La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha citado a declarar a Rodrigo Londoño, antiguo jefe de las extintas FARC y actual presidente del partido Comunes, y otros altos mandos de la guerrilla por el atentado en octubre de 2003 en el club El Nogal.
Junto a Londoño han sido citados también 74 antiguos mandos y comandantes de la desaparecida guerrilla, entre ellos el actual senador Julián Gallo, alias ‘Carlos Lozada’, y Milton Toncel, alias ‘Joaquín Gómez’, en unas audiencias que están previstas entre octubre de 2024 y enero de 2025.
Lo ocurrido aquel día en Bogotá está incluido dentro del ‘caso 10’ de la JEP, que investiga aquellos delitos que no pueden ser amnistiables, los relacionados con homicidios, masacres, desplazamientos y desapariciones forzadas y violencia sexual.
Entre ellos está el del club El Nogal. Atentado que las FARC nunca reivindicó y que dejó 36 muertos y 200 heridos. Se considera más destructivo que se produjo en Bogotá durante el conflicto armado interno, tras el cometido por el Cártel de Medellín contra la sede del DAS, el antiguo servicio de Inteligencia.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) negó la libertad condicional al exparamilitar Salvatore Mancuso solicitada por su abogado de defensa.
Mancuso acudió a su condición como gestor de paz para argumentar su petición para lograr la libertad de condicional, sin embargo la JEP mientras la Corte Constitucional no resuelva el conflicto de competencias entre la JEP y Justicia y Paz en el caso del exjefe paramilitar, no será posible otorgar este beneficio.
«La situación procesal descrita permite inferir fundada y razonadamente que en este momento la competencia de la JEP en el asunto del señor Salvatore Mancuso Gómez, y más concretamente, de esta Subsala de Justicia se encuentra cuestionada y, en consecuencia, suspendida, razón suficiente para afirmar que entrar a decidir sobre un beneficio transicional sin que la competencia personal esté decantada en esta jurisdicción, conllevaría a adoptar una decisión viciada de nulidad, pues, la concesión de la libertad transitoria, condicionada y anticipada tiene como presupuesto sustancial la delimitación competencial», dice el tribunal de justicia transicional.
Salvatore Mancuso se encuentra en prisión desde que regresó de Estados Unidos donde pagó condena por narcotráfico.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Justicia Especial Para la Paz (JEP) llamar a cinco generales del ejército, que comandaron diferentes unidades militares adscritas a la Primera División, entre 2005 y 2008, a versión libre por la ocurrencia de muertes presentadas como bajas en combate.
El Ministerio Público hace referencia a los generales Oscar Enrique González Peña; Justo Eliseo Peña Forero; Luis Felipe Cadena; Hernán Giraldo Restrepo; Fabricio Cabrera Ortiz.
El procurador delegado con funciones de coordinación ante la JEP, Jairo Acosta, explica que la forma de articular las singularidades ocurridas en cada una de las unidades militares analizadas se puede lograr ascendiendo en la línea de mando.
El órgano de control disciplinario solicitó además convocar a otros oficiales que hicieron parte del Estado Mayor de la Primera División del ejército durante el período investigado para que entreguen sus versiones, así como recaudar los documentos que habrían sustentado las operaciones en cuestión.
El reconocimiento lo hizo la Sala de Reconocimiento de Verdad por los dos atentados contra la vida de Vargas Lleras, el primero de ellos el 13 de diciembre de 2002 y otro posterior, el 10 de octubre de 2005, en Bogotá.
“Estos hechos fueron perpetrados por integrantes de las extintas Farc-EP; los hechos no son de competencia de ninguno de los otros casos que investiga la JEP, ocurrieron antes del 1 de diciembre de 2016 y tendrían relación directa con ocasión del conflicto armado”, dijo la magistrada Marcela Giraldo, correlatora del Caso 10.
La acreditación que otorga el tribunal de justicia transicional le permitirá al exvicepresidente participar de las audiencias que se realicen con los comparecientes y además contra preguntar.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Justicia Especial Para la Paz (JEP) hizo el reconocimiento como víctima de las extintas Farc, a Jorge Visbal Martelo, expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) y exsenador de la república.
El tribunal de justicia transicional reconoció el suceso protagonizado por las Farc en octubre de 2003, cuando fue víctima de un atentado con rocket en la sede de Fedegán en Bogotá, justo cuando se desempeñaba como presidente del gremio de ganaderos.
Además de este ataque Visbal Martelo, fue hostigado junto a su familia en varias ocasiones en su finca tanto por las Farc y de manera anterior, por el EPL, lo que le obligó a salir del país durante un tiempo prudencial.
