Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: JEP

La JEP podría dictar condena de ocho años para los exjefes de las Farc

La resolución proferida por la Jurisdicción Especial Para las Paz (JEP) contempla la posibilidad de otorgar ocho años de condena para Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, Julián Gallo (‘Carlos Antonio Lozada’), Pablo Catatumbo, Jaime Parra (alias Mauricio Jaramillo o el Médico), Milton de Jesús Toncel (‘Joaquín Gómez’), Pastor Alape y Rodrigo Granda por casos de secuestro.

El documento estipula que Rodrigo Londoño, ‘Timochenko‘ por ser la persona al frente de la organización guerrillera y quien más tiempo llevaba en sus filas le cabe la mayor responsabilidad y por tanto debería recibir una sanción mayor.

 

En el caso de Rodrigo Granda Granda, se impondría una pena en calidad de coautor mediato de los secuestros con fines de financiar la organización armada, dada su posición de liderazgo en la toma de estas decisiones en el grupo criminal.

La Ley Estatutaria de la JEP establece tres tipos de sanciones que se podrán imponer sobre los exmiembros de las Farc. Se trata de las propias, alternativas y ordinarias. Las sanciones propias, que corresponden a este caso, están destinadas a quienes reconozcan responsabilidad y verdad exhaustiva, detallada y plena, además contemplan una pena de mínimo cinco y máximo ocho años. Las sanciones implican restricción efectiva de libertades y derechos, y será la JEP quien se encargue de establecer las condiciones de monitoreo, que en ningún caso podrán ser privativas de la libertad en cárcel o prisión, ni medidas de aseguramiento equivalentes.

Una vez se haya emitido la condena, será el Tribunal Para la Paz, quien defina si los sentenciados podrán participar en política o no y que pasará con los reincorporados que ocupan una curul en el Senado y en la Cámara.

 

La JEP investigará a 33 militares por el asesinato del esposo de la senadora Aída Quilcué

La Justicia Especial Para la Paz seguirá investigando a 33 militares por el asesinato del esposo de la senadora, Aída Quilcué, el 16 de diciembre del año 2008, en Totoró, Cauca.

El líder indígena, José Edwin Velásquez Legarda, quien pertenecía al resguardo Pickwe Tha Fxiw, semillas de Juan Tama, fue asesinado en un hecho que el tribunal de justicia transicional debe ser esclarecido.

 

Los uniformados pertenecían la Compañía Galeón número 7, adscrita al Batallón de Infantería José Hilario López, quienes al parecer dispararon de manera indiscriminada sobre  Velásquez.

Los militares investigados son los siguientes: Francisco Javier Belalcázar Trochez; Javier Adolfo Osorio Díaz; Numar Buitrón Cabezas; William Lemeche Hurtado; Alexis Ramírez Vivas; Cristian Camilo Velasco Otero; Alejandro Calvache Sandoval; Fabián Ricardo Ruiz Córdoba; Diver Julián Oliveros Jiménez; Mauricio Chepe Sandoval; Andrés Casso Chate; Jhon Fernando Chicue Leyton; José Segundo Sibaja Otero; Iván Fernando Camayo; Fernando Calambas Ituyan; Rafael Eduardo Buitrón Sierra; Jhon Freddy Camilo; Pedro Bastidas; Luis Fernando Trujillo Llanos; Helmer Hernando Campo Rivera; Eleuterio Castro Alomia; Iván Arley Chanchi Guzmán; Jhon Aner Caicedo Salazar; Ever Lucio Camilo; Didier Orlando Henao Ocampo; Gustavo Adolfo Camilo Moreno; Ricardo León Muñoz Calvache; Carlos Andrés Camilo Ortega; Harold Enrique Caicedo González; Carlos Alberto Caicedo; Yulder Fabián Caicedo Sánchez; Jhon Alexander Campo Huila y Gabriel Rodrigo Calibio Pisso.

