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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Iván Cepeda

¿Por qué no podría haber una convención nacional para el proceso de paz con el ELN?: Iván Cepeda

En entrevista para Confidencial Colombia, el senador Iván Cepeda explica que los avances en las conversaciones con el ELN demuestran que no es cierto que con esta guerrilla era imposible negociar y  no descarta que se pueda hacer una convención nacional. 

¿Pueden los colombianos confiar en la voluntad de paz del ELN?

 

Iván Cepeda: Bueno lo que hay que confiar es en los hechos más que en las promesas o en las palabras. Luego de cuatro años de ruptura de unas conversaciones en muy pocos días de negociación hemos logrado poner en orden y restablecer esas conversaciones. En ese momento estamos adportas de comenzar el análisis del primer punto de la agenda y eso sin lugar a dudas es un paso significativo. Son una organización de la que se ha dicho que era imposible negociar y lo que en otro momento tomó meses e incluso años en esta oportunidad se ha hecho en 20 días.

Una de las cosas qué ha hecho difícil la conversación con ELN es su insistencia en una convención nacional por qué para ellos es importante la participación de la sociedad civil. ¿han hablado de ese asunto?

Iván Cepeda: Hay una regla del juego que hay que respetar y es que nos hemos puesto de acuerdo en que no vamos a hablar de temas que no haya tratado la mesa, así que yo a pesar de que tengo opiniones personales sobre ese particular me atengo de manera disciplinada al principio, de que asunto que no haya sido tocado bilateralmente, no se hace pronunciamiento público. Simplemente adelanto un criterio y es el siguiente: por qué no podría haber una convención nacional; por qué no sentar a todos los sectores de la sociedad colombiana a hablar; a concertar una serie de asuntos que son fundamentales para el país, nada lo impide.

¿Esa intención de paz la tienen también los integrantes del frente Domingo Laín?.

Iván Cepeda: La delegación de paz del Gobierno está negociando o dialogando con una delegación de paz del ELN en la que están representados todos sus frentes de guerra, sin exclusión. Así que no es una negociación con cada una de las partes de esa organización sino con la organización como un todo.

Hoy día el ELN es una guerrilla binacional, ¿No cree usted que Venezuela debería tener un papel más preponderante en esa mesa de diálogo?

Iván Cepeda: No,coincido con eso. La guerrilla del ELN es una guerrilla que tiene un conflicto armado con el Estado colombiano y tiene unos orígenes históricos en Colombia, no está librando una guerra en otro país. Es aquí donde hay que resolver el problema, así que sobre esa base es que vamos a ponernos de acuerdo con el ELN, es una negociación entre el Estado colombiano a través del Gobierno Nacional y su delegación, y la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional, no hay tercero en esa negociación. Venezuela cumple un papel de país garante en este proceso, que es bienvenido y que ha sido de extrema utilidad para avanzar.

¿El  papel de Venezuela o puede ir más allá, un poco más allá?

Iván Cepeda: No, no existe más allá. Esto es una negociación entre dos, lo dejo totalmente claro, aquí no estamos en una negociación con distintos países, no, Es una negociación, repito, entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN en la cual hay unos países garantes, como Noruega, Cuba, Venezuela y México  y Chile, y eso es, no hay más.

El Centro Democrático instauró la primera demanda a la Ley  de Paz Total, ¿Qué opina al respecto?

Iván Cepeda: Bueno no la conozco, me parece interesante estudiarla y obviamente iremos a defenderla ante la Corte Constitucional.

 

 

Iván Cepeda propone acuerdo entre Gobierno Petro y empresas petroleras

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, propuso un acuerdo nacional entre el Gobierno y las las empresas de extracción y explotación petrolera que permita poner fin al debate sobre hidrocarburos en el país.

«Para resolver parte de los peores efectos del cambio climático, lo ideal sería un acuerdo nacional sobre transición energética pactado entre las grandes compañías de petróleo – gas y el Gobierno que pondría fin al debate sobre exploración/explotación», aseguró el congresista en su cuenta de Twitter.

