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Un POT que pone en riesgo los colegios privados de Bogotá
La alcaldesa Claudia López en su discurso de defensa del nefasto POT, habla de cómo este va a fomentar los servicios del cuidado y como se van a poder implementar en la ciudad con el fin de “pagar la deuda social” por los próximos años y que no es más que otra promesa fallida lejos de la realidad y del discurso de la alcaldesa.
En el artículo 94 del Decreto 555 de 2021 se define: …“Con este Sistema se territorializa el cuidado en el POT, garantizando suficientes equipamientos y correctamente distribuidos en el territorio para responder a las demandas locales y a los recorridos poligonales que realizan cotidianamente las personas cuidadoras en Bogotá.”… Dentro de esta categoría se incluye la educación de primera infancia, básica y media donde las instituciones privadas cumplen un papel fundamental.
Según cifras de la Secretaría Distrital de Educación en 2021 los colegios privados representaron el 35,9% de la matrícula en Bogotá porque han brindado atención y servicios a 446.113 alumnos principalmente de las localidades de Suba (103.655), Usaquén (41.831), Kennedy (48.688), Engativá (49.591) y Bosa (32.003) y emplean a 27.673 docentes en toda la ciudad.
En el POT se “insiste” en la priorización de los equipamientos para la educación. En la realidad, al momento de aplicar la norma está restringe los colegios privados y no permite que mejoren sus condiciones a la atención, cuidado y enseñanza que brindan desde hace décadas muchos de ellos a las ciudad y ahí si, dentro de una visión de 30 minutos.
Los propietarios de estos colegios me han manifestado la preocupación sobre cómo las denominadas “Actuaciones estratégicas” impiden el desarrollo y en algunos casos la legalización de sus infraestructuras educativas al no estar reglamentadas en la actualidad estas actuaciones y como lo he evidenciado constantemente va a congelar el desarrollo de la ciudad en lugar de …”detonar procesos de revitalización y desarrollo en lugares estratégicos para la ciudad”… cómo define la planeación sobre esto.
Otro aspecto que preocupa enormemente a estas comunidades es como la reglamentación del estándar de calidad espacial y el plan maestro del cuidado que del primero el borrador publicado las exigencias no tienen en cuenta las condiciones en las que es estos colegios se han desarrollado en los barrios y su papel en la construcción del tejido social y una atención oportuna a las comunidades y del segundo no se conoce si continuarán con los “ambientes compartidos” implementado en el plan maestro de equipamientos de 2006.
Los colegios privados son fundamentales para la ciudad y los bogotanos en aras de romper con la brecha de desigualdad y así tener jóvenes más capacitados para afrontar las necesidades que se requieren para la capital y el país, por eso preocupa enormemente que este POT de afán los esté afectado de la forma que lo hace, mientras la alcaldesa habla de cómo el sistema distrital del cuidado es el pago a “la deuda social”.
Lucía Bastidas
No solo algo huele mal en la UAESP, todo está podrido
El tiempo me da la razón, las irregularidades en la UAESP son insostenibles. Las denuncias que he reiterado desde noviembre de 2022 son reafirmadas en el especial del periodista Iván Serrano emitido por el medio de comunicación Cambio en el que se confirma que la directora Luz Amanda Camacho y funcionarios de la entidad recibieron coimas por $1.500 millones para adjudicar el contrato de concesión de los cementerios de Bogotá.
El 20 de diciembre en un debate de control político demostré las irregularidades relacionadas con los contratos y la interventoría de la concesión de cementerios. Durante 17 meses el concesionario no ha cumplido con sus obligaciones contractuales, la ineficiente administración y tardía creación de la fiducia a cargo del concesionario que derivó en que la UAESP no haya tenido control sobre el recaudo por concepto de servicios funerarios, gestiones inadecuadas y cuestionables en el manejo del personal que labora en los cementerios, el incumplimiento en el pago de servicios públicos como luz, agua y gas, este último fundamental para el funcionamiento de los hornos crematorios, desaparición de cuerpos y el incorrecto manejo de las cenizas. Y que se reafirmaron con el informe publicado por la Contraloría Distrital el 08 de enero de este año.
Hoy, luego de las revelaciones publicadas en Cambio queda claro que en la entidad hay presuntos temas de corrupción que tienen que ser resueltos en el menor tiempo posible, la directora debe asumir su responsabilidad política y apartarse del cargo para responder por las acusaciones de que recibió coimas por $1.500 millones. En la plenaria de este domingo los concejales exigimos la renuncia inmediata de Luz Amanda Camacho. Y la alcaldesa Claudia López debe pronunciarse y ser coherente con sus ideas y principios cuando fue senadora del país y lideró la consulta anticorrupción, su silencio perjudica a los bogotanos.
Particularmente en el Parque Serafín, el cementerio más nuevo, hay bóvedas con cuerpos que no cuentan con más de un año de estar ahí y están apareciendo letreros de exhumación, lo que indica que están siendo retirados a pesar de que la normativa que regula la exhumación de cadáveres da como plazo 4 años, en caso de que los familiares no aparezcan los creman y archivan las cenizas.
