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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Javier Ospina

El gobierno colapsa ¿culpa de quién?

El gobierno tuvo que sacar estudiantes obligados a marchar el miércoles, para simular que la gente todavía lo apoya. Pero no es así. Lo sabemos ya todos los colombianos. Ya no solo el 60% de gente que según las encuestas lo repudia, sino los mismos petristas que ahora le dan la espalda.

La crisis de popularidad no es gratis, y no es culpa de la prensa, a quien se amenaza a diario. No es culpa del fiscal, sobre cuya gestión se intriga desde presidencia todos los días. No es culpa de los ministros, a quienes el presidente, su jefe, echa a patadas en promedio cada mes desde que empezó su mandato. No es culpa ni siquiera de su esposa, que improvisa entrevistas amañadas en la calle para quedar en ridículo ante la verdad de un país que se resiste a ser el fracaso que vendieron para llegar al poder. No es culpa de los ciudadanos, del colombiano de a pie que ha seguido trabajando como siempre lo ha hecho.

Tampoco siquiera es culpa de los bandidos, pues de ellos no se espera nada, y no han prometido nada. Con el cinismo de siempre, reconocen todos los días que seguirán haciéndole daño al país, solo que esta vez al amparo de un gobierno inepto. De hecho, es que el colapso temprano de este gobierno ni siquiera ha sido culpa de Benedetti, ni de sus tragos y drogas. No ha tenido que ver Laura Sarabia y sus chuzadas, o Roy con sus maletines llenos de plata. No es culpa de Nicolás Petro, que pacta con delincuentes, igual que su tío.

No. No es culpa de nadie diferente a Gustavo Petro Urrego. El país no tiene presidente. Habita la Casa de Nariño, a veces, un señor sin mando, sin liderazgo, sin norte y sin futuro. Un personaje que ha derrumbado todo a su alrededor por su soberbia, su ignorancia, sus mentiras y su desorden.

Y digo que no es culpa de los protagonistas de los escándalos recientes, porque, pese a que no merecen que los exculpemos, finalmente quien decidió el papel de cada personaje fue el mismo Petro, nadie más. Él nombró a su jefe de gabinete, él decidió hacerse mejor amigo de Benedetti, un personaje oscuro sobre cuyo prontuario todos, incluyendo Petro, conocíamos. Él se metió hasta el más pequeño detalle en su campaña presidencial, con financiación y todo; prueba de ello fueron los petrovideos, que revelaron, semanas previas a la segunda vuelta, que él sabía de las campañas miserables y mentirosas con las que acabaron a Fico y a los demás contendores.

Con toda seguridad, los escándalos de estas semanas son apenas la punta de un iceberg oscuro y putrefacto. El muy sospechoso suicidio del testigo clave, ocurrido el viernes, así lo confirma. El viaje súbito de Benedetti al corazón del blanqueo de dinero ruso, Turquía, no deja dudas. Nada nos hace pensar que la cosa va a terminar bien, al menos para Colombia.

Entre tanto, el gobierno nacional bajó los brazos. Se hundió en la incompetencia más baja, Naufraga en una crisis como las que le ocurren a los gobiernos vecinos de izquierda, pero en tiempo récord. En solo 10 meses. Su ejecución es pobre, pobrísima: No ha sacado ninguna reforma importante, y sacan pecho con una tributaria que quebró aerolíneas, hoteles, petroleras y constructoras. La inversión pública, en abril, iba apenas en 16% de ejecución, lejos del 33% que debería llevar para esa fecha. No han tramitado la adición de $25 billones que les dejó, como regalo inmerecido, el gobierno Duque. No han entregado grandes obras, ni anunciado las nuevas. Y del Plan de Desarrollo nadie sabe, porque terminó deslucido y mediocre.

Este gobierno colapsó. Y a Petro le quedan 3 años y dos meses de lucha en el fango. Pero los colombianos, como siempre lo hemos hecho, saldremos robustecidos de esta crisis, protegiendo nuestra democracia. Esta noche oscura nos dejará lecciones, y en 2026 resurgiremos como la potencia trabajadora y resistente que nunca dejaremos de ser.  Vamos a luchar por ello.

Javier Ospina

 

Nuestros ediles Buena Nota: una apuesta por el futuro

Hay que votar bien en las elecciones que se avecinan. Tanto en el gobierno nacional como en el de Bogotá parecen empeñados en demostrarnos todos los días que no votar bien nos perjudica: los malos gobernantes hacen que el país y la ciudad sean inseguros, que los precios se descontrolen, que la gasolina sea impagable, y que el transporte público sea un caos. Malos liderazgos hacen que la ciudad luzca fea, llena de basura, y que la sensación de impunidad e injusticia en el país nos amarguen cada vez que prendemos las noticias o ponemos el radio. Votar mal nos afecta a todos, y nos hace sentir que alguien nos estafa siempre que pagamos impuestos.

Por eso hay que votar bien, y acertar a todos los niveles de gobierno. Este año hay que elegir a un buen alcalde, con visión, honesto y con una probada capacidad de gerencia. En el Concejo hay que votar por personas honestas y con trayectoria. Hay que elegir candidatos que, como es mi caso, hayan vivido en carne propia los problemas del ciudadano de a pie, y se pongan siempre del lado de la gente.
Finalmente, en las Juntas Administradoras de las 20 localidades de la ciudad, que representan los cargos de elección popular más cercanos al ciudadano, y en los que existe la mayor capacidad de incidencia directa en la vida todos, hay que votar aún mejor.

Desde el equipo Buena Nota, nos hemos preocupado por buscar y seleccionar a los mejores. Como resultado de ello, hemos propuesto, para la consulta del Centro Democrático de este 4 de junio, a 23 maravillosos candidatos a ediles de las Juntas Administradoras Locales, para que sean ellos quienes levanten las banderas del partido, y de nuestros ideales Buena Nota.