 

Nuevo presidente en la JEP

Fue elegido como nuevo presidente de la Justicia Especial Para la Paz, el abogado, Roberto Carlos Vidal. Su nombre fue escogido en medio de una reñida votación que tuvo que repetirse cuatro veces, al darse un empate por tres veces consecutivas.

como vicepresidenta fue elegida la magistrada de la Sala de Reconocimiento, Belkis Izquierdo, de la Sala de Reconocimiento, quien investiga el conflicto en Nariño.

 

En la contienda por la Presidencia de la JEP estaba también el magistrado, Camilo Suárez Aldana.

Roberto Vidal es abogado y doctor en derecho, tiene, además, 23 años de experiencia en docencia universitaria y consultoría en derechos humanos. También fue consultor para las Naciones Unidas en Colombia y ocupó el cargo de presidente de la Asociación Internacional para el Estudio de las Migraciones Forzadas e integró el Consejo Nacional de Paz.

Condenado exfiscal de la JEP por retrasar extradición de Santrich

El Tribunal Superior de Bogotá ha condenado este miércoles a prisión a Julián Bermeo, exfiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), después de ser acusado de recibir casi 40.000 euros por retrasar la extradición a Estados Unidos de Jesús Santrich, antiguo miembro de las FARC.

El 1 de marzo de 2019, se difundió un vídeo en el que se veía al exfiscal negociando, en un hotel en Bogotá, la suspensión de la extradición del exguerrillero Jesús Santrich. Tres años después, un juzgado lo ha encontrado culpable por el delito de soborno.

 

Por el caso ‘Santrich’, Bermeo ha sido condenado culpable por delito de cohecho. Ahora deberá esperar al próximo 9 de septiembre para que se dictamine la cantidad de tiempo que pasará en prisión.

Con todo, la Fiscalía colombiana, que denunció al exfiscal, no ha logrado que el juez condene a Bermeo por tráfico de influencias, ya que el Tribunal Superior no ha podido demostrar tal culpabilidad.

El 7 de junio de 2018, el gobierno de Estados Unidos formalizó, ante el Ministerio de Exteriores de Colombia, la petición de extradición de Jesús Santrich, antiguo miembro del estado mayor de las, según el citado diario.

Fiscal de la JEP pide ampliar la declaración de ‘Otoniel’

El fiscal delegado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alonso Pío Fernández, ha solicitado formalmente al tribunal ampliar el testimonio del antiguo líder del Clan del Golfo, Dairo Úsuga ‘Otoniel’, quien ha sido extraditado a Estados Unidos, después de que relacionara a los generales Henry Torres Escalante y Leonardo Barrero con los paramilitares.

Además, para la Procuraduría es fundamental que ‘Otoniel’ también profundice su colaboración sobre crímenes de la llamada Casa Castaño, funcionarios del DAS (antiguos servicios secretos) involucrados en homicidios de integrantes de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) y asesinatos, desapariciones, violencia sexual y otros delitos durante su trayectoria criminal.

 

Fernández considera muy importante y pertinente que ‘Otoniel’ confiese sobre terceros civiles que financiaron o respaldaron a los grupos armados.

«Individualizar las personas (dirigentes políticos, alcaldes, terceros civiles, militares, policías), que coadyuvaron y financiaron la guerra; profundizar sobre la creación del movimiento Esperanza Paz y Libertad», prosigue en su escrito.

‘Otoniel’, sobre quien pesaba más de 120 órdenes de captura solo en Colombia desde hace cinco años, fue detenido el pasado 23 de octubre durante un operativo militar en la región de Urabá, en Antioquia. Estados Unidos solicitaba la presencia del líder paramilitar ante su justicia para que pueda ser juzgado por varios delitos de narcotráfico y que le podrían acarrear penas de hasta cadena perpetua.

Hasta su detención, comparada por el entonces presidente Iván Duque a la de Pablo Escobar en los años noventa, ‘Otoniel’ era considerado el mayor productor de drogas del mundo, poseyendo el control de al menos el 30 por ciento de la producción de cocaína de Colombia, unas 300 toneladas.

