual que suceden casi todos los jueves en el “bacanal de drogas y alcohol del jardín de Freud”, los hurtos, la proliferación de ventas ambulantes, la violencia de género y las amenazas contra docentes, desde finales de la pandemia en 2022, se sumó la utilización del campus universitario por parte de algunos miembros de “Primeras Líneas” de la ciudad para enfrentar a la fuerza pública, mientras en la Universidad Pedagógica fueron rechazados y no los dejaron utilizar su campus, en la Universidad Nacional no tuvieron oposición y han estado presentes en la toma de la rectoría, otras instalaciones de la universidad, bloqueos y pedreas.

Una situación de inseguridad y violencia que pone en riesgo constante a la población universitaria y en general a los habitantes de Bogotá que transitan por los entornos del claustro universitario, situación que debe llevar a las autoridades educativas, de seguridad y justicia nacionales, del Distrito y de la Universidad a trabajar en equipo y de manera permanente, para lo cual hay que dejar en claro cuáles son las competencias de unos y otros y cómo se pueden coordinar para recuperar la seguridad y la convivencia en la Universidad y su entorno.

Seguridad y autonomía universitaria.

La Universidad Nacional no puede seguir siendo un escenario donde la autoridad se diluye, los espacios comunes se degradan y las garantías mínimas de convivencia desaparecen. No se trata de militarizar ni de criminalizar la protesta que, por supuesto, es legítima en una democracia, sino de ejercer una rectoría firme, con principios claros, que entienda que la defensa de los derechos humanos empieza por salvaguardar la integridad de quienes hacen parte de la comunidad universitaria.

La autonomía universitaria no puede ser excusa para la negligencia. El campus universitario debe ser un espacio de construcción, no de miedo. Se ha venido distorsionando gravemente el concepto de autonomía universitaria al interpretarlo, de manera equivocada, como una especie de extraterritorialidad que pretende excluir a los campus universitarios del marco legal vigente.

Esta visión errada lleva a desconocer abiertamente la Constitución, las leyes penales y de policía, así como la legitimidad de los órganos de justicia y seguridad del Estado. Bajo esta lógica, se asume que dentro de las universidades no pueden operar los organismos encargados de prevenir, investigar y sancionar los delitos, como si el campus fuera una zona al margen del orden constitucional. La autonomía universitaria garantiza el autogobierno académico y administrativo, pero de ninguna manera implica la suspensión de la ley ni el desmonte de la institucionalidad.

Por tanto, es hora de decirlo con claridad, los delitos que se cometen dentro de una universidad deben ser enfrentados por los organismos de seguridad y justicia que constitucionalmente están llamados a hacerlo. Su presencia no puede ser entendida como una “intervención” arbitraria ni como una amenaza a la autonomía, sino como el ejercicio legítimo del Estado de Derecho en todos los rincones del territorio nacional, incluidas las universidades públicas.

Eso sí, este accionar debe estar acompañado de protocolos adecuados, respetuosos de los principios democráticos y de los derechos fundamentales, pero no puede seguir siendo postergado por una lectura sesgada de la autonomía universitaria. La criminalidad no se combate con comunicados institucionales ni con debates ideológicos, sino con investigación criminal, inteligencia profesional y acción judicial oportuna. No actuar es permitir que la ley deje de tener efecto, precisamente donde debería proteger con mayor rigor, en los espacios dedicados a formar ciudadanos.

El país no puede permitirse que la Universidad Nacional símbolo del mérito, la excelencia académica y el pensamiento crítico se hunda en la inseguridad y el desgobierno. Es tiempo de que la rectoría y las autoridades nacionales y locales garanticen la seguridad y la convivencia en el campus universitario y en su entorno.

Qué hacer.

En respuesta a preguntas formuladas por diario El Tiempo[1] la vicerrectora de la Universidad Nacional Carolina Jiménez, manifestó que “Estaban prestos a un diálogo interinstitucional que permita encontrar caminos de solución a los problemas”, pero que “no se ha podido encontrar unas rutas y unas estrategias efectivas que ayudaran a poner fin a estos problemas”.

Hay que reconocer que estos graves problemas no los puede solucionar solo la Universidad, ni es su única función, ni es su especialidad, se requiere del trabajo coordinado y permanente con la administración distrital y con las autoridades educativas, de seguridad y justicia de la nación, porque al final del día lo que suceda o deje de suceder en materia de seguridad y convivencia dentro del campus universitario, es responsabilidad de todas estas autoridades. Son más de 40 mil ciudadanos y ciudadanos universitarios que frecuentan la Universidad y que tienen derecho la seguridad.

Comparto la posición de la vicerrectora de la Universidad Nacional que considera “que el ingreso de la Policía en medio de una confrontación puede aumentar el riesgo al que ya está expuesta la comunidad universitaria”. Sin embargo, esta situación no se puede descartar de plano, frente a una situación grave de inseguridad que atente contra la integridad y vida de los miembros de la comunidad universitaria. En este caso, serían más afectivas las labores de inteligencia e investigación judicial para dar con los encapuchados y sus jefes violentos.

En trabajo coordinado y permanente de las autoridades anteriormente mencionadas se pueden definir y realizar las siguientes acciones de seguridad y justicia:

Creación de un comité de seguridad y convivencia compuesto por las autoridades universitarias, del distrito y de la nación para definir acciones conjuntas frentes a los problemas de inseguridad detectados, el cual debe reunirse una vez al mes y no solo cuando sucedan hechos que lamentar, como suele suceder.
Elaboración conjunta de un plan de seguridad y convivencia para la Universidad, como lo hicimos hace 15 años con la rectoría de entonces, pero que con las administraciones subsiguientes termino archivado.
Instalación de cámaras de alta tecnología en las principales entradas y entorno de la Universidad. La Universidad también puede instalar cámaras en su interior. Esta es una tecnología que desde hace muchos años viene siendo utilizada por las universidades para garantizar la seguridad y la convivencia, como es el caso de la Universidad Autónoma de México que tiene una comunidad cercana a las 500 mil personas y cerca de 300 cámaras para la seguridad y la convivencia.
Labores de inteligencia e investigación judicial para dar con los encapuchados y sus jefes, que realizan acciones violentas y delincuenciales en el campus universitario y su entorno.
Control visual y grabación de pedreas y actos de vandalismo con drones.
Elaboración de protocolos de seguridad, emergencias y manejo de crisis para atender casos graves en el campus universitario, como puede ser el caso de atentados terroristas, asesinatos y lesionados graves al interior de la universidad, toma de rehenes por parte de grupos armados ilegales, entre otros casos.

Hugo Acero

[1] El Tiempo. Universidad Nacional: entre el estigma, encapuchados, manipulación de explosivos y la necesidad de una estrategia para garantizar la seguridad.

https://www.eltiempo.com/bogota/universidad-nacional-entre-el-estigma-encapuchados-manipulando-explosivos-y-la-necesidad-de-una-estrategia-para-garantizar-la-seguridad-3490296 12 de septimbre de 2025

La FF MM se quedaron solas en el Cañón del Micay

Escrito por Hugo Acero en Sep 1, 2025. Publicado en Opinión.

El 12 de octubre se cumple un año del inicio de la Operación Perseo de las Fuerzas Militares[1], que busca recuperar El Plateado y el Cañón del Micay en el Cauca del control de columna Carlos Patiño de las disidencias de Iván Mordisco, del ELN, la Segunda Marquetalia y otro grupo mafioso denominado Los Pocillos; grupos armados ilegales que se disputan, con cerca de cuatro mil hombres, el control de ese territorio por las rentas del narcotráfico y la minería ilegal. A lo largo del Cañón del Micay hay cerca de 40 mil hectáreas sembradas con hoja de coca y es un corredor estratégico de producción, transporte y salida de cocaína y oro por el pacífico hacia mercados internacionales.

Durante estos casi 11 meses las Fuerzas Militares “han desplegado en este territorio 8.134 miembros de la fuerza pública, distribuidos en 226 pelotones, los cuales son apoyados con seis helicópteros del Ejército y la Fuerza Aeroespacial de Colombia, junto a 12 carros blindados[2] sin que hasta ahora se haya recuperado el control del Cañón del Micay”

Hoy, después del atentado en contra de la base aérea Marco Fidel Suarez en la ciudad de Cali, por parte de la disidencia de Iván Mordisco, el presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X que “esa acción ser debe a “la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay[3].