El talento de nuestra selección no cabe en los cortos párrafos de esta columna, pero les hablaré aquí de algunos de ellos:
Empezaré por Bosa, una localidad maravillosa con enormes desafíos en materia de espacio público formalización y movilidad. Allí estamos apoyando a José Luis Esteban, con el número 10 en la consulta. José es un joven abogado brillante, líder activo en su colegio, el Cedid San Pablo. Ha sido un promotor de la formalización y la organización del bicitaxismo. Por su trabajo y liderazgo en muchos temas sociales se ha ganado el reconocimiento de las comunidades de los barrios La Acuarela, Quintas del Recreo, La Despensa, entre muchos otros.
Lilian Muñoz es una increíble líder de la localidad de Tunjuelito. Es una Buena Nota de alma, corazón y vida; psicóloga de profesión y con una inconmensurable capacidad de trabajo. Pese a que también es joven, en su ya larga experiencia en lo público ha transformado la vida de cientos de personas mayores en condición de vulnerabilidad, mediante talleres de emprendimiento y bienestar. Será nuestra edilesa de Tunjuelito, con el número 5 en la consulta.

Con Fernando Enciso nos une algo muy especial. No tengo duda que este ingeniero industrial, especialista en gestión de riesgo, será mi sucesor en el edilato que me vio crecer como político: el de la JAL de Los Mártires. Fernando es un líder reconocido, y ha sido un referente en todo el distrito por el trabajo que ha hecho en la demolición de ollas de microtráfico, en la lucha contra la inseguridad, y en la atención de emergencias. Será edil, con el número 6 en la consulta.

Luis Nieto, número 1 en el tarjetón de Ciudad Bolívar, es un devoto líder cristiano con más de 15 años de activismo en favor de causas provida, y en defensa de la familia, como unidad fundamental.
Esta pequeña muestra de talento es representativa de una fuerza imparable que hemos ido construyendo con dedicación y amor por lo público, seguros de que somos nosotros los que tenemos el poder de transformar nuestro país. A votar bien: ¡a votar por el equipo Buena Nota!

El sector de la construcción se cae a pedazos en Colombia

La vivienda en Colombia frenó en seco perjudicando a miles de familias. El descalabro está afectando al sector de la construcción que, de acuerdo con el Dane, fue el único que decreció en términos de producto interno, para el primer trimestre del año. De hecho, mientras la economía creció 3%, el sector constructor se hundió con -3,1%.

Y lo realmente grave es que esa caída está empezando a destruir empleo: sólo en las 13 grandes ciudades se destruyeron 9 mil puestos de trabajo en construcciones, frente al primer trimestre del 2022. El gobierno nacional es culpable directo por varias razones que vamos a analizar en esta columna.

En primer lugar, y para resolver una discusión técnica rápidamente, sí, es cierto que en la caída de la construcción aún no se ha visto el impacto de las medidas del sector vivienda. La reducción en producto interno que hoy vive el sector constructor está explicada por el segundo de sus componentes, después de las edificaciones: las obras civiles. Puentes, vías, puertos, inversiones en infraestructura petrolera y militar, entre muchos otros, componen esa rama de actividad que, a marzo de 2023, ¡
¡se contrajo 15%!. Es la caída más profunda desde la pandemia, y en una magnitud similar. ¿El culpable directo? Pues un presidente que cuando fue alcalde, sacaba pecho por no hacer obras y por odiar al “cemento”.

La incertidumbre que ha vertido sobre Ecopetrol ha hecho que esta empresa aplace inversiones en infraestructura. El acuerdo de Escazú, al que le corrió en los primeros días de gobierno, está dificultando la concreción y continuación de las obras. Y la falta de gerencia, en últimas, ha dilatado procesos que el gobierno Duque había dejado listos y financiados.

Pero ahora sí, la vivienda. ¿Qué ocurre y qué puede esperarse de esta actividad en lo que resta del año? Lo primero es que, aunque el crecimiento de la actividad edificadora, que incluye vivienda y otros usos, no estuvo lejos del que tuvo la economía (2,6%), las demás cifras sí son muy preocupantes.

Según datos de Coordenada Urbana, las ventas de vivienda se desplomaron 66% en el primer trimestre. Por más que la pandemia sea muy reciente, nadie está acostumbrado a esta clase de datos, por lo que es fácil minimizarlos. Para que se haga una idea clara, es como si una tienda pasara de vender $10 millones al mes, a solo $3 millones mensuales en menos de un año.

La quiebra es inminente, sobre todo si sus costos aumentan como está ocurriendo, para seguir en el ejemplo de la tienda en el 2022 gastos por $5 millones mensuales, ahora debe pagar $6 millones mensuales: porque subieron los impuestos, subió 13% el salario del ayudante, subieron las tasas de interés del crédito en el que se metió, y sigue subiendo la gasolina que necesita para traer su mercancía.

Y por si fuera poco, la ayuda pública de la que gozaba la actividad edificadora desde hace ya casi 14 años, se frenó en seco por un cálculo politiquero e irresponsable. Para dar un contexto, resulta que en Colombia los hogares más pobres no tienen para algo que se llama en la jerga especializada un “cierre financiero”. Para comprar casa esos hogares requieren que les cuadre el ahorrito, el crédito hipotecario, y el subsidio que les dan las cajas de compensación, los municipios, entre otros.

Si alguna de las tres cosas no alcanza, no hay vivienda, así de simple. Por eso el gobierno había creado desde el 2009 un subsidio a tasa de interés, que ayudaba justamente a ese cierre financiero, y lo fue extendiendo a familias no pobres, a quienes tampoco les alcanzaba. El gobierno Duque fue aún más allá y permitió lo que era lógico: que se pudieran sumar subsidios. Y allí la explosión de la vivienda, que llegó a niveles nunca vistos.

Pues la Ministra Velasco, de la que poco se habla, porque poco hace también, decidió que eso no le servía. Que tenía que poner barreras, que le permitieran, entre otras cosas, privilegiar los gobiernos locales afines al gobierno. Ya los ingresos no van a determinar el acceso al subsidio a la tasa, sino el SISBEN. Y si no está de acuerdo con su puntaje y se queda sin casa, pues nada qué hacer. Todo un caos, que debe servirle al menos a la gente para, en este octubre de 2023, votar bien.

