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Etiqueta: Luis Emil Sanabria

De Constituyente y constituyentes

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión.

Muy a pesar de las bondades democráticas y en materia de reconocimiento de derechos que consagró la constitución de 1991, hemos asistido en las últimas décadas a una severa profundización de la crisis de legitimidad del Estado, a una crisis económica y social sin precedentes, a la profundización del conflicto armado interno y su degradación humanitaria, lo cual ha obligado a los ciudadanos  y ciudadanas, en diferentes momentos de nuestra historia reciente, a generar iniciativas y a redoblar los esfuerzos tendientes a forjar los cambios necesarios desde el constituyente primario, que permitan a corto, mediano y largo plazo, un presente y un futuro mas halagüeño y menos escéptico para el conjunto de los colombianos y las colombianas.

Luego del Mandato Ciudadano Por la Paz, la Vida y la Libertad de 1997, comenzaron a surgir, en diferentes municipios y poblaciones del país, ejercicios de soberanía popular y de participación ciudadana. Redepaz y otras organizaciones sociales de base, lograron desatar un importante plan pedagógico y organizativo, cuyo centro de acción recuperaba elementos de la escuela nueva, basados en métodos que rescataron el arte y la creatividad, para, desde el fortalecimiento de la sensibilidad, hacer posible la emergencia de conceptos que promovieran el poder constituyente del pueblo, mediante las llamadas Asambleas Territoriales Constituyentes.

 

La democracia directa contemplada en el artículo 3º de la CPN, en correspondencia con el anhelo de la constituyente de 1991 de implementar la democracia participativa, la descentralización y la modernización de la gestión pública, ha sido, mediante leyes y decretos, tecnocratizada, sobrerregulada, burocratizada, limitando su alcance y reduciéndola exclusiva y excluyentemente a un mero ejercicio de consulta, de enajenación del poder soberano, mientras paralelamente se fortalece la democracia representativa y se reproducen los vicios de corrupción, clientelismo, sectarismo, empobrecimiento, afianzando practicas excluyentes, autoritarias, y centralistas, que unidas a políticas económicas, perpetúan las condiciones que dieron origen a la confrontación armada interna y pretenden imposibilitar la experimentación del camino de la solución política a la misma.

Dichas medidas políticas, han atrofiado y limitado el ejercicio participante del constituyente primario, obligando al ciudadano y a la sociedad colombiana, en el marco de la Constitución Política Nacional, a crear nuevos espacios de participación y soberanía popular, capaces de transformar su realidad, señalando el camino hacia el desarrollo y el crecimiento humano para el cambio social, político y económico que, nos permita conquistar una sociedad democrática, pluralista y tolerante, para una paz duradera y estable.

Como desarrollo de las iniciativas ciudadanas de territorialidad para la paz y ante los graves problemas de violencia, desarrollo, gobernabilidad y legitimidad del Estado, en el entendido de que los mecanismos de participación ciudadana, han sido insuficientes para superar las situaciones planteadas, surgieron y desaparecieron -producto de la persecución política-, a finales del siglo pasado y comienzos del presente, las llamadas Asambleas Municipales Constituyentes, de las cuales destacamos los procesos de Mogotes en Santander (primer premio nacional de paz), Tarso y los Municipios del Oriente en Antioquia, las Asambleas Departamentales Constituyentes de Tolima, Antioquia y Nariño, los procesos de Tarqui, La Argentina en el Huila, los procesos en Tiquisio y Micohaumado en Bolívar, y los ejercicios de participación en Nariño, entre más de doscientos procesos identificados. Estas Asambleas, desatadas desde la iniciativa de la sociedad civil, con al acompañamiento de algunos gobiernos locales, y aprendiendo de dinámicas como la Asamblea Popular del Catatumbo y el Proceso de Territorialidad para la Paz de la India en Santander, lograron impregnar de dignidad y optimismo a importantes capas de la sociedad local.

El presidente Gustavo Petro Urrego ha puesto nuevamente en la agenda del debate político, el tema constituyente, y ha defendido la urgencia de recurrir al pueblo como legítimo soberano, para que, a través de procesos asamblearios, se identifiquen soluciones a las problemáticas estructurales que afectan la sociedad y la gobernabilidad. A mi modo de ver, en esta propuesta, que no surgirá solo con el entusiasmo del Jefe de Estado, deberán concurrir todas las instancias de gobierno y de Estado, si realmente se quiere avanzar progresivamente, de tal forma que se logre establecer un proceso para las transformaciones que exige la paz, la equidad y la justicia social. Un proceso que exige establecer un ambicioso plan pedagógico basado en los derechos y los deberes, con el fin de hacer posible la emergencia de ciudadanías informadas y propositivas (Ciudadanías Libres), capaces de desatar en cada espacio social o territorial, un proceso de carácter asambleario permanente, que haga uso del poder de decisión para construir planes de vida a largo plazo, decidir sobre su presupuesto y proteger sus recursos naturales. Finalmente, y acorde a la política de Paz Total e Integral, declarar la territorialidad para la paz, exigiendo a los grupos armados, el cese de actividades violentas y delictivas.

Este proceso, así planteado y vivido, podrá o no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, utilizando los canales que contempla la Constitución y la Ley. Una ANC surgida, promovida, reglamentada y establecida, con el ánimo de hacer de esta, un escenario amplio, incluyente, participativo, capaz de construir un Pacto Social, amparados en el espíritu democrático de la Constitución Política Nacional, ampliando sus alcances y desarrollando el Estado Social de Derecho. Colombia necesita, a propósito de las mesas de diálogo con los actores armados y el alto grado de polarización promovido por la oposición al gobierno del cambio, la presencia constante del constituyente primario en el control social y político del ejercicio de lo público, para hacer práctica la relación Individuo-Sociedad-Estado, y generar una nueva forma de asumir la ciudadanía, cuya eficacia depende de la posibilidad de decidir, interpelar, controlar, incidir y transformar la realidad de su espacio territorial.

Un proceso para relegitimar al Estado y hacer de este, un ente coordinador de la sociedad en la construcción de pactos, consensos y objetivos comunes justos, democráticos, equitativos, solidarios y pacíficos. Un proceso soberano para el respeto a la vida, que interpela la confrontación armada, la conmina a desaparecer y se impone desde la noviolencia. Un proceso que trasciendala democracia representativa, y avance, por el camino de la interiorización cultural de nuevas practicas ciudadanas, con deberes y derechos, un proceso de resignificación y dignificación del ser humano, de recuperación de la memoria histórica individual y colectiva, y de rompimiento con viejas estructuras injustas, prácticas sociales y políticas excluyentes, capaz de potenciar y redefinir la organización social.

Los ejercicios constituyentes, deberán ser, por excelencia, espacios de inclusión para amplios sectores sociales que no han podido acceder al goce pleno de sus derechos, espacios de toma de decisiones para las soluciones a sus graves problemas. Ejercicios que requieren avanzar hacia el reconocimiento político pleno en lo local y nacional, sin renunciar a su vocación soberana constituyente para la paz y la reconciliación nacional.

Luis Emil Sanabria

El legado de Simón Bolívar que nos pone en aprietos

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en General, Opinión. No hay comentarios en El legado de Simón Bolívar que nos pone en aprietos

El municipio de Marmato, en Caldas, ha sido de vital importancia para la explotación de oro desde que los conquistadores españoles a mediados del siglo XVI, comenzaron su extracción, llevados allí por los indígenas Cartama. El imperio español finalizó la explotación de oro, a comienzos del XIX, luego de la gesta liderada por Simón Bolívar, quien, con el fin de garantizar el cubrimiento de los empréstitos hechos a Inglaterra para financiar la guerra de independencia, entregó de por vida a la Casa Goldschmidt, varias hectáreas del territorio nacional, en donde, entre otros, se ubicaban las minas de Marmato y Supía (Caldas). En otras palabras, la soberanía de esas porciones de tierra (suelo y subsuelo), fue dadas en forma de pago.

A comienzos del siglo XX, finalizando la Guerra de los Mil Días, el presidente colombiano Rafael Reyes Prieto, trasladó a su copartidario, el general Alfredo Vázquez Cobo los títulos de propiedad sobre los yacimientos, que este, poco después, traspasó a la compañía Western Sindicate Limited, y ésta, a su vez, los transfirió a la Colombian Mining Exploration Co. En 1936, el Gobierno Nacional tomó la decisión de arrendar el emporio minero a empresas nacionales; sin embargo, durante todo este tiempo, de forma constante y al margen de la explotación de las empresas mineras extranjeras, las comunidades continuaron realizando la explotación del mineral para garantizar su subsistencia, de modo tal, que la economía de la región fue impulsada principalmente por la minería artesanal.

 

En 1946, se expidió la Ley 66, que dividió las zonas de explotación en Marmato en una zona alta, reservada a la pequeña minería, y una zona baja, dedicada a la mediana. En 1954, por Decreto legislativo 2223, se mantuvo la zona alta para la pequeña y la mediana, pero la zona baja se reservó para la minería empresarial. En 1969 se expide la Ley 20, que nacionaliza el subsuelo, pero excluye los derechos adquiridos desde la época de la independencia, frente a yacimientos descubiertos y que hayan sido debidamente adquiridos, como lo fue en el caso de varios sectores de Marmato, dándoles el carácter de propiedad privada con todas sus implicaciones jurídicas.

En 1970, bajo el régimen de Registro de Propiedad Privada (RPP-0357), se determinó que la administración de la zona alta corriera por cuenta de la Empresa Colombiana de Minas (Ecominas), que se transformó después en Minerales de Colombia S. A. (Mineralco) y que sería sustituida más tarde por la Empresa Nacional Minera Ltda. (Minercol). En 1990, Mineralco abandonó las plantas y los molinos Cien Pesos, Santa Cruz y El Colombiano, ubicados en la zona alta de Marmato, y la empresa Mineros de Caldas S. A. adquirió alrededor de 80 minas que clausuró poco tiempo después, esto ocasionó la pérdida del empleo de más de 800 obreros provenientes principalmente de Marmato y los municipios aledaños. Debido a esto, muchos de los mineros, obreros y funcionarios generales de la empresa minera, al estar desempleados, comenzaron con la explotación artesanal y pacífica de estas minas clausuradas y abandonadas de manera artesanal, y construyeron sus casa y hogares alrededor de las bocaminas. 

Desde entonces la comunidad ha tenido posesión pacífica en la vereda Echandía, promoviendo progreso y desarrollo a través de la generación de empleos, la construcción de colegios y carreteras. Sin embargo, esto implicó el inicio de una serie de conflictos entre la comunidad y las empresas. Mineros de Caldas vendió sus derechos a la Colombian Goldfields, y ésta, a su vez, los negoció con la Medoro Resources, una de las más grandes compañías auríferas del mundo, empresa canadiense cuyos capitales llegan hasta el gigante energético Pacific Rubiales, posteriormente la razón social de la empresa se transformó en Croesus y finalmente, luego de procesos de adquisición, la zona es explotada por la empresa Aris Mining, multinacional que explota otros yacimientos de oro en Colombia.

Desde los tiempos de explotación por Croesus, las empresas han buscado trasladar a la población del municipio hacia un sector llamado El Llano, alegando la necesidad de abrir el cerro de arriba abajo para facilitar la explotación, incluso a cielo abierto. Este proceso implica comprar y/o compensar, o desconocer los derechos de propietarios y poseedores, lo que ha generado tensiones y resistencia por parte de la comunidad. El conflicto llevó a eventos dramáticos, como la protesta general de la comunidad en 2010 y la trágica muerte del cura párroco José Reinel Restrepo, en extrañas circunstancias, quien públicamente expresó su resistencia a la expulsión de la comunidad del territorio a través de la no violencia. Desde entonces La situación se ha mantenido tensa, reflejando la profunda preocupación de la comunidad por la preservación de su territorio y modos de vida.

En el año 2011, la empresa Croesus ofreció compensaciones para realizar el traslado de toda la población, como, por ejemplo, la creación de un museo e infraestructura, pero la comunidad rechazó estas propuestas; con la comunidad de la zona alta, en la vereda Echandía, quienes son propietarios o poseedores legítimos y generadores de desarrollo, también se adelantaron acuerdos de compensación con el fin de que abandonaran la actividad minera y permitieran la explotación por parte de la compañía. Dichos acuerdos suscritos, fueron incumplidos por parte de la multinacional sin una justa causa.