El fiscal Khan le debe una explicación al país

El 28 de octubre de 2021 el fiscal Karim Kahn anunció el cierre de la investigación preliminar de la Corte Penal Internacional, CPI, en Colombia argumentando que el progreso presentado por el gobierno, junto a las diferentes cortes, la sociedad civil, los tribunales de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, mostraba que estaba funcionando el principio de la complementariedad. Según el fiscal las autoridades colombianas no son “ni inactivas ni reacias ni incapaces de investigar y juzgar genuinamente los crímenes estipulados en el Estatuto de Roma” y dijo complacido “me puedo retirar de la etapa de investigación preliminar. Esto no quiere decir que se esté poniendo fin al apoyo, el compromiso será una actividad continúa, pero este es un gran logro”.

El 27 de abril de 2022, la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH, y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, le pidieron a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, revisar y revertir la decisión del fiscal Karim Khan de cerrar el examen preliminar sobre la situación en Colombia, ya que no sirvió a los intereses de la justicia y de las víctimas.

 

En decisión del 22 de julio de 2022, la Sala determinó que, con base al artículo 15(6) del Estatuto de Roma y la Regla 49 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, el Fiscal sí tiene una  “obligación de informar sin demora las razones de su decisión de cerrar el examen preliminar en Colombia”, a víctimas, organizaciones u otros que hayan proporcionado información durante la duración del examen preliminar en Colombia, de junio de 2004 a octubre de 2021. La CPI había puesto a Colombia en la lista de países bajo observación por las graves situaciones de violencia que enfrentaba el país, por los crímenes de lesa humanidad y por al menos 5.763 ejecuciones extrajudiciales, mal conocidas en la opinión pública como “falsos positivos”, de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate.

Para la Sala, la información entregada por el Fiscal al cerrar el examen preliminar – mediante un comunicado de prensa y el Acuerdo de Cooperación con el gobierno de Colombia – no proveyó “información suficiente” sobre las razones del cierre del examen preliminar, en particular dada “la duración del examen preliminar y de las expectativas que puede haber suscitado en quienes proporcionaron información antes o durante el examen preliminar”.

En el comunicado conjunto del 26 de julio de 2022, FIDH y CAJAR reiteraron su compromiso “con la lucha contra la impunidad, por lo que urgen a la comunidad internacional seguir monitoreando que la aplicación de los mecanismos de justicia transicional en Colombia respeten estándares internacionales, garanticen la participación de las víctimas y permitan avanzar hacia la investigación y sanción de los máximos responsables de los crímenes cometidos”.

El expresidente Iván Duque buscó aprovecharse políticamente de la decisión de Khan. Dijo que espera mostrar que Colombia “ha fortalecido sus instituciones judiciales”. (….) que se cierra el examen preliminar reconociendo los esfuerzos de Colombia y (…) el principio de complementariedad con el cual fue fundada la Corte Penal Internacional”. Agregó  que con el cierre “se sella un acuerdo entre Colombia y la Corte Penal Internacional para estar compartiendo información, para tener reuniones periódicas y para seguir mostrando los avances de nuestro país en este proceso que es fundamental para darle tranquilidad a millones de víctimas de la violencia”.

Pero, como bien se sabe, el expresidente Duque no le aportó a la paz, sino que la debilitó con su engañoso lema de “paz con legalidad”, lo que le valió críticas en el Consejo de Seguridad de la Organización Naciones Unidas. Tampoco le dio tranquilidad a las víctimas de la violencia, sino que las desprotegió, lo que se demuestra con el hecho de que 145 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos fueron asesinados en 2021 y 52 durante el primer semestre de 2022. Duque utilizó con éxito el principio la complementariedad del Derecho Internacional Público para convencer al fiscal de la CPI,  quien se apresuró a retirar a Colombia  de la etapa de investigación preliminar.

