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Cómo terminan las principales ciudades en materia de seguridad

Escrito por Hugo Acero en Dic 29, 2023. Publicado en Opinión. No hay comentarios en Cómo terminan las principales ciudades en materia de seguridad

Para evaluar los resultados, en materia de seguridad, de los actuales alcaldes y alcaldesas de las principales ciudades, es necesario tomar como línea base el año 2019 y no solo los resultados de este ultimo año, comparado con 2022. Este artículo solo pretende mostrar las cifras de delitos de mayor impacto registradas en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional –SIEDCO– para que analistas y los nuevos alcaldes y alcaldesas puedan sacar sus conclusiones y definan acciones para mejorar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos durante el periodo de gobierno que se avecina.

Para comparar los resultados de seguridad de doce ciudades importantes del país (Bogotá, Cali, Medellín Barranquilla, Cartagena, Manizales, Cúcuta, Pereira, Ibagué, Villavicencio, Bucaramanga y Pasto) se tomaron las denuncias registradas en el SIEDCO de diez delitos de mayor impacto entre 2019 y 2023, se organizan por ciudad y se comparan los resultados entre ciudades, de acuerdo al número de delitos que han aumentado o disminuido. En este caso las cifras no se presentan dándole mayor peso al delito de más sanción penal, como es el caso de los homicidios, que será objeto de otro análisis.

Dado que para el año 2023 SIEDCO solo tiene publicadas cifras de delitos de mayor impacto hasta noviembre, para efectos de análisis comparativo con el año completo de 2019, a cada delito de 2023 se le sumo la cifra registrada en diciembre de 2022.

De acuerdo con estas cifras, dentro de las doce ciudades, se destaca, primero, la ciudad de Manizales como la más segura. De 10 delitos registrados, solo el hurto de automotores aumentó de manera leve, pasó de 7 casos registrados en 2019 a 10 en 2022. Se destaca la disminución de los homicidios en un 44%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Segundo, le sigue la ciudad de Pasto donde el homicidio disminuyo en un 23% y solo dos delitos han aumentado, el hurto a personas en un 43% y el hurto a motocicletas en un 15% (ver siguiente cuadro):

En tercer lugar, se ubica Medellín, donde aumentaron los hurtos automotores 7%, motocicletas 27% y el hurto a personas 13% y se destaca la disminución de los homicidios en un 38%.

En cuarto lugar, se sitúa Pereira donde aumentaron los hurtos a Automotores 97%, Motocicletas 51% y a personas en un 40% y disminuyo el homicidio en un 9%.

En quinto lugar, está Bucaramanga, donde han aumentado tres delitos, los homicidios 8,4%, y los hurtos motocicletas 19,7% y a personas 47%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Bogotá se sitúa en el sexto lugar, aumentaron los homicidios en 1,6% y los hurtos de automotores 7,4%, motocicletas 17% y a personas 18,8%.

En séptimo lugar se ubica Villavicencio, donde los homicidios aumentaron en un 20% y los hurtos a motocicletas 46%, a personas 48% y a residencias 3%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Sigue Cúcuta en octavo lugar. Aumentaron los homicidios 22% y los hurtos de automotores, 31%, motocicletas 10% y a personas 14%.

En noveno lugar se ubica Cartagena donde los homicidios aumentaron en un 109%, los hurtos a automotores 38% y a personas 29% y la violencia intrafamiliar en un 32%.

En decimo lugar aparece Ibagué, donde aumentaron los homicidios en un 4%, los hurtos a automotores 38%, motocicletas 82% y a personas en 31%, además de la violencia intrafamiliar en un 9%.

En decimo primer lugar aparece Barranquilla donde aumentaron los homicidios 34,5%, los hurtos a automotores 100%, motocicletas 30,5% y a personas 12,6% y además aumento la violencia intrafamiliar en un 44,9%.

Finalmente, y como caso especial, se presentan los resultados de Cali, donde todos los delitos disminuyeron, según el reporte de SIEDCO, como se puede ver en el siguiente cuadro.

Situación que debe revisarse si se tiene en cuenta el comportamiento irregular de algunos delitos entre los meses de julio y noviembre de 2023, especialmente las cifras de hurtos a comercio, personas y residencias. Por ejemplo, en el caso del hurto a personas que mantenía un promedio mensual cercano a 2000 casos, en el mes de julio pasó a 199, agosto 178, etc, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Seguramente existe una explicación a estas disminuciones tan importantes, dentro de las que no se puede descartar que se debe al accionar y operatividad de las autoridades de seguridad y justicia, que de ser así se deberían replicar en las demás ciudades y municipios del país donde estos delitos no han dejado de crecer.

Temas a tener en cuenta para evaluar de mejor manera la gestión de los actuales alcaldes y alcaldesas.

Para evaluar la gestión de los alcaldes y alcaldesas de estas ciudades hay que tener en cuenta una serie de hechos que hicieron más compleja la situación de inseguridad durante este cuatrienio de gobierno:

Primero, el crecimiento y consolidación de estructuras criminales cada vez más organizadas y violentas. Hoy no se está ante un delito de oportunidad, sino ante verdaderas empresas criminales que explotan las distintas rentas del narcotráfico, microtráfico, extorsión, trata de personas, comercio ilegal de armas, contrabando como forma de pago del narcotráfico, los hurtos de carros, motos, celulares, joyas, distintas modalidades de ciberdelito y los famosos y violentos préstamos gota a gota.

Aquí se requiere, más que el aumento de policías en la calle, que va a ser muy difícil incrementarlos porque la Nación no asignó recursos para esto, aumentar y fortalecer los equipos de inteligencia e investigación criminal. Más policías y fiscales especializados para atacar, no solo las estructuras y personal de los grupos criminales existentes, sino sus finanzas, sus rentas criminales, que es lo que más les duele.

Segundo, las protestas sociales que comenzaron en 2019 con el paro nacional de estudiantes y se sostuvieron durante los siguientes dos años. Protestas legítimas que en algunos momentos se tornaron violentas y que comprometieron a casi todo el personal de la Policía, presentándose casos de exceso de fuerza y violación de los DD HH. Este tipo de protestas disminuyeron con la llegada del nuevo gobierno de Gustavo Petro.
Tercero, la atención a la pandemia del COVID que comenzó en marzo de 2020 y que se extendió hasta bien entrado el 2021. Aquí la Policía tuvo una de las tareas más difíciles y poco reconocidas, el control de los ciudadanos en los aislamientos y de las medidas sanitarias impuestas, situación que no en pocas oportunidades creó tensión y desavenencias con distintas poblaciones. Tanto la atención de las protestas, como las medidas control durante la pandemia, terminaron afectando la confianza de los ciudadanos en la Policía y por tanto la seguridad de los ciudadanos.
Cuarto, sin desconocer el trabajo coordinado de la nación y los entes territoriales en la atención de la pandemia, en materia de seguridad y orden público la relación no ha sido la mejor. Discusiones públicas, en algunos casos irrespetuosas, minaron la coordinación y trabajo en equipo que debería darse para mejorar la seguridad de los ciudadanos y el control de los territorios. Inclusive, con el nuevo gobierno nacional, esa coordinación nación territorio no se ha podido lograr, como lo han manifestado públicamente los alcaldes y gobernadores.