Alrededor de 15.000 a 17.000 cenizas de los NN, son almacenadas y archivadas en bolsas negras, sin registro alguno que de constancia de su identidad. ¿Quién asegura que en esas bolsas no están varios de los tantos desaparecidos en Colombia? Lo que viene sucediendo en los cementerios del distrito y presentado en el reportaje confirma varias denuncias de personas que trabajaron allá, en el que estaríamos ante la presencia de posibles hechos de desaparición forzada, un delito de lesa humanidad y que estaría conectado con otro tipo de actividades ilícitas y grupos delincuenciales.
Esta situación debe preocupar a todos los bogotanos, los recursos del erario público son sagrados. Estamos ante una bomba de tiempo. Solicito a las autoridades competentes celeridad en las investigaciones necesarias.
Lucía Bastidas
Denuncias de supuesta corrupción en la UAESP provoca fuerte discusión en el Concejo de Bogotá
La denuncia del empresario del empresario, Sergio Vanegas, quien asegura que los hornos crematorios fueron usados para desaparecer cuerpos de personas asesinadas durante las protestas, provocó un fuerte agarrón en la reciente cesión de la Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá.
Uno de los protagonistas del debate fue el concejal, Julián Rodríguez Sastoque, quien pidió a la Fiscalía investigar rápidamente lo que está ocurriendo alrededor de la contratación de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), e hizo un llamado de atención a sus colegas para que no le den crédito a las afirmaciones del empresario Sergio Vanegas, quien aseguró en una entrevista en la Revista cambio que se habrían utilizado los hornos crematorios del Distrito para desaparecer cuerpos de personas que supuestamente fueron asesinadas en medio de la protesta en el año 2021.
“Me parece aun más lamentable que se den por cierta las afirmaciones de un delincuente. Porque una persona que sale ante un periodista a ponerse la soga en el cuello para hablar de un delito que lo implican a el directamente, parecía no ser casualidad”, afirmó.
Para Rodríguez Sastoque estas afirmaciones corresponden a un acto “politiquero”.
Carlos Carrillo recordó que lo de los hornos crematorios denunciados por la Revista Cambio no son más que conjeturas y que lo verdaderamente preocupante son los temas de contratación en los que al parecer, según lo que se ha dicho, “estarían metidos algunos concejales”.
El concejal del Partido Liberal, Germán García, citante al debate de control político el pasado 20 de diciembre en donde se revelaron asuntos en la contratación que generan fuertes dudas, recordó que el fin de la discusión no es el de tildar a la alcaldesa Claudia López de corrupta sino de pedir que se investiguen lo que sucede al interior de la entidad.
Nota relacionada: “La directora de la UAESP debió renunciar desde antes”: Luis Carlos Leal
Juan Baena, miembro de la bancada del Nuevo Liberalismo se sumó a la petición de su colega Celio Nieves de pedirle de manera institucional a los organismos de control para que se investigue a fondo este asunto.
“Yo no veo ningún ataque politiquero, yo lo que veo son unos testimonios que el concejal Rodríguez Sastoque está de manera ligera está desmintiendo y además está subvalorando”, afirmó.
Por su parte el concejal de la Alianza Verde, Libardo Asprilla, recordó que entidades del orden nacional e internacional ya certificaron que no hubo casos de desaparición forzada en Bogotá en medio de la protesta social.
El concejal, Diego Cancino, en su intervención recordó casos como el del joven, Duván Felipe Barrios quien estuvo unos días desaparecido y días después fue encontrado muerto.
“A Duván Felipe Barrios lo desapareció una tanqueta, durante un mes estuvo desaparecido; la mamá lo estuvo buscando en Medicina Legal y después de un mes apareció en un riachuelo, al lado del Portal de la Resistencia muerto. Yo le dije a Claudia López, Duvan Felipe Barrios está desaparecido y ella me dijo “mentiroso” y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dijo a la alcaldesa que aquí habían desaparecidos,” puntualizo.
Finalmente, la concejal Lucia Bastidas, aclaró que denunciar la corrupción no es un acto de politiquería sino una obligación del Concejo de Bogotá.
Dijo además que el caso de los cementerios es solo la punta de Iceberg y que seguirá en el trabajo de denunciar la corrupción.
El drama de la anorexia
A propósito del Día Mundial contra la Depresión, hay enfermedades que se derivan de este estado mental y emocional como son los trastornos de conducta alimentaria (TCA): la anorexia, bulimia y atracones de comida, condiciones médicas relacionadas con la salud mental, especialmente el estrés emocional. En 2020 (primer año de la pandemia COVID-19) la prevalencia mundial de la ansiedad y depresión aumentó un 25%, indica la Organización Mundial de la Salud, estados que profundizan la aparición de estos trastornos. Antes del covid-19, alrededor del 7,8 % de la población mundial sufría de estos desórdenes, según un estudio de American Journal of Clinical Nutrition.