El fiscal Karim Khan debe cumplir sin demora lo ordenado por la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI de explicar de manera detallada su decisión de cerrar la investigación del examen preliminar de la situación en Colombia. Para la FIDH y el CAJAR,  “su decisión de cerrar el examen preliminar no se ajusta a la realidad de los hechos y la necesidad de responder a las expectativas de justicia frente a crímenes internacionales que permanecen impunes en Colombia, algunos de los cuales no tienen perspectivas de ser debidamente procesados por la justicia colombiana”.

Ha entrado un nuevo gobierno del presidente  Gustavo Petro que da mucha esperanza de que se mejore la situación de derechos humanos en Colombia. Mientras tanto, la comunidad internacional debe seguir vigilando las graves situaciones de violencia que enfrenta el país, y presionando para que haya justicia para los crímenes de lesa humanidad y las ejecuciones extrajudiciales del pasado.

«Mujeres Exfarc deben comparecer ante la JEP por temas de Violencia Sexual»: Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación pidió al despacho relator del Macrocaso 04 en la Justica Especial Para la Paz – JEP, que investiga lo ocurrido en la región del Urabá, recibir en diligencias individuales a las mujeres excombatientes del bloque 57 de las extintas Farc-EP, para que puedan rendir declaraciones de manera reservada, libre y espontánea, sobre su condición de víctimas de aborto, planificación forzada, cohabitación forzada, prostitución y esclavitud sexual.

Esta solicitud se hizo tras analizar declaraciones recibidas por una excombatiente del mencionado frente y otras mujeres pertenecientes a diferentes estructuras, además de dos exjefes, que dan cuenta de la ocurrencia de prácticas sistemáticas de abortos y planificación forzada dentro de las Farc- EP, como lo ha venido denunciando el Ministerio Público.

 

El Ente de Control también explicó en su escrito de recomendaciones cómo esa organización se valió del homicidio selectivo y múltiple como estrategia de control social y territorial, lo que resultó en asesinatos contra presuntos informantes, miembros de la comunidad y funcionarios públicos que, según ellos, incurrieron en conductas inmorales o en actos de corrupción.

Así mismo, advirtió que la responsabilidad en la práctica de secuestros y uso de medios y métodos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como minas antipersona, cilindros bomba y dinamita en ataques y tomas a poblaciones, deben trasladarse a todos los exmiembros de esa estructura guerrillera.

Entre las observaciones también se evidenció la responsabilidad que esa estructura tendrá que asumir por daños ambientales generados entre 1998 y 2000 por el taponamiento de río Jiguamiandó y otras fuentes hídricas para impedir el paso de otros actores armados hacia la región, que generaron serios daños colaterales a la comunidad al imposibilitar la comunicación fluvial para el ingreso de alimentos, medicinas y comercio.

Finalmente, la Procuraduría encontró entre los datos entregados por los comparecientes, elementos de contexto que ayudarían a esclarecer la verdad en casos de desaparición, desplazamiento y homicidio contra el partido político Unión Patriótica en la región, por lo cual solicitó traslado de las versiones al despacho relator del Macrocaso 06.

Con información de la Procuraduría General de la Nación.

Mario Montoya fue citado por la JEP

La Sala de Reconocimiento de la JEP citó al general en retiro Mario Montoya Uribe, para que rinda versión sobre los falsos positivos ocurridos entre 2002 y 2003, cuando ocupó el cargo de comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

Montoya ha sido mencionado en al menos 16 versiones voluntarias de exmilitares y por organizaciones de víctimas e instituciones del Estado.

 

Entre los informes que mencionan una presunta responsabilidad de Montoya están dos que fueron entregados por la fiscalía general y tres entregados por las organizaciones de víctimas. Las 16 versiones en las cuales fue mencionado son de miembros del Batallón de Artillería 4 Jorge Eduardo Sánchez (BAJES).

El tribunal especial informó que entre los documentos que hablan de la supuesta responsabilidad de Montoya, están dos informes presentados ante la Jurisdicción Especial para la Paz por la fiscalía general de la Nación, además de tres informes entregados por organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos.

