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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Laura Bonilla

El gran sancocho nacional

Si hay una expresión que resuma al gobierno de Gustavo Petro es la famosa frase del ex comandante del M19, Jaime Bateman: “Hay que preparar el gran sancocho nacional”. Pero un sancocho también requiere método y cuidado. El orden en el que se colocan los ingredientes, la calidad de estos, el fuego, la leña determinan si es un éxito o un fracaso. Con la paz total es igual.  Ahí es donde tenemos que mejorar, especialmente cuando se está tratando de la apuesta más ambiciosa que ha tenido el país para tener una sociedad más pacífica e incluyente.

Creo que es normal que cuando se tienen más respuestas que preguntas se llegue a ejecutar una idea sin pararse a analizar las consecuencias. También es fuerte la tentación de ubicar siempre la responsabilidad en los enemigos. Pero esa curva de aprendizaje, tan natural en cualquier lugar, en Colombia tiene el correlato de la violencia más larga del mundo respirándole al cuello. Cualquier chispa prende el fuego, cualquier error lo estalla todo. Y tiene razón en eso el presidente, los saboteadores son muchos y la incertidumbre no ayuda.

La ecuación de la paz total es paradójicamente sencilla: desactivar todos los factores de violencia organizada, especialmente el narcotráfico, reconocer el carácter político de la última guerrilla del continente y además quitarles poder estructural a las mafias y a las violencias. Hasta aquí suena todo muy lógico, ¿pero que pasa si nos equivocamos en las premisas?

Varias cosas están pasando en diferentes territorios, que retan la cosas que consideramos verdades. Es una especie de explosión de expectativas en un contexto altamente violento. Y una cosa es lidiar con la frustración acumulada y justamente rabiosa del movimiento campesino que ha pasado décadas firmando acuerdos incumplidos, y otra es lidiar con la frustración de los pequeños y medianos mineros en medio del control territorial de un grupo armado. Sí, es necesario que aceptemos que los grupos armados controlan territorio y población y en eso hay mucho más que un ansia de apropiación de rentas ilegales.  Esa premisa, la de no hay grupo puro, es totalmente cierta. ¿Entonces, qué está fallando?  ¿Por qué no cesa la violencia?

La hipótesis que quiero aventurar en esta columna es que todos los actores del sancocho de la paz total tienen la percepción de que ganarán, porque perciben al actor más grande y fuerte – en este caso a las Fuerzas Armadas – como ausentes del juego. En eso, el ELN exige en la mesa de diálogo que el Estado limpie a Arauca de disidencias, algunos grupos cruzando la frontera incluso piensan que podrán negociar títulos mineros en el marco de la paz total, y los frentes del Chocó y Nariño están listos a disparar y a conservar territorio. Mientras tanto, el Clan del Golfo se asegura sus provisiones y su control en un momento de incertidumbre, haciendo lo que más saben hacer los grupos de violencia organizada en Colombia: utilizar población civil. Ante la incertidumbre, cada uno de ellos busca acumular el bien que les permitirá una mejor posición en la negociación: mayor control territorial.

En el sur del país, la agrupación conocida como el Estado Mayor Central de las FARC se postula a sí misma como una organización político militar, cuando hace meses en el Putumayo amenazaba los liderazgos sociales que intentaban construir una economía alternativa a la coca. Ahí, ellos se impusieron, considerando incluso enemigos a los antiguos proyectos de sustitución alternativa de la coca. Este caso, el del Putumayo hace que la premisa de que en esos territorios todos los campesinos quieran sembrar tranquilamente coca porque es lo que más les produce, de forma libre, y que el actor armado es un simple cobrador de rentas es falsa. La coca también fue impuesta de forma violenta, aunque rentable.

Y aquí viene mi otra hipótesis, tal vez mucho más polémica a los ojos de mis colegas violentólogos: el narcotráfico ha sido motor de la violencia, pero hoy la violencia en sí misma es una economía ilegal y tal vez la más rentable de todas. Eso quiere decir que hay más variables a considerar en un proceso de acercamiento y negociación con los actores armados, pero especialmente hay que responder a la pregunta: ¿cómo logro que la violencia deje de ser rentable? Sobre esto tratarán mis columnas posteriores.

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Miedos infundados

En un país de desigualdades altísimas en el que además los ganadores lo controlan todo, las diferencias entre las vidas de los pobres y los ricos son insubsanables. La opción de lograr una vida digna o  de vivir sabroso empezando de abajo es casi una imposibilidad.

El Estado aquí es fundamental. Es el encargado y tal vez el único capaz de nivelar la cancha al proveer mediante políticas públicas acertadas la provisión de bienes y servicios para que la gente no tarde cinco generaciones en salir de la pobreza. Esta es la primera vez que un gobierno electo a nivel nacional pone la lucha contra la desigualdad en el centro de las reformas. Eso quiere decir que hay que priorizar, y por supuesto la triada salud, educación y trabajo es la que efectivamente lleva a obtener resultados, pero todo depende de la calidad de la política.

El gobierno parece estar demasiado ansioso y en eso está sacrificando la calidad. La reforma a la salud pudo hacerse mucho mejor, no empezando por el final, recolectando evidencia, integrando a todos los sectores y no dejándose llevar por el debate espurio de lo público vs lo privado, donde la evidencia mundial es ínfima.  Otro ejemplo de oportunidad perdida fue la concreción de la promesa de campaña de la Renta Básica Universal sin condicionamientos con una institución que ya había avanzado lo suficiente y que sólo necesitaba un liderazgo con experiencia directa y conocimiento en la materia. Esa posible victoria temprana se perdió.

Ahora el presidente Petro tiene una nueva oportunidad con la reforma laboral, que puede ser el avance más exitoso de este gobierno. No es difícil. Colombia se raja en materia laboral en todos los aspectos. El empleo formal es escaso, la cultura laboral es tóxica, la jornada laboral es infame y la productividad es una de las peores en América Latina.  Ante eso, los pasados gobiernos basaron sus políticas en el mito del emprendimiento, que está ampliamente demostrado que tiene resultados mucho menores y frágiles, menor población atendida, son más costosos para la sociedad y generan menos resultados de largo plazo. En Colombia, el 85% de los emprendimientos fracasan antes de los cinco años.

Es verdad que la reforma laboral va a tener retos, que pueden ser perfectamente atendidos con una buena orientación de la política pública de apoyo a la pequeña y mediana empresa, vía incentivos directos o tributarios. Aquí la oposición se ha centrado en argumentos sin evidencia y por el contrario están atribuyendo a la formalización laboral cosas que son producto de la cultura. Por ejemplo, se les endilga a las licencias de maternidad que no se contraten mujeres, cuando las medidas de protección a las mujeres, incluyendo las licencias maternas y paternas, las leyes de cuotas y otras similares han permitido que el mundo avance en la lucha por la equidad. Modelos de libertad absoluta como el norteamericano tienen resultados malísimos en la tasa de ocupación femenina.