Expertos como Juanita Gempeler, psicóloga de la organización Equilibrio, indican que los TCA, se están presentado desde los ocho y nueve años de edad, por eso es importante la formación compartida entre las familias y colegios. La edad media en la que se desarrollan estos trastornos es entre los 12 y 25 años, y se estima que un 10 % de adolescentes en Colombia padecen algún TCA.
La anorexia nerviosa es una de las causas de mortalidad más frecuentes en adolescentes. Las mujeres con anorexia mueren cinco veces más que las de su misma edad no enfermas, por problemas de desnutrición y suicido que predomina en esta enfermedad. De acuerdo con un estudio del Departamento de Psicología de la Universidad de Bath la anorexia encoge el cerebro más que cualquier otra condición de salud mental.
Uno de factores que deben observar los padres y colegios es la conducta de los adolescentes debido al acceso inmediato que tiene a las redes sociales, en las que abundan estilos de vida que pueden poner en riesgo su salud, al seguir comportamientos sin diagnósticos médicos sino basados en moda, tendencias como fitness y “body checking” Hay espacios en las redes sociales en los que comparten consejos sobre las mejores maneras de perder peso, ven en los TCA un estilo de vida, sin dimensionar el riesgo que tiene para sus vidas
La etiqueta #Pérdidadepeso en TikTok tiene más de 10.000 millones de visitas y el 1,4% de los consejos nutricionales son publicados por nutricionistas titulados. Se necesita priorizar esta problemática para nuestros niños y jóvenes. La secretaría de salud de la mano con la Subred Centro Oriente analizó el estado de la salud mental de los habitantes de la localidad de San Cristóbal y concluyeron que el 7,3 % de las mujeres de esta área de la ciudad han consultado los servicios de salud mental y los niños, niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años son vulnerables a situaciones de salud mental. Este panorama implica trabajo articulado entre el sector salud y educación para construir estadísticas de estos trastornos que predomina en edades tempranas.
Lucia Bastidas
La seguridad vial en cuidados intensivos
Mes a mes aumentan las víctimas fatales de los siniestros viales en Bogotá. Los datos de Seguridad Vial de la Secretaria de Movilidad del 01 de enero al 22 de diciembre del 2022, no son alentadores. 531 víctimas fatales, 13% más que en 2021 cuando se registraron 470 fallecidos. Los motociclistas y peatones principales afectados. El aumento responde a comportamientos irresponsables de los actores viales, vehículos en mal estado y huecos en la malla vial.
La Secretaría Distrital de Movilidad señala que la siniestralidad en Bogotá ha disminuido 15,5% en 2022, reportando 24.971 siniestros (con corte 22 de diciembre), 3.884 menos que en 2021 cuando se registraron 28.855. 12.498 (50% del total) han sido solo daños, 11.965 (48%) con lesionados y 508 (2%) con fallecidos. Son esos siniestros con fallecidos donde, según los Datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se reportan 553 muertos de 01 de enero a 30 de noviembre, 109 más que en el mismo periodo en 2021, una variación de 24,5%.
Los motociclistas principales afectados con 217 muertes (26% del total), seguidos por los peatones, 207 muertes (29% del total) y los ciclistas, 90 muertes (15% del total). Las causas que afectan la seguridad en la vía al conducir son: el ser humano, el vehículo y la infraestructura. El factor humano responde por conductas arriesgadas, imprudencia al conducir, intolerancia entre actores viales y afectaciones en la salud mental y física.
Dos casos recientes en la capital fueron: en la noche del 20 de noviembre en la calle 22 con avenida caracas en donde dos taxis chocaron, al parecer por la imprudencia de uno de los conductores que no respeto el semáforo en rojo, dejando 3 heridos. En la localidad de Usaquén, un accidente registrado en la madrugada del 21 de noviembre en la calle 167 con carrera Séptima, entre un motociclista y un taxista que colisionaron de frente causando la muerte del motero.
Un vehículo afecta la seguridad vial cuando se encuentran en mal estado, tiene condiciones de estabilidad precarias o se encuentra sin revisiones periódicas. Dentro de la infraestructura se encuentra las condiciones climáticas, “pues de la calidad de los desniveles de la calzada y sus desagües depende en buena parte la ocurrencia de empozamientos” y el estado de la malla vial que cuando se une con las lluvias son causas de riesgo inminente.
Bogotá tiene 28% de la malla vial en pésimo estado y ha generado daños a vehículos e incluso muertes en las vías. Las acciones que ha tomado el IDU para realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial con una inversión $602.422 millones en estos 2 años y 11 meses de la administración de Claudia López o la conservación de las vías de la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento Vial por $256.590 millones no son suficientes. A diario conocemos noticias de vehículos varados, motos caídas, muertos, carros volcados, choques contra locales comerciales y entre vehículos.
En agosto y septiembre conocimos dos fatales noticias relacionadas con el mal estado de las vías. La primera fue el grave accidente de tránsito en la calle 19 con carrera 30 (sentido occidente-oriente) dónde un carro terminó volcado y dejó a una persona herida y la segunda fue la de “John F”, un motociclista que perdió el equilibrio en su vehículo por intentar esquivar un hueco cuando transitaba por la Autopista Norte (sentido norte-sur) a la altura de la calle 198, lo que termino con su fallecimiento al ser atropellado por un camión.