El excongresista fue condenado por vínculos con el paramitarismo a nueve años de cárcel por orden de un juzgado especializado de Bogotá, el cual consideró que había suficientes pruebas para relacionarlo con grupos irregulares de extrema derecha.
Al sustituir 57 medidas de aseguramiento que pesan en contra de Salvatore Mancuso, el Tribunal Superior de Bogotá deja en libertad al exparamilitar Salvatore Mancuso.
Al tomar la decisión, el tribunal advirtió que al momento de abandonar la prisión no deben existir más requerimiento judiciales porque esto le obligaría a permanecer en la Cárcel la Picota donde se encuentra recluido. También dejó claro que Mancuso debe asistir a rendir versiones libres cada vez que se le requiera.
«Tendrá que presentarse cada vez que sea requerido a las fiscalías de Justicia y Paz y los tribunales de Justicia y Paz, pero también ante las distintas autoridades que eventualmente lo llegaran a requerir”, dice el fallo.
También exhortó a que cuente la verdad sobre la existencia de bienes por 5.000 o 6.000 millones de pesos que estarían en manos de posibles testaferros.
La JEP considera que primero se deben acreditar y analizar una serie de exigencias normativas para su concesión, incluido la condicionalidad.
“Esto implica un despliegue de actos por parte de esta Jurisdicción en cuanto a las actuaciones procesales (provisión de información y piezas procesales, así como la garantía de participación de las víctimas) como presupuesto para decidir sobre el beneficio transicional que (…) no resultan caprichosos ni arbitrario –sino– (…) con pleno fundamento jurídico y se encuentran justificados”.
El tribunal de Justicia Transicional dice que analizará con mucho cuidado la resolución bajo la cual se nombra a Salvatore Mancuso como Gestor de Paz.
La decisión de la JEP se da en medio de un conflicto de competencia entre este tribunal y Justicia y Paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz, decidió aceptó el sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso bajo la figura de ‘bisagra’, es decir, únicamente por los casos en los que se le investiga por sus alianzas con la fuerza pública.
La defensa de Mancuso apeló la primera decisión que negó la aceptación para el exjefe paramilitar compareciera ante el tribunal de justicia transicional porque consideró que este debía estar en uno solo y no en dos, porque también debía atender los llamados de Justicia y Paz.
La Sección de Apelación de la JEP decidirá además si se le otorga libertad al exlider de las autodefensas o si por el contrario continúa en prisión.
«La Sala deberá resolver sobre la libertad del compareciente a efectos de definir si cumple los requisitos de la normatividad transicional de la JEP para acceder a un beneficio provisional libertario o a cualquier otro tratamiento especial provisional», señalaron los magistrados en la decisión.
De esta manera todos los casos en los que es investigado Salvatore Mancuso, entre 1989 y 2004, serán competencia de la JEP.
El procurador delegado de Intervención ante la JEP, Jairo Acosta Aristizabal, calificó de “aberrante” la propuesta planteada por los excomandantes de las Farc sobre crear una ley de punto final que reemplazaría a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Durante su intervención en la Audiencia de Observación de Víctimas del Subcaso Antioquia, Acosta señaló que “Hay quienes hoy en día piden que la JEP deje de existir y que hablemos de una ley de punto final. Nada más aberrante. Una ley de punto final no es posible en lo jurídico nacional e internacional, pero sería aquello que supondría la negación absoluta de todos los derechos de las víctimas”.
Así mismo, pidió a la Justicia Especial Para la Paz, atender las solicitudes, inquietudes e inconformidades de la ciudadanía con los resutlados que hasta el momento arroja el tribunal de justicia transicional en Colombia.
De otra parte, solicitó a los demás actores del sistema judicial, como la Fiscalía, continuar aportando en la búsqueda de la verdad: “La fiscalía no tiene por qué haber suspendido las investigaciones, suspendieron sí las órdenes de captura, las imputaciones, las acusaciones, y por supuesto, los llamados a condena, pero el resto sigue en pie”.
Un “pequeño” error de calculo tuvo el entonces Presidente Álvaro Uribe. Con la extradición de Salvatore Mancuso y otros 13 jefes paramilitares ordenada sorpresivamente el 13 de mayo de 2008, Uribe pretendió enviar la verdad a Estados Unidos sin tiquete de regreso. Lejos estaba de imaginar que estos dieciséis años serían suficientes para que los paras pudieran retornar luego de responder por sus delitos ante la justicia gringa, que habría un acuerdo de paz con las FARC del que se derivaría la Jurisdicción Especial de Pazy que llegaría un gobierno en representación de las izquierdas y las fuerzas alternativas comprometido con el derecho de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación.