Al general (r) Montoya, dice la JEP, también le trasladarán 16 versiones de comparecientes que han hecho referencia específica a su comandancia. «Se trata de miembros del Batallón de Artillería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez (BAJES) durante los años 2002 y 2003, una de las seis unidades militares adscritas a la Cuarta Brigada que han sido vinculadas al caso».

La Sala de Reconocimiento también ha encontrado que el compareciente fue mencionado en tres solicitudes de información realizadas por autoridades municipales respecto del paradero de personas dadas por desaparecidas que luego fueron reportadas como bajas en combate.

 

Hernán Giraldo y Jorge 40 dicen no conocer nexos de Carlos Caicedo con paramilitares

En indagatoria ante un fiscal delegado de la Corte Suprema de Justicia, el exjefe paramilitar Hernán Giraldo, alias ‘El patrón de la Sierra’, aseguró no tener conocimiento sobre los supuestos nexos que el exgobernador del Magdalena, Trino Luna, le indilga al actual mandatario departamental, Carlos Caicedo, con grupos paramilitares.

Dijo además no saber si Caicedo participó en crímenes u homicidios ocurridos en la Universidad del Magdalena, en los años 2000 y 2002 mientras ocupó el cargo de rector.

 

Las declaraciones de Giraldo coinciden con las rendidas por alias Jorge 40, quien al igual, dice desconocer estos hechos.

Trino Luna hizo estas aseveraciones en las primeras versiones rendidas ante la Justicia Especial Para la Paz, tribunal transicional quien aceptó escucharle con la advertencia que de no encontrar verdades en sus declaraciones sería expulsado de inmediato.

 

Trino Luna fue aceptado en la JEP pero con carta de advertencia

El exgobernador del Magdalena, Trino Luna, fue aceptado por la Justicia Especial Para la Paz (JEP), en donde deberá suministrar información relevante que permita esclarecer las relaciones de la política local y el paramilitarismo en los departamentos de la Costa Atlántica.

El exmandatario departamental deberá aportar verdad sobre la captura a la administración pública local por parte del paramilitarismo, el control político-electoral y el financiamiento y apoyo logístico prestado a las AUC.

 

La JEP advirtió a Luna y a su defensa que no permitirá dilaciones ni entrega de información que no correspondan a la verdad de lo sucedido, dejando claro que, de llegarse a comprobar alguna falsedad en las declaraciones, será expulsado de inmediato.

Trino Luna fue gobernador, representante a la Cámara y Senador, elegido con el aval del Partido Liberal. Nombrado Embajador en República Dominicana. Es miembro de un clan político en el departamento del Magdalena en donde nació.

Fue condenado a tres años y ocho meses de cárcel por concierto para delinquir agravado por vínculos con paramilitares. La sentencia fue rebajada a dos años y siete meses por buena conducta.

 

 

Un insensible reconocimiento del secuestro

Observando a los exmiembros del secretariado de la extinta guerrilla de las Farc que se reincorporaron tras el Acuerdo de Paz, en el acto de reconocimiento del secuestro convocado por la Justicia Especial Para la Paz, debo decir que su discurso me sonó como a las lecturas que se hacen en cada misa de domingo, es decir algo que se hace y se dice pero que poco se siente.

Mientras los escuchaba me preguntaba si en verdad están arrepentidos de haber sometido a las personas que estuvieron en su poder a malos tratos y fuertes castigos amarrados a un árbol, obligándolos a caminar descalzos por la selva, en ocasiones encadenados el con uno al otro.

 

También me pregunté si en verdad se arrepienten de someter a los familiares de quienes mantuvieron en su poder durante años a la angustia, desespero y dolor que provoca una situación de esas.

Al menos para mi, sus palabras no fueron convincentes, no parecían de quienes se arrepienten de haber causado pena y dolor a millones de familias en Colombia. Debo decir que fueron más sinceras las confesiones de los exparamilitares en medio del proceso de Justicia y Paz.