El último día sin carro ni moto la alcaldesa con bombos y platillos festejaba mayor velocidad y 103% menos siniestros viales, 67% menos con heridos, culpando a los carros y motos por ser los causantes del mayor número de accidentes. Resulta desalentador que el Distrito no ejerce la autoridad y el control requeridos para que la estrategia “Visión Cero” continúe presentando resultados. Durante 2016 y 2019, bajo la administración del exalcalde Enrique Peñalosa, la tendencia de las muertes por sinestros viales fue a la baja. En la actual alcaldía de Claudia López, la tendencia es al alza sin contar 2020 año de la pandemia de Covid-19.
No basta con reducir la velocidad a 50 kilómetros por hora en las calles de la ciudad si el Gobierno Distrital abandona las campañas y los mensajes institucionales. Insisto al Sector Movilidad en que autoridad, control y resultados debe aplicarse en todo y en especial en la seguridad vial. Otro aspecto es la malla vial, que está al debe con la ciudad, las acciones deben tomarse desde ya para que se mitiguen las inundaciones, los huecos y por ende los siniestros viales.
Lucia Bastidas
Concejal de Bogotá
UAESP no sale limpia del debate en el Concejo
Durante el debate en el Concejo de Bogotá a la contratación firmada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, la concejal de la Alianza Verde, Lucía Bastidas se mostró bastante preocupada por la presencia del señor Marcel Esquivel, jefe de la oficina jurídica de la entidad a quien se señala de filtrar información para beneficiar a determinadas empresas interesadas en las licitaciones.
Según la cabildante, “Los ganadores de estos procesos no fueron por mérito propio, sino por la información que los funcionarios de la UAESP suministraron a los proponentes para cumplir con los requisitos habilitantes”.
Dijo además que la concesión con Jardines de Luz y Paz SAS derivó en incumplimientos contractuales como, “el no consignar los dineros recaudados en las cuentas de la Fiducia, retrasos en los pagos a empleados y operarios de los cementerios, desmejoramiento en las condiciones laborales y el no pago de los servicios públicos para el correcto funcionamiento, incluyendo los servicios de seguridad privada”.
Así mismo reveló que la Unión Temporal Mantenimientos presentó “pólizas falsas”. Entre las denuncias que reveló está también la presencia de Sandra Jeannette Forero, en la firma INALTER S.A.S, contratada para las redes de alcantarillado de mochuelo por $1.680 millones. Forero estuvo involucrada en el “Cartel de Contratación del Quindío, durante gobernación de 2012 -2015”.
Por su parte el concejal Germán García, del Partido Liberal, denunció que en este momento no hay gas en el Cementerio del Norte. “Este es el negocio del dolor, el negocio de la muerte, por la precaria gerencia administrativa en la UAESP”.
A su turno la concejal María Victoria Vargas, solicitó a las autoridades competentes, en especial a la fiscalía general de la Nación, investigar si se llegaron a pagar comisiones en todo el proceso de contratación de la empresa que maneja los cementerios de Bogotá. El concejal Martín Rivera, del Partido Verde, pidió la renuncia de la directora de la UAESP, al afirmar que a la entidad le quedó grande el control de los residuos sólidos, el manejo de los cementerios, la dignificación de los recicladores de oficio, entre otros temas.
Para la concejal María Fernanda Rojas, todos los debates en donde hay preocupación por la forma como se manejan los recursos públicos son indispensables. “Lo que si resulta preocupante es que hay contratistas, involucrados en casos de corrupción, que se reciclan y vuelven y actúan.
La directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho, defendió la actuación de la Administración de Claudia López, recordando las denuncias que han interpuesto ante los órganos de control y la Fiscalía.
Ante las denuncias por la manera en como se contrató la concesión para los cementerios, la funcionaria explicó que esta licitación se venía ejecutando desde mucho antes y por diferentes motivos no habían llegado a buen fin.
Unidad Deportiva del Salitre, otro ‘elefante blanco bogotano’
El debate por los retrasos y abandono de la obra de reforzamiento y modernización de la Unidad Deportiva El Salitre llegó una vez más a la plenaria del Concejo de Bogotá, en donde quedaron las dudas sobre la manera en cómo se licitó la adjudicación del contrato, su ejecución y los procedimientos de la empresa con la que se firmó la obligación contractual.
El proceso de remodelación de la Unidad Deportiva el Salitre entró en proceso de remodelación y refuerzo estructural en diciembre del 2018, durante la segunda administración de Enrique Peñalosa. La obra fue adjudicada a la Unión Temporal San Antonio IDRD Reforzamiento Asemain por un valor de $11.816.242.707.
De este valor, según lo expuesto durante el reciente debate por el concejal de la Alianza Verde, Julián Espinosa, al contratista se le entregó un anticipo de $ 4.585.171.711. La firma dejó la obra abandonada, perjudicando a 250 mil deportivas que practicaban diferentes disciplinas.