Otro argumento incoherente es afirmar que no podemos avanzar en la formalización cuando somos improductivos. Falso. La productividad y la creatividad están directamente relacionadas con las buenas condiciones laborales que logran retener el talento y hacerlo crecer. Si se quiere corregir la improductividad sería mucho mejor reducir las jornadas laborales e invertir en capacidad, estabilidad y cultura laboral – desde el Estado, incluso – que proteger esperpentos como la jornada laboral de 46 horas.

El miedo al colapso de las empresas es un miedo infundado. Los riesgos pueden ser perfectamente mitigables con una buena política de apoyo a los pequeños y medianos. Mucho de lo que se va a reformar, los grandes ya lo implementan mediante sus propias políticas laborales o de retención del talento. Donde sí debe haber miedo es en la clase política. Si el Estado logra avanzar en la formalización laboral, quiénes han convertido a las entidades públicas en su bolsa de empleo clientelista si deben estar seriamente preocupados. Las OPS han sido un mecanismo de desigualdad, corrupción y ansiedad social. El país merece funcionarios técnicos, independientes y comprometidos, cuyo vínculo clientelista no determine su vida diaria.

Ñapa: el nombramiento reciente de la nueva directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas ejemplifica muy bien mi punto: se pueden hacer nombramientos técnicos, serios y eficientes, con mecanismos de transparencia y que funcionen. Una experta como ella en el montaje de los mejores sistemas de información pública de este país tiene mucho que enseñarnos. Enhorabuena.

Laura Bonilla

¿Por qué somos tan corruptos?

Hace varios años mi profesor de historia de México, Fernando Escalante, decía en una clase que el fetiche por la norma que tenemos los latinoamericanos es igual a la pasión por violarla. Colombia es un ejemplo perfecto de esa paradoja: por una parte, es un productor de leyes que se fundamentan en el castigo como principio rector de la sociedad, pero por otra la vida cotidiana funciona en la constante violación de la norma y en la evasión de las reglas. Queremos un país libre de corrupción, pero no queremos tocar la cultura que la origina y el sistema de incentivos que la mantiene. Así no lo queramos aceptar, todos y todas vivimos inmersos en la cultura de la corrupción.

Esa cultura pasa efectivamente por la recomendación política, pero también porque la política se convirtió en un mecanismo para conseguir empleo y por el tipo de liderazgos políticos – personalistas al extremo – que hemos construido como sociedad, quiénes en vez de invertir la mayor parte de su tiempo, recursos y energía en el bienestar general, deben hacerlo en sobrevivir en el mundo político, a costa de los resultados que deberían estar produciendo.

Sobre la recomendación política hay todo tipo de polémica. La verdad es que es el eje de la contratación pública y lo que produjo que la clase política, especialmente la regional, se concentre en intermediar recursos, dado el profundo centralismo que nos gobierna. Si se piensa en la trayectoria vital de los Nule, es fácil encontrar que el primer contrato de esa empresa creada por hijos de exgobernadores y políticos lo obtuvieron gracias a sus contactos. Se repite la fórmula con Julio Gómez, con Emilio Tapia, o con los contratistas de la alimentación escolar. Contrario al prejuicio, no es el exceso de descentralización lo que ha producido élites regionales super poderosas, sino el centralismo que creó la necesidad de intermediación de recursos, cargos y puestos públicos. Tan culpable es el senador clientelista como el ministro con el que interactúa o el financiador de la campaña.

La segunda razón es que la corrupción se convirtió hace muchos años en una forma de movilidad social. De hacerle trampa a la vida. En una sociedad tan desigual como la colombiana tener o no tener empleo hace la diferencia. Y tener empleo en el Estado, aún más. Así, en la política del día a día, la competencia por el empleo es tóxica y mediada en gran parte por la recomendación política. No hay trayectoria al desarrollo compatible con el clientelismo, ni en América Latina, ni en Europa, ni en Asia, ni en África. No importa con cuanto ahínco defendamos la frase de: se gobierna con los amigos.  

Así, la cultura de la corrupción ha permeado hasta los huesos nuestros liderazgos políticos, y un poco también a la sociedad en general. Eso traducido al liderazgo político e institucional crea todo un círculo perverso, independientemente de la ideología que profesemos. Creamos monstruos colectivos, para luego quemarlos y castigarlos a la luz pública, mientras los grupos de la contratación siguen siendo los mismos, las campañas políticas impagables y las barreras de acceso para los liderazgos políticos más representativos de las bases sociales de Colombia son prácticamente insalvables.

Por esa misma vía no hay partidos políticos que funcionen o perduren con líderes políticos que oscilan entre personalidades e intermediarios. Lo que estamos viendo con tristeza es que en vez de partidos de ideas volvemos a la fracasada idea de partidos de personalidades. En las próximas regionales vamos a estar llenos de personalismos tan importantes que necesitan colectividades hechas a su medida. El partido de Ingrid Betancourt, el partido de los Galán, el partido de Quintero, el partido de Rodolfo Hernández, el partido de Roy Barreras, y cualquier otro que sienta que lo más importante en la política es que le hagan caso.

Si la corrupción es el hueco por el que se va la esperanza de un país más equitativo ¿por qué defendemos continuar con el mecanismo, con tanta ferocidad? Demandamos a gritos castigo, pero seguimos haciendo lo de siempre. Es curioso como una sociedad como la colombiana no ha hecho conciencia sobre la calidad de instituciones que producen estas prácticas arraigadas en la cultura política del país.

En la semana que pasó, en Pares, lanzamos una idea arriesgada para poner la corrupción en el centro del debate nacional, con la irreverencia que a veces caracteriza las ideas de la sociedad civil, que, por supuesto debe ser analizada, revisada y enriquecida por las personas más expertas y conocedoras, por las comunidades regionales que sufren la frustración de que su vida nunca cambie, y también por quienes toman las decisiones. Pero tal vez lo más importante que se develó es que no queremos reconocer la cultura de la corrupción y las consecuencias que ha traído sobre el diseño institucional. En ese espíritu vamos a insistir. No podremos tener un cambio si no tenemos una conversación nacional y honesta sobre la corrupción. Sobre las formas de hacerlo, tenemos la mente abierta para aprender.

Laura Bonilla

Politóloga

 

El Mecanismo de la corrupción

En la historia, cuando las izquierdas han alcanzado el gobierno desestiman la corrupción como un problema. Parte de la explicación es porque se concentran en transformar el sistema como un todo y desprecian los mecanismos de funcionamiento de las instituciones, del estado, de la economía. Esto es claro en las últimas reformas que presentó el gobierno, y que se fundamentan en el paradigma de que todo lo público es mejor, y que basta querer hacerlo y garantizar los recursos para que funcione bien.

Pero en el mundo esta idea es más bien relativa. Hay tantos casos de modelos públicos exitosos – como en Europa del norte – como desastrosos, en el caso de la India. Lo que hace que muchos países en desarrollo hayan fracasado estrepitosamente en el paradigma es justamente lo que se desprecia como problema: la corrupción.