Pésimos resultados en seguridad en Bogotá

La seguridad en Bogotá no va bien. La revista Semana calificó de “alarmante” la situación, revelando un incremento del 12,2% en los homicidios ocurridos en la ciudad para el periodo que va de enero a abril, frente al mismo cuatrimestre de 2022. ¡340 personas asesinadas en 4 meses!.

Esto borra de un plumazo el tan cacareado éxito en reducción de asesinatos que se registró a finales del año pasado. Volvimos a como estábamos en esa época muy dura de crimen y delincuencia que se vivió tan pronto se acabó la pandemia, cuando el petrismo se desató en las calles provocando caos, y cuando los delincuentes se ponían al día, tras casi dos años de violencia silenciosa gracias al covid.

Pero es que, además, lo del supuesto éxito de 2022 en reducción de homicidios, revertido ahora, no fue tal. Como Concejal de Bogotá he tenido acceso a informes muy detallados de la situación de seguridad en la ciudad para el cierre del año pasado. En esta columna me propongo revelarles algunas de las cifras más angustiantes y contarles mi percepción sobre lo que creo, es una bomba a punto de estallar si no se desactiva rápido.

Lo primero que alarma es que de las 22 metas trazadoras del sector seguridad, nos fue muy mal en 17 durante todo el año pasado. Las llamadas “metas trazadoras” son con las que se mide estratégicamente la acción de la administración en cuanto a la prevención del delito, e incluyen temas como la tasa de homicidios, el hurto a personas, las atenciones a mujeres en casas de justicia, los delitos informáticos, entre otras.

En todas estas el problema no fue tanto que no hayan reducido, pues algunas lo hicieron, sino que  las metas se incumplieron. El homicidio en 2022 se ubicó en 12,7 por cada 100 mil, pero la meta eran 10,9. La tasa de hurto a personas, con 137 mil personas robadas durante el año, se ubicó en 1.730 por cada 100 mil, pero la meta eran 1.566. Los delitos sexuales, en cuyo caso la administración se había fijado una meta de 4.063, totalizaron al final a 5.908, un 45% por encima.

Caso aparte, por cierto, el de los delitos informáticos, que mientras que la administración se había fijado la meta de que totalizaran algo menos de 5.000 anuales, el año cerro con la impactante cifra de 19.290, es decir 286% por encima de lo planeado. No se está haciendo prácticamente nada efectivo en ese delicado frente, que incluye desde fraudes, hurto y suplantación hasta ciberterrorismo.

El tema es crítico, porque según análisis de la Personería, que se valida en cada conversación que tengo a diario con las comunidades de todos los barrios como Concejal de Bogotá, es que los responsables de esta explosión de inseguridad, son las bandas delincuenciales organizadas multicrimen.

Las mismas que, por cierto, con la expectativa de la paz total del gobierno Petro, están aprovechando para fortalecerse y consolidar su poder territorial.
Entre tanto, el Ministerio de Defensa ha ido negando el problema, en una puja vergonzosa, con una administración distrital que, hay que reconocerlo, al menos ha ido cambiando de posición, y alertando que el tema es grave.

“En Bogotá no existe la presencia permanente y con ánimo de control por parte de grupos armados organizados (…) se han identificado nueve estructuras del crimen en torno al narcotráfico que pueden tener vinculación con las estructuras de tipo rural (…)”, dice el Ministerio, mientras el Secretario reconoce que claro que hay instrumentalización de bandas más pequeñas (llamas tipo C) por parte otras más grandes (tipo A y B, entre las que están las FARC y el ELN).

El tema es crítico, el gobierno nacional debe ponerse serio con este tema, y colaborarle a una administración que, por ahora, va a cerrar con muy malos resultados en seguridad.

¡Campanazo de alerta!: Petro y su amenaza al equilibrio de poderes

Hay una grave amenaza a la institucionalidad en Colombia. Con todas las letras hay que decirlo. No podemos esperar a que lo que hoy son, aparentemente, comentarios al aire de un deslenguado, narcisista y mediático presidente, se vuelvan golpes de Estado.

Hay que evitar que en un ataque de rabia como el del viernes, decida cerrar el Congreso, desconocer una corte, o tomarse la junta del Banco de la República. Hay que evitarle a Petro la tentación, que ha tenido desde que fue alcalde, de tomar decisiones autoritarias por fuera del ordenamiento jurídico.

Es nuestro deber reaccionar con todo el carácter ya mismo, y exigirle que respete a las instituciones, que con tanto esfuerzo hemos logrado construir en Colombia. Todo el país debe hacerlo, y explicarle al presidente que él en realidad no manda, que sólo administra temporalmente, y que quienes en verdad mandan, son la Constitución y la Ley. Nos sumaríamos así, por fortuna, al llamado que inmediatamente hicieron las cortes, casi todo el país político, y hasta el Consejo Gremial, que pocas veces se pronuncia.

Pero para poner las cosas en contexto, conviene recordar en detalle la gota que tuvo que haber rebosado la paciencia institucional en Colombia. ”Yo soy el jefe del Estado, por lo tanto, su jefe” fue la frase que le dijo el viernes pasado el Presidente Petro al Fiscal Barbosa, en uno de sus acostumbrados ataques de ira. ¿La razón? El fiscal general se atrevió a denunciar que Petro había cometido un error brutal y abusivo, con consecuencias fatales, al señalar al fiscal estrella del caso Odebrecht, Daniel Hernández, de estar aliado nada menos que con el Clan del Golfo. Semejante señalamiento, en un país cuyo gobierno le ha dado, de facto, una patente de corso a cuanta banda criminal opera en Colombia, para que amenace y asesine sin problemas, es muy, muy grave. Eso denunció Barbosa.

En reacción Petro, por ignorancia, maldad, o ambas, ¡se abrogó con su frase la jefatura del poder judicial!. Desconoce Petro que hay separación de poderes, y que ninguno de los tres: ni el judicial, ni el legislativo, ni el ejecutivo, está por encima de los otros dos. Para bien de Colombia, y desgracia del presidente, nuestra constitución garantizó con múltiples herramientas el balance de poderes. A Petro eso parece tenerle sin cuidado, cuando sale amenazante por televisión: “(soy) su jefe”, pero la verdad es que la Fiscalía pertenece a la rama judicial. Como bien respondió el fiscal, ¿acaso Petro puede echar (o declararle insubsistencia) legalmente a Barbosa?, ¿no que era el jefe?.

