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Nadie nos llama, nadie nos dice nada, como si no existiéramos

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Nov 13, 2023. Publicado en Opinión. No hay comentarios en Nadie nos llama, nadie nos dice nada, como si no existiéramos

Hablar del secuestro o como lo llaman las guerrillas “retenciones económicas”, vuelve a ponerse sobre el debate público. Las cifras son alarmantes y demuestran que algo tanto en el proceso de paz como en las políticas de seguridad no está funcionando o no está siendo efectivo a corto plazo. Según diferentes fuentes el número de secuestros ocurridos en 2023 sobre pasa la cifra de las 80 personas, muchas de ellas con paraderos aún desconocidos.

Aunque el secuestro nace en Colombia mucho antes de la aparición de las guerrillas de izquierda, si es muy claro que luego del surgimiento de estas en 1964, el fenómeno empieza a tomar mayor relevancia, tanto en los llamados secuestros políticos, como en los secuestros con fines económicos; sin embargo, fue solo con el Mandato Nacional Por la Paz de 1997, donde más de diez millones de personas se manifestaron en contra de este y otros delitos, y con la llamada marcha del No Más en 1999, que se evidenció el dolor y los daños que el secuestro causa a la sociedad, la economía y principalmente a la víctima y sus familiares.

Más allá de las cifras, el secuestro afecta profundamente la salud mental y espiritual de los seres queridos y de quien lo padece directamente. La incertidumbre frente a la situación de su familiar, el sentimiento de impotencia, la espera día y noche de una llamada o un mensaje, el traslado de un sitio a otro principalmente en horas de la noche, el miedo frente a posibles combates, etc., consume profundamente, de forma silenciosa a quienes esperan algo de piedad estando secuestrados, y a los familiares y amigos más cercanos.

Con las denuncias públicas frente al secuestro del Sr. Díaz, empecé a recibir llamadas de personas que querían revelar el secuestro de sur ser querido o amigo, pues a pesar de los esfuerzos, los nombres de la mayoría pasan desapercibidos para la sociedad, los medios de comunicación y los gobiernos, principalmente para los alcaldes y gobernadores, que nada o poco hacen para ayudar a controlar el delito o para brindar acompañamiento a las víctimas.

Una de esas llamadas terminó siendo el clamor de una amiga de juventud. Cuando sonó el teléfono, y aunque evidencié que el número en la pantalla era desconocido, sentí que por alguna razón debía aceptar la llamada. Al responder con el cauteloso y cortante ¡alo!, me habló afanosamente una mujer. Hola Lucho, ¿cómo estás?, era una voz que me inspiraba confianza por la familiaridad de sus palabras y el tono con el que me habló. Soy Mildred Quintero[1], no sé si te acordás de mí, estudiamos juntos en el colegio. No fue fácil retroceder el tiempo, de esa época ya pasaron más de cuarenta años. Era una amiga de esas difíciles de olvidar, por su extrovertida forma de ser y las señales que en menos de dos minutos me refirió. Necesito hablar urgente con vos, hoy te vi en TvSanJorge – el canal comunitario de Ocaña- y hablaste del secuestro y quiero que me orientes sobre un caso. Establecimos una cita en su casa, hablamos de muchas cosas, hasta que finalmente me atreví a poner el tema para el que había sido citado. Del patio de la casa, salió una señora joven, con los ojos hinchados seguramente de llorar, y un caminar lento, comprendí inmediatamente que un ser muy cercano a ella era víctima de secuestro. Con las presentaciones de rigor y la cautela que el tema amerita, la señora comenzó a narrar el dolor tan inmenso que estaba padeciendo con el secuestro de su hijo, era la primera vez que lo hacía con alguien que no

fuera su círculo familiar cercano. Con el llanto entrecortado, la mirada perdida, el celular en una mano y con la otra aferrada al mueble, como si estuviera siempre dispuesta a salir corriendo frente a cualquier llamada, comenzaron a salir de su boca más que frases de relato, algunas preguntas ¿por qué secuestraron a mi hijo, si yo no tengo plata y mi hijo tampoco? ¿qué le digo a los niños, mis nietos, que todo el día preguntan por él? Nunca imaginé que esto nos pudiera pasar a nosotros, el papá también está como loco, no sabe que hacer y ya llevamos casi un mes en esta incertidumbre, nadie llama, nadie dice nada, no sabemos nada.

No era fácil responder. Lo primero que se me vino a la mente, además de escuchar detenidamente, fue tratar de consolarla, por lo que le hice una señal a Mildred para que la abrazara y se sentara a su lado ¿Ha recibido alguna ayuda o acompañamiento de la alcaldía o de alguna autoridad? le pregunté; su respuesta, que es la misma que se repite en muchos casos fue negativa. El Gaula de la Policía, solo me informó cómo, según ellos, habían ocurrido los hechos, y por donde se los habían llevado, pero nada más. Ni el alcalde, ni el gobernador, ni el presidente, nadie nos llama, como si no existiéramos, como si mi hijo no valiera nada, me dijo. Luego de darle algunos consejos, más relacionados con su salud mental y de ponernos de acuerdo para realizar un acto simbólico en el parque principal de Ocaña y una misa, le sugerí que visitara al obispo y solicitara su intermediación para intentar conocer en manos de quien estaba el hijo, y que buscara ayuda profesional para ella y para el papá del joven secuestrado, que al parecer estaba en un estado mayor de afectación.

Este lamentable y doloroso episodio, y a riesgo de ser vetado o estigmatizado, me llevan a proponer que los diálogos de paz deben, de manera urgente abordar el tema de ponerle fin al secuestro, y otros asuntos que tienen que ver con el Derecho Internacional Humanitario. Revisar sin ambages la cuestión de la manutención de los combatientes involucrados en el proceso de paz, de tal forma que esta deliberación, pueda también llevarnos casi automáticamente a evaluar la posibilidad de que las estructuras guerrilleras se ubiquen en zonas específicas, y los protocolos de cese al fuego bilateral, se puedan aplicar y monitorear de forma más efectiva.

No es la primera vez que, en el caso de la mesa de diálogo Gobierno Nacional-ELN, se anticipan elementos del quinto punto de la agenda, esto demuestra la madurez del proceso, los avances y el compromiso de las partes. Es el momento de responder positivamente al clamor ciudadano y buscar fórmulas expeditas para que las guerrillas abandonen el secuestro y devuelvan a todas las personas que se encuentran en su poder, hechos que, por supuesto no deberían suceder en la guerra, ni mucho menos en medio de un diálogo que busca la paz. Es el momento, de estudiar fórmulas para posibles ubicaciones territoriales temporales o permanentes de las estructuras insurgentes, para que la implementación de los acuerdos a corto plazo, se pueda adelantar incluso con la participación de guerrilleros desarmados.

Ya vendrán otros temas o preguntas que seguramente causarán desacuerdos, pero que, con el compromiso sólido en la búsqueda de la transformación de las causas que originan el conflicto y sus consecuencias, se podrán abordar y solucionar. Me atrevo a anticipar algunas: ¿Qué hacer con las armas y municiones, se entregan o no a la comunidad internacional para su destrucción? ¿Se hace o no dejación de armas y municiones a la firma del acuerdo o luego de su implementación total? ¿Seguirán en tregua bilateral o esta pasará a ser multilateral, de forma permanente, hasta la implementación de todo lo acordado? ¿La reincorporación de excombatientes, se empezará a dar cuando se entreguen todas las armas y municiones o antes, en la medida en que se vaya aplicando lo acordado?

Por el bien de Colombia, por la vida y la reconciliación, todos los diálogos de paz deben continuar. El Estado Mayor Central-FARC, debe volver a la mesa y debatir en esta, las inconformidades que expresa públicamente, y que antes de acercar a las partes, motiva reacciones políticas y sociales que hacen más difícil la construcción de acuerdos. No es el momento de la confrontación, ya la sociedad lo ha demostrado de múltiples formas. Hoy lo más revolucionario que un grupo insurgente puede hacer, es transitar por el camino de la paz, ponerle fin al conflicto armado e involucrarse en la lucha democrática por las transformaciones que las mayorías exigen.

Luis Emil Sanabria D.