Así, la política más virtuosa para la superación de la pobreza puede terminar trayendo más pobreza. Las transferencias monetarias directas pueden promover mejores condiciones materiales de vida para las personas más rezagadas de la sociedad, o pueden también crear un sistema perverso de incentivos que deriven en clientelismo y en detrimento mismo de la democracia, creando incluso más pobreza. Así mismo, la salida fácil de dejar todo en manos privadas tiene el mismo problema al crear élites y oligopolios con dinero público que concentran la ganancia, pero no distribuyen un peso. Por eso, el cómo se hacen las cosas es tan importante como el qué.

Es fundamental entender el mecanismo de la corrupción, cómo y de donde proviene, para saber cuáles son las decisiones que debemos tomar en las elecciones regionales que se aproximan. En Colombia las leyes anticorrupción son punitivas o prohibitivas, lo que no ha ayudado a evitar que los corruptos manejen el dinero público, sino a crear mayores barreras de acceso para el resto de la sociedad. El centro del mecanismo radica en el poder de intermediación de la clase política con la ordenación del gasto. Voy a tratar de explicar cómo funciona.

Por una parte,  entre los actores del sistema está el estado central que tiene el control de la mayor parte de los recursos, los intermediarios políticos (usualmente congresistas) y una serie de contratistas o privados que ejercen de “prestamistas” o financiadores de campañas. La función primaria de los senadores o representantes es ubicar personas de su confianza en distintas instituciones y gestionar recursos de inversión para financiar sus propias campañas y las de sus aliados regionales. Así, se garantiza una cadena de confianza en la intermediación. Se vuelven super poderosos porque ningún mandatario local puede gobernar sin ellos. Pero sus servicios son demasiado costosos.

Entre más alejado sea el municipio, entre más vulnerable su población, el congresista tiene más poder sobre los mandatarios regionales, y éstos menos posibilidad de orientar el presupuesto a las necesidades de su territorio y no a pagar las deudas de campaña. Una vez la persona es electa en la alcaldía debe garantizar la devolución de su dinero, que por supuesto no es tan alta en la reposición de votos. Al final, el contratista no hace otra cosa que mover dinero público. Saca una comisión de su relación política, ejecuta o no el objeto del contrato, se queda con una porción importante que invierte nuevamente en campañas para que le sea retribuido con ganancias. En este caso, toda la financiación de campañas es estatal.

Por eso, la corrupción no puede ser desestimada para un gobierno que quiere poner lo publico en el centro de las reformas sociales. En la ejecución de la política pública el Musa Besaile petrista hará lo mismo que el Musa Besaile uribista y es garantizar su propia financiación por encima de las necesidades del territorio. Estas élites tienen la capacidad de adaptar sus formas a cualquier sistema, de montar EPS como Solsalud – fachada del condenado Luis Alberto Gil – o de torcer la contratación pública a su favor, a cambio de gobernabilidad. Da igual cual sea la norma. Al final, cualquier institución creada terminará siendo objeto de sofisticados pliegos tipos y prestando un servicio de pésima calidad. Los derechos de la gente es lo que menos le importa al mecanismo. Piénsenlo.

 

 

 

El eterno proceso del ELN

Hoy se abre un nuevo ciclo de diálogo con el ELN donde se retomarán en México lo iniciado en Caracas y gran parte del Acuerdo de diálogos para la Paz, firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2016. El ELN lleva seis intentos de diálogos y la agenda tiene justamente seis puntos. Este nuevo intento, que ya cuenta con prácticamente todos sus protocolos aprobados, es lo más lejos que el país ha llegado en un intento de paz con esta guerrilla. Pero así mismo puede ser muy frágil.  Muchas personas que votaron a Gustavo Petro para hacer realidad la paz con el ELN y detener la cruenta oleada de violencia que vive el país se sienten confundidas con las últimas declaraciones de esta guerrilla donde se ubican en oposición a la política de paz total y a la posibilidad de diálogo con otros actores armados. Acusan al gobierno Petro de ponerlos “en la misma bolsa”.

Esto no es nuevo. Cada vez que el país ha abierto frentes de diálogo y negociación simultánea con distintos actores, al menos uno de ellos se declara en oposición. El propio ELN vivió la férrea y violentísima oposición de los paramilitares al eventual despeje de una zona del sur de Bolívar entre 1998 y el 2002, mientras que en el cuatrienio 2014-2018 manifestó sentirse relegado ante la prioridad de firmar la paz con las FARC. Sucedió también en la negociación de finales de la década de los ochenta e inicio de los noventa cuando se intentó conversar con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, cuando finalmente señalaron de traidores a todos los firmantes de paz de ese entonces.

Los cuellos de botellas y las líneas rojas durante todos estos años también han sido similares: por una parte, el ELN siempre demandó un cese bilateral de hostilidades con el Estado y una amplia participación en su proceso de paz, aunque jamás se ha llegado a especificar el cómo. Tampoco se ha logrado pactar un cese de las violencias contra población civil, especialmente en Arauca. Pero hay algo nuevo y es que este gobierno no tiene ningún problema en decretar un cese de hostilidades, lo cual pone a la guerrilla en una situación complicada, dado que sus principales acciones violentas no son contra el Estado, sino para mantener el control territorial único y férreo, cueste lo que cueste.

Puede interesarle: ¿En qué condiciones llega el ELN a la mesa de conversaciones en México?

El ELN, una guerrilla profundamente apegada al detalle muestra ese carácter nuevamente en la mesa de negociaciones. El escalamiento de sus acciones violentas en el departamento de Arauca le están comenzando a pasar factura hasta en los amigos y garantes del proceso de paz. Recientemente, según conocimos en la Fundación PARES, varios líderes sociales fueron declarados objetivo militar por su intención de participar en el proceso de Paz Total. El departamento no soporta más una violencia tan cruenta y extendida.

Es fundamental evitar que este escenario se agudice. Es muy probable que en este ciclo las discusiones sobre los detalles de protocolos y agendas, así como las peticiones para no otorgar estatus político a las disidencias se tomen una porción muy importante del tiempo de ambas delegaciones. Pese a que el cambio de gobierno ha sido muy bien recibido y el ambiente en la mesa tiende a ser positivo, la negociación sigue estando afincada en una profunda desconfianza al Estado. Cualquier error por parte del gobierno puede ser dramáticamente cobrado por la guerrilla, e incluso puede ser utilizado para romper la mesa acusando al Estado de incumplir.

Si bien es completamente cierto que el cumplimiento del Estado Colombiano ante todos los acuerdos de paz que ha firmado – también es verdad que esta puede ser la última oportunidad del país para tener una paz negociada con el ELN. La Paz Total nos ha obligado a reconocer las raíces tan profundas que tienen las organizaciones criminales y los grupos armados no estatales en el gobierno del día a día de regiones enteras, y por primera vez plantearnos como sociedad hacer algo al respecto. Y es aún más cierto que un cese bilateral de hostilidades no representa la realidad de la violencia hoy, y que el gobierno tiene total disposición de firmarlo.