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La pandemia de las motos

Escrito por Hugo Acero en Nov 20, 2023. Publicado en Opinión. No hay comentarios en La pandemia de las motos

El incremento del parque automotor de motocicletas en Colombia y el mal comportamiento de los usuarios de este medio de transporte, han disparado el número de muertes en siniestros viales, se pasó de 5.418 muertes en 2005 a 8.301 el año pasado, siendo el incremento más alto el de motociclistas, que pasó de 1.308 en 2005 a 4.869 en 2022, incremento del 272%, como se puede ver en la siguiente gráfica:

El importante estudio “Las motos en Bogotá, uno de los más grandes retos regionales” de la Fundación Ciudad Humana, reseñado por El Tiempo de hoy, muestra cómo ha crecido el parque automotor, en especial de motos, en la capital y 18 municipios vecinos “todo el parque automotor suma 4,3 millones vehículos, de los cuales 3,1 millones, es decir, el 71,5 %, corresponde a motocicletas y automóviles. El millón de automotores restante son camionetas, camperos, servicio especial, transporte público, camiones, cuatrimotos y triciclos, etc”.

Como se expone en la nota anexa “con corte al 31 de diciembre de 2022, en la Sabana y Bogotá circulaban 1’600.231 carros –los más utilizados en Bogotá– y 1’518.603 motocicletas. Estos datos frente a los de 2021 revelan que entre un periodo y otro hubo un aumento de 282.697 motos en la región frente a 69.272 autos”.

Paralelo a este incremento de las motos de Bogotá, ha aumentado en los dos últimos años las muertes, en especial de motociclistas y peatones, como se puede ver en la siguiente gráfica:

Este crecimiento no controlado y la falta de verdaderos controles de tránsito a los motociclistas es lo que ha provocado el incremento de la siniestralidad vial, donde las principales víctimas son los propios motociclistas y parrilleros.

Sin los controles apropiados, será muy difícil controlar esta pandemia.

Hugo Acero

Sin resultados la “Potencia de la Vida”

Escrito por Hugo Acero en Oct 31, 2023. Publicado en Opinión. No hay comentarios en Sin resultados la “Potencia de la Vida”

Por: Hugo Acero Velásquez

Las cifras de muertes violentas y lesionados reportadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y septiembre de este año, comparadas con el mismo periodo del año anterior, muestran que las muertes violentas en Colombia siguen creciendo. Los homicidios han aumentado en un 5,3%, 517 casos más, se pasó de 9.844 homicidios entre enero y septiembre 2022 a 10.361 en el mismo periodo de este año. Las muertes en siniestros viales aumentaron en un 2,8%, los suicidios en un 10% y las muertes accidentales en un 4,9%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Pero no son solo las muertes violentas las que han aumentado, también las lesiones. Salvo los delitos sexuales, la violencia entre personal, la violencia intrafamiliar, las lesiones en siniestros viales y las lesiones accidentales han crecido en Colombia, entre enero y septiembre de este año.

De continuar con estas cifras, difícilmente el gobierno de Gustavo Petro podrá cumplir con las metas que se fijó en su Plan de Desarrollo y Colombia no será la “Potencia de la Vida” que pretende convertirla.

Con relación a los demás delitos, el Ministerio de Defensa reporta que entre enero y septiembre se pasó de 99 secuestros extorsivos en 2021 a 141 en 2022 y este año, hasta septiembre, ya iban 167 casos. Algunos otros delitos también han aumentado, como es el caso de los hurtos a personas 18%, vehículos en 3%, motocicletas 5%, residencias 3% y la extorsión aumentó en un 18%. En general las cifras no son favorables y los ciudadanos se sienten cada vez más inseguros.

Frente a esta situación de incremento de la violencia y la delincuencia, uno de los temas más importantes que el presidente Gustavo Petro y los ministros del interior, Defensa y Justicia deben trabajar con los nuevos alcaldes y gobernadores en la seguridad de los ciudadanos y de los territorios, que está siendo afectada de manera grave por las distintas estructuras criminales que operan en las regiones y ciudades del país.

En este campo, no basta con una reunión con los nuevos mandatarios locales en la Presidencia de la República o un “cónclave” para discutir qué se va a hacer, es necesario definir una estrategia de trabajo coordinado y permanente de los ministros del Interior, Defensa, Justicia y Planeación Nacional con los mandatarios locales, trabajo coordinado que debe contar con la participación de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, dado que este es el problema más grave de Estado que hoy tiene el país.

Seguramente, no será posible trabajar con todos los alcaldes y gobernadores, pero dadas las características de los problemas de violencia y delincuencia, los esfuerzos se pueden focalizar en aquellas regiones y ciudades donde se concentran los principales problemas. Por ejemplo, cerca del 55% de los homicidios se concentran en 50 municipios del país y las ciudades con mayor número de casos, algo más del 30%, son Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cúcuta, Santa Marta, San Andrés de Tumaco, Soledad y Quibdó.

En el caso de los departamentos se puede trabajar por regiones donde se concentra el accionar delictivo de las organizaciones delincuenciales que se disputan las distintas rentas criminales del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, el comercio de armas ilegales, la extorsión, entre otras. Se pueden concentrar los esfuerzos en los departamentos de las fronteras con Ecuador, Perú, Venezuela y Panamá, entre Meta y Guaviare, en el Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño, en el Catatumbo y otras regiones suficientemente conocidas por las autoridades.

Si el presidente Gustavo Petro no asume este tema, como corresponde, y bajo su liderazgo no promueve y sostiene el trabajo permanente y en equipo con todas las autoridades estatales de seguridad y justicia, incluidos los alcaldes, gobernadores, la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría, difícilmente se va a recuperar la seguridad de los ciudadanos en todos los territorios y ciudades y Colombia no será la “Potencia de la Vida” que pretende lograr con su plan de desarrollo.

Todas las muertes violentas están aumentando

Escrito por Hugo Acero en Oct 11, 2023. Publicado en Opinión. No hay comentarios en *Todas las muertes violentas están aumentando *

De acuerdo con reporte de Medicina Legal, todas las muertes violentas en Colombia, hasta el mes de julio de 2023, han aumentando, incluidos los homicidios, mientras MinDefensa y la Policía Nacional dicen que están disminuyendo.

Los homicidios han aumentado en un 5.5% entre enero y julio de este año, comparado con el mismo periodo del año anterior, son 412 casos más.

