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Descongelar para avanzar

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Feb 25, 2024. Publicado en Opinión. No hay comentarios en Descongelar para avanzar

Cuando apenas estábamos recomponiendo el ánimo, y la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN superaba las dificultades que llevaron, a afínales de 2023, a la suspensión temporal de los diálogos y de todos los mecanismos establecidos en los acuerdos, y nos disponíamos a retomar los encuentros para la construcción del Mecanismos de Participación de la sociedad en el proceso de paz, encargado al Comité Nacional de Participación, y se percibía en el ambiente un mejor ánimo luego de que esta organización anunciara el fin del secuestro extorsivo, ligado a la temporalidad del cese al fuego bilateral, y algunas personas estén recobrando su libertad, nuevamente nos sorprende un momento de crisis, esta vez decretada por el Comando Central del ELN, quien, congela su participación en la mesa de diálogo y llama a consulta a su delegación.

La delegación de diálogo del Gobierno de Colombia respondió manifestando su plena disposición en avanzar en el desarrollo de los compromisos pactados, determinando que la responsabilidad de lo que estaba sucediendo a raíz de la decisión unilateral elena, solo le correspondía a esa guerrilla, señalándola de generar una crisis innecesaria, llamando a valorar lo avanzado en el proceso, los compromisos cumplidos por el gobierno, sus propios esfuerzos en función de la paz, sin reconocer un mínimo de corresponsabilidad en el asunto que motivó la posición unilateral de la guerrilla.

También algunos líderes de opinión y analistas de paz, entregaron sus valoraciones, algunas más argumentadas que otras, tratando de que sus discernimientos ayudaran de alguna forma a superar la crisis, que todos esperamos sea temporal, corta y productiva, propia de los procesos de diálogos que buscan superar conflictos de tantos años de antigüedad; por supuesto, también se alzaron la voces estridentes y retadoras, de quienes, bajo argumentos que colindan con ideologías guerreristas, se oponen a la solución política, pacífica y negociada del conflicto armado, montando bajo el amplificador de algunos periodistas, una serie de relatos que buscan justificar sus llamados a revivir fracasadas propuestas violentas.

Las crisis se dan, algunas son inevitables, otras se pueden prevenir y otras, una vez se hacen evidentes, hay que remediarlas a profundidad, no negarlas, esconderlas o condenarlas, hay que tratarlas buscando con el apoyo de agentes externos, si es necesario, la mejor forma de superarlas, convirtiendo las dificultades en soluciones concretas en beneficio, no de una u otra de las partes, sino de quienes sienten con más dolor y crudeza, los efectos de la confrontación, en este caso, la población colombiana, en todas sus expresiones sociales, políticas y económicas.

El ELN, seguramente está analizando la situación, haciendo uso de una tradición que dicen tener, y que privilegia la consulta, la participación con poder de decisión, y la coordinación, para la construcción de consensos y la toma de decisiones, esa misma tradición que reivindican, debe ser eje fundamental del proceso de paz, al menos el que con ellos se adelanta, y que hoy le pasa factura desde las regiones. El pueblo de Nariño, así como en otras regiones del país, exige diálogos participativos con poder de decisión, para superar las causas que generan los conflictos violentos que les afectan, y en esta justa reivindicación presionan, a pesar de los asesinatos, las masacres, los confinamientos y desplazamientos, la estigmatización y la extorsión de que son víctimas, a todos los actores armados y políticos de su región.

La gente está en medio del fuego cruzado entre los diferentes grupos armados, incluido el ELN, la gente está viendo como sus líderes y lideresas están siendo asesinados, o desplazados, por todos los actores armados que irrumpen en su territorio, desconociendo la autoridad y la autonomía de los pueblos étnicos. Los gremios siguen siendo objeto de la extorsión y del secuestro, los niños, niñas y adolescentes siguen siendo reclutados. Los gobernantes locales, que deberán abocarse en estos primeros meses de gobierno a generar una amplia participación ciudadana para construir los Planes de Desarrollo Locales, no pueden esperar, para convocar y construir participativamente soluciones, a los tiempos que la mesa de diálogo impone. El pueblo habla, el pueblo manda, hay que descongelar para avanzar.

En ese sentido, el ELN debería estar dispuesto a reconocer el poder de decisión del pueblo, y aceptar, luego de un proceso amplio y deliberativo, los mandatos que ese pueblo al que pertenecen, les entregue, no solamente producto de un mecanismo construido en las instancias y mecanismo definidos en la mesa de diálogo a la cual concurren, sino también en otros procesos participativos de iniciativa popular y territorial. Debe reconocer esta insurgencia armada, que si bien en los acuerdos hasta ahora pactados, se señala el compromiso del Gobierno Nacional de no establecer diálogos por separado con frentes de esta guerrilla, lo que según ellos motivó la crisis, y que todo se tramite en la mesa nacional de diálogo, este acuerdo también obliga, a que de su parte, se mantenga y garantice la unidad de mando, y la representación de toda la fuerza del ELN en el proceso de diálogo, tanto las de carácter armado, como las militancias que se manifiestan, como ellos mismos lo han dicho, a través de expresiones sociales y políticas.

Hay que reconocer, con todas las dificultades y señalamientos que se puedan tener, que esta guerrilla, sus estructuras de dirección, sus frentes, combatientes y militantes, están demostrado un buen nivel de unidad orgánica, no el óptimo, pero si el real, lo que no niega que existan diferencias internas, como ocurre en toda estructura política y social. A mi modo de ver, esta organización, por primera vez, está asumiendo el reto de plantearse el abandono definitivo de la lucha armada, como forma de expresar su intención de realizar transformaciones sociales, políticas y económicas, que en su concepto, generan o justifican el uso de la violencia militar y es posible que este nuevo reto, les convenza, pensando en el bien común de la paz, la justicia social, la democracia y la equidad, de avanzar con propuestas audaces que hagan posible que, la población recupere el optimismo en el proceso.

El gobierno por su parte, debería mejorar su nivel de respuesta interinstitucional, coordinada y decidida, tarea que no le corresponde a la delegación en la mesa de conversaciones, ni al Alto Comisionado para la Paz. Esta es una tarea implícita en el Plan Nacional de Desarrollo, que se respalda con la Ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total) y que no debe obedecer a los vaivenes de las mesas de diálogo, sino al compromiso y convencimiento de todas las entidades públicas tanto nacionales como departamentales y municipales. Lamentablemente, lo seguimos expresando, instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y algunos gobiernos locales, no están involucrados en el propósito nacional de la paz, y por el contrario se empeñan con algunas de sus acciones en sabotear lo construido. Falta un mayor compromiso de las instancias responsables en proteger y garantizar la vida de líderes, lideresas sociales y firmantes del acuerdo de paz, y de garantizar su permanencia en el territorio y el accionar de las organizaciones sociales, comunales, étnicas, políticas.

Ojalá el ELN, descongele pronto los diálogos, el Gobierno afine sus mecanismos de coordinación y la sociedad aumente sus acciones de participación y movilización, que deben ser respetados por todos los actores armados. La construcción de la Paz no debe sacrificar el anhelo de la participación y el diálogo social que, se debe desatar en todas las regiones del país y que harán posible la construcción de un gran acuerdo nacional.

Nota: Tun, tun…latiendo con más fuerza. Ya viene.

Luis Emil Sanabria Durán.

Vamos a hacer un duelo para defender la Vida

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Feb 18, 2024. Publicado en Opinión. No hay comentarios en Vamos a hacer un duelo para defender la Vida

A lo largo de nuestros años hemos visto llegar a “la pelona” reclamando la experiencia construida, los sueños cumplidos o no, los últimos suspiros, las arrugas y las canas. De forma natural aparece y se lleva a seres queridos, cuya existencia ya termina, cuyos años ya no se pueden cumplir. Pero también, lamentablemente, seguimos asistiendo al espectáculo de la barbarie causado por quienes invitan a la muerte, la seducen, la engañan y la traen, alegando toda clase de tretas. Le cambian la natural guadaña que marca y se lleva los últimos segundos de la vejez, por un fusil, una pistola, una granada o una motosierra, para arrancar de raíz la alegría, la esperanza, el compromiso, los sueños de algún amigo, amiga, lideresa social o constructores de paz.

Asistimos a la repetición del dolor, a la danza macabra de la desaparición y la sevicia en un país en donde está prohibida la pena de muerte. Una sociedad que, en su gran mayoría, todavía se resiste a ponerle fin a la tristeza, que se niega a hacer los duelos colectivos que impongan el fin de la violencia y que, entre hipocresías y verdades a medias, ruega por el respeto a la vida, de un lado, y suplica la imposición de la violencia del otro. Una sociedad que, en muchos territorios reniega del narcotráfico, pero le gustan los privilegios que generan los dólares y el dinero lavado, que señala al ladrón de la esquina, pero guarda silencio ante la corrupción y el clientelismo de cuello blanco, que le gustan los privilegios que se obtienen cuando un familiar o un amigo accede a un gran negocio mal habido, aunque justificado con la tradicional frase “el que no las hace, las ve hacer”.

Tenemos que decidirnos, los que todavía guardamos la esperanza, que seguro somos muchas y muchos en esta tierra, en esta pequeña esquina del continente, los que se conciben y crían, personas con altas cualidades humanas, que sienten la necesidad de luchar por la defensa y el goce de la vida a plenitud, por la felicidad, el amor y la alegría. Quienes hacemos rápidamente los duelos, descansamos un poco, miramos al suelo, suspiramos, tomamos una gran bocanada de aire, reímos y seguimos, nos estamos convocando este martes 20 de febrero en diferentes rincones del país; quienes aún creemos, quienes todavía soñamos haremos un duelo colectivo, para levantar el ánimo y exigir el cese de los asesinatos de líderes, lideresas sociales y firmantes del acuerdo de paz, para que, quienes se empecinan en hacer del pueblo su enemigo, desistan de las masacres, las desapariciones, las amenazas, los secuestros, las extorsiones y toda clase de atropellos contra la dignidad humana.

Vamos a hacer un duelo colectivo, para disponernos con más compromiso, a celebrar y defender la vida de quienes, en medio de las balas, los señalamientos y la persecución, se levantan todos los días con el ánimo afligido pero intacto, de aquellas y aquellos ninguneados que, a pesar de las amenazas, convocan a sus vecinos, a sus compañeros de sueños, se reúnen, se movilizan, levantan su voz y su mirada, para que, las reivindicaciones y los derechos no sigan estando archivados en el rincón de la exclusión propiciada por las violencias.

Vamos a alzar la voz por Isidro que, desde el Sur de Bolívar, en medio de ciénagas, ríos, montañas y llanuras, con su maletín terciado, recorre pueblos y veredas, sembrando la luz de la organización social, campesina, comunal, de pescadores y mineros. Por el líder que propició el desminado de Micoahumao, la asamblea constituyente popular, la mesa por la paz, y muchos otros procesos, que hacen posible que la palabra y el sueño de la paz se mantenga en una región en donde los grupos armados insurgentes y herederos del paramilitarismo, no dan tregua a la población civil. Por ese líder amenazado, que deambula desprotegido por las calles y ríos, montado en una lancha, un ferri o una bicicleta, para que su arrojo y compromiso se mantengan intactos y su grito llegue hasta las oficinas de quienes tienen en sus manos la posibilidad de protegerlo y aún no lo hacen.

Alzaremos la voz por Marly, por su compromiso con las mujeres víctimas del conflicto armado. Solo basta con escucharla hablar en alguna de las muchas reuniones que se realizan desde la Fundación Mujer Popular del Nororiente Colombiano, para comprender que en su espíritu y su cuerpo anida el compromiso y el amor por el Catatumbo y su gente. Años de lucha y de alzar la voz ante la guerra que desangra la región, años de exigir la paz y los acuerdos humanitarios, años de trasegar y movilizarse. Gritaremos desde la plaza de Bolívar de Bogotá, para que lo escuchen en todo Colombia, que ya no queremos que a Marly se le siga señalando, estigmatizando, amenazando. El secuestro del que fue víctima hace apenas algunos días, no puede volver a ocurrir, en ella, está representada la valentía y la solidaridad de la mujer catatumbera, de la mujer campesina, de la mujer popular.

Fuerza, fuerza, seguiremos gritando con Yeison, mayor coordinador de las guardias cimarronas de Chocó, promotor y capacitador de Guardias Indígenas y Cimarronas en Risaralda, Chocó, Antioquia, Cauca, Valle y Bolívar, para que su piel negra brille e ilumine los caminos de la convivencia y la paz de sus comunidades. Aunque algunos grupos armados, prohíban su ingreso al Litoral del San Juan, al Baudó o a otras zonas, aunque las amenazas y la estigmatización, utilizadas para deslegitimar su compromiso, sigan siendo utilizadas en su contra, el bastón de la convivencia seguirá marcando el paso en su lucha por el territorio, la autonomía, la cultura y el gobierno propio.

Nuestra palabra decidida rodeará a Águeda, la valiente gobernadora del cabildo Vende Aguja de Tierralta (Córdoba), para que su clamor de justicia, respeto y paz, llegue a los oídos de aquellos hombres y mujeres que quieren seguir haciendo del territorio del pueblo Zenú, un espacio para la violencia y la muerte. No le tiembla la voz, aunque el miedo se apodere momentáneamente de su espíritu y las manos le suden, para reclamar y exigirle a los grupos armados que, abandonen el territorio que le pertenece al pueblo ancestral, que suspendan los asesinatos de miembros de su comunidad, que cesen el reclutamiento de los niños, niñas y jóvenes indígenas, que pare la violencia. En la mirada de esta valiente gobernadora se aloja la resistencia y el amor que, exige del Gobierno Nacional y Departamental, garantías para su vida y la comunidad.

