El procurador delegado de Intervención ante la JEP, Jairo Acosta Aristizabal, calificó de “aberrante” la propuesta planteada por los excomandantes de las Farc sobre crear una ley de punto final que reemplazaría a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Durante su intervención en la Audiencia de Observación de Víctimas del Subcaso Antioquia, Acosta señaló que “Hay quienes hoy en día piden que la JEP deje de existir y que hablemos de una ley de punto final. Nada más aberrante. Una ley de punto final no es posible en lo jurídico nacional e internacional, pero sería aquello que supondría la negación absoluta de todos los derechos de las víctimas”.
Así mismo, pidió a la Justicia Especial Para la Paz, atender las solicitudes, inquietudes e inconformidades de la ciudadanía con los resutlados que hasta el momento arroja el tribunal de justicia transicional en Colombia.
De otra parte, solicitó a los demás actores del sistema judicial, como la Fiscalía, continuar aportando en la búsqueda de la verdad: “La fiscalía no tiene por qué haber suspendido las investigaciones, suspendieron sí las órdenes de captura, las imputaciones, las acusaciones, y por supuesto, los llamados a condena, pero el resto sigue en pie”.
Un “pequeño” error de calculo tuvo el entonces Presidente Álvaro Uribe. Con la extradición de Salvatore Mancuso y otros 13 jefes paramilitares ordenada sorpresivamente el 13 de mayo de 2008, Uribe pretendió enviar la verdad a Estados Unidos sin tiquete de regreso. Lejos estaba de imaginar que estos dieciséis años serían suficientes para que los paras pudieran retornar luego de responder por sus delitos ante la justicia gringa, que habría un acuerdo de paz con las FARC del que se derivaría la Jurisdicción Especial de Pazy que llegaría un gobierno en representación de las izquierdas y las fuerzas alternativas comprometido con el derecho de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación.
El golpe de mano del gobierno de Uribe a los jefes paramilitares no fue de buen recibo entre las víctimas, las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y voces calificadas de la opinión pública. Ocurrió después del Acuerdo de Santa Fe de Ralito que produjo la desmovilización y el desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia y su sometimiento a ley de “justicia y paz” o ley 975 del 2005. Fue una extradición que privilegió los delitos de narcotráfico ante la justicia de otro país sobre las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de guerra cometidos en Colombia, que interrumpió abruptamente la entrega de verdad y los compromisos de reparación de los victimarios ante los tribunales de justicia y paz. Tanto afán tuvo el gobierno en extraditar la verdad que no se establecieron compromisos y procedimientos eficaces para que a los jefes paras se les obligara a seguir respondiendo ante la justicia colombiana, ni se acordaron los mecanismos de repatriación y deportación una vez cumplieran sus condenas en las cárceles de Estados Unidos.
Fue tanta la irresponsable laxitud de Colombia en este caso que la Cancillería y el Ministerio de Justicia en el gobierno de Iván Duque reconoció, en respuesta a un derecho de petición, no tener información del paradero de los paras extraditados después de purgar sus penas. Y el caso de Salvatore Mancuso es revelador: cuando se conoció en el 2020 su posible libertad, el gobierno Duque presentó en dos años cuatro solicitudes ante las autoridades norteamericanas, con evidentes errores e inconsistencias jurídicas como para enredar deliberadamente su retorno. La llegada a la Presidencia de Gustavo Petro significó un cambio sustancial en la conducta del Estado Colombiano en este caso. En el marco de la política de paz total Mancuso ha sido declarado por el Gobierno “gestor de paz” a cambio de una eficaz contribución a la verdad, fue aceptado en la Jurisdicción Especial de Paz ante quien ha venido compareciendo y se destrabaron los mecanismos para obtener finalmente el regreso a Colombia del emblemático jefe paramilitar.