La diferencia entre las cifras que maneja Mindefensa y Medicina Legal seguramente está relacionada con la exclusión de algunos homicidios por parte de la Policía, cómo es el caso de los homicidios por “uso legítimo de la fuerza”, por legítima defensa y preterintencionales. Esto no solo pone en cuestión las cifras, sino que se anticipa, de manera irregular, a la calificación que sólo pueden dar los jueces tras los juicios que adelantan para condenar o absolver a los posibles victimarios.

Cómo se puede ver en el cuadro anexo, también han aumentado los muertos en siniestros viales en un 5%, los suicidios en un 17% y las muertes accidentales en un 7%.

Hugo Acero

Reconocimiento a Antanas Mockus

Escrito por Hugo Acero en Oct 8, 2023. Publicado en Creo en Bogota, Opinión. No hay comentarios en Reconocimiento a Antanas Mockus

Por: Hugo Acero Velásquez.

En medio de tantas “jugaditas” para tener mayor poder, algunos dirán “gobernabilidad”, que tanta falta nos hace recordar y tener a Antanas Mockus. Como gobernante nunca interfirió para beneficio de sus gobiernos en la elección de las cabezas de los organismos de control o para el manejo del Concejo. Creía y respetaba profundamente la independencia de los poderes públicos y del control político como elementos indispensables de la verdadera democracia.

Hoy, en medio de los debates en torno a la selección de las ternas para el Fiscal General de la Nación y de un nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional, prevalece el amiguismo subalterno y sumiso, antes que la independencia de los poderes públicos. Desde luego que esto lo han hecho todos los presidentes, pero ¿por qué no es posible hacerlo de manera distinta y más con el gobierno de Gustavo Petro que prometió el cambio de las costumbres políticas?

Estas cuestiones me llevaron a recordar como Antanas cuestionaba “la cultura de los atajos, del todo vale y del vivo, donde no importan los medios, sino los fines con tal de obtener los resultados que se buscan” y a pesar de lo que esta sucediendo, todavía guardo una pequeña esperanza que el presidente Gustavo Petro reoriente sus acciones y de verdad haga cambios en las costumbres políticas que tanto critico.

En medio de esta molesta situación y a la espera que el Presidente haga verdaderos cambios democráticos, quiero recordar al Maestro y rendirle un reconocimiento a su actividad en el sector público y a los logros y trasformaciones en materia de cultura ciudadana.

Reconocer su incidencia en materia de reducción de los homicidios en Bogotá, que registró la cifra más alta en 1993, con 4.352 casos que representó una tasa de 79 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 1994, último año de gobierno del alcalde Jaime Castro bajó a 70 y entre 1995 y 1997, gobierno de Antanas Mockus y Paul Bromberg bajó a 47, periodo durante el cual el respeto a la vida fue el eje central de la política de seguridad bajo el slogan “La Vida es Sagrada”.

Tendencia a la baja de los homicidios que se mantuvo durante el Periodo de Enrique Peñalosa (1998, 2000), que terminó su gobierno con una tasa de 38 y finalmente Antanas volvió a gobernar en 2001 y entregó la ciudad con una tasa de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2003; una reducción del homicidio del 68% durante esos 10 años (1994, 2003). Esta tendencia a la baja se mantuvo hasta que llego el gobierno de Samuel Moreno y Clara López, ver siguiente grafica:

Otro logro importante de este periodo tiene que ver con la reducción de las muertes en siniestros viales. La ciudad registró en 1994 1.387 muertos en siniestros viales, una tasa de 24 muertos por cada 100.000 habitantes y a 1997 cayó la tasa a 15; durante el periodo de Enrique Peñalosa siguió disminuyendo y se situó en una tasa de 13 y durante el segundo gobierno de Antanas Mockus, con 585 casos la tasa se situó en 8,5 muertos en siniestros viales por cada 100.000 habitantes, una reducción del 65% entre 1995 y 2003. Aquí se destacan distintas medidas de seguridad vial, como el cinturón de seguridad, el casco para motociclistas, el control de conductores embriagados y de velocidad y el cambio de agentes de tránsito. En los siguientes años, después de 2003, la cantidad de muertos en siniestros viales se ha mantenido por encima de 500 casos, como se puede ver en la siguiente grafica:

En el año 1995 la ciudad registró el mayor número de quemados por pólvora en el periodo navideño, 204 casos. En 1995 Antanas prohibió el uso de la pólvora y los quemados comenzaron a disminuir, medida que se mantuvo hasta diciembre de 1997, cuando el número lesionados por pólvora fue de 68. En las siguientes dos navidades el número aumentó a 135 y a partir de 2001 comenzó nuevamente a disminuir para situarse en 66 casos en la navidad 2003, una reducción de los quemados del 68%, como se puede ver en la siguiente grafica:

Con Mockus, el tema de violencia intrafamiliar y maltrato infantil cobró relevancia dentro de su política de seguridad, al considerarse que más que la pobreza, uno de los orígenes más importantes de la violencia en Colombia, es la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, niños, niñas y adolescentes al interior de los hogares, como quedó planteado en su plan de seguridad, elaborado por otro maestro, Álvaro Camacho Guizado.

Con esta visión, el tema de violencia intrafamiliar se posicionó como parte de la política pública de seguridad y justicia, dejó de abordarse solamente desde la óptica del bienestar familiar y se amplió a la garantía de seguridad que deben tener las mujeres, los niños, las niñas y los adultos mayores en el ámbito privado. Se incrementaron las comisarías de familia, que pasaron de cinco en 1995 a veinte en 2003 y hoy son treinta y seis.

También hay que destacar la cultura tributaria, el manejo trasparente de los “recursos públicos sagrados”, su intolerancia frente a las prácticas corruptas clientelares y otros programas como la resolución pacífica de conflictos y el ahorro de agua. Frente a los corruptos tenia una frase contundente “no me pidas en privado, lo que no me puedes pedir en publico”.

Son tantos los programas de Cultura Ciudadana con resultados concretos de Antanas Mockus, que una columna apenas alcanza a enumerar algunos. Gracias Maestro, su aporte a la administración pública trasparente y honesta siempre será recordado.

¿Es viable crear una policía local?: Análisis de Hugo Acero

Escrito por Confidencial Noticias en Ago 24, 2023. Publicado en Colombia, Lo + Confidencial, Voces Confidencial.

Hugo Acero

Policía

Las cárceles: una renta más de los grupos criminales

Escrito por Hugo Acero en Ago 9, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Por: Hugo Acero Velásquez

En América Latina las cárceles son una renta más para los delincuentes y corruptos. No son parte de la solución para enfrentar los problemas de violencia, delincuencia e impunidad, hacen parte de los problemas que hay que enfrentar y solucionar.

La amenaza de la cárcel no disuade la acción de los delincuentes, estos la convirtieron en el sitio más seguro desde donde pueden seguir delinquiendo, las controlan y las convirtieron en otra fuente de recursos que comparten con algunos servidores públicos corruptos, en medio del “todo vale”. En Colombia lo mínimo que un interno o interna debe pagar a los crimínales y corruptos para poder vivir “más o menos” en las cárceles son cinco millones de pesos mensuales. Igual sucede en las demás cárceles de la región.