[1] He cambiado el nombre para evitar señalamientos.

La paz de Colombia desde la perspectiva de un proyecto histórico

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Nov 5, 2023. Publicado en Opinión. No hay comentarios en La paz de Colombia desde la perspectiva de un proyecto histórico

Para que los gobiernos de los países dominantes y de los grandes poderes globales del capitalismo mundial, tomen en serio a Colombia, es necesario que en nuestro país emerja una sociedad estable, que construya unos consensos mínimos alrededor de la inclusión en una nación diversa, con claridad meridiana sobre la clase y la calidad de democracia que la rige, su economía y su futuro.

Gustavo Petro Urrego, en su condición de Presidente de Colombia, ha puesto nuestro país en la agenda mundial -hasta donde esto es posible para un país dependiente-, con varios temas importantes como, la lucha contra los cultivos de uso ilícito, la producción y tráfico de cocaína y el lavado de activos; la posición geoestratégica de Colombia, en correspondencia con la posibilidad de mejorar el comercio mundial a través de un canal seco interoceánico (trenes), y su ventaja comparativa al construir puertos profundos a ambos lados de sus dos costas; su posición geográfica como país incluido en la región de la Amazonía, y su importancia en la lucha contra el calentamiento global; y por supuesto, el tema de la violencia interna, la construcción de paz y su impacto en la región.

En el marco de estos y otros temas, el Gobierno Nacional, ha colocado las relaciones internacionales, en el nivel de importancia que corresponde a un país que requiere de apoyo y colaboración internacional para salir de sus problemas, y gestionar nuevas relaciones de comercio, para tratar de estabilizar la balanza comercial, de tal forma que la producción interna se dinamice, se mejoren las exportaciones y en consecuencia los ingresos. En ese contexto, el presidente se propuso, con la reciente visita a la República Popular China, persuadir a Xi Yinping, su presidente, de mejorar las inversiones y las relaciones de comercio, para promover el desarrollo colombiano y vincularse a las tareas de consolidación de la paz interna.

Seguramente en relación con la construcción de la Paz Total, propuesta que cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas y que se ratificó con el mantenimiento de la Misión de Verificación, y la ampliación de su mandato en las mesas de diálogo actuales, los países miembros del Consejo Permanente de Seguridad, no asumirán otra responsabilidad mayor, pues las grandes potencias difícilmente toman partido en problemas locales, a no ser que estén en juego sus intereses económicos o para justificar la renovación de armamentos y mostrarse los dientes, una práctica que China no ejerce, seguramente por su inutilidad estratégica.

Para acercarnos un poco más al papel que Colombia está jugando, y lo qué podemos esperar de la comunidad internacional, es preciso intentar comprender la forma en que los países dominantes se repartieron el mundo, y cómo surgió la globalidad bipolar o unipolar.

Producto de la Gran Guerra Europeo-Japonés (1938-1945), los vencedores conforman dos bloques antagónicos o polos de atracción política y económica. La llamada guerra fría que continuó, fue la intérprete de la fuerte tensión entre el sovietismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS y el capitalismo de los Estados Unidos de América -EE. UU. En este interregno de más de 50 años, EE. UU. se transformó en superpotencia económica y militar, mientras que la URSS implosiona y desaparece como modelo de estado y sociedad. EE. UU. convierte en aliado estratégico económico a Europa y Japón, como una manera de contener la ideologización soviética, y luego apuntalaría tal propósito al promover la modernización capitalista de China y el sudeste asiático y sitiar al sovietismo, hasta aniquilarlo económicamente.

La hegemonía de los EE. UU. en los últimos 30 años produce la globalización comercial neoliberal y la revolución tecnológica digital, pero la posibilidad de un mundo global bipolar (EE. UU. y China) no emergió o no ha terminado de emerger. Tampoco el proyecto de una Unión Europea transformada en superpotencia económica y militar se consolidó. El desarrollo de los acontecimientos mundiales en el presente, nos confirman que seguramente el mundo global Unipolar de los EE. UU. no podrá mantenerse a futuro sin aliados económica y militarmente poderosos, y esa visión parece estar en crisis para la superpotencia, tras los problemas perturbadores de su estabilidad interna.

Latinoamérica, no participó en el desenlace estratégico de la Segunda Guerra Mundial, y solo logró incorporar a su política interna la Doctrina de Seguridad Nacional antisoviética, lo que dio como resultado, su evidente incapacidad política para construir modelos democráticos profundos y solidarios. Hoy contamos con una región cuya unidad sociológica desde las tradiciones y las lenguas mayoritarias, el castellano-portugués, no ha alcanzado para pensar un destino común. De allí la obstinación del Presidente Petro y otros mandatarios progresistas regionales, en avanzar hacia objetivos comunes que hagan posible una mayor estabilidad, superar las brechas de inequidad y de empobrecimiento de grandes capaz sociales, transformar el modelo económico neoliberal, recuperar la soberanía de los Estados y el protagonismo independentista del siglo XIX.

Así como nuestra independencia del colonialismo español fue la consecuencia de la integración entre los ejércitos patriotas de Bolívar y San Martín, las naciones que emergieron deben participar en su conjunto en la solución colombiana de un problema político originado en el rol que comenzaron a jugar, luego de la última guerra global; la sustitución de la Doctrina de Seguridad Nacional, por una que privilegie el apoyo a la profundización democrática y la garantía de los Derechos Humanos; la definición de una agenda económica y ambiental que resulte vital y le impulse hacia su integración regional y el crecimiento capitalista, mediante un plan de impulso a sectores estratégicos de la economía, tales como, las energías limpias e interconectadas, la reconversión industrial del petróleo y los metales, el acceso a la tierra y a maquinaria para producción agroindustrial, la modernización de las infraestructuras de transporte de carga, la conservación de bosques nativos selváticos; y el impulso a una cultura societal amante de la Paz, los derechos y los deberes ciudadanos, y el fomento a la educación, las tecnologías y las ciencias.

Como proyecto histórico, la Colombia de ayer y de hoy está sujeta a la unidad latinoamericana y también caribeña, derivada de una agenda común desde la cual avizorar una sociedad hermanada por la inclusión de lo ambiental y culturalmente diverso, la integración económica como bloque de comercio global, y un sentido de cooperación fundado en los Derechos Humanos. Indiscutiblemente la Paz de Colombia contribuirá a estas construcciones de la gran nación latinoamericana, por esta razón, quienes señalan y acusan de ineficiente o equivocada la gestión actual de las relaciones internacionales colombianas, lo hacen por desconocimiento de la realidad regional y mundial, o como estrategia ideológica ligada a sus intereses privatizadores, violentos y depredadores, pues queda claro que, no es posible una paz autárquica, y por el contrario, se debe involucrar a la comunidad internacional y especialmente a los países hermanos, en nuestro sueño de sociedad reconciliada, bajo un gran acuerdo nacional que irradie con sus beneficios a todo el planeta.

Luis Emil Sanabria D.

El Plateado y la Paz con el llamado Estado Mayor Central de las Farc

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Oct 29, 2023. Publicado en Opinión. No hay comentarios en El Plateado y la Paz con el llamado Estado Mayor Central de las Farc

Debido a las constantes tomas y ataques de las guerrillas, hace varios años que la Policía Nacional tuvo que abandonar El Plateado, corregimiento del municipio de Argelia en el Cauca, y han sido infructuosos los intentos de retoma de este y de todo lo que se conoce como el Cañón de Micay, enclave de cultivo de coca para la producción de cocaína, su transporte y comercialización hacia la costa pacífica principalmente. Hasta este año, gran parte de este territorio, volvió a ser ocupado por la Fuerza Pública, y se plantea una acción integral del Estado para contrarrestar las violencias, alimentadas esencialmente por el narcotráfico.

Las economías ilegales señaladas, el acceso a la compra armas y municiones ilegales, las difíciles condiciones sociales y políticas, la debilidad del Estado y el abandono de sus responsabilidades en materia de salud, educación, vivienda, vías de comunicación, y el desamparo de las economías campesinas, han hecho de esta hermosa región, un caldo de cultivo, en donde proliferan todo tipo de expresiones armadas. Hace muchos años que estas poblaciones del Cauca, al igual que ocurre en muchos territorios del país, son sometidas por parte de los actores armados no estatales y estatales a una constante victimización e infracciones al Derecho Internacional Humanitario- DIH, representadas fundamentalmente en masacres, asesinatos de líderes y lideresas, desplazamiento forzado, confinamientos, instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos, y cada dos años al constreñimiento electoral o a la imposibilidad de ejercer este importante derecho democrático.