La llegada de Mancuso esta semana ha generado una inmensa expectativa en el país. Como es su obligación tendrá que atender las decisiones de los tribunales de justicia y paz creados por la ley 975 del 2005, interrumpidos por su extradición. Su voz será fundamental en la Jurisdicción Especial para la Paz JEP para develar toda la verdad sobre los alcances del fenómeno paramilitar, sus ramificaciones y alianzas políticas y empresariales, y, sobre todo, para identificar y judicializar entramados políticos y criminales que subsistieron a su desmovilización y se reinventaron para mantener el control político territorial en muchas regiones. Incluso su testimonio ha sido solicitado en la justicia ordinaria en el proceso del Expresidente Álvaro Uribe en casos como la masacre del Aro, la creación del Bloque Metro de las AUC, la operación de los 12 Apóstoles y el llamado Bloque Lechero de los paras o el asesinato del defensor de derechos humanos antioqueño Jesús María Valle. Verdades que garanticen la no repetición y que nos acerquen por fin a un cierre definitivo de nuestra reiterada y dolorosa violencia política.
El presidente de la Justicia Especial Para la Paz, Roberto Vidal, contestó a los dirigentes del Partido Comunes, más exactamente a quienes hicieron parte del secretariado de la extinta guerrilla de las Farc, advirtiendo lo que pueden perder en el caso de que no comparezcan a las citaciones.
El magistrado señaló que, aunque respetan las opiniones que puedan tener, esto no significa que puedan dar órdenes u orientaciones sobre cómo deben hacer su trabajo los magistrados.
El presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, en carta al presidente Gustavo Petro, señaló a la JEP de tomar decisiones judiciales que según el, «la alejan del espíritu del acuerdo de paz, generando serios riesgos a la seguridad jurídica de los firmantes y al sostenimiento del proceso de paz».
Carta pública al Señor Presidente de la República, dr Gustavo Petro.
"Las decisiones judiciales que viene tomando la JEP, la alejan del espíritu del Acuerdo de Paz, generando serios riesgos a la seguridad jurídica de los firmantes y al sostenimiento del proceso de paz". pic.twitter.com/fdsaHimaS6
Ante este reclamo, el presidente del tribunal de justicia transicional pidió respeto por la independencia de poderes, recordando que cualquier persona o compareciente que se aparte de esas decisiones quedaría expulsado del sistema de justicia transicional y se expondría nuevamente a las investigaciones en justicia ordinaria.
“Aquellos comparecientes que se aparten de las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz e incumplan de manera grave sus compromisos están sujetos a la pérdida de los beneficios y a la reactivación de las investigaciones en la justicia ordinaria, los procedimientos, sanciones y penas impuestas allí”, señaló Vidal.
Dijo además que no se puede culpar a las decisiones de la JEP de que haya desertores del proceso de paz.
El exgobernador de Santander,Hugo Aguilar, condenado por vínculos con los paramilitares, confesó ante la Justicia Especial Para la Paz, que hizo parte de la organización criminal «Los Pepes» (Perseguidos por Pablo Escobar), en donde fue uno de sus creadores.
“En una reunión de inteligencia, nosotros determinamos qué hacer para que no nos estuvieran inculpando porque nos iban a judicializar a los que integrábamos sobre todo la parte de inteligencia y el grupo de operaciones especiales, y en esa reunión pasó un policía que tenía un Jean Pepe. Entonces se me ocurrió decirles a todos los mandos oficiales que participábamos: ‘Mire, ahí está la sigla. Los que están haciendo eso son Los Pepes, Perseguidos por Pablo Escobar, solo es agregarle una S”, afirmó.
El exgobernador aseguró que los altos mandos de la fuerza pública conocieron de dichos contactos que estableció Aguilar junto con el coronel Danilo González.
«Nosotros recibimos con el mayor Danilo González a alias Don Berna y Carlos Castaño en la Escuela Carlos Holguín. El comandante (coronel Martínez Poveda) dijo que no hablaba con esos criminales” dijo Hugo Aguilar ante la JEP.