En los últimos años, la población ha manifestado reiteradamente, la necesidad de una consulta previa con las comunidades étnicas, pero se ha ignorado su clamor en favor de los intereses de las empresas multinacionales, quienes, han sostenido que la tradición minera de la región y la falta de reconocimiento legal de consejos comunitarios y asociaciones mineras, justifican la explotación. Así las cosas, la comunidad de Echandía continuó con la explotación normal del subsuelo, que recordemos no es de propiedad del Estado, generando empleo para la comunidad y procurando el desarrollo del territorio.

La comunidad exige el cumplimiento de estos acuerdos previamente pactados, como una cuestión de justicia, reconocimiento de sus derechos y contribuciones históricas. Teniendo en cuenta la Ley 20 de 1969 que nacionalizó el subsuelo, pero excluyó los derechos adquiridos en yacimientos descubiertos y debidamente adquiridos, la comunidad de Marmato solicita la adjudicación formal de porciones de propiedad privada, esta petición se basa en el reconocimiento legal de sus derechos adquiridos, tanto por la prescripción adquisitiva de dominio como por, la posesión pacífica y el desarrollo histórico de la región a través de la minería artesanal. Las y los marmateños exigen el reconocimiento y respeto de sus derechos históricos y culturales, esto incluye la preservación de su modo de vida, sus prácticas culturales y tradiciones mineras que se han desarrollado a lo largo de siglos, y la participación activa, significativa, libre e informada sobre cualquier proyecto o iniciativa que pueda impactar su región, y en las decisiones que afectan su territorio y modo de vida. Por último, la comunidad aboga por medidas que aseguren un desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente en Marmato, reconociendo el impacto ambiental de la minería, pero buscando salvaguardar los recursos naturales y el ecosistema del cual dependen para su subsistencia.

Luis Emil Sanabria Durán

La Paz dialogada avanzará si todos y todas la rodeamos

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en La Paz dialogada avanzará si todos y todas la rodeamos

El proceso de conversaciones entre el Gobierno Nacional y e E.L.N. sigue su camino, a pesar de las adversidades y de los esfuerzos fallidos de quienes, desde las trincheras políticas y sociales, hacen todos los esfuerzos para que estos diálogos fracasen y nuestra sociedad, en especial los más empobrecidos y excluidos, vean nuevamente truncado sus anhelos de paz territorial y nacional.

El Comité Nacional de Participación- CNP, instancia conformada mediante acuerdo de la mesa de conversaciones, sesionó esta semana en la ciudad de Bogotá. Durante dos días, casi 80 delegados y delegadas de más de 30 sectores sociales y económicos, bajo la coordinación de la comisión de diálogo del Gobierno, encabezada por la Sra. Vera Grabe y el Senador Iván Cepeda, y la gestoría de paz del ELN, dirigida por el Sr. Juan Carlos Cuellar, intercambiamos opiniones e ideas, y asumimos compromisos para elaborar un mecanismo expedito de participación social, que aporte a la transformación de los conflictos y causas que alimentan la confrontación armada.

 

La jornada transcurrió de forma fluida y amena, pero como es apenas previsible, se generaron interrogantes en relación con el hecho de que aún las conversaciones de la Mesa de Diálogo siguen suspendidas, razón por la cual la delegación del ELN no estuvo presente en este evento. También, se escucharon diversas opiniones, frente a los alcances políticos del CNP, y otras consideraciones relacionadas directamente con los compromisos pactados, tales como el cese al fuego bilateral y en relación con la confrontación que el ELN mantiene con otros grupos armados. Tampoco se hicieron esperar las exigencias, tanto a la organización guerrillera como al Gobierno Nacional, sobre las garantías a la vida y a la participación de líderes, lideresas sociales y de las personas que integran el Comité Nacional de Participación.

Dos días de un fructífero intercambio de opiniones y de propuestas, en donde, además de la excelente disposición de las partes que coordinan el Comité, se hizo evidente la determinación y los aportes de las y los delegados de los diferentes sectores, siendo destacado el papel de las mujeres, no solo en cantidad, sino indiscutiblemente, en la calidad de sus aportes. Lamentablemente la delegación de los pueblos indígenas no se hizo presente, lo que privó a la sociedad colombiana y a la deliberación sincera y constructiva que se dio, del punto de vista, la experiencia y las consideraciones del los pueblos ancestrales; ojalá, las organizaciones indígenas valoren este espacio, que seguramente no elaborará una propuesta para ser acogida o sobrepuesta a las tradiciones indígenas, pero  que sí requiere de su palabra y su sabiduría, para construir una ruta que haga posible la reconciliación nacional.

Indiscutiblemente, la sociedad colombiana, el Gobierno Nacional y el ELN, deben valorar positivamente este esfuerzo por avanzar en la construcción de una propuesta, lo suficientemente amplia e incluyente que permita la participación del más copioso torrente de colombianas y colombianos, capaz de hacer posible un acuerdo que beneficie preferiblemente a los más excluidos y violentados, una propuesta tan generosa y atractiva, que se convierta en un laboratorio de experimentación social, de lo que pudiera ser, el embrión de una reforma política que, equilibre el poder y la soberanía del pueblo expresado a través de la democracia directa, con la democracia representativa, haciendo posible, como lo expresa el artículo 3º de la Constitución, el sueño de contar con una verdadera democracia participativa.

El CNP definió los lineamientos que guiarán la propuesta de participación y retomó la construcción de un cronograma de convocatorias a los pre-encuentros ciudadanos zonales, y a los encuentros sectoriales y territoriales, buscando concitar el interés de líderes y lideresas de todas las expresiones sociales, y buscando su participación efectiva. Estos pre-encuentros y encuentros, finalizarán con un gran encuentro nacional a finales de mayo de este año, en donde, se revisará y aprobará el documento central que guiará la convocatoria y la participación social, en todo el país, de todos los sectores, para construir soluciones al conflicto armado, sus causas y consecuencias

La idea es que con una metodología consensuada y construida participativamente, nos sintamos convocados y partícipes, a elaborar las propuestas y a tomar las decisiones que hagan posible, la construcción de un documento en donde se expresen las transformaciones que, a corto, mediano y largo plazo, se deben implementar para superar las causas y consecuencias de la confrontación armada. Las y los colombianos, tendremos la oportunidad, por diferentes medios y en diversos espacios, de proponer soluciones, de intercambiar opiniones y de consensuar los acuerdos que serán entregados a la mesa de diálogo y que deberán convertirse en el eje central alrededor del cual gire el acuerdo de paz que nos lleve al fin de la confrontación armada entre el Estado y esta organización guerrillera.

Un gran reto para el Comité Nacional de Participación, que seguramente sabrá asumir, lo mismo que para el Gobierno, el ELN, y en especial para la sociedad colombiana, pues no se trata solo de lograr un acuerdo entre dos partes antagónicas sentadas en una mesa de diálogo, lo que de por si es bastante complejo e importante, sino especialmente, conquistar el respaldo, el reconocimiento y el apoyo de la mayoría de colombianos y colombianas, quienes finalmente serán las y los beneficiarios de la paz, y los encargados de velar por el cumplimiento de lo acordado, así como de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, y empeñarse para que, los y las futuras excombatientes, cuenten con las salvaguardias necesarias a la vida, la dignidad, la libre expresión y organización.

Todo este andamiaje de participación, repleto de innovaciones y compromisos, seguramente nos llevará a finales del 2025, a la firma de un acuerdo de paz con esta guerrilla que, desde ya, debe estar pensando en cómo seguir el proceso de desescalamiento de la confrontación armada, cómo aclimatar la paz en las regiones en donde tienen su mayor influencia militar, política y social, y como abocarse a abandonar definitivamente el uso de la violencia armada.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos, es claro que la paz de Colombia no solo se logra con un acuerdo entre el Gobierno Nacional y ELN, es también necesario y urgente seguir insistiendo y exigiendo que los demás grupos armados, como las llamadas FARC-Estado Mayor, FARC-Segunda Marquetalia, se mantengan en el proceso de diálogos para la paz, respeten a la población civil, cumplan el compromiso del cese al fuego y suspendan todos los ataques a las comunidades, y que el Clan del Golfo y otros grupos armados herederos del paramilitarismo, se sienten a dialogar con el Gobierno Nacional, sin más dilaciones, para que la Paz y la Reconciliación se logren, con la urgencia y la necesidad que el pueblo lo exige.

Luis Emil Sanabria D.

¿Es viable aplicar Ley de Punto Final como lo propone Salvatore Mancuso?: Análisis de Daniel Briceño y Luis Emil Sanabria

Escrito por Oscar Sevillano en . Publicado en Lo + Confidencial, Nación, Portada. No hay comentarios en ¿Es viable aplicar Ley de Punto Final como lo propone Salvatore Mancuso?: Análisis de Daniel Briceño y Luis Emil Sanabria

El concejal, Daniel Briceño y el analista político, Luis Emil Sanabria analizan lo que significa para Colombia la gestión de paz que podría cumplir el exparamilitar, Salvatore Mancuso, y que tan viable es su propuesta de aplicar un Punto Final.

Seguridad y convivencia urbanas, tareas inaplazables

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en Seguridad y convivencia urbanas, tareas inaplazables

Estas últimas semanas hemos sido sorprendidos por el aumento de los atracos a mano armada en Bogotá, y en otras ciudades como Cúcuta, Barranquilla, Cali y Medellín. Bandas de delincuentes comunes, que no son de cuello blanco, ingresan amenazantes, portando armas de fuego o de fogueo, a restaurantes y locales comerciales, para despojar de sus bienes, a ciudadanos atemorizados. En algunos de estos lamentables hechos, cuando el arma es de verdad, o cuando la policía o algún civil armado, no logra diferenciar un arma verdadera de una de juguete, ya que es casi imposible hacerlo, y menos en estado de alerta, de miedo o de desespero, ocurren enfrentamientos que pueden terminar en la muerte de una o varias de las personas atracadas, de agentes de policía, o de delincuentes.

Los hechos son grabados e inmediatamente difundidos, el pánico y la desesperanza van cundiendo a la sociedad, por la gravedad de los hechos ocurridos y por la forma en que se presentan las noticias. No es para menos, la sociedad se siente acorralada en su casa u oficina, y más aún, cuando, en la mayoría de las ciudades, el único esparcimiento, para muchos y muchas, es salir a compartir un almuerzo, una cena, o pasear en un centro comercial, ya que los parques, o han sido privatizados o han sido tomados por bandas dedicadas al tráfico de sustancias psicoactivas.

 

 Aunque, en relación con algunos de los delitos que más afectan a las y los habitantes de las ciudades, las cifras han disminuido, no en el porcentaje que quisiéramos o se necesita para elevar los niveles de crecimiento que, generen mejores ingresos para toda la sociedad, es necesario llamar la atención sobre el aumento por parte de las bandas criminales, de su nivel de efectividad, de coordinación para actuar y copar superficies de negocios y comunidades, así como de causar dolor y daño, lo que demostraría, un mejoramiento en su capacidad de inteligencia y de acceso a armas letales y municiones, algunas de ellas de uso privativos de las Fuerzas Armadas y de Policía.

Según la Agencia de Periodismo Investigativo (2023), delitos como el hurto a personas aumentó entre los años 2022 y 2023, lo mismo que el hurto a residencias, mientras otros delitos, como el hurto de vehículos (-3%), motocicletas (-1%), comercio (-26%), entidades financieras (-40%), piratería terrestre (-24%), presentaron reducción. Para la fundación Insight Crime, apoyándose en los informes del Ministerio de Defensa, el número de homicidios en 2023 se redujo en relación con el 2022, reportándose 13.432 casos, lo que indica una tasa de 25,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, levemente inferior al 2022 (26,1), ubicando a Colombia en el cuarto lugar, con la tasa de homicidios más alta de América Latina y el Caribe, que a su vez se ubica como una de las regiones más violentas del mundo.

Estas cifras que indican, disminución de algunos de los delitos que más afectan a las ciudades, no necesariamente señalan que, estas obedecen a planes estratégicamente elaborados y coordinados entre los gobiernos territoriales y el gobierno nacional, o a estrategias de instituciones como la Fiscalía General de la Nación, que como lo hemos indicado en otras oportunidades, es la mayor responsable, de que, los niveles de impunidad estén rondando el 95%, desalentando las labores de captura por parte de la policía, y el nivel de colaboración y denuncia de la ciudadanía. Los resultados, pueden deberse a comportamientos seguramente relacionados con otras políticas sociales, o a los acuerdos de cese al fuego en el marco de la de Paz Total, o en relación con las políticas de persecución del narcotráfico.