No es mucho lo que la juventud que habita este territorio puede aspirar a hacer con su vida. Los esfuerzos de las organizaciones sociales y étnicas que intentan por todos los medios, arrebatarle a la guerra sus jóvenes, son insuficientes, y los grupos armados siguen reclutando bajo la presión de las armas, las ofertas económicas o el convencimiento ideológico, y ante la mirada cómplice de políticos y gobernantes. El municipio de Argelia, es hoy uno de los territorios que ostenta una las más altas tasas de homicidios del país, la mayoría de ellos jóvenes.

Parece una historia de nunca acabar, las noticias nefastas se repiten desde hace muchos años, la indolencia de algunos gobiernos, tanto nacionales como locales, las fallidas estrategias militares que priorizaron los bombardeos, la militarización y la persecución contra las organizaciones sociales, sus líderes y lideresas, los abordajes fraccionados y poco integrales para la solución pacífica del conflicto, han demostrado la necesidad de ensayar coordinadamente otras estrategias sociales, políticas, económicas, y de acción dialógica con todos los actores armados en la región, así como motivar la presencia integral del Estado, tal como lo viene desarrollando, aunque con dificultades, el presente gobierno.

Algunos sectores políticos con sus respectivos amplificadores radiales, televisivos y escritos, en medio de la campaña electoral y de desprestigio del gobierno de Gustavo Petro, se rasgan las vestiduras y hasta se muestran compungidos, porque la estrategia de Paz Total, no se rompe y se realiza la toma a sangre y fuego del corregimiento de El Plateado. No les preocupan las vidas de niños, niñas y adolescentes, les preocupan los votos que seguramente no podrán comprar, no les preocupa el fortalecimiento de la democracia y no les conviene la paz y la posibilidad de entendimiento, por esta razón, vociferan cargados de improperios contra el hecho de que voceros del llamado Estado Mayor Central-FARC, se comprometan con la Registraduría Nacional, a dejar ingresar pacíficamente los tarjetones electorales. Hoy estarían felices si los tarjetones hubieran llegado, luego de la muerte en enfrentamientos, de muchos colombianos y colombianas.

Es preciso dimensionar este logro tan importante del proceso de Paz Total. El gobierno nacional y las fuerzas armadas, sin demostrar debilidad, y con un profundo compromiso por la vida y el respeto al Derecho Internacional Humanitario, han logrado que un grupo armado ilegal, comandado en su mayoría por jóvenes entre los 25 y los 35 años, con poca experiencia militar y política, que han demostrado no respetar a cabalidad las reglas de la guerra, se comprometan a avanzar en la firma de un cese al fuego bilateral y a respetar el transcurso de las elecciones. Ha sido el camino de la Paz en el horizonte de la Paz, el que ha logrado lo que anteriores gobiernos no había logrado, que se celebren elecciones en El Plateado y que las confianzas entre las partes se vayan fortaleciendo, para garantizar que lo pactado en la mesa de diálogo, se implemente a corto, mediano y largo plazo.

Seguramente se tendrá que mejorar en muchos aspectos de esta recién instalada mesa de diálogo, se tendrá que profundizar de forma ágil en la definición de los mecanismos de participación de la sociedad, se tendrá que ahondar sobre los puntos de la agenda pactada en el municipio de Tibú, el pasado 16 de octubre, se tendrá que avanzar en los protocolos que hagan posible que el cese al fuego bilateral se mantenga hasta que se logre la firma de un acuerdo que ponga fin a la confrontación armada con este sector de las guerrillas, que no se sintió conforme con el proceso de paz que llevó a la firma del acuerdo en el 2016, con el grueso de las FARC-Ep.

Lo cierto es que ya se han logrado elementos que son importantísimos para transformar pacíficamente un conflicto armado, y es sentarse a dialogar oficialmente, avanzar en la toma de confianzas, cumplir lo que sea posible de cumplir a corto plazo, y silenciar los fusiles para que las ideas fluyan y la sociedad vaya sintiendo que la paz avanza. Ojalá este escenario, posibilite avanzar hacia un cese al fuego bilateral entre el ELN y el EMC-Farc, y por qué no, multilateral con todas las fuerzas en proceso de diálogo.

Tendrán que hacer un mayor esfuerzo, el conjunto de la ‘guerrillerada’ y los comandantes del EMC-Farc, por acatar el Derecho Internacional Humanitario, por suspender la instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos que victimizan a la población civil, por frenar el secuestro y la extorsión, por detener definitivamente la estigmatización y los asesinatos contra líderes, lideresas sociales y firmantes del acuerdo de paz, por parar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, entre otros delitos. Este proceso de paz debe prontamente dejar de gatear, lo que demanda también, que las Fuerzas Armadas cumplan a cabalidad el cese al fuego y se borre todo manto de duda, frente a posibles complicidades con grupos herederos del paramilitarismo.

La sociedad también tiene su cuota para aportar. Debe, a través de la movilización, las acciones simbólicas, los pronunciamientos y demás formas de manifestación noviolenta, rodear el proceso, respaldar las acciones y acuerdos que se implementen en el marco de los acuerdos, alistarse a participar los más unidos posible en los distintos escenarios que se abrirán y, de esta forma lograr que las partes dialogantes sientan que su compromiso más importante es con el pueblo colombiano, que ya no resiste más guerra y más violencias, y que no se deben levantar de la mesa de diálogo, hasta no pactar un acuerdo que haga posible las transformaciones que borren de nuestra existencia, las causas estructurales que generan y alimentan el conflicto armado.

Luis Emil Sanabria D.

Cambiar lo que sea necesario y mejorar lo que haya que mejorar

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Oct 22, 2023. Publicado en Con los pies en la tierra, Opinión. No hay comentarios en Cambiar lo que sea necesario y mejorar lo que haya que mejorar

Al parecer todos los intentos por agudizar una crisis de gobierno que justifique la salida no institucional o imponga lo que se conoce como golpe de estado blando, no han madurado lo suficiente y las convocatorias amenazadoras de sectores de la oposición para movilizar la sociedad, se han caracterizado por una escasa participación; sin embargo, lo anterior no indica de ninguna forma, que la oposición extrema al gobierno del Pacto Histórico, hayan desistido de sus pretensiones, por el contrario, han avanzado en su capacidad de coordinación y de diversificación de las formas de oposición saboteadora, a tal punto, que llegan a poner en riesgo los intereses de la nación y el mismo Estado de Derecho.

Por primera vez en la historia de Colombia, una propuesta política que pone al centro la defensa de la vida, construida y guiada por sectores de la izquierda democrática, social-demócratas, liberales y conservadores “descarriados”, ambientalistas, feministas, pueblos étnicos, exguerrilleros, campesinos y campesinas, juventudes, influenciadoras de redes sociales, población LGBTIQ+, estudiantes, académicos, sindicalistas, población con discapacidad, entre otros, se perfiló como un bloque social y político, capaz de arrebatarle en las urnas el gobierno y arañarle poder, a la aristocracia y la escasa burguesía criolla, cuya sombra había permitido reproducir todo tipo de alianzas con las mafias de la corrupción y el narcotráfico, y el surgimiento de toda suerte de bandidos y bandidas que mediante componendas, hacen de la política y la administración pública, una forma de enriquecimiento ilícito.

Esta nueva coalición de gobierno, guiada por Gustavo Petro Urrego, se planteó abordar la solución de una serie de problemas que, por su nivel de profundidad y desarrollo, deberían transformarse de forma compleja, coordinada y simultánea. Solucionar de manera pacífica y dialogada el sexagenario conflicto armado interno con las guerrillas; promover el acogimiento a la justicia de grupos armados delincuenciales no políticos; desarrollar el Estado Social de Derecho y revertir las leyes de implementación de las políticas neoliberales privatizadoras, desarrollar el capitalismo y recuperar la independencia de poderes; superar la corrupción económica; perseguir y erradicar el narcotráfico y el lavado de activos, el tráfico ilegal de armas y municiones, la trata de personas, y el comercio ilegal de especies exóticas; luchar contra el cambio climático y promover la transición energética; disminuir los altos niveles de pobreza y desempleo; y finalmente, aunque con poca decisión, promover una reforma electoral.