El golpe de mano del gobierno de Uribe a los jefes paramilitares no fue de buen recibo entre las víctimas, las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y voces calificadas de la opinión pública. Ocurrió después del Acuerdo de Santa Fe de Ralito que produjo la desmovilización y el desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia y su sometimiento a ley de “justicia y paz” o ley 975 del 2005. Fue una extradición que privilegió los delitos de narcotráfico ante la justicia de otro país sobre las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de guerra cometidos en Colombia, que interrumpió abruptamente la entrega de verdad y los compromisos de reparación de los victimarios ante los tribunales de justicia y paz. Tanto afán tuvo el gobierno en extraditar la verdad que no se establecieron compromisos y procedimientos eficaces para que a los jefes paras se les obligara a seguir respondiendo ante la justicia colombiana, ni se acordaron los mecanismos de repatriación y deportación una vez cumplieran sus condenas en las cárceles de Estados Unidos.
Fue tanta la irresponsable laxitud de Colombia en este caso que la Cancillería y el Ministerio de Justicia en el gobierno de Iván Duque reconoció, en respuesta a un derecho de petición, no tener información del paradero de los paras extraditados después de purgar sus penas. Y el caso de Salvatore Mancuso es revelador: cuando se conoció en el 2020 su posible libertad, el gobierno Duque presentó en dos años cuatro solicitudes ante las autoridades norteamericanas, con evidentes errores e inconsistencias jurídicas como para enredar deliberadamente su retorno. La llegada a la Presidencia de Gustavo Petro significó un cambio sustancial en la conducta del Estado Colombiano en este caso. En el marco de la política de paz total Mancuso ha sido declarado por el Gobierno “gestor de paz” a cambio de una eficaz contribución a la verdad, fue aceptado en la Jurisdicción Especial de Paz ante quien ha venido compareciendo y se destrabaron los mecanismos para obtener finalmente el regreso a Colombia del emblemático jefe paramilitar.
La llegada de Mancuso esta semana ha generado una inmensa expectativa en el país. Como es su obligación tendrá que atender las decisiones de los tribunales de justicia y paz creados por la ley 975 del 2005, interrumpidos por su extradición. Su voz será fundamental en la Jurisdicción Especial para la Paz JEP para develar toda la verdad sobre los alcances del fenómeno paramilitar, sus ramificaciones y alianzas políticas y empresariales, y, sobre todo, para identificar y judicializar entramados políticos y criminales que subsistieron a su desmovilización y se reinventaron para mantener el control político territorial en muchas regiones. Incluso su testimonio ha sido solicitado en la justicia ordinaria en el proceso del Expresidente Álvaro Uribe en casos como la masacre del Aro, la creación del Bloque Metro de las AUC, la operación de los 12 Apóstoles y el llamado Bloque Lechero de los paras o el asesinato del defensor de derechos humanos antioqueño Jesús María Valle. Verdades que garanticen la no repetición y que nos acerquen por fin a un cierre definitivo de nuestra reiterada y dolorosa violencia política.
El presidente de la Justicia Especial Para la Paz, Roberto Vidal, contestó a los dirigentes del Partido Comunes, más exactamente a quienes hicieron parte del secretariado de la extinta guerrilla de las Farc, advirtiendo lo que pueden perder en el caso de que no comparezcan a las citaciones.
El magistrado señaló que, aunque respetan las opiniones que puedan tener, esto no significa que puedan dar órdenes u orientaciones sobre cómo deben hacer su trabajo los magistrados.
El presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, en carta al presidente Gustavo Petro, señaló a la JEP de tomar decisiones judiciales que según el, «la alejan del espíritu del acuerdo de paz, generando serios riesgos a la seguridad jurídica de los firmantes y al sostenimiento del proceso de paz».
Carta pública al Señor Presidente de la República, dr Gustavo Petro.
"Las decisiones judiciales que viene tomando la JEP, la alejan del espíritu del Acuerdo de Paz, generando serios riesgos a la seguridad jurídica de los firmantes y al sostenimiento del proceso de paz". pic.twitter.com/fdsaHimaS6
Ante este reclamo, el presidente del tribunal de justicia transicional pidió respeto por la independencia de poderes, recordando que cualquier persona o compareciente que se aparte de esas decisiones quedaría expulsado del sistema de justicia transicional y se expondría nuevamente a las investigaciones en justicia ordinaria.