La Unión Temporal estaba conformada por las firmas INCOEQUIPOS (Ingenierías Construcciones y Equipos Incoe S.A.S.), Asecaf y Construcciones Maja S.A.S.
Según las indagaciones del cabildante Espinosa, la Unión Temporal San Antonio Reforzamiento Asemain, se ganó el contrato gracias a que la licitación pública se hizo “a la medida”. Por ejemplo, en la etapa precontractual, “hubo un incumpliendo al adaptar en una sola certificación once contratos como si se tratara de uno solo. Dicha situación, fue alertada por otros oferentes, pero el comité evaluador hizo caso omiso”.
Espinosa reveló que, otro de los miembros de la Unión Temporal San Antonio, la empresa Asecaf S.A.S., tenía antecedentes, cuando hizo parte de la renovación de la PTAR de Puerto Mallarino, en la cual presentó una certificación bancaría de ITAÚ, casi idéntica a la presentada en el caso Centros Poblados, que las directivas de la entidad bancaria señalaron como falsa. Cosa que también fue pasada por alto por el comité jurídico y técnico.
“Todo en este entuerto jurídico huele mal desde donde se le mire, cómo es posible que la interventoría inicial, Consorcio SB, se haya visto obligada a ceder el contrato porque uno de sus miembros estaba inhabilitado; aunque menos mal cedieron el contrato, ya que durante sus revisiones pasaron por alto detalles como que las facturas no coincidían con los gastos”, explicó Julián Espinosa. La interventoría, consorcio SB, aprobó los desembolsos por un valor de $4.577.216.641 de los cuales nunca se legalizaron
Fotos: Unidad de Apoyo Normativo/Concejal Julián Espinosa
De acuerdo con los hallazgos de la Contraloría Distrital, las investigaciones de responsabilidad fiscal, encontraron a 10 personas que se encuentran vinculadas en este incumplimiento.
La concejal Lucía Bastidas por su parte, recordó que, durante la administración de Enrique Peñalosa, en el Instituto Distrital de Recreación y Deportes, se adjudicaron más de 200 procesos de contratación todos mediante licitación y que solo el de la Unidad Deportiva El Salitre presentó fallas por el incumplimiento del contratista y que desde el 2021 se hicieron las primeras advertencias.
Bastidas cuestionó que durante el proceso administrativo que busca sancionar al contratista que incumplió con la ejecución de la obra se hallan celebrado 53 audiencias públicas, cuando según ellas, “con un máximo de cinco bastaban”.
Recordó además que, por mal manejo del anticipo entregado para el inicio de la obra, la Alcaldía de Peñalosa puso en conocimiento a la Fiscalía para que indagara sobre el asunto.
Blanca Inés Durán, actual directora del IDRD explicó que la entidad ha realizado el trabajo jurídico necesario para desentrabar la obra y tratar de solucionar los problemas legales que existen y que están perjudicando a los diferentes deportistas en Bogotá.
Dijo además que la interventoría contratada por la Administración de Enrique Peñalosa, en ningún momento alertó sobre posibles riesgos ni había medidas contundentes y que por tanto no se podía sancionar.
Según la explicación que dio la funcionaria, el contratista inicial no estaba cumpliendo con los pagos a proveedores, ni al personal de la obra y según ella, “es extraño que la administración del momento no lo haya notado”.
Durán aseguró que culminado el contrato se interpusieron acciones en la Fiscalía para que diera apertura a las investigaciones.
El IDRD adelanta acciones como la declaración del siniestro y resolviendo los recursos para desentrabar la obra y dar cumplimiento a los procesos sancionatorios.
La Unidad Deportiva el Salitre ha servido como escenario para la formación de miles de deportistas jóvenes en Bogotá, en diferentes categorías que hoy se encuentran dispersos por la ciudad por cuenta del incumplimiento de la Unión Temporal San Antonio IDRD Reforzamiento Asemain.
Las instalaciones de este centro deportivo, de acuerdo a la investigación del concejal Julián Espinosa, se encuentran se encuentra destechada en el módulo A y B; el piso de las ligas esta descubierto; en los baños, no hay enchapes de pared, ni de piso; las paredes están en ladrillo; en la zona norte no hay ladrillo y se encuentra construido en Dry Wall y la cimentación presenta varias piezas estructurales con sus respectivos hierros fundidos en concreto para montar las estructuras metálicas nuevas.
Por este hecho los órganos de control en Bogotá y la Fiscalía General de la Nación abrieron los procesos respectivos para recuperar los dineros entregados y encontrar a los responsables de lo que algunos consideran como “un nuevo elefante blanco”.
Beneficios y alivios para los bogotanos
Puse en consideración del Concejo de Bogotá, un proyecto de acuerdo que otorgue beneficios al pago de obligaciones de los bogotanos con el Distrito. Obligaciones como el pago de impuesto predial, industria y comercio, vehículos, tasas, contribuciones y multas. Es un proyecto que permite alivios al bolsillo de los ciudadanos y mejoras a la cartera del Distrito.
¿En qué consiste la propuesta?