Con este plan, un frente político que apenas gateaba, arribó a las elecciones, salió victorioso y asumió la gobernabilidad nacional; sin embargo, con su esfuerzo poco coordinado y claro, la falta de experiencia y el juego sucio de otros partidos, no le alcanzó para obtener las mayorías suficientes de congresista, que le dieran la capacidad real de convertirse en un polo de atracción para otros sectores políticos y aprobar las reformas que el cambio requiere, de tal manera que las transformaciones han tenido que ser tramitadas en medio del chantaje, las mediaciones, los acomodos tradicionales de representantes a la cámara y senadores, y las mentiras de la oposición.

Así las cosas, sin tener mayorías en el congreso y con un aparato burocrático estatal poco convencido o en franca oposición al cambio, heredado de años de gobiernos de derecha, con una fuerza pública que al parecer aún no decide a todos los niveles abandonar la doctrina de seguridad, se ha hecho más difícil el reto de implementar un nuevo estilo de gobierno que cumpla con todas las promesas y los cambios urgentes que exige el electorado, y se ha dificultado elevar y nivelar la eficacia y eficiencia administrativa -que por fortuna ya se nota en algunos ministerios y entidades-, atacar a profundidad los vicios administrativos ligados a la corrupción y corregir actitudes arrogantes de algunos nuevos funcionarios.

No es la ejecución del Plan de Desarrollo o la posible aprobación de las reformas propuestas por el Pacto Histórico, que seguramente no tendrán el alcance originalmente respaldado en las urnas, lo que más inquieta a esta oposición beligerante, pues saben que su actuación saboteadora, alimentada por las dificultades de gobierno y los todavía altos índices de violencia, les está dando algunos resultados importantes, y en la medida en que los medios de comunicación bajo su dominio económico, político e ideológico, sigan cumpliendo su labor de oposición y de fabricación de noticias falsas, y se mantenga la gobernabilidad local lograda en unas elecciones atravesadas por el constreñimiento, el clientelismo, la violencia y la corrupción, su capacidad de maniobra política les será medianamente favorable.

Lo que más inquieta a la oposición y a los áulicos de pasados gobiernos violentos, es que el proceso de diálogo y negociación con los grupos armados avance, que la reforma rural integral se esté implementado y favorezca a cientos de campesinas y campesinos, y que las falacias fabricadas para desacreditar al presidente Petro y su equipo de gobierno, estén siendo destruidas por la fuerza de la verdad. Por primera vez en la historia, la sociedad está siendo informada sobre la forma como los gobiernos entregaron a privados o/y mafiosos, las empresas, los bienes y el presupuesto que era de todas y todos. Ni el presidente resultó ser un dictador, ni el Plan Nacional de Desarrollo es el reflejo de un programa socialista, ni la corrupción aumentó o cambió de manos, tampoco se reconfiguró una nueva alianza con el narcotráfico, ni se presentó un proyecto de ley de reelección presidencial o las marchas convocadas en apoyo a las políticas de cambio resultaron violentas.

Sin embargo, todo lo descrito anteriormente, no justifica del todo la incertidumbre que, a más de un año de gobierno, todavía se siente y que llena de escepticismo a importantes capas de la sociedad. El Pacto Histórico como coalición responsable del Gobierno del Cambio, independiente de los resultados que arrojen las elecciones del 29 de octubre, debe asumir varias responsabilidades, sino quiere repetir la experiencia de la Alianza Democrática-M19 o al Frente Social y Político, agravado por supuesto con el hecho de ser gobierno. Debe en su conjunto, incluidos los y las funcionarias públicas, abandonar el espejo retrovisor y decidirse a conquistar el Estado, para cambiar lo que sea necesario y mejorar lo que haya que mejorar, responder con creatividad a las necesidades del pueblo, y avanzar hacia convertirse en una organización política con mayor claridad ideológica, con mayores niveles organizativos, y abandonar la tentación del parlamentarismo que hoy no le permite reconocer y fortalecer el poder de la organización social y popular.

El Pacto Histórico debe asumir la responsabilidad de mejorar la experiencia del gobierno de la vida y garantizar, en una futura administración con más experiencia, la continuidad del cambio iniciado, para lo cual es preciso asumir a profundidad la construcción participativa y amplia de un proyecto de reforma política y electoral, capaz de reconocer y potenciar la democracia directa, colocarla al nivel de la democracia representativa, para que brote de esta paridad, una democracia participativa robusta, que sea la piedra angular de un nuevo acuerdo nacional.

La fórmula de la movilización y la organización social, aliada del gobierno, no será suficiente, hay que reconfigurar una estructura político-social que sea atractiva para los no organizados, para las ciudadanías libres y para el conjunto del electorado, pero en especial, debe consensuar una propuesta verdaderamente seductora para la juventud y la inmensa capa de abstencionistas que no creen en la democracia actual o no les interesa hacer uso de su derecho al voto. Una organización con vocación de poder, generosa en su actuar, respetuosa en su lenguaje, progresista en su estrategia y amorosa para reconstruir los sueños de una sociedad fragmentada y de miles y miles de víctimas del conflicto armado.

NOTA: el próximo 29 de octubre, la tarea es salir a votar temprano, acompañados de amigos y vecinos.

Luis Emil Sanabria Durán.

“Un monstruo grande” que se alimenta de almas de niños y niñas

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Oct 15, 2023. Publicado en Opinión. No hay comentarios en “Un monstruo grande” que se alimenta de almas de niños y niñas

Esta semana ocupó gran parte de la agenda mediática, la violencia desatada en territorio palestino luego de un ataque del grupo armado Hamás, que violó todos los límites del derecho de la guerra, cobrando la vida de civiles indefensos y desatando la respuesta desproporcionada del Estado terrorista de Israel, dando continuidad a los planes expansionistas de quienes le gobiernan. Asesinatos de civiles indefensos, masacres, secuestros, delitos todos de lesa humanidad, marcan una guerra territorial, alimentada por los odios y los egoísmos, bajo el pretexto del amor a Dios. “Un monstruo grande” que se alimenta de almas de niños y niñas, y que exige para su terminación, que la comunidad internacional garantice prontamente la instalación de una mesa de diálogo que haga posible el reconocimiento de los dos Estados, que ahogue los extremos terroristas de ambas partes, que promueva un cese al fuego bilateral urgente, y brinde garantías a la vida, la cultura y la permanencia en el territorio de judíos, cristianos y palestinos, entre otras espiritualidades.

Mientras líderes políticos criollos e internacionales, y algunos periodistas opinaban, condenaban, o atizaban los odios, en Colombia pasaron casi desapercibidos los avances internos en materia de construcción de paz. La mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN, por primera vez sesiona en Colombia, más precisamente en Bogotá, demostrando el alto nivel de confianzas que las partes han alcanzado y los avances indiscutibles de este proceso de diálogo. En medio de las críticas destructivas de quienes, desde la comodidad de sus amplias salas de recibo, ven crecer sus arcas gracias a la guerra, la delegación de diálogo del ELN recorre el país, informando y consensuando con sus estructuras los avances y compromisos adquiridos; cosa parecida realiza la delegación del Gobierno Nacional y los miembros del Comité Nacional de Participación-CNP, instancia encargada de construir la metodología amplia de participación que se aplicará a partir de marzo de 2024.

Favorecido por el cumplimiento evidente y sin precedentes del Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional con esta organización insurgente, el CNP convocó y realizó el primer encuentro consultivo nacional con los llamados medios de comunicación alternativos, y avanza en los preparativos para nuevos encuentros de sectores sociales y empresariales, así como de encuentros territoriales. Evitando al máximo, contaminarse de la contienda electoral y previniendo cualquier tipo de exclusión, se preparan para realizar, a partir de la primera semana de noviembre, sendos encuentros sectoriales y múltiples pre-encuentros territoriales. Los trabajadores y trabajadoras organizados y no organizados, las víctimas del conflicto armado, las y los exiliados, los gremios económicos, las y los jóvenes, las organizaciones campesinas, los pueblos étnicos, entre otros, tendrán la posibilidad de proponer mecanismos de participación efectiva de la sociedad para superar el conflicto armado con el ELN.