 

Para el congresista, este acuerdo podría contener una limitación en las áreas ecológicas vedadas; prohibición del fracking y un plan para transición energética que permita trabajar con otro modelo que permita la continuidad en el sector económico».

La idea del senador Cepeda surgió luego de que el Gobierno Nacional anunciara que respetará los contratos de exploración y explotación de petróleo vigentes y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez dijera que nunca se ha pensado en suspender definitivamente esta actividad.

Fiscalía insiste en preclusión del caso Uribe

Javier Cárdenas, El fiscal delegado a cargo del caso del expresidente, Álvaro Uribe, insistió en la preclusión en la investigación que se adelanta en contra del exmandatario y exsenador de la república, por la supuesta manipulación de testigos.

El delegado del ente investigador, consideró que no no existen méritos ni evidencias que demuestren la responsabilidad del también expresidente en la comisión de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

 

“Se practicaron (pruebas) a las actuaciones que se hicieron en la Corte Suprema de Justicia, se recogieron testimonios de la familia de Juan Guillermo Monsalve, también se hizo una prueba técnica a una memoria USB. Se escuchó e interrogatorio a Uribe Vélez, quien adjuntó a su exposición medios de prueba documentales que consideró de interés para su defensa”, expuso Cárdenas para sustentar sus argumentos con los que solicita la preclusión del caso.

Es la segunda vez que la fiscalía general solicita la preclusión, muy a pesar de que, en su momento, la juez 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento rechazó la solicitud que para ese entonces interpuso el fiscal Gabriel Jaimes.

Aprobado en primer debate proyecto de ley que protege a cuidadores no remunerados

La Comisión Segunda de Senado aprobó por unanimidad, en primer debate, el proyecto de ley  que brinda igualdad de oportunidades a las personas trabajadoras que cumplen funciones de cuidadoras no remuneradas.

La iniciativa busca instaurar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación entre los trabajadores y las trabajadoras que tienen responsabilidades con respecto de sus hijos o de otros miembros de su familia que necesiten su cuidado o sostén.

 

En ese sentido, el objetivo del Convenio busca que esta población se pueda desempeñar en un empleo sin discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades profesionales y familiares.

Con la ratificación de este Convenio, los ponentes de la iniciativa, los senadores Iván Cepeda, Jael Quiroga y Antonio José Correa, buscan que el Estado colombiano adopte todas las medidas posibles, especialmente para permitirles el derecho a elegir libremente su empleo, a integrarse a la población activa y a reintegrarse en un empleo tras una ausencia ocasionada por sus responsabilidades de cuidadores.

Igualmente, se tendrá  en cuenta sus necesidades en cuanto a sus condiciones de empleo, de seguridad social y de planificación de las comunidades regionales o locales. Además, desarrollar o promover servicios comunitarios, tales como los de asistencia a la infancia.

“La ley 1413 de 2010 conocida como ley de Economía del Cuidado permite reconocer que en Colombia si se cuantificara el trabajo de cuidado no remunerado. Su aporte al PIB equivaldría al 20%, mucho más que el valor agregado que genera cualquiera de las ramas de servicios financieros” advirtió el senador Cepeda.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de uso del Tiempo (ENUT) realizada por el DANE, entre septiembre de 2020 y agosto de 2021, las colombianas dedican en promedio 7 horas y 46 minutos al día en actividades de trabajo no remunerado, los hombres 3 horas y 6 minutos. A esto es necesario añadir el tiempo dedicado al trabajo remunerado.

Ahora bien, ese esfuerzo adicional de trabajo se ve reflejado casi que inversamente en el ingreso laboral. Las estadísticas del DANE dan cuenta de que el ingreso laboral promedio mensual de las personas trabajadoras con responsabilidades familiares es 27% menor para las mujeres en comparación con los hombres. En paralelo, las mujeres que no tienen responsabilidades familiares ganan 11% más que las que sí lo tienen.

