Las problemáticas que enfrentan no justifican el valor definido por la administración de Claudia López. En el Centro Comercial Gran San se concentra el comercio al por mayor y por menor, genera empleos y aporta a la ciudad con el pago de impuestos, y aun así deben sobrellevar el desequilibrio e injusticia que profundizan las decisiones del gobierno de López que antepone la ocupación del espacio público por ventas informales sobre los derechos de comerciantes formales.
Muestra de esto es el avalúo catastral de los locales del Centro Comercial Gran San que en promedio está entre $400 y $1.000 millones, el metro cuadrado tiene un valor de $117 millones y el impuesto predial que pagan anualmente está alrededor de $22 millones. Han manifestado que estos valores son excesivos al buscar vender sus bienes inmuebles el metro cuadrado es cotizado en $5 millones.
Según cifras de la Secretaría Distrital de Hacienda, en Bogotá el ICA le dio ingresos al distrito por $5.62 billones en 2022 y se estima un recaudo de $5,76 billones para 2023 y aun así invisibilizan a los formales del sector que concentra el comercio al por mayor y por menor de Bogotá que es una de las actividades que mayor aporta al PIB capitalino
Además de este desatino en los cálculos catastrales los comerciantes argumentan que en el sector reina la falta de autoridad: aglomeración de ventas informales que limitan el acceso a sus locales, inseguridad, ventas de sustancias psicoactivas, comercio de armas, acumulación de basuras, ventas de alimentos insalubres y hasta el uso de pipetas de gas.
Como lo indica IDIGER cuando han requerido realizar visitas es imposible porque los vendedores ambulantes tapan los hidrantes, toman actitudes violentas y hasta amenazan a los funcionarios no pueden mover a los vendedores cuando están ubicados en los hidrantes porque toca actitudes agresivas y en algunos casos han sido atacados.
La administración de Claudia López le ha dado la espalda al comercio formal no importa el número de mesas que se convoquen o las voces que alerten, para la Bogotá Cuidadora estos no son temas importantes.
En la reunión del 23 de junio IPES informó que en la localidad de Santa Fe hay 14.650 vendedores informales. Y en el polígono de San Victorino se han identificado 1.070 esta cifra se triplica los miércoles y sábados que se realiza el Madrugón. Este año buscan lograr el Pacto Gran San que al escuchar cómo funciona deja ver que siguen prevaleciendo derechos de las ventas informales.
Explican que estos Pactos funcionan como Acuerdos de Acción Colectiva buscando una supuesta organización del espacio siendo permisivos en la ocupación del espacio público que predomina en las entradas de los centros comerciales locales. Cuando se les pregunta cuales son los beneficios para los formales no hay respuesta concreta, lo que demuestra que no han sido tenidos en cuenta.
En las mesas de trabajo al preguntar qué entidad coordina las intervenciones en el sector de San Victorino el silencio prevalece ¿La solución es no hacer nada y realizar cálculos políticos al dar espacio a las ventas informales como lo ha profundizado el director del Ipes Alejandro Rivera? ¿Alguna entidad Alcaldía Local de Santa Fe o Secretaría de Gobierno se ha interesado en liderar el tema y lograr coordinación institucional?
San Victorino concentra todas las problemáticas que tiene Bogotá y hasta que no ocurra una emergencia por las pipetas de gas nadie tomara decisiones. Un posible incendio sea CAUSADO por estos elementos o por otra causa no puede ser atendido a tiempo El incendio que ocurrió en abril de 2023 en el centro comercial Cali Mío no pudo ser controlado debido a la aglomeración de ventas informales, como lo indicaron los bomberos de Cali.
Ni siquiera se han preocupado por realizar un simulacro para tener en cuenta cada una de las singularidades de este sector. Las ventas de comidas insalubres en el espacio público es un problema de salud pública y lo han querido minimizar y se ha conocido que promocionan tratamientos odontológicos, pero la decisión es no hacer nada
Alcaldesa, secretarios, directores la Bogotá Cuidadora también debe llegar a San Victorino, los comerciantes están entre pagar impuestos altísimos para evitar sanciones por parte de la administración distrital y ver como las ventas disminuyen porque los clientes no pueden ni siquiera ingresar al centro comercial. Esta administración puso los derechos de unos por encima de los derechos colectivos al trabajo y al goce efectivo del espacio público. Llevo tres años y medio denunciando que la ciudad está al garete y este sector es un claro ejemplo de desgobierno, falta de autoridad y ventanas rotas.
Lucia Bastidas