Los escasos y vergonzantes opinadores petristas que quedan, han enfocado que se trató de un error de los dos: del presidente y del fiscal. Pero no es así. El fiscal, dicen, se sobrepasó primero al señalar de dictador a Petro. ¿Por qué?, pues, como no podía ser de otra manera, Barbosa señaló que quien se intenta pasar por la faja la rama judicial, como lo hizo Petro con el caso del clan del Golfo, actúa como un dictador. No se equivocó en ningún momento el fiscal. Y es que además nadie honesto puede decir que Barbosa, quien por supuesto, no es nada afín al Pacto Histórico, ha perseguido y obstaculizado al gobierno.

Todos los colombianos fuimos testigos que colaboró desde el primer momento:  “Fue una reunión muy cordial, trazamos las líneas de trabajo conjuntas en el marco de la colaboración armónica que va a existir entre la Fiscalía y el Gobierno. Hay muchos campos de trabajo conjuntos” dijo el Fiscal al término de su primera reunión, el 24 de agosto del año pasado, pasadas escasas semanas de la posesión del presidente.

A partir de allí, se han vuelto a reunir tres veces, las tres con grandes elogios mutuos. Así que no, no hay un problema de origen, presidente, es usted el que debe respetar la institucionalidad, ¡no se comporte como un dictador!.

Continúan las críticas al discurso de Petro, turno para algunos concejales de Bogotá

El discurso del presidente Gustavo Petro del pasado 1 de mayo desde el balcón del Palacio de Nariño, provocó molestias en algunos sectores del país, uno de ellos, el Concejo de Bogotá, donde integrantes como Javier Ospina han manifestado su incomodidad por algunas de sus frases.

El cabildante dijo en su reciente intervención en la plenaria del cabildo tildó de delirante el discurso del primer mandatario.

Ospina comparó a Petro con Donald Trump, según él, por incentivar a las masas para que salgan a las calles.

El concejal del Centro Democrático extendió sus críticas a la vicepresidenta Francia Márquez por gritar “viva” a la Primera Línea, recordando que muchos de sus integrantes protagonizaron hechos vandálicos en las ciudades durante el estallido social.

 

Plan Nacional de Desarrollo: una previsible victoria pírrica

Es muy probable que esta semana el Congreso de la República termine aprobando el Plan Nacional de Desarrollo. No está claro que la otra alternativa, la de que se hunda y se sancione por decreto, le sirva a alguien. Ni siquiera a partidos de oposición. Lo que sí está claro es que, de aprobarse, será una victoria pírrica. Se venderá como un gran triunfo de la administración, aunque no sea más que la estocada final de un primer año pésimo en materia legislativa. En esta columna contaré las razones por las cuales creo que el plan aprobado será una noticia más agria que dulce para un gobierno que, esta semana, y como lo sabíamos muchos colombianos, empezó a naufragar.

Y es que, antes que nada, hay que recordar que fue en esta insólita semana (en la que el nuevo presidente de Ecopetrol casi quiebra la empresa a punta de desvaríos, y en que la que Petro echó a sus dos últimos ministros competentes), que se terminó de cocinar el plan de desarrollo. El documento para discusión y aprobación en plenarias, de 282 páginas, y 373 artículos, terminó con la mano metida de todo el mundo.

Para que se haga una idea del alcance de esas “manos”, el proyecto original tenía apenas 300 artículos. Muchos han señalado que el gobierno le dijo a todo que no. Y pues la verdad es que llegaron más de 4.000 proposiciones para discusiones en plenarias, por parte de todos los partidos. Pero mucho de ello, se sabe, es siempre relleno. Al final el gobierno, entre primíparo y falto de foco, aprobó bastante.

Siendo así, ¿por qué creo que se va a aprobar en el Congreso ese Frankenstein que incluye hasta expropiación exprés y 6 facultades extraordinarias? Porque si no, todas esas manos, de todos los partidos, tendrán solo dos opciones: o llevan ya mismo el precio de sus votos a niveles exorbitantes, algo fácil de negociar pero difícil de cumplir, o aprueban el plan, pero toman retaliaciones en las leyes que vienen, que no son pocas, ni pequeñas: la laboral, la pensional, la (¿nueva?) de salud, y la que pronto, quizá mañana mismo le exigirán los estudiantes en la calle: la de la Ley 30 de 1992, Ley de educación superior.

El gobierno se quedó sin cartas para negociar. Cambió precipitadamente el gabinete, y demostró que lo volverá a hacer cuando se le plazca, y que incumplirá el acuerdo que sea. Le muestra así a los congresistas que ya no los necesita, y que, en todo caso, la estrechez financiera no le da para mucho. El Congreso concluirá esta semana que esos articulitos que logró meter hasta ahora, sumado a otros micos que pueda, si acaso, colar en la conciliación, será quizás lo único que alcance a hacer, antes de su cierre virtual, impulsado por un gobierno al que ya no le importará fracasar. Y entre tanto, el gobierno, feliz, alzará jubiloso la copa vacía de un plan de desarrollo que marcará el comienzo de su propio fin.

Una economía en desaceleración

La economía no va bien y el país tampoco. Lo dicen las encuestas, los analistas, los estudios, la gente en la calle, y hasta las estadísticas oficiales del Dane. El país se detiene de a poquitos, y en el caso de algunos sectores, como la construcción, está dando saltos triples, pero hacia el barranco.

Esta semana fue una noticia mala tras otra. Solo el viernes, el Dane publicó su cifra de percepción de pobreza, incluida en la encuesta de calidad de vida. Resulta que, según esta entidad, en 2022 el 50,6% de los colombianos se sintieron pobres. Esto es más de la mitad de la gente. Y por si usted duda de la responsabilidad del gobierno Petro en esto, la encuesta fue recogida justamente cuando él ya era presidente, y se trata de una encuesta de autopercepción, en la que pesan cosas como las perspectivas de ingresos, la situación laboral, y otras variables de entorno, relacionadas con la materialización de aspiraciones de las familias. Para que se haga una idea, la observación anterior a la del 2022, reveló que esta proporción estaba en 37,9%, muy alta, pero lejos de la actual.