De otro lado, se realizó en el municipio de Tibú, en Norte de Santander, la primera reunión formal de la mesa de diálogo establecida entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC. Lo que algunos señalaron como un revés para el gobierno, no fue otra cosa que el reconocimiento mutuo de que se está dialogando y de que se avanza en la instalación, a partir de este 16 de octubre, de una nueva sesión de conversaciones, que debe escuchar a las organizaciones sociales y que debe avanzar rápidamente hacia un Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal.

Se reconocieron las delegaciones, se examinaron los intereses de cada una de las partes, se avanzó en los aprendizajes propios de un escenario que tiene como objetivo, ponerle fin a la confrontación armada, darle paso a una etapa que permita abordar las causas que originan el conflicto y pactar prontamente, las acciones para superar dichas causas. Esta nueva mesa de diálogo, prontamente deberá entregar los protocolos de cese al fuego, las formas y mecanismos de participación de la sociedad, y en general las rutas para abordar la agenda previamente pactada; sin embargo, mientras esto avanza, es imperativo que se asuma un compromiso ético de cara a la sociedad colombiana, que detenga los ataques a los pueblos étnicos, el reclutamiento de menores y los asesinatos de los firmantes de los acuerdos de paz.

Así mismo, se escuchan voces desde la llamada Farc-Nueva Marquetalia, que dan cuenta de su interés por aportar a la construcción de la paz y a la salida negociada del conflicto armado. Tendrán que darse los pasos necesarios, tanto jurídicos como políticos, para que esta disidencia que retomó las armas luego de firmar el acuerdo de 2016, encuentre los espacios que les permita transitar por el sendero de la paz. Deberán sus comandantes, dar muestras de querer avanzar, ya sea ordenando a sus combatientes un cese al fuego unilateral, o desescalando la intensidad del conflicto, prohibiendo a sus frentes, cualquier tipo de hostilidad contra la población civil.

La paz avanza también en las ciudades, de eso dan cuenta, las mesas de diálogo con las estructuras de crimen organizado que se adelantan en Medellín, Cali, Quibdó, Buenaventura. Estos espacios de diálogo socio-jurídico se mantienen en medio de las dificultades y de los señalamientos politiqueros de quienes, intentado de sacar ventaja electoral, le acusan de estar fraguando supuestos planes para terminar con la vida de algún candidato. Se promueven encuentros en las comunas, se avanza en pactos de no agresión entre las bandas armadas, y se va poco a poco, instalando la ruta definitiva que hará posible que el presente y el futuro de gran parte de la juventud urbana, no sea la delincuencia.

Finalmente, también se escuchan buenas noticias desde los esfuerzos de paz en la Sierra Nevada. Según algunos informes de líderes y lideresas locales, se avanza en la formalización de diálogos con el grupo conocido como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Ojalá, este nuevo esfuerzo cuente con el respaldo de toda la sociedad y así, ir configurando el mapa complejo de transformación del conflicto armado colombiano, con todos los actores involucrados.

La paz prospera, a tal nivel que el Secretario General de las naciones unidas, António Guterres, en su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que comprende entre el 27 de junio al 26 de septiembre de 2023, reconoce que el primer año de la administración del Presidente Gustavo Petro “brindó la oportunidad de renovar los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz y de emprender acciones decisivas para cumplir esas promesas”. “El año también ha servido —resalta— para poner en marcha otras iniciativas igualmente ambiciosas en el marco de la política de paz total del Gobierno”.

Ante este panorama, el deber de la sociedad es rodear con más entusiasmo y decisión los esfuerzos de paz, exigir el respeto a la vida y la permanencia en el territorio de líderes y lideresas, promover el Cese al Fuego Multilateral y emprender acciones que llamen la atención del Clan del Golfo y el Gobierno nacional, para que se decidan, sin más excusas, a dar los pasos necesarios que hagan posible, la instalación formal de una mesa de diálogo socio-jurídico para abordar soluciones a las causas y consecuencias de esta confrontación, pero en especial, para progresar en el desmonte de las estructuras armadas, de las rutas de comercio de drogas ilícitas y de lavado de activos.

La sociedad tiene hoy una gran oportunidad si participa masivamente en las elecciones del 29 de octubre. La paz requiere que, el pueblo elija personas comprometidas con la reconciliación y la democracia, con la defensa de los Derechos Humanos, que luchen contra la corrupción, la pobreza, la injusticia y la inequidad. La paz integral y total, no solo es responsabilidad del Gobierno Nacional, es también un deber y un derecho de la sociedad, de los gobernantes y políticos locales. De nada vale que el Gobierno de Gustavo Petro, logre un acuerdo de paz con cada grupo armado, si los gobernantes locales, acompañados de los y las concejalas, edilesas y diputadas, no se juntan a este esfuerzo. Ciudades como Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Villavicencio, Neiva, Pasto, Montería, Sincelejo, Popayán, Arauca, Apartadó, Ocaña, Caucasia, Barrancabermeja, entre otras, requieren avanzar por los caminos de la paz, la gobernabilidad transparente y participativa. Esfuerzos que deben estar ligados a la promoción e instalación de Cultura de Paz, de lucha contra las violencias de género, intrafamiliar, contra niños, niñas y adolescentes, y la inversión en programas que garanticen un presente y un futuro próspero para la juventud.

Luis Emil Sanabria D.

Marmato, Clamando justicia y reconocimiento de derechos

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Oct 8, 2023. Publicado en Con los pies en la tierra, Opinión. No hay comentarios en Marmato, Clamando justicia y reconocimiento de derechos

A la entrada del pueblo, que queda a mano derecha en la vía que de Antioquia conduce a Caldas, sobre el cañón del rio Cauca, en la cordillera occidental de los Andes, se reconoce el aviso que indica la llegada a Marmato, “pesebre de oro de Colombia”. Este pedazo de tierra, con 487 años de tradición minera, ha surtido de oro a indígenas Cártamas, Supias y Quimbayas, luego a los invasores españoles, y posteriormente dada en pago perpetuo a los ingleses, por su ayuda en nuestra guerra de independencia, de los ingleses solo se sabe que se perdieron en la historia y ahora las riquezas marmateñas son reclamadas por multinacionales mineras, principalmente de origen Canadiense. Es curioso, pero este pedacito de suelo siempre ha sido más de extranjeros que de colombianos, pareciera que es prestado y poco valorado por quienes, tradicionalmente han manejado el país.

Para subir hasta la Alcaldía y seguir hacia la vereda Echandía, se debe concertar con alguna persona nativa que ayude a orientar al conductor del vehículo, campero o camioneta, y evitar accidentes que puedan ocurrir y que ocurren constantemente, debido al alto tráfico de volquetas, recuas de mulas cargadas de madera, motos y personas que, por una vía estrecha y azarosa, pasando al borde del abismo, se abren paso a la fuerza, para poder llegar a su destino. A lado y lado de la vía, se encuentran socavones de minas artesanales, de donde salen en Juntanza los mineros ancestrales, los mineros tradicionales y los denominados “guacheros”, casi sin aliento, para procesar el mineral que contiene su pan de cada día, ese oro esquivo que pide permanentemente arriesgar la vida al adentrarse en los túneles improvisados que han heredado, comprado u ocupado. La muerte siempre está cerca.

Hace más de 13 años visité por primera vez estas singulares tierras, acompañando la lucha y la reclamación de los mineros tradicionales del sector conocido como Echandía, en donde la asociación que lleva su mismo nombre adelantaba una movilización pacifica en pro del reconocimiento de sus derechos a trabajar y ser reconocidos como titulares de unas minas que a hoy llevan más de tres décadas explotando. Esta lucha es un reflejo de la realidad de Marmato, con sutiles diferencias y matices, pues el régimen jurídico que aplica para este sector, se conoce como un RPP – régimen de propiedad privada- que, a propósito, es de los últimos relictos de los títulos mineros dados en perpetuidad a los ingleses, como lo mencione anteriormente.