Sin desconocer los esfuerzos y avances que han realizado las Fuerzas Armadas, especialmente las Fuerzas Militares en ese territorio, esta aseveración del presidente de la Republica es cuestionada por un informe del Programa de televisión “Testigo Directo” que en el mes de junio de este año aseguraba que “¡Ni el ejército PUEDE entrar! El Micay, donde las disidencias cobran por retener soldados”[4]

Las FF.AA. sin apoyo del resto del Estado

El 12 de octubre de 2024 cuando se inicio la Operación Perseo el presidente Gustavo Petro en su cuenta X manifestó ““Iré al Plateado con todo el gabinete para con todos los habitantes del Micay trazar el plan de inversiones inmediato.[5]” Esta promesa no la cumplió y solo algunos de sus ministros estuvieron en el Plateado el 13 de octubre y allí Laura Sarabia presentó al menos 41 proyectos de inversión social que serían financiados por el Fondo Colombia en la Paz en el departamento y manifestó a través de X “venimos con toda la oferta institucional de los fondos de paz. La instrucción del presidente es una transformación integral del territorio, donde las Fuerzas Militares han hecho un trabajo excepcional, pero se necesita una oferta social para lograr una transformación real”[1].

Ese mismo día el presidente escribió en su cuenta de X “Agradezco el trabajo de las Fuerzas Militares y la Policía por facilitar la visita de seis ministros y varios directores de entidades a El Plateado, en Argelia – Cauca. El Gobierno hace presencia para llevar salud, educación, conectividad y servicios básicos[2].

Después de casi un año el general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional llamó la atención sobre las limitaciones del Estado para consolidar su presencia en este territorio, donde “si bien las tropas han logrado avances, la oferta institucional de desarrollo no llega con la misma contundencia”[3].

Según el General Mejía “hace falta una acción unificada del Estado, que llegue a la misma velocidad con la que lo hace el Ejército. Hoy eso no pasa. El acompañamiento de otras instituciones no ha sido constante ni suficiente. Hemos contado con apoyos puntuales, como el del Ministerio TIC, que donó más de mil computadores para fortalecer la educación. También han llegado algunos programas de sustitución de cultivos, aunque tímidos”.

“Nos hemos quedado cortos en proyectos clave como arreglo de vías, construcción de acueductos, y en atender necesidades básicas insatisfechas. Los campesinos necesitan opciones reales para vivir con dignidad: seguridad alimentaria, infraestructura, presencia institucional sostenida…. sin una presencia estatal efectiva y sostenida, la fuerza pública seguirá enfrentando sola una guerra cada vez más tecnológica y fragmentada”.

Ademas de esta información suministrada por el General Mejía, el Ministerio de Salud el 12 febrero de 2025 instaló en El Plateado un hospital de campaña suministrado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el cual fue atacado con drones cargados con explosivos por disidencias de las FARC el 17 de febrero y en mayo de 2025 informó en la cuenta de Facebook de Minsalud que había adjudicado un contrato para la construcción de un hospital en El Plateado, Cauca, por $21.484 millones, obra que se inicio el 13 de mayo de 2025[4].

Como se puede ver, las Fuerzas Armadas se quedaron solas con el objetivo de recuperar el Cañón del Micay, la intención de realizar una intervención integral y interinstitucional para transformar ese territorio del Departamento del Cauca quedo en el papel, los 41 proyectos de desarrollo hasta ahora no han aparecido, situación que se repite en el Catatumbo y muchas otras regiones donde el Presidente ha prometido acabar con la ausencia del Estado y promover el desarrollo de esas regiones.

Como bien lo plantea el General Mejía, retomar los territorios hoy controlados por los distintos grupos armados mafiosos no solo es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, se requiere la participación de todo el Estado, de la Fiscalía General de la Nación que brilla por su ausencia en esos territorios, de los distintos ministerios, de las instituciones de desarrollo social y de la participación de los alcaldes y gobernadores, que este gobierno no los ha tenido en cuenta como se debiera.

Para lograr la recuperación integral del Cañón del Micay, del Catatumbo y otros territorios del país, contralados por los grupos armados mafiosos que se disputan de manera violenta las rentas criminales del narcotráfico y la minería ilegal, se requiere del liderazgo de un presidente que convoque a todas las instituciones de seguridad, justicia y desarrollo social nacionales y locales para trabajar en equipo de manera permanente, que prometa, se comprometa y cumpla y eso, parece, no va a ser posible en lo que resta del actual gobierno y las Fuerzas Armadas seguirán en esos territorios haciendo lo que pueden sin el apoyo integral del Estado.

[1] INFOBAE Gustavo Petro se pronunció tras segundo día de la Operación Perseo: “Un paso más para transformar el Cauca” https://www.infobae.com/colombia/2024/10/14/gustavo-petro-se-pronuncio-tras-segundo-dia-de-la-operacion-perseo-en-el-cauca-un-paso-mas-para-transformar-el-cauca/

[2] Mensaje del Presidente en su cuenta X, 13 de octubre de 2024. https://x.com/petrogustavo/status/1845631356224581933

[3] El Tiempo. 23 de julio de 2023. Así se libra la guerra en el Cauca: autoridades alertan expansión de la estructura Carlos Patiño y crecen los ataques con drones explosivos. https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/asi-se-libra-la-guerra-en-el-cauca-autoridades-alertan-expansion-de-la-estructura-carlos-patino-y-crecen-los-ataques-con-drones-explosivos-3474889

[4] El Tiempo. Arranca obra del hospital de ESE Suroccidente en El Plateado, Cauca; polémico hospital de campaña no fue trasladado. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/llega-la-esperanza-a-el-plateado-cauca-se-inicio-la-construccion-del-hospital-3453194

[1] Comando General de las Fuerzas Militares. Fuerzas Militares lanzan Operación Perseo para recuperar El Plateado – Cauca. https://www.cgfm.mil.co/es/multimedia/noticias/fuerzas-militares-lanzan-operacion-perseo-para-recuperar-el-plateado-cauca#:~:text=Las%20Fuerzas%20Militares%20de%20Colombia%20han%20iniciado%20la%20Operaci%C3%B3n%20Perseo,seguridad%20integral%20de%20sus%20habitantes.

[2] El Tiempo. Estas son las cifras que deja la ‘Operación Perseo’ en El Plateado, a cinco meses de su implementación. https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/estas-son-las-cifras-que-deja-la-operacion-perseo-en-el-plateado-a-cinco-meses-de-su-implementacion-3436182

[3] Mensaje del presidente en su cuenta X 21 de agosto de 2025 https://x.com/petrogustavo/status/1958635985182343501

[4] Testigo Directo, 24 de junio de 2025. https://www.youtube.com/watch?v=Jb8pQczH9Ik

[5] Mensaje del Presidente en su cuenta X, 12 de octubre de 2024. https://x.com/petrogustavo/status/1845224820776083832

Hugo Acero

Drones y terrorismo

Escrito por Hugo Acero en Ago 3, 2025. Publicado en Opinión.

Frente a los cambios profundos en los conflictos armados que hoy tiene Colombia, se requiere que la Fuerza Pública cambie su estrategia y logística para enfrentar los distintos grupos mafiosos que hoy tienen control y gobernanza en distintos territorios del país.

El Ministerio de Defensa acaba de presentar un proyecto de ley para regular la comercialización y uso de drones en el territorio nacional. Esto porque en el último año se han incrementado los ataques a la Fuerza Pública con estos dispositivos cargados con explosivos, actos terroristas ejecutados especialmente por parte del ELN y las disidencias de las FARC Según el Ministerio, en lo que va corrido de este año los ataques con drones se han incrementado en un 138%.

Es un tema preocupante, ya que pone en riesgo la vida de nuestros policías, soldados y ciudadanos. En este contexto, las razones expuestas por el Ministerio para regular el uso drones son las siguientes:

Amenazas a la seguridad y a la vida derivadas del uso de drones como armas, incluyendo ataques con cargas explosivas.
Vacíos legales en la regulación del uso de drones para fines de defensa o contramedidas.
Necesidad de trazabilidad para conocer la procedencia, tenencia y uso de cada dron y sus componentes.
Cumplimiento de compromisos internacionales, como los derivados de la OACI y los Convenios de Ginebra, que exigen a los Estados garantizar un uso seguro y responsable del espacio aéreo.
Protección de la privacidad y la convivencia ciudadana, dado que los drones pueden vulnerar la intimidad o ser empleados para actividades ilícitas.

El proyecto de ley busca definir los parámetros para la importación, fabricación, comercialización, adquisición, registro, uso, tenencia, porte, transporte, vigilancia y control de los drones. Según este proyecto “toda persona que importe, fabrique, comercialice, adquiera o utilice drones debe estar registrada y mantener actualizada su información y contar con una póliza de responsabilidad civil extracontractual, cuyo valor dependerá del riesgo de la operación; prohíbe la operación de drones sin autorización, en estado de embriaguez o bajoefectos de drogas, y en áreas restringidas como aeropuertos, bases militares o zonas donde se encuentre el presidente”[1].