Aguilar reveló la manera en como se organizaron para bloquear el paso de Escobar en Antioquia y toda la región del Magdalena Medio
Durante los tres días de confesión ante el organismo de justicia transicional, confesó que el control era mínimo y que alguno de los patios y los pisos eran del dominio de los paramilitares quienes construyeron túneles que facilitaron las fugas durante este período de tiempo.
Dijo además que en algunos lugares de la Cárcel Modelo podrían existir fosas de cadáveres a donde eran arrojados los cuerpos de las personas asesinadas a manos de los paramilitares al interior del centro de reclusión.
“Y si bien esos túneles buscaban la liberación, la fuga de algunos, otros los construyeron fue precisamente para enterrar personas en ese sitio«, aseguró.
Afirmó que a las personas las desaparecían en ácido clorhídrico, las cocinaban en las marmitas del rancho, unas ollas de vapor inmensas hasta que se deshicieran. «Había una microempresa promovida por los paramilitares que era de embutidos, salchichones, carne de hamburguesa que decían que la fabricaban con carne humana”.
Por último, señaló que en la prisión mandaban los paramilitares, algunos narcotraficantes y por supuesto la guerrilla de las Farc y el ELN, y que tanto el como los directores que lo antecedieron en el cargo, eran simples espectadores de lo que ocurría al interior de los patios.
La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) por medio de la Sección de Ausencia de Reconocimiento ordenó que se arrestara a la gobernadora del Valle en ejercicio, Clara Luz Roldán.
«La medida se tomó por la falta de control en el cumplimiento de las funciones delegadas, en el marco de las medidas que protegen a las víctimas de desaparición forzada», explicó la JEP en un comunicado.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento ordenó el arresto de Clara Luz Roldán, gobernadora del @GobValle. La medida se tomó por la falta de control en el cumplimiento de las funciones delegadas, en el marco de las medidas que protegen a las víctimas de desaparición forzada pic.twitter.com/AyyxQkmCES
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) December 27, 2023
Esta orden sería de un arresto por dos días, de los cuáles Roldán fue notificada este miércoles 28 de diciembre. Además, a William Hernández Arias, su secretario de Seguridad, le ordenaron 5 días de arresto.
La Jurisdiccion Especial para la Paz (JEP) citó para aporte a la verdad a Mauricio Santoyo, general retirado y exjefe de Seguridad de la Casa de Nariño durante la Presidencia de Álvaro Uribe.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídica de la JEP citó a Santoyo para que esté presente en diligencia de verdad el próximo 21 de marzo de 2024.
Vale la pena recordar que Santoyo ya fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos en 2012 y regresó a Colombia en 2019. Él aceptó haber tenido nexos con grupos paramilitares mientras era jefe del Gaula en Medellín.
La JEP está interesada en cualquier tipo de aporte que Santoyo pueda darle a este tribunal para contribuir al relato de verdad que intenta esclarecerse sobre el conflicto armado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a ocho exguerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por su papel en el secuestro de 12 diputados en la región del Valle de Cauca el 11 de abril del 2002.
El órgano ha reconocido la responsabilidad del excomandante Édgar López Gómez alias ‘Pacho Chino’, de Juan Carlos Ramírez ‘Sargento Pascuas’, de Héctor Julio Cristancho ‘Grillo’, Gustavo Arbeláez ‘Santiago’, Carlos Mario Cardona ‘El Paisa’, Diego Ardila Merchán ‘Leonel Paz’, Oswaldo Mendoza y Jesucristo Jiménez Cuéllar ‘Juvenal’ en el mencionado caso, en el que solo logró sobrevivir uno de los doce secuestrados, según un documento consultado por la emisora Blu Radio.
Durante el secuestro, los diputados fueron vestidos con ropa militar para que no pudiesen ser identificados como civiles y sufrieron tanto una alimentación inadecuada como una precaria atención en salud, y fueron sometidos a unos malos tratos que han llevado a la JEP a considerar que los guerrilleros «desestimaban la vida de los cautivos».
Además se dio la orden de no solo impedir su rescate, sino de matarlos en caso de asalto del Ejército colombiano. El 18 de junio de 2007 hubo tensiones en el campamento entre varios guerrilleros y se produjo un tiroteo del que se salvó Sigifredo López, quien se encontraba «lavándose los dientes» en el momento.