Colombia, según el informe “El triste panorama de las cárceles latinoamericanas”, publicado por El Tiempo https://www.eltiempo.com/amp/mundo/latinoamerica/carceles-latinoamericanas-triste-panorama-793515, Colombia tiene uno de los niveles más bajos de hacinamiento, pero no reportó la situación más inhumana y violatoria de los DDHH de la región, cerca de 23.000 personas viven todos los días en un hacinamiento que supera el 250% y en algunos casos el 500%

En estaciones de policías y Unidades de Reacción Inmediata -URI- de la Fiscalía de Colombia estas 23 mil personas están “viviendo” todos los días, las 24 horas del día, en menos de un metro cuadrado, algunos llevan meses y años en esa condición infrahumana, sin que hasta el momento se haya hecho algo para solucionar este grave problema, salvo las acciones que han emprendido las ciudades de Medellín (2018) y Bogotá (2020).

El Gobierno Nacional dirá que este es un problema que deben resolver las alcaldías y departamentos. Este es un problema de Estado donde debe participar activamente el Gobierno Nacional, los gobiernos locales y el Congreso de la República porque hacen falta recursos para reconstruir el sistema carcelario y penitenciario que es obsoleto, más del 80% de las cárceles tienen más de 50 años de construcción y su gobernabilidad siempre ha estado en entredicho por el control delincuencial y la corrupción que han tenido algunos servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-.

Aquí se requiere un Plan Maestro de Equipamientos Carcelarios y Penitenciarios que involucre a los alcaldes y gobernadores, un Plan que contemple cuatro áreas estratégicas:

Una, nueva infraestructura carcelaria que actualice las cárceles viejas y obsoletas.
Dos, profesionalización y mejoramiento laboral del personal administrativo y de guardia que mejore su gestión y disminuya la corrupción.
Tres, fortalecimiento de los sistemas de seguridad, disciplina y control, que el Estado recupere el control de las cárceles y
Cuatro, un modelo pedagógico de resocialización y desarrollo de los internos e internas.

Sin recursos y decisión política, el sistema carcelario y penitenciario de Colombia y de la región, seguirá siendo otro problema de violencia, delincuencia e impunidad.

Seguridad, cómo van las ciudades

Escrito por Hugo Acero en Jul 30, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Por: Hugo Acero Velásquez

Este artículo solo pretende mostrar las cifras de delitos de mayor impacto registradas en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional –SIEDCO– de los últimos cuatro años, para que autoridades locales, los políticos que aspiran a gobernar las alcaldías y analistas puedan sacar sus conclusiones y has definan acciones para mejorar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos hacia el futuro.

Para comparar los resultados de seguridad de doce ciudades importantes del país (Bogotá, Cali, Medellín Barranquilla, Cartagena, Manizales, Cúcuta, Pereira, Ibagué, Villavicencio, Bucaramanga y Pasto) se tomaron las denuncias registradas en el SIEDCO de diez delitos de mayor impacto entre 2019 y 2022 y se organizan por ciudad y entre ciudades, de manera general, de acuerdo al número de delitos que han aumentado o disminuido. En este caso las cifras no se presentan dándole mayor peso al delito de más sanción penal, como es el caso de los homicidios, que será objeto de otro análisis.

De acuerdo con las cifras del SIEDCO, dentro de las doce ciudades, se destaca, primero, la ciudad de Manizales como la más segura. De 10 delitos registrados, solo el hurto de automotores aumentó de manera leve, pasó de 7 casos registrados en 2019 a 9 en 2022, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro No 1 by Confidencial Colombia on Scribd

Segundo, le sigue la ciudad de Pasto donde el único delito que ha aumentado es el hurto a personas en un 15%, pasó de 4.335 casos en 2019 a 5.221 en 2022 (ver siguiente cuadro):

cuadro no 2 by Confidencial Colombia on Scribd

Tercero, Cali, tiene los mismos resultados de Pasto, aumentó el hurto a personas en un 17%, pasó de 20.608 casos en 2019 a 24.009 en 2022, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro no 3 by Confidencial Colombia on Scribd

En cuarto lugar, está Cúcuta, donde han aumentado dos delitos, los homicidios (21%), que pasaron de 200 casos registrados en 2019 a 241 en 2022 y el hurto de automotores (10%), que pasó de 78 casos en 2019 a 86 en 2022, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro no 4 by Confidencial Colombia on Scribd

Quinto, la ciudad de Medellín registra el aumento de tres delitos: el hurto a automotores (5%), pasó de 955 carros hurtados en 2019 a 1.004 en 2022; el hurto a motocicletas aumento en 17%, de 4.969 casos en 2019 registrados a 5834 en 2022 y el hurto a personas que ha aumentado en 4%, de 27.264 en 2019 a 28.326 en 2022, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro no 5 by Confidencial Colombia on Scribd

Sexto, Bucaramanga registra tres delitos que han aumentado, los hurtos de automotores 31%, motocicletas 8% y a personas en un 20%, este delito pasó de 6.336 casos registrados en 2019 a 7.589 en 2022, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro no 6 by Confidencial Colombia on Scribd

En séptimo lugar aparece Pereira con cuatro delitos que han aumentado: los hurtos de automotores (97%), motocicletas 64%, a personas 36% y la violencia intrafamiliar aumento en 7%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro no 7 by Confidencial Colombia on Scribd

En octavo lugar se ubica Villavicencio con cuatro delitos que hasta ahora han aumentado, las lesiones personales en un 12%, los hurtos a motocicletas en un 18%, a personas en 19% y la violencia intrafamiliar en un 7%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro no 8 by Confidencial Colombia on Scribd

Sigue Bogotá en el noveno lugar, con la mitad de los delitos que aumentaron, la extorsión en un 38%, los hurtos a motocicletas y personas en 10% y 7% respectivamente, los delitos sexuales en un 19% y la violencia intrafamiliar en un 25%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

cuadro no 9 by Confidencial Colombia on Scribd

En el décimo lugar se ubica Ibagué con seis delitos en aumento, los homicidios en un 7%, la extorsión 54%, los hurtos de automotores, motocicletas y a personas 34%, 96% y 29%, respectivamente y finalmente la violencia intrafamiliar que ha aumentado en un 7%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Cuadro No 10 by Confidencial Colombia on Scribd

Barranquilla con seis delitos que han aumentado, se ubica en el puesto once. Aumentaron los homicidios 21%, la extorsión 200%, los hurtos de automotores 108%, 26%, a personas 34% y aumentó la violencia intrafamiliar en un 40%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Cuadro No 11 by Confidencial Colombia on Scribd

Finalmente, en el puesto doce está Cartagena con seis delitos que han aumentado, el homicidio en un 96%, la extorsión un 157%, las lesiones personales en 55%, el hurto a personas 12% y la violencia intrafamiliar en 27%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Cuadro No 12 by Confidencial Colombia on Scribd

¿Qué sigue?