Lo peor que nos puede ocurrir, ante este panorama, es que propuestas apoyadas en estrategias exclusivamente represivas apegadas a la Ley, o en su defecto, que propendan por la implementación de modelos claramente violatorios de la Constitución en relación, por ejemplo, con el monopolio exclusivo de las armas por parte del Estado, y que han demostrado ser peores que la enfermedad, a la cual dicen atacar, adquieran mayor fuerza, frente a otras propuestas, un poco más elaboradas estratégicamente, apegadas a la Ley y al Estado Social de Derecho, pero menos efectivistas, en términos de la urgencia que exige, garantizar la vida, la honra y los bienes de todas y todos.

Se equivocan quienes insisten en armar a la ciudadanía, ya sea promocionando el porte y tenencia de armas de fuego y municiones de forma individual, o promoviendo la creación de estructuras armadas para brindar una supuesta seguridad en calles y parques, en lugar de dedicarse, aprovechando la obligación de construir los Planes de Desarrollo Territoriales, a elaborar estrategias civilistas que pongan al centro la vida y la lucha a corto, mediano y largo plazo, contra las causas estructurales que originan el fenómeno de la delincuencia, las cuales, combinadas con alianzas estratégicas que involucren holísticamente a la ciudadanía, a la policía, a los gobiernos y a las instituciones del Estado, pueden dar resultados sustentables.

Ante la grave crisis de violencia que afecta a las ciudades, y como parte de la solución, se debe fortalecer a la policía, aumentando el número de agentes y de oficiales, mejorando el uso de tecnología de la informática y las comunicaciones, y la capacidad de inteligencia e investigación, sin olvidar que su formación no debe tomarse a la ligera (como actualmente ocurre), de tal forma que, se mejore su preparación en términos del uso de autoridad y entrenamiento para responder al delito, su capacidad de actuar como agentes conciliadores que ayudan a la transformación pacífica de conflictos cotidianos, como responsables de velar por los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos de los niños, niñas y adolescente, los derechos de la población LGBTIQ+ y de los pueblos indígenas, entre otros, y su asesoría y conducción frente a los deberes ciudadanos.

Con la ciudadanía se debe hacer lo propio, fortaleciendo las capacidades de los comités de convivencia de las Juntas de Acción Comunal y los Consejos de Propiedad Horizontal, rescatando y fortaleciendo los comités de Derechos Humanos, fortaleciendo las iniciativas ciudadanas de paz, convocando y fortaleciendo los Consejos Territoriales de Paz, mejorando la cobertura y la calidad en la educación, implementando las cátedras de paz, de historia, de valores ciudadanos, de convivencia en la escuela, y promoviendo programas y estrategias para superar la indigencia, la pobreza, la desigualdad y el hambre. Hay que poner a funcionar la Ley 2272 de 2022, en relación con la promoción de la Cultura de Paz, de desarme ciudadano y de convivencia ciudadana. Recordemos que más de 4.000.000 de armas y de cartuchos, están en poder de civiles.

No es promoviendo estructuras paramilitares o parapoliciales, no es armado irresponsablemente a la ciudadanía y fracturando el monopolio del uso de las armas por parte del Estado, no es deslegitimando o debilitando la institución Policial,  como vamos a superar los altos índices de violencia societal, es con programas apegados a la Constitución y la Ley, buscando desarticular la delincuencia, aplicar justicia, y a mediano y largo plazo, superar las causas estructurales, incluidas la corrupción y el narcotráfico, que alimentan el crecimiento de las bandas delincuenciales, como lograremos superar esta calamitosa situación.

Luis Emil Sanabria D.

Descongelar para avanzar

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en Descongelar para avanzar

Cuando apenas estábamos recomponiendo el ánimo, y la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN superaba las dificultades que llevaron, a afínales de 2023, a la suspensión temporal de los diálogos y de todos los mecanismos establecidos en los acuerdos, y nos disponíamos a retomar los encuentros para la construcción del Mecanismos de Participación de la sociedad en el proceso de paz, encargado al Comité Nacional de Participación,  y se percibía en el ambiente un mejor ánimo luego de que esta organización anunciara el fin del secuestro extorsivo, ligado a la temporalidad del cese al fuego bilateral, y algunas personas estén recobrando su libertad, nuevamente nos sorprende un momento de crisis, esta vez decretada por el Comando Central del ELN, quien, congela su participación en la mesa de diálogo y  llama a consulta a su delegación.

La delegación de diálogo del Gobierno de Colombia respondió manifestando su plena disposición en avanzar en el desarrollo de los compromisos pactados, determinando que la responsabilidad de lo que estaba sucediendo a raíz de la decisión unilateral elena, solo le correspondía a esa guerrilla, señalándola de generar una crisis innecesaria, llamando a valorar lo avanzado en el proceso, los compromisos cumplidos por el gobierno, sus propios esfuerzos en función de la paz, sin reconocer un mínimo de corresponsabilidad en el asunto que motivó la posición unilateral de la guerrilla.

 

También algunos líderes de opinión y analistas de paz, entregaron sus valoraciones, algunas más argumentadas que otras, tratando de que sus discernimientos ayudaran de alguna forma a superar la crisis, que todos esperamos sea temporal, corta y productiva, propia de los procesos de diálogos que buscan superar conflictos de tantos años de antigüedad; por supuesto, también se alzaron la voces estridentes y retadoras, de quienes, bajo argumentos que colindan con ideologías guerreristas, se oponen a la solución política, pacífica y negociada del conflicto armado, montando bajo el amplificador de algunos periodistas, una serie de relatos que buscan justificar sus llamados a revivir fracasadas propuestas violentas.

Las crisis se dan, algunas son inevitables, otras se pueden prevenir y otras, una vez se hacen evidentes, hay que remediarlas a profundidad, no negarlas, esconderlas o condenarlas, hay que tratarlas buscando con el apoyo de agentes externos, si es necesario, la mejor forma de superarlas, convirtiendo las dificultades en soluciones concretas en beneficio, no de una u otra de las partes, sino de quienes sienten con más dolor y crudeza, los efectos de la confrontación, en este caso, la población colombiana, en todas sus expresiones sociales, políticas y económicas.

El ELN, seguramente está analizando la situación, haciendo uso de una tradición que dicen tener, y que privilegia la consulta, la participación con poder de decisión, y la coordinación, para la construcción de consensos y la toma de decisiones, esa misma tradición que reivindican, debe ser eje fundamental del proceso de paz, al menos el que con ellos se adelanta, y que hoy le pasa factura desde las regiones. El pueblo de Nariño, así como en otras regiones del país, exige diálogos participativos con poder de decisión, para superar las causas que generan los conflictos violentos que les afectan, y en esta justa reivindicación presionan, a pesar de los asesinatos, las masacres, los confinamientos y desplazamientos, la estigmatización y la extorsión de que son víctimas, a todos los actores armados y políticos de su región.

La gente está en medio del fuego cruzado entre los diferentes grupos armados, incluido el ELN, la gente está viendo como sus líderes y lideresas están siendo asesinados, o desplazados, por todos los actores armados que irrumpen en su territorio, desconociendo la autoridad y la autonomía de los pueblos étnicos. Los gremios siguen siendo objeto de la extorsión y del secuestro, los niños, niñas y adolescentes siguen siendo reclutados. Los gobernantes locales, que deberán abocarse en estos primeros meses de gobierno a generar una amplia participación ciudadana para construir los Planes de Desarrollo Locales, no pueden esperar, para convocar y construir participativamente soluciones, a los tiempos que la mesa de diálogo impone. El pueblo habla, el pueblo manda, hay que descongelar para avanzar.

En ese sentido, el ELN debería estar dispuesto a reconocer el poder de decisión del pueblo, y aceptar, luego de un proceso amplio y deliberativo, los mandatos que ese pueblo al que pertenecen, les entregue, no solamente producto de un mecanismo construido en las instancias y mecanismo definidos en la mesa de diálogo a la cual concurren, sino también en otros procesos participativos de iniciativa popular y territorial. Debe reconocer esta insurgencia armada, que si bien en los acuerdos hasta ahora pactados, se señala el compromiso del Gobierno Nacional de no establecer diálogos por separado con frentes de esta guerrilla, lo que según ellos motivó la crisis, y que todo se tramite en la mesa nacional de diálogo, este acuerdo también obliga, a que de su parte, se mantenga y garantice la unidad de mando, y la representación de toda la fuerza del ELN en el proceso de diálogo, tanto las de carácter armado, como las militancias que se manifiestan, como ellos mismos lo han dicho, a través de expresiones sociales y políticas. 

Hay que reconocer, con todas las dificultades y señalamientos que se puedan tener, que esta guerrilla, sus estructuras de dirección, sus frentes, combatientes y militantes, están demostrado un buen nivel de unidad orgánica, no el óptimo, pero si el real, lo que no niega que existan diferencias internas, como ocurre en toda estructura política y social. A mi modo de ver, esta organización, por primera vez, está asumiendo el reto de plantearse el abandono definitivo de la lucha armada, como forma de expresar su intención de realizar transformaciones sociales, políticas y económicas, que en su concepto, generan o justifican el uso de la violencia militar y es posible que este nuevo reto, les convenza, pensando en el bien común de la paz, la justicia social, la democracia y la equidad, de avanzar con propuestas audaces que hagan posible que, la población recupere el optimismo en el proceso.

El gobierno por su parte, debería mejorar su nivel de respuesta interinstitucional, coordinada y decidida, tarea que no le corresponde a la delegación en la mesa de conversaciones, ni al Alto Comisionado para la Paz. Esta es una tarea implícita en el Plan Nacional de Desarrollo, que se respalda con la Ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total) y que no debe obedecer a los vaivenes de las mesas de diálogo, sino al compromiso y convencimiento de todas las entidades públicas tanto nacionales como departamentales y municipales. Lamentablemente, lo seguimos expresando, instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y algunos gobiernos locales, no están involucrados en el propósito nacional de la paz, y por el contrario se empeñan con algunas de sus acciones en sabotear lo construido. Falta un mayor compromiso de las instancias responsables en proteger y garantizar la vida de líderes, lideresas sociales y firmantes del acuerdo de paz, y de garantizar su permanencia en el territorio y el accionar de las organizaciones sociales, comunales, étnicas, políticas.

Ojalá el ELN, descongele pronto los diálogos, el Gobierno afine sus mecanismos de coordinación y la sociedad aumente sus acciones de participación y movilización, que deben ser respetados por todos los actores armados. La construcción de la Paz no debe sacrificar el anhelo de la participación y el diálogo social que, se debe desatar en todas las regiones del país y que harán posible la construcción de un gran acuerdo nacional.

Nota: Tun, tun…latiendo con más fuerza. Ya viene.

Luis Emil Sanabria Durán.

Vamos a hacer un duelo para defender la Vida

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en Vamos a hacer un duelo para defender la Vida

A lo largo de nuestros años hemos visto llegar a “la pelona” reclamando la experiencia construida, los sueños cumplidos o no, los últimos suspiros, las arrugas y las canas. De forma natural aparece y se lleva a seres queridos, cuya existencia ya termina, cuyos años ya no se pueden cumplir. Pero también, lamentablemente, seguimos asistiendo al espectáculo de la barbarie causado por quienes invitan a la muerte, la seducen, la engañan y la traen, alegando toda clase de tretas. Le cambian la natural guadaña que marca y se lleva los últimos segundos de la vejez, por un fusil, una pistola, una granada o una motosierra, para arrancar de raíz la alegría, la esperanza, el compromiso, los sueños de algún amigo, amiga, lideresa social o constructores de paz.

Asistimos a la repetición del dolor, a la danza macabra de la desaparición y la sevicia en un país en donde está prohibida la pena de muerte. Una sociedad que, en su gran mayoría, todavía se resiste a ponerle fin a la tristeza, que se niega a hacer los duelos colectivos que impongan el fin de la violencia y que, entre hipocresías y verdades a medias, ruega por el respeto a la vida, de un lado, y suplica la imposición de la violencia del otro. Una sociedad que, en muchos territorios reniega del narcotráfico, pero le gustan los privilegios que generan los dólares y el dinero lavado, que señala al ladrón de la esquina, pero guarda silencio ante la corrupción y el clientelismo de cuello blanco, que le gustan los privilegios que se obtienen cuando un familiar o un amigo accede a un gran negocio mal habido, aunque justificado con la tradicional frase “el que no las hace, las ve hacer”.