“Con nuestra ponencia se avanza en el reconocimiento de Colombia al trabajo de cuidado no remunerado y al compromiso de cerrar brechas de género a nivel laboral. Este tratado impulsa el Sistema Nacional de Cuidado” concluyó el senador Iván Cepeda.

A su vez, el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez plantea la creación de un Sistema Nacional de Cuidado que “reconozca y recompense, reduzca y redistribuya el trabajo de cuidado feminizado a través de instrumentos de política pública que integren esfuerzos del Estado, el sector privado y la comunidad en articulación con la economía popular”.

La paz total motiva guerra de declaraciones entre Iván Cepeda y Sergio Jaramillo

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, respondió a los señalamientos del excomisionado de Paz, Sergio Jaramillo, quien dijo en entrevista para Noticias Caracol, estar preocupado, señalando al congresista de tener la batuta del tema de paz y no el Gobierno Nacional y que, además, “se estaría dejando huérfano la implementación de la paz con las Farc”.

Al respecto, Iván Cepeda escribió en su cuenta de Twitter: “Hemos dicho que la implementación integral del Acuerdo de Paz suscrito en 2016 es la base y el fundamento de la política de Paz Total. El gobierno está trabajando en ello y será con hechos que se demostrará esta afirmación”.

 

Jaramillo señaló al Gobierno Nacional de hablar con organizaciones criminales, con combos hasta en las cárceles y al senador Cepeda le criticó de supuestamente mezclar los acercamientos con el ELN con los de las bandas criminales y las disidencias, lo que calificó como “un error”.

“Después de hacer un análisis muy preciso de qué eran las bacrim, el único tratamiento que cabían para las bacrim era el de organizaciones criminales y el control que están ejerciendo, como hace el crimen organizado, es para regular las economías ilegales y mover el negocio”, dijo el excomisionado quien señaló además que no se pueden abrir diálogos con las disidencias de las Farc, sin antes conocerlas y criticó al Gobierno por un supuesto debilitamiento a las Fuerzas Militares y de Policía, haciendo referencia a la reciente purga de altos oficiales.

El senador Iván Cepeda en su respuesta señala que “el gobierno ha hecho cambios necesarios en los mandos y ha reemplazado la doctrina de seguridad nacional por la concepción de seguridad humana”, y más adelante asegura que en ningún momento se ha considerado la idea de promover zonas de despeje como sucedió en el Gobierno de Andrés Pastrana en San Vicente del Caguán.

Cepeda invitó al excomisionado, Sergio Jaramillo, a participar del trabajo que se está ejecutando desde el Gobierno Nacional para darle continuidad a la implementación de la paz en Colombia.

 

Gobierno Petro envía a Cuba delegados para hablar con el ELN

El gobierno de Gustavo Petro envió una delegación a Cuba para explorar los caminos del diálogo con el Ejército Nacional de Liberación – ELN.

Entre el grupo de personas delegadas para esta misión se encuentran el Comisionado de Paz, Danilo Rueda, el senador Iván Cepeda y También viajó Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

 

El proceso de paz con el ELN, heredado del gobierno de Juan Manuel Santos, fue suspendido por su sucesor, Iván Duque, luego de que el grupo armado ilegal realizara un ataque violento en la Escuela de Oficiales de la Policía, General Francisco de Paula Santander.

 

Iván Cepeda presidirá la Comisión de Paz del Congreso

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, será el nuevo presidente de la Comisión de Paz del Congreso de la República.

Cepeda es un abanderado de los temas de paz y, es por esto que, desde la célula accidental del legislativo, hará todas las gestiones necesarias para destrabar el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional – ELN y un posible sometimiento del Clan del Golfo.

 

Otro asunto que tiene dentro de las tareas a ejecutar es la vigilancia a la implementación de los acuerdos de paz, firmados con la extinta guerrilla de las Farc.