Masticaremos hoja de coca con Guillermo, abrazaremos el valle del cacique upar, la sierra nevada y la serranía del Perijá, rodearemos su lucha por la tierra y a la Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar- ASOCAMTICE. Nuestro espíritu viajará con él, hasta el territorio kankuamo, a rodear la lucha de este pueblo guardián de la sierra nevada, por recuperar su territorio, su cultura y su lengua. Amenazado, señalado, estigmatizado, desplazado, con su acento vallenato, que no le deja mentir de dónde viene, reclama desde la Red de organizaciones Sociales, Campesinas, étnicas, Agrícolas y Rurales, tierra y dignidad para sus asociados, paz y reconciliación para las víctimas. En la Convención Campesina y la Cumbre Agraria, se escuchan sus propuestas y se reconoce su compromiso cotidiano en defensa de la vida. Las mafias que dominan el departamento del Cesar, se empecinan en callar su voz o debilitar su espíritu.

Por estas personas, por sus grandes historias de vida, rodeadas de dolor y compromiso, que representan a miles de líderes y lideresas sociales, amenazados y perseguidos, es que nos seguiremos movilizando, hasta que la vida triunfe y la muerte solo sea un momento en donde agradecemos la existencia y abrazamos la energía que se esparce por el universo, para hacer posible nuevas vidas, nuevos amores, nuevos sueños.

Luis Emil Sanabria Durán

El Cañón del rio Cauca, macroproyectos y empobrecimiento

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Feb 11, 2024. Publicado en Opinión. No hay comentarios en El Cañón del rio Cauca, macroproyectos y empobrecimiento

Con la presencia de lideresas y líderes del movimiento Ríos Vivos, habitantes “cañoneros” del norte, occidente y bajo Cauca del departamento de Antioquia, concejales y delegados de la alcaldía del Municipio de Toledo (Antioquia), motivados con el entusiasmo de la Senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, el acompañamiento y compromiso de delegados y delegadas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo, y la presencia de la Directora General de Corantioquia Liliana María Taborda, se realizó el miércoles 7 de febrero, un encuentro deliberativo, buscando soluciones a los graves problemas que ha dejado la instalación en la región de proyectos mineros y energéticos, incluido por supuesto el impactante y violento Hidroituango.

Luego de los saludos de rigor, de los abrazos de reencuentro, de los actos simbólicos que recuerdan la historia y la vida de la comunidad antes de que llegara la muerte violenta, el desalojo, el dolor y la desesperanza, impuestos tanto por los grupos armados ilegales, como por la irresponsabilidad, la persecución de las empresas y su concepto de desarrollo, que desconoce las mínimas condiciones que deben ser respetadas y garantizadas de tal forma que prevalezca y se sustente a corto, mediano y largo plazo, las mínimas condiciones para llevar la vida con dignidad, se dio inicio sin protocolos a la conversa sincera y constructiva.

Poco a poco, sin descanso, pero con la voz firme y la decencia intacta, fueron tomando la palabra las y los voceros de las organizaciones municipales y regionales. Nadie se quedó con la palabra en la boca, todas y todos denunciaron las graves condiciones económicas y sociales a que han sido sometidos, tanto por la exclusión y las políticas de empobrecimiento ligadas a la economía centralista y a la corrupción, como por los proyectos que se adelantan por empresas nacionales y extranjeras, que venden al mundo una falsa condición idílica de las comunidades.

“Nosotros no cuidábamos el rio, era el río el que nos cuidaba, nos alimentaba, nos daba vestido, recreación y alegría. Cuando su garganta fue cerrada y su cauce secuestrado, la subienda de peces desapareció, no pudimos volver a pescar, no pudimos volver a sembrar y a cosechar, el hambre se apoderó de nuestros hogares, y nadie aún nos pregunta, cómo estamos haciendo para evitar que la desnutrición y el dolor minen de malos pensamientos a nuestros jóvenes, cómo sobrevivimos, siendo tan pobres en medio de la riqueza que otros se llevan, en medio de la alegría que nos secuestraron y se llevaron a otras mesas. Las crecientes no volvieron, y con ellas se fueron los regalos de navidad, desechados río arriba y que recogíamos de las playas río abajo, para ser limpiados, arreglados y entregados a nuestros niños y niñas. El puente que nos comunicaba con los pueblos vecinos, pero que también fue testigo de asesinatos y desapariciones, descansa sumergido bajo las aguas represadas. Con el puente y los caminos se fue la arriería, las visitas a nuestros seres queridos y las historias de amores y desamores”.

La hidroeléctrica de propiedad de las Empresas Públicas de Medellín- EPM, estandarte del “desarrollo” económico regional y nacional, ni siquiera cumple con su obligación de limpiar del “buchón” o jacinto de agua, que prolifera en las aguas represadas, en lugar de retirarlo utilizando la mano de obra local, prefieren contra toda regla ambiental, rociarlo con glifosato, contaminando las aguas represadas que son luego liberadas, denuncia la comunidad. “Río abajo del muro, nos persiguen, nos impiden barequear, nos dañan las herramientas, nos golpean, y nos quitan el poco oro que logramos sacar artesanalmente, y que antes de instalada la represa, se encontraba con menos trabajo. La EPM, es quien da la orden, como si el rio y sus playas, fueran propiedad de ellos”.

El Cauca ya no es el entusiasta dador de vida en la región, se muestra afligido y abandonado, ya no late su corazón con la fuerza de la amistad y el amor de las comunidades que, a lado y lado se instalaron durante años. El río ahora separa, lo obligaron a abandonar a su gente y a sus peces, lo sometieron, lo encadenaron para chuparle la energía. “Nosotros lo necesitamos como al aire, como a la tierra y a la comida, como a la música y a la poesía”. Ese amoroso caudal que “daba trabajo sin pedir hoja de vida, sin exigir contratos”, rugiendo por las faldas de las montañas, solo pide que sus amigos de antaño, vuelvan a gozar de su riqueza, de su alegría y de su dignidad.

Pero no es solo Hidroituango el que se lleva la riqueza de la región, sin devolver algo más que las regalías, para ser invertidos en el buen vivir o desarrollando programas de responsabilidad social empresarial que hagan posible que los habitantes de esta zona, rehagan su vida y se garantice el desarrollo sustentable de la región; también están las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, señaladas de estar captando un mayor caudal de agua que lo permitido para mover sus turbinas, o destruyendo caminos por donde transitan los estudiantes. Es preciso, que las empresas y las comunidades, establezcan espacios de diálogo permanentes, en donde se estudien las problemáticas y se construyan soluciones; las empresas deben valorar los impactos tanto económicos, como sociales y culturales que se generan sobre la comunidad y el ambiente, y las formas más expeditas y amigables, de mitigar, prevenir o solucionar los conflictos que se crean, buscando que la convivencia, el respeto por los Derechos Humanos y la justicia social, sean un horizonte permanente.

Al cañón lo está rompiendo la megaminería del oro, causando un profundo impacto en el ambiente. Las comunidades señalan que, algunas quebradas se secan, se construyen grandes túneles, se contaminan las vertientes de agua con combustibles y mercurio, sin que se realicen programas de mitigación de la mano de los y las campesinas de la zona. Todo el cañón está concesionado a las mineras, principalmente extranjeras, de esta situación se aprovechan los grupos armados herederos del paramilitarismo, para presionar el desplazamiento de la gente o para destruir zonas de reserva ambiental, que las mismas campesinas y campesinos, a través de sus propias formas organizativas, han cuidado y fortalecido.

Ante la gravedad de los hechos, el tribunal superior de Medellín, falló a mediados de 2019, a favor de los derechos del río y de las generaciones futuras. El fallo designa amparos específicos para el río como fuente de biodiversidad, agua y sustento, y reconoce a las generaciones futuras como un grupo en posesión de derechos fundamentales a la dignidad, el agua limpia, la seguridad alimentaria y el medio ambiente sano, en ese sentido, será necesario desatar un ambicioso programa prospectivo, que participativamente reconozca las iniciativas comunitarias y fortalezca la labor de los Guardianes del Río, ya que no se registran mayores avances en la implementación de la sentencia. Este plan requiere, adicionalmente, un programa de autocuidado, autoprotección y garantías para la permanencia de las organizaciones en el territorio.

Estos conflictos se pueden solucionar con un poco de voluntad del Estado, de los gobiernos municipales, departamentales y nacional, de las corporaciones autónomas regionales, y principalmente de las empresas nacionales y extranjeras. El respeto a la vida y al planeta, no solo es responsabilidad de la gente del común, debe ser también el fruto de acuerdos nacionales y territoriales, que hagan posible, que el beneficio que genera el desarrollo económico, sea equitativo, responsable y justo.

Luis Emil Sanabria D.

En defensa del Estado Social de Derecho

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Feb 4, 2024. Publicado en Opinión. No hay comentarios en En defensa del Estado Social de Derecho

Mucha alaraca, mal intencionada y repleta de falsas deducciones, ha hecho la alianza golpista de la llamada oposición inteligente, en donde, al parecer, confluyen funcionarios corruptos de la Fiscalía General de la Nación- FGN, funcionarios corruptos de la Procuraduría General de la Nación-PGN, periodistas de algunos medios de comunicación y políticos reconocidos, sobre los aportes económicos que por valor de quinientos millones de pesos, realizó al partido Colombia Humana, la Federación Colombiana de Educadores- FECODE, y sobre la declaratoria de adjudicación desierta, de la licitación pública para la impresión de pasaportes que, muy acertadamente realizó la Cancillería de la República, y que motivó, en una clara muestra de persecución política, la orden de suspensión temporal del cargo de ministro, del Sr. Álvaro Leyva Durán y que el Presidente de la República, haciendo uso de sus atribuciones como Jefe de Estado, no ha ejecutado.

Lo que si es cierto, según importantes investigaciones, es que los niveles de impunidad, que marcan la eficacia y la eficiencia de entidades como la FGN y PGN, entretenidas desde el inicio del gobierno del cambio, en hacer oposición y orquestar el debilitamiento a ultranza de la democracia y la separación de poderes, columnas fundamentales del Estado de derecho, rondan en promedio y en ascenso el 95%, demostrando su total fracaso como institución, en investigar, sancionar y condenar a los responsables de delitos tan dolorosos y violentos como la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos, los asesinatos de líderes y lideresas sociales y firmantes del acuerdo de paz, entre otros.

Estos resultados que, cuestionan el comportamiento de estos organismos, reflejan por lo menos, el uso inadecuado de los recursos que la sociedad colombiana con tanto esfuerzo les entrega cada año, perdiendo la ética y el compromiso con la construcción de un mejor país, mientras los jefes nacionales y seguramente algunos jefes locales, se dedican, según los informes de otras importantes investigaciones periodísticas, a proteger delincuentes, a ocultar investigaciones y a desaparecer expedientes, y como lo afirma el Jefe de Estado, a orquestar un golpe de estado blando.

Aunque no hay punto de comparación entre los aportes legales y legítimos de FECODE al partido Colombia Humana, destinados a financiar testigos electorales, y no la campaña electoral, como algunos periodistas deshonestos lo quieren hacer ver, es bueno recordar que, ni la llamada ñeñe-política, en la cual se señaló con evidencias irrefutables, la compra de votos para la campaña electoral del, tristemente célebre, expresidente Iván Duque Márquez, con recursos, estos si ilegales, provenientes del narcotraficante, defendido como un buen muchacho por los políticos del Centro Democrático, José Guillermo Hernández, alias el «Ñeñe Hernández», despertó en la Fiscalía General, en el Consejo Nacional Electoral, en la Procuraduría General y en los periodistas que hacen parte de la nómina de la oposición, tantos falsos relatos como los que hoy escuchamos y leemos, buscando que la opinión de millones de colombianos y colombianas, respalden las acciones judiciales ilegales, que seguramente están preparando, para desestabilizar el Gobierno Nacional y destituir al Presidente Petro.

El Presidente ha llamado a la unidad del movimiento político progresista, a los y las demócratas, a las organizaciones sociales y sindicales, buscando la más amplia movilización y acción de respaldo a la democracia, al Estado de Derecho y por supuesto, a él como presidente legítimo de la nación y como jefe de Estado. Esta parece ser la única opción que han dejado, quienes, usando los cargos públicos, se erigen como desestabilizadores de la institucionalidad, queriendo borrar en un solo acto, todo intento de fortalecer la democracia y realizar las transformaciones sociales, políticas y económicas que Colombia exige, para alcanzar la paz, el desarrollo, la equidad y la justicia social.

Seguramente, como en otras ocasiones, y a pesar de que la mayoría de los miembros del alto gobierno no se han abierto al diálogo real y efectivo, a la conversa constructiva y generosa de políticas, programas, planes y proyectos, con las organizaciones sociales, el pueblo organizado y no organizado, saldrá a las calles masivamente a respaldar, no los sueños de un gobierno progresistas, sino los sueños de un pueblo que, aún cree en la oportunidad de cambio que tenemos, y que le ha sido negada durante decenas de años; sin embargo, a pesar de esa creencia, es preciso recordar, como el mismo Presidente lo ha dicho, que estas acciones deben ir acompañadas de una verdadera inclusión social y política, tanto en la consulta de sus alcances, como en la toma de decisiones y en los beneficios que estas decisiones representan para las grandes mayorías.

El Presidente de la República, también ha planteado la necesidad de crear un nuevo partido que recoja a todas las colectividades políticas que ayudaron a elegir al gobierno del cambio, vinculados al Pacto Histórico; esta propuesta, aunque interesante, debe, si quiere ser incluyente y democrática, romper con las concepciones parlamentaristas, que solo conciben el ejercicio de la política desde la representación que ejercen senadores, senadoras y representantes a la cámara, diputados, diputadas, concejalas y concejales, e incluir en los niveles de dirección y coordinación, nacional y territoriales, a las organizaciones sociales, comunitarias y sindicales, de tal forma que las expresiones que rodean al presidente y que acompañan la totalidad del programa de gobierno y las propuestas de reformas, sientan que ese nuevo partido, es su proyecto político.