 

Tenemos que decidirnos, los que todavía guardamos la esperanza, que seguro somos muchas y muchos en esta tierra, en esta pequeña esquina del continente, los que se conciben y crían, personas con altas cualidades humanas, que sienten la necesidad de luchar por la defensa y el goce de la vida a plenitud, por la felicidad, el amor y la alegría. Quienes hacemos rápidamente los duelos, descansamos un poco, miramos al suelo, suspiramos, tomamos una gran bocanada de aire, reímos y seguimos, nos estamos convocando este martes 20 de febrero en diferentes rincones del país; quienes aún creemos, quienes todavía soñamos haremos un duelo colectivo, para levantar el ánimo y exigir el cese de los asesinatos de líderes, lideresas sociales y firmantes del acuerdo de paz, para que, quienes se empecinan en hacer del pueblo su enemigo, desistan de las masacres, las desapariciones, las amenazas, los secuestros, las extorsiones y toda clase de atropellos contra la dignidad humana.

Vamos a hacer un duelo colectivo, para disponernos con más compromiso, a celebrar y defender la vida de quienes, en medio de las balas, los señalamientos y la persecución, se levantan todos los días con el ánimo afligido pero intacto, de aquellas y aquellos ninguneados que, a pesar de las amenazas, convocan a sus vecinos, a sus compañeros de sueños, se reúnen, se movilizan, levantan su voz y su mirada, para que, las reivindicaciones y los derechos no sigan estando archivados en el rincón de la exclusión propiciada por las violencias.

Vamos a alzar la voz por Isidro que, desde el Sur de Bolívar, en medio de ciénagas, ríos, montañas y llanuras, con su maletín terciado, recorre pueblos y veredas, sembrando la luz de la organización social, campesina, comunal, de pescadores y mineros. Por el líder que propició el desminado de Micoahumao, la asamblea constituyente popular, la mesa por la paz, y muchos otros procesos, que hacen posible que la palabra y el sueño de la paz se mantenga en una región en donde los grupos armados insurgentes y herederos del paramilitarismo, no dan tregua a la población civil. Por ese líder amenazado, que deambula desprotegido por las calles y ríos, montado en una lancha, un ferri o una bicicleta, para que su arrojo y compromiso se mantengan intactos y su grito llegue hasta las oficinas de quienes tienen en sus manos la posibilidad de protegerlo y aún no lo hacen.

Alzaremos la voz por Marly, por su compromiso con las mujeres víctimas del conflicto armado. Solo basta con escucharla hablar en alguna de las muchas reuniones que se realizan desde la Fundación Mujer Popular del Nororiente Colombiano, para comprender que en su espíritu y su cuerpo anida el compromiso y el amor por el Catatumbo y su gente. Años de lucha y de alzar la voz ante la guerra que desangra la región, años de exigir la paz y los acuerdos humanitarios, años de trasegar y movilizarse. Gritaremos desde la plaza de Bolívar de Bogotá, para que lo escuchen en todo Colombia, que ya no queremos que a Marly se le siga señalando, estigmatizando, amenazando. El secuestro del que fue víctima hace apenas algunos días, no puede volver a ocurrir, en ella, está representada la valentía y la solidaridad de la mujer catatumbera, de la mujer campesina, de la mujer popular.

Fuerza, fuerza, seguiremos gritando con Yeison, mayor coordinador de las guardias cimarronas de Chocó, promotor y capacitador de Guardias Indígenas y Cimarronas en Risaralda, Chocó, Antioquia, Cauca, Valle y Bolívar, para que su piel negra brille e ilumine los caminos de la convivencia y la paz de sus comunidades. Aunque algunos grupos armados, prohíban su ingreso al Litoral del San Juan, al Baudó o a otras zonas, aunque las amenazas y la estigmatización, utilizadas para deslegitimar su compromiso, sigan siendo utilizadas en su contra, el bastón de la convivencia seguirá marcando el paso en su lucha por el territorio, la autonomía, la cultura y el gobierno propio.

Nuestra palabra decidida rodeará a Águeda, la valiente gobernadora del cabildo Vende Aguja de Tierralta (Córdoba), para que su clamor de justicia, respeto y paz, llegue a los oídos de aquellos hombres y mujeres que quieren seguir haciendo del territorio del pueblo Zenú, un espacio para la violencia y la muerte. No le tiembla la voz, aunque el miedo se apodere momentáneamente de su espíritu y las manos le suden, para reclamar y exigirle a los grupos armados que, abandonen el territorio que le pertenece al pueblo ancestral, que suspendan los asesinatos de miembros de su comunidad, que cesen el reclutamiento de los niños, niñas y jóvenes indígenas, que pare la violencia. En la mirada de esta valiente gobernadora se aloja la resistencia y el amor que, exige del Gobierno Nacional y Departamental, garantías para su vida y la comunidad.

Masticaremos hoja de coca con Guillermo, abrazaremos el valle del cacique upar, la sierra nevada y la serranía del Perijá, rodearemos su lucha por la tierra y a la Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar- ASOCAMTICE. Nuestro espíritu viajará con él, hasta el territorio kankuamo, a rodear la lucha de este pueblo guardián de la sierra nevada, por recuperar su territorio, su cultura y su lengua. Amenazado, señalado, estigmatizado, desplazado, con su acento vallenato, que no le deja mentir de dónde viene, reclama desde la Red de organizaciones Sociales, Campesinas, étnicas, Agrícolas y Rurales, tierra y dignidad para sus asociados, paz y reconciliación para las víctimas. En la Convención Campesina y la Cumbre Agraria, se escuchan sus propuestas y se reconoce su compromiso cotidiano en defensa de la vida. Las mafias que dominan el departamento del Cesar, se empecinan en callar su voz o debilitar su espíritu.

Por estas personas, por sus grandes historias de vida, rodeadas de dolor y compromiso, que representan a miles de líderes y lideresas sociales, amenazados y perseguidos, es que nos seguiremos movilizando, hasta que la vida triunfe y la muerte solo sea un momento en donde agradecemos la existencia y abrazamos la energía que se esparce por el universo, para hacer posible nuevas vidas, nuevos amores, nuevos sueños.

Luis Emil Sanabria Durán

El Cañón del rio Cauca, macroproyectos y empobrecimiento

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en El Cañón del rio Cauca, macroproyectos y empobrecimiento

Con la presencia de lideresas y líderes del movimiento Ríos Vivos, habitantes “cañoneros” del norte, occidente y bajo Cauca del departamento de Antioquia, concejales y delegados de la alcaldía del Municipio de Toledo (Antioquia), motivados con el entusiasmo de la Senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, el acompañamiento y compromiso de delegados y delegadas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo, y la presencia de la Directora General de Corantioquia Liliana María Taborda, se realizó el miércoles 7 de febrero, un encuentro deliberativo, buscando soluciones a los graves problemas que ha dejado la instalación en la región de proyectos mineros y energéticos, incluido por supuesto el impactante y violento Hidroituango.

Luego de los saludos de rigor, de los abrazos de reencuentro, de los actos simbólicos que recuerdan la historia y la vida de la comunidad antes de que llegara la muerte violenta, el desalojo, el dolor y la desesperanza, impuestos tanto por los grupos armados ilegales, como por la irresponsabilidad, la persecución de las empresas y su concepto de desarrollo, que desconoce las mínimas condiciones que deben ser respetadas y garantizadas de tal forma que prevalezca y se sustente a corto, mediano y largo plazo, las mínimas condiciones para llevar la vida con dignidad, se dio inicio sin protocolos a la conversa sincera y constructiva.

 

Poco a poco, sin descanso, pero con la voz firme y la decencia intacta, fueron tomando la palabra las y los voceros de las organizaciones municipales y regionales. Nadie se quedó con la palabra en la boca, todas y todos denunciaron las graves condiciones económicas y sociales a que han sido sometidos, tanto por la exclusión y las políticas de empobrecimiento ligadas a la economía centralista y a la corrupción, como por los proyectos que se adelantan por empresas nacionales y extranjeras, que venden al mundo una falsa condición idílica de las comunidades.

“Nosotros no cuidábamos el rio, era el río el que nos cuidaba, nos alimentaba, nos daba vestido, recreación y alegría. Cuando su garganta fue cerrada y su cauce secuestrado, la subienda de peces desapareció, no pudimos volver a pescar, no pudimos volver a sembrar y a cosechar, el hambre se apoderó de nuestros hogares, y nadie aún nos pregunta, cómo estamos haciendo para evitar que la desnutrición y el dolor minen de malos pensamientos a nuestros jóvenes, cómo sobrevivimos, siendo tan pobres en medio de la riqueza que otros se llevan, en medio de la alegría que nos secuestraron y se llevaron a otras mesas. Las crecientes no volvieron, y con ellas se fueron los regalos de navidad, desechados río arriba y que recogíamos de las playas río abajo, para ser limpiados, arreglados y entregados a nuestros niños y niñas. El puente que nos comunicaba con los pueblos vecinos, pero que también fue testigo de asesinatos y desapariciones, descansa sumergido bajo las aguas represadas. Con el puente y los caminos se fue la arriería, las visitas a nuestros seres queridos y las historias de amores y desamores”.

La hidroeléctrica de propiedad de las Empresas Públicas de Medellín- EPM, estandarte del “desarrollo” económico regional y nacional, ni siquiera cumple con su obligación de limpiar del “buchón” o jacinto de agua, que prolifera en las aguas represadas, en lugar de retirarlo utilizando la mano de obra local, prefieren contra toda regla ambiental, rociarlo con glifosato, contaminando las aguas represadas que son luego liberadas, denuncia la comunidad. “Río abajo del muro, nos persiguen, nos impiden barequear, nos dañan las herramientas, nos golpean, y nos quitan el poco oro que logramos sacar artesanalmente, y que antes de instalada la represa, se encontraba con menos trabajo. La EPM, es quien da la orden, como si el rio y sus playas, fueran propiedad de ellos”.

El Cauca ya no es el entusiasta dador de vida en la región, se muestra afligido y abandonado, ya no late su corazón con la fuerza de la amistad y el amor de las comunidades que, a lado y lado se instalaron durante años. El río ahora separa, lo obligaron a abandonar a su gente y a sus peces, lo sometieron, lo encadenaron para chuparle la energía. “Nosotros lo necesitamos como al aire, como a la tierra y a la comida, como a la música y a la poesía”. Ese amoroso caudal que “daba trabajo sin pedir hoja de vida, sin exigir contratos”, rugiendo por las faldas de las montañas, solo pide que sus amigos de antaño, vuelvan a gozar de su riqueza, de su alegría y de su dignidad.

Pero no es solo Hidroituango el que se lleva la riqueza de la región, sin devolver algo más que las regalías, para ser invertidos en el buen vivir o desarrollando programas de responsabilidad social empresarial que hagan posible que los habitantes de esta zona, rehagan su vida y se garantice el desarrollo sustentable de la región; también están las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, señaladas de estar captando un mayor caudal de agua que lo permitido para mover sus turbinas, o destruyendo caminos por donde transitan los estudiantes. Es preciso, que las empresas y las comunidades, establezcan espacios de diálogo permanentes, en donde se estudien las problemáticas y se construyan soluciones; las empresas deben valorar los impactos tanto económicos, como sociales y culturales que se generan sobre la comunidad y el ambiente, y las formas más expeditas y amigables, de mitigar, prevenir o solucionar los conflictos que se crean, buscando que la convivencia, el respeto por los Derechos Humanos y la justicia social, sean un horizonte permanente.

Al cañón lo está rompiendo la megaminería del oro, causando un profundo impacto en el ambiente. Las comunidades señalan que, algunas quebradas se secan, se construyen grandes túneles, se contaminan las vertientes de agua con combustibles y mercurio, sin que se realicen programas de mitigación de la mano de los y las campesinas de la zona. Todo el cañón está concesionado a las mineras, principalmente extranjeras, de esta situación se aprovechan los grupos armados herederos del paramilitarismo, para presionar el desplazamiento de la gente o para destruir zonas de reserva ambiental, que las mismas campesinas y campesinos, a través de sus propias formas organizativas, han cuidado y fortalecido.