El senador Cepeda dijo, “esta designación me honra y compromete a trabajar por la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, a buscar que cuánto antes se produzcan procesos de diálogo y de negociación que conduzcan a ponerle punto final a todas las expresiones de violencia y de conflicto armado que hoy azota el territorio nacional”.

En la vicepresidencia de la comisión accidental estará el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila Martínez.

 

 

Fiscalía solicita una vez más la preclusión del caso judicial del expresidente Uribe

La fiscalía general de la Nación solicitó una vez más la preclusión del proceso judicial que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos.

El fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas Pérez, estima que «se han configurado las causales de preclusión de atipicidad de la conducta e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, que serán presentadas en la audiencia respectiva».

 

El abogado, Miguel Ángel del Rio, señaló: La Fiscalía vuelve a solicitar la preclusión en el caso Uribe. La cobardía de una institución decadente. Volveremos a derrotarlos».

El proceso judicial, que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe, tiene que ver con un presunto ofrecimiento de beneficios económicos y jurídicos a varios exparamilitares, para que declararan en contra del opositor del exmandatario, el congresista del Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda.

El exmandatario ha sido reiterativo en decir que “nunca ordenó buscar testigos, ofrecerles, girarles dinero, o pedirles que mintieran u ocultaran la verdad”.

Las recomendaciones de Iván Cepeda para detener los asesinatos de líderes sociales

El senador Iván Cepeda, propuso al presidente electo, Gustavo Petro, que busca proteger la vida de campesinos, líderes sociales y excombatientes, que defienden la paz en los territorios.

“El próximo gobierno no va a tener una actitud omisiva y contemplativa frente a los asesinatos sistemáticos de líderes, lideresas sociales y excombatientes. Un fenómeno que atenta gravemente contra las comunidades en muchas partes del país y que se ha convertido durante el gobierno del presidente Duque, lamentablemente en un hecho normal”, señaló Iván Cepeda.

 

La idea del senador incluye acoger todas las recomendaciones hechas por organismos e instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Misión de la ONU para la Observación del Proceso de Paz y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS).

El congresista del Polo Democrático considera que es necesario hacer mayor presencia y observación en los municipios de mayor intensidad y frecuencia de los asesinatos. Esto significaría según Cepeda, “combinar, de manera escalonada, la presencia del Estado, no solo militar y policial, con la de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, misiones humanitarias, consejos de seguridad y audiencias de las comisiones de Paz y de Derechos Humanos del Congreso”.

Según el senador Iván Cepeda, las medidas no solamente tienen que ver con “la investigación sobre autores materiales de estos crímenes, sino con el desmantelamiento de organizaciones criminales que estén atentando contra la vida de quienes protegen a las comunidades y defienden la paz”.

Este año, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) se han presentado 49 masacres y 96 líderes han sido asesinados.

 

Víctimas del caso Uribe presentan tutela contra la Fiscalía «por dilatar el proceso»

El senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre en su calidad de víctimas en el caso que investiga al expresidente de Colombia Álvaro Uribe por manipulación de testigos y fraude procesal han presentado una tutela contra la Fiscalía al considerar que se vulneran sus derechos al dilatar el proceso.

Cepeda y Montealegre denuncian que la Fiscalía estaría violando sus derechos al debido proceso, de igualdad, de acceso a la administración de verdad y justicia y de reparación, puesto el proceso contra Uribe estaría siendo dilatado después de que el nuevo encargado del caso, Javier Cárdenas Pérez, haya ordenado nuevas investigaciones a pesar de que el tiempo para hacerlo ya ha expirado.

 

En un comunicado ambos sostienen que esta nueva estrategia de la Fiscalía busca revivir la posibilidad de nuevamente la preclusión del caso, algo que la magistrada, Carmen Helena Ortiz, ya les negó hace dos semanas un tribunal.