Hoy, la pelota está en la cancha del ELN. Esperemos que esté a la altura de esa responsabilidad y salga de la idea de un ciclo sin fin de negociación.

Mujeres del Centro Democrático se oponen a que Pedro Santana sirva de vocero de la reforma a la salud

La bancada de mujeres del Centro Democrático se opone a la radicación de la reforma salud por considerar que no tiene presentación que la persona que ha servido como vocero del proyecto, “esté señalado de temas de acoso sexual”.

Como mujeres rechazamos que el autor principal y el vocero de la llamada reforma a la salud sea una persona salpicada de un escándalo sexual contra mujeres” dice la Senadora Paloma Valencia.

La congresista hizo la declaración, luego de conocer el testimonio de la politóloga Laura Bonilla quien en entrevista para Confidencial Colombia,  aseguró,  fue víctima de acoso y agresión sexual por parte de Pedro Santana, en momentos en que este fue director de la Corporación Viva la Ciudadanía.

La senadora María Fernanda Cabal solicitó al presidente del Congreso, Roy Barreras, “no permitir que con la presentación de este proyecto por parte de Pedro Santana se vulneren los derechos a la dignidad de las mujeres de Colombia”.

Sin que el Ministerio de Salud haya aclarado sí Santana es funcionario de la entidad, este ha presentado los puntos clave de lo que sería la reforma, defendiendo la iniciativa.

 

El Buen acosador

En una de mis recientes columnas conté una historia muy personal. Fue hace 16 años, en el 2007. Yo era una joven investigadora de la Corporación Nuevo Arcoíris, con una carrera promisoria, talento, ambición y un poco de la soberbia que da el éxito temprano. El director de Viva la Ciudadanía, Pedro Santana, me abrió la puerta para escribir. Hablaba con frecuencia con él, siempre de política, de la izquierda, de temas profesionales y alababa mi trabajo.

Mezclaba con mucho éxito adulación con manipulación. Siempre insistía en que yo ganaba muy poco y que si algún día llegaba a trabajar en su ONG se encargaría de que yo tuviera un salario acorde con mi talento. Mi trabajo sobre la Parapolítica en el Magdalena Medio me había procurado bastante exposición mediática, pero también réditos y me gustaba mucho lo que hacía. Yo estaba feliz donde estaba, así que no le presté demasiada atención a sus ofrecimientos. Eso sí, me gustaba escribir y lo hacía cada vez que me contactaba para un artículo.

Una noche, yo había bebido Whisky en la casa de su pareja, que era mi amiga y colega.  Él no estaba. Llegó cuando yo estaba algo borracha. Mi amiga se durmió. Me invitó a tomar la última copa en su cocina, mientras yo llamaba el taxi. Se me echó encima, me besó y manoseó sin mi consentimiento y continuó mientras yo, petrificada, decía sin éxito que no siguiera. Le dije que pensara en su compañera y me dijo: eso es problema mío y de ella. Paró y pude irme.  El cuerpo me dolió años y perdí mi confianza. Entonces recibí amenazas por mi participación en la investigación de parapolítica y salí del país. Huyendo de la guerra, pero también de mi propio asco, de lo que me había pasado. La impotencia me invadía. Me hizo mucho daño.

Casi todas las mujeres víctimas de estos comportamientos pensamos que es nuestra culpa. Los acosadores saben muy bien manipular sus entornos. Se camuflan en causas nobles, hacen favores, a veces son generosos desde sus posiciones de poder. Juegan con el agradecimiento. Así, crean una barrera de defensa y cuándo una mujer los denuncia, o menciona su agresión le contestan cosas cómo: él tiene eso de malo, pero es un valiente militante de la causa.

Yo viví muchos años pensando que era mi responsabilidad callar para no dañar a la organización, a otras mujeres, a su entorno que me era cercano. ¿Cuántas veces a las víctimas de violencia sexual las acusan de utilización política de su situación? No es así con los hombres, a los que realmente se les responsabiliza muy poco de sus acciones y de su forma de relacionarse con las mujeres. Es más, el caso del Congreso de la República es un claro ejemplo: no he escuchado a un solo congresista decir que deberían ellos – los hombres – deberían trabajar activamente para cambiar los patrones de agresión. Nuevamente la responsabilidad es únicamente nuestra.

Hombres como Pedro Santana posan del “buen agresor”. Durante años han acumulado una red de favores y aliados que son capaces de voltear a mirar a otra parte cuando su benefactor acosa o agrede mujeres. Finalmente, ellos siempre son los importantes y nosotras las dramáticas. El mecanismo de cadena de favores que tanto favorece la corrupción en Colombia es el mismo que protege a los agresores, y que condena a las víctimas al silencio.

En los siete años que pasaron entre mi caso y las denuncias que le valieron una deshonrosa salida de Viva la Ciudadanía pasaron muchas cosas. Por una parte, el movimiento feminista se hizo fuerte, y por otra Santana a través de una nueva corporación, continuó acumulando poder hasta convertirse en la mano derecha y asesor de la ministra de salud. Mucha gente ha confirmado que logra nombrar y vetar gente. Nos acusan de radicales por pedir no ser tocadas sin consentimiento y se preocupan por la cancelación cultural, cuando una de las formas en las que nos silenciaron fue a través de la cancelación cultural, política, social y laboral.  Sí, las cosas han cambiado y eso hace posible que hoy yo pueda hablar y escribir de lo que pasó. Lo hago tantos años después porque muchas mujeres no pudieron hacerlo. Al final, lo que no se cuenta, no cuenta.

Video: Entrevista con Laura Bonilla

«Fui víctima de agresión sexual por parte de Pedro Santana, asesor de MinSalud»: Laura Bonilla

La politóloga Laura Bonilla en entrevista para Confidencial Colombia contó que en el año 2007 fue víctima de la agresión sexual por parte del señor Pedro Santana para entonces, presidente de la Corporación Viva La Ciudadanía, y hoy asesor del Ministerio de Salud.

Laura Bonilla narra que Santana la invitó a escribir en el periódico institucional de la Corporación Viva la Ciudadanía, ‘Caja de Herramientas’, y que una noche aceptó compartir un whisky con su esposa y que luego de horas de dialogar junto a ella, el llegó pasado de tragos y después que de que su señora fue acostarse, mientras la víctima esperaba un taxi el la agarró a la fuerza y empezó a tocarla y a besarla.

“Yo había bebido Whisky en su casa. Él no estaba. Llegó cuando yo estaba algo borracha. Mi amiga se durmió. Me invitó a tomar la última copa en su cocina, mientras yo llamaba el taxi. Se me echó encima, me besó con una boca babosa y asquerosa. Me petrifiqué. Continuó manoseándome pese a que le decía que por favor no lo hiciera. Entonces le dije que pensara en su compañera y me dijo: eso es problema mío y de ella. Paró y pude irme”, cuenta Bonilla.