Ante la gravedad de los hechos, el tribunal superior de Medellín, falló a mediados de 2019, a favor de los derechos del río y de las generaciones futuras. El fallo designa amparos específicos para el río como fuente de biodiversidad, agua y sustento, y reconoce a las generaciones futuras como un grupo en posesión de derechos fundamentales a la dignidad, el agua limpia, la seguridad alimentaria y el medio ambiente sano, en ese sentido, será necesario desatar un ambicioso programa prospectivo, que participativamente reconozca las iniciativas comunitarias y fortalezca la labor de los Guardianes del Río, ya que no se registran mayores avances en la implementación de la sentencia. Este plan requiere, adicionalmente, un programa de autocuidado, autoprotección y garantías para la permanencia de las organizaciones en el territorio.

Estos conflictos se pueden solucionar con un poco de voluntad del Estado, de los gobiernos municipales, departamentales y nacional, de las corporaciones autónomas regionales, y principalmente de las empresas nacionales y extranjeras. El respeto a la vida y al planeta, no solo es responsabilidad de la gente del común, debe ser también el fruto de acuerdos nacionales y territoriales, que hagan posible, que el beneficio que genera el desarrollo económico, sea equitativo, responsable y justo.

Luis Emil Sanabria D.

En defensa del Estado Social de Derecho

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en En defensa del Estado Social de Derecho

Mucha alaraca, mal intencionada y repleta de falsas deducciones, ha hecho la alianza golpista de la llamada oposición inteligente, en donde, al parecer, confluyen funcionarios corruptos de la Fiscalía General de la Nación- FGN, funcionarios corruptos de la Procuraduría General de la Nación-PGN, periodistas de algunos medios de comunicación y políticos reconocidos, sobre los aportes económicos que por valor de quinientos millones de pesos, realizó al partido Colombia Humana, la Federación Colombiana de Educadores- FECODE, y sobre la declaratoria de adjudicación desierta, de la licitación pública para la impresión de pasaportes que, muy acertadamente realizó la Cancillería de la República, y que motivó, en una clara muestra de persecución política, la orden de suspensión temporal del cargo de ministro, del Sr. Álvaro Leyva Durán y que el Presidente de la República, haciendo uso de sus atribuciones como Jefe de Estado, no ha ejecutado.

Lo que si es cierto, según importantes investigaciones, es que los niveles de impunidad, que marcan la eficacia y la eficiencia de entidades como la FGN y PGN, entretenidas desde el inicio del gobierno del cambio, en hacer oposición y orquestar el debilitamiento a ultranza de la democracia y la separación de poderes, columnas fundamentales del Estado de derecho, rondan en promedio y en ascenso el 95%, demostrando su total fracaso como institución, en investigar, sancionar y condenar a los responsables de delitos tan dolorosos y violentos como la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos, los asesinatos de líderes y lideresas sociales y firmantes del acuerdo de paz, entre otros.

 

Estos resultados que, cuestionan el comportamiento de estos organismos, reflejan por lo menos, el uso inadecuado de los recursos que la sociedad colombiana con tanto esfuerzo les entrega cada año, perdiendo la ética y el compromiso con la construcción de un mejor país, mientras los jefes nacionales y seguramente algunos jefes locales, se dedican, según los informes de otras importantes investigaciones periodísticas, a proteger delincuentes, a ocultar investigaciones y a desaparecer expedientes, y como lo afirma el Jefe de Estado, a orquestar un golpe de estado blando.

Aunque no hay punto de comparación entre los aportes legales y legítimos de FECODE al partido Colombia Humana, destinados a financiar testigos electorales, y no la campaña electoral, como algunos periodistas deshonestos lo quieren hacer ver, es bueno recordar que, ni la llamada ñeñe-política, en la cual se señaló con evidencias irrefutables, la compra de votos para la campaña electoral del, tristemente célebre, expresidente Iván Duque Márquez, con recursos, estos si ilegales, provenientes del narcotraficante, defendido como un buen muchacho por los políticos del Centro Democrático, José Guillermo Hernández, alias el «Ñeñe Hernández», despertó en la Fiscalía General, en el Consejo Nacional Electoral, en la Procuraduría General y en los periodistas que hacen parte de la nómina de la oposición, tantos falsos relatos como los que hoy escuchamos y leemos, buscando que la opinión de millones de colombianos y colombianas, respalden las acciones judiciales ilegales, que seguramente están preparando, para desestabilizar el Gobierno Nacional y destituir al Presidente Petro.

El Presidente ha llamado a la unidad del movimiento político progresista, a los y las demócratas, a las organizaciones sociales y sindicales, buscando la más amplia movilización y acción de respaldo a la democracia, al Estado de Derecho y por supuesto, a él como presidente legítimo de la nación y como jefe de Estado. Esta parece ser la única opción que han dejado, quienes, usando los cargos públicos, se erigen como desestabilizadores de la institucionalidad, queriendo borrar en un solo acto, todo intento de fortalecer la democracia y realizar las transformaciones sociales, políticas y económicas que Colombia exige, para alcanzar la paz, el desarrollo, la equidad y la justicia social.

Seguramente, como en otras ocasiones, y a pesar de que la mayoría de los miembros del alto gobierno no se han abierto al diálogo real y efectivo, a la conversa constructiva y generosa de políticas, programas, planes y proyectos, con las organizaciones sociales, el pueblo organizado y no organizado, saldrá a las calles masivamente a respaldar, no los sueños de un gobierno progresistas, sino los sueños de un pueblo que, aún cree en la oportunidad de cambio que tenemos, y que le ha sido negada durante decenas de años; sin embargo, a pesar de esa creencia, es preciso recordar, como el mismo Presidente lo ha dicho, que estas acciones deben ir acompañadas de una verdadera inclusión social y política, tanto en la consulta de sus alcances, como en la toma de decisiones y en los beneficios que estas decisiones representan para las grandes mayorías.

El Presidente de la República, también ha planteado la necesidad de crear un nuevo partido que recoja a todas las colectividades políticas que ayudaron a elegir al gobierno del cambio, vinculados al Pacto Histórico; esta propuesta, aunque interesante, debe, si quiere ser incluyente y democrática, romper con las concepciones parlamentaristas, que solo conciben el ejercicio de la política desde la representación que ejercen senadores, senadoras y representantes a la cámara, diputados, diputadas, concejalas y concejales, e incluir en los niveles de dirección y coordinación, nacional y territoriales, a las organizaciones sociales, comunitarias y sindicales, de tal forma que las expresiones que rodean al presidente y que acompañan la totalidad del programa de gobierno y las propuestas de reformas, sientan que ese nuevo partido, es su proyecto político.

Más allá de la movilización callejera en defensa de la democracia y del Estado Social de Derecho, que rechace todo acto ilegal contra la dignidad del Jefe de Estado, y de la construcción de un nuevo partido, será necesario que el Gobierno Nacional trace unas líneas estratégicas claras, con responsables y vocerías visiblemente identificados, que propicien un gran diálogo nacional, al cual se convoque a todos los sectores democráticos del país, a todos los partidos políticos, a todas las organizaciones sociales y sindicales, a los gremios y a las confesiones religiosas, que creen en la institucionalidad y en la división de poderes, para construir un gran Acuerdo o Pacto Nacional Incluyente, que salga al paso a la crisis que buscan generar los aliados del narcotráfico y la corrupción. El acuerdo deberá ser la bitácora que guíe el accionar de un Frente Amplio por la Vida, en donde quepan y sean respetados, no solo los sectores que están gobernando, sino también aquellos que, aunque critiquen al gobierno o no compartan la totalidad de sus propuestas, están comprometidos con la transformación pacífica de los conflictos, la paz, la democracia y la defensa del Estado Social de Derecho.

Luis Emil Sanabria Durán

Paz con la naturaleza

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en Paz con la naturaleza

Hace treinta años, cuando era responsable de acompañar los proyectos económicos y en especial los ligados al campo, de los excombatientes de Norte de Santander que recién habían firmado acuerdos de paz de las extintas guerrillas del E.P.L., el M-19 y  el P.R.T, recibimos el primer revés, cuando más de 70 hectáreas de la finca Oropoma en el municipio de Ábrego, que habia sido vendida y parcelada por el desaparecido INCORA, a más de doce excombatientes y algunos miembros de la comunidad, se consumieron bajo un feroz incendio, producido por mano humana y que acabó con los primeros intentos de desarrollo de un proyecto ganadero.

Aunque se hablaba del fenómeno natural conocido como El Niño, no se lograba comprender con claridad, los cambios adicionales al fenómeno natural que el planeta estaba padeciendo, en especial los ligados al llamado crecimiento económico, atado al uso de hidrocarburos y a las recién establecidas políticas económicas, y cómo, estos usos y abusos incrementaban el impacto del fenómeno natural; así como en Oropoma, se presentaron incendios en otras regiones del País, y los embalses construidos para alimentar hidroeléctricas, disminuyeron sus niveles de agua, a tal punto que se entró en la urgente necesidad de racionar la disponibilidad de energía eléctrica a través de apagones programados y hasta se cambió el horario para aprovechar las horas de luminosidad solar; sin embargo, a pesar de que siguieron ocurriendo catástrofes ligadas al fenómeno cíclico y es evidente el calentamiento global que aumenta su potencial de daño,  parece que en estas tres décadas no hubiéramos aprendido cómo prevenir y mitigar los daños, pero en especial, cómo desarrollar programas permanentes que hagan posible revertir -si fuera aún posible-,  parte del daño que la humanidad causa al planeta que le fue prestado para recorrer el universo.  

 

Mis vecinos, vecinas y mucha gente en la ciudad y en las regiones, están muy preocupados por el alto número de incendios que se están presentando y provocando en campos y ciudades, por el nivel de los embalses y por el aumento de los precios de algunos alimentos; las y los periodistas y medios de comunicación, los analistas económicos y sectores políticos, buscan culpables, que si las alcaldías, que si las gobernaciones, que si el gobierno nacional, todo en lógica de mitigar las consecuencias de un fenómeno natural aumentado exponencialmente con el calentamiento global. Pocas personas se preguntan, ¿qué debemos hacer para que estas consecuencias no se sigan presentando? ¿qué medidas se pueden tomar para recuperar la temperatura característica de ciudades y campos? ¿qué debemos implementar para que los tiempos de los ciclos de lluvia y verano, vuelvan a ser elementos centrales que orienten la siembra y recolección de alimentos, así como la veda y la pesca en ríos y ciénagas?

Las  aves están muriendo al no encontrar las reservas naturales de agua en donde tradicionalmente beben agua o tienen sus ciclos de reproducción, los manatíes mueren en las ciénagas y reservorios que se convirtieron, por la desecación de las aguas, en pantanos y terrenos fangosos, mamíferos y reptiles de todas las especies, mueren calcinados o deshidratados, miles de humanos migramos al norte atraídos por el espejismo del desarrollo; todo esto incrementado en un país que todavía, a pesar de los esfuerzos del actual gobierno, sigue quemando bosques, talando árboles, ampliando la llamada frontera agrícola, en algunos casos como en los páramos para sembrar alimentos y en otros casos, la mayoría, para sembrar coca con fines de uso ilícito, ampliar potreros o para apropiarse de terrenos que son de todas y todos los colombianos, y en el caso de la minería, rompiendo legal o ilegalmente ecosistemas, dañando o extinguiendo yacimientos de agua, santuarios de especies animales, etc. Todo esto en un país que ostenta el primer lugar de asesinatos de líderes y lideresas defensoras del ambiente. Lo más terrible y sobre lo cual, todavía no hemos tomado conciencia plena, es que, la especie que saldrá más afectada de esta debacle ecosistémica será la humana. Ninguna riqueza medida en bolsa o en bancos, podrá librarnos de la extinción. Seguimos destruyendo, como si tuviéramos en alguna parte del universo, un planeta de repuesto a donde mudarnos.

Quienes desde las tesis “libertarias” defienden la desaparición de los controles del Estado, o desmontan toda planeación, estrategia o intervención de este, para prevenir y confrontar la depredación sistemática y descontrolada del planeta, y se oponen o niegan la importancia de responsabilidad social de las empresas frente al ambiente, se convierten en promotores del calentamiento global y en el menor de los casos, en cómplices de los incendios y de la muerte de los ecosistemas que aseguran la vida. Ya no basta con fortalecer las instituciones responsables de mitigar o responder ante los riesgos, como los cuerpos de bomberos o la defensa civil, ya no es suficiente la labor de los Puestos de Mando Unificados- PMU, locales o nacionales, es necesario y urgente que, en todos los planes de desarrollo municipales y departamentales, se incluyan verdaderos programas de protección del ambiente y de recuperación de ecosistemas estratégicos, que complementen el Plan Nacional de Desarrollo. Hay que hacer la paz con la naturaleza con generosidad, compromiso y transparencia.

