El Sistema Integral para la Paz, conformado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas –UBPD-, la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, como materialización de la decisión de optar por salidas negociadas al conflicto armado, hizo este viernes un llamado urgente al Gobierno colombiano a propiciar y/o facilitar diálogos humanitarios entre los actores armados inmersos en el recrudecimiento del conflicto en Arauca.
«Lo que viene ocurriendo y las amenazas que se están concretando en contra de la población exigen una respuesta humanitaria que desincentive más ataques en contra de la vida, la libertad y la integridad de los habitantes de este territorio», dice el Sistema Integral para la Paz en un comunicado oficial.
Así mismo, en la comunicación el conjunto de instituciones hace una remembranza de los hechos de sangre que han sacudido a Arauca en lo corrido del 2022.
«Desde el 02 de enero Arauca ha vuelto a vivir el enfrentamiento entre actores armados, en especial las disidencias de las FARC y el ELN. Saravena, Tame, Fortul, Arauquita, Arauca capital, y Cubará (Boyacá) están siendo los territorios más afectados. Durante estos veinte días del 2022 se han presentado al menos 34 homicidios; se han recibido 269 declaraciones de Desplazamiento Forzado, con un aproximado de mil personas desplazadas; 2 secuestros; confinamiento de comunidades indígenas; amenazas generalizadas a líderes sociales y presidentes de Juntas de Acción Comunal -JAC-. y riesgos para las personas en proceso de reincorporación», indican.
En se sentido puntualizan que, las afectaciones a los líderes y lideresas sociales se ha incrementado, y el ataque directo a ellos parece ser una característica específica del nuevo ciclo de violencia.
«El hecho más reciente es el del carro bomba detonado el 19 de enero en el municipio de Saravena que ocasionó daños físicos a los edificios del Terminal de Transporte, ASEDAR, SENA e ICA y que produjo la muerte de una persona de vigilancia. La detonación afectó también al Edificio Héctor Arilo, que al parecer era el objetivo principal del atentado dado que allí se encontraban líderes de distintas organizaciones sociales del territorio, cinco de los cuales resultaron heridos. El impacto es muy alto para el ejercicio del liderazgo, la defensa de los derechos humanos y la participación. Las voces de la comunidad se siguen silenciando y se extienden el miedo, el dolor, la angustia y la incertidumbre», manifientan.
A juicio del Sistema Integral para la Paz, se empieza a sentir en la región la repetición de un escenario similar al vivido entre 2005 y 2011, cuando a causa del enfrentamiento entre las dos organizaciones guerrilleras, cientos de personas tuvieron que salir de sus casas, dejar su tierra, perder hijos, familia y amigos, quedando muchas de las comunidades fracturadas y divididas y dejando un saldo de mil personas asesinadas, y líderes comunales, defensores de derechos humanos, campesinos y campesinas desparecidos.
«La agudización de esta situación nos lleva a una reflexión sobre los motivos y las condiciones de la persistencia de la confrontación armada. El abandono estatal, la corrupción, los problemas de la tierra y el territorio, las economías ilegales y una democracia debilitada mantienen vivas las situaciones de violencia. Es necesario superar los tratamientos sintomáticos, analizar las causas más profundas y abrir espacios de dialogo que busquen resolverlas para que territorios como Arauca no sigan viviendo cada década avalanchas de hechos que fracturan las vidas, dificultan la convivencia e impiden el desarrollo a todo un territorio», dicen las instituciones que componen el Sistema Integral de Paz.
La red de intituciones que nacieron con el Acuerdo de Paz hicieron un llamado a los actores armados a que respeten los Mínimos Humanitarios, una estrategia que nació de la comunidad araucana para clamar el respeto por la vida y la disminución del impacto del conflicto a la sociedad civil.
“La vida como principio, clama y denuncia cada hecho que quita la posibilidad de un habitante de Arauca de poder llegar a ser lo que está llamado a ser, una persona. Cuando se priva de la vida, se deshumaniza, pues no solo se trunca la vida sino también el desarrollo, la sostenibilidad y el futuro de las próximas generaciones. Igualmente, los Mínimos Humanitarios claman por el respeto a la labor de los líderes y lideresas, defensores y defensoras de Derechos Humanos. “Cuando se pierde un líder se asesina la voz de las comunidades que claman constantemente por las necesidades no solucionadas».
De la misma manera se pidieron el respeto por los campesinos, campesinas, afros, indígenas y población diversa; dejar por fuera de la confrontación armada a los Niños, Niñas y adolescentes; el respeto por el cuerpo de las mujeres, por la misión médica y las misiones humanitaria, por los bienes civiles, ya que cuando un bien civil se ataca acaban con espacios de encuentro, con la educación, la Salud, la movilidad de la población civil; a dejar por fuera del conflicto a los migrantes; a no instalar trampas explosivas, minas y municiones y a no continuar despareciendo personas, es una práctica violenta que deja a las familias en la zozobra, el estancamiento, la cosificación y el silencio.
Finalmente, el Sistema Integral para la Paz insta al Gobierno a hacer una divulgación amplia y objetiva de la situación de Arauca, al tiempo que rechaza de forma categórica este nuevo ciclo de violencia.
Finalmente, hacen un serie de recomendaciones, que esperan cuenten con el respaldo de la sociedad y de las agencias y organismos nacionales e internacionales:
1. Acciones inmediatas para atender la situación humanitaria.
2. Crear mecanismos de protección que acompañen a los líderes, lideresas, campesinos, campesinas, indígenas y excombatientes en Arauca.
3. Propiciar desde el nivel nacional un escenario de dialogo con organizaciones, que permita promover el acompañamiento de la iglesia católica en una eventual mediación.
4. Consolidar un escenario de monitoreo y seguimiento sobre la dinámica del conflicto en el territorio.