Laura asegura que aun no ha podido sanar del todo sus heridas y dice además que aun no ha podido perdonar al hoy asesor del Ministerio de Salud y hace un llamado al Gobierno Nacional a cumplir con su promesa de campaña de proteger a las mujeres y evitar a este tipo de personajes porque de acuerdo a sus palabras, “un nombramiento de estos revictimiza a las mujeres que sufrieron este tipo de agresiones”.

Reviva la entrevista:

 

Tóxicos y borregos

Todo gobierno que llega en toda América Latina construye sobre el clientelismo su gobernabilidad, y en general en la región no se percibe como algo reprochable. Las personas que nacimos y crecimos en Colombia hemos vivido aprendiendo a caminar en la delgada línea que separa la recomendación de la corrupción. Mucha gente, en muchas columnas de opinión ha cuestionado que el gobierno del cambio mantenga ese mecanismo, pero la verdad es que ni el presidente Petro tiene el poder de corregirlo.

Por eso, hay mucho de absurdo en las denuncias del reencauche de las élites regionales y los clanes políticos en partidos cercanos a la coalición de gobierno. Personalmente, al haber estado un par de décadas cerca del lado de la denuncia he empezado a entender que lo raro sería que la situación cambiara. Ningún presidente ha sido electo sin su intermediación. Eso lo entendió Petro en campaña y lo ha mantenido en el gobierno. Es como si el presidente hubiera hecho un acuerdo de paz con los clanes políticos para garantizar la estabilidad del gobierno. Y funcionó parcialmente. Hasta ahora se puede contar con que tendremos un gobierno estable.

Pero seamos sinceros. Los incentivos al liderazgo político, sobre todo en las regiones no están determinados por valores democráticos (o meritocráticos) de ningún tipo. El liderazgo se hereda – como el de Nicolás Petro – o como el de Musa Abraham, ambos hijos de apellidos importantes en contextos donde la ideología política importa más bien poco. Un dato: El departamento de Córdoba sólo ha elegido una congresista por fuera de las élites políticas tradicionales desde la fundación del departamento, y esta fue Eleonora Pineda, cuya carrera política fue hecha por el propio comandante paramilitar, Salvatore Mancuso.

Ese tipo de liderazgo, que fue fácilmente manejable para cualquier gobierno anterior, es absolutamente tóxico en un proyecto de cambio. Negarlo significa perder la estabilidad del gobierno y aceptarlo es echarse la soga al cuello. A los gobiernos de izquierda les puede salir carísima la aceptación de la corrupción. Si en algún momento el gobierno les falla, el cheque de cobro será carísimo. Tenerlas en el sistema democrático es vivir en la zozobra permanente.

El clientelismo les ha dado un poder abismal que no entienden las personas que nacieron apellidándose Sanín, porque justamente su lugar en el mundo les fue otorgado de nacimiento. La ansiedad y la angustia de perder el trabajo para un contratista es tal que son muy pocas (y valientes) las personas que logran decirle no a quienes les han conseguido su empleo. Y eso, por supuesto, incluye a las miles de mujeres sometidas a abusos y vejámenes de hombres con poder, no sólo por su propio empleo, sino por el castigo de ser retiradas para siempre de las redes clientelares. También incluye a los montones de funcionarios que no pudieron decir que no a sus jefes y les facilitaron sofisticadas rutas para amañar contratos o robar el erario público. Es el mismo mecanismo y es hora de aceptarlo. Si pierden, sabotean; si ganan chantajean.

Le recomendamos: Inti Asprilla, ¿El que dice Petro?

El clientelismo en América Latina, y en Colombia no ha sido una práctica libre de víctimas. Tiene todo que ver con los casos de abuso sexual por parte de políticos y también es responsable de la muerte de miles de niños en la Guajira por desnutrición. Es el que ha hecho que el talento importe poco y el que produce pérdidas billonarias en el Estado que pudieron invertirse bien y eficientemente en paliar tantos dramas sociales. Es el que hace que un campesino no tenga una vía decente. Es el que hace que puedan robar con total impunidad porque no se les puede decir que no.

¿Cómo cambiar si el mecanismo se mantiene? Una de las preguntas que siempre viene a mi mente es ¿cómo se hace para gobernar con los amigos sin que se vuelva una relación clientelista? No se puede si no se le quita a la clase política el control del empleo público. En algún momento el apellido Petro se vuelve parte de esa élite, como lo han sido los Jattin, los Burgos o los Aguilar. Este mensaje debería llegar a todos los partidos políticos ahora que están armando sus listas regionales: No hay clientelismo bueno. No hay manera de meterse en un pozo de brea y salir limpio.

 

 

 

 

 

 

De Guatemala a Guatepeor

Este año son elecciones generales en Guatemala y lo que hace un par de décadas se consideraba una experiencia exitosa desarticulando las redes de corrupción, hoy es un estado al servicio de grupos de élites corruptas que empobrecieron la democracia. En medio de la persecución contra los otrora miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entre ellos al ministro de defensa colombiano Iván Velázquez, las redes de corrupción volvieron al poder y están adelantando represalias ya no sólo contra las personas que los investigaron, sino que están dispuestos a sacrificar las instituciones democráticas. La ola autoritaria de Alejandro

Guatemala es un espejo de Colombia en varios aspectos, por supuesto guardadas las proporciones. Sin embargo, algunas lecciones del país latinoamericano deberían tenerse en cuenta hoy en el país. Una de las cosas comunes es la existencia de un Estado al servicio de las élites y otra es la alianza más que conocida entre violencia y política, entre corrupción, cadenas de favores, clientelismo, narcotráfico y elecciones.

Sobre la primera, Colombia ha sido altamente tolerante, quizás demasiado con los pactos de élites para distintos propósitos. Incluso en los mejores escenarios de cambio social que hemos tenido a lo largo de la historia, varios grupos políticos han saboteado las reformas desde afuera y desde adentro de los gobiernos. Hoy, valientes colegas de la sociedad civil guatemalteca – que también están siendo brutalmente perseguidos por defender las instituciones democráticas – nos cuentan con dolor que cualquiera con dinero se puede comprar “su propio partido político”.  Ojo: con listas cerradas.  Tal vez el único asunto público que les puede llegar a importar es el mantenimiento de su estatus político y sobre todo económico, y por esa vía consideran proteger en algo el crecimiento económico. Aunque no siempre. Al final, en el pastel del presupuesto público siempre será sencillo obtener la mayor tajada.

Sobre el asunto narco, su presencia en las elecciones mutó de intermediar en la política mediante la financiación de campañas a querer tener sus propios avales. ¿Nos suena familiar? Con un sistema de partidos volátil y un montón de dinero encareciendo las campañas, realmente el mecanismo de la lista cerrada no fortaleció el partido y no garantizó democratización alguna. Con la salida de la Comisión, los grupos de élites corruptas simplemente volvieron al ruedo, afianzándose entre el 2019 y 2020 y garantizando la impunidad para sí mismos. Tanto, que el fiscal general está en la lista Engel de corruptos de los Estados Unidos junto con otros 15 guatemaltecos. Prácticamente todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tienen títulos falsos.