Proyectos como la construcción del Canal Seco, o Tren Interoceánico, con fines fundamentalmente comerciales, que pretende unir la costa caribe con la costa pacífica, propuesto nuevamente por el presidente Gustavo Petro, y que desde hace decenas de años, vienen siendo promocionado por anteriores gobiernos y por la empresa privada, tendrán que ser lo suficientemente pensados por las comunidades y por la sociedad colombiana. En el supuesto de que las llamadas ganancias, sean repartidas para fomentar el desarrollo social y económico de las comunidades asentadas en los territorios que se afectarán, y en la costa pacífica, ¿estarían dispuestas las comunidades étnicas, en canjear los sitios sagrados y el valor estratégico en términos de vida y biodiversidad de los ecosistemas marítimos, terrestres y aéreos de la costa pacífica, del Darién y el golfo de Urabá, a cambio de los ingresos económicos y el impacto ambiental negativo que generará el proyecto? Esta y otras preguntas son las que finalmente se deberían responder, cada vez que un proyecto de gran impacto ambiental, minero, energético, de transporte, o productivo, se pretenda desarrollar o instalar en Colombia y en cualquier parte del mundo.

En nuestras manos, en nuestra lucidez como especie con capacidad de reflexión, en los Homo sapiens especie única sobreviviente del género Homo, con el don evolutivo de soñar o construir en su mente un futuro posible y deseable, y de elaborar las estrategias, planes, programas y proyectos que nos aproximen a ese futuro, está la posibilidad de garantizar la supervivencia nuestra y de muchas otras especies. No tenemos cómo echarle la culpa de lo que está sucediendo a otra especie, a las nubes, a los mares o al planeta. Es hora de decidirnos por hacer la paz con la naturaleza, de proyectar para un futuro cercano, la erradicación de toda economía que atente gravemente contra la vida en todas sus manifestaciones. Debemos incluir en el Acuerdo Nacional para la Paz que se está promoviendo desde diversos espacios sociales y políticos, y que busca, entre otros elementos, garantizar la convivencia y la paz entre los seres humanos que habitamos el territorio colombiano, el respeto y goce pleno de los Derechos Humanos por parte del Estado, otro componente, seguramente más controversial y que requiere mayor imaginación y capacidad de negociación, y es el capítulo que contemple la protección, defensa y recuperación territorios estratégicos ambientalmente y de la naturaleza en general.

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Se van encontrando soluciones

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en Se van encontrando soluciones

Se necesita talante, compresión, decisión, perseverancia, compromiso y una importante dosis de optimismo y creencia en la posibilidad real de que, nuestra sufrida sociedad será capaz algún día, no lejano, de salir de décadas de oscuridad, violencia, injusticia, impunidad y corrupción, para seguir persistiendo en la construcción de la paz y en la superación definitiva de las causas que originan tan lamentable situación. Poco a poco se van encontrando soluciones a los problemas y tropiezos que, emergen o se presentan, en una estrategia de paz que parecía no tener futuro, y a pesar de las acciones de quienes continúan asesinando líderes y lideresas sociales, y firmantes del acuerdo de paz, en cometer masacres y toda clase de crímenes contra la población civil y en desarrollar campañas mediáticas de desprestigio a los esfuerzos de paz y reconciliación.

Los diálogos de paz, por lo menos con las dos estructuras guerrilleras existentes en el país, están dando frutos que van cogiendo forma y que, seguramente pronto maduraran. Con el ELN se volvió por la senda de la confianza y la búsqueda de soluciones, que parecía estarse estrechando y debilitando, para darle paso, a acuerdos y acciones que harán posible que el ejercicio de construcción de la propuesta de participación ciudadana tome forma lo más pronto posible. Seguramente con el inicio hoy, de una nueva ronda de conversaciones, y bajo la dirección de Vera Grabe, se avanzará en el fortalecimiento del Cese al Fuego y los protocolos necesarios para evitar toda acción violenta contra la población civil, haciendo posible que, se avance en la solución definitiva de la confrontación armada y se pacte un acuerdo que le ponga fin a las causas que la originaron.

 

Con el llamado Estado Mayor Central de las FARC, organización disidente de las antiguas FARC-Ep, es muy loable la labor que desarrolla el equipo negociador encabezado por Camilo González P; equipo que no desfalleció, a pesar del acumulado de acciones que indicaban que esta organización no tenía mucho interés en avanzar en la solución dialogada del conflicto, o que al menos, le faltaban algunas condiciones propias que respaldaran su reconocimiento como organización política armada. La persistencia es el camino, la seguridad de que una sociedad puede solucionar dialogando, aún sus problemas más difíciles, el convencimiento de que se pueden encontrar soluciones pensando en el interés supremo de la vida con dignidad, han hecho posible que hoy se cuente con un nuevo acuerdo que reconoce principalmente la importancia de la participación ciudadana, de las organizaciones sociales y del respeto al DIH y los Derechos Humanos.

Por supuesto que falta camino, que se tiene que avanzar en los diálogos para el acogimiento o sometimiento a la justicia de otras organizaciones armadas, que no tienen carácter político. Los máximos cabecillas de estas estructuras criminales y todas sus expresiones territoriales, deben alinearse con el querer de la sociedad y decidirse por el camino de los diálogos, suspender, como gesto de paz, toda acción contra la población civil y toda confrontación con el estado y la fuerza pública. No se puede continuar por el camino de la violencia, el pueblo está sufriendo las graves consecuencias que esta confrontación, y el presente y futuro de la niñez y la juventud, sigue minándose de incertidumbre, muerte y desolación.

Todos estos avances y oportunidades del proceso de paz, seguramente no fueran posibles, si la mayoría de la sociedad colombiana no hubiera tomado la decisión de respaldar con su voto y su voluntad, la propuesta de gobierno del Presidente Gustavo Petro, y si el Sr. Presidente, una vez electo, hubiera incumplido su palabra empeñada en el programa de gobierno, en la plaza pública y especialmente en su actuación coherente de hombre de paz; de allí, la importancia inaplazable de que, además de los diálogos establecidos con los actores armados, y los que se establecerán en adelante, la sociedad en todas sus expresiones, hayan o no respaldado la candidatura del hoy primer mandatario, avance por el camino de la construcción de un gran acuerdo nacional por la paz, que determine un marco amplio de acción política, social, y económica, para la reconstrucción de la patria.

Un acuerdo que haga posible adelantar una profunda reforma que modernice la política y la democracia, que reconozca la importancia de la descentralización de la mano del fortalecimiento del poder ciudadano, una reforma a la justicia para superar los altos niveles de impunidad y un acuerdo alrededor del fortalecimiento de la producción y la economía interna en armonía con la naturaleza, que haga posible iniciar el camino para superar la pobreza y la injusticia social, entre otras consideraciones.

Este pacto no será posible si la ciudadanía, las organizaciones sociales, los gremios económicos y de la producción, los partidos políticos, no toman la iniciativa y propician escenarios de diálogo y construcción de acuerdos. Diálogos que deben cubrir el ámbito nacional y territorial, que sean el escenario propicio para desatar un proceso amplio, con proyección en el tiempo y garantías a todas las partes, de tal forma que, además de una agenda y una metodología, se participe con el convencimiento de que podemos reencontrarnos y pactar las reglas que guíen, en el marco de la Constitución Nacional, el presente y el futuro de la Colombia en la que quepamos todas y todos.

La sociedad debe recuperar su iniciativa, su capacidad de movilización, y en especial su fuerza organizativa y deliberativa para construir escenarios nacionales y regionales, que le muestren a quienes hoy se encuentran vinculados a las organizaciones armadas, que existe un compromiso, no solo del gobierno nacional y seguramente de las mayorías de los gobiernos locales, en propiciar todas las condiciones, para que nunca más, por ningún motivo, se vuelva a recurrir a la violencia armada para propiciar cambios políticos o para superar la pobreza o la exclusión.

Muy buena labor continua realizando la Mesa Nacional de Interlocución Social para la Paz – MENISP, en donde se encuentran cerca de treinta organizaciones nacionales, y las mesas y espacios locales para la paz que se están instalando y fortaleciendo en diferentes regiones del país; Sin embargo, esta iniciativa debe ser complementada con un mayor reconocimiento e interlocución de parte del gobierno nacional y con puntos de encuentro con otras expresiones sociales, gremiales y políticas, en el interés de propiciar los diálogos sociales que requiere el acuerdo nacional para la paz. Fortalecer lo que existe es necesario, pero no suficiente, hay que romper las barreras que nos desencuentran y poner por encima del interés particular de cada sector, el interés de Colombia entera.

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A la Paz le falta más decisión ciudadana

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en A la Paz le falta más decisión ciudadana

Iniciamos el año, y las cifras de asesinatos de líderes, lideresas y firmantes del acuerdo de paz, los secuestros, las extorsiones, el reclutamiento de menores, las víctimas de minas antipersonal, entre otras infracciones al Derecho Internacional Humanitario y actos de violencia armada, siguen enlutando los corazones de personas, familias y comunidades, lo que debería concitar, la indignación nacional para que los actores políticos armados y los grupos de delincuencia común, suspendan toda práctica hostil contra la población civil, decidiéndose a abandonar la confrontación armada; igualmente, los responsables estatales de proteger a la ciudadanía, deben redoblar esfuerzos y capacidades concertadas interinstitucionalmente y con organizaciones sociales, que hagan posible recuperar o garantizar la vida y la permanencia en el territorio.

Si bien es cierto, los ceses al fuego bilaterales, como elementos generadores de mejores condiciones para adelantar diálogos entre el gobierno nacional y los grupos armados, no eliminan todos los actos violentos que se desarrollan en una confrontación armada, como la que padecemos en Colombia, tampoco deberían ser utilizados por los actores armados comprometidos, para incrementar su capacidad bélica, copar territorios nuevos, o perseguir a las comunidades, y a los líderes y lideresas que trabajan o no por la paz. El cese al fuego debe ir incrementado sus niveles de prohibición de actos violentos, que excluyan a la comunidad y que disminuya las muertes de civiles y de combatientes, de lo contrario, su razón fundamental pierde sustento y respaldo popular.

 

El asesinato, las amenazas, el desplazamiento de personas que ejercen algún tipo de liderazgo social, político, económico o comunitario, y que no están involucrados en la confrontación armada, las masacres, el confinamiento, el constreñimiento político y social,  buscan fundamentalmente causar un profundo daño a la sociedad y a sus organizaciones, rompiendo o debilitando el tejido social, y eliminando la estructura orgánica que la población ha desarrollado durante decenas de años y que se convierte, en razón de estas acciones y amenazas externas, en el escudo de defensa de la cultura, las tradiciones y los conocimientos ancestrales. Una sociedad que naturaliza, que permite, por acción o indiferencia, que los liderazgos sociales y comunitarios tradicionales sean exterminados, estará condenada, tarde o temprano, a perder la base democrática que le da sustento a sus estructuras administrativas, políticas y judiciales nacionales y territoriales, dejando a merced de la iniciativa delincuencial, el control social, económico y político, profundizando la crisis de pobreza, exclusión, inequidad e impunidad.

Profundo daño a la sociedad y a la democracia, hacen aquellas personas que dirigen instituciones que les corresponde velar por la justicia y perseguir a la delincuencia, como lo que ocurre con la Fiscalía General de la Nación, cuya cabeza principal, en lugar de generar un robusto programa para superar los altos índices de impunidad, perseguir a los autores intelectuales de los asesinatos, masacres, extorsiones, secuestros y corrupción, dedica toda su fortaleza a otros temas no misionales, en un afán propagandístico personal y de proselitismo politiquero, dejando en total indefensión a las comunidades y sus liderazgos. No es por ahí que se le devuelve a la institucionalidad estatal, el respaldo y la legitimidad que requiere por parte de la sociedad. La sociedad, las comunidades y las organizaciones esperan con ansiedad que esta entidad cumpla con su mandato constitucional y se dedique a superar la impunidad, y a fortalecer las garantías a la vida, la honra y los bienes de todas y todos.