Esta iniciativa del Ministerio de Defensa, en su conjunto, está más orientada a controlar a los usuarios de la economía formal, es decir a quienes de manera legal compran y utilizan estos aparatos para sus actividades económicas, culturales o de recreación, pero no va a poder controlar a los distintos grupos armados ilegales, grupos mafiosos, que los utilizan como acción terrorista para atacar la Fuerza Pública, para extorsionar o intimidar y lograr control de comunidades y ciudadanos en general.

Hay que resaltar que los delincuentes adquieren los drones en el mercado ilegal y ahí reciben asesoría y capacitación para adecuarlos y utilizarlos con fines criminales, ellos quedan por fuera de la regulación propuesta. Lo único que serviría para el control de la ilegalidad sería el endurecimiento de penas de utilización de estos aparatos con fines terroristas.

Teniendo el cuenta el contenido del proyecto de ley, es necesario desarrollar dos acciones, una orientada a racionalizar el control del mercado legal de drones y la otra el fortalecimiento de la Fuerza Pública y de la justicia para enfrentar este nuevo reto de seguridad, que modifica de manera sustancial los conflictos armados que hoy se presentan en distintos territorios del país entre el Estado y los distintos grupos de mafiosos y las confrontaciones que existen entre ellos por el control de las rentas criminales.

En el primer caso, hay que trabajar una reglamentación realista que logre el control requerido, pero que no termine haciendo muy dispendiosa la adquisición y operatividad de los drones a los sistemas de seguridad legales, como empresas de vigilancia o departamentos de seguridad públicos y privados que tiene la obligación de garantizar la operatividad y seguridad de instalaciones estratégicas (gas, energía, hidrocarburos, represas, aeropuertos, puertos, etc.), la seguridad de empresas importantes del país y la seguridad de los ciudadanos.

En el segundo caso, el Estado colombiano tiene la obligación de dotar a la Fuerza Pública de este y otros desarrollos tecnológicos, no solo para defenderse de los ataques de drones con explosivos, sino para retomar la iniciativa de combate en contra las distintas organizaciones mafiosas y terroristas que hoy inclinaron la balanza a su favor con la utilización de estos equipos con explosivos y que tienen a la fuerza pública en desventaja y a la defensiva.

El conflicto armado en Colombia cambió, ya no hay grupos guerrilleros que se quieran tomar el poder, sino grupos mafiosos que a cómo dé lugar van a defender sus rentas criminales. El Estado no está enfrentado grupos guerrilleros con ideología política, como sucedió hasta la desmovilización de las FARC-EP en 2016. Hoy, lo que queda son grupos mafiosos dedicados a las distintas rentas criminales, con vínculos con el crimen organizado transnacional. Atrás quedó “la revolución, la toma de poder y la defensa de los intereses del pueblo”. No son grupos armados que se mueven en columnas o acampan en un lugar determinado. No están dispuestos a enfrentar de manera directa a la fuerza pública, ni tienen la capacidad para hacerlo, por eso recurren a acciones terroristas y a la utilización de drones con explosivos.

Frente a estos cambios profundos en los conflictos armados que hoy tiene Colombia, se requiere que la fuerza pública cambie su estrategia y logística para enfrentar los distintos grupos mafiosos que hoy tienen control y gobernanza en distintos territorios del país, todos asociados a rentas criminales, especialmente narcotráfico y minería ilegal

[1] El Tiempo. Las claves del proyecto de ley para regular el uso de drones en Colombia: Mindefensa lo radicó ante los 162 ataques registrados en lo que va de año. https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/las-claves-del-proyecto-de-ley-para-regular-el-uso-de-drones-en-colombia-mindefensa-lo-radico-ante-los-162-ataques-registrados-en-lo-que-va-de-ano-3476899#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Ministerio%20de%20Defensa,necesidad%20de%20controles%20m%C3%A1s%20estrictos%E2%80%9D.

Hugo Acero

Un presidente sin Estado

Escrito por Hugo Acero en Jun 4, 2025. Publicado en Opinión.

El presidente Gustavo Petro, cada vez más se comporta como si no fuera jefe de Estado. Convoca a manifestaciones y huelgas en contra de instituciones del Estado, sabiendo que esto puede paralizar al país y desconociendo las manifestaciones violentas que este tipo de acciones pueden generar. Se comporta como un opositor del gobierno y no como el gobierno. Pasamos del esquema gobierno-oposición, al gobierno de la oposición.

El presidente desconoce al poder legislativo, cuando sus proyectos de reforma no son aprobados y también al poder judicial, cuando los fallos en derecho no le son favorables a su gobierno o a algunos de sus fieles seguidores.

Pero ese comportamiento antidemocrático no es solo en contra de los otros poderes del Estado, también lo ha hecho con otras instituciones del poder ejecutivo, como ha sido el caso ante las posibles amenazas que se han hecho en su contra y donde se atreve a asegurar que “la Policía las demerita”, como se puede ver en este mensaje de su cuenta X, donde reitera la confirmación de esas posibles amenazas en su contra tras el hallazgo en un lanzacohetes antitanques en la ciudad de Bogotá.

Estas son cosas que ya el pueblo colombiano debe saber.

No sé el objetivo de los antitanques y las versiones policiales no me convencen. ¿qué hace la policía con armas antitanque?

Pero el tema es que no es la primera vez que se demeritan las amenazas por parte de policía y… https://t.co/wNgWDFbZvb
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2025

En este mensaje tiene varios apuntes cuestionables: En una de sus frases plantea: “No sé el objetivo de los antitanques y las versiones policiales no me convencen” y pregunta “¿qué hace la policía con armas antitanque?” Además de no creerle a su Policía, la verdad es que esta Institución no tiene lanzacohetes y lo que sucedió es que los artefactos encontrados fueron entregados por un habitante de calle en el barrio Eduardo Santos que los encontró en la basura, como lo confirmo la propia Policía y la reseña el diario El Tiempo en el articulo titulado ¿Cómo deshacerse de armas de difuntos o lanzacohetes como el que el Presidente reveló se hallaron en Bogotá? Ver https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/como-deshacerse-de-armas-de-difuntos-o-lanzacohetes-como-el-que-el-presidente-revelo-se-hallaron-en-bogota-3459359

El Presidente asegura: “Yo inicié con mis propios equipos la investigación, los resultados son contrarios” La pregunta es ¿el presidente tiene su propia agencia de investigación criminal? ¿Si no son investigadores de criminalística de la Policía o de la Fiscalía, quiénes por fuera de las instituciones del Estado están realizando esa investigación?
Frente a otros posibles atentados que en el pasado se iban a realizar en su contra, asegura “Supimos de la introducción a Colombia de dos misiles Sam16, tierra/aire, iban a ser usados en la Cop16 en mi aterrizaje. Use técnicas de clandestinidad y entre a Cali por otros métodos”. La pregunta en este caso es ¿El Presidente tiene otro esquema de seguridad que le permite “moverse de manera clandestina”, distinto al que le deben dar las instituciones legítimamente constituidas del Estado? ¿Ese esquema le garantiza la seguridad al jefe del Estado? ¿Todos los colombianos, por la gobernabilidad de este país, podemos estar confiados que el presidente tiene la seguridad requerida?
El Presidente en su cuenta X presenta mucha información criminal que, como jefe de Estado, debe denunciar ante las instancias de justicia e investigación pertinentes, en este caso ante la Fiscalía General de la Nación ¿Ya lo ha hecho Presidente con las pruebas que dice tener o que “sus equipos de investigación” han recogido?
Otra pregunta concreta: ¿De acuerdo con su mensaje, cuáles son los políticos y servidores públicos de la Fiscalía y la Policía que tienen relación con “La junta del narcotráfico que tiene sede en emiratos árabes unidos y es una multinacional del narcotráfico, integrada por mafiosos de varias nacionalidades”, que en su “opinión es la organización más poderosa de la cocaína a escala mundial”? ¿Los va a denunciar ante la justicia, como le corresponde?

Definitivamente el jefe de Estado, además de no tener confianza y no creerles a las instituciones del Estado, las irrespeta de manera permanente. Pareciera que tenemos los colombianos un Estado sin jefe.

Hugo Acero

Retos del Gobierno de Daniel Noboa en seguridad y justicia

Escrito por Confidencial Noticias en Abr 16, 2025. Publicado en Lo + Confidencial.