Más allá de la movilización callejera en defensa de la democracia y del Estado Social de Derecho, que rechace todo acto ilegal contra la dignidad del Jefe de Estado, y de la construcción de un nuevo partido, será necesario que el Gobierno Nacional trace unas líneas estratégicas claras, con responsables y vocerías visiblemente identificados, que propicien un gran diálogo nacional, al cual se convoque a todos los sectores democráticos del país, a todos los partidos políticos, a todas las organizaciones sociales y sindicales, a los gremios y a las confesiones religiosas, que creen en la institucionalidad y en la división de poderes, para construir un gran Acuerdo o Pacto Nacional Incluyente, que salga al paso a la crisis que buscan generar los aliados del narcotráfico y la corrupción. El acuerdo deberá ser la bitácora que guíe el accionar de un Frente Amplio por la Vida, en donde quepan y sean respetados, no solo los sectores que están gobernando, sino también aquellos que, aunque critiquen al gobierno o no compartan la totalidad de sus propuestas, están comprometidos con la transformación pacífica de los conflictos, la paz, la democracia y la defensa del Estado Social de Derecho.

Luis Emil Sanabria Durán

Paz con la naturaleza

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ene 28, 2024. Publicado en Opinión. No hay comentarios en Paz con la naturaleza

Hace treinta años, cuando era responsable de acompañar los proyectos económicos y en especial los ligados al campo, de los excombatientes de Norte de Santander que recién habían firmado acuerdos de paz de las extintas guerrillas del E.P.L., el M-19 y el P.R.T, recibimos el primer revés, cuando más de 70 hectáreas de la finca Oropoma en el municipio de Ábrego, que habia sido vendida y parcelada por el desaparecido INCORA, a más de doce excombatientes y algunos miembros de la comunidad, se consumieron bajo un feroz incendio, producido por mano humana y que acabó con los primeros intentos de desarrollo de un proyecto ganadero.

Aunque se hablaba del fenómeno natural conocido como El Niño, no se lograba comprender con claridad, los cambios adicionales al fenómeno natural que el planeta estaba padeciendo, en especial los ligados al llamado crecimiento económico, atado al uso de hidrocarburos y a las recién establecidas políticas económicas, y cómo, estos usos y abusos incrementaban el impacto del fenómeno natural; así como en Oropoma, se presentaron incendios en otras regiones del País, y los embalses construidos para alimentar hidroeléctricas, disminuyeron sus niveles de agua, a tal punto que se entró en la urgente necesidad de racionar la disponibilidad de energía eléctrica a través de apagones programados y hasta se cambió el horario para aprovechar las horas de luminosidad solar; sin embargo, a pesar de que siguieron ocurriendo catástrofes ligadas al fenómeno cíclico y es evidente el calentamiento global que aumenta su potencial de daño, parece que en estas tres décadas no hubiéramos aprendido cómo prevenir y mitigar los daños, pero en especial, cómo desarrollar programas permanentes que hagan posible revertir -si fuera aún posible-, parte del daño que la humanidad causa al planeta que le fue prestado para recorrer el universo.

Mis vecinos, vecinas y mucha gente en la ciudad y en las regiones, están muy preocupados por el alto número de incendios que se están presentando y provocando en campos y ciudades, por el nivel de los embalses y por el aumento de los precios de algunos alimentos; las y los periodistas y medios de comunicación, los analistas económicos y sectores políticos, buscan culpables, que si las alcaldías, que si las gobernaciones, que si el gobierno nacional, todo en lógica de mitigar las consecuencias de un fenómeno natural aumentado exponencialmente con el calentamiento global. Pocas personas se preguntan, ¿qué debemos hacer para que estas consecuencias no se sigan presentando? ¿qué medidas se pueden tomar para recuperar la temperatura característica de ciudades y campos? ¿qué debemos implementar para que los tiempos de los ciclos de lluvia y verano, vuelvan a ser elementos centrales que orienten la siembra y recolección de alimentos, así como la veda y la pesca en ríos y ciénagas?

Las aves están muriendo al no encontrar las reservas naturales de agua en donde tradicionalmente beben agua o tienen sus ciclos de reproducción, los manatíes mueren en las ciénagas y reservorios que se convirtieron, por la desecación de las aguas, en pantanos y terrenos fangosos, mamíferos y reptiles de todas las especies, mueren calcinados o deshidratados, miles de humanos migramos al norte atraídos por el espejismo del desarrollo; todo esto incrementado en un país que todavía, a pesar de los esfuerzos del actual gobierno, sigue quemando bosques, talando árboles, ampliando la llamada frontera agrícola, en algunos casos como en los páramos para sembrar alimentos y en otros casos, la mayoría, para sembrar coca con fines de uso ilícito, ampliar potreros o para apropiarse de terrenos que son de todas y todos los colombianos, y en el caso de la minería, rompiendo legal o ilegalmente ecosistemas, dañando o extinguiendo yacimientos de agua, santuarios de especies animales, etc. Todo esto en un país que ostenta el primer lugar de asesinatos de líderes y lideresas defensoras del ambiente. Lo más terrible y sobre lo cual, todavía no hemos tomado conciencia plena, es que, la especie que saldrá más afectada de esta debacle ecosistémica será la humana. Ninguna riqueza medida en bolsa o en bancos, podrá librarnos de la extinción. Seguimos destruyendo, como si tuviéramos en alguna parte del universo, un planeta de repuesto a donde mudarnos.

Quienes desde las tesis “libertarias” defienden la desaparición de los controles del Estado, o desmontan toda planeación, estrategia o intervención de este, para prevenir y confrontar la depredación sistemática y descontrolada del planeta, y se oponen o niegan la importancia de responsabilidad social de las empresas frente al ambiente, se convierten en promotores del calentamiento global y en el menor de los casos, en cómplices de los incendios y de la muerte de los ecosistemas que aseguran la vida. Ya no basta con fortalecer las instituciones responsables de mitigar o responder ante los riesgos, como los cuerpos de bomberos o la defensa civil, ya no es suficiente la labor de los Puestos de Mando Unificados- PMU, locales o nacionales, es necesario y urgente que, en todos los planes de desarrollo municipales y departamentales, se incluyan verdaderos programas de protección del ambiente y de recuperación de ecosistemas estratégicos, que complementen el Plan Nacional de Desarrollo. Hay que hacer la paz con la naturaleza con generosidad, compromiso y transparencia.

Proyectos como la construcción del Canal Seco, o Tren Interoceánico, con fines fundamentalmente comerciales, que pretende unir la costa caribe con la costa pacífica, propuesto nuevamente por el presidente Gustavo Petro, y que desde hace decenas de años, vienen siendo promocionado por anteriores gobiernos y por la empresa privada, tendrán que ser lo suficientemente pensados por las comunidades y por la sociedad colombiana. En el supuesto de que las llamadas ganancias, sean repartidas para fomentar el desarrollo social y económico de las comunidades asentadas en los territorios que se afectarán, y en la costa pacífica, ¿estarían dispuestas las comunidades étnicas, en canjear los sitios sagrados y el valor estratégico en términos de vida y biodiversidad de los ecosistemas marítimos, terrestres y aéreos de la costa pacífica, del Darién y el golfo de Urabá, a cambio de los ingresos económicos y el impacto ambiental negativo que generará el proyecto? Esta y otras preguntas son las que finalmente se deberían responder, cada vez que un proyecto de gran impacto ambiental, minero, energético, de transporte, o productivo, se pretenda desarrollar o instalar en Colombia y en cualquier parte del mundo.

En nuestras manos, en nuestra lucidez como especie con capacidad de reflexión, en los Homo sapiens especie única sobreviviente del género Homo, con el don evolutivo de soñar o construir en su mente un futuro posible y deseable, y de elaborar las estrategias, planes, programas y proyectos que nos aproximen a ese futuro, está la posibilidad de garantizar la supervivencia nuestra y de muchas otras especies. No tenemos cómo echarle la culpa de lo que está sucediendo a otra especie, a las nubes, a los mares o al planeta. Es hora de decidirnos por hacer la paz con la naturaleza, de proyectar para un futuro cercano, la erradicación de toda economía que atente gravemente contra la vida en todas sus manifestaciones. Debemos incluir en el Acuerdo Nacional para la Paz que se está promoviendo desde diversos espacios sociales y políticos, y que busca, entre otros elementos, garantizar la convivencia y la paz entre los seres humanos que habitamos el territorio colombiano, el respeto y goce pleno de los Derechos Humanos por parte del Estado, otro componente, seguramente más controversial y que requiere mayor imaginación y capacidad de negociación, y es el capítulo que contemple la protección, defensa y recuperación territorios estratégicos ambientalmente y de la naturaleza en general.

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Se van encontrando soluciones

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ene 21, 2024. Publicado en Opinión. No hay comentarios en Se van encontrando soluciones

Se necesita talante, compresión, decisión, perseverancia, compromiso y una importante dosis de optimismo y creencia en la posibilidad real de que, nuestra sufrida sociedad será capaz algún día, no lejano, de salir de décadas de oscuridad, violencia, injusticia, impunidad y corrupción, para seguir persistiendo en la construcción de la paz y en la superación definitiva de las causas que originan tan lamentable situación. Poco a poco se van encontrando soluciones a los problemas y tropiezos que, emergen o se presentan, en una estrategia de paz que parecía no tener futuro, y a pesar de las acciones de quienes continúan asesinando líderes y lideresas sociales, y firmantes del acuerdo de paz, en cometer masacres y toda clase de crímenes contra la población civil y en desarrollar campañas mediáticas de desprestigio a los esfuerzos de paz y reconciliación.

Los diálogos de paz, por lo menos con las dos estructuras guerrilleras existentes en el país, están dando frutos que van cogiendo forma y que, seguramente pronto maduraran. Con el ELN se volvió por la senda de la confianza y la búsqueda de soluciones, que parecía estarse estrechando y debilitando, para darle paso, a acuerdos y acciones que harán posible que el ejercicio de construcción de la propuesta de participación ciudadana tome forma lo más pronto posible. Seguramente con el inicio hoy, de una nueva ronda de conversaciones, y bajo la dirección de Vera Grabe, se avanzará en el fortalecimiento del Cese al Fuego y los protocolos necesarios para evitar toda acción violenta contra la población civil, haciendo posible que, se avance en la solución definitiva de la confrontación armada y se pacte un acuerdo que le ponga fin a las causas que la originaron.

Con el llamado Estado Mayor Central de las FARC, organización disidente de las antiguas FARC-Ep, es muy loable la labor que desarrolla el equipo negociador encabezado por Camilo González P; equipo que no desfalleció, a pesar del acumulado de acciones que indicaban que esta organización no tenía mucho interés en avanzar en la solución dialogada del conflicto, o que al menos, le faltaban algunas condiciones propias que respaldaran su reconocimiento como organización política armada. La persistencia es el camino, la seguridad de que una sociedad puede solucionar dialogando, aún sus problemas más difíciles, el convencimiento de que se pueden encontrar soluciones pensando en el interés supremo de la vida con dignidad, han hecho posible que hoy se cuente con un nuevo acuerdo que reconoce principalmente la importancia de la participación ciudadana, de las organizaciones sociales y del respeto al DIH y los Derechos Humanos.

Por supuesto que falta camino, que se tiene que avanzar en los diálogos para el acogimiento o sometimiento a la justicia de otras organizaciones armadas, que no tienen carácter político. Los máximos cabecillas de estas estructuras criminales y todas sus expresiones territoriales, deben alinearse con el querer de la sociedad y decidirse por el camino de los diálogos, suspender, como gesto de paz, toda acción contra la población civil y toda confrontación con el estado y la fuerza pública. No se puede continuar por el camino de la violencia, el pueblo está sufriendo las graves consecuencias que esta confrontación, y el presente y futuro de la niñez y la juventud, sigue minándose de incertidumbre, muerte y desolación.

Todos estos avances y oportunidades del proceso de paz, seguramente no fueran posibles, si la mayoría de la sociedad colombiana no hubiera tomado la decisión de respaldar con su voto y su voluntad, la propuesta de gobierno del Presidente Gustavo Petro, y si el Sr. Presidente, una vez electo, hubiera incumplido su palabra empeñada en el programa de gobierno, en la plaza pública y especialmente en su actuación coherente de hombre de paz; de allí, la importancia inaplazable de que, además de los diálogos establecidos con los actores armados, y los que se establecerán en adelante, la sociedad en todas sus expresiones, hayan o no respaldado la candidatura del hoy primer mandatario, avance por el camino de la construcción de un gran acuerdo nacional por la paz, que determine un marco amplio de acción política, social, y económica, para la reconstrucción de la patria.

Un acuerdo que haga posible adelantar una profunda reforma que modernice la política y la democracia, que reconozca la importancia de la descentralización de la mano del fortalecimiento del poder ciudadano, una reforma a la justicia para superar los altos niveles de impunidad y un acuerdo alrededor del fortalecimiento de la producción y la economía interna en armonía con la naturaleza, que haga posible iniciar el camino para superar la pobreza y la injusticia social, entre otras consideraciones.

Este pacto no será posible si la ciudadanía, las organizaciones sociales, los gremios económicos y de la producción, los partidos políticos, no toman la iniciativa y propician escenarios de diálogo y construcción de acuerdos. Diálogos que deben cubrir el ámbito nacional y territorial, que sean el escenario propicio para desatar un proceso amplio, con proyección en el tiempo y garantías a todas las partes, de tal forma que, además de una agenda y una metodología, se participe con el convencimiento de que podemos reencontrarnos y pactar las reglas que guíen, en el marco de la Constitución Nacional, el presente y el futuro de la Colombia en la que quepamos todas y todos.