Hay que esperar los resultados consolidados de 2023, para evaluar la gestión completa de los alcaldes y alcaldesas de estas ciudades, periodos de gobierno durante los cuales se han presentado una serie de hechos que han hecho más compleja la situación:

• Primero, el crecimiento y consolidación de estructuras criminales cada vez más organizadas y violentas. Hoy no se está ante un delito de oportunidad, sino ante verdaderas empresas criminales que explotan las distintas rentas del narcotráfico, microtráfico, extorsión, trata de personas, comercio ilegal de armas, contrabando como forma de pago del narcotráfico, los hurtos de carros, motos, celulares, joyas, distintas modalidades de ciberdelito y los famosos y violentos préstamos gota a gota.

• Segundo, las protestas sociales que comenzaron en 2019 con el paro nacional de estudiantes y se sostuvieron durante los siguientes dos años. Protestas legítimas que en algunos momentos se tornaron violentas y que comprometieron a casi todo el personal de la Policía, presentándose casos de exceso de fuerza y violación de los DD HH. Este tipo de protestas disminuyeron con la llegada del nuevo gobierno de Gustavo Petro.

• Tercero, la atención a la pandemia del COVID que comenzó en marzo de 2020 y que se extendió hasta bien entrado el 2021. Aquí la Policía tuvo una de las tareas más difíciles y poco reconocidas, el control de los ciudadanos en los aislamientos y de las medidas sanitarias impuestas, situación que no en pocas oportunidades creó tensión y desavenencias con distintas poblaciones. Tanto la atención de las protestas, como las medidas control durante la pandemia, terminaron afectando la confianza de los ciudadanos en la Policía y por tanto la seguridad de los ciudadanos.

• Cuarto, sin desconocer el trabajo coordinado de la nación y los entes territoriales en la atención de la pandemia, en materia de seguridad y orden público la relación no ha sido la mejor. Discusiones públicas, en algunos casos irrespetuosas, minaron la coordinación y trabajo en equipo que debería darse para mejorar la seguridad de los ciudadanos y el control de los territorios. Inclusive, con el nuevo gobierno nacional, esa coordinación nación territorio no se ha podido lograr, como lo han manifestado públicamente los alcaldes y gobernadores.

Ni Bancolombia ni Fidubancolombia le responden a Hugo Acero por la posible estafa de la que fue víctima

Escrito por Oscar Sevillano en Jul 1, 2023. Publicado en Colombia, Nación.

El analista político y exsecretario de Seguridad y Convivencia de Bogotá, Hugo Acero, reveló a través de sus redes sociales que fue víctima de estafa por la cual perdió su apartamento pagado en su totalidad a en su totalidad a Fidubancolombia.

“Junto con mi esposa Ana María Camargo compramos un apartamento sobre planos con la firma Constructora Torres la Salle SAS en el año 2015, terminamos de pagarlo en 2017 y nos lo entregaron en 2019. Un proyecto que contaba con la participación de la Fiduciaria Bancolombia y del Banco de Colombia, a quienes les pagamos la totalidad del valor del apartamento, y quienes todavía nos reportan, cada seis meses, que no tenemos deuda con ellos”, narró el analista.

Acero señala que a pesar de haber cancelado los gastos de escrituración que fueron firmados por el constructor remitida a Fidubancolombia para que la firmaran, al día de hoy no le han entregado el documento al que tiene derecho.

“Entre el constructor, la Notaría 68 y Fidubancolombia nos mamaron gallo” todo este tiempo”, afirmó.

El politólogo narra además que a pesar de que la Superintendencia de Industria y Comercio, en un fallo a su favor dio la orden a Fidubancolombia para que haga entrega de las escrituras, esto no se ha cumplido.

“Luego nos enteramos que Bancolombia había demandado al constructor y a la Fidubancolombia porque no le había pagado parte del crédito y que por eso no nos entregaban la escritura, proceso penal que ya ordenó el embargo de mi apartamento. De este proceso quisimos hacernos parte, pero el juez nos negó esa posibilidad porque no eramos propietarios”, indicó.

“Llama la atención como en medio de este pleito Fidubancolombia nos dijo que no tenía nada que ver con Bancolombia y a su vez lo hizo el Banco, como si fueran empresas independientes. Bancolombia no responde por lo que hace Fidubancolombia”, puntualiza.

La contabilidad de los muertos

Escrito por Hugo Acero en Jun 27, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Hugo Acero Velásquez

Definitivamente, con el concepto de “Homicidio Intencional” las cifras que hoy está entregando Bogotá no incluyen los homicidios que se ejecutan en “uso legítimo de la fuerza” (abatidos por la Fuerza Pública), legítima defensa, homicidios preterintencionales y accidentales.

Estos cambios se sustentan en que las cifras de la Policía -SIEDCO- se están ajustando con base en el documento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC “Clasificación Internacional de delitos con fines estadísticos” que define el homicidio intencional como “La muerte ilícita causada con la intención de causarle la muerte o lesiones graves” .

Frente a estos cambios, que seguramente tienen su justificación, surgen una serie de interrogantes y cuyas respuestas son necesarias para garantizar la confiabilidad de las cifras y la posibilidad de ser contrastadas entre los departamentos y municipios del país, con otros países y ciudades de la región y del mundo y entre periodos de tiempo más a menos largos.

¿En qué periodos de tiempo, años, se van excluir los homicidios que se ejecutaron en Colombia (departamentos y municipios) en “uso legítimo de la fuerza” (abatidos por la Fuerza Pública), legítima defensa, homicidios preterintencionales y accidentales, 10 años, 20 años, 30 años? Esto para poder determinar los periodos de comparación.
¿En qué países de la región y del mundo se está adelantando esta tarea de exclusión de estos tipos de homicidios? Esto para saber con qué países, municipios y ciudades nos podemos comparar.
¿Esta exclusión está siendo discutida con el distrito y las demás ciudades del país que manejan sistemas de información y observatorios de violencia y delincuencia?
¿Esta exclusión está siendo discutida con la Rama Judicial? Esto porque al final del proceso de investigación de cualquier homicidio es el juez el que determina, con base en acerbo probatorio, el tipo de homicidio y toma la decisión de absolver o condenar.
¿Esta exclusión está siendo discutida con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses?
Cómo evitar lo que pasó con los “falsos positivos”, donde las víctimas en su momento fueron presentadas como “abatidas en combate” y años después se vino a confirmar que fueron dadas de baja de manera ilegítima? Hasta ahora se sabe que fueron más de 6000 los casos registrados en el país.
En esta misma línea ¿Quién determina cuándo un caso de homicidios se da en “legítima defensa”, es “preterintencional” o es “accidental”? ¿Los investigadores de la Policía, de la Fiscalía o los jueces con base en las pruebas recogidas por estos investigadores y el análisis forense?
De acuerdo con la respuesta anterior ¿Cuándo se toma la determinación de incluirlos o excluirlos de las cifras que manejan las instituciones y que deben ser públicas y transparentes?