Ellos, a diferencia de otros mineros tradicionales, ancestrales y los conocidos como Guacheros que se asientan a lo largo de Marmato, se organizan en una asociación que mantiene una lucha constante por el reconocimiento de sus derechos. La asociación había solicitado a REDEPAZ, el acompañamiento para lograr su reconocimiento y ante las amenazas a las que estaban siendo sometidos. En esa época, la lucha fue contra la compañía minera Golfields, una filial de la empresa Medoro Resources, que había llegado a imponer su ley, colocando candados en las entradas de las minas, presionando a burócratas obtusos para que interpretaran la ley al amaño y beneficio de la multinacional, en la búsqueda de expulsar de su terruño, a los mineros; ofrecieron bajo presión, falacias y promesas rotas a las y los marmateños, dadivas y dinero a cambio de la entrega de sus minas y el olvido de decenas de años de trabajo, sangre, sudor y lágrimas.

En Marmato, se conjuga la representación de Colombia. Comunidades negras e indígenas, mestizos, blancos, zambos, han perseverado en su labor de producir riqueza, hacer empresa, promover el progreso y la paz, conocida como marmateños. Este ejemplo nacional, es un lugar donde no ha habido conflicto armado ni polarizaciones políticas extremas, la paz ha reinado entre riqueza y pobreza, abandono estatal e incertidumbre permanente.

El Estado y la sociedad colombiana tienen una enorme deuda con Marmato, y ambos deben reconocerlo como un singular y efectivo laboratorio de paz. Es sorprendente que allí, donde día a día se arranca el añorado mineral de oro, no sea habitual el robo ni el secuestro, ni otras manifestaciones de violencia. Esta comunidad merece ser apoyada y reconocida como emprendedora, trabajadora y empresaria; no tiene sentido alguno, continuar sometiéndolos a la persecución, estigmatización y la violenta arbitrariedad burocrática, aplicando normas que desconocen la realidad, la legitimidad y la dignidad de quien construye país.

Las muestras de la deshonrosa presencia del Estado en Marmato son numerosas. Por ejemplo, la prohibición de la comercialización de dinamita ha generado un negocio lucrativo para personas corruptas que distribuyen este explosivo a precios exorbitantes, hasta diez veces su valor real. Además, se obliga a las comunidades a fabricar sus propios materiales de voladura en condiciones de riesgo extremo, y que decir de los controles excesivos sobre el transporte y venta de la madera, un recurso esencial para la sostenibilidad minera, encareciendo el recurso, enriqueciendo a los corruptos y haciendo cada más inviable el ejercicio de una minería justa. Estos obstáculos al progreso y a la actividad legítima de los mineros tradicionales deja un gran interrogante: ¿Son estas funciones del Estado?

Quienes llevan 30 años o más trabajando tradicional y consuetudinariamente las minas, tienen derecho al reconocimiento minero; pero lamentablemente, los mineros de Echandía, en Marmato, quienes han ejercido su labor como microempresarios o empresarios, cumpliendo con sus obligaciones fiscales y contribuyendo al desarrollo de la sociedad y la estabilidad económica de la región, generando empleo y cimentando un futuro para sus conciudadanos, han sido tratados como expulsables, como ciudadanía sobrante, de esa que merece ser condenada al olvido, por parte de un Estado y sus Gobiernos, ausentes, arbitrarios, y negligentes.

Hoy, nuevamente una multinacional, afirma haber adquirido los derechos mineros, lo cual puede ser válido desde un punto de vista legal formal. Sin embargo, esta multinacional no ha aportado ni una fracción mínima del valor económico y social, los tributos, los impuestos y la construcción de la nación que los mineros han realizado. ¿Cómo podemos darles la espalda? ¿Cómo podemos no buscar una solución justa que reconcilie los derechos de esta empresa titular con los de los mineros que han trabajado la tierra durante décadas? Negarles la oportunidad de trabajo a los casi mil mineros de la zona, negar el bienestar de sus hijos e hijas, después de treinta años de dedicación y lealtad a la Ley y la Constitución sería un acto de abandono inaceptable por parte del Estado y la sociedad.

En Marmato, la infraestructura existente, incluyendo saneamiento y educación, ha sido construida comunitariamente en colaboración con algunas ayudas estatales. El Gobierno Nacional y los Gobiernos locales deben incluir a las comunidades mineras como socias en la construcción de progreso, justicia social y equidad. Un formalismo legal e injusto, no puede primar sobre la legitimidad construida por la comunidad minera de esta región históricamente importante. Hago un llamado respetuoso al Estado y al Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, para que rompa con esta tradición de olvido, exclusión y persecución, e intervenga de manera justa, impidiendo la expulsión y evitando el abandono de la comunidad. Un llamado al Gobierno de la Vida, para arbitrar y restablecer la legalidad en Marmato, a reconocer a quienes desde el trabajo honesto, persistente y aguerrido construyen bienestar. Marmato es Colombia, lo que suceda allí tendrá repercusiones en todo el país.

Luis Emil Sanabria D.

El Consejo Nacional de Paz, mucho entusiasmo y pocos resultados

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Oct 2, 2023. Publicado en Con los pies en la tierra, Opinión. No hay comentarios en El Consejo Nacional de Paz, mucho entusiasmo y pocos resultados

La primera vez que participé de un Consejo de Paz, fue en 1992, cuando se estaba iniciando la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y el E.P.L., pues esta guerrilla había pactado una figura de participación complementaria a las Asambleas Comunitarias que definían participativamente la realización de proyectos de desarrollo y productivos, en zonas en donde esta organización tuvo influencias, todo esto bajo la figura del Plan Nacional de Rehabilitación-PNR surgido de la política de paz en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), desarrollado en el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y asumido como elemento sustancial para ejecutar algunos acuerdos firmados con las guerrillas de la época.

Por esa época me habían responsabilizado del proceso de reinserción de las y los excombatientes guerrilleros que operaban en los Santanderes y el Sur de Cesar, y avanzar colectivamente en propiciar cambios en las zonas de influencia guerrillera, buscando incidir en la superación de la pobreza, en mejorar la presencia institucional y avanzar en el proceso de cambio, a raíz de la recién estrenada Constitución Política y la figura de la democracia participativa. Los consejos de paz eran un modelo cerrado de concertación entre la institucionalidad, algunos líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz, buscando aportar ideas para la inversión en proyectos de desarrollo y la superación de las en las zonas de anteriores operaciones militares de las guerrillas desmovilizadas.

Posteriormente, la idea de la creación de un Consejo Nacional de Paz- CNP y de Consejos Regionales, comenzó a marcar la agenda del movimiento nacional por la paz y la recién conformada REDEPAZ en 1993, buscando reglamentar el artículo 22 de Constitución Política Nacional que define la Paz como derecho y deber. Se recogieron firmas de respaldo a un proyecto de Ley que, aunque no alcanzaron para que este fuera discutido en el congreso, sirvió de guía en la continuidad de la iniciativa que se ventiló con más fuerza en la campaña del mandato de los niños y niñas por la paz en 1996 y en el mandato por la paz de 1997, realizados por la sociedad civil durante el gobierno de Ernesto Samper P (1994-1998). Fue a través de la Ley 434 de 1997, que finalmente se creó esta instancia y que casi automáticamente fue acogida por algunos de los recién elegidos gobernadores.

Se instaló el Consejo Nacional de Paz y algunos departamentales, se intentó ponerlos a marchar efectivamente, pero su importancia y operatividad nunca fueron valoradas por los siguientes gobiernos. En época de los diálogos del Caguán entre el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), el CNP no jugó como colectivo ningún papel preponderante, y luego su figura fue languideciendo hasta desaparecer en los gobiernos de Álvaro Uribe V (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010- 2014). Solo en el segundo gobierno de Santos (2014-2018), y gracias nuevamente a la iniciativa de la sociedad civil, se conformó un Comité de Impulso para convocar el CNP; este comité, haciendo uso de acciones legales logró que finalmente se convocara la conformación e instalación del Consejo Nacional de Paz y el Comité Nacional de Paz -instancia de dirección del Consejo- y se promoviera la instalación de Consejos Departamentales y Municipales; Sin embargo, esta instancia no logró jugar algún papel destacado en los diálogos entre el Gobierno Nacional y las FARC-Ep, y su actuación fue relegada a unas cuantas sesiones, poco productivas.