La sociedad debe recuperar su iniciativa, su capacidad de movilización, y en especial su fuerza organizativa y deliberativa para construir escenarios nacionales y regionales, que le muestren a quienes hoy se encuentran vinculados a las organizaciones armadas, que existe un compromiso, no solo del gobierno nacional y seguramente de las mayorías de los gobiernos locales, en propiciar todas las condiciones, para que nunca más, por ningún motivo, se vuelva a recurrir a la violencia armada para propiciar cambios políticos o para superar la pobreza o la exclusión.

Muy buena labor continua realizando la Mesa Nacional de Interlocución Social para la Paz – MENISP, en donde se encuentran cerca de treinta organizaciones nacionales, y las mesas y espacios locales para la paz que se están instalando y fortaleciendo en diferentes regiones del país; Sin embargo, esta iniciativa debe ser complementada con un mayor reconocimiento e interlocución de parte del gobierno nacional y con puntos de encuentro con otras expresiones sociales, gremiales y políticas, en el interés de propiciar los diálogos sociales que requiere el acuerdo nacional para la paz. Fortalecer lo que existe es necesario, pero no suficiente, hay que romper las barreras que nos desencuentran y poner por encima del interés particular de cada sector, el interés de Colombia entera.

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A la Paz le falta más decisión ciudadana

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ene 14, 2024. Publicado en Opinión. No hay comentarios en A la Paz le falta más decisión ciudadana

Iniciamos el año, y las cifras de asesinatos de líderes, lideresas y firmantes del acuerdo de paz, los secuestros, las extorsiones, el reclutamiento de menores, las víctimas de minas antipersonal, entre otras infracciones al Derecho Internacional Humanitario y actos de violencia armada, siguen enlutando los corazones de personas, familias y comunidades, lo que debería concitar, la indignación nacional para que los actores políticos armados y los grupos de delincuencia común, suspendan toda práctica hostil contra la población civil, decidiéndose a abandonar la confrontación armada; igualmente, los responsables estatales de proteger a la ciudadanía, deben redoblar esfuerzos y capacidades concertadas interinstitucionalmente y con organizaciones sociales, que hagan posible recuperar o garantizar la vida y la permanencia en el territorio.

Si bien es cierto, los ceses al fuego bilaterales, como elementos generadores de mejores condiciones para adelantar diálogos entre el gobierno nacional y los grupos armados, no eliminan todos los actos violentos que se desarrollan en una confrontación armada, como la que padecemos en Colombia, tampoco deberían ser utilizados por los actores armados comprometidos, para incrementar su capacidad bélica, copar territorios nuevos, o perseguir a las comunidades, y a los líderes y lideresas que trabajan o no por la paz. El cese al fuego debe ir incrementado sus niveles de prohibición de actos violentos, que excluyan a la comunidad y que disminuya las muertes de civiles y de combatientes, de lo contrario, su razón fundamental pierde sustento y respaldo popular.

El asesinato, las amenazas, el desplazamiento de personas que ejercen algún tipo de liderazgo social, político, económico o comunitario, y que no están involucrados en la confrontación armada, las masacres, el confinamiento, el constreñimiento político y social, buscan fundamentalmente causar un profundo daño a la sociedad y a sus organizaciones, rompiendo o debilitando el tejido social, y eliminando la estructura orgánica que la población ha desarrollado durante decenas de años y que se convierte, en razón de estas acciones y amenazas externas, en el escudo de defensa de la cultura, las tradiciones y los conocimientos ancestrales. Una sociedad que naturaliza, que permite, por acción o indiferencia, que los liderazgos sociales y comunitarios tradicionales sean exterminados, estará condenada, tarde o temprano, a perder la base democrática que le da sustento a sus estructuras administrativas, políticas y judiciales nacionales y territoriales, dejando a merced de la iniciativa delincuencial, el control social, económico y político, profundizando la crisis de pobreza, exclusión, inequidad e impunidad.

Profundo daño a la sociedad y a la democracia, hacen aquellas personas que dirigen instituciones que les corresponde velar por la justicia y perseguir a la delincuencia, como lo que ocurre con la Fiscalía General de la Nación, cuya cabeza principal, en lugar de generar un robusto programa para superar los altos índices de impunidad, perseguir a los autores intelectuales de los asesinatos, masacres, extorsiones, secuestros y corrupción, dedica toda su fortaleza a otros temas no misionales, en un afán propagandístico personal y de proselitismo politiquero, dejando en total indefensión a las comunidades y sus liderazgos. No es por ahí que se le devuelve a la institucionalidad estatal, el respaldo y la legitimidad que requiere por parte de la sociedad. La sociedad, las comunidades y las organizaciones esperan con ansiedad que esta entidad cumpla con su mandato constitucional y se dedique a superar la impunidad, y a fortalecer las garantías a la vida, la honra y los bienes de todas y todos.

El proceso de paz avanza, es cierto, y la confrontación entre los bandos armados enfrentados disminuye, ahorrando la pérdida de vidas humanas de combatientes; sin embargo, en algunas regiones del país, estos beneficios no se hacen evidentes, por cuanto, las hostilidades en algunos casos aumentan, en otros se mantienen o no disminuyen, a la velocidad que se requiere para salvar vidas y también para generar la confianza necesaria que haga posible la participación informada en el proceso de paz, lo que demuestra que, hoy más que nunca, se requiere una mayor movilización social organizada, que le envíe un mensaje claro y contundente a quienes persisten en causar daño a la población, para que, independientemente de si están o no involucrados en las mesas de diálogo para la paz, sientan que las mayorías hemos decidido, transitar pacíficamente hacia una sociedad democrática, justa, equitativa, respetuosa de los derechos humanos, la vida y la diversidad, en donde los fusiles solo sean garantías de soberanía nacional y de defensa de la vida y la dignidad.

No podemos esperar a que todas las causas que sirven de sustento a los discursos que legitiman la lucha armada, estén solucionadas para comenzar a construir una sociedad pacífica, debemos comprometernos en un gran Acuerdo Nacional que envuelva a todas la expresiones de la sociedad en la transformación real de estas; tampoco podemos obviar la búsqueda de acuerdos con quienes se han alzado en armas, para que las soluciones progresivas a dichas causas, queden contempladas en un acuerdo de paz que cuente con el respaldo de las grandes mayorías, y que en virtud de esto, se elaboren los planes y proyectos necesarios, se destinen los recursos necesarios a corto, mediano y largo plazo, y se realicen los cambios políticos que hagan posible una democracia fuerte e incluyente, capaz de superar los fenómenos de corrupción que le roban la esperanza a la juventud.

La sociedad no puede desfallecer, es nuestra obligación salir a defender la vida y la paz, a manifestar nuestro rechazo a todas las formas de violencia armada que nos afectan. Los y las negociadoras, de todas las delegaciones, seguramente, como se ha evidenciado, están concentrados buscando, construyendo y logrando acuerdos, según las agendas previamente definidas, pero a la sociedad en general, mujeres, hombres y no binarios, comerciantes, pueblos étnicos, empleados y trabajadores, jóvenes, estudiantes, artistas, profesionales, mineros, pescadores y campesinos, población LGBTIQ+, periodistas, comunales, población con discapacidad, entre otras expresiones, le corresponde rodearlos con la movilización, exigirles compromisos y resultados en defensa de la vida, y avances en la construcción de la paz. Que los beneficios de la Paz se sientan en cada rincón del país, que las trasformaciones beneficien con más celeridad a las personas tradicionalmente excluidas y empobrecida, que el respeto a la vida y la dignidad no tenga color político o diferencias económicas.

El 2024 debe marcar con la movilización, la participación y la acción social, el fin de la violencia armada, la profundización de la democracia, el fin de la corrupción, la construcción de equidad y el goce pleno de los derechos humanos. No podemos retroceder, aceleremos el tren de la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Que nadie pierda la esperanza, vamos por la paz con justicia social y ambiental, que beneficie a todas y todos, apoyando e involucrándonos en la implementación del acuerdo logrado con las FARC-Ep. La noviolencia, la seguridad, los valores cívicos y democráticos, los deberes y derechos deben marcar el horizonte de la convivencia en las ciudades y veredas, para que la vida sea el centro sobre el cual orbite la gobernabilidad local. Que la existencia de todas y todos sea respetada, que cesen los asesinatos, las masacres, los secuestros, el reclutamiento forzado, la violencia contra las mujeres, y toda acción que atente contra la dignidad.

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El juego de la democracia y la gobernabilidad

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ene 7, 2024. Publicado en Opinión. No hay comentarios en El juego de la democracia y la gobernabilidad

Muy lamentable que, en algunas ciudades y municipios, las plenarias de los recién posesionados concejos municipales, inicien sus laborales para los próximos cuatro años violando la Ley y la Constitución Política, y luego sin el más mínimo asomo de vergüenza, de arrepentimiento, o de querer rectificar su actuación, echan mano de todo tipo de leguleyadas, justificaciones o mentiras para mantener sus decisiones, sin importar el grave daño que le causan a la democracia y a la convivencia. En otros casos son algunos mandatarios departamentales y municipales, los que proponen sacar adelante programas, que demostraron no solo su ineficacia frente a la paz y la seguridad, sino que sirvieron de germen a capítulos oscuros de la vida nacional y regional ligadas al paramilitarismo y el narcotráfico, que hoy lamentablemente no hemos podido superar.

No se trata solo de un problema legal o jurídico o de unas palabras lanzadas al viento y que pueden catalogarse como simples expresiones populistas, el problema es más profundo y preocupante. Los concejos con sus “jugaditas” buscan excluir a la oposición política de decisiones trascendentales para la vida de las comunidades y para la gobernabilidad local, pues en los próximos meses se tiene que organizar la elección de la persona que dirigirá las personería en cada municipio o distrito, y esta transcendental responsabilidad recae en la mesa directiva de cada concejo, y por supuesto quienes no creen en la importancia de la democracia, los pesos y contrapesos que a ella alimentan, han excluido a la oposición, demostrando con estas acciones no solamente un profundo desprecio por la labor de dicha entidad encargada de velar por los derechos humanos, por la transparencia de la administración municipal, los intereses propios de la comunidad y en general por salvaguardar el Estado Social de Derecho, sino también por la inclusión política como eje fundamental de la vida democrática.

Los concejos municipales y distritales, entre otras funciones importantes, tiene la responsabilidad al inicio de cada período cuatrienal de gobierno, de gestionar en los próximos cuatro meses el Plan de Desarrollo Municipal o Distrital, y en esa función la junta directiva tiene responsabilidades determinantes a la hora de controlar que los programas de gobierno se reflejen en dicho plan y que el presupuesto presentado para su ejecución, corresponda a las expectativas y a las propuestas que la comunidad exprese a través de los mecanismos de participación ciudadana dispuestos. No es solo en este caso, que las mayorías en el concejo se impusieron de forma totalitaria y excluyente, sino también, que sus actuaciones contrarias a la democracia y a la Ley, tiene repercusiones profundas para la vida social, política y económica. No es posible, que mientras la sociedad clama por la convivencia, el respeto a la ley, la seguridad, la paz y los derechos humanos, sus representantes, en una manifestación por lo menos irresponsable, envíen un mensaje de “todo vale”, todo se puede hacer en este país, inclusive violar la Ley y la Constitución.

No señoras y señores concejales que se juntaron, consciente o inconscientemente para violar la norma y la democracia, ese no es el camino que Colombia viene construyendo y que hará posible que el país se convierta en una sociedad moderna, alejada de la barbarie, de la violencia política, de la corrupción y el clientelismo. Este tipo de actitudes que evidencian un profundo desconocimiento de los valores que deben guiar un liderazgo político moderno y democrático, comprometido con el desarrollo, no solo demuestran la falta de valores éticos y ciudadanos que en general afectan a toda Colombia, sino la reproducción de comportamientos corruptos, que buscan beneficiar intereses privados.

Las y los concejales, deben realizar un esfuerzo mayor para enmendar las situaciones generadas a partir de los errores o las jugaditas señaladas, y avanzar, pensando siempre en el bien común, independientemente de los ideales políticos que los guíen. Las reglas de la democracia se hacen para que se pueda deliberar, controlar y construir, en un ambiente de respeto. Los partidos y coaliciones de gobierno tienen una gran responsabilidad, pues no solamente les corresponde cogobernar, sino también controlar a la administración y garantizar los derechos de la oposición; a los partidos o coaliciones de oposición, además de señalar y oponerse a todo lo que consideren lesiona los intereses de sus representados, les corresponde también controlar la ejecución administrativa, informar a la ciudadanía y velar por el porvenir y el desarrollo de la sociedad en su municipio o distrito.

De otro lado, a falta de creatividad que evidencia una añoranza a viejas formas de gobernar, recurriendo a rancias y fallidas recetas que condujeron al país por el despeñadero de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado y el surgimiento y fortalecimiento del fenómeno paramilitar que tanto dolor y daño ha causado, algunos gobernantes locales pretenden revivir estrategias guerreristas e ilegales, utilizando como pretexto y argumentación, falsos relatos que aprovechan la necesidad urgente y evidente, que tiene el país, de lograr mejores niveles de seguridad que garanticen la vida y la libertad de toda la sociedad. Señoras y señores gobernantes locales, la defensa de la vida requiere de nuevas estrategias que promuevan la democratización de la seguridad y pongan al centro el valor de la vida y la dignidad.