«Al dilatar injustificadamente la actuación penal, ha burlado nuestros derechos como víctimas. Asimismo, ha violentado las garantías fundamentales; al acceso a la administración de justicia; y los derechos a la verdad, la justicia y la reparación», ha denunciado Cepeda a través de un hilo en Twitter.

«La Fiscalía desde el 28 de abril tiene la obligación de acusar al imputado Uribe y no lo ha hecho; pese a que la única alternativa que tiene es esa, ha dispuesto la práctica de nuevas investigaciones», han expuesto.

Cepeda y Montealegre sostiene que el único camino legal que le queda a la Fiscalía es llamar a declarar a Uribe por estos delitos que se le imputan, fraude procesal y manipulación de testigos.

Sin embargo, Cárdenas pidió hace una semana la declaración de Uribe –algo que el anterior fiscal, Gabriel Jaimes– y de otras 26 personas, además de solicitar otros siete registros. Para Cepeda y Montealegre el tiempo para llevar a cabo estas nuevas investigaciones ha expirado por lo tanto es ilegal.

El caso Uribe

El proceso contra Uribe se remonta a 2012 cuando el exmandatario inició un proceso jurídico contra Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, al acusarle de dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarle de vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha.

Sin embargo, el proceso giró de manera inesperada cuando el Tribunal Supremo no sólo archivó la causa por falta de pruebas, sino que abrió una investigación contra Uribe por ese mismo crimen y por otro de fraude procesal, al considerar que los testimonios recopilados por Cepeda no fueron producto de manipulación ni de pagos.

Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe, una por presionar presuntamente a antiguos paramilitares para que declararan contra Cepeda y otra por sobornar a Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de sus afirmaciones que vinculan al expresidente con la creación de las Autodefensas Unidas en Antioquia.

Uribe a juicio

El 27 de abril de 2022 la jueza 28 de conocimiento Carmen Helena Ortiz Rassa dio lectura al fallo, rechazando la petición presentada el 6 de abril por el fiscal Gabriel Jaimes de precluir y archivar el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal. La lectura duró 12 horas. El  Fiscal no apeló el fallo y  la decisión de la jueza quedó en firme.

Recordemos parte de la historia. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra el entonces senador y expresidente Uribe en julio 2018 por soborno a testigos y fraude procesal. En octubre de 2019, rindió indagatoria Uribe. El 4 agosto de 2020, se le impuso detención domiciliaria. El 18 de agosto de 2020 Uribe renunció a su curul de senador y pidió que su caso pasara a la Fiscalía General de la Nación.

 

La renuncia del expresidente Uribe para eludir la competencia de la Corte Suprema fue un abuso del derecho, que viola el deber de toda persona de colaborar con la justicia. La cesación del cargo consagrada en el artículo 235 de la Constitución Nacional no incluye ese tipo de renuncias, sino que hace referencia a razones objetivas y justificadas, como una enfermedad o el fin del periodo.

En lo concreto, la defensa de Uribe pretendía que la investigación comenzara de nuevo. Las cortes decidieron que la jugada no iba. El 10 de noviembre de 2021, la Corte Constitucional negó la tutela de Álvaro Uribe donde argumentó que por su renuncia a la curul de senador hubo un cambio de sistema procesal. Precisó que la investigación mantiene su validez en todo lo actuado por la Corte Suprema de Justicia porque hay una equivalencia funcional entre la indagatoria y la imputación, con lo cual corroboró la postura de la jueza 28 en la decisión previa que provocó la tutela.

Fue así que el proceso siguió su curso en la instancia que decidió acogerse, de manos de una jueza de carrera que no estaba ni está involucrada en el enfrentamiento político con el expresidente, y donde su argumento de ser un perseguido político no tiene credibilidad.