Análisis de Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz

Después del triunfo incuestionable del presidente Daniel Noboa en Ecuador viene, desde ya, la solución a los problemas apremiantes de la nación, en particular los que más preocupan a los ciudadanos, como es el caso de la seguridad y el empleo, dos temas fuertemente relacionados, en la medida en que sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay bienestar.

Son más de dieciséis meses de gobierno que lleva el presidente Noboa y que son la base para definir unas políticas de Estado en materia de seguridad y justicia para los próximos cuatro y más años, unas políticas de Estado que involucren a todas las instituciones responsables de estos temas.

Hay que partir de los logros alcanzados y de los retrocesos registrados durante este periodo, como es el caso del trabajo en equipo del Bloque de Seguridad (Policía, Fuerzas Militares), las alianzas estratégicas contra el crimen transnacional con distintos países europeos y EE.UU, los logros investigativos de la Fiscalía frente a la corrupción y la violencia homicida que disminuyó el año pasado, pero en lo que va corrido de este año ha aumentado de manera considerable, al igual que la extorsión.

Hasta ahora Ecuador se ha movido en materia de seguridad como si este tema fuera responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, sin que los poderes Legislativo y Judicial hayan asumido la responsabilidad plena que les corresponde en esta materia y de justicia.

Hay que notar que a la Asamblea le corresponde dotar al Estado de las herramientas constitucionales y legales para enfrentar el crimen transnacional del narcotráfico y al terrorismo, como es el caso de la extradición, el lavado de activos, la expropiación de bienes de origen ilegal y la discusión y aprobación sobre nuevos recursos para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, entre otras leyes y normas.

Al Poder Judicial le corresponde la administración pronta y transparente de justicia, disminuir la corrupción, reducir la impunidad, profesionalizar y ampliar el servicio de justicia a poblaciones y ciudadanos que no están siendo atendidos en esta materia y participar de la discusión de reformas y nuevas leyes para mejorar su servicio y eficacia frente a las nuevas y distintas formas de criminalidad que están afectando el bienestar y desarrollo social de los ciudadanos y la seguridad del Estado.

Hoy, después del proceso electoral, se hace necesario que las tres ramas del poder público trabajen en equipo para recuperar la seguridad de los ciudadanos, del Estado y blindar la democracia de los riesgos que plantea el accionar de los grupos criminales organizados, especialmente de la corrupción y cooptación de servidores públicos e instituciones para su servicio.

El trabajo en equipo es el camino.

Comienza un nuevo periodo de gobierno que debe estar marcado por el trabajo integral e interinstitucional del Estado ecuatoriano en tres áreas básicas de seguridad y justicia, las cuales deben contar con el liderazgo y participación de las tres ramas del poder público, en especial del poder ejecutivo en cabeza del presidente Daniel Noboa y de todo su gobierno:

Seguridad y convivencia ciudadana.
Seguridad del Estado y
Política criminal.

En estas tres áreas se requieren políticas de Estado que deben ser elaboradas y ejecutadas en el inmediato plazo (dos años), mediano (cinco años) y largo plazo (diez años).

Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Es necesario elaborar una política de estado en materia de convivencia y seguridad ciudadana que contemple acciones preventivas, disuasivas y de uso legítimo de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad y justicia, dando de esta forma un tratamiento integral a los problemas de violencia y delincuencia, devolviéndole al Estado el papel de garante de los derechos y deberes colectivos y restableciendo de esta forma el balance entre las actuaciones de la autoridad y el comportamiento de los ciudadanos; entre las acciones de prevención y las de regulación y entre el control sobre las actividades delictivas y los comportamientos que lesionan el bienestar de la comunidad; un plan que vaya de desde preventivo hasta el uso legitimo de la fuerza, como lo muestra el siguiente esquema:

Tanto en la elaboración, como en la ejecución y seguimiento de esta política de Estado, el Gobierno debe contar con la participación de las otras dos ramas del poder público, de los alcaldes, gobernadores y organizaciones de la sociedad civil. Una política pública de Estado que parta del principio constitucional y legal que la seguridad y la justicia son derechos de todos los ciudadanos que debe garantizar el Estado y el especial los gobiernos, sin importar que sean de derecha o de izquierda, y se debe ejecutar en el marco del Estado de derecho, es decir respetando los derechos humanos.

Hoy se abre una buena oportunidad para trabajar en equipo con todos los alcaldes, gobernadores y comunidades, sin importar su filiación política, para recuperar la seguridad de los ciudadanos y garantizar esos derechos ciudadanos; una oportunidad para unir y reconciliar a la nación entera en torno a estos temas que son los que más preocupan a todos los ecuatorianos independientemente de su filiación política.

Política criminal.

En este campo hay que realizar esfuerzos importantes para contar con elementos analíticos en el sector de la justicia y poder contar con una política pública criminal de carácter integral; una política criminal que vaya de la prevención al uso legítimo de la fuerza en materia de justicia y que con su ejecución en el mediano y largo plazo contribuya a reducir la demanda de justicia punitiva y por tanto de la utilización de la cárcel como casi único mecanismo de sanción punitiva.

En esta línea, es necesario formular y ejecutar la política de Estado en esta materia con la participación de todas las instituciones de la Rama Judicial y que se oriente a:

Realizar investigaciones socio-jurídicas y criminológicas para determinar la eficacia de la legislación vigente o propiciar su reforma.
Mejorar la eficiencia y eficacia de la justicia.
Reducir la impunidad.
Fortalecer la formulación de políticas en la materia y la interlocución ante los organismos nacionales e internacionales en el contexto de una política integral contra el problema mundial de las drogas y otras rentas criminales como la minería ilegal, el comercio ilegal de armas, la trata de personas, el contrabando, etc-.
Que fortalezca los sistemas de privación de la libertad y de sanción a adultos y de adolescentes que infringen la ley penal y que el Sistema penitenciario y carcelario cumpla con su tarea de resocialización e inserción social de los detenidos bajo el control del Estado y no de los delincuentes.
Ejecutar programas de prevención de violencia y delincuencia juvenil, disminuya los riesgos por armas, consumo de drogas y alcohol, disuada la comisión de contravenciones y delitos con la presencia y accionar de las autoridades y que formule leyes que disuadan comportamientos que afecten la convivencia ciudadana.
Promover los mecanismos alternativos de solución de conflictos interpersonales Mejorar las asignaciones presupuestales para el funcionamiento de la Rama Judicial.
Fortalecer a la Policía y la Fiscalía en sus labores de investigación criminal y control del delito.

Seguridad de Estado.

Seguridad de Estado, hoy se entremezcla con las anteriores políticas, en la medida que muchos problemas de seguridad ciudadana y de justicia terminan afectando la seguridad de Estado, como es el caso del narcotráfico que además de afectar la seguridad de los ciudadanos y comunidades, atenta con la estabilidad democrática del país cuando las organizaciones criminales, para beneficio de sus economías ilegales, terminan controlando territorios y ejerciendo gobernanza criminal en los mismos o involucrándose, a través de la corrupción, en los distintos procesos electorales para ejercer presión política y lograr apoyos para su actividad criminal.

Hoy el narcotráfico y otras rentas criminales como la minería ilegal, asociados a grandes mafias del crimen transnacional, son los principales problemas de seguridad nacional y deben ser asumidos y enfrentados por el Estado y la sociedad en su conjunto con una política de Estado que se sustente en la cooperación internacional de seguridad y justicia, en alianzas estratégicas con los países de la región, especialmente con Colombia y Perú, principales productores de la cocaína, con EE. UU. y distintos países de Europa y de otros continentes.

Comportamiento de la violencia homicida en Colombia, Medellín y Bogotá 1980, 2023

Escrito por Hugo Acero en Sep 30, 2024. Publicado en Opinión.

De manera recurrente, se piensa que hoy estamos viviendo uno de los peores momentos en materia de violencia y delincuencia debido a las acciones delictivas que se vienen presentando por parte de grupos criminales, desconociendo los logros alcanzados materia de seguridad en las últimas tres décadas.

Desde luego existen graves problemas que deterioran la seguridad de los ciudadanos en algunos territorios, especialmente en lo que tiene que ver con el crecimiento y control territorial de los grupos armados, pero es a partir de los aciertos y errores cometidos en el pasado que es posible retomar la senda de disminución de los hechos de violencia y delincuencia y recuperar la seguridad, partiendo de la frase “construir sobre lo construido”, usada por analistas y políticos, y dejando de lado la idea de desconocer los logros alcanzados por el país en este y en otros campos del desarrollo.

La violencia homicida, afecta el más importante derecho fundamental, “la vida”. Colombia en las últimas cuatro décadas ha registrado más de 800 mil homicidios dolosos, y como se expone a continuación, con momentos de incrementos y de disminución por distintos factores y por acción u omisión del Estado.