Paralelamente, en los diálogos para el logro del acuerdo de Paz firmado en 2016, entre el Gobierno Nacional y la FARC-Ep, se incluyó la figura de un Consejo Nacional de Reconciliación y Convivencia, que luego en la implementación y gracias a las gestiones del recién instalado Consejo Nacional de Paz y el Alto Comisionado para la Paz, se fusionarían mediante decreto ley 885 de 2017 firmado por el presidente Santos, se ampliaran sus facultades y su conformación, dando origen al nuevo Consejo Nacional de Paz Reconciliación y Convivencia- CNPRC que, aunque irregularmente y más por iniciativa del Comité, logró avanzar en algunos temas relacionados con sus funciones y la construcción de lo que debería ser una política estatal de reconciliación y convivencia, que incluiría un fuerte componente de Cultura de Paz.

Con la llegada de otro gobierno, esta vez en cabeza del presidente Iván Duque (2018-2022), el entusiasmo duraría poco, y el papel del CNPRC y de los Consejos territoriales, se fue marchitando, así como la implementación del acuerdo y el optimismo de la sociedad frente a la construcción de la paz. Solo algunos Consejos Territoriales mantuvieron el respaldo de sus respectivos gobiernos y el entusiasmo de sus miembros.

Con la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez, quien fuera presidenta del Comité Nacional de Paz en el 2021, se preveía tal y como fue sugerido por la comisión de empalme, que esta figura jugaría un papel destacado en la construcción de la llamada Paz Total. Algunos llegamos a soñar que en lugar citar con urgencia, solo los Consejos de Seguridad, también se convocaría ante algún hecho violento relevante, al menos el Comité Nacional de Paz; sin embargo, pasados más de trece meses de gobierno, y luego de reinstalada la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional-ELN, logrado un primer acuerdo con las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, e instaladas mesas de diálogo con grupos armados urbanos en Medellín, Buenaventura y Cali, esta instancia ha sido convocada solo una vez, en una sesión bastante irregular, con la participación del Presidente de la República y del Alto Comisionado para la Paz, así como de delegadas y delegados de sectores sociales y empresariales, que ya cumplieron su periodo legal.

Mientras tanto, la mesa de diálogo Gobierno Nacional- ELN, pactó sus propios mecanismos de asesoría para la construcción de la metodología de participación ciudadana, como es el caso del Comité Nacional de Participación- CNP, proceso que no incluye la figura del Consejo Nacional de Paz; ocurriendo lo mismo en la mesa de diálogo con el Estado Mayor Central de las FARC, que al parecer tampoco lo incluye, al igual que en las mesas de diálogo a nivel urbano. Sin embargo, esta instancia o algunos de sus miembros, que ya cumplieron su periodo legal de representación, siguen actuando a nombre de un Comité Nacional que tampoco tiene vigencia.

Todo lo anterior demuestra que, esta figura legal no cumplió, ni cumple, con las expectativas de los diálogos de paz actuales, ni hace parte del andamiaje metodológico que los debiera promover y sustentar, o de una política pública en relación con la reconciliación, la convivencia y la cultura de paz, lo que inevitablemente me lleva a proponerle al Gobierno Nacional, que promueva un proyecto de ley que derogue la vigencia de la Ley 434 de 1997 y el decreto 885 de 2017, previa consulta con las y los voceros de los firmantes de paz de la FARC-Ep, y que en su defecto, se promueva un Consejo Asesor para construir y promover una política pública en materia de Cultura de Paz, Reconciliación y Convivencia, en donde un grupo importante y con experiencia de personas provenientes de diversos sectores de la sociedad, pueda asesorar la construcción de la ruta que nos lleve a la firma de un Gran Pacto Nacional de Paz.

Luis Emil Sanabria D.

Más allá de lo apenas predecible

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Sep 25, 2023. Publicado en Con los pies en la tierra, Opinión. No hay comentarios en Más allá de lo apenas predecible

En cada una de las visitas a las comunidades, en cada reunión de cafetín o en encuentros virtuales, no falta la pregunta, ¿cómo ves el gobierno del cambio? ¿Lo está haciendo bien o mal el presidente Petro?, e instintivamente, dependiendo de mi estado de ánimo, me atrevo a lanzar algunas opiniones, unas más optimistas que otras, guardando siempre el decoro y la solidaridad, con el primer gobierno de la llamada izquierda democrática colombiana.

A mi modo de ver, el Gobierno Nacional lo está haciendo bien, si consideramos que se gobierna a un Estado que arrastra el lastre de la corrupción a todos los niveles, que ha heredado la carga de una inmensa deuda externa del sector público, y que estamos atravesados por el fenómeno del narcotráfico y el lavado de activos que rompe con los análisis y las medidas económicas tradicionales, un Estado debilitado por las políticas neoliberales que privilegian las ganancias del sector privado especulador y que niega derechos fundamentales de los trabajadores y las mayorías, una sociedad atravesada por un Conflicto Armado Interno que genera graves daños y mucho dolor a los más necesitados, y que debilita la capacidad de respuesta del gobierno a fenómenos como la pobreza y la exclusión, un gobierno que se enfrenta a una oposición extremadamente mezquina, rencorosa y violenta, organizada a todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad, la mayoría de ella parásita, que se ha enriquecido a expensas de debilitar y apoderarse de los recursos del Estado y del narcotráfico.

Pero más allá de lo apenas predecible, y a propósito de la convocatoria a la Jornada Nacional por la Vida, la Paz y el Cambio Social, que se realizará este 27 de septiembre, como una actividad más, en donde convergen la iniciativa de las organizaciones sindicales, sociales, étnicas, comunales y el Gobierno Nacional, me atrevo a escribir unas líneas que considero pertinentes, con el ánimo de contribuir al debate constructivo, desde la orilla de quienes llevamos toda una vida luchando por las transformaciones sociales, políticas y económicas, que nos conduzcan al goce pleno de la Vida, la Libertad y la Dignidad.

El Nuevo Gobierno, sin duda alguna, ha dado pasos importantes en la búsqueda de un mejor vivir para lo cual requiere ponerle fin al conflicto armado, al narcotráfico, a la corrupción, y librar una justa batalla contra el cambio climático, producido por la economía construida sobre los hidrocarburos. Un gobierno que busca revertir las prácticas neoliberales y las constantes violaciones a los Derechos Humanos que tanto daño han hecho a la Democracia, al Estado Social de Derecho, a la equidad y al desarrollo del país; un gobierno al cual, a pesar de su evidente compromiso, le surgen desde diferentes orillas, las críticas y los señalamientos, sobre su capacidad real de gobernar, ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo, y lograr un gran Pacto Nacional por la Paz y la Reconciliación.

Para el Gobierno Nacional, no es fácil gobernar sin que la coalición -formal y no formal-, bautizada como Pacto Histórico, se haya consolidado y haya logrado construir, unas tesis políticas e ideológicas claras, que sirvan de bitácora ejecutiva, de eje de la deliberación frente a otras expresiones políticas y de centro gravitacional que atraiga conscientemente a la ciudadanía. Quienes hoy nos sentimos parte de esta coalición, no hemos podido construir una propuesta unificada acerca del tipo de Estado que queremos, su modelo de democracia, la descentralización o el reordenamiento territorial, la oferta sobre un nuevo modelo económico, y nos alineamos sin mucha discusión, a la inercia del esquema actual de la estructura del Estado, de la economía de mercado y de la democracia representativa que le sustenta, como si solo bastara, para hacer realidad las reivindicaciones propias del pueblo, que lo que no se gana en el congreso, vía deliberación o concesión -entendiendo o aceptando que somos minorías-, se logrará con la llamada lucha callejera.