Los y las invito a explorar nuevas alternativas más audaces, pero apegadas a la Ley y al clamor popular de lograr la paz y la reconciliación. Es necesario construir y fortalecer estrategias que recuperen la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado y en la gobernabilidad local. Las tecnologías de la informática y las telecomunicaciones desarrolladas para fortalecer la participación ciudadana, ligadas a estrategias pedagógicas y comunicativas sobre cultura ciudadana, en donde los deberes y los valores ciudadanos, los derechos fundamentales, la reconciliación, el perdón, el reconocimiento y la inclusión sirvan de base fundamental para estructurar redes comunitarias que propendan por la vida en comunidad y la paz, integradas a programas sociales de superación del hambre y la pobreza, de acceso y permanencia en el sistema educativo, de salud mental y física, de vivienda y desarrollo rural, entre otras consideraciones, pueden hacer posible que la gobernanza se acerque de otra forma a la vida cotidiana, que se le cierren los espacios a los grupos delincuenciales en ciudades y campos y que las confianzas entre la ciudadanía y de esta con el Estado, haga florecer a mediano y largo plazo, nuevas relaciones y redes de vida, que fortalezcan la seguridad y la convivencia.

De la comunidad organizada y no organizada, de la participación efectiva de la ciudadanía en la elaboración y seguimiento de los Planes de Desarrollo que deben incluír un capítulo específico en materia de paz, convivencia y seguridad, de la destinación real y efectiva de recursos económicos que garanticen que los programas y proyectos se ejecuten, dependerá en gran medida, que se logre un mejor vivir para todas y cada una de las personas, en cada rincón del país, en cada ciudad, centro poblado y corregimiento. La seguridad, la convivencia y la Paz territorial es también y fundamentalmente, responsabilidad de los gobiernos locales.

Luis Emil Sanabria D.

El nuevo año será de logros

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Dic 31, 2023. Publicado en Opinión. No hay comentarios en El nuevo año será de logros

Para iniciar el año nuevo, siempre es prudente y necesario echar una mirada al año que termina y revisar lo que, como sociedad y como personas, hubiéramos podido hacer, cambiar, mejorar y fortalecer, para ser felices en nuestro querido país. Este año que termina bajo un gobierno progresista, resultado de la mezcla de liberalismo, socialdemocracia, izquierda socialista y comunista, precisamente por su empeño en realizar cambios sustanciales, y sin ánimo de copar todos los componentes de este, me atreveré a opinar, en especial sobre aquellos temas que guardan relación directa con la construcción de paz y la superación del conflicto armado.

Este gobierno se propuso romper con viejas tradiciones de administración y de formas de hacer política, instalar nuevas maneras de hacer las cosas, y aprender sobre la marcha, reduciendo errores y fortaleciendo aciertos, despertando resistencias y oposiciones internas y externas, lo que seguramente le impidió cumplir algunas metas previstas en materia desarrollo social y económico; situación apenas lógica, si se tiene en cuenta que no hay mucho que aprender si se trata de eliminar de raíz fenómenos culturales, políticos y económicos como la corrupción, el todo vale o el narcotráfico, que lograron durante decenas de años permear, consolidarse y naturalizarse en la administración pública y en la vida cotidiana.

Resultados planeados para el primer año de gobierno y que hacen parte del paquete de transformaciones que harán posible la Paz, no fueron obtenidos en su totalidad, aunque hubo importantes avances a nivel del legislativo, en especial los relacionados con las reformas a la salud, la educación y laboral, que deberán culminar satisfactoriamente en las próximas legislaturas. Es necesario tener en cuenta que estos logros no dependían exclusivamente de la capacidad del Gobierno Nacional y del Pacto Histórico, ya que los poderes existentes y construidos bajo otras políticas sociales y económicas, no se dispusieron a ceder parte de sus intereses, beneficios o privilegios, la mayoría de estos obtenidos y sostenidos bajo prácticas corruptas que se establecieron como necesarias, o como si algunos sectores de la sociedad estuvieran designados a ser los únicos beneficiarios del desarrollo y el crecimiento económicos.

Tendrán que mejorarse los canales de construcción de consensos políticos y sociales, ceder en algunos componentes y proyectar a futuro nuevos cambios, para que en el Senado y en la sociedad, se logren los acuerdos necesarios para, aprobar los proyectos de Ley y se avance hasta donde sea posible, haciendo que las reformas sean una realidad que beneficie a toda la población. Seguramente programas como Jóvenes en Paz y Matrícula Cero, que se implementarán desde inicios del 2024, fortalecerán los valores, los compromisos y los deberes de la juventud en la construcción de una sociedad equitativa, democrática y profundamente pacífica.

Se avanzó como nunca antes, en el proceso de adjudicación de tierras de forma colectiva e individual, en reconocimiento de derechos territoriales a población afrodescendiente, a comunidades indígenas y a organizaciones campesinas. Esa tarea represada y señalada como improcedente por importantes sectores económicos y políticos, ha sido motor en la construcción de la justicia social y en el proceso de legitimación del Estado; por supuesto que falta mucha tierra por entregar, pero el camino emprendido y los frutos obtenidos señalan con certeza que la democratización de la tierra y la economía, son piezas fundamentales para hacer de Colombia un país con menos hambre y menos pobreza. Hay que redoblar esfuerzos y hacer rendir los recursos económicos bajo la figura de las alianzas público-populares, para hacer que el campo sea productivo, que las comunidades vivan en armonía con la naturaleza y que la territorialidad para la paz, con organizaciones sociales fortalecidas, se construya y se reafirme.

Todos los meses se produjeron noticias sobre la apropiación indebida de recursos que dieron al traste con proyectos o con metas sociales del Estado, que terminaron en las cuentas de importantes personalidades que hicieron parte de gobiernos anteriores a todos los niveles. Siempre existirán personas que deseen amasar fortunas de forma corrupta; sin embargo, las acciones emprendidas desde la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, a falta de acciones reales contra este flagelo por parte de la procuraduría o la fiscalía, son además de importantes extremadamente necesarias. Habrá que abordar el debate nacional sobre la reforma a la justicia que ayude a superar la corrupción y la impunidad, a buena hora el Ministro Néstor I Osuna P. conformó una comisión para la construcción de una propuesta de reforma que ojalá entregue frutos en el 2024.

En materia de la solución dialogada del conflicto armado interno y sus diversas manifestaciones, todavía no se han logrado resultados definitivos; no obstante, el solo hecho de cerrar el año 2023, con dos mesas de diálogo de carácter nacional funcionando, una con el ELN, y otra con el llamado EMC-FARC, y mantener las mesas de diálogo con actores armados delincuenciales de carácter local, como el caso de Medellín, Cali y Buenaventura, nos indican que el abordar de forma simultánea y compleja todas las manifestaciones del conflicto armado, es una decisión además de posible, totalmente acertada. Es urgente, que se avance en la Ley de sometimiento a la justicia, esa responsabilidad del Gobierno y el Congreso es de extrema urgencia.

Se mantienen, los ceses al fuego bilaterales del Gobierno con cada una de las organizaciones guerrilleras que están dialogando, lo que no significa que todas las expresiones de violencia armada con estas agrupaciones, hayan desaparecido, eso solo se logrará cuando se firme el acuerdo final que ponga fin a la confrontación. Será necesario que se continúe el cese al fuego bilateral, y que el compromiso con el cese de hostilidades contra la población civil, se reafirmen y cumplan, para que disminuyan efectivamente delitos como el desplazamiento forzado, la instalación de minas antipersonal, el confinamiento de comunidades, el secuestro, la extorsión, las amenazas, los asesinatos de líderes, lideresas sociales y firmantes del acuerdo de paz, el cese del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, entre otras infracciones al DIH, que reportan cifras que no disminuyen ostensiblemente o en ascenso, y que afectan la confianza en el proceso de paz.

Tendremos que evaluar a finales del 2024, la implementación del Plan Nacional de Desarrollo y de los recursos obtenidos con la reforma tributaria de 2022, y su contribución a la consolidación de la paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados en 2016 con las FARC-EP. Los nuevos gobernantes locales municipales y departamentales, tienen la obligación de elaborar participativamente durante los primeros tres meses de 2024, los Planes de Desarrollo Locales e incluir en estos, un capítulo preciso sobre el tema de paz, convivencia, reconciliación, Derechos Humanos y atención integral a las víctimas del conflicto armado, con suficientes recursos para apalancar inversión nacional y consolidar la seguridad local teniendo como eje la vida y los derechos.

Nota: El 22 de Febrero debemos participar masivamente en la Jornada Nacional por la Vida y la Paz, exigiendo el fin del secuestro, de los asesinatos, las masacres, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de niñas, niños y jóvenes, el confinamiento e instalación de minas antipersonal. En Colombia ya no hay lugar para la violencia.

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Celebremos el nacimiento, la vida y la fraternidad

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Dic 24, 2023. Publicado en Opinión. No hay comentarios en Celebremos el nacimiento, la vida y la fraternidad

Hoy gran en parte de la humanidad celebra el nacimiento a una nueva vida, la mayoría de los cristianos celebran el nacimiento de Jesús, reafirman la fe y enaltecen la tradición; otras culturas y pueblos del hemisferio norte, celebran cada 21 de diciembre, el solsticio de invierno, el día con el periodo de luz diurna más corto y la noche más larga del año, producido cuando el Polo Norte alcanza su máxima inclinación alejándose del Sol. La Navidad, es en general, una fiesta de la alegría, de la fraternidad, una fecha en que se busca la familia y los amigos cercanos, para celebrar que la vida se impone sobre la muerte y que es posible construir nuevos horizontes, nuevos sueños y esperanzas.

En Colombia y otros países, la Navidad para las grandes mayorías empobrecidas y excluidas, se ve empañada. Hay poco que compartir, pocos abrazos que dar y pocos momentos que celebrar. Las violencias en todas sus manifestaciones se apoderan de su entorno, penetran su hogar, se sientan a la mesa y carcomen la alegría; el dolor y la desesperanza se acomodan en los rincones de todo lo que nos rodea. No solo la violencia que produce la injustica social, el empobrecimiento y la inequidad, sino aquella que se genera desde las mentes y los corazones de quienes asesinan, masacran, extorsionan, desaparecen, o reclutan a miembros de la familia y de la comunidad, haciendo que la fiesta de la vida y el amor desaparezca y le de paso, a la venganza y al dolor.

Llevamos casi sesenta años, reproduciendo círculos de violencias que han impedido que la fiesta de la vida, del nacimiento se goce a plenitud. No hemos podido, a pesar de los esfuerzos realizados por la sociedad civil, algunos gobiernos y algunos grupos armados no estatales que decidieron reconocer la importancia de la lucha democrática y de los cambios progresivos, celebrar la Navidad sin el fantasma presente de las muertes violentas, la separación de un ser querido producto del secuestro, el reclutamiento, la desaparición o el desplazamiento forzado. Se profundizan los odios, se aleja el perdón, se desvanece la posibilidad de la reconciliación y vuelven a emerger las voces de quienes promueven el rencor, la venganza y la retaliación.

Nada más alejado de la posibilidad de construir una sociedad mejor, con equidad y justicia social, que empeñar esfuerzos en retroalimentar la guerra; nada nos aleja más del sueño de vivir una Colombia que sea fortaleza de la vida y de la dignidad, de la democracia y la solidaridad, que mantener la cultura de las violencias, atacar sin piedad a las organizaciones sociales, gremiales, étnicas, comunales, campesinas, de mujeres y jóvenes, de población LGBTIQ+, de población con discapacidad; nada está más en contra de los deseos de construir una Colombia que supere la pobreza extrema, que garantice educación, salud, vivienda y avance hacia la Reforma Rural Integral reafirmando los derechos de las campesinas y campesinos, reconociendo sus tradiciones y haciendo productivo el campo, que imponer a sangre y fuego una ideología o un negocio legal o ilegal; nada nos aleja más de la Navidad, de celebrar la vida con dignidad y del advenimiento de la esperanza, que seguir imponiendo la violencia armada sobre millones de víctimas del conflicto armado que reclaman reparación integral y restitución de tierras.

La Navidad es compromiso con la paz, con las y los más empobrecidos y excluidos, con los y las esclavizadas y explotadas, con las víctimas de la violencia armada; eso es lo que reclama Colombia de nosotros y nosotras, de quienes hemos vivido o alcanzado privilegios, de quienes nos acostamos sin hambre y sin dolor; pero también, es el reto para millones de compatriotas que debe hacerse visible en las calles, para juntar en una sola voz y un solo cuerpo, las manos y los corazones, la generosidad y la solidaridad, la justicia y la equidad, el diálogo y los acuerdos, los pactos y los cumplimientos, la democracia y el respeto, el perdón y la reconciliación. Que nadie, se sienta con el derecho de utilizar el dolor de millones de víctimas, para exacerbar los odios y la venganza, para instrumentalizar el descontento con la violencia a favor de un dogma, de la politiquería o la descalificación de los intentos de paz que se adelantan hoy en varios escenarios de diálogo.

Que la Navidad sea el momento de la reflexión y de las reafirmaciones por salir de tantos males impuestos o generados con nuestra forma de actuar. Que el narcotráfico y las economías que este genera y que invaden a nuestros pueblos y ciudades, comiencen a desaparecer definitivamente, nada justifica seguir haciendo daño a millones de personas, produciendo sustancias psicoactivas, traficando y enriqueciéndose con la desgracia ajena; la economía ilegal derivada del narcotráfico alimenta las violencias que nos mantienen en la oscuridad y el atraso. Nada justifica la corrupción, todo dinero que llegue a los bolsillos de alguien o a los bancos, quitándole posibilidades de educación, alimentación, vivienda o salud a un niño, niña o adolescente, será devuelto en los ciclos de la vida, con violencia e inseguridad. Nada podrá reparar el daño que se le hace al ambiente, cuando el deseo depredador se apodera del espíritu minero, de los proyectos energéticos o de desarrollo, hacer la paz con la naturaleza, también es obligatorio si queremos sobrevivir como especie en este planeta vivo.