A continuación, se presenta, de manera particular, la situación de Colombia desde 1980 y, de manera general, los resultados de Medellín, Cali y Bogotá desde 1988 hasta el año 2023.

Crece la violencia homicida en los 80.

Durante los años 80 la violencia homicida en Colombia creció hasta el año 1991, año con la tasa más alta durante las últimas tres décadas, con 84 homicidios por cada 100 mil habitantes, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Periodo que se caracteriza por el crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones ligadas al narcotráfico, el nacimiento de los primeros grupos de paramilitares financiados por los carteles de la droga, como el MAS (Muerte a Secuestradores) y un accionar fuerte de las guerrillas, en especial de las FARC y del M-19. A finales de los 80 las acciones terroristas del narcotráfico en contra de la extradición se incrementaron.

Tiempo conflictivo que deterioró la seguridad de los ciudadanos, el narcotráfico diezmo de manera violenta la justicia colombiana e infiltró la política, varios candidatos presidenciales fueron asesinados, las autoridades de seguridad y justicia se concentraron en el conflicto armado y la delincuencia común no tuvo la atención debida.

Baja la violencia homicida 1992, 1998

A partir del año 1992 la violencia en Colombia se comenzó a reducir, pasó de una tasa de 84 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1991, a 57 en 1998. Este resultado se dio, entre otros factores, por:

Elaboración y ejecución de la primera política de seguridad del Estado colombiano, “La Estrategia Nacional Contra la Violencia”.

Creación del Bloque de Búsqueda en contra de los carteles de las drogas de Medellín y de Cali.

La reforma y depuración de la Policía Nacional.

Desarticulación del cartel de Medellín, cuándo es dado de baja Pablo Escobar el 4 de diciembre de 1993 en Medellín.

Captura de los líderes del Cartel de Cali en 1994.

La desmovilización de nueve grupos guerrilleros (M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Popular de Liberación, el Movimiento Quintín Lame, el Comando Ernesto Rojas, la Corriente de Renovación Socialista, las Milicias Populares de Medellín y el Frente Francisco Garnica) a través de los diálogos de paz del gobierno de Cesar Gaviria

Elaboración y ejecución de políticas integrales de seguridad ciudadana de las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá, con base en la Constitución de 1991 que daba responsabilidades en materia de seguridad a los alcaldes y gobernadores, contribuyendo a la reducción de la violencia homicida.

Vuelve a crecer la violencia homicida 1999, 2002.

En ese periodo la tasa de homicidios pasó de 57 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1998 a 67 en 2002. Esto debido principalmente a tres causas:

La presencia y accionar de grupos paramilitares en las principales ciudades del país.

Al fallido Proceso de Paz del Caguán con las FARC

Y al descuido estatal de la seguridad ciudadana.

Baja importante de la violencia 2003, 2018.

En los dos periodos de gobierno del presidente Álvaro Uribe y los dos periodos de gobierno de Juan Manuel Santos la violencia homicida disminuyó de manera considerable, se pasó de una tasa de 67 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2002 a 24 en 2018. Esto debido a cuatro causas:

La Política de Seguridad Democrática del presidente Uribe (2002 – 2010).

La continuidad de esta política por parte del presidente Santos, especialmente durante su primer periodo de gobierno.

La elaboración y ejecución de la primera política de seguridad ciudadana del gobierno Santos.

El proceso de paz y desmovilización de las FARC en el Gobierno Santos.

En los últimos años la violencia homicida se estancó en una tasa de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Hay que anotar que ciudades como Medellín, Cali y Bogotá contribuyeron de manera importante en la reducción de los homicidios en Colombia durante estas tres décadas, reconociendo en cada una de ellas particularidades distintas de afectación de la violencia y delincuencia, así como en el desarrollo de las políticas propias que se ejecutaron para enfrentar estos problemas.

A continuación, se presentan las gráficas del comportamiento de la violencia homicida en estas tres ciudades sin ningún análisis, solo para mostrar períodos de alta y baja violencia en ellas, que en el caso de Medellín y Cali se parecen al comportamiento irregular del país, mientras que Bogotá mantuvo en ese este periodo (1988, 2023) una tendencia permanente a la baja, salvo el periodo de gobierno de Samuel Moreno y Clara López.

Hugo Acero

La transnacionalización del crimen

Escrito por Hugo Acero en Ago 25, 2024. Publicado en General, Opinión.

Durante los últimos años, los problemas de violencia y delincuencia comenzaron a ser vistos por los ciudadanos de América Latina como una de las más importantes problemáticas que debe ser solucionadas por los Estados nacionales y locales, llámense países, gobernaciones, alcaldías o prefec- turas. Se debe reconocer que uno de los obstáculos más serios para el desarrollo social y económico de cualquier país, región, departamento o municipio está constituido por la violencia y la delincuencia, las cuales aún presentan tasas muy elevadas a nivel internacional. Los niveles de inseguridad causados por esta situación son un lastre muy pesado en materia de bienestar, productividad, competi- tividad y desarrollo.

Cabe anotar que el cumplimiento cabal de las funciones del Estado que ga- rantizan el bienestar de los ciudadanos, depende de la existencia de un orden social seguro. Así mismo, el desarrollo social y económico tiene como condición la posibilidad de que los asociados puedan desenvolver sus vidas en un ambiente previsible de seguridad y convivencia, en el cual estén garantizados los derechos a la vida, la integridad y los bienes. En este sentido, para que cualquier país tenga adecuados niveles de desarrollo humano, es necesario que el Estado garantice la convivencia y la seguridad de los ciudadanos, fortaleciendo los sistemas de justi- cia y seguridad, de tal forma que los habitantes gocen de sus derechos y cumplan con sus deberes.

El presente documento pretende dar un panorama general sobre el compor- tamiento de la violencia homicida en las últimas siete décadas en Colombia, en términos analíticos y estadísticos, así como el papel jugado por el Estado y los distintos gobiernos en materia de seguridad. Un ejercicio orientado a reflexionar sobre los diversos recorridos y manifestaciones de la violencia homicida en este país que nos permitirá comprender por qué durante un largo tiempo ha perma- necido sumido en altos niveles de violencia y sólo eventualmente retoma la senda de la seguridad y la paz.

Periodos de violencia y delincuencia que nos muestran como, a comienzos y mediados del siglo pasado, el Estado colombiano fue instrumentalizado por los partidos liberal y conservador, primero, en una disputa violenta entre ellos para manejarlo y beneficiarse y, segundo, para garantizar su alternancia política “pacifica” de gobierno a través del pacto denominado Frente Nacional (1958, 1974). Una democracia restringida que limitó el ingreso de otros partidos y ten- dencia políticas y que dio origen al conflicto armado con la creación y accionar de distintos grupos guerrilleros durante los años ‘60 y ‘70, y que a su manera querían llegar al poder.

Esta es una etapa que reprodujo, en Colombia, la Guerra Fría que desde mediados de siglo se vivía en el mundo, con dos bloques de poder represen- tados por los aliados (EE.UU., Reino Unido y Francia) y la Unión Soviética, y donde la seguridad del Estado y la seguridad nacional marcaron la pauta y se profundizaron en los subsiguientes años y gobiernos con la llegada y creci- miento del narcotráfico.

Si bien se mantiene la seguridad del Estado, con la Constitución de 1991 se avanza hacia la seguridad de los ciudadanos, en medio de las amenazas del con- flicto armado y el narcotráfico, una situación que en lo que va de este siglo ha generado nuevas amenazas para el Estado y para los ciudadanos en general, con una criminalidad cada vez más organizada.

Ver documento completo:

Hugo Acero

La fiscal tiene una buena propuesta

Escrito por Hugo Acero en Ago 5, 2024. Publicado en Opinión.

La fiscal, Luz Adriana Camargo, hizo una propuesta muy interesante para cambiar de método para medir la impunidad en el Sistema Penal Colombiano, donde algunas instituciones y expertos consideran que Colombia tiene una impunidad de más del 90%.

Frente a esta situación expuso: «bueno sería que el país empiece a hablar de temas tan relevantes como qué entendemos como impunidad, definitivamente lo que yo no creo que podamos entender como impunidad es que, si entran 10 denuncias al sistema penal y salen dos sentencias condenatorias, hay impunidad en ocho casos, porque no todos los casos están llamados a ser resueltos a través de una sentencia condenatoria»,

La Fiscal General enlistó otros mecanismos que contempla la ley como las conciliaciones, que dependiendo del delito permiten solucionar un caso sin que haya impunidad: «Nosotros tenemos un mecanismo de mediación que no estamos usando y que tenemos que utilizar, y de hecho la mesa de reforma de la justicia tiene un capítulo de la mediación. Y esta administración cree que es absolutamente necesario dinamizar eso, a la par de dinamizar las figuras premiales».