Con el acuerdo los ciudadanos tendrían 3 oportunidades para ponerse al día con el Distrito. Cada oportunidad es un periodo de tiempo en el que todos los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y demás obligados podrán pagar un porcentaje de la deuda. En este sentido, los que accedan al primer periodo pagarían el 80% del capital adeudado, en el segundo periodo solo pagarían el 90% del capital adeudado y en el último periodo pagarían el 100% del capital adeudado, en todos los casos los pagos serán solo del capital no contará intereses ni sanciones.
Como el Concejo de la ciudad tiene competencias limitadas, toda la aplicación y operación de los beneficios se deja a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda quién es la entidad encargada de la plataforma de recaudo del Distrito y conoce la gestión de estos procesos. El Distrito deberá brindar la mayor comunicación y publicidad de los alivios que se buscan otorgar.
Otra de las propuestas que se consideró para esta iniciativa fue limitar el crecimiento del Impuesto Predial Unificado para el año inmediatamente siguiente a la entrada en vigencia del Acuerdo. La medida aplica para todos los predios residenciales y no residenciales con excepciones expresas y de acuerdo al valor gravable de cada inmueble.
El proyecto de acuerdo cuenta ya con ponencia positiva, un paso importante para que se pueda debatir en la comisión de hacienda de la corporación. Falta que se agende su discusión y debate y que el Distrito quiera apoyar la propuesta, pues a la fecha no se conoce un concepto de parte de la Administración.
Insistiré en esta medida para que los bogotanos tengan un alivio frente a la crisis económica que ha dejado la pandemia, la crisis mundial y los anuncios del actual Gobierno Nacional que generan pánico económico.
Lucia Bastidas
Concejal de Bogotá
La séptima continúa sin solución
Los 693.000 habitantes del borde oriental de la ciudad y los más de 3 millones de personas que transitan por la Carrera Séptima, siguen atascados 2 horas y más en trancón desde la Calle 32 hasta la Calle 200. Los buses duales y zonales del sistema comparten la vía y las mayorías deben ir incomodos en los buses durante el trancón en lugar de ir de manera rápida por carril exclusivo.
Con mentiras la alcaldesa Claudia López boto a la basura el proyecto que estaba listo y en proceso de adjudicación: la Troncal de TransMilenio por la Carrera Séptima. El proceso que adelantó la administración de Enrique Peñalosa contempló 11 kilómetros de ciclorrutas, renovación de 400.000 metros cuadrados de espacio público y 83.000 metros cuadrados de zonas verdes, mejor alumbrado público, arborización urbana y mejor calidad del aire por utilizar buses eléctricos.
En 3 años de administración de la mandataria Distrital la Carrera Séptima ha estado envuelta en incertidumbre y dudas sobre su futuro. La alcaldesa presentó durante 2020 y 2021 diseños de lo que sería su idea de corredor verde. Desde entonces, se supo que su idea iba a acabar con la movilidad de los bogotanos por esta vía. El TransMilenio Verde que ha dicho el gerente del proyecto y el director del IDU es completamente distinto al de la troncal es cierto. Partió la Séptima en 3 tramos, basados en aspectos patrimoniales, urbanísticas y tipos de viajes. E incluyó nuevos cruces a desnivel en las calles 134, 127, 92 y 85 para garantizar una buena experiencia de viaje.
Los tramos fueron denominados Séptima Usaquén, desde la calle 200 a la calle 100, luego Séptima Chapinero, de la 100 a la 40 y el último Séptima Centro de la 40 a la 26. Todo por temas discursivos que no aportan a la movilidad general de la población, por el contrario, varios expertos y amigos de la administración han señalado los problemas que traerá en materia de movilidad el tramo de la calle 24 a la 40, por contar con un carril solamente en sentido sur a norte y carril exclusivo para buses. De la calle 40 a la 100: Un carril exclusivo para buses por sentido y estaciones en el centro, un carril para tráfico mixto de norte a sur, entre las calles 92 y 28 (donde termina y se abre paso la 10.ª), bicicarril y espacio para peatones.
Únicamente, de la calle 100 a la 200 se tendrán dos carriles exclusivos para buses por sentido, estaciones en el centro, dos carriles por sentido para carros particulares, bicicarril y espacio para peatones.
A todo esto, se sumaban los anuncios del inexperto Ministro de Transporte Guillermo Reyes quien solicitó retomar estudios y construcción de un tranvía por la séptima desconociendo que esta propuesta fue descartada de manera técnica en diferentes estudios. Afortunadamente triunfó la sensatez y Claudia López tuvo que defender su idea ante el Gobierno Nacional. También, se conoció que el Distrito y los promotores del Plan Parcial El Pedregal concertaron un acuerdo para salvar el plan y sus aportes a la séptima y la troncal de la avenida 68.
La Administración Distrital está tan tranquila y confiada sobre la continuidad del TransMilenio Verde por la séptima, que no teme señalar que no se vulnera los derechos de nadie. Para el Distrito es un gran logro que se inicie el proceso de licitación luego de tres años de la Administración de Claudia López, cuando la realidad sigue igual o peor, los bogotanos siguen esperando atrapados en el trancón, los avances en la propuesta actual son complejos y con poca transparencia en su comunicación ¿cuánto más deberá esperar Bogotá y los más de 3 millones de bogotanos que transitan por séptima para tener un proyecto de movilidad digno?