Estas y seguramente otras preguntas que van a aparecer con la discusión pública sobre la exclusión de los homicidios referenciados en este artículo, las autoridades de seguridad y justicia, que están adelantando esta tarea las deben asumir como un derecho de petición.

Todo esto para seguir avanzando en la confiabilidad de las cifras de violencia y delincuencia, que permiten contar con adecuados diagnósticos y la definición, ejecución y seguimiento de planes y acciones para enfrentar los problemas de inseguridad que hoy preocupan a la mayoría de los colombianos.

¿Nueva policía local de Bogotá?

Escrito por Hugo Acero en Jun 8, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado.

Por: Hugo Acero Velásquez

La idea de la alcaldesa Claudia López para presentar en la próxima legislatura un proyecto de ley que permita crear una policía local para la ciudad, se da en medio del incumplimiento al compromiso del Gobierno Nacional de entregar 1500 uniformados para Bogotá, y de ver cómo disminuye el pie de fuerza existente en la ciudad.

Hay que esperar el proyecto de ley que, en concreto exponga claramente cuántos hombres y mujeres va a tener esa policía ¿Cómo y cuándo se van a seleccionar y capacitar? ¿en qué instalaciones se van a formar? ¿Cuál es el contenido de esa formación?, ¿Cómo va a ser su estructura? ¿Cuál es el costo anual y permanente? etc.

Por otro lado, esta idea requiere reformas constitucionales y legales profundas, que seguro el Gobierno Nacional no las va a apoyar como corresponde en medio de la gran cantidad de reformas que está tratando sacar adelante.

Una propuesta que no tiene en cuenta la realidad política actual, donde el Gobierno Nacional está empeñado en sacar la Policía del Ministerio de Defensa, sin que hasta el momento se conozca cómo se va a hacer, ni la complejidad de la misma, en la medida que supondría una reforma profunda de tres sectores de gobierno, como son Defensa, Justicia e Interior, si de verdad quiere hacer una reforma seria y responsable que fortalezca a la Policía en materia de civilidad, operatividad y bienestar y mejore la seguridad de los ciudadanos.

Por otro lado, por lo menos en América Latina, no existen referentes de policías locales buenas. En México, Brasil, Argentina y los demás países donde hay policías municipales, son poco profesionales, ineficientes, corruptas, mal pagas, mal dotadas y se convierten en “guardias pretorianas” de los alcaldes que cambian a su antojo con cada cambio de gobierno. Esto mismo puede repetirse con la idea que hoy se plantea para Bogotá.

Por este camino no es conveniente avanzar, lo qué hay que hacer es volverse a sentar con el presidente y el ministro de Defensa para que cumplan con los compromisos que tienen con Bogotá o ajustarlos a las realidades actuales.

Reuniones que pueden servir también para fortalecer la inteligencia y la investigación criminal (Policía y Fiscalía) con más personal, profesionalización y trabajo en equipo para enfrentar una criminalidad cada vez más organizada y diversificada en sus rentas crimínales.

Si este proyecto de ley se radica y se aprueba, se le deja un chicharrón al nuevo alcalde, sin saber si lo va a continuar o lo va a sostener como corresponde.

Respecto a las otras dos propuestas, con relación al Régimen de Tratamiento Penal Alternativo, un proyecto de ley que ya hace curso en el Congreso de la República y qué pasa a segundo debate, hay que apoyarlo para que los municipios inviertan y puedan apoyar como corresponde en materia de sanción y resocialización a los infractores de la ley penal con instalaciones para tal fin. Adicional a estos esfuerzos locales, Bogotá tiene que invertir en la nueva cárcel distrital en el predio de La Picota, que el Ministerio de justicia le va a dar viabilidad en los próximos días.

Y la tercera propuesta tiene que ver con otro proyecto de ley que busca que funcionarios públicos en Bogotá, diferentes a policías, puedan imponer órdenes de comparendos. Para esto hay que reformar el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que focalizó esta acción en cabeza de la Policía, que, en algunos lamentables y censurables casos, se han convertido, desafortunadamente, en foco de corrupción de algunos policías. Hay que tener mucho cuidado que este comportamiento se traslade a otros servidores públicos.

Los consejos del presidente

Escrito por Hugo Acero en May 23, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Por Hugo Acero Velásquez.

En materia de seguridad el gobierno del presidente Gustavo Petro ha caído en la mala costumbre de convocar consejos de seguridad después de ocurridos los hechos, cuando ya no se puede hacer casi nada. Frente al incremento de los feminicidios y el asesinato de indígenas menores de edad en la Comunidad el Estrecho, en los límites entre Amazonas y Caquetá, la respuesta gubernamental ha sido convocar consejos de seguridad.

Los Consejos son instancias de coordinación interinstitucional permanente, entre distintas instituciones del Estado para mejorar la seguridad de los ciudadanos y de los territorios, a través de acciones planeadas de disuasión, prevención y control de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia, bajo el liderazgo del presidente, los gobernadores y los alcaldes.

Desafortunadamente los Consejos de Seguridad en muy pocas ciudades, municipios y departamentos sesionan de manera regular y a nivel nacional casi no se reúnen, a no ser por hechos lamentables como los registrados en los últimos días. De esta manera, difícilmente se podrán enfrentar y disminuir los crecientes hechos de violencia que se registran en el país.

Bienvenido el Consejo de Seguridad que el presidente va a convocar esta semana para analizar y atender la creciente violencia feminicida que se registra en el país. Esta es una buena oportunidad para convocar a otras instituciones del Estado para atender esta y otras problemáticas de violencia y delincuencia. A este Consejo deben asistir el Fiscal General de la Nación, la Procuradora, el Defensor del Pueblo, como lo establece el Decreto 647 de 2021. Además, deben asistir el ICBF y Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que tienen información importante para abordar de manera integral esta problemática, en sus bases de datos hay miles de mujeres que están en alto riesgo de ser asesinadas y no hay que esperar a que esto suceda.

Es una buena oportunidad para comprender que la violencia y la delincuencia son problemas de Estado y no de gobierno, que se requiere trabajo en equipo de todas las ramas de poder público, dejando de lado las diferencias y rencillas políticas, donde parece que hoy está el problema. Mientras los violentos y delincuentes están organizados y en muchos casos trabajan en equipo, las instituciones del Estado están trabajando cada una por su lado, no coordinadamente como se debiera.