También, y a comienzos de esta semana, la firma Raddar, dedicada a medirle el pulso a la economía colombiana, y sobre todo al consumo de los hogares, reveló una caída de 3% durante marzo de este año. Parece poco, pero se trata de la reducción más fuerte desde abril de 2020, ¡cuando todo estaba completamente cerrado por la pandemia!. Esto es como si estuviéramos viviendo un segundo Covid, pero causado por un gabinete ministerial que no sabe para dónde va, pelea en público, transcribe canciones de Silvio Rodríguez en momentos de crisis de seguridad, y que regresa pletórico de dicha de viajes internacionales, porque entiende, mal, frases de cajón de políticos gringos.

El problema de fondo es que, como lo hemos venido advirtiendo en esta columna, se le ha dejado coger ventaja a temas críticos. En este caso el tema del sector externo es bien particular. El viernes pasado, Petro celebraba una mala noticia: que el déficit comercial se estaba cerrando. Parece una buena nueva, pero no lo es.

Al economista Petro hay que explicarle que un menor déficit comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones, no es necesariamente algo positivo. Si se da por exportar más, con las mismas importaciones, buenísimo. Pero si se da porque, exportando incluso menos, las importaciones caen también, pero a una mayor velocidad, está todo mal. Y es ese el caso: es verdad que el déficit se redujo, pero porque las importaciones cayeron 8% en lo que va del año, frente al 2022, y al tiempo, las exportaciones también cayeron, pero al 2%. La diferencia de velocidades reduce el déficit.

O sea, los colombianos estamos comprando menos del exterior, pero también mandando menos para afuera. Solo en manufacturas importadas, crucial para el comercio formal masivo, la caída fue del 17%. Todo esto significa menos consumo, y menos bienestar, venga de donde venga. Pero lo más irónico del asunto es que, en este gobierno de izquierda, proteccionista y lleno de discursos grandilocuentes de soberanía alimentaria, las únicas importaciones que crecen son precisamente las de productos alimenticios y animales vivos. Y las importaciones de estos rubros crecen a casi el 10% anual.

Todo esto en esencia se refleja en una cosa: a los comerciantes les está yendo mal. Venden poco, y la gente, el ciudadano de a pie, compra cada vez menos. El gobierno lo está haciendo mal y tiene que corregir. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues, al menos, no darle ni un solo voto al Pacto Histórico este año. No se lo merecen.

Hay que estar alerta con el ELN en Bogotá

El ELN campea tranquilo por las ciudades colombianas y al gobierno nacional no le importa. En el Concejo de Bogotá, denuncié cómo en el barrio La Amapola de la localidad de San Cristóbal, vecinos preocupados me advirtieron horrorizados cómo habían empezado a circular tranquilamente por las calles y parques de esa comunidad, banderas y panfletos del ELN.

La misma semana, en un barrio de la comuna 2 de la ciudad de Medellín, conocido como La Paralela, se encontró una caja de icopor repleta de explosivos. El hecho fue tibiamente denunciado por el oficialista Alcalde Quintero, quien se limitó a pedir investigaciones, sin mayor aspaviento.

Cerca de allí, y solo un par de días atrás, en el barrio obrero del municipio de Itagüí, departamento de Antioquia, la policía encontró dos paquetes con panfletos y explosivos. Y hace tan solo horas antes de la publicación de esta columna, la comunidad de Bagadó, Chocó, un municipio de 14 mil habitantes a tan solo 80 kilómetros de la capital del departamento, denunciaba reclutamiento masivo de menores por parte de este grupo delincuencial. Y, tristemente, no han sido hasta ahora solo hechos sin víctimas, porque recordemos que el 29 de marzo de este año el ELN masacró 9 héroes de la Patria en la base militar de El Carmen en Norte de Santander.

Como esos, y según datos de la Defensoría del Pueblo, ya hay reportes de hechos delincuenciales perpetrados por esa guerrilla en al menos 212 municipios de 22 departamentos del país, incluyendo Bogotá.

Nota relacionada: Una bandera del ELN y varios panfletos asustaron a los habitantes de San Cristóbal

Para que se haga una idea, esto equivale a decir que en 7 de cada 10 departamentos colombianos hay presencia del ELN. Gravísimo. Ese tema cogió ventaja, y no nos dimos ni por enterados.

Y es que ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno? ¡Ninguna!. Informes desarticulados y confusos avisan, básicamente, que todo es un invento, y que la comunidad en todo el país miente. Que el ELN a duras penas opera en algunos municipios del Catatumbo, en Norte de Santander, y que, por ahora, no es una verdadera amenaza.Pero, por supuesto, la realidad es otra y hay que actuar.

La guerra que antes se veía en los campos se está trasladando a las ciudades. En todo el país, nuestros héroes de la Policía Nacional advierten que debemos estar en máxima alerta. Pero, entre tanto, supuestos informes de inteligencia, comunicados por el Gobierno, nos dicen que aquí realmente no hay bandas criminales organizadas activamente, y que se trata de algunos hechos aislados.

Entonces, o alguien nos miente, u otro alguien está haciendo mal su trabajo. El gobierno, del que no podíamos esperar demasiado en este delicado tema, firmó un papel. No un decreto, porque no se decretó nada: Petro firmó un papel inane, ridículo, inservible, el 31 de diciembre del 2022.

Decía el patético documento, llamado en forma grandilocuente “Decreto 2657 de 2022”, que, a partir de las cero horas del primero de enero de 2023, y hasta las 24 horas del 30 de junio del 2023, se decretaba un “cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional, entre el Gobierno Nacional” (quién sí frenó operaciones en observancia de la Ley; algo que siempre ha caracterizado a nuestro Glorioso Ejército Nacional) “y el ELN” (a quien, por supuesto, no le importó ni cinco).