El proceso de paz avanza, es cierto, y la confrontación entre los bandos armados enfrentados disminuye, ahorrando la pérdida de vidas humanas de combatientes; sin embargo, en algunas regiones del país, estos beneficios no se hacen evidentes, por cuanto, las hostilidades en algunos casos aumentan, en otros se mantienen o no disminuyen, a la velocidad que se requiere para salvar vidas y también para generar la confianza necesaria que haga posible la participación informada en el proceso de paz, lo que demuestra que, hoy más que nunca, se requiere una mayor movilización social organizada, que le envíe un mensaje claro y contundente a quienes persisten en causar daño a la población, para que, independientemente de si están o no involucrados en las mesas de diálogo para la paz, sientan que las mayorías hemos decidido, transitar pacíficamente hacia una sociedad democrática, justa, equitativa, respetuosa de los derechos humanos, la vida y la diversidad, en donde los fusiles solo sean garantías de soberanía nacional y de defensa de la vida y la dignidad.

No podemos esperar a que todas las causas que sirven de sustento a los discursos que legitiman la lucha armada, estén solucionadas para comenzar a construir una sociedad pacífica, debemos comprometernos en un gran Acuerdo Nacional que envuelva a todas la expresiones de la sociedad en la transformación real de estas; tampoco podemos obviar la búsqueda de acuerdos con quienes se han alzado en armas, para que las soluciones progresivas a dichas causas, queden contempladas en un acuerdo de paz que cuente con el respaldo de las grandes mayorías, y que en virtud de esto, se elaboren los planes y proyectos necesarios, se destinen los recursos necesarios a corto, mediano y largo plazo, y se realicen los cambios políticos que hagan posible una democracia fuerte e incluyente, capaz de superar los fenómenos de corrupción que le roban la esperanza a la juventud.

La sociedad no puede desfallecer, es nuestra obligación salir a defender la vida y la paz, a manifestar nuestro rechazo a todas las formas de violencia armada que nos afectan. Los y las negociadoras, de todas las delegaciones, seguramente, como se ha evidenciado, están concentrados buscando, construyendo y logrando acuerdos, según las agendas previamente definidas, pero a la sociedad en general, mujeres, hombres y no binarios, comerciantes, pueblos étnicos, empleados y trabajadores, jóvenes, estudiantes, artistas, profesionales, mineros, pescadores y campesinos, población LGBTIQ+, periodistas, comunales, población con discapacidad, entre otras expresiones, le corresponde rodearlos con la movilización, exigirles compromisos y resultados en defensa de la vida, y avances en la construcción de la paz. Que los beneficios de la Paz se sientan en cada rincón del país, que las trasformaciones beneficien con más celeridad a las personas tradicionalmente excluidas y empobrecida, que el respeto a la vida y la dignidad no tenga color político o diferencias económicas.

El 2024 debe marcar con la movilización, la participación y la acción social, el fin de la violencia armada, la profundización de la democracia, el fin de la corrupción, la construcción de equidad y el goce pleno de los derechos humanos. No podemos retroceder, aceleremos el tren de la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Que nadie pierda la esperanza, vamos por la paz con justicia social y ambiental, que beneficie a todas y todos, apoyando e involucrándonos en la implementación del acuerdo logrado con las FARC-Ep. La noviolencia, la seguridad, los valores cívicos y democráticos, los deberes y derechos deben marcar el horizonte de la convivencia en las ciudades y veredas, para que la vida sea el centro sobre el cual orbite la gobernabilidad local. Que la existencia de todas y todos sea respetada, que cesen los asesinatos, las masacres, los secuestros, el reclutamiento forzado, la violencia contra las mujeres, y toda acción que atente contra la dignidad.

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El juego de la democracia y la gobernabilidad

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en El juego de la democracia y la gobernabilidad

Muy lamentable que, en algunas ciudades y municipios, las plenarias de los recién posesionados concejos municipales, inicien sus laborales para los próximos cuatro años violando la Ley y la Constitución Política, y luego sin el más mínimo asomo de vergüenza, de arrepentimiento, o de querer rectificar su actuación, echan mano de todo tipo de leguleyadas, justificaciones o mentiras para mantener sus decisiones, sin importar el grave daño que le causan a la democracia y a la convivencia. En otros casos son algunos mandatarios departamentales y municipales, los que proponen sacar adelante programas, que demostraron no solo su ineficacia frente a la paz y la seguridad, sino que sirvieron de germen a capítulos oscuros de la vida nacional y regional ligadas al paramilitarismo y el narcotráfico, que hoy lamentablemente no hemos podido superar.

No se trata solo de un problema legal o jurídico o de unas palabras lanzadas al viento y que pueden catalogarse como simples expresiones populistas, el problema es más profundo y preocupante. Los concejos con sus “jugaditas” buscan excluir a la oposición política de decisiones trascendentales para la vida de las comunidades y para la gobernabilidad local, pues en los próximos meses se tiene que organizar la elección de la persona que dirigirá las personería en cada municipio o distrito, y esta transcendental responsabilidad recae en la mesa directiva de cada concejo, y por supuesto quienes no creen en la importancia de la democracia, los pesos y contrapesos que a ella alimentan, han excluido a la oposición, demostrando con estas acciones no solamente un profundo desprecio por la labor de dicha entidad encargada de velar por los derechos  humanos, por la transparencia de la administración municipal, los intereses propios de la comunidad y en general por salvaguardar el Estado Social de Derecho, sino también por la inclusión política como eje fundamental de la vida democrática.

 

Los concejos municipales y distritales, entre otras funciones importantes, tiene la responsabilidad al inicio de cada período cuatrienal de gobierno, de gestionar en los próximos cuatro meses el Plan de Desarrollo Municipal o Distrital, y en esa función la junta directiva tiene responsabilidades determinantes a la hora de controlar que los programas de gobierno se reflejen en dicho plan y que el presupuesto presentado para su ejecución, corresponda a las expectativas y a las propuestas que la comunidad exprese a través de los mecanismos de participación ciudadana dispuestos. No es solo en este caso, que las mayorías en el concejo se impusieron de forma totalitaria y excluyente, sino también, que sus actuaciones contrarias a la democracia y a la Ley, tiene repercusiones profundas para la vida social, política y económica. No es posible, que mientras la sociedad clama por la convivencia, el respeto a la ley, la seguridad, la paz y los derechos humanos, sus representantes, en una manifestación por lo menos irresponsable, envíen un mensaje de “todo vale”, todo se puede hacer en este país, inclusive violar la Ley y la Constitución.

No señoras y señores concejales que se juntaron, consciente o inconscientemente para violar la norma y la democracia, ese no es el camino que Colombia viene construyendo y que hará posible que el país se convierta en una sociedad moderna, alejada de la barbarie, de la violencia política, de la corrupción y el clientelismo. Este tipo de actitudes que evidencian un profundo desconocimiento de los valores que deben guiar un liderazgo político moderno y democrático, comprometido con el desarrollo, no solo demuestran la falta de valores éticos y ciudadanos que en general afectan a toda Colombia, sino la reproducción de comportamientos corruptos, que buscan beneficiar intereses privados.

Las y los concejales, deben realizar un esfuerzo mayor para enmendar las situaciones generadas a partir de los errores o las jugaditas señaladas, y avanzar, pensando siempre en el bien común, independientemente de los ideales políticos que los guíen. Las reglas de la democracia se hacen para que se pueda deliberar, controlar y construir, en un ambiente de respeto. Los partidos y coaliciones de gobierno tienen una gran responsabilidad, pues no solamente les corresponde cogobernar, sino también controlar a la administración y garantizar los derechos de la oposición; a los partidos o coaliciones de oposición, además de señalar y oponerse a todo lo que consideren lesiona los intereses de sus representados, les corresponde también controlar la ejecución administrativa, informar a la ciudadanía y velar por el porvenir y el desarrollo de la sociedad en su municipio o distrito.

De otro lado, a falta de creatividad que evidencia una añoranza a viejas formas de gobernar, recurriendo a rancias y fallidas recetas que condujeron al país por el despeñadero de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado y el surgimiento y fortalecimiento del fenómeno paramilitar que tanto dolor y daño ha causado, algunos gobernantes locales pretenden revivir estrategias guerreristas e ilegales, utilizando como pretexto y argumentación, falsos relatos que aprovechan la necesidad urgente y evidente, que tiene el país, de lograr mejores niveles de seguridad que garanticen la vida y la libertad de toda la sociedad. Señoras y señores gobernantes locales, la defensa de la vida requiere de nuevas estrategias que promuevan la democratización de la seguridad y pongan al centro el valor de la vida y la dignidad.

Los y las invito a explorar nuevas alternativas más audaces, pero apegadas a la Ley y al clamor popular de lograr la paz y la reconciliación. Es necesario construir y fortalecer estrategias que recuperen la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado y en la gobernabilidad local. Las tecnologías de la informática y las telecomunicaciones desarrolladas para fortalecer la participación ciudadana, ligadas a estrategias pedagógicas y comunicativas sobre cultura ciudadana, en donde los deberes y los valores ciudadanos, los derechos fundamentales, la reconciliación, el perdón, el reconocimiento y la inclusión sirvan de base fundamental para estructurar redes comunitarias que propendan por la vida en comunidad y la paz, integradas a programas sociales de superación del hambre y la pobreza, de acceso y permanencia en el sistema educativo, de salud mental y física, de vivienda y desarrollo rural,  entre otras consideraciones, pueden hacer posible que la gobernanza se acerque de otra forma a la vida cotidiana, que se le cierren los espacios a los grupos delincuenciales en ciudades y campos y que las confianzas entre la ciudadanía y de esta con el Estado, haga florecer a mediano y largo plazo, nuevas relaciones y redes de vida, que fortalezcan la seguridad y la convivencia.

De la comunidad organizada y no organizada, de la participación efectiva de la ciudadanía en la elaboración y seguimiento de los Planes de Desarrollo que deben incluír un capítulo específico en materia de paz, convivencia y seguridad, de la destinación real y efectiva de recursos económicos que garanticen que los programas y proyectos se ejecuten, dependerá en gran medida, que se logre un mejor vivir para todas y cada una de las personas, en cada rincón del país, en cada ciudad, centro poblado y corregimiento. La seguridad, la convivencia y la Paz territorial es también y fundamentalmente, responsabilidad de los gobiernos locales.

Luis Emil Sanabria D.

El nuevo año será de logros

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en El nuevo año será de logros

Para iniciar el año nuevo, siempre es prudente y necesario echar una mirada al año que termina y revisar lo que, como sociedad y como personas, hubiéramos podido hacer, cambiar, mejorar y fortalecer, para ser felices en nuestro querido país. Este año que termina bajo un gobierno progresista, resultado de la mezcla de liberalismo, socialdemocracia, izquierda socialista y comunista, precisamente por su empeño en realizar cambios sustanciales, y sin ánimo de copar todos los componentes de este, me atreveré a opinar, en especial sobre aquellos temas que guardan relación directa con la construcción de paz y la superación del conflicto armado.

Este gobierno se propuso romper con viejas tradiciones de administración y de formas de hacer política, instalar nuevas maneras de hacer las cosas, y aprender sobre la marcha, reduciendo errores y fortaleciendo aciertos, despertando resistencias y oposiciones internas y externas, lo que seguramente le impidió cumplir algunas metas previstas en materia desarrollo social y económico; situación apenas lógica, si se tiene en cuenta que no hay mucho que aprender si se trata de eliminar de raíz fenómenos culturales, políticos y económicos como la corrupción, el todo vale o el narcotráfico, que lograron durante decenas de años permear, consolidarse y naturalizarse en la administración pública y en la vida cotidiana.  

 

Resultados planeados para el primer año de gobierno y que hacen parte del paquete de transformaciones que harán posible la Paz, no fueron obtenidos en su totalidad, aunque hubo importantes avances a nivel del legislativo, en especial los relacionados con las reformas a la salud, la educación y laboral, que deberán culminar satisfactoriamente en las próximas legislaturas. Es necesario tener en cuenta que estos logros no dependían exclusivamente de la capacidad del Gobierno Nacional y del Pacto Histórico, ya que los poderes existentes y construidos bajo otras políticas sociales y económicas, no se dispusieron a ceder parte de sus intereses, beneficios o privilegios, la mayoría de estos obtenidos y sostenidos bajo prácticas corruptas que se establecieron como necesarias, o como si algunos sectores de la sociedad estuvieran designados a ser los únicos beneficiarios del desarrollo y el crecimiento económicos.

Tendrán que mejorarse los canales de construcción de consensos políticos y sociales, ceder en algunos componentes y proyectar a futuro nuevos cambios, para que en el Senado y en la sociedad, se logren los acuerdos necesarios para, aprobar los proyectos de Ley y se avance hasta donde sea posible, haciendo que las reformas sean una realidad que beneficie a toda la población. Seguramente programas como Jóvenes en Paz y Matrícula Cero, que se implementarán desde inicios del 2024, fortalecerán los valores, los compromisos y los deberes de la juventud en la construcción de una sociedad equitativa, democrática y profundamente pacífica.