Lo que sucede cuando una campaña política se encarece de formas inimaginables es que la política se convierte en un mecanismo excluyente y poroso donde fácilmente pelechan todo tipo de corrupciones e ilegalidades. La primera de las prioridades del grupo político, el clan, la red o el consorcio es mantenerse a sí mismo, pagar los favores y distribuir la ganancia. Lo último que importa es la política en sí misma o incluso la orientación ideológica. Para estos grupos oportunistas el clientelismo es más que una transacción y se convierte en la manera de conservar el poder y manipular el aparato estatal. Se sorprenderían las personas que me leen al conocer cuánto se parece el control del empleo público por parte de los políticos en Colombia y en Guatemala.

El panorama para estas elecciones locales no es bueno. Con la sociedad civil bajo asedio después de la horrible ley anti ONG y con una muy baja libertad de prensa, las probabilidades de que se consolide nuevamente un régimen político excluyente y fundamentado en la corrupción es una alta posibilidad.

Todo nuestro apoyo a la valiente ciudadanía, a nuestras colegas de la sociedad civil y a los y las periodistas que resisten en tan difícil contexto. Por ahora, nosotros también tenemos elecciones y un arrume de trabajo por delante para lograr ampliar la democracia local. Este es el año de la agenda anticorrupción.

Laura Bonilla

 

 

 

Pa’ tipos como tú

La columna de esta semana no tenía nada que ver con este tema, pero algunos acontecimientos me hicieron borrar lo que había escrito y cambiarla. El primero fue un reciente nombramiento en el gobierno. El segundo fue la “tiraera” de Shakira y el tercero fue la columna de opinión de Ana Bejarano sobre las denuncias de Gustavo Bolívar, a quién no le creo nada su asombro. Cualquier persona que pase dos semanas en el Congreso de la República sabe en qué ambiente se mete. Nadie esconde nada, pero todos lo niegan.

Tipos como esos me han tocado varios a lo largo de mi vida. A mí y a casi todas las mujeres que conozco. Casi nunca acaban en denuncias o en escrache y nos enseñaron a que está mal sentir rabia cuando uno los ve triunfando En este caso no importa si son de izquierda o de derecha porque la balanza está más que bien equilibrada. A una le enseñan a sobrevivirlos y a callarlos.

Uno de esos tipos es el que camina siempre en la delgada línea entre el coqueteo y el acoso. Siempre pendientes de no cruzar la línea del delito y premeditan muy bien cada jugada y su objetivo casi siempre son mujeres jóvenes cuya voz no signifique gran cosa. Uno de ellos, concejal de Bogotá, les decía a todas las mujeres jóvenes de su partido que legalmente era lo mismo decirles que tenían tetas lindas a ojos lindos, y que no podían hacer nada. Otro, un importante líder de izquierda y socio del club el nogal, se les acercaba incómodamente a pedirles su “Insta”. No sé si estas mujeres, muchas de ellas jovencísimas tienen hoy derecho a sentir rabia cuando los ven tan bien ubicados.

Otro de esos tipos tenía por costumbre en la Universidad a abrazar morbosamente a las alumnas. En mi generación lo que hacíamos era tratar de evadirlo y si a alguna le tocaba alguna “sobrepasada” era culpa nuestra, porque “todas sabíamos que él es así”. A muchas nos daba asco, pero estábamos profundamente manipuladas. Lo ideal era ser tan fuertes que las que cayeran fueran las débiles. Yo sé, les hicimos un favor. Conocí mujeres inteligentísimas y muy talentosas que nunca tuvieron la opción de hablar, que salieron de sus carreras, que las ningunearon y las castigaron. Eran ejemplos duros. Ninguna queríamos ser ellas.

Algunos de mis compañeros del movimiento estudiantil, muchos de ellos también hoy en cargos de poder, le llamaban al abuso sexual “cooptación horizontal”. Viví muchos momentos en que la posibilidad de participar en círculos de toma de decisiones estaba determinada por tolerar los chistes y los comportamientos machistas, incluyendo el acoso y el abuso sexual. En mi primer trabajo fuera de la Universidad también aprendí a evadir los comentarios o a callar y a crear un personaje aparentemente invulnerable. Hasta que no lo fue. Hace veinte años.

Una noche, cuando tenía 23 años me quedé bebiendo en el apartamento de una amiga, cuyo marido también consideraba mi amigo y era jefe de una importante ONG en ese momento. La casa estaba sola y me sentí tranquila para tomarme unos tragos con mi amiga, y cuando llegó el tipo me tomé el último whisky. Apenas mi amiga se acostó, el tipo, uno de esos tipos que trabajaba por los derechos humanos, rondando los cincuenta y póngale años, me atacó. Salí corriendo de esa casa, sintiéndome la peor persona del mundo. No lo vi venir. Yo de verdad creí que su interés en mí era por mi inteligencia. Pocos días después el susodicho llamaba a mi jefe a contarle que yo estaba trabajando con él y lo mejor que podía hacer era echarme. Por un milagro, mi jefe me creyó. No fue el caso de muchas. Este tipo, el que me tocó a mí, era uno de esos locos que incluso llegó a creer que yo tenía una relación con él.

Cuando trabajé en un cargo de gerencia en una institución pública me tocó presenciar una escena donde el hijo de una famosa parapolítica le gritaba violentamente a su novia porque el resto de la institución le tenía pánico. Era el consentido del papá del ministro de entonces. El tipo que sabe que es impune, que nada pasa. Y aún a mis cuarenta, cuando me creí fuera de todo peligro, me tocó aguantarme a un político hablando morbosamente de mi cuerpo y preguntándome por qué no me arreglo (cosa que no hago, porque no estoy dañada).

Así que señores, sabemos muy bien que no podemos probar que su coqueteo ha cruzado los límites del acoso. No somos tontas. Sabemos también que ustedes tienen relaciones más poderosas que nosotras, que se creen imprescindibles, que lo que hagamos ahora no tendrá efecto en sus nombramientos. Pero así mismo sabemos quiénes son y cómo lograron lo que son. Curiosamente hemos empezado a recuperar el derecho a la rabia. Esta columna la dedico a mi agresor. Yo ya no lloro, yo facturo.

Laura Bonilla

 

 

 

Golpes, fascismos y populismos. ¿Élites vs instituciones?

Según la definición de Jenny Pearce, profesora del London School of Economics, una élite está compuesta por personas, grupos o redes que son capaces de definir cómo se ejerce, se reproduce y se transforma la dominación en una sociedad. Si esto es así ¿por qué miles de brasileros se movilizaron violenta y rabiosamente con consignas que pedían que Lula volviera a la cárcel, desconociendo los resultados de la justicia, de la separación de poderes y de la democracia misma? ¿Están ellos también defendiendo inconscientemente el statu quo?