El fiscal Gabriel Jaimes argumentó en su solicitud de preclusión tres causales para cerrar el caso contra Uribe: que las pruebas recaudadas por el Fiscal y por la Corte Suprema de Justicia no permitían concluir que Uribe fuera responsable de delitos; que si hubo delitos en los hechos que se investigaban, no había prueba de que Uribe los hubiera cometido; y, en caso de que se considerara que eso no procedía, se cerrara el caso porque probatoriamente habían imposibilidad de desvirtuar que Uribe era inocente.

La jueza Ortiz desestimó todas sus argumentaciones, al considerar que ninguna causal de las que había usado el fiscal procedía.  Afirmó que en todos los hechos sí había indicios de que el expresidente Uribe había cometido delitos que debían resolverse en juicio, y cuestionó severamente la actividad investigativa del fiscal Gabriel Jaimes.  Sin que fuera su objetivo, el análisis preciso y juicioso de la jueza da nuevos elementos a quienes afirmamos la falta de independencia del fiscal Francisco Barbosa, pupilo político de presidente Iván Duque, quien defendió públicamente la inocencia del expresidente Uribe irrespetando el principio de independencia de las ramas del poder público.

Durante la rueda de prensa el 28 de abril, el senador Iván Cepeda del Pacto Histórico, acompañado de su abogado Reinaldo Villalba Vargas del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, dijo que la Fiscalía no tiene otra alternativa que llamar a juicio lo más pronto posible a Álvaro Uribe. Resaltó la trascendencia de la decisión, “que no tiene precedentes en Colombia. Por primera vez, un jefe de Estado va a tener que comparecer ante un juez para asumir su responsabilidad penal frente a hechos muy graves”. Añadió Cepeda que “éste proceso ha sido una lección democrática en el país”.

El ex vicefiscal Jorge Perdomo destacó que la decisión de la jueza 28 es sesuda, razonada y responde a los interrogantes que muchos tenían durante las jornadas maratónicas judiciales de los últimos meses. Agregó que Carmen Helena Ortiz, dio respuesta de los argumentos esgrimidos por los representantes de las víctimas y les dio la razón.

Por su parte, el abogado Miguel Ángel del Río -defensor de Deyenira Gómez, expareja del testigo Juan Guillermo Monsalve-, tildó de “bochornoso” el papel de la Fiscalía en el caso.  Advirtió que no hay garantías de la fiscalía de Francisco Barbosa para llevar a juicio al expresidente y serán los jueces los que garanticen el debido proceso de todas las partes.

Hay un elemento no judicial que se debe resaltar. Este caso empezó con acusaciones infundadas de Uribe que buscaban dañar la carrera política del senador Cepeda, pero ha resultado ser todo un boomerang. En medio del periodo electoral actual en que estamos, el expresidente Uribe ha reconocido que el proceso legal por soborno y fraude procesal que él mismo se ganó ha expropiado su reputación, por lo que no suma en el actual proceso electoral. Además, el pésimo gobierno de Iván Duque, lo borró de la agenda mediática. Ahora el proceso en su contra se revivió con el anuncio de la jueza que Uribe debe ir a juicio, a menos de un mes de las elecciones.

La decisión de la jueza Carmen Helena Ortiz envía un mensaje claro y contundente a todos los aforados, en especial a los integrantes del Centro Democrático:  lo actuado en la Corte Suprema de Justicia tiene plena validez y el uso de leguleyadas para llevar su caso a instancias judiciales más favorables no funciona. El principio de pesos y contrapesos o equilibrio de poderes clave en una democracia, mostró su fuerza y legitimidad en el fallo de la jueza contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Un buen gesto para la democracia y el Estado de derecho sería que la Corte Suprema de Justicia modifique su jurisprudencia sobre el aforo de los congresistas, según la cual si el  investigado y juzgado por la Corte renuncia a su cargo y el delito por el cual es investigado no está relacionado con las funciones propias del cargo de  congresista, el asunto debería ir a la Fiscalía. El caso del expresidente Uribe muestra que es equivocada la anterior jurisprudencia del Alto Tribunal que ha contribuido a la jugada que Uribe intentó.