Las noticias que llegan de la mesa de diálogo con el ELN y la mesa de diálogo con la disidencia de la FARC, son muy importantes y nos llenan de esperanza, sobre la posibilidad real de pactar la paz con estas organizaciones armadas, en especial, cuando ambas se han comprometido a suspender el secuestro de civiles con fines económicos; sin embargo, estos avances que marcan un nuevo paso dentro del cese al fuego bilateral, que deberá continuar y reafirmarse a principios del 2024, y un estado de maduración significativo hacia el abandono definitivo de la violencia armada, que respaldamos y rodeamos, deben ser refrendados realmente en el actuar territorial de todos los frentes de guerra y todos los combatientes de ambas organizaciones. Por eso, la importancia de que la movilización ciudadana exija a estos y todos los grupos armados, que cesen los ataques contra la población civil, que reafirmen su compromiso con la paz negociada, enviando un mensaje claro y contundente de que están en total disposición de juntarnos desde la verdad, la justicia, el perdón y la reconciliación, en el marco de la democracia y convivencia, a implementar las transformaciones que se acuerden y muchas otras que seguramente se necesitarán. Esta oportunidad de pactar la paz, de implementar lo pactado y continuar el camino de construcción de una nueva Colombia, no se puede desperdiciar.

Vamos a marchar, vamos exigirle al Gobierno y al Estado que redoble los esfuerzos por garantizar la vida y permanencia en el territorio de líderes y lideresas sociales y políticos, que se rompa cualquier vestigio de complicidad o alianza de miembros de la fuerza pública con grupos armados ilegales; vamos a movilizarnos para demandar a los Grupos Armados Ilegales que no han escuchado el llamado del gobierno y el clamor popular, que se sienten a dialogar y construir soluciones finales para superar la violencia; vamos a rodear los diálogos que hoy se adelantan y a exigir con decisión, que nadie se levante de la mesa de conversaciones, hasta que logremos salir de tantos años de barbarie y dolor.

Ahoguemos con la movilización pacífica y la democracia, toda llama de violencia, de injusticia, de odio, de estigmatización o exclusión; tenemos que ser miles y miles en las calles, en todos los rincones del país, los y las que salgamos a exigir, las veces que sea necesario, el fin de la guerra, el cese al fuego y la renuncia a todos los ataques violentos contra la población, contra los niños, niñas y adolescentes, contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, contra las mujeres y los campesinos, contra sindicalistas y comunales, contra comerciantes, ganaderos, mineros, pescadores, industriales; vamos a demostrar con la fragilidad de la esperanza y la fuerza del amor, que queremos celebrar en adelante nuestra Navidad en paz, y que nos comprometemos a luchar con todas las fuerzas, para que ningún colombiano o colombiana pase sus días sin comida o sin techo. Que la prosperidad deje de ser un deseo de Navidad y Año Nuevo, y se convierta, por decisión de todas y todos, en una realidad que vivimos y gozamos.

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La paz integral es más que la negociación del conflicto armado

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Dic 17, 2023. Publicado en Opinión. No hay comentarios en La paz integral es más que la negociación del conflicto armado

Nuevamente las mesas de diálogo para buscar salidas políticas al conflicto armado y pactar acuerdos que conduzcan al desmonte de la lucha armada, se reactivan, retoman agendas y modifican el orden de abordaje de algunos puntos pactados, sacando a flote diversas posiciones que rayan con el fundamentalismo ideológico o el interés por reivindicar la violencia como eje de transformación o de resistencia política, dejando a un lado, el interés principal frente a la construcción de acuerdos de solución a las causas y consecuencias estructurales que deben guiar el proceso.

La paz integral, como hace decenas de años se viene reivindicando por el movimiento nacional de paz organizado en todas sus expresiones, y que hoy, algunos funcionarios de la oficina del Alto Comisionado para la Paz siguen desconociendo, será el resultado de las transformaciones sociales, políticas y económicas que beneficien a la sociedad en general, encaminadas a superar la pobreza en todas sus acepciones, la exclusión y los vicios políticos de nuestra democracia, en especial la corrupción y el clientelismo, y la implementación de políticas económicas más equitativas y justas, centradas en el goce pleno de los derechos fundamentales.

Llegar a esos resultados, requiere acuerdos o pactos, que deben ser horrados por las partes, fruto de las conversaciones y negociaciones de las mesas instaladas y por instalar, no solamente con las organizaciones armadas no estatales de carácter político, como el ELN o las disidencias de las FARC, o con las organizaciones armadas no estatales de delincuencia común y narcotráfico, como el Clan del Golfo, Los Conquistadores de la Sierra, Los Rastrojos, La Oficina, La Cordillera, las mafias y clanes locales, sino también como producto de los diálogos con todas los movimientos y partidos políticos que hacen presencia en el congreso y fuera de este, con los gremios de la producción industrial, agrícola y pecuaria, los grupos financieros, los gremios del comercio, las empresas económicas de la comunicación, con las redes populares y comunitarias de medios de comunicación, con las organizaciones campesinas, las centrales sindicales, con las organizaciones nacionales de los pueblos étnicos, las organizaciones de mujeres, las organizaciones juveniles y estudiantiles, las organizaciones de la población LGBTIQ+, las organizaciones de víctimas y población con discapacidad, las altas cortes, el ministerio público y el poder judicial, para hacer posible que el Estado, sus tres poderes y la sociedad, como un todo indisoluble, sean capaces de sacar adelante el país y la sociedad.

Razón tiene el Presidente Gustavo Petro U, cuando sostiene que en las actuales condiciones no será posible cumplir a cabalidad el acuerdo pactado con las FARC-Ep en 2016; a mi modo de ver, dicha afirmación, más que en referencia a la justicia transicional que de alguna forma avanza en la JEP, se debe entender en relación con el cumplimiento a las comunidades que hacen parte de las llamadas zonas PDET. Será necesario no solamente, recurrir a las instancias definidas para renegociar el acuerdo, ya que los tiempos pactados no son suficientes, así como a la disponibilidad y cantidad real de los recursos económicos que se necesitan, para responder a decenas de años de exclusión y empobrecimiento, en especial en aquellos componentes que guardan relación estrecha con inversiones urgentes locales, plasmados en los Planes de Acción para la Transformación Regional-PATR, que recogen las necesidades y la soluciones que el pueblo propone, como las vías terciarias, la construcción de escuelas, puestos de salud, la instalación y puesta en marcha de proyectos productivos que erradiquen la economía ilegal ligada a la producción y tráfico de cocaína, e instale modelos de desarrollo económico legales y dignificantes, el cuidado del agua y los bosques, etc.

Para cumplir, no solamente el acuerdo final con las FARC-Ep, y avanzar en erradicar las violencias armadas, se requiere de transformaciones progresivas, planificadas, acordadas, pactadas, que pongan en el centro la vida y los derechos humanos, encarnadas, entre otras, en la reforma a la Salud, en especial en aquellos artículos que buscan promover la salud preventiva, el mejoramiento de las condiciones de las y los trabajadores de la salud, la atención integral a poblaciones alejadas de las grandes urbes que son también víctimas de la confrontación armada, y superar la corrupción que carcome el sistema de salud actual; se requiere la reforma laboral, para recuperar y mejorar las condiciones de trabajo de miles de obreros y empleados; la reforma a la educación que hará posible que las y los jóvenes ingresen al sistema educativo, no deserten y logren terminar una carrera técnica, tecnológica y profesional; y la Reforma Rural Integral, que debe convertirse en el eje transformador de la realidad territorial, capaz no solamente de entregar tierras a campesinos y campesinas, y hacer productivo el campo, sino también, de construir una red de organizaciones campesinas que resista a las imposiciones y convocatorias violentas, y que persista en hacer de cada territorio un escenario de paz y de reconciliación.

La transformación positiva del conflicto armado y las violencias estructurales, no se lograrán solamente en las mesas de diálogo que se adelantan con los actores armados, eso lo deben reconocer y entender quienes los dirigen y quienes dialogan en su nombre, la sociedad requiere de garantías a la vida y la libertad, de ambientes propicios y adecuados para involucrarse en la construcción de propuestas transformadoras, y esto a su vez requiere que los grupos armados y el Estado en todas sus expresiones, tanto a nivel nacional como regional, se comprometan a brindar esas condiciones. Las y los colombianos, en su gran mayoría, estamos cansados de vernos incluidos en una guerra que hemos rechazado en las calles y en las urnas, es el momento de pactar, teniendo como prospectiva el bienestar de la sociedad, la equidad, la justicia social, la libertad, la dignidad, la democracia, y este futuro deseable, solo será posible si es el fruto de un acuerdo nacional incluyente, progresivo, democrático, no de una imposición producto de posiciones, dogmas o negocios. Ni en las mesas de diálogo para la paz, ni en el Congreso de la República, ni en la mesa de concertación salarial, ni con las armas o con el poder económico, se debe imponer medida, norma o decreto alguno que vaya en contravía de la dignidad humana.

Por esta razón, es más que necesario que la sociedad se exprese, se movilice, haga valer su voz y su importancia, que siga caminando la palabra y la acción, manifestándose en defensa de la vida y por la paz, rechazando el secuestro, los asesinatos, las masacres, el desplazamiento forzado, el confinamiento, el reclutamiento de niñas, niños y jóvenes, las violaciones a los derechos humanos y ambientales, como exigencia básica que nos permita desatar el gran diálogo nacional por la paz. Sin esas condiciones, el camino de construcción de acuerdos de paz, su implementación urgente y necesaria, la concertación de las reformas progresivas tanto en el congreso como en los demás espacios de la sociedad civil, se hace más largo, tortuoso, y doloroso. Ningún gobierno del Estado Colombiano, podrá cumplir acuerdo alguno, si no se desactivan las acciones violentas de los Grupos Armados, sino superamos los fenómenos del narcotráfico y la corrupción, para avanzar progresivamente en la implementación de reformas que desactiven las violencias estructurales, mejorando las condiciones de vida de las y los colombianos. Solo el diálogo, la recuperación y la honra de la palabra pactada, harán posible el sueño de un país mejor.

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Los Derechos Humanos, para vivir la vida a plenitud

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Dic 10, 2023. Publicado en Opinión. No hay comentarios en Los Derechos Humanos, para vivir la vida a plenitud

Hoy hace 75 años la Asamblea General de la Naciones Unidas adoptó la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, y es por esta razón que, cada año, en muchos lugares del planeta, la comunidad celebra esta fecha, llamando la atención sobre la necesidad de que, esta proclama deje de ser un documento que, solamente adorna los anaqueles de bibliotecas y oficinas estatales, para convertirse en una guía permanente para vivir la vida a plenitud.

Seguramente para muchas sociedades, esta norma de conducta proclamada en un recinto cerrado, no guarda relación directa con sus usos y costumbres; sin embargo, y a pesar de esto, es innegable que esta declaración que pretende ser universal, ha servido de guía para que las naciones del mundo avancemos hacia la construcción de sociedades más justas, democráticas, y equitativas, y que, el goce pleno de los Derechos Humanos, sea un elemento fundamental para la construcción de la Paz Integral.

No podemos negar que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, han utilizado, en mayor o menor medida, esta guía de convivencia, para imponer en su nombre dictaduras, para violar la soberanía de Estados dependientes y para aplicar un modelo de gobernabilidad, de economía y de organización estatal que, en la mayoría de los casos, resultaron ser verdaderos experimentos dictatoriales y de violaciones masivas a los derechos humanos.

Colombia, es sometida periódicamente a exámenes, que dictaminan si su Estado está avanzando en la implementación y el respeto a los Derechos Humanos. Estados Unidos, que, en su política exterior e interior, no es precisamente un nicho de virtudes en materia de goce pleno de los Derechos Universales en toda su amplitud, emite una certificación de desempeño de nuestro país en materia de Derechos Humanos, como requisito necesario, exigido por el Congreso gringo, para entregar la ayuda militar que ese país nos envía anualmente. Ayuda militar, que como en el caso del llamado Plan Colombia, disparó las graves violaciones a los Derechos Humanos, ya ampliamente denunciadas y documentadas, o para fortalecer en general la doctrina de seguridad que estableció la cultura del enemigo interno.

En otros casos, las llamadas certificaciones o exámenes universales, como los cercos económicos, que antes que debilitar un régimen político, catalogado previamente como dictadura, especialmente si este tiene tinte de izquierda, han servido para implementar medidas arbitrarias, que hacen que los pueblos sufran directamente los resultados de dichas medidas, y se eleven los niveles de hambre, pobreza, se dificulte el acceso a medicamentos, a algunos avances científicos imprescindibles para mejorar su economía, a las tecnologías de la informática y las comunicaciones, entre otros.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, que hoy algunos celebramos y otros condenan, sin haberla siquiera leído, y mucho menos interiorizado como una línea de conducta, crea una extensa serie de derechos y libertades fundamentales a los que todos, todas y todes, tenemos derecho por el solo hecho de haber nacido en este planeta; derechos políticos, civiles, sociales, culturales y económicos. Normas esenciales que buscan garantizar que todas las personas en cualquier lugar, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua o cualquier otra condición, gocemos de una vida plena, sin restricciones, más allá que los derechos de los otros y otras imponen.