Mientras irrumpían en el Congreso Nacional, la Presidencia y el Supremo Tribunal Federal, se veían pancartas con frases como “Dios por encima de todo” y otras frases pidiendo que Lula regrese a prisión y salvar a Brasil del “terror del comunismo”. ¿Cómo es que estas consignas carentes de evidencia logran la popularidad necesaria para que las personas salgan a la calle a defender los intereses de una élite neoconservadora y anti-derechos? Esta misma situación está ocurriendo en más de un país en la región, por supuesto con matices.

Lo primero es que la radicalización de varios grupos de élites también implicó el incremento calculado, programado y financiado de las rabias sociales y los discursos de odio. Aunque muchos sectores en varios países como el propio Brasil y Chile lograron integrarse a los cambios, otros grupos políticos quedaron excluidos, recurriendo en muchos casos a alianzas non-sanctas o violentas con el narcotráfico y la criminalidad organizada, con el fin de recuperar influencia política y cambiar a su favor las reglas de juego. La política se encareció enormemente y Brasil no estuvo exento de esto. Incluso durante los mandatos de Lula y posteriormente de Dilma Rouseff, la financiación tanto al movimiento anti-derechos como a políticos estatales fue una constante cada vez mayor, y las élites encontraron en la personalización de la rabia la mejor forma de volver al poder.

Desde ahí resultan entendibles varias cosas: la primera es que, a diferencia de otras manifestaciones espontáneas, ésta tuvo semanas de organización a través de grupos de WhatsApp y cadenas de mensajería, donde es cada vez más fácil mantener a la sociedad segregada y divulgar noticias falsas. Incluso, medios brasileños han señalado la pasividad de la policía acompañando a los manifestantes hasta la plaza de los tres poderes y la financiación de transporte para quienes participaron en la movilización. Esta manifestación fue tan poco espontánea, que días antes, los bolsonaristas acampaban afuera de bases militares de Brasilia, intentando llamar a las fuerzas armadas a dar un golpe de estado y promulgando reminiscencias a las dos décadas de dictadura militar que sufrió el país.

Pese a que se estaba advirtiendo desde diciembre que esos campamentos podían incubar acciones violentas, no se tomaron suficientemente en serio, probablemente porque – al igual que en otros países – hemos subestimado el alcance de los discursos de odio, equiparándolos erróneamente a las demandas de equidad o justicia social. Este error puede llevar a una crisis democrática sin precedentes no solo en Brasil, sino en la región.

No hay una respuesta simple a qué hacer, porque en el mundo de la crispación, la democracia va en declive. Adicional a lo anterior, nuestra tendencia a la excesiva personalización de la política juega hoy en contra. No es gratuito que los manifestantes pidan como única demanda que Lula vuelva a la cárcel, y tampoco lo son las amenazas de los sectores bolsón aristas de impedir a toda costa que esta presidencia obtenga buenos resultados. Mientras tanto, en medio del caos, la vuelta al poder de las élites que habían sido excluidas del poder puede ir ganando los espacios perdidos, mientras la ciudadanía se empecina en la peor de las trampas: enfocarse en las personas tanto en su ataque como en su defensa y renunciar a la democracia como sistema de gobierno.

Mientras tanto, nuestras instituciones, que habían logrado también avances fundamentales en derechos para minorías, para las mujeres, para los grupos excluidos y las diversidades también se van lentamente convirtiendo en el enemigo de estos mensajes vacíos y rabiosos. En el mundo de la política crispada, la democracia va en declive. Por eso, defender las instituciones democráticas hoy pareciera ser una tarea de la izquierda y del progresismo. No puede ser un tema menor, pero se necesita mucho más énfasis en la producción de resultados. Lula la tiene difícil. Esta vez será mucho más difícil tener el capital político para producir los acuerdos necesarios para gobernar, mientras que del otro lado basta con seguir alimentando la hoguera ya encendida.

Ante esto, creo que puede ser una buena idea intentar la integración regional para producir resultados comunes. El acercamiento con Brasil, la protección de la Amazonía, la ampliación de la democracia, la lucha anticorrupción, la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades, son temas que desde Colombia vemos con mucha esperanza y que pueden ayudar a crear el tejido democrático que nos permita avanzar sobre lo construido. Por ahora, repitan conmigo: no se usa la democracia para atentar contra la democracia. Y no, no es compatible este neofascismo con la democracia, ni es lo mismo el movimiento social que el anti derechos. Es una buena consigna, ¿no les parece?

Laura Bonilla

Querido niño Dios: de navidad quiero que se caiga la reforma política

Hace un par de días, después de una conversación experta sobre los escenarios electorales del 2023, quise volver a la pregunta básica de por qué el país continúa votando por candidaturas corruptas. Durante muchos años pensé que había una relación de cooptación, donde grupos de personas inescrupulosas, clanes, consorcios, élites tenían capturado el aparato político y no permitían su renovación. Estoy convencida de que esto es parcialmente cierto. Pero no es lo único.  De ser así, algo habría cambiado después de que cientos de políticos terminaron condenados y en la cárcel por sus relaciones con paramilitares. Y no pasó.

A veces pensamos equivocadamente que cambiar las reglas es cambiar la realidad. La reforma política que presentó el gobierno y que probablemente se caiga pronto (ojalá) es la materialización de esta equivocación. Sin demasiada evidencia se anuncia que las listas cerradas mejorarán la inclusión democrática en el Congreso de la República y que incluso bajarán los costos de campaña. Hay muchas razones por las que esto es falso, pero voy a tratar de exponer algunas.

Primero, Colombia tiene partidos políticos con bajísima democracia interna. De hecho, la definición de candidaturas del exitoso partido liberal las hace el directorio con base en un solo criterio: ganar. Del lado de los candidatos, los que ya tienen una curul, los que cuentan con un equipo de trabajo pago desde el congreso (UTL), los que tienen más recursos – usualmente hombres blancos o mestizos – no tienen ningún inconveniente en encontrar un aval, sacar un crédito bancario e incluso financiar la campaña de otras personas de su colectividad. Que la lista sea cerrada no modifica ninguno de estos mecanismos. Por el contrario, se vuelve casi imposible que el partido político incluya personas con representación y reconocimiento político por encima de los grandes negociadores de votos. Las pocas personas que se incluirán serán personas que llegan con un muy alto reconocimiento público nacional que atrae el voto libre.

Segundo, la lista cerrada sólo sirve para el Congreso y probablemente no haga que se vayan de la política los grandes barones o baronesas electorales, jefes de clan. Si algún grupo de poder, dígase los Char en el Atlántico, necesitan ubicarse en los primeros lugares de la lista únicamente tienen que hacer un par de llamadas. Son los operadores políticos más grandes de la costa atlántica, controlan gran parte del empleo público en la región y si un partido los llegara a rechazar, otro con mucho gusto los incluirá. Tercero, aún con la paridad existe la posibilidad que dichos operadores políticos rellenen las listas con mujeres que los sigan considerando sus jefes políticos, y no con mujeres con agencia colectiva o con voces críticas. Las mujeres en la política, independientemente del partido político, tienen barreras de acceso muy altas que se van a mantener en tanto se le va a otorgar un poder infinito a las jefaturas de partido. Así que en esto tampoco se avanza.