Recordemos que hicieron falta apenas 4 días para que el gobierno “suspendiera” el cese. Todo un fracaso y un ridículo presidencial. Pero lo grave es que, desde entonces, esa guerrilla, más viva que nunca, ha arrodillado al gobierno. Desde esta trinchera hago un llamado a estar alerta. A esos bandidos va a ser muy difícil creerles en su disposición de hacer la paz total. Dios nos ampare.

Javier Ospina

Bogotá: destino turístico maravilloso al que no tenemos que ir en avión

Empezó la Semana Santa. Y si bien para muchos de nosotros debe ser una época de reflexión, es innegable que también representa una oportunidad para impulsar el turismo. En esta columna voy a hablar del momento tan complejo por el que atraviesa ese sector, y de las oportunidades que, en ese entorno, puede aprovechar Bogotá. Y es que, si toda crisis es una oportunidad, tenemos en la ciudad una muy grande, porque el lío nacional es mayúsculo.

El miércoles pasado vimos por segunda vez este año a una aerolínea que opera en Colombia venirse abajo. Ante la mirada indolente, y la total incapacidad del gobierno nacional, las aerolíneas Viva y Ultra Air quebraron en el país (en parte porque Petro les subió el IVA) y dejaron a cientos de usuarios en veremos.

En el caso de Viva, la crisis ha dejado 18 mil pasajeros perjudicados al día desde hace un mes, y solo en esta Semana Santa, Ultra Air, dejó 63.500 tiquetes vendidos y sin servicio. Literalmente esas dos empresas robaron dinero, tiempo y paciencia a miles de colombianos y extranjeros. ¿Y qué hizo el gobierno? Poner a un Ministro a entregar tintos en el aeropuerto, y dedicar un avión con capacidad para 50 personas, a atender a los cientos de miles de pasajeros varados. Populismo puro y barato, y ni una sola decisión de fondo.

El turismo en Bogotá, en cambio, reluce. Sus casi 5.000 operadores, en los que trabajan más de 130 mil personas, tiene muchísimo para ofrecer, y el momento por el que atraviesan es muy bueno. Según cifras de la encuesta de alojamiento del DANE, con corte a enero de este año, los ingresos del sector hotelero en la ciudad habían crecido 45% frente a igual periodo del año pasado, mientras que Colombia lo hizo en un porcentaje apenas inferior al 10%. Esto además se tradujo en más y mejores empleos, pues mientras el sector hotelero nacional creció a una tasa del 14%, en Bogotá el número de ocupados en este sector creció 30%. Esto, mientras, por ejemplo, por cuenta de la improvisación del Gobierno Nacional, el empleo en San Andrés, a donde no se puede llegar sino en avión, caía 5% en personas ocupadas permanentemente. Una tragedia para la isla.

Los 12 millones de turistas extranjeros que prometió Petro en campaña fueron una más de sus mentiras, y en Bogotá no superaron los 113 mil en 2022. Pero el turismo interno es clave. Bogotá es una ciudad paseadora. Según cifras de la encuesta de gasto interno en turismo, 709 mil bogotanos viajaron en 2022, y el porcentaje de ellos que viajó por recreación o vacaciones fue el segundo más alto del país después de Cali, con un 58%.

¿Qué alternativas ofrecerle a esos más de 411 mil bogotanos que salen de paseo, y a los más de 168 mil, también turistas, que viven en grandes ciudades cercanas, muchos de los cuales posiblemente se abstendrán de salir ante el desastre del turismo a nivel nacional?

En la Semana Mayor será imperdible la visita al santuario de Monserrate, pero como esa hay más de 1.500 iglesias, hay 63 museos, y una enorme oferta gastronómica y de entretenimiento. Entre los más de 5.100 parques que tenemos, 17 son metropolitanos, cada uno con más de 10 hectáreas. Allí hay unos realmente hermosos como el Parque el Lago en Barrios Unidos, el Tintal en Kennedy o El Recreo en Bosa, con su velódromo de primer nivel.

Así que Bogotá está lista para ese turismo de Semana Santa. Y ante el fracaso y el desorden del gobierno nacional, nos queda disfrutar de una ciudad mágica, que nos abre sus puertas.

¡Hay que despertar a la juventud contra la reforma pensional!

De la reforma pensional se ha advertido ya todo, pero nadie reacciona. Una de las primeras críticas provino de la bancada del Centro Democrático en el Congreso, que ha sido una voz solitaria en la defensa del bienestar y el derecho a la propiedad del aportante a fondos de pensiones.

Nuestra colectividad en el legislativo ha señalado que la reforma es perjudicial, porque elimina de tajo la posibilidad de tomar decisión alguna sobre los aportes pensionales; porque destruye el derecho a la elección que hoy tienen los cotizantes; y porque, mucho más grave aún, le permite al gobierno disponer, a las malas, de los ahorros para la vejez de la totalidad de los actuales cotizantes. O sea, de la mayoría de los trabajadores colombianos.

Los gremios han hecho lo suyo. Asofondos denunció esta semana que la reforma pensional generará un costo fiscal brutal, que se traducirá en mayores impuestos en el mediano plazo; se perderá el derecho a heredar la pensión, e insisten, al igual que el Centro Democrático, en que se nos quitará a los colombianos la posibilidad de elegir, imponiéndosele a la mayoría de trabajadores un fondo público, que no les reconoce ni un centavo de rentabilidad por sus ahorros.

Anif, el gremio y centro de estudios, por su parte, advierte que se duplicará el pasivo pensional para llevarlo, al cabo de unos pocas décadas (anote por ahí esta cifra) ¡a un total de $3.279 billones de pesos de hoy!. Casi los mismos números inventados por la ministra de minas. Una abominación.

A todas estas voces, menospreciadas y desoídas por el gobierno nacional, que se apresta a discutir con su aplanadora legislativa la reforma, se le han sumado varias opiniones que han señalado, con mayor o menor volumen, estos y otros males de una reforma mediocre y mal pensada. Reforma que no resuelve, y antes agrava, dos problemas de fondo: baja capacidad de ahorro, con escasos incentivos para hacerlo, y una enorme regresividad de los subsidios pensionales que hoy pagamos todos los colombianos, y que nos cuestan más de $40 billones al año.