Pero no es solo le mediación u otros mecanismos de justicia restaurativa, hay que tener en cuenta el proceso mismo donde en muchas oportunidades las pruebas que sustentan las denuncias y detenciones no son suficientes en calidad y cantidad para que los jueces tomen las decisiones que corresponden de privar de la libertad, juzgar y condenar a los posibles infractores de la ley penal.

Todo esto sustentado erróneamente en que “la Policía detiene a los delincuentes y los jueces los sueltan”. Si bien hay que reconocer que algunos jueces no cumplen con su tarea como corresponde, también hay que hacerlo cuando en muchos casos los fiscales y policías no entregan pruebas en calidad y cantidad suficientes, para que, en primera instancia, los jueces puedan privar de la libertad a los posibles delincuentes”, en muchos casos por mal manejo de la escena del delito y de la cadena de custodia de las pruebas.

En este caso, un ejemplo importante se registra en Bogotá donde las autoridades locales, en varias oportunidades, han manifestado que en la ciudad se detienen más de 80 mil posibles delincuentes y menos del 10% se les priva de la libertad, lo que no queda claro es por qué el juez tomó esa decisión y en muchos casos tiene que ver con la falta de pruebas contundentes que no son entregadas por los fiscales y por la policía.

Por otro lado, en algunos casos los ciudadanos no denuncian, como lo propia Fiscal Luz Adriana lo expone: “Hay que pensar en un sistema de medición distinto al de cruzar denuncias que entran y sentencias que salen. «El punto es que la denuncia es un reclamo que hace un ciudadano, pero el ciudadano no siempre denuncia y no siempre tenemos la denuncia de los fenómenos que más nos afectan»

Finalmente, en el caso de los homicidios hay que reconocer que la Fiscalía y la Policía han avanzado en el esclarecimiento de una buena cantidad de casos, que determina quién es el posible homicida. En algunas ciudades este esclarecimiento supera el 40%, es decir se sabe que, de diez homicidios, en cuatro casos quién fue el posible homicida, Sin embargo, en esos cuatro casos no siempre se tiene detenido al posible homicida.

En este caso, la Policía y la Fiscalía deben seguir avanzando en el esclarecimiento de los casos de homicidios, de la determinación de los victimarios y sobre todo de su detención y judicialización. Para esto se requiere más personal especializado de la policía en investigación criminal y de la Fiscalía, fiscales especializados en este y otros delitos de gran impacto.

Finalmente, debemos estar completamente de acuerdo con la Fiscal Luz Adriana Camargo, tenemos que ajustar los parámetros de evaluación de la impunidad en Colombia. Pero más allá de esto, hay que fortalecer y profesionalizar la investigación criminal con más policías dedicados a esta labor y fiscales especializados en cada uno de los delitos que afectan la seguridad de los ciudadanos. No se trata de solo unos indicadores de impunidad, se trata de mayor efectividad y profesionalismo para esclarecer los hechos delincuenciales y eso no se resuelve con solo ponernos de acuerdo en como vamos a medir la impunidad, sino en la realidad en cómo la vamos reducir.

También, de manera importante y urgente, hay que profesionalizar y fortalecer la labor de los patrulleros de la Policía que prestan seguridad en las calles, para que hagan un adecuado manejo de la escena del delito y cuidado de las pruebas, como primeros respondientes.

fiscal, de acuerdo con usted, trabajemos en reducir la impunidad, no solo en los indicadores, sino en la realidad.

Hugo Acero

No estigmatizar la vigilancia privada

Escrito por Hugo Acero en Jul 1, 2024. Publicado en Opinión.

Las distintas posiciones en torno a la contratación de una empresa de vigilancia por parte del municipio de Sincelejo para prestar servicios de seguridad móvil y fija en esa ciudad, sirven para reflexionar sobre el papel que en la actualidad juegan las empresas de vigilancia en materia de seguridad y convivencia.

Para el alcalde de Sincelejo Yahir Acuña la vigilancia contratada está amparada por el Decreto 356 de 1994 que establece las modalidades de los servicios de vigilancia fija y móvil y “se concentra en la seguridad de espacios públicos, como parques y no pretende competir con las funciones de patrullaje y respuesta rápida que corresponden a la Policía».

Frente a esta decisión, el Gobierno Nacional reaccionó a través del Ministro de Defensa Iván Velásquez, quien, en primera instancia, en su cuenta X manifestó que “La alcaldía de Sincelejo debe desmontar de inmediato este “frente de seguridad”, que nos devuelve a épocas superadas del paramilitarismo, precisamente en una región que sufrió sus más graves impactos”. Posteriormente, en Bogotá, el Ministro, en compañía del director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, acordaron con el alcalde Yahir Acuña que “la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada realizará una visita a la empresa encargada del servicio de vigilancia móvil para verificar el cumplimiento de todas sus obligaciones legales y contractuales”.

Finalmente, tras la visita de la Superintendencia, esta entidad dictó una medida cautelar consistente en la “suspensión inmediata de las actividades de patrullaje y todas aquellas que trascienden a actividades exclusivas de la fuerza pública, relacionadas con restablecimiento, y/o conservación del orden público”.

Hasta ahora, tanto la defensa del contrato y la operatividad de la empresa de vigilancia en la ciudad de Sincelejo, por parte del alcalde Yahir Acuña, como la decisión de la Superintendencia, están sustentadas en el Decreto 356 de 1994 y seguramente en los próximos días se debe tomar una decisión de fondo que permita o limite el funcionamiento y operatividad de la empresa de vigilancia en esa ciudad.

Frente a estas distintas posiciones, respecto a la contratación de una empresa de vigilancia por parte de la administración de Sincelejo, hay que reconocer que se corre el riesgo que este tipo de seguridad pueda terminar, como lo menciona el Ministro, “regresando a épocas superadas del paramilitarismo, precisamente en una región que sufrió sus más graves impactos”, pero en este caso corresponde al Estado en cabeza de la Superintendencia, del Ministerio de Defensa, del gobernador y del propio Alcalde Jair Acuña, vigilar para que esto no ocurra.

Por otro lado, con este caso no se pueden estigmatizar los servicios que prestan las empresas de vigilancia y seguridad privada, que están regulados por distintas normas y en particular por el Decreto 356 de 1994 y vigilados por la Superintendencia. Hay que tener en cuenta que, en varias ciudades del país, incluida Bogotá, con base en la normatividad existente y con el visto bueno de la Superintendencia, algunas empresas de seguridad privada, de manera legítima y legal, prestan servicios de vigilancia fija y móvil en el espacio publico.

Esta es una buena oportunidad para analizar este servicio y su posible contribución a la seguridad y convivencia de los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que en Colombia hay algo más de cuatrocientos mil vigilantes privados, mientras que el número de policías está cerca a los ciento setenta mil, es decir, casi tres vigilantes privados por cada policía a nivel nacional y en algunas ciudades, como Bogotá, la proporción es de uno a cinco.

Hay que reconocer que hoy la mayoría de los ciudadanos tenemos más contacto diario con vigilantes privados que con nuestros policías, debido a que en número están muy disminuidos.

Como apreciar la importancia de la vigilancia privada.

En los distintos países del mundo, es casi imposible que el Estado y sus instituciones legalmente constituidas asuman en su totalidad y en todo momento la seguridad absoluta de todas las personas y bienes que hay en su territorio. Sean países desarrollados o no. Las razones son varias y diferenciales, de acuerdo a las condiciones específicas que tiene cada territorio. Una de las limitaciones principales, es que se dispone de recursos humanos y económicos insuficientes para la demanda que el tema de seguridad requiere, y porque las potenciales amenazas contra el bienestar general son infinitas y cambiantes.

A esto se suma el deterioro creciente de la seguridad de los ciudadanos frente a la ineficiencia de sus fuerzas de seguridad para resolver los complejos delitos que se cometen en la actualidad. Esta situación, que se da en un contexto mundial en el que el mercado empieza a participar en cuestiones que antes resolvía exclusivamente el Estado, propició la aparición de empresas de vigilancia y seguridad privada que proporcionan servicios de protección física y patrimonial de las personas e instituciones que las contratan.

Las empresas de vigilancia y seguridad privada son empresas habilitadas por la ley, contratadas por personas físicas, o personas jurídicas de carácter privado o público, con el fin de ejercer actividades de seguridad complementarias de la seguridad pública, sólo en lo concerniente a tareas de disuasión, protección de personas, resguardo de bienes, tratando de minimizar sus efectos en caso de que se produzcan.