Continúa la polémica por contrato en la UAESP
El polémico contrato que tiene en la lupa de la opinión pública a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) en Bogotá, para administrar los servicios funerarios y su destino final en los cuatro cementerios distritales que hay en la capital del país: Norte, Central, Sur y Parque Serafín sigue dando de qué hablar.
El contrato fue adjudicado mediante selección abreviada a la Unión Temporal Cementerios del Distrito, conformada por las empresas Inversiones, Proyectos y Obras Civiles S.A.S., A&M Grupo Empresarial y Consorcio Global Fundesco por un valor estimado de 41.300 millones de pesos y una duración de cinco años.
De acuerdo con las denuncias, durante el proceso de adjudicación se favoreció a uno de los proponentes. En los señalamientos se habla del señor Marcel Esquivel Reina, quien se habría encargado de impartir las posibles instrucciones para beneficiar al contratista que finalmente resultó ganador del proceso.
La directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho, aseguró que las irregularidades fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía para que inicie las investigaciones respectivas.
Al respecto, concejales como Lucia Bastidas, se mostró preocupada y denunció que el entonces subdirector de Asuntos Legales de la entidad, Carlos Quintana a quien se señala de descalificar a los oferentes para beneficiar a uno de los proponentes, fue nombrado en calidad de contratista en la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá.
Por su parte la concejal María Victoria Vargas, se mostró sorprendida porque según ella a pesar de las denuncias la directora Luz Amanda Camacho sigue en el cargo.
La otra pandemía: Violencia de Género
Un informe de ONU Mujeres, basado en datos de 13 países desde el inicio de la pandemia, arrojó que “dos de cada tres mujeres denunciaron que ellas o una mujer que conocen fueron víctima de alguna forma de violencia y tienden a enfrentar problemas de inseguridad alimentaria. Sólo una de cada 10 mujeres expresó que las víctimas acudirían a la policía para pedir ayuda”.
El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, designado desde el año 2000 por la Asamblea General de la ONU, para invitar a los habitantes del mundo a visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas a nivel mundial.
Según la Organización de Naciones Unidas, la violencia contra la mujer, se puede definir como: “todo acto basado en el género que tiene como resultado posible o real, un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada…”.
La Organización Mundial de la Salud declaró la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública que obliga a la institucionalidad a tomar medidas que se encuentren a la altura para salvaguardar la vida y la integridad de quienes son el 52% de la población.
El último informe presentado por Medicina Legal frente a la situación de violencia de género da como resultado que en Colombia, los índices de violencia contra las mujeres están disparados. De acuerdo con esta entidad, “entre enero y septiembre de 2022, 81.711 mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia, 758 corresponden a homicidios que aumentaron en comparación con 2021, hubo 47 casos más que en el período anterior. 35.255 fueron atendidas por violencia intrafamiliar, 16.885 por presunto delito sexual, 21.122 por violencia interpersonal y se presentaron 426 casos de suicidios”.
Otro informe reciente y realmente preocupante, del Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que “entre el 2015 y el 2019, en promedio en Colombia fueron asesinadas 2,7 mujeres cada día. Los sitios más inseguros para las mujeres fueron los hogares, el 35,77 de las muertes violentas fueron al interior de la vivienda de la víctima, seguido por la vía pública donde ocurrieron el 34,42% de los casos registrados”.
En Feminicidios en Colombia se han presentado 140 feminicidios según reportes de Medicina Legal y en Bogotá van 70 feminicidios y 844 mujeres en riesgo de feminicidio. Fortalecer la atención de las Comisarias de Familia, trabajar para que estas pasen a ser dirigidas por parte de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y no más por parte de la Secretaría Distrital de integración Social, debe ser prioridad.
Todas las víctimas de violencia o en riesgo de feminicidio tienen derecho a recibir orientación e información sobre sus derechos y cómo hacerlos efectivos – puede ser telefónica o presencial-; atención en salud física, mental, sexual y reproductiva; acceder a medidas de protección para ellas y su hijos; y acceder a la justicia para que investiguen y el agresor sea juzgado y castigado.
Ante una situación de emergencia las mujeres pueden comunicarse al 123, línea de emergencias de Bogotá; para recibir orientación e información a la Línea Púrpura Distrital 018000112137, para orientación y atención psicosocial al WhatsApp 3007551846, para orientación a mujeres víctimas de la violencia a la línea 155. Estas líneas son de gran ayuda para todas las mujeres que se encuentren en situación de violencia, pueden salvarle la vida a muchas de ellas.
Denuncian cierre de las piscinas en los CEFES de Bogotá
La concejal de la Alianza Verde, Lucía Bastidas, denunció el cierre de las piscinas de los CEFES: Tunal, San Cristóbal, Fontanar del Río y del Complejo Acuático, a donde acuden niños y jóvenes para entrenar este deporte.