Plata que, aunque sale de los bolsillos de todos nosotros, vía impuestos, se está dirigiendo, no a los adultos mayores más pobres (que, por cierto, hoy reciben $80 mil y recibirán con la reforma apenas la mitad de lo que les prometieron en campaña) sino a los más ricos. Pero lo que es en definitiva es inexplicable, indignante, inaudito y exasperante es ver cómo, a diferencia de los franceses, los otrora indignados colombianos, que salieron a quemarlo y destruirlo todo para hundir reformas fiscales que los afectaban apenas marginalmente, hoy callen en siete idiomas.

¿Alguien ha escuchado a esa impetuosa juventud indignada y combatiente quejarse por el hecho de que les van a subir, de facto, la edad de pensión?. Las calles francesas, ajustan catorce días de protestas ininterrumpidas, con más de 500 detenidos, más de 400 policías heridos en disturbios y bloqueos causados por más de 1,3 millones de jóvenes. ¿La razón? Macron, tan amigo en su momento del expresidente Santos, sacó solito, como en dictadura, saltándose al congreso, una reforma pensional que apenas eleva en dos años la edad pensional.

¿Qué propone Petro mientras tanto?: ¡Incrementar, en la práctica, tres años la edad pensional! ¡Y nadie dice ni mú!. El 90% de aportantes de los fondos de pensiones, hoy mayoritariamente jóvenes trabajadores que ganan menos de 3 salarios mínimos, pasarían de cotizar 1.150 semanas a 1.300, lo que implica tres años más de cotización para pensionarse, previo cumplimiento de la edad que, tramposamente, no se modificó.

Nuestra juventud está adormecida por el encantador de serpientes que ocupa la presidencia. ¡Tenemos que despertarla!.

A pitar todos!!

Javier Ospina

Concejal de Bogotá 

Otra crisis que ya explotó: el hacinamiento en estaciones de policía

“Ven a la juventud entre las cárceles y creen que eso es seguridad” dijo el mes pasado en la Universidad Distrital el presidente Petro, criticando, con torpe disimulo, a Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Esa frase bien puede resumir la postura política de este gobierno. Un verdad obvia, pues nadie querría ver jóvenes encerrados, pero que omite un detalle colosal: la gran mayoría de los presos no están en las cárceles porque sí, sino porque nuestra justicia, que es independiente, así lo decidió. Y lo hizo para castigar conductas tipificadas en el código penal, y sobre todo, para proteger y resarcir a las víctimas.

Por eso preocupa y angustia tanto que Petro haya pasado además de esa retórica mediocre de criticar al vecino (que quiéralo o no, está dando resultados), a exculpar, condescender y justificar a los delincuentes. Como son jóvenes (aunque hoy el 82% de los reclusos tienen más de 24 años), dice el presidente, no deben estar en una cárcel. Deben salir y reparar a sus víctimas, así el 45% de las condenas sean por homicidio y hurto agravado. Así de simplista es la visión. Y, como el gobierno materializa rápidamente la inacción, decidió acabar de un plumazo la construcción de nuevas cárceles.

El Plan Nacional de Desarrollo, que se vota en primer debate esta semana en el Congreso, no contempla edificar ni un solo establecimiento de reclusión o detención intramural. No habrán nuevas cárceles. De hecho, si usted lee el capítulo 12 del catalizador A (habilitadores que potencian la seguridad humana) del Plan de desarrollo (página 88 de las bases) yo creo que, igual que a mí, le entrarán ciertas ganas de delinquir, que quizás solo se bloquearán porque usted y yo somos personas correctas. Pero el incentivo es perverso.

Toda la política penitenciaria se centra en cuidar el bienestar del delincuente, incluso privilegiando penas que lo dejen en libertad, al tiempo que desprotege totalmente a las víctimas. Lo que está sucediendo hoy, no solo en Bogotá sino en todo el país es gravísimo. Según el INPEC, la capacidad carcelaria del país es de aproximadamente 80 mil cupos, y en 2022 habían más de 124.000 reclusos, lo que significó un hacinamiento del 55%.

La brutal crisis de las cárceles llevó al tribunal de Cundinamarca a ordenarle al gobierno a frenar la sobrepoblación, lo que derivó en un problema mayor: el hacinamiento se desplazó a las estaciones de policía. Y el tema explotó.

Cifras reveladas esta semana durante el debate que tuvimos en el Concejo de Bogotá sobre el tema, muestran cómo el hacinamiento en las estaciones de policía de la ciudad llegó a la alarmante cifra del 252,3%, y en localidades como Usaquén y Bosa a superar el 500%. Para que se haga una idea de lo que pasa en Bogotá, eso es como si a usted al subirse a un avión, lo obligaran a llevar encima de sus piernas a otras dos personas. Ahora quite la comodidad del asiento y váyanse juntos, no a un viaje en avión, sino a pasar una noche helada junto a otros delincuentes. Esa es la situación. Ese, Presidente, es el problema de no tener cárceles, ni administrar con seriedad el problema.

Desde esta trinchera distrital le hago un llamado al Congreso. En esta semana crítica para el Plan de Desarrollo, tiene que ser prioridad descongestionar las estaciones de policía y llevar a los delincuentes a donde deben estar: a nuevas y mejores cárceles. Porque sí Presidente, eso también es seguridad.

Bogotá activa los silbatos para salvar mujeres en TransMilenio

La administración distrital lanzó la estrategia de sensibilización ciudadana Date cuenta es violencia, pita y avisa, la cual se enmarca en la política distrital #BogotáSeLaJuegaPorLasMujeres.

En el lanzamiento de la campaña la Alcaldesa Mayor dijo que “al acosador, al agresor, lo protege que la carga de la vergüenza la lleva la mujer y no él, cuando debería ser, al contrario. Ese acosador, ese agresor, debe ser sancionado judicial y socialmente”.

La mandataria capitalina agradeció a la ciudadanía, y especialmente al concejal Javier Ospina, por sumarse a esta campaña con un método muy simple a través del silbato: “La violencia contra las mujeres es un asunto de todos y de todas, porque los hombres, en su inmensa mayoría, saben que respetarnos y cuidarnos es parte de ser felices como sociedad. Para esos pocos que todavía creen que es un derecho acosar y está permitido cultural o legalmente, sepan que no es así, y son una minoría que poco a poco va a ir desapareciendo”.