“Aquellos comparecientes que se aparten de las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz e incumplan de manera grave sus compromisos están sujetos a la pérdida de los beneficios y a la reactivación de las investigaciones en la justicia ordinaria, los procedimientos, sanciones y penas impuestas allí”, señaló Vidal.
Dijo además que no se puede culpar a las decisiones de la JEP de que haya desertores del proceso de paz.
El exgobernador de Santander,Hugo Aguilar, condenado por vínculos con los paramilitares, confesó ante la Justicia Especial Para la Paz, que hizo parte de la organización criminal «Los Pepes» (Perseguidos por Pablo Escobar), en donde fue uno de sus creadores.
“En una reunión de inteligencia, nosotros determinamos qué hacer para que no nos estuvieran inculpando porque nos iban a judicializar a los que integrábamos sobre todo la parte de inteligencia y el grupo de operaciones especiales, y en esa reunión pasó un policía que tenía un Jean Pepe. Entonces se me ocurrió decirles a todos los mandos oficiales que participábamos: ‘Mire, ahí está la sigla. Los que están haciendo eso son Los Pepes, Perseguidos por Pablo Escobar, solo es agregarle una S”, afirmó.
El exgobernador aseguró que los altos mandos de la fuerza pública conocieron de dichos contactos que estableció Aguilar junto con el coronel Danilo González.
«Nosotros recibimos con el mayor Danilo González a alias Don Berna y Carlos Castaño en la Escuela Carlos Holguín. El comandante (coronel Martínez Poveda) dijo que no hablaba con esos criminales” dijo Hugo Aguilar ante la JEP.
Aguilar reveló la manera en como se organizaron para bloquear el paso de Escobar en Antioquia y toda la región del Magdalena Medio
Durante los tres días de confesión ante el organismo de justicia transicional, confesó que el control era mínimo y que alguno de los patios y los pisos eran del dominio de los paramilitares quienes construyeron túneles que facilitaron las fugas durante este período de tiempo.
Dijo además que en algunos lugares de la Cárcel Modelo podrían existir fosas de cadáveres a donde eran arrojados los cuerpos de las personas asesinadas a manos de los paramilitares al interior del centro de reclusión.
“Y si bien esos túneles buscaban la liberación, la fuga de algunos, otros los construyeron fue precisamente para enterrar personas en ese sitio«, aseguró.
Afirmó que a las personas las desaparecían en ácido clorhídrico, las cocinaban en las marmitas del rancho, unas ollas de vapor inmensas hasta que se deshicieran. «Había una microempresa promovida por los paramilitares que era de embutidos, salchichones, carne de hamburguesa que decían que la fabricaban con carne humana”.
Por último, señaló que en la prisión mandaban los paramilitares, algunos narcotraficantes y por supuesto la guerrilla de las Farc y el ELN, y que tanto el como los directores que lo antecedieron en el cargo, eran simples espectadores de lo que ocurría al interior de los patios.
La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) por medio de la Sección de Ausencia de Reconocimiento ordenó que se arrestara a la gobernadora del Valle en ejercicio, Clara Luz Roldán.
«La medida se tomó por la falta de control en el cumplimiento de las funciones delegadas, en el marco de las medidas que protegen a las víctimas de desaparición forzada», explicó la JEP en un comunicado.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento ordenó el arresto de Clara Luz Roldán, gobernadora del @GobValle. La medida se tomó por la falta de control en el cumplimiento de las funciones delegadas, en el marco de las medidas que protegen a las víctimas de desaparición forzada pic.twitter.com/AyyxQkmCES
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) December 27, 2023
Esta orden sería de un arresto por dos días, de los cuáles Roldán fue notificada este miércoles 28 de diciembre. Además, a William Hernández Arias, su secretario de Seguridad, le ordenaron 5 días de arresto.
La Jurisdiccion Especial para la Paz (JEP) citó para aporte a la verdad a Mauricio Santoyo, general retirado y exjefe de Seguridad de la Casa de Nariño durante la Presidencia de Álvaro Uribe.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídica de la JEP citó a Santoyo para que esté presente en diligencia de verdad el próximo 21 de marzo de 2024.
Vale la pena recordar que Santoyo ya fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos en 2012 y regresó a Colombia en 2019. Él aceptó haber tenido nexos con grupos paramilitares mientras era jefe del Gaula en Medellín.
La JEP está interesada en cualquier tipo de aporte que Santoyo pueda darle a este tribunal para contribuir al relato de verdad que intenta esclarecerse sobre el conflicto armado.