Estas empresas brindan servicios tales como de seguridad física de personas, bienes y corporativa, protección, investigaciones, custodia de valores, vigilancia de áreas públicas, semipúblicas y privadas, espectáculos masivos, cárceles, etc, contando en muchos casos con importantes medios y tecnología.

De acuerdo con las capacidades humanas, técnicas y los avances en los servicios que en la actualidad tienen las empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia, se puede reconocer, apreciar y contar con su labor en distintos escenarios que congregan gran cantidad de ciudadanos y donde la Policía tiene una reducida presencia:

En conjuntos habitacionales cerrados, donde además de prestar las labores de seguridad y vigilancia en las entradas, salidas y áreas comunes, son pieza fundamental en la aplicación de los manuales de convivencia que rigen las copropiedades. Aquí es importante fortalecer la capacitación de los vigilantes en prevención y atención de emergencia y en mediación y resolución pacífica de conflictos.

Igual situación se da en centros comerciales y algunos sectores comerciales, eventos deportivos y culturales, donde en conjunto con la policía pueden garantizar la seguridad, la convivencia y el bienestar de los ciudadanos. Hay que anotar que hoy este tipo de eventos requiere de muchos policías, los cuales son sacados de la seguridad de barrios y calles, dejando a los ciudadanos en muchos casos desprotegidos. La vigilancia privada complementa la labor de seguridad y hace que haya menos policías en estos eventos y más en las calles y barrios.

También pueden ser un buen complemento en la vigilancia y seguridad de cárceles; una alianza público privada que puede profesionalizar y mejorar la seguridad de estos establecimientos, donde puede haber trabajo conjunto de servidores públicos de seguridad y de vigilantes privados. En esta línea, la Confederación de la Vigilancia Privada – CONFEVIP – ha manifestado públicamente el Interés de realizar Alianzas Público-Privadas -APP- para la construcción y puesta en funcionamiento de establecimientos carcelarios.

Las empresas están en capacidad de compartir con el Estado los distintos desarrollos humanos y tecnológicos que poseen, como sistemas de videovigilancia, ciberseguridad, procesos de analítica de datos, cámaras faciales, drones, etc.

En conclusión, esta polémica que se desató la semana pasada en el país frente a los servicios que prestan las empresas de seguridad privada, nos lleva a la reflexión y el análisis consiente que tienen que hacer las instituciones del Estado para no estigmatizar los servicios que prestan las empresas de vigilancia y seguridad privada e identificar cuáles son los canales y medios legales para hacer de estas empresas unos aliados en la construcción de espacios seguros y controlados. Teniendo en cuenta la premisa que usamos los expertos en temas de seguridad, “se requiere del liderazgo del Estado, del trabajo articulado e interinstitucional y de la participación de los ciudadanos y del sector privado”, en este caso hay que trabajar de la mano con las empresas de vigilancia y seguridad privada para mejorar la seguridad de los ciudadanos.

Por: Hugo Acero Velásquez.

Mabel Cristina Quiroz

Ciudadanos armados no pueden prosperar en Bogotá

Escrito por Hugo Acero en Abr 23, 2024. Publicado en Opinión.

Según la noticia de El Tiempo del día domingo 21 de abril, titulada “Cansados de la extorsión, ciudadanos están creando grupos de seguridad armados en zonas de Bogotá”, en el 7 de Agosto “se formaron contra grupos de ciudadanos que se unieron para formar un frente de seguridad para “protegerse de la delincuencia”… “Hay quienes aseguran que los miembros de estos nuevos grupos de seguridad que operan a lo largo de 11 cuadras en el Siete de Agosto están uniformados y cuentan con armas de defensa personal”. Según esta noticia “En barrios de Santa Fe, Candelaria y Kennedy también hay rastro de esto. Sin embargo, la situación allí es diferente porque la presencia de estos grupos o “frentes de seguridad” es menos latente”.

Como parte de esta noticia “EL TIEMPO conversó con Jesús Miranda, líder de un frente de seguridad y defensor de la implementación de la legítima defensa, quien explicó que esto es necesario porque debe haber alguien que tenga una reacción inmediata ante las situaciones de criminalidad”. Este señor sostiene “Yo coordino un grupo de vigilancia que está armado, y usamos las armas traumáticas para disuadir al delincuente (…); a veces, las autoridades se demoran o, incluso, no llegan”. Señaló que en algunos frentes de seguridad de la ciudad los integrantes “andan con armas letales o traumáticas” que les permitan contener la delincuencia”.

Esta línea, donde los ciudadanos armados se puedan defender, también la plantea el director de Fenalco Bogotá-Cundinamarca Juan Esteban Orrego “Hay una propuesta y es quitar la restricción del porte de armas con salvoconducto, que muchos de los comerciantes tienen, pero que no pueden usar debido a la legislación actual. Yo creo que a los comerciantes que tienen un arma con salvoconducto se les debería permitir portarla, y así los delincuentes lo pensarían dos veces antes de cometer muchos delitos”, dice Juan Esteban Orrego.

Estas situaciones van a incrementar la violencia en los territorios y el problema está en que la extorsión y otros problemas de inseguridad se siguen tratando sólo con intervenciones de la Policía, Fuerzas Militares y la Fiscalía, que desde luego son fundamentales, pero hace falta la participación de otras instituciones del Estado que deben trabajar de manera cercana a los ciudadanos y comunidades afectadas, fortaleciendo o creando capital social, transformando los entornos urbanos y mejorando la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad, justicia y desarrollo social.

El argumento es que donde se impone la extorsión y el control territorial de los grupos delincuenciales hay ausencia del Estado y la única medida que toman las autoridades nacionales y locales es mandar policías y fiscales para solucionar estos graves problemas. En muchos casos estas acciones solo logran paliar estos problemas por un momento y no solucionarlos de fondo.

En el caso de Bogotá, especialmente en los territorios donde se vienen presentando estos graves problemas, hay que preguntar dónde están las alcaldías locales, los inspectores de policía, las unidades de mediación, los gestores de convivencia, en general las casas de justicia. Dónde están los servidores públicos que solucionen los problemas de iluminación, basuras, vías, movilidad, entornos urbanos deteriorados, desorganización y ausencia de participación ciudadana y comunitaria, entre otros problemas.

La extorsión y otros tantos problemas de inseguridad no se solucionan solo con la presencia y accionar de la Policía y la Fiscalía en los territorios donde se presentan, se requiere una acción integral donde participen las autoridades anteriormente mencionadas, se requiere cercanía de todas las instituciones del Estado con los ciudadanos y comunidades, creación y fortalecimiento del capital social donde de manera conjunta y participativa con las comunidades se solucionen los problemas de violencia, delincuencia y desarrollo social.

Frente a la extorsión, adicional a las acciones de presencia y control de la Policía y la Fiscalía en los territorios afectados, se requiere la intervención de otras instituciones del Estado que promuevan la organización comunitaria, la participación ciudadana, la convivencia, el bienestar y el desarrollo territorial; un Estado cercano que se gane la confianza de los ciudadanos y que con sus acciones disuada y prevenga la presencia y accionar de los grupos delincuenciales o que con la intervención integral, incluidas las instituciones de seguridad y justicia, recupere la seguridad y la convivencia ciudadana.

Hugo Acero

Cultura ciudadana y racionamiento de agua

Escrito por Hugo Acero en Abr 10, 2024. Publicado en Opinión.

Hoy cuando estamos avocados a un posible racionamiento de agua y de energía en muchos municipios del país por los efectos del fenómeno de “El Niño” que está dejando sin agua a los embalses, la sensación que se tiene es que estamos gobernados por funcionarios que saben mucho de los problemas, pero no hacen nada para solucionarlos o por lo menos para reducir sus consecuencias.

El Gobierno Nacional ha reconocido en varias oportunidades que la sequía sería extrema por el fenómeno de “El Niño” y que algunos municipios podrían ver suspendido el suministro de agua. Hoy, después de varios meses y cuando “la profecía se hizo realidad”, solo recomiendan a los departamentos y municipios adoptar de forma obligatoria planes de contingencia para hacer frente al posible racionamiento de agua.

Recomendaciones que no aclaran cuáles son los posibles planes de contingencia que podrían asumir los municipios, ni cómo el Gobierno Nacional va a participar de los mismos, solo apoyar a los que ya tomaron decisiones de racionamiento, como es el caso de Bogotá.

Pareciera que, ante un problema tan grave, como el posible racionamiento de agua, la búsqueda de solución se pone en cabeza de los alcaldes, cuando es un problema que debe solucionar el alto Gobierno con la participación de los alcaldes, gobernadores y ciudadanos. Es claro que algunos gobiernos nacionales les gusta descentralizar los problemas y centralizar los logros.