El prócer de la independencia, Antonio Nariño, tradujo al español la Declaración francesa de los Derechos del Hombre de 1789, derechos que marcaron las primeras constituciones de la naciente república y que, lamentablemente fueron casi desaparecidos en la redacción conservadora de la constitución de 1886. Fue la constitución de 1991, como acuerdos de paz, la que rescato el concepto de los Derechos Humanos y los puso al centro de las obligaciones del Estado. De esta forma, la Constitución Política Nacional, reconoce y eleva a rango constitucional los derechos humanos y una serie convenios internacionales suscritos por los diferentes gobiernos, como los Derechos de los Niños y las Niñas, los Derechos de la Mujer, entre otros importantes tratados.

Lamentablemente, a pesar de que en la Constitución Política Nacional se reconocen los derechos fundamentales, como elementos centrales para garantizar la vida con dignidad de todas las personas que habitamos la geografía nacional, es innegable que aún estamos muy lejos de que este anhelo, sea una realidad vivida y gozada por las mayorías. Los derechos a la vida, la dignidad y la libertad, son constantemente violados por parte de actores armados y de funcionarios estatales, los problemas crónicos para el acceso a la justicia y los altos índices de impunidad, los altos niveles de pobreza e indigencia de grandes capas de la población, las profundas dificultades para acceder al derecho a la salud preventiva y curativa, en especial en zonas marginalizadas y excluidas, las difíciles condiciones de grandes capaz sociales para acceder a la educación gratuita y de calidad en todos sus ciclos, entre otros, siguen siendo evidentes problemas de derechos humanos en Colombia.

Tendremos que realizar un gran esfuerzo, como Estado y como sociedad, para hacer posible que los Derechos Humanos sean acogidos, promovidos, respetados y aplicados en todo momento y lugar, en la vida pública y en la vida privada. Tendremos que ganarle la partida a fenómenos como la corrupción, el narcotráfico, las políticas económicas neoliberales, los excesos de la democracia representativa, el centralismo, la falta de cultura ciudadana, el patriarcado, la exclusión y estigmatización, el racismo, las causas que originan el cambio climático, y muchos otros vicios y problemas, y darle paso a una cultura que ponga al centro la dignificación de la vida, para que las próximas celebraciones, no estén llenas de exigencias que se las lleva el viento, sino de realidades que nos harán mejores seres humanos.

Avanzar en la construcción de un gran acuerdo nacional, como lo viene proponiendo el Presidente Gustavo Petro U., debe contemplar fundamentalmente, una gran alianza social, a todo nivel y en todo el territorio nacional, capaz de implementar, promocionar y defender la cultura de los Derechos Humanos. Este acuerdo, no será posible, si algunos pretenden mantener modelos políticos, económicos o sociales, para perpetuar privilegios a costa de violar derechos fundamentales, y si otros pretenden imponer a través de la violencia armada, y de graves violaciones a los derechos fundamentales, su punto de vista, aduciendo luchar por las posibles transformaciones que la sociedad requiere. El gran Acuerdo Nacional, debe ser, ante todo, un pacto ético y político, capaz de reconocer la vigencia de los Derechos Humanos, su desarrollo e implementación.

Que ningún Plan de Desarrollo Municipal o Departamental, se elabore y se apruebe, sin tener en cuenta un enfoque claro en materia de Derechos Humanos y Paz, no solamente encaminado a superar problemáticas sociales, económicas, sino también, enfocados en la implementación y fortalecimiento de programas de seguridad que garanticen la vida y la permanencia en el territorio de empresarios, comerciantes, lideresas y líderes políticos, sociales, sindicales, comunitarios, religiosos, y de sus organizaciones. El presente y el futuro del país depende de, cuanta capacidad desarrollemos como sociedad y como Estado, para hacer efectivos los Derechos Humanos.

Luis Emil Sanabria D.

Tomemos la decisión colectiva de detener tanto dolor

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Dic 3, 2023. Publicado en Opinión. No hay comentarios en Tomemos la decisión colectiva de detener tanto dolor

Inicia el mes doce del año 2023 y la violencia contra la población civil colombiana, amparada en el conflicto armado, parece no encontrar la luz al final del túnel. Ya sea por los grupos armados o la incapacidad del Estado en su conjunto, que han ido prolongando durante décadas la longitud de este. Cada intento de buscar una salida pacífica que ponga fin a esta situación se ve obstaculizado por una especie de ritual triste que inventa o recicla las violencias. Este ritual tiene como telón de fondo todo tipo de explicaciones, algunas más macabras que otras. Los grupos armados continúan haciendo alarde de su supuesta capacidad militar, que desde hace mucho tiempo el pueblo ha bautizado como «matamarraos». Este término se refiere a las diversas formas insidiosas en que han convertido a sujetos indefensos, no participantes de la confrontación, en víctimas de las más diversas expresiones degradadas de la confrontación o de la acción delincuencial.

Más de (151) ciento cincuenta y una personas han sido asesinadas en lo que va del año. La mayoría se encontraba en sus hogares, lugares de trabajo o en la vía pública, sin participar en acciones armadas que justifiquen sus homicidios en medio de una confrontación. Su presencia o acciones no representaban ninguna ventaja militar; eran civiles indefensos, algunos previamente secuestrados o desaparecidos, dedicados a luchar por sus comunidades, defender su territorio, batallar por derechos laborales o sindicales, expresar pacíficamente sus opiniones o denunciar actividades ilícitas. No había justificación alguna para estos actos, simplemente no debieron ser asesinados. Trabajaban por la Paz y los Derechos Humanos.

Son (151) ciento cincuenta y una personas con hogar, familia, amigos, hijos e hijas. Cada día se levantaban para buscar el sustento de sus seres queridos. Destacados miembros de la comunidad, dotados con algún don que la vida o la providencia les entregó, convirtiendo su destino en una oficina itinerante de servicio a la comunidad y fortalecimiento de la sociedad. Contaban con poco más que el apoyo ocasional de organizaciones o redes sociales nacionales o territoriales. Estos nombres se suman a la interminable lista de líderes y lideresas sociales: étnicos, comunales, comunitarios, sindicales, políticos, ambientalistas, jóvenes, personas con discapacidad o miembros de la comunidad LGBTIQ+. Muchos de ellos fueron víctimas en otros momentos del conflicto armado interno, luchando por una reparación integral, condenados a muerte antes de recibir cualquier indemnización que pudiera mitigar el daño sufrido.

A esta lista, con la que a diario se alimenta el odio, la polarización, las venganzas y el dolor, se le suma otra que, por el origen de sus miembros, debiera concitar la más amplia indignación ciudadana. Son (33) treinta y tres firmantes del acuerdo de paz de 2016, asesinados este año, excombatientes de las extintas FARC-Ep, y que se suman a la lista de más de cuatrocientos de sus hombres y mujeres, a los que se les arrebató la vida y que un día decidieron transitar hacia la paz, honrar la palabra empeñada, hacer dejación de armas, confesar sus delitos, comprometerse a no seguir delinquiendo, dedicados a rehacer su vida, a retomar la acción social y/o política sin armas, muchos de ellas y ellos con una familia establecida e intentando sacar a sus hijas e hijos adelante, en medio de tanta adversidad. Murieron sin ver realizado su sueño de vivir la paz, de haber visto convertidos en realidad, los proyectos de desarrollo territoriales, la reforma rural o la reforma política, porque simplemente alguien desde las altas esferas del poder, decidió no cumplir con lo acordado, no brindarles garantías para su vida y la permanencia en el territorio, frente a la decisión de quienes los han declarado objetivo de sus balas y sus venganzas.

Son (86) ochenta y seis masacres, adultos, jóvenes, niños y niñas en estado de indefensión, asesinados en sus casas, en un sitio comercial o en la vía pública en lo que va corrido del año, apenas unos números menos que el año pasado y que el 2021. Son más de (260) doscientas sesenta personas que cayeron por la acción demencial de algún armado que disparó indiscriminadamente, lo que demuestra el grado de afectación mental y social que ha producido tantos años de violencia, pobreza, exclusión o discriminación, años de ver correr la sangre y de exacerbar el dolor, de echarle sal y limón a las heridas que dejan las balas, los cuchillos o los golpes. Dolor y venganza, círculos repetitivos de violencias, que afectan la vida, la comunidad, la economía, la democracia, y que seguramente, sino se toman medidas efectivas que rompan este espiral de violencia, seguirán escalando hasta hacer insostenible cualquier posibilidad de fortalecimiento y de legitimación del Estado y de la democracia. No podremos pensar y menos avanzar, en la construcción de una sociedad más equitativa y justa, donde la libertad y la democracia sean posibles, si no tomamos la decisión colectiva de detener tanto dolor y tanto desafuero.

En lo que va corrido del año y a pesar de que las cifras no demuestran la realidad de lo que ocurre, debido principalmente a los temores de las familias a denunciar los hechos, han ocurrido al perecer, más de (300) trescientos secuestros este año, un delito que lesiona profundamente la dignidad de quien lo padece directamente, y causa graves daños a las familias, a la economía y a la sociedad. La persona víctima se convierte en una mercancía canjeable por dinero, la familia es objeto de llamadas o mensajes extorsivos de todo tipo, hasta que finalmente y en el mejor de los casos se realiza el intercambio, “cuánto tiene, cuánto vale”. Nadie desde las instituciones estatales, acompaña, asesora, orienta a los familiares, quienes comienzan a llevar sobre sus hombros la carga y el dolor de la responsabilidad de salvar la vida de su ser querido. Nada evidencia más el fracaso de la llamada lucha armada revolucionaria, que tener que violar los derechos fundamentales de una persona, con el estandarte de luchar por esos mismos derechos. Atrás quedaron las estrategias políticas que buscaban que la sociedad respaldara la acción guerrillera, la sostuviera y la reconociera como parte de sus luchas por la justicia social.

Delincuentes que amenazan de muerte al Presidente de la República y a su familia, instituciones estatales responsables de investigar que se convierten en cómplices por omisión de sus responsabilidades, sectores sociales y políticos que justifican o guardan silencio frente a tales amenazas de muerte, unos medios de comunicación que subestiman o alimentan los relatos que incitan el derrocamiento o la muerte violenta de la primera autoridad nacional, hacen parte de la punta del iceberg de la degradación a la que ha llegado la acción política, del entramado violento que retroalimenta el conflicto armado y de la incapacidad por hacer de la deliberación franca, profunda, argumentada, democrática y respetuosa, la forma en que deberíamos tramitar las diferencias en relación con el tipo de economía, de sociedad, y de democracia que queremos.

Podría seguir relatando las consecuencias de la degradación del conflicto y de la sociedad, o hablar de otras graves violaciones a los Derechos Humanos, del hacinamiento en las cárceles, del desplazamiento, la estigmatización, la desaparición forzada, los falsos positivos, el uso indebido del derecho para perseguir a sindicalistas y líderes políticos, que a su vez se han convertido en causas que retroalimentan el conflicto armado interno y sus múltiples expresiones; algunos seguramente, me recriminarán porque no me expresé acerca de las causas estructurales que le dieron origen a esta situación, como la pobreza a todos sus niveles, la falta de oportunidades para la niñez y la juventud, la imperfecta democracia impuesta, etc., y que, subyace en el origen de la confrontación y siguen siendo justificación suficiente para desarrollar estrategias militaristas, ante lo cual, y anticipando las posibles reacciones, me reafirmo en que la única vía posible hoy en Colombia y en el mundo, para transformar los conflictos, las inequidades y las injusticias, es la democracia, el diálogo, la concertación y la negociación pacíficas que conduce a la construcción y la firma de pactos que deben ser honrados y cumplidos. Todo revolucionario socialista, comunista, progresista, socialdemócrata o liberal, debe comprender que la única y la mejor forma de aportar al cambio, es decidirse a construir paz por la vía de la paz. La violencia política y el terrorismo, es el instrumento de los dogmáticos de toda clase, de los fascistas, los negacionistas o canceladores.

Hoy la sociedad que quiere y trabaja por la paz clama el fin del conflicto armado, clama su desescalamiento para transitar sin miedo por la senda de la participación y aportar, como es su derecho, a las soluciones que puedan construirse e implementarse a corto, mediano y largo plazo. La sociedad que quiere y trabaja contra la guerra, exige no ser utilizada para profundizar odios, y por esto requiere de parte del Estado y de los gobiernos, mayores compromisos que hagan posible detener las violencias que se ensañan contra la población civil y construir estrategias eficaces, participativas e incluyentes, en donde se reconozca la opinión y el papel de las organizaciones sociales como constructoras de paz, democracia y justicia social, más allá de la instrumentalización política. Reconocer sus vocerías, sus formas organizativas, su trabajo nacional y territorial, su denodado compromiso con la vida es tan importante como convocarlas a respaldar las reformas prometidas. Las organizaciones sociales locales, regionales y nacionales claman ser parte del Gran Acuerdo Nacional.

Nota: Los y las invito a la Gran Jornada Nacional por la Vida, este 7 de diciembre a las 5:30 p.m., encendiendo una luz para enviar un mensaje contundente en contra de los asesinatos, las masacres y los secuestros. La paz la construimos todas y todos.

Luis Emil Sanabria D.

Breve reseña histórica no cronológica de REDEPAZ en sus 30 años

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Nov 26, 2023. Publicado en Opinión. No hay comentarios en Breve reseña histórica no cronológica de REDEPAZ en sus 30 años

Esta semana que acaba de terminar, se celebró el cumpleaños número 30 de conformación de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y Contra la Guerra – REDEPAZ, con actos culturales, reuniones de amigos, homenajes. Actos que pasaron casi desapercibidos para la prensa nacional, para el mundo político y el gobierno nacional; sin embargo, en memoria de quienes han sido víctimas por trabajar por la paz, de las personas que ya nos entregaron su energía y se encuentra esparcida por el mundo, y en homenaje a quienes persisten tercamente en la búsqueda de caminos de paz desde la sociedad civil, me atrevo a escribir esta pequeña reseña histórica, para que la memoria refresque los compromisos.