Es una buena oportunidad para comprender, en el caso de los feminicidios y en general de la violencia de género, que:

Los hechos de violencia en el ámbito privado en contra de mujeres, niños y niñas se siguen atendiendo, predominantemente, desde las instituciones de bienestar social y no desde la seguridad y la justicia.
Las políticas de seguridad y la justicia siguen centrándose en lo público, dejando de lado lo privado.
Si bien en la Constitución y las leyes existe el reconocimiento a las diversidades, en lo operativo y en la práctica de la seguridad y la justicia ese reconocimiento está todavía por desarrollarse, existe mucha discriminación violenta y no reconocimiento pleno de los derechos de las poblaciones diversas.
Los indicadores que tienen las instituciones de seguridad y justicia, en materia de violencia de género todavía son muy generales y en algunos casos ni siquiera se tienen, como es el caso de la violencia hacia poblaciones Trans, LGTBI, ciudadanos y ciudadanas en actividades sexuales pagas, entre otras.
Hasta hace menos de 10 años no se hablaba de feminicidio, se decía que era un asesinato por pasión y no se investigaba como correspondía y menos se condenaba.
Es marginal el enfoque de género en temas como trata de personas, conflicto interno, guerras, migraciones, etc.
Se tiene un manejo institucional, muy débil. A nivel nacional e inclusive local, el manejo sigue siendo de la “primera dama”, una consejería y en muy pocos casos secretaría de la mujer.
La legislación no es tan clara en términos de los tipos de violencia en contra de las mujeres y de género.

En términos generales, se puede asegurar que la perspectiva de género en los sectores de seguridad y justicia, frente a otras instituciones del Estado, apenas se está tratando como tema, sin que todavía se refleje en la práctica y operatividad de las instituciones que las componen.

Finalmente, es una buena oportunidad para definir una hoja de ruta de trabajo en equipo y permanente entre las distintas instituciones del Estado para atender los graves problemas de violencia, delincuencia y orden publico por que esta atravesando el país.

Consumo responsable de alcohol y otras drogas

Escrito por Hugo Acero en May 7, 2023. Publicado en Colombia, Los Otros, Opinión.

El prohibicionismo y el control policivo en las calles definitivamente no ha funcionado. Antes bien ha aumentado el consumo y la conflictividad entre los jóvenes y entre estos y las autoridades, como, de alguna manera, se hizo evidente en las protestas desde 2018.

Por: Hugo Acero Velásquez

Lo primero que hay que decir, respecto a la orden dada por la Corte Constitucional para que los concejos distritales y municipales regulen las condiciones para restringir el porte y consumo de sustancias psicoactivas en parques y espacios públicos con el objetivo de “proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes” es que esta medida no aplica cuando se trata del porte con fines de consumo propio (dosis personal o dosis medicada).

Segundo, hay que resaltar la intención de la Corte de “proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes” y por extensión la convivencia de los ciudadanos, que en muchos casos ven este consumo como un “problema de inseguridad y de un mal ejemplo para los niños y demás ciudadanos no consumidores”.

Lo tercero, es que hasta ahora frente al consumo de sustancias sicoactivas en el espacio público, ha prevalecido la expedición de normas que prohíben el consumo en determinados territorios, especialmente urbanos, y de control policial, medidas que no han dado los resultados esperados, como se puede evidenciar tras la expedición del Decreto 825 de 2019, que, si se hubiera aplicado como se debía, solo en el 10% del territorios de Bogotá si hubiera podido consumir drogas, de ahí la imposibilidad de aplicarlo por parte de la Policía.

Frente a esta situación, no solo los concejos distritales y municipales tienen un gran reto, también las administraciones locales, para no repetir medidas que en el pasado no han funcionado y que se quedan en el papel.

Debe haber una discusión amplia y especializada sobre este tema, que pasa por los consumos de alcohol y otras drogas. Este no es un problema solo de abogados de los concejos, de las secretarias jurídicas y de la Policía. Es un tema que debe involucrar las secretarías de salud, integración social, educación, cultura, seguridad, convivencia y justicia y otras secretarías que pueden ayudar a definir una política integral sobre consumo responsable de uso de alcohol y otras drogas.

En 1997 ante los problemas de consumo de alcohol, riñas, violencia, lesionados y muertos, tras su ingesta, Antanas Mockus hizo una propuesta que generó mucha polémica entre autoridades y ciudadanos en general, que era “enseñarles a los muchachos de los grados 10 y 11 de los colegios a consumir licor”.

Desde luego el objetivo no fue ni distribuir licor en los colegios, ni crear una cátedra sobre el tema, sino sostener diálogos con los estudiantes sobre el consumo de alcohol, con la participación de especialistas de la Secretaría de Educación y Unidad Coordinadora de Prevención Integral.

Estos conversatorios se aplicaron en sesenta y ocho (68) colegios, durante el segundo semestre de 1997, con el titulo de «Saber antes de beber. Uso responsable del alcohol» y se fundamentaron en el desarrollo de procesos de socialización secundaria que promuevan la regulación y la autorregulación social con respecto al consumo de alcohol.

Los objetivos de estos conversatorios fueron:

Abrir un espacio al diálogo sobre el uso responsable del alcohol.
Reflexionar sobre la experiencia individual y colectiva del uso del alcohol.
Abordar las implicaciones que genera el uso inadecuado del alcohol.
Hacer respetar la acción de aquellas personas que manifiestan no querer beber y que son consideradas como «zanahorias» y resaltar el valor que tienen los que no beben y pueden divertirse sin consumir alcohol.

La información que se daba en los colegios y que se discutía con los alumnos, era la siguiente:

Cómo es el consumo del alcohol en Bogotá.
Qué efectos produce el alcohol cuando se consume sólo una vez, cuando se hace un uso inadecuado de él, cuando se abusa de su consumo, cuando hay dependencia y sobre los efectos sociales del uso inadecuado del alcohol. Violencia y lesiones en general.

Con esta información, los alumnos, padres de familia, profesores y directivos reflexionaban sobre el consumo del alcohol y, de manera individual, se invitaba a decidir sobre no consumir o hacerlo de manera responsable, contribuyendo así a reducir los efectos del alcohol en la violencia cotidiana.

Esta experiencia hoy puede servir para cumplir las órdenes que impartió la Corte Constitucional “para que los concejos distritales y municipales regulen las condiciones para restringir el porte y consumo de sustancias psicoactivas en parques y espacios públicos con el objetivo de “proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Sirve para trabajar con muchos jóvenes, escolarizados y no escolarizados, sobre el consumo responsable de alcohol y otras drogas en el espacio público y privado.

Los concejos distritales y municipales, así como las administraciones locales deben pensar en la posibilidad que las ciudades y municipios cuenten con centros de consumo manejados por especialistas y donde se pueda trabajar con los jóvenes, reducir el daño de las drogas y del alcohol reconociendo los riesgos que existen con estos consumos y se puedan minimizar con actitudes responsables, para que no se atente contra la integridad y vida propia y las de los demás ciudadanos.

Cuanta falta nos hace Antanas Mockus para abordar este y otros tantos problemas por los que esta atravesando el país desde la mirada practica y pedagógica de la cultura ciudadana.