Adenda: Aplaudo la decisión del el Consejo de Estado del 28 de abril que le ordenó al presidente Iván Duque suspender el trámite de la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo, hasta que se estudie de fondo una tutela presentada por un grupo de víctimas. Bien hecho.

Acuerdo de Escazú busca una nueva oportunidad en el Congreso

Este martes 26 de abril la Comisión Segunda del Senado discutirá y someterá a votación el proyecto por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Escazú.

La votación se llevará a cabo luego que los congresistas Iván Cepeda (Polo), Antonio Sanguino (Alianza Verde) y Feliciano Valencia (MAIS) acudieran al Estatuto de la Oposición para revivir la ratificación del Tratado de Escazú que garantiza  el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

 

De acuerdo con el senador Iván Cepeda acudieron a esta herramienta, por las diversas dilaciones durante el trámite de dicho acuerdo en el Congreso, “que conllevaron a su archivo por vencimiento de términos –en la pasada legislatura–, o han impedido el avance del procedimiento de aprobación o improbación, como ocurre actualmente”.

“Hemos sido especialmente insistentes en que el país requiere la aprobación del Acuerdo de Escazú. El gobierno del presidente Iván Duque ha hecho múltiples promesas a la comunidad internacional y a Naciones Unidas de que será aprobado. Estos anuncios se han convertido en demagogia, que contrasta con las maniobras para impedir la ratificación del Tratado” advirtió Cepeda.

«Nicaragua está arrinconando a Colombia»: Iván Cepeda

En entrevista para Confidencial Colombia, el senador Iván Cepeda opina que Colombia se ha equivocado en la defensa ejercida en el litigio por las aguas marítimas en San Andrés y Providencia ante la Corte Internacional de Justicia, y expresa además sus preocupaciones por el recrudecimiento de la violencia durante el gobierno Duque.

La Corte Internacional de Justicia dará su veredicto esta semana en el litigio por las aguas marítimas cercanas a San Andrés y Providencia, ¿cree que Colombia puede perder una vez más?

 

Iván Cepeda: Yo espero que en esta oportunidad si se respeten los derechos y la soberanía de Colombia. No ocurrió así en épocas anteriores ante el tribunal internacional, ahora creemos que debe ser respetada la integralidad territorial tanto del archipiélago como de lo que se considera el área marítima y esperemos que en esta oportunidad nuestra delegación jurídica pueda defendernos.

¿Desde la Comisión Segunda del Senado cómo califican la actuación de Colombia en este pleito?

Iván Cepeda: Hemos hecho varias sesiones de control político con críticas muy serias a la manera en como se ha ejercido la defensa de Colombia, comparándolo con lo que ha hecho Nicaragua quien ha tenido un equipo permanente de muy buena calidad, que ha logrado avanzar poco a poco y construir una situación que pone a nuestro país en una condición muy difícil por la pérdida de sus derechos y sus zonas marítimas.

Para hacer un poco de pedagogía,  explique por favor la manera en qué se afectan  las comunidades en San Andrés y Providencia con un fallo adverso.

Iván Cepeda: Una decisión adversa para Colombia limita su derecho al acceso al mar, fuente de vida para muchos de los pobladores raizales, y genera una condición de dependencia de nuestra libertad y de nuestra soberanía en lo que tiene que ver con el uso de esas zonas marítimas.

¿Más adelante podría Nicaragua pedir más, incluso parte de las islas?

Iván Cepeda: Tal y como va este proceso nos va a arrinconar más sino hay una defensa contundente y clara de Colombia, esto va a seguir en deterioro de nuestros intereses.

Pasando a otro tema, ¿comparte la conclusión de la Fundación Paz y Reconciliación cuando dice en sus investigaciones “que la violencia se disparó durante el Gobierno Duque”?