Según reveló el cabildante, “la empresa Sube Ingeniera SAS que opera estos escenarios deportivos, desde el viernes pasado apagó las calderas y pidió a todo el personal salvavidas no presentarse en dichos espacios. La firma contratista dice que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, “ha incumplido con su pago, y se vieron obligados a terminar la operación de las piscinas afectando a los deportistas que en diciembre tienen competencias y no han podido entrenar por este motivo”.
El IDRD por su parte, se pronunció a través de la cuenta de Twitter de la entidad diciendo lo siguiente:
“Sobre la operación de las piscinas de los escenarios del IDRD, se observa un presunto incumplimiento de las obligaciones del contratista encargado de su mantenimiento. El IDRD adelanta acciones legales y contractuales pertinentes para que éstas puedan retomar su normal operación”
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Sobre la operación de las piscinas de los escenarios del IDRD, se observa un presunto incumplimiento de las obligaciones del contratista encargado de su mantenimiento. El IDRD adelanta acciones legales y contractuales pertinentes para que éstas puedan retomar su normal operación. pic.twitter.com/J7TtmzHvZG
— 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) November 9, 2022
Para Bastidas esto se debe a la falta de planeación del IDRD, quien según comentó en su intervención en la plenaria del Concejo de Bogotá, que gracias a las denuncias y la presión que s ejerció, “hoy milagrosamente las piscinas en los CEFES fueron abiertas de nuevo”.
En igual se pronunció el concejal, Martín Rivera, quien espera que el Distrito trabaje en los problemas de infraestructura que tiene la ciudad en materia de centros de entrenamiento deportivo.
La otra pandemia: violencia contra la mujer
A diario vemos una pandemia letal que cobra vidas a diario, que está presente en todo el mundo y se resiste a desaparecer nivel global, se estima que 736 millones de mujeres, alrededor de una de cada tres, ha experimentado alguna vez en su vida violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual perpetrada por alguien que no era su pareja. El 30% de las mujeres que son violentadas tienen 15 años o más
Durante el año 2021, según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML-CF) la violencia intrafamiliar ejercida por parejas o exparejas en contra de mujeres en Colombia aumentó en 11,89% con respecto al año anterior. Por cada hombre violentado por su pareja o expareja, cerca de 7 mujeres son víctimas de este tipo de violencia.
La impunidad, otro enemigo de las mujeres víctimas
Las cifras son claras y demuestran que la pandemia oculta es todavía más grave, acceso a la justicia en casos de violencia intrafamiliar y de violencia sexual, aunque en menor proporción, se mantienen altos niveles de impunidad en casos de feminicidios, pues del total de 44,06% continúa en etapa de indagación, el 33,81% en juicio, el 13,73% en investigación y solo el 7,17% en ejecución de penas.
Si la respuesta que reciben las víctimas es someterse a la tramitomanía de los formatos y la documentación, la falta de información y atención, y por último, a que sean re victimizadas atentado contra su integridad, su autoestima y su salud mental para que al final la persona que las atacó quede en libertad, dejando en riesgo sus vidas y la de sus familias por haber denunciado, sin duda, hay algo que está mal.
Feminicidio que no para
En Colombia para el 2021 se registraron 210 feminicidios, lo que significó un aumento del 12,3% con respecto al año anterior. En el 8,1% de los casos, las víctimas de feminicidio eran menores de edad y menores de 30 años. En lo corrido de 2022, la Fundación Feminicidios Colombia ha registrado 129 casos.
Al observar los datos de los últimos años, el feminicidio en el país va en aumento. Es evidente que los casos de Entre 2017 y 2018 se presentó un aumento del 14%; entre 2018 y 2019 se incrementó un 4,09%; entre 2019 y 2020 se elevó un 5,06%. Finalmente, entre 2020 y 2021 se constató una subida del 12,3%, al pasar de 187 casos en 2020 a 210 casos en el año siguiente.
En Bogotá, de enero a septiembre de 2022, 108.713 personas recibieron atención en Comisarías de Familia en todos los roles. De esta cifra, un total de 30.785 personas fueron catalogadas como víctimas de violencia en el contexto familiar, lo que significa un incremento del 43,3 % frente a igual periodo de 2021, en este contexto 74% de las víctimas son mujeres, 26% hombres y 1% población LGTBI.
Entre enero y septiembre del 2022 se han presentado 5.634 casos de delitos sexuales, presentando un aumento del 21,7% en comparación al mismo periodo en el 2021. De estos casos el 80% las mujeres son las víctimas. En lo que va corrido del año se ha presentado 23 feminicidios, y según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría de Mujeres hay 840 mujeres catalogadas en riesgo de feminicidio en la ciudad.
Con estas cifras no muy alentadoras es indispensable que se avance de manera gradual para que cada mujer en la capital y en el país tenga una posición que se aproxime a la igualdad y que las desdibuje como potenciales víctimas. Para concretar esto, el gobierno nacional y el distrital tendrán que realizar pedagogía para reducir el machismo y hacerle frente al tema articulando a los movimientos delictivos.