La historia reciente del movimiento por la paz surge a mediados de los años 80, en respuesta a las constantes infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de todos los actores armados del momento. Los genocidios contra los movimientos políticos de izquierda Unión Patriótica, Frente Popular, A Luchar y expresiones Ciudadanas no organizadas, los asesinatos de candidatos presidenciales, las tomas armadas y violentas de pueblos y lugares emblemáticos para la democracia como el palacio de justicia, entre otros, promovió el surgimiento de expresiones ciudadanas en contra de la guerra y por la paz.

De esta época se recuerda la caminata de los pies descalzos, la Ley 95 de 1985 que reconoce el 9 de septiembre como el día nacional de los Derechos Humanos, la primera semana por la paz, y expresiones políticas y sociales que abogaban por la salida negociada del conflicto armado y la apertura democrática ligada a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para pactar una nueva constitución política que diera salida al conflicto armado interno, los movimientos territoriales por la paz incentivados por la iglesia católica y la Pastoral Social, el CINEP y el Programa por la Paz de la compañía de Jesús.

Buscando la unidad de todo el movimiento ciudadano por la paz, y amparados en la nueva constitución que contempló en el artículo 22° la paz como derecho y deber y en el artículo 3° la soberanía popular, enmarcados en el concepto de la democracia participativa, y los procesos de paz del E.P.L. el M-19, el Quintín Lame, el PRT, las milicias urbanas y la C.R.S., se convocó el 21, 22 y 23 de noviembre de 1993, el encuentro que dio origen a la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra – REDEPAZ, con su emblemática guacamaya como símbolo de la palabra, la libertad y la multiculturalidad, y que tuvo como primera tarea seguir organizando la Semana por la Paz, de las cuáles se celebró este año la número treinta y seis.

Con Redepaz y estrenando constitución, se promovieron iniciativas como el mandato de niños y niñas por la paz de 1996, a través del cual cerca de tres millones de niñas y niños se expresaron en las urnas por la paz y sus derechos, el mandato ciudadano por la paz de 1997, ejercicio de participación ciudadana directa mediante el cual más de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas, se comprometieron a ser constructores y constructoras de paz y exigieron la solución pacífica del conflicto armado, la primera asamblea permanente de la sociedad civil por la paz en 1998 promovida por la USO, que convocó a amplios y diversos sectores sociales y políticos para trabajar por la paz, la comisión de conciliación nacional, las marchas del No Más. Los mandatos fueron el preámbulo de los diálogos en el Caguán con las FARC y los diálogos en Puerta de Cielo-Alemania, con el ELN.

Igualmente este mandato significó a partir a finales del siglo pasado y en las dos últimas décadas del presente siglo, el surgimiento de las Asambleas Territoriales Constituyentes de las cuáles se alcanzaron a instalar doscientos procesos municipales y tres departamentales, las Mesas de Trabajo por la Paz, los encuentros, alianzas, movimiento y redes de mujeres constructoras de paz, la cumbre de Paz y País, Paz Colombia en respuesta a la propuesta militarista del Plan Colombia, los diálogos pastorales, los territorios de paz, los territorios en resistencia, las guardias indígenas, las mingas sociales, las caravanas, espacios y refugios humanitarios, los diálogos improbables, los conciertos por la Paz, los programas de desarrollo y paz con la Redprodepaz, las consultas y mandatos territoriales, procesos como el llamado París-Londres-Cartagena, la iniciativa de Cien Municipios de Paz y Cien Municipios de Participación Ciudadana para la paz, entre otros de gran impacto nacional e internacional.

Redepaz en alianza con otras organizaciones sociales y no gubernamentales ha promovido el surgimiento de movimientos y expresiones territoriales de paz y reconciliación como el Movimiento Madres por la Vida, las madres de la Candelaria en Medellín, Narrar para Vivir en Montes de María, las mesas territoriales de víctimas por la Verdad y la Reconciliación, el movimiento de víctimas reclamantes de tierra-Tierra y Vida, las guardias campesinas y cimarronas, las redes de autocuidado y autoprotección, el Refugio Humanitario Por la Vida, la Mesa Social por la paz y recientemente la Mesa Nacional de Interlocución social para la Paz- MENISP, entre muchos otros procesos, iniciativas y organizaciones, que han marcado la agenda, y las múltiples propuestas y abordajes que desde la ciudadanía se expresan y que han llevado poco a poco a que la Paz sea hoy, no solamente un imperativo ético, sino una decisión social y política.

Redepaz en coalición con organizaciones defensoras de derechos humanos y paz, y sectores políticos demócratas, promovió la Ley 387 de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia; la Ley 418 de 1997, hoy Ley 2272 de 2023, por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones; la Ley 434 de 1998, por la cual se crea el Consejo Nacional de Paz, se otorgan funciones y se dictan otras disposiciones; la Ley 975 de 1995, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios; la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones; entre otras normas, decretos, ordenanzas y acuerdos para favorecer la construcción de la paz.

A pesar de los esfuerzos motivados desde la noviolencia y la neutralidad activa, Redepaz y sus integrantes has sido víctimas del conflicto armado. Aproximadamente 30 personas han sido asesinadas por trabajar por la paz vinculados a esta organización, más de 200 personas han padecido el exilio, más de 400 han sido desplazadas internamente. Redepaz y algunos de sus integrantes has sido víctima de amenazas, estigmatización, señalamientos, chuzadas, falsos positivos judiciales y hasta de un plan orquestado por el Estado Colombiano, a través del extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, llamado Plan Risaralda, fue ejecutado buscando su desarticulación. Con la Ley 1448, la organización fue reconocida como Sujeto de Reparación Colectiva en 2014 por parte la Unidad de Atención Integral a las Víctimas – UARIV y posteriormente victimizada por esta misma institución, que luego de firmar el acta de paz y salvo que dio por finalizado el proceso de reparación, le demandó judicialmente exigiendo la devolución de un bien inmueble, que ya estaba en poder la misma institución, proceso que, a pesar de haberse conciliado, hoy sigue vigente con la nueva administración.

Hoy Redepaz está conformada por más de 200 organizaciones locales y procesos nacionales, mantiene firme su propósito original y la llama de la iniciativa ciudadana de la movilización noviolenta, buscando abrir espacios que le permitan a esta y todas las organizaciones que han trabajado por la paz, el reconocimiento y los apoyos necesarios, que hagan posible su labor autónoma y deliberante, sus aportes voluntarios y la construcción de una cultura de paz que haga posible el surgimiento de un ser humano nuevo, capaz de transformar las causas estructurales que originan el desarrollo violento de los conflictos y sus consecuencias.

Felicitaciones a todas las personas que día a día tejen la paz con mano ciudadana, a sus fundadores y fundadoras que hoy mantienen viva la llama de la paz, a todas las personas que sin descanso promueven el perdón y una sociedad reconciliada. Que la energía no se acabe y que, a pesar de todos los tropiezos, sigan creciendo y alimentando el espíritu de la democracia, la equidad, la justicia social y la vida.

Luis Emil Sanabria D.

Deudas de la política de paz total e integral

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Nov 20, 2023. Publicado en Opinión. No hay comentarios en Deudas de la política de paz total e integral

Ya va terminando el año y al parecer la implementación de algunas propuestas de gobierno, necesarias para complementar las acciones que permitirán la transformación compleja e integral del conflicto armado y de las violencias que alrededor de este orbitan o se derivan, siguen siendo aplazadas, lo que desincentiva que importantes sectores de la sociedad, se sientan convocados y entusiasmados con la construcción de la paz total e integral.

Comencemos por destacar, como lo expresé en la columna de opinión del 1° de octubre, la falta de compromiso de la instancia de gobierno responsable en convocar la renovación del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, que hace parte también de los acuerdos pactados con las FARC-Ep, su instalación oficial y la designación de responsabilidades claras en relación con su papel en el marco de los diálogos de paz. Sería bueno que el Gobierno Nacional evaluara con suficiente profundidad este mecanismo y decidiera realmente su presente o su futuro, de no ser así, lo más recomendable es avanzar en la derogatoria de la Ley 434 de 1997 y el decreto ley 885 de 2017, de tal forma que, cesen las expectativas de la sociedad en relación con su participación en estos escenarios.

Una de las primeras propuestas de la sociedad civil organizada que trabaja por la paz en nuestro país, encaminada a desarrollar una cultura de paz, es la Ley 18 de 1990. Esta Ley, olvidada por casi todos los gobiernos bajo presión seguramente de las grandes cadenas de almacenes y los importadores legales e ilegales de juguetes, prohíbe expresamente la fabricación, importación, distribución, venta y uso de juguetes bélicos en el territorio nacional. Esta iniciativa debería ser parte fundamental de la pedagogía y la sensibilización alrededor de la convivencia y de la estrategia para lograr la paz total e integral, más aún, si se tiene en cuenta que vivimos en un escenario de permanente violencia y confrontación que naturaliza los asesinatos y las masacres, y en donde las niñas y los niños son constantemente asediados con mensajes de violencia armada.

La Ley 18 de 1990, considera claramente como juguetes bélicos, todos aquellos objetos y réplicas que imiten cualquier clase de armas de fuego, sean cortas, largas, arrojadoras o arrojadizas, de puño o de corte o de asta, y de guerra, tanques, aviones de combate o barcos armados utilizados por las fuerzas armadas, la policía y los organismos de seguridad del Estado. La ley también prohíbe los videojuegos, so pena de sanciones monetarias o prisión de hasta cinco años. Sin embargo, como ya lo estamos viendo en calles, almacenes de cadena y San Andresitos, los anaqueles se están llenando de este tipo de juguetes, sin que la autoridad competente, en este caso la superintendencia de industria y comercio y las entidades responsables de la política oficial de paz, hagan algo al respecto.

En relación con la Ley 2272 de 2022 que llenó de optimismo a las organizaciones de la sociedad civil, pues esta incluye algunas de las iniciativas y propuestas que se vienen ambientando desde hace décadas, es necesario precisar, que si bien en correspondencia con los diálogos de paz, el Gobierno Nacional ha realizado importantes esfuerzos y las mesas establecidas siguen avanzando -aunque con las dificultades propias de estos procesos-, algunos componentes importantes de la Ley siguen sin desarrollarse.

Ojalá entre en ejecución en los primeros meses de 2024, el programa de servicio social para la paz, que hará posible que una importante cantidad de jóvenes tengan opciones diferentes al servicio militar, para aportar a la sociedad y que, de ser bien aplicado, pueda hacer emerger una generación de paz que ayude a construir un país decente y democrático. Muchas organizaciones sociales recibirían con los brazos abiertos a las y los jóvenes de este programa para que, desarrollen la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos, la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ayudar en la protección de la naturaleza, la biodiversidad, las fuentes hídricas, los ecosistemas estratégicos, la riqueza ambiental y forestal del país, promover la paz étnico-territorial, respetando el derecho de autodeterminación, la autonomía, usos y costumbres de las comunidades étnicas, entre otras actividades.

Otro componente de la Ley de Paz, que esperamos sea implementado con mucha creatividad, involucrando a los gobiernos locales que se estrenarán el 1 de enero, es el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, mediante el cual se espera que toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de manera voluntaria, entregue al Departamento de Control y Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) o a quien el Ministerio de Defensa delegue, armas de fuego fabricadas, hechizas, artesanales, legales o irregulares, de uso privativo de la fuerza pública o traficadas, así como sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, con independencia del estado de conservación que tengan. Hay que comenzar a sacar de circulación, los aproximadamente cinco millones de armas de fuego ilegales y sus municiones que, están en poder de civiles.

Seguramente un programa de esta naturaleza, como se ha demostrado en otras oportunidades, hará disminuir las tasas de violencia urbana, de violencia intrafamiliar, de violencia contra las mujeres, los niños y las niñas. Las administraciones locales, tendrán que ser convocadas para servir de aliados fundamentales en esta titánica labor que complementada con campañas de cultura ciudadana que hagan énfasis en los deberes, los derechos, los valores, la convivencia y la reconciliación, harán germinar mejores relaciones de convivencia y procesos de reconciliación. No hay claridad acerca de quien o quienes liderarán el programa o las campañas tendientes a instalar en el imaginario colectivo, la Cultura de Paz y Noviolencia, que motive en las grandes mayorías, a través de acciones pedagógicas, comunicativas, artísticas, simbólicas y de movilización, el compromiso ciudadano con la paz y el respaldo a las transformaciones de las causas estructurales y las consecuencias que motivan y retroalimentan la violencia social y política armada.

Otro esfuerzo muy importante, será garantizar en los Planes de Desarrollo Territoriales, que se deberán aprobar en los primeros meses del próximo año, un componente de Paz que refleje como lo ordena la Ley 2272, el compromiso de los gobiernos locales con el Plan Nacional de Desarrollo. Será una ambiciosa tarea, armonizar el Plan Nacional de Desarrollo, la ley 2272 de 2022 y los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales, de allí la importancia de que la sociedad civil se involucre con su incidencia, garantizando no solamente la inclusión de programas, sino también los recursos para financiar o cofinanciar iniciativas. Sería bueno que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, destaque un importante equipo profesional para asesorar este proceso.

Finalmente, y no menos importante, está la deuda que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República tienen, en relación con la llamada Ley de Sometimiento a la Justicia, para facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley y las organizaciones criminales de alto impacto, conforme se definió en la Ley 2272 de 2022 y terceros relacionados con actividad de la organización. Este marco jurídico es de extrema importancia, si se quiere continuar de forma ágil en los diálogos con estos grupos armados, involucrar a otras bandas delincuenciales como el llamado Clan del Golfo, e intentar clausurar el abordaje complejo de la transformación de un conflicto armado que ya arriba a los sesenta años, generando muerte y dolor.

Luis Emil Sanabria D.