Es increíble que, en este tema, donde Colombia tiene experiencias buenas y malas con el racionamiento de los años 1992 y 1993 y los efectos del fenómeno de “El Niño” 1997 y 2009, cuando se estuvo cerca de otro racionamiento, hoy no tengamos soluciones a esta nueva sequia o por lo menos no recurramos a experiencias como las de “Cultura Ciudadana” que adelantó el alcalde Antanas Mockus para evitar el racionamiento. Con acciones de regulación moral, cultural y legal se logró que el consumo de agua de los hogares bajara en un 20% en ese momento y posteriormente siguió bajando, haciendo que años después el consumo por hogar se redujera en cerca de un 50%.

Claro, en este tema no veo al Presidente bañándose ante las cámaras de TV sobre un platón para recoger el agua utilizada, que luego sirve para los sanitarios. Tampoco siento que conozca y maneje coherentemente el tema de la cultura ciudadana y sobretodo la armonización entre ley, moral y cultura.

Bueno, pero ese no sería un impedimento para utilizar las herramientas de comunicación que en su momento usó el alcalde Mockus para involucrar a los ciudadanos en la solución del posible racionamiento. En este caso es el propio presidente quien debería invitar a los ciudadanos a ahorrar agua con acciones claras, como las que recomendó Mockus: bañarse recogiendo el agua que cae, utilizar la mitad del tiempo en la ducha y la mitad del chorro, no bajar la cisterna cuando se orina, ahorrar agua en los lavaplatos cerrando la llave mientras enjabona la loza, reutilizar el agua que sale de las lavadoras, utilizar un vaso con agua para bañarse los dientes, instalar ahorradores de agua, etc, etc.

Acciones políticas menos complicadas que gobernar con la razón, pero no menos importantes en momentos en donde este preciado líquido escasea y que más pronto que tarde nos llevará a la guerra del futuro, “la guerra por el agua”.

Hugo Acero

Presidente acabe con este horror

Escrito por Hugo Acero en Feb 5, 2024. Publicado en Opinión. No hay comentarios en Presidente acabe con este horror

Hasta el 13 de enero de 2024 el Instituto Nacional de Salud reportó 1346 quemados por pólvora en la navidad y comienzo de 2023, que representa un 17% más de los casos que se reportaron 2022 y comienzos de este año. De estos casos, 426 las victimas son menores de edad, que representan un incremento del 19,3%.

Con estas cifras, sería el reporte más alto de quemados de los últimos catorce años, periodos durante los cuales el numero de quemados creció en un 90%, se pasó de 710 casos en la navidad de 2019 a 1346 en 2023, como se puede ver en la siguiente grafica:

En estos últimos catorce años (2010, 2023), según los reportes del Instituto Nacional de Salud, se han presentado 13.487 quemados por pólvora, que, si se les ponen los costos económicos por la atención en salud, que en promedio por paciente es de diez millones de pesos, se tiene que los costos totales superarían los 130 mil millones de pesos, sin contar el resto de quemados que suceden a lo largo de cada año.

Hay que anotar que estos son solo los costos en que incurre el sistema de salud, sin tener en cuenta otros que producen las lesiones y muertos por pólvora, como son los costos de rehabilitación, tales como cuidados en un sanatorio, terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, gastos en el cuidado de los lesionados, ayudas de limpieza, conductores u otro personal de ayuda que no se necesitaba previamente a las lesiones, pérdida de ingresos debido a estar incapacitado, una reducción de ingresos debido a un cambio en la profesión causado por sus lesiones, dolor y sufrimiento, que tiene que ver con la incapacidad para asistir a la escuela, eventos sociales y vacaciones, también cohibición, dolor físico y el sufrimiento incurrido debido a discapacidades físicas o desfiguración y los costos por daños a propiedades.

Como se puede ver, los costos expuestos son una pequeña parte de los costos totales que producen las lesiones por pólvora. Esto sin contabilizar los cuantiosos recursos que invierten los distintos gobiernos nacionales y locales en campañas publicitarias para que los ciudadanos no utilicen pólvora.

A nivel territorial, de 37 entidades territoriales reportadas por el Instituto Nacional de Salud, entre departamentos y principales ciudades, en la pasada navidad y comienzos de este año, en 20 aumentaron de manera considerable los quemados, en cuatro no hubo victimas y 12 disminuyeron, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Otros efectos del uso indiscriminado de la pólvora.

Como bien lo expone Ricardo Correa en su artículo “Tiranos ruidosos” existen algunos otros efectos del uso de la pólvora, como es el caso del terror que produce el ruido de este material al utilizarse en algunos animales[1]

“Por mucho tiempo pensé que era su condición particular, que le «daba miedo» la pólvora. Hace unos años me enteré que no era nada particular esta reacción, que lo obvio y natural es que no solo a los perros, sino a muchos animales domésticos y silvestres, con un oído muchísimo más agudo y sensible que el humano, el estallido de la pólvora les causa un daño y un dolor enorme.

Está más que comprobado lo lesiva que es la pólvora para el sistema nervioso de muchos animales; también afecta el corazón, el sistema respiratorio e incluso los ciclos circadianos. Muchos pájaros abandonan sus nidos al momento de la detonación, algunos se pierden o mueren. Las aves nocturnas como los búhos se ven tremendamente afectadas, mientras el ganado puede llegar a padecer crisis de estrés, tanto como las aves de corral.

Muchas especies de insectos se ven gravemente perjudicadas y mueren por intoxicación debido al humo de la pólvora, humo que valga decir no es nada bueno para niños, enfermos y personas mayores, ya que puede causar complicaciones respiratorias. Pruebas del aire luego de exhibiciones de fuegos artificiales han llegado a mostrar incrementos de arsénico, cadmio, mercurio, plomo, bario radiactivo, perclorato y dioxinas hasta por quinientas unidades.

Hay más vicios ocultos relacionados con la pólvora, por ejemplo, buena parte de ella es producida de manera clandestina, en fábricas insalubres que exponen a sus trabajadores a contaminación por la toxicidad de sus compuestos. Por otro lado, mucha es producida en países como China, con condiciones que reprueban dramáticamente los derechos humanos y con alta incidencia de trabajo infantil abusivo”.

Qué hacer

Frente a esta grave situación, que parece no tener fin, es que se propone, por ahora, que el uso de la pólvora se limite a los espectáculos pirotécnicos, realizados por profesionales con todas las medidas de seguridad y no permanezca en manos de ciudadanos inexpertos que de manera irresponsable manipulan estos productos y producen lesionados y muertos, especialmente niños y niñas, hechos que no han dejado de aumentar, como lo registra todos los años el Instituto Nacional de Salud. El Presidente Gustavo Petro puede prohibir el uso de la pólvora por parte de los ciudadanos comunes y corrientes para el próximo diciembre, con once meses de anticipación. Es decir que en todo el territorio nacional solo se autorizarían espectáculos

pirotécnicos realizados por expertos. Con esto, los productores de pólvora tendrían casi un año para que, con el apoyo del Gobierno Nacional y las autoridades departamentales y municipales, puedan profesionalizarse o cambiar de actividad productiva.

Sin desconocer la problemática social, económica y política que puede provocar una solución de estas características, frente a los productores de artículos pirotécnicos y sus familias, el Estado nacional y territorial (alcaldes y gobernadores) pueden asumir, en el mediano y largo plazo, un proceso de reconversión laboral orientada hacia los productores que no van a seguir con la actividad como expertos productores de espectáculos pirotécnicos.

Seguramente se argumentará que esta solución es muy costosa, pero no lo es si se comparan los costos que produce la utilización indiscriminada de pólvora por parte de los ciudadanos comunes y corrientes, en términos de lesiones, vidas, los efectos sobre los animales, el medio ambiente y los daños materiales que se producen por incendios.

Frente a esta propuesta, estoy seguro, que algunos alegarán el derecho al trabajo y algunos otros el derecho al desarrollo personal y cultural “porque los colombianos celebramos con pólvora desde hace muchos años y es tradición desde los Chinos”. Sin embargo, hay que recordar que por encima de esos derechos están los derechos fundamentales a la vida e integridad de los niños y las niñas, sin los cuales no se pueden ejercer los demás derechos o se pueden ejercer de manera limitada cuando se pierde la vista, las manos o cualquier parte del cuerpo. Ojalá avancemos por este camino.

Encuentre aquí más columnas de Hugo Acero

[1] Ver “Tiranos ruidosos” de Ricardo Correa en la Patria de Manizales Jueves, diciembre 14, 2017. http://www.lapatria.com/node/402658