Con el sonido del silbato se activará el protocolo de atención a emergencias del Sistema, para atender a cualquier mujer víctima o testigo de una situación de violencia en TransMilenio.

El Distrito adquirió 5.000 silbatos para adelantar esta campaña en su primera fase con una inversión de 200 millones de pesos, luego se medirá su impacto. (Incluye silbatos, manillas y posicionamiento de la estrategia en medios de comunicación, redes sociales y dentro del sistema).

El Concejal Javier Ospina, ha sido promotor de la conciencia ciudadana, asegurando que ¨a medida que los bogotanos se apropien de valores como la empatía y la solidaridad, tendremos un sistema de transporte público más seguro, más amigable y, sobre todo, más eficaz¨, y es por esa razón que el año pasado, decidió proponerle a la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López y a las directivas de Transmilenio que adoptaran la idea dentro del Sistema.

¨Hoy le estamos dando un mensaje poderoso no solo a Bogotá, sino al país: proteger a las mujeres no tiene color político; este lanzamiento es la clara demostración que se puede trabajar por un propósito común, la ciudadanía. Nosotros pasamos de la crítica a la propuesta y es por eso que hoy nos llena de orgullo, que Transmilenio y la Administración Distrital, en cabeza de la Alcaldesa, Claudia López, hayan adoptado esta iniciativa que nació de una vivencia personal de un Concejal del Centro Democrático, demostrando que el bienestar de los bogotanos y bogotanas, están muy por encima de las diferencias ideológicas y los egos políticos¨, concluyó el Concejal

¡Bajaron las tasas para el comercio! ¿será suficiente?

Los bancos decidieron esta semana bajar las tasas para tarjetas de crédito de cupos bajos. ¿Qué significa esto? ¿por qué lo hicieron? ¿la reducción ayuda en algo a aliviar la situación del comercio que, como he denunciado en columnas pasadas, ha estado frenando en seco desde finales del año pasado?.

En esta columna vamos a examinar esos anuncios, y tratar de ver el panorama completo, para entender por qué, aunque el nuevo escenario le servirá a algunos, es aún muy insuficiente.

Primero comenzó Bancolombia. La institución financiera anunció que a partir del viernes 10 de marzo su tasa de interés bajaría del 46% en el que estaba (más de 3,2% efectivo mensual) a 25%, equivalentes a 1,9% de interés nominal mes vencido, lo que es casi la inflación mensual, ubicada en febrero en 1,7%.

Más tarde, ese mismo viernes, Davivienda hizo lo propio llevando su tasa de crédito de consumo para productos con cupos de menos de $4 millones, hasta un 20% anual.
Estas dos golondrinas rápidamente hicieron verano. El Banco de Bogotá, el Banco de Occidente, el Scotia Bank Colpatria, y los bancos Pichincha y BBVA cerraron tasas para tarjetas de crédito este sábado en 20%, muy cerca de la inflación.

¿Es esto bueno? Para comercios plenamente formales, con acceso a medios de pago por transacciones bancarias, claro que sí. El segmento de clientes con esos cupos pertenece a una clase media que tiene empleo, le subieron el sueldo cerca de la inflación del año pasado, e igual que siempre, gasta en combustibles, entretenimiento, turismo, paga Netflix, y compra a cuotas el mercado, su vestuario y electrodomésticos.

El problema es que esos comercios plenamente formales, con registro mercantil, seguridad social, RUT, entre otros, representan poco más de la mitad del total de comerciantes, mientras el resto no lo son, según diversas definiciones. Y entre ellos, la gran mayoría maneja el efectivo (o billeteras virutales como Nequi o Daviplata) como principal medio de pago.

De hecho, según la Cámara de Comercio de Bogotá, para el caso de nuestra ciudad, mientras el 68% de las empresas que tienen registro mercantil utilizan el efectivo como principal medio de pago, en los locales sin registro mercantil ese porcentaje asciende al 97%. En ese entorno, la reducción de tasas no hace prácticamente nada. Colombia es de los países en América Latina que menos utiliza tarjetas de crédito.

La realidad es que, hasta antes de la decisión, los bancos estaban casi pegados al 46% permitido de tasa de usura. Este es un invento regulatorio, que ha generado todo tipo de distorsiones en el mercado, desde hace mucho tiempo. En forma artificial, el permiso regulatorio explícito e innecesario de cobrar muy por encima del equilibrio de mercado, permitía que los bancos, que en Colombia son aún muy pocos, hicieran algo que en la literatura económica se conoce como coludir: pactar precios para beneficiarse de mejores condiciones de mercado, aún si afectan a los consumidores.

No se sabe a ciencia cierta qué pasó, pero es muy probable que haya sido el liderazgo del exministro de vivienda del Presidente Duque, Jonathan Malagón, hoy en la presidencia del gremio de los bancos, Asobancaria, lo que haya impulsado la iniciativa de bajarse de esa tasa máxima de usura, y volver a situarse en la de mercado, aunque sea para ese segmento pequeño.

Aquí el gobierno no tuvo nada qué ver, ni hay que celebrarle nada. Se requiere hacer mucho más, no solo para mitigar el impacto de la inflación, la devaluación, y los disparates económicos semanales, que traen incertidumbre, sino para formalizar, y hacer que más consumidores se animen y reactiven el comercio, que tanto lo necesita.

Jalón de orejas del concejal Javier Ospina al ministro de Defensa

El concejal Javier Ospina hizo un llamado al ministro de Defensa, Iván Velásquez, para que asuma un mayor compromiso en las acciones que según él, «desde el Estado se deben ejecutar hacia la organización criminal conocida como el Tren de Aragua».

El cabildante considera que al tratarse de una organización de otro país pasa a ser un asunto de seguridad nacional  y el Ministerio de Defensa debe ayudar a erradicar este problema de Bogotá.

Ospina aseguró que el administrador del conjunto residencial donde se denunció que integrantes del Tren de Aragua estaban amenazando a los vecinos se encuentra amenazado y no se le puesto ninguna medida de seguridad.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.