Se avanzó como nunca antes, en el proceso de adjudicación de tierras de forma colectiva e individual, en reconocimiento de derechos territoriales a población afrodescendiente, a comunidades indígenas y a organizaciones campesinas. Esa tarea represada y señalada como improcedente por importantes sectores económicos y políticos, ha sido motor en la construcción de la justicia social y en el proceso de legitimación del Estado; por supuesto que falta mucha tierra por entregar, pero el camino emprendido y los frutos obtenidos señalan con certeza que la democratización de la tierra y la economía, son piezas fundamentales para hacer de Colombia un país con menos hambre y menos pobreza. Hay que redoblar esfuerzos y hacer rendir los recursos económicos bajo la figura de las alianzas público-populares, para hacer que el campo sea productivo, que las comunidades vivan en armonía con la naturaleza y que la territorialidad para la paz, con organizaciones sociales fortalecidas, se construya y se reafirme.

Todos los meses se produjeron noticias sobre la apropiación indebida de recursos que dieron al traste con proyectos o con metas sociales del Estado, que terminaron en las cuentas de importantes personalidades que hicieron parte de gobiernos anteriores a todos los niveles. Siempre existirán personas que deseen amasar fortunas de forma corrupta; sin embargo, las acciones emprendidas desde la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, a falta de acciones reales contra este flagelo por parte de la procuraduría o la fiscalía, son además de importantes extremadamente necesarias. Habrá que abordar el debate nacional sobre la reforma a la justicia que ayude a superar la corrupción y la impunidad, a buena hora el Ministro Néstor I Osuna P. conformó una comisión para la construcción de una propuesta de reforma que ojalá entregue frutos en el 2024.

En materia de la solución dialogada del conflicto armado interno y sus diversas manifestaciones, todavía no se han logrado resultados definitivos; no obstante, el solo hecho de cerrar el año 2023, con dos mesas de diálogo de carácter nacional funcionando, una con el ELN, y otra con el llamado EMC-FARC, y mantener las mesas de diálogo con actores armados delincuenciales de carácter local, como el caso de Medellín, Cali y Buenaventura, nos indican que el abordar de forma simultánea y compleja todas las manifestaciones del conflicto armado, es una decisión además de posible, totalmente acertada. Es urgente, que se avance en la Ley de sometimiento a la justicia, esa responsabilidad del Gobierno y el Congreso es de extrema urgencia.

Se mantienen, los ceses al fuego bilaterales del Gobierno con cada una de las organizaciones guerrilleras que están dialogando, lo que no significa que todas las expresiones de violencia armada con estas agrupaciones, hayan desaparecido, eso solo se logrará cuando se firme el acuerdo final que ponga fin a la confrontación. Será necesario que se continúe el cese al fuego bilateral, y que el compromiso con el cese de hostilidades contra la población civil, se reafirmen y cumplan, para que disminuyan efectivamente delitos como el desplazamiento forzado, la instalación de minas antipersonal, el confinamiento de comunidades, el secuestro, la extorsión, las amenazas, los asesinatos de líderes, lideresas sociales y firmantes del acuerdo de paz, el cese del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, entre otras infracciones al DIH, que reportan cifras que no disminuyen ostensiblemente o en ascenso, y que afectan la confianza en el proceso de paz.

Tendremos que evaluar a finales del 2024, la implementación del Plan Nacional de Desarrollo y de los recursos obtenidos con la reforma tributaria de 2022, y su contribución a la consolidación de la paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados en 2016 con las FARC-EP. Los nuevos gobernantes locales municipales y departamentales, tienen la obligación de elaborar participativamente durante los primeros tres meses de 2024, los Planes de Desarrollo Locales e incluir en estos, un capítulo preciso sobre el tema de paz, convivencia, reconciliación, Derechos Humanos y atención integral a las víctimas del conflicto armado, con suficientes recursos para apalancar inversión nacional y consolidar la seguridad local teniendo como eje la vida y los derechos.

Nota: El 22 de Febrero debemos participar masivamente en la Jornada Nacional por la Vida y la Paz, exigiendo el fin del secuestro, de los asesinatos, las masacres, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de niñas, niños y jóvenes, el confinamiento e instalación de minas antipersonal. En Colombia ya no hay lugar para la violencia.

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Celebremos el nacimiento, la vida y la fraternidad

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en Celebremos el nacimiento, la vida y la fraternidad

Hoy gran en parte de la humanidad celebra el nacimiento a una nueva vida, la mayoría de los cristianos celebran el nacimiento de Jesús, reafirman la fe y enaltecen la tradición; otras culturas y pueblos del hemisferio norte, celebran cada 21 de diciembre, el solsticio de invierno, el día con el periodo de luz diurna más corto y la noche más larga del año, producido cuando el Polo Norte alcanza su máxima inclinación alejándose del Sol. La Navidad, es en general, una fiesta de la alegría, de la fraternidad, una fecha en que se busca la familia y los amigos cercanos, para celebrar que la vida se impone sobre la muerte y que es posible construir nuevos horizontes, nuevos sueños y esperanzas.

En Colombia y otros países, la Navidad para las grandes mayorías empobrecidas y excluidas, se ve empañada. Hay poco que compartir, pocos abrazos que dar y pocos momentos que celebrar. Las violencias en todas sus manifestaciones se apoderan de su entorno, penetran su hogar, se sientan a la mesa y carcomen la alegría; el dolor y la desesperanza se acomodan en los rincones de todo lo que nos rodea. No solo la violencia que produce la injustica social, el empobrecimiento y la inequidad, sino aquella que se genera desde las mentes y los corazones de quienes asesinan, masacran, extorsionan, desaparecen, o reclutan a miembros de la familia y de la comunidad, haciendo que la fiesta de la vida y el amor desaparezca y le de paso, a la venganza y al dolor.

 

Llevamos casi sesenta años, reproduciendo círculos de violencias que han impedido que la fiesta de la vida, del nacimiento se goce a plenitud. No hemos podido, a pesar de los esfuerzos realizados por la sociedad civil, algunos gobiernos y algunos grupos armados no estatales que decidieron reconocer la importancia de la lucha democrática y de los cambios progresivos, celebrar la Navidad sin el fantasma presente de las muertes violentas, la separación de un ser querido producto del secuestro, el reclutamiento, la desaparición o el desplazamiento forzado. Se profundizan los odios, se aleja el perdón, se desvanece la posibilidad de la reconciliación y vuelven a emerger las voces de quienes promueven el rencor, la venganza y la retaliación.

Nada más alejado de la posibilidad de construir una sociedad mejor, con equidad y justicia social, que empeñar esfuerzos en retroalimentar la guerra; nada nos aleja más del sueño de vivir una Colombia que sea fortaleza de la vida y de la dignidad, de la democracia y la solidaridad, que mantener la cultura de las violencias, atacar sin piedad a las organizaciones sociales, gremiales, étnicas, comunales, campesinas, de mujeres y jóvenes, de población LGBTIQ+, de población con discapacidad; nada está más en contra de los deseos de construir una Colombia que supere la pobreza extrema, que garantice educación, salud, vivienda y avance hacia la Reforma Rural Integral reafirmando los derechos de las campesinas y campesinos, reconociendo sus tradiciones y haciendo productivo el campo, que imponer a sangre y fuego una ideología o un negocio legal o ilegal; nada nos aleja más de la Navidad, de celebrar la vida con dignidad y del advenimiento de la esperanza, que seguir imponiendo la violencia armada sobre millones de víctimas del conflicto armado que reclaman reparación integral y restitución de tierras.

La Navidad es compromiso con la paz, con las y los más empobrecidos y excluidos, con los y las esclavizadas y explotadas, con las víctimas de la violencia armada; eso es lo que reclama Colombia de nosotros y nosotras, de quienes hemos vivido o alcanzado privilegios, de quienes nos acostamos sin hambre y sin dolor; pero también, es el reto para millones de compatriotas que debe hacerse visible en las calles, para juntar en una sola voz y un solo cuerpo, las manos y los corazones, la generosidad y la solidaridad, la justicia y la equidad, el diálogo y los acuerdos, los pactos y los cumplimientos, la democracia y el respeto, el perdón y la reconciliación. Que nadie, se sienta con el derecho de utilizar el dolor de millones de víctimas, para exacerbar los odios y la venganza, para instrumentalizar el descontento con la violencia a favor de un dogma, de la politiquería o la descalificación de los intentos de paz que se adelantan hoy en varios escenarios de diálogo.

Que la Navidad sea el momento de la reflexión y de las reafirmaciones por salir de tantos males impuestos o generados con nuestra forma de actuar. Que el narcotráfico y las economías que este genera y que invaden a nuestros pueblos y ciudades, comiencen a desaparecer definitivamente, nada justifica seguir haciendo daño a millones de personas, produciendo sustancias psicoactivas, traficando y enriqueciéndose con la desgracia ajena; la economía ilegal derivada del narcotráfico alimenta las violencias que nos mantienen en la oscuridad y el atraso. Nada justifica la corrupción, todo dinero que llegue a los bolsillos de alguien o a los bancos, quitándole posibilidades de educación, alimentación, vivienda o salud a un niño, niña o adolescente, será devuelto en los ciclos de la vida, con violencia e inseguridad. Nada podrá reparar el daño que se le hace al ambiente, cuando el deseo depredador se apodera del espíritu minero, de los proyectos energéticos o de desarrollo, hacer la paz con la naturaleza, también es obligatorio si queremos sobrevivir como especie en este planeta vivo.

Las noticias que llegan de la mesa de diálogo con el ELN y la mesa de diálogo con la disidencia de la FARC, son muy importantes y nos llenan de esperanza, sobre la posibilidad real de pactar la paz con estas organizaciones armadas, en especial, cuando ambas se han comprometido a suspender el secuestro de civiles con fines económicos; sin embargo, estos avances que marcan un nuevo paso dentro del cese al fuego bilateral, que deberá continuar y reafirmarse a principios del 2024, y un estado de maduración significativo hacia el abandono definitivo de la violencia armada, que respaldamos y rodeamos, deben ser refrendados realmente en el actuar territorial de todos los frentes de guerra y todos los combatientes de ambas organizaciones. Por eso, la importancia de que la movilización ciudadana exija a estos y todos los grupos armados, que cesen los ataques contra la población civil, que reafirmen su compromiso con la paz negociada, enviando un mensaje claro y contundente de que están en total disposición de juntarnos desde la verdad, la justicia, el perdón y la reconciliación, en el marco de la democracia y convivencia, a implementar las transformaciones que se acuerden y muchas otras que seguramente se necesitarán. Esta oportunidad de pactar la paz, de implementar lo pactado y continuar el camino de construcción de una nueva Colombia, no se puede desperdiciar.

Vamos a marchar, vamos exigirle al Gobierno y al Estado que redoble los esfuerzos por garantizar la vida y permanencia en el territorio de líderes y lideresas sociales y políticos, que se rompa cualquier vestigio de complicidad o alianza de miembros de la fuerza pública con grupos armados ilegales; vamos a movilizarnos para demandar a los Grupos Armados Ilegales que no han escuchado el llamado del gobierno y el clamor popular, que se sienten a dialogar y construir soluciones finales para superar la violencia; vamos a rodear los diálogos que hoy se adelantan y a exigir con decisión, que nadie se levante de la mesa de conversaciones, hasta que logremos salir de tantos años de barbarie y dolor.

Ahoguemos con la movilización pacífica y la democracia, toda llama de violencia, de injusticia, de odio, de estigmatización o exclusión; tenemos que ser miles y miles en las calles, en todos los rincones del país, los y las que salgamos a exigir, las veces que sea necesario, el fin de la guerra, el cese al fuego y la renuncia a todos los ataques violentos contra la población, contra los niños, niñas y adolescentes, contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, contra las mujeres y los campesinos, contra sindicalistas y comunales, contra comerciantes, ganaderos, mineros, pescadores, industriales; vamos a demostrar con la fragilidad de la esperanza y la fuerza del amor, que queremos celebrar en adelante nuestra Navidad en paz, y que nos comprometemos a luchar con todas las fuerzas, para que ningún colombiano o colombiana pase sus días sin comida o sin techo. Que la prosperidad deje de ser un deseo de Navidad y Año Nuevo, y se convierta, por decisión de todas y todos, en una realidad que vivimos y gozamos.

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