También están recogidas otras 227 víctimas de secuestros, de control social o territorial y, según los testimonios recogidos, los secuestrados fueron sometidos a «tratos inhumanos y degradantes» que a menudo generaron tanto daños físicos como psicológicos.
Por medio de una acción de tutela, se supo que el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, pidió a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) que se le respetara su derecho fundamental al debido proceso y a la vida, ya que ha recibido amenazas por sus aportes a la verdad en dicho tribunal.
Además de Mancuso, él señala en la tutela que su familia también ha sido amenazada. Por ende pidió que las audiencias que ofreció durante 10, 11 15 y 16 de mayo dejen de ser difundidas públicamente.
«A partir del 17 de noviembre de 2023, se ha filtrado información de carácter reservado en diferentes medios de comunicación, ‘violando la reserva que había sido otorgada y vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y poniendo en riesgo la integridad física'»,explicó Mancuso en la tutela.
Para atender la petición de Mancuso, la JEP aclaró que los funcionarios que tuvieron acceso a la información privada en las audiencias y la difundan serán castigados disciplinaria o judicialmente y estudiará dicha tutela.
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe se presentó este lunes de forma voluntaria ante la Fiscalía para rebatir las acusaciones del paramilitar Salvatore Mancuso sobre su conocimiento de la masacre de El Aro en 1997.
En la audiencia estuvieron presentes los abogados del expresidente, quien solicitó hace una semana comparecer de forma voluntaria tras negar que el dinero procedente de negocios ilícitos por parte de los grupos militares colombianos estuviese destinado a sufragar sus actos de campaña durante su etapa como gobernador de Antioquia.
Uribe dio detalles así ante la Fiscalía para rebatir las acusaciones que Mancuso realizó durante varias de sus comparecencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El expresidente aseguró el pasado 14 de noviembre en la red social X que nunca se reunió ni habló con el paramilitar colombiano. «Este bandido de Salvatore Mancuso tendrá que probar que yo sabía del Aro», resaltó.
Mancuso, antiguo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y quien fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre de El Aro, fue incluido bajo la jurisdicción de la JEP después de sus declaraciones sobre el conflicto armado.
El paramilitar, que se encuentra desde hace dos años en un centro de retención en Estados Unidos –país en el que cumplió una pena por narcotráfico– no llegó a cumplir la pena por la masacre debido al mecanismo Ley de Justicia y Paz, promovido por Uribe.
En la masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997, fueron asesinadas 15 personas, mientras que un número indeterminado tuvo que abandonar sus hogares. Uribe fue gobernador de Antioquia entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1997.
Después de la expulsión hace unas semanas de alias ‘Gafas’ de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), el tribunal anunció la expulsión de Ómar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’.
La razón de la expulsión por parte de la JEP es el rearme en el que participó el señalado tras la firma de los Acuerdos de Paz en el Teatro Colón hace siete años.
«La Sala determinó que el exintegrante de las extintas Farc-EP volvió a las armas con un grupo que opera en Arauca. También precisó que la reinserción es un hecho que se constata con la designación como miembro representante para adelantar negociaciones de paz con el Gobierno», explicó la JEP.
Con esta decisión los procesos judiciales en contra de alias ‘Antonio Medina’ pasarán a ser investigados y juzgados en la justicia ordinaria. Él era uno de los aliados del Estado Mayor Central de las FARC, liderado por alias ‘Iván Mordisco’ en el departamento de Arauca.
Después de confirmar la participación en las disidencias de las extintas FARC-EP de Alexander Farfán, alias «Gafas», la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) ratificó su expulsión del tribunal por haber desertado del Acuerdo de Paz firmado en el Teatro Colón.
«En agosto de 2023, la Sección de Revisión de la JEP excluyó al compareciente Farfán Suárez y dejó sin efecto los beneficios jurídicos que le habían sido concedidos. Así mismo, ordenó enviar nuevamente sus procesos a la justicia ordinaria», señaló la JEP.