Parece que los ex farc se olvidaron que ese perdón que tanto han pedido con palabras llenas de insensibilidad y sin lágrimas en los ojos, deben ganárselo y que, a partir de las elecciones de 2026, la sociedad se pronunciará en las urnas dándoles el aval para que continúen en las curules que ahora tienen en Senado y Cámara o por el contrario no votando por ellos con lo cual deberán abandonar el espacio político que hoy tienen en el legislativo.

Como ciudadano que le dijo Sí a la paz con las Farc, debo decir que esperaba más de los reincorporados de un grupo guerrillero que no solo retuvo a cientos de personas en la selva, sino que además cometió asesinatos, desapariciones, reclutamiento forzoso de menores, violencia sexual, desplazamiento, toma de poblaciones y fueron los responsables de que soldados, policías y civiles cayeran en minas antipersonas quedando sin alguna de sus extremidades.

No se puede pretender que con un simple discurso de reconocimiento de hechos que causaron dolor, desespero y angustia en millones de colombianos, todo quede olvidado. En adelante los ex Farc deben luchar por ganarse ese perdón y quienes le dijimos Sí a la paz, estamos en la obligación de exigirles el cumplimiento con la reparación a sus víctimas.

 

 

El mea culpa de Timochenko

Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko, presidente del Partido Comunes y último líder de la extinta guerrilla de las Farc,  reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el secuestro y la retención ilegal de miles de víctimas en medio del conflicto armado.

Timochenko aseguró sentirse arrepentido de haber cometido el abominable crimen del secuestro y ser el causante del dolor de miles de colombianos.

 

“Hemos venido aquí cómo último secretariado de la desaparecida guerrilla de las FARC y cómo Rodrigo Londoño Echeverry, en mi calidad como último comandante a asumir nuestra responsabilidad moral y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización”, señaló.

En su declaración, Londoño consideró que  política criminal produjo crímenes de guerra y de lesa humanidad, y que esta fue en contravía de los principios que pregonaban.

“Nunca imaginé que la guerra iba a alcanzar tales extremos de crueldad (…). Años después en la negociación en La Habana… entendí lo duro y desgarrador que eso sería sentarme frente a ustedes a escuchar todo el daño que les causamos”, agregó.

Londoño Echeverry dijo además  que el intercambio humanitario representó un acto de insensibilidad para quienes fueron condenados a años de secuestro y dolor en las selvas colombianas.

JEP abre incidente contra Darío Acevedo

La Justicia Especial Para la Paz abrió un incidente de desacato al director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Darío Acevedo, por presuntamente alterar documentos de narrativa histórica del conflicto armado colombiano, omitiendo el papel de los grupos paramilitares en la guerra en el país.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial del alto tribunal tomó la decisión, luego de conocer las denuncias reveladas por el diario El Espectador, de presunta supresión de victimizaciones de grupos paramilitares en el documento guion del Museo de Memoria.

 

La JEP concedió un término de cinco días para que el director de la CNMH presente sus descargos y aporte las pruebas «que pretenda hacer valer en ejercicio de su derecho de defensa y contradicción».

Le puede interesar: Acevedo recibe informe sobre el conflicto narrado desde la visión de los ganaderos 

Los jueces señalaron que pudo existir  un incumplimiento de las medidas cautelares que decretaron sobre la colección ‘Voces para transformar a Colombia’, que sería presentada en el museo y ha sido criticada por las víctimas por supuestamente alteración a sus relatos.

El documento en cuestión, que corresponde al guion del Museo Nacional de Memoria de las Víctimas, tiene medidas cautelares que impiden cualquier modificación, y  se estableció que la omisión en la verdad histórica del conflicto constituye un incumplimiento a los derechos de las víctimas.

El tribunal de paz, en medio de la pesquisa, exigió  presentar sus descargos, las actas del consejo directivo que aprobó los cambios y las hojas de vida de los miembros de esta junta.