Inseguridad y trasteo de la Policía Nacional

Escrito por Hugo Acero en May 2, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

En medio de la situación de violencia y delincuencia que se registra en el país, persiste, en algunos funcionarios del gobierno, la idea de sacar la Policía del Ministerio de Defensa, situación que, de cierta manera, ha afectado la operatividad regular de esta institución en materia de seguridad.

Cabe anotar que hasta el momento solo se conoce el documento “Traslado ministerial de la Policía Nacional” elaborado a comienzos de este año por el Departamento Nacional de Planeación, el cual toca unos interesantes puntos que hay que tener en cuenta a la hora de pretender sacar a la Policía del Ministerio de Defensa.

Mantiene las tres propuestas que se han hecho en torno a este tema, crear un nuevo ministerio o trasladarla al Ministerio del Interior o al de Justicia. De acuerdo con el documento, es claro que esto no es un mero trasteo de la Policía. En todos los casos supone reformas administrativas de dos o tres sectores de gobierno.

Es decir, en principio hay que reformar el sector Defensa para definir funciones claras en materia de seguridad pública entre las Fuerzas Militares y la Policía, que hoy se comparten en materia de seguridad y orden público. Si la idea es crear un nuevo ministerio, los retos son grandes, ya que se requerirían recursos significativos para su estructura administrativa, en medio de las limitaciones fiscales que hoy afronta el Plan de Desarrollo y las distintas reformas que está promoviendo el Gobierno Nacional en el Congreso de la República, donde parece no existe el consenso necesario para crear un nuevo ministerio.

Si la idea es trasladarla al Ministerio del Interior o al de Justicia, habría que reformar los respectivos sectores de Defensa, Justicia y/o Interior. Esto supone reformas profundas, donde deben participar, además de los ministerios mencionados, el de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública con estudios importantes sobre carga fiscal de las reformas, lógicas presupuestales, reformas administrativas de los sectores comprometidos y políticas y lineamientos sobre estructura del Estado. Como se ve, esta propuesta no es un mero trasteo de la Policía a otra dependencia. Hasta ahora Función Pública no ha sido consultada sobre estas posibles reformas.

Dada esta complejidad de esta reforma, en los últimos meses el Gobierno Nacional estudio la posibilidad de trasladarla al Ministerio de Justicia. De avanzar en esta línea, se estaría ubicando la Policía en uno de los ministerios más débiles: desapareció en 2003 como ministerio y fue convertido en viceministerio del Ministerio del Interior. En 2011 fue revivido como ministerio y aunque ha avanzado en su organización todavía presenta grandes falencias, como el desgobierno que existe en el Sistema Carcelario y Penitenciario, donde el INPEC y la USPEC son ruedas sueltas con grandes problemas de corrupción e ineficiencia, sin que los distintos ministros hayan podido gobernar estas instituciones. Si se insiste en trasladarla a este Ministerio hay que hacerle reformas profundas para que no solo gobierne el sistema carcelario, sino para que tenga la capacidad de gobernar la Policía y atender los distintos problemas que hoy tiene esta institución y en general la seguridad de los ciudadanos.

Tampoco parece que el Ministerio del Interior sea la mejor opción para trasladar a la Policía, porque podría quedar expuesta a intereses de los partidos que gobiernen. Más bien se propone trasladar de este Ministerio, hacia donde quede la Policía, el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y otras actividades de seguridad ciudadana que en la actualidad ejecuta.

Como se puede ver, este no es un simple trasteo de la Policía. Se está ante una reforma estatal compleja que involucra distintos sectores de gobierno y que pueden afectar de manera grave la gobernanza de la seguridad y la justicia, en la medida en que las instituciones intervenidas, generalmente, entran en un estado de parálisis e incertidumbre.

Si se hace con la urgencia que se han presentado otras reformas, seguramente los resultados serán desastrosos para la institución y para la seguridad de los ciudadanos, y si se hace como se debe el proceso será largo o seguramente se puede llegar a la conclusión que es mejor reformar solo el Ministerio de Defensa y convertirlo en el Ministerio de Seguridad Ciudadana y Defensa, desde donde también se puede avanzar hacia una Policía más civilista.

Mientras se toman decisiones al respecto, se puede asegurar que la “barrida masiva” del alto mando de la Policía a comienzos de este Gobierno, la posible reforma de la institución y la falta de ordenes claras respecto a como asumir los graves problemas de seguridad en algunos territorios y ciudades, esta afectando la seguridad de los ciudadanos y del Estado.

Hugo Acero

¿Nueva policía local para Bogotá?

Escrito por Hugo Acero en Mar 26, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

La solicitud de la alcaldesa Claudia López al presidente Gustavo Petro para que “tramite una ley que permita crear una policía local para la ciudad” se da en medio del incumplimiento del compromiso del Gobierno Nacional de entregar nuevos policías para Bogotá y de ver cómo disminuye el pie de fuerza existente en la ciudad.

Esto es solo una idea, seguro no existe un proyecto concreto que exponga claramente cuántos hombres y mujeres va a tener esa policía, cómo y cuándo se van seleccionar, capacitar, en qué instalaciones se van a formar, cuál es el contenido de esa formación, cómo va a ser la estructura de esa nueva policía, cuál es el costo anual de esa policía, etc.

Por otro lado, esta idea requiere reformas legales profundas, que seguro el Gobierno Nacional no las emprenderá, en medio de la gran cantidad de reformas que está tratando sacar adelante.

Una propuesta que no tiene en cuenta la realidad política actual, donde el Gobierno Nacional está empeñado en sacar la Policía del Ministerio de Defensa, sin que hasta el momento se conozca cómo se va a hacer, ni la complejidad de la misma, en la medida que supondría una reforma profunda de tres sectores de gobierno, como son Defensa, Justicia e Interior, si de verdad el Gobierno quiere hacer una reforma seria y responsable que fortalezca a la Policía en materia de civilidad, operatividad y bienestar y mejore la seguridad de los ciudadanos.

Por otro lado, por lo menos en América Latina, existen muy pocos referentes de policías locales buenas. En México, Brasil, Argentina y los demás países donde hay policías municipales, la gran mayoría son poco profesionales, ineficientes, corruptas, mal pagas, mal dotadas y se convierten en “guardias pretorianas” de los alcaldes que cambian a su antojo con cada cambio de gobierno. Esto mismo puede repetirse con la idea que hoy se plantea para Bogotá.

Por este camino, hoy no es conveniente avanzar, lo que hay que hacer es volverse a sentar con el presidente y el Ministro de Defensa, para que cumplan con los compromisos que tienen con Bogotá o ajustarlos a las realidades actuales. Reuniones que pueden servir también para fortalecer la inteligencia y la investigación criminal (Policía y Fiscalía) con más personal, equipos, profesionalización y trabajo en equipo para enfrentar una criminalidad cada vez más organizada y diversificada en sus rentas criminales