Alias «Gafas» era conocido como el carcelero de las extintas FARC-EP. Sin embargo, en septiembre hubo controversia porque la Presidencia le otorgó el cargo de gestor de paz.
#ATENCIÓN | La Sección de Apelación de la #JEP dejó en firme la expulsión del compareciente de las extintas Farc-EP Alexánder Farfán Suárez, conocido como 'Gafas', por su deserción armada manifiesta al Acuerdo de Paz.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) November 22, 2023
Vale la pena resaltar que el exguerrillero había sido capturado durante la Operación Jaque en 2008, pero tras quedar en libertad por ser firmante de la paz habría hecho parte de una de las disidencias guerrilleras.
La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) hizo imputación a 35 integrantes del Ejército por crímenes de lesa humanidad referentes a asesinatos extrajudiciales en el departamento del Huila. Entre los imputados se destacan el general retirado Jaime Lasprilla y otros cuatro generales retirados.
El tribunal los responsabiliza por 200 asesinatos y 32 desapariciones forzadas. Además, también deberán responder por ocho tentativas de homicidio atribuibles a miembros retirados de la institución que operaron en la región.
«Las muertes se causaron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, por lo que fueron calificadas como asesinatos constitutivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad», dijo la JEP.
Las divisiones señaladas son el Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG), al Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’ (BIMAG), a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11) y a la IX Brigada.
192 de las 264 muertes reportadas por las cuatro unidades militares priorizadas en la investigación, entre 2005 y 2008, fueron en realidad homicidios cometidos contra personas fuera de combate. pic.twitter.com/Qzi4bBj15Q
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) November 20, 2023
Desde que la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) acogió a Salvatore Mancuso como sujeto incorporado de la fuerza pública para su aporte a la paz del país, el expresidente Álvaro Uribe se ha venido defendiendo y este lunes pidió dar versión libre para defenderse de las declaraciones del exjefe paramilitar.
«He pedido a los doctores Jaime Granados, Jaime Lombana y Juan Felipe Amaya que soliciten a la Fiscalía y a la Comisión de Acusación, me reciban versión libre sobre paramilitarismo y las declaraciones de Salvatore Mancuso», escribió Uribe en su cuenta de X.
Al bandido Mancuso y a la JEP:
Sobre Generales Ospina y Serrano, Pedro J Moreno, -qepd- sobre La Granja, Dinero a José M Maroso para mi campaña, asesinato de Jesús María Valle, Castaño, helicópteros gobernación y el Aro pic.twitter.com/mz5TClqDLx
Salvatore Mancuso en sus declaraciones ha venido sosteniendo que cuando era gobernador de Antioquia él sabía plenamente de la masacre de El Aro para 1997.
Entre otras afirmaciones, el exjefe paramilitar ha hablado de los nexos que Álvaro Uribe con grupos paramilitares durante su gobernación y presidencia. Ante esto, el líder del Centro Democrático pidió dar una versión libre al respecto.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP decidió aceptar de manera excepcional el sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Mancuso fue aceptado como sujeto incorporado a la fuerza pública, entre 1989 y 2004. Según la JEP, el exparamilitar «ejerció un rol de bisagra o punto de conexión entre paramilitares y la fuerza pública».
«Yo tenía carnet del Ejército entregado por la Brigada 11, tenía carnet de policía cívico, chapa de la policía cívica y uniforme de la policía cívica», dijo Mancuso durante la diligencias.
#ATENCIÓN | La JEP aceptó de manera excepcional el sometimiento de Salvatore Mancuso como sujeto incorporado a la fuerza pública, entre 1989 y 2004.
⭕ Es decir, la JEP considera que Mancuso ejerció un rol de bisagra o punto de conexión entre paramilitares y la fuerza pública
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) November 17, 2023
La decisión se tomó en una audiencia única de verdad con Salvatore Mancuso presente de manera remota en la mañana de este viernes 17 de noviembre.