 

 

Gobierno se niega a pagarle pensión a hijos de excombatientes asesinados

El Gobierno de Colombia ha presentado una tutela a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para evitar tener que pagar una pensión a los hijos de los guerrilleros desmovilizados de las FARC que han sido asesinados.

A través de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el Gobierno del presidente, Iván Duque, ha vuelto a negarse a indemnizar a los hijos de los desmovilizados, después de que la JEP ordenara en dos ocasiones hacerlo con el fin de proteger a quienes se sumaron a los acuerdos de paz y sus familias.

 

«El hecho de que el proceso de reincorporación tenga un carácter integral e involucre a las familias de los exintegrantes de ese extinto grupo guerrillero no significa que estas tengan derecho a gozar de los beneficios económicos en ausencia de los desmovilizados», señala la tutela, que si bien fue presentada el pasado 24, no se ha hecho pública hasta este jueves 9 de junio, informa ‘El Espectador’.

El documento señala que los beneficios de estas personas se limitan a «medidas y asistencias de contenido social», ya que los beneficios económicos son en exclusiva para quienes en su día formaron parte de la ya disuelta guerrilla y acreditaron su abandono de las armas ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

La primera vez que la JEP ordenó al Gobierno de Duque garantizar no solo esta pensión, sino el pago de un seguro de vida en caso del asesinato de los progenitores, así como de los gastos funerarios fue en noviembre de 2021. La ARN apeló, pero el tribunal volvió a dejar en firme la sentencia en febrero.

Cuando la JEP inicio allá por abril de 2020 los mecanismos legales para otorgar medidas cautelares en este sentido a los antiguos combatientes y sus familias, eran 193 los que habían sido asesinados. Ahora, dos años después, son ya 333 los muertos por homicidio, a quienes se suman una treintena de familiares asesinados.

Mientras la ARN sostiene que la situación de seguridad de quienes se sumaron a la firma de La Habana y sus familias ha mejorado, las críticas contra el presidente Duque y su Gobierno por el olvido al que han sometido a los acuerdos continúan desde varios frentes a nivel nacional e internacional

En su último informe trimestral sobre la situación de estos acuerdos de paz, Naciones Unidas ha denunciado que los hijos de los guerrilleros desmovilizados siguen enfrentándose a importantes obstáculos para acceder a derechos básicos como educación, sanidad, alimentación, tanto dentro como fuera de los espacios habilitados para su reincorporación en la vida civil, así como a los riesgos de reclutamiento forzoso por parte del resto de grupos armados que operan.

El significativo respaldo de EE.UU. a la JEP por audiencias de ‘falsos positivos’

Este miércoles el Gobierno de Estados Unidos elogió las audiencias adelantadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, donde militares retirados le están contando a la víctimas y al país, cómo se ejecutaron los llamados ‘falsos positivos‘ en la región del Catatumbo.

A través de un trino publicado por la cuenta oficial en Twitter de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, el gobierno Biden asegura que las historias que se están conociendo de voz de los militars responsables, «ayudan a construir el proceso de justicia y paz».

 

«Elogiamos la valentía de los soldados que reconocen su responsabilidad en Falsos Positivos y que piden perdón a las víctimas. Al contar lo que saben, ayudan a construir el proceso de justicia y paz», señala el trino oficial.

En las últimas horas militares colombianos han admitido que cometieron crimenes de guerra y lesa humanidad, mataron a civiles inocentes en el conflicto armado conocidos como los “falsos positivos”, ante una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Ocaña, Norte de Santander.

El cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, ha reconocido ante las víctimas y la audiencia, su participación en el asesinato de jóvenes y campesinos, supuestamente muertos en combate en el Catatumbo, en el noreste del departamento de Norte de Santander.

“Recuerdo un caso específico de Wilfrido Quintero Chona, lo retuvimos en un bar, estaba en la lista que hice con María Eugenia en El Carmen, lo encerramos y los sacamos con mentiras, le dije que íbamos a la estación de Policía de Guamalito”, ha confesado Gutiérrez Salazar.