Los congresistas en Colombia son de lo más importante que hay en la sociedad. En sus regiones y comunidades son los únicos que intermedian con el Estado para que haya más recursos y el trabajo de miles de personas depende de ellos. Les pagamos sueldos muy altos, un equipo de trabajo que en otros lugares lo provee el partido político, les damos el transporte y los llenamos de privilegios. Ante un aparato tan poderoso es bastante ingenuo pensar que no se acomodarán a una nueva norma que les quite incluso la presión de competir por los votos. Todo sumaría a su favor. Incluso el clientelismo entraría a tener un papel primordial para darles más herramientas cuando necesiten ganar una pugna política interna. Guatemala creyó que con el mecanismo de lista cerrada mejoraría la democracia y está más que demostrado que esto no sucedió.

¿Quiere decir esto que no hay nada que se pueda hacer?  Por el contrario, hay muchas herramientas que reafirman y promueven la democracia interna de los partidos políticos y que pueden tener muy buenos resultados, como la financiación política colectiva a movimientos sociales, mujeres, minorías, y grupos de especial interés para la inclusión, o como los mecanismos que promueven escuelas de liderazgo juvenil y promueven la renovación de los aparatos políticos. También hay que empezar la discusión de quitarle a los congresistas algo de su importancia y restarles ese poder infinito de intermediación de recursos y burocracia a cambio de gobernabilidad. Pero supongo que eso sí sería mucho pedir para esta navidad.

Laura Bonilla

Politóloga

 

 

Castillo de Naipes y una breve historia de la crisis del Perú

Basta un suave soplido, un movimiento, hasta una mala mirada para tumbar un castillo de naipes. Que lo diga Pedro Castillo quién tiene hasta hoy el título del autogolpe de estado más corto del mundo. Al cierre de esta columna el balance es bastante desalentador para la estabilidad democrática del país: mientras el Congreso discutía retirarle la inmunidad al expresidente, murieron dos personas en protestas pidiendo el cierre del congreso, un congresista fue agredido al entrar al recinto por haber apoyado a Castillo, algunos gritaban Castillo libre, una comisaría era incendiada en protesta contra la presidencia de Dina Boluarte, pidiendo el cierre del Congreso y llamando a elecciones anticipadas.  Un difícil panorama para la primera mujer que gobierna el Perú, que conoce el Estado pero no es versada en política.

No es para menos. Perú no se ha recuperado de la crisis política del 2016 – 2020 que inició con el Gobierno del empresario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), pasando por Martín Vizcarra y Manuel Merino. Ninguno de los tres tuvo más de dos años en el poder, pero fue un período de crisis sin tregua que inició con el escándalo de Odebrecht que enredó directamente al presidente en el 2017 y causó su primer pedido de vacancia, que terminó fracasando en el Congreso al no obtener los votos necesarios, aunque PPK negoció con un sector del fujimorismo el indulto a Alberto Fujimori, lo que calmó las aguas del congreso pero desató una crisis política interna que incluyó la renuncia de varias cabezas de sus ministerios, marchas y protestas en contra del indulto.

La citación para votar el segundo pedido de vacancia, que es una solicitud de renuncia mediante la cual los congresistas pueden decidir que el presidente de la república no cumple con las calidades morales para ejercer su cargo, era para el 22 de marzo del 2018. PPK renunció a la presidencia del Perú el 21. Así podríamos seguir por la historia política reciente con fuertes roces entre el ejecutivo y el legislativo, un precario equilibrio de poderes y unas figuras que poco contribuyen a la estabilidad del sistema. En síntesis, la anulación del indulto a Fujimori, intentos de reformas constitucionales que terminaron a pedazos, la implicación de Fiscales, congresistas, políticos renombrados y la propia Keiko Fujimori en Odebrecht, la disolución del congreso en el 2019 por el presidente Vizcarra, la respuesta del congreso de votar una vacancia por incapacidad moral (¿les suena familiar?) en la que el presidente sale victorioso, hasta el año 2020 donde después de dos pedidos de vacancia finalmente es destituido Vizcarra para asumir el presidente del congreso Manuel Merino, quien gobernó del 10 al 15 de noviembre. Desde el 17 de noviembre hasta el 21 de julio de 2021 gobernó Francisco Sagasti hasta las elecciones donde gana Pedro Castillo.

Cuatro vacancias, dos renuncias y cuatro presidentes en cinco años no es precisamente símbolo de estabilidad democrática. Pedro Castillo gana por muy poco margen entre una población de férreo apoyo a un super poderoso y clientelar fujimorismo y el apoyo de cuantos se quisieran sumar a ello, incluyendo grupos evangélicos y antiderechos y por supuesto más de un representante de la clientela tradicional. Muy rápido perdió el apoyo de su propia coalición de izquierda y de centro ante nombramientos impresentables y ante la incapacidad de responder a la ciudadanía. Hay algo de verdad en que el congreso y la derecha fujimorista no lo dejaron gobernar. Si la gente que me lee revisa nuevamente la brevísima síntesis citada arriba va a encontrar que las relaciones y el buen balance entre el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial no se han caracterizado precisamente por la cordialidad y el trabajo mancomunado. Es completamente cierto que el Congreso peruano ha legislado mayoritariamente a favor propio y de la conservación de los poderes corruptos y clientelistas que tan bien se retrataron con los escándalos de los últimos años.

Pero también es cierto que Castillo no tuvo la capacidad de retener el apoyo popular suficiente para adelantar reformas, y que en su afán de conformar un grupo de poder alrededor, y únicamente alrededor suyo, fue perdiendo apoyos fundamentales de movimientos y grupos sociales que ganaron en frustración ante la carencia de resultados, el poco avance y posición en las agendas más progresistas de la izquierda y los escándalos de corrupción.

Me resulta curiosa una situación en la que muchos hechos aparentemente contradictorios pueden ser al mismo tiempo cierto. Castillo tuvo graves denuncias de corrupción por amañamiento de contratos, es decir por lo que se venía haciendo desde hace muchísimos años en un Perú dañado seriamente por la corrupción. Lo que aquí y allá se conoce como coima es exactamente lo mismo: congresistas super poderosos que manipulan la contratación pública, desde el empleo más pequeño hasta los millonarios contratos que se destaparon con Odebrecht. Es cierto que a él no se lo perdonaron, pero también es cierto que – como me dijo una gran amiga y congresista peruana, si te haces elegir opción de cambio, pues algo tienes que cambiar, ¿no?

PD: El nivel del debate sobre Perú de los congresistas colombianos da más que vergüenza. Deberían esforzarse un poco más.