Iván Cepeda: El informe es supremamente alarmante y coincide con otros que se han presentado que muestran un gravísimo deterioro en cerca de 400 municipios del país. Es decir, que prácticamente del 37% al 40% de nuestro territorio está bajo el control de grupos armados ilegales, y que todo esto obedece a que el gobierno Duque no ha tenido una política de paz ni de implementación del Acuerdo de Paz.

¿Este informe coincide con el seguimiento que algunos senadores que como usted  han hecho a la implementación del Acuerdo de Paz?

Iván Cepeda: Totalmente, y además de eso con otros informes como el de Ocha, una de las agencias de Naciones Unidas, que señala que los primeros meses de este año se ha producido un incremento del 620% de la violencia en territorios como el Catatumbo, Arauca, el Sur del Pacífico, Chocó y Urabá.

¿Es usted de los que considera que lo anterior, sumado a los hechos en la vereda El Remanso en el Putumayo hace inviable la permanencia de Diego Molano en el cargo de ministro de Defensa?

Iván Cepeda: El próximo martes tenemos debate de control político y Moción de Censura contra el ministro. Nuestra exigencia como oposición nuevamente es que se le declare indigno para ejercer este  cargo por los hechos anteriores y lo que sucedió en el Putumayo.

 

Duque y siete alcaldes tendrían que responder ante la justicia por participar en política

El senador del partido Polo Democrático Iván Cepeda denunció al presidente de Colombia, Iván Duque, por un presunto delito de intervención política en las elecciones presidenciales, junto a otros siete alcaldes municipales.

 

Según el congresista –en plena contienda electoral–, el mandatario colombiano habría hecho pronunciamientos públicos «de manera reiterada», pese a la prohibición constitucional y legal de intervenir en política.

Cepeda ha asegurado que Duque ha hecho pronunciamientos públicos «que evidencian, con nitidez», su intención de perjudicar electoralmente al candidato presidencial Gustavo Petro, de la oposición.

«Por la manera en que ha realizado dichas intervenciones se puede colegir que su conducta ha sido dolosa, toda vez que, sabiendo que no puede intervenir en política, ha acudido a engaños para tratar de eludir su responsabilidad, evitando mencionar el nombre del candidato», ha asegurado Cepeda, advirtiendo no obstante que el presidente haría uso de la alegoría para hablar sobre Petro.

El senador también ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de Colombia contra siete alcaldes que habrían intervenido «abiertamente» en condición de servidores públicos a favor del candidato presidencial «de derecha» Federico Gutiérrez.

«Durante el evento financiado con recursos públicos, los alcaldes no solo manifestaron sus simpatías públicas con el candidato de la coalición Equipo por Colombia, sino que incluso, como pasó con el alcalde de San Juan Nepomuceno, este último se ofreció a contribuir con votos», ha asegurado Cepeda.

El próximo 29 de mayo Colombia celebrará elecciones presidenciales, y por ahora Gustavo Petro está a la cabeza en las encuestas, ya que cuenta con el 32 por ciento de la intención de voto, frente al 23 por ciento al que llega Gutiérrez, según un sondeo publicado por el Centro Nacional de Consultoría.

Corte Constitucional deja a Uribe en manos de la justicia

Los nueve magistrados que conforman la Sala Plena de la Corte Constitucional negaron la solicitud de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, para que se anule el proceso judicial por falsos testigos.

El abogado, Jaime Granados, argumentó en la petición que al expresidente se le violó el debido proceso por falta de imparcialidad e independencia, al señalar que el caso se filtró a los medios de comunicación.

 

Con la decisión unánime se deja en firme la imputación de cargos que dictó un juez contra el expresidente Álvaro Uribe en el proceso por presunta manipulación de testigos y soborno que enfrenta contra Iván Cepeda.

Los magistrados determinaron que no se violaron sus derechos. El 27 de abril una jueza decidirá si precluye o no el proceso en su contra, como lo ha solicitado la Fiscalía.