A corto y mediano plazo, como PH tendremos que superar el sectarismo y el “canibalismo” político internos, la tensión constante entre el parlamentarismo versus organizaciones sociales, que se define siempre en detrimento de los segundos, la búsqueda de victorias personales, la falta de mecanismos claros para la toma de decisiones que se evidenció en la entrega de algunos avales a los y las candidatas a las próximas elecciones y que seguramente no traerá muy buenas noticias en términos de ganar gran parte de la gobernabilidad local.

Si el Pacto Histórico quiere respaldar y mantener la Gobernabilidad Nacional, evitar los incumplimientos a las promesas electorales, debe avocarse a desatar un debate amplio y generoso, que recorra los territorios e incluya a las organizaciones sociales y políticas de base, para definir y fortalecer la estructura organizativa para este periodo de la historia, es decir, avanzar en la construcción, por ahora, de un Frente Amplio, en donde convivan democráticamente, las personerías políticas que hoy existen, y en donde las organizaciones sociales, en igualdad de condiciones, sean reconocidas como actoras fundamentales del cambio y la gobernabilidad.

Aún no tenemos claro, si lo que queremos es fortalecer o renovar el Capitalismo, al que señalamos de culpable del calentamiento global y sus consecuencias, e involucrar en esta teoría a los pueblos étnicos que lo rechazan, o dejar que la autofagia haga su trabajo y algún día, si la evolución humana continúa, tener un modelo económico, político y social mejor; no hay acuerdo explícito, si lo que queremos es un modelo planificador centralizado, con un presidencialismo fuerte, como hasta ahora sigue ocurriendo, o un modelo que heche mano del federalismo, reconozca las autonomías y gobiernos propios de los pueblos étnicos y sea a su vez una república unitaria.

No tenemos una decisión colectiva sobre, si debemos avanzar hacia una sociedad en donde el poder popular, la soberanía y la democracia directa, sean o no eje fundamental de la convivencia y el desarrollo, o no; no hay consenso sobre, si queremos una reforma rural que favorezca la propiedad privada individual y el modelo capitalista que posiblemente luego la revierta por la vía de la oferta y la demanda, o una reforma rural que privilegie la propiedad de la tierra y el territorio en manos del Estado, de las organizaciones solidarias campesinas o de los pueblos étnicos, con planeación de la producción, comercio justo y centros de producción y desarrollo regionales.

Muchas personas afirmamos que este gobierno es de transición democrática, pero todavía en el PH, no hemos logrado consensuar hacia dónde queremos que nos conduzca esa transición democrática, ¿hacia un modelo liberal keynesiano renovado o modernizado? ¿hacia un socialismo democrático o una socialdemocracia? ¿hacia un modelo de planeación y democracia centralizada, con partido único?, o seremos capaces de escucharnos, de revisar y reconocer nuestras culturas y tradiciones milenarias, de estudiar y examinar en los avances científicos, tecnológicos y productivos contemporáneos ligados a la economía de mercado y otras estructuras sociales, la posibilidad de crear las condiciones necesarias, para que germine una propuesta incluyente, que nos saque de este círculo vicioso de pobrezas, miserias y violencias, en medio del llamado País de la Belleza.

Luis Emil Sanabria D.

Hay que mejorar en la instalación de la cultura de paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Sep 17, 2023. Publicado en Con los pies en la tierra, Opinión. No hay comentarios en Hay que mejorar en la instalación de la cultura de paz

En el municipio de Tierralta, Córdoba, hombres armados pertenecientes al ejército nacional se hacen pasar por disidencias de la FARC para intimidar a la población civil, causar zozobra y sabotear el proceso de diálogo; en algunas ciudades, los vecinos recolectan dinero para dotar de motos, armas, radios y uniformes a personal contratado y voluntario para ejercer violencia contra vendedores ambulantes, personas habitantes o en situación de calle, vecinos “ruidosos” o jóvenes que usan los parques a manera de sitio de encuentro.

Al tiempo, en algunas empresas, los guardas de seguridad intimidan a los visitantes que toman fotos en un centro comercial o a quienes buscan una respuesta a sus inquietudes o solicitudes; en la calle algunas personas responden a los requerimientos de las autoridades de tránsito con la reconocida frase “usted no sabe quién soy yo”, pretendiendo intimidar a los funcionarios públicos y evitar una posible sanción; en un hogar, una pareja amedrenta a su cónyuge amenazándola con ser golpeada y alardeando un arma de fuego que porta legalmente en su cintura; en un resguardo indígena una autoridad envía a un piquete de guardias para intimidar y detener, exponiéndolos al sol y al agua por más de 4 horas, a dos jóvenes de ciudad que se “atrevieron” a tomar una foto de un sitio sagrado.

Estos son, algunos de los casos de violencia física o psicológica que ocurren habitualmente en nuestros campos y ciudades, y que amenazan constantemente la convivencia y la posibilidad de reconciliación, y que debe motivar la ocupación de los gobiernos, las entidades del Estado y la llamada sociedad civil organizada; pero, más allá de reseñar los hechos, que son efectivamente delicados, surgen inevitablemente algunas preguntas. ¿Qué origina estos comportamientos? ¿qué podemos hacer como sociedad para superarlos y prevenir que estos lamentables comportamientos sigan ocurriendo?

Con el ánimo de generar alguna reacción en los lectores, me atrevo a señalar que los orígenes de estas situaciones, tienen que ver con los problemas o propuestas políticas que impiden el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad del Estado como garante de derechos y responsable de la aplicación efectiva de justicia, a su incapacidad de garantizar, en el marco de la Constitución -entendida esta como el acuerdo máximo que nos mantiene cohesionados como personas con derechos y deberes pertenecientes a una república-, el cumplimiento, sin excepción alguna, de las normas de convivencia generadas a partir del reconocimiento de la universalidad e indivisibilidad de los Derechos Humanos, lo que, finalmente se refleja en la gran dificultad que como sociedad hemos tenido para consolidar la convivencia y el respeto por el otro y la otra, como elementos centrales del desarrollo humano sostenible.

El haber hecho uso constante de la violencia social, política y armada para imponer un punto de vista y alcanzar derechos o hacer visibles algunas reivindicaciones; el incumplimiento constante por parte del Estado y los Gobiernos, de acuerdos o pactos firmados, luego de jornadas de movilización social; el haber naturalizado la dominación y el miedo como elementos sustanciales para el mantenimiento de un supuesto orden social o espiritual, dictado por alguna autoridad superior; la imposición de una cultura patriarcal que obliga comportamientos y niega derechos, especialmente a las mujeres y a la población LGBTIQ+; el desarrollo de modelos de ciudad que colocan lo exclusivo (conjuntos residenciales, edificios, parques, clubes, centros comerciales, etc.) como la meta individual a alcanzar u obtener, para ser reconocidos como personas exitosas, son algunas de las consideraciones que sumadas pueden derivar en la poca legitimidad que hoy tiene el Estado y motivar entre otras, el uso de la llamada “justicia por mano propia” o la negación y el despojo de derechos, a importantes sectores de la población o a individuos en estado de indefensión.

Abordar situaciones problemáticas o conflictivas complejas, como las aquí enunciadas, buscando su transformación, para avanzar hacia una colectividad con mejores niveles de convivencia pacífica, debe contemplar la generación de múltiples niveles de acción ciudadana, de consensos y acuerdos sociales y políticos; de allí la importancia de que, la sociedad en general y cada uno de los habitantes de nuestro territorio, asuman en correspondencia con sus niveles de responsabilidad, liderazgo o posición social, los comportamientos proclives al cambio efectivo de las causas que originan dichos conflictos, comprometiéndose a resarcir o mitigar las consecuencias que estos han generado.

En ese sentido, las transformaciones o reformas que nos conduzcan a la justicia social y ambiental, a la equidad, al goce pleno de los derechos humanos, y a la democracia participativa profunda, que equilibraría la democracia directa con la democracia representativa, los esfuerzos por superar definitivamente el narcotráfico, la corrupción, el lavado de activos, la impunidad y el uso del aparato estatal para beneficio propio, la solución política, pacífica y negociada del conflicto armado interno, el desmonte de la cultura paramilitar y del todo vale, entre otras consideraciones, debe acompañarse de una serie de estrategias de sensibilización, comunicación y acción que nos permitan instalar a corto, mediano y largo plazo, la cultura de paz, convivencia y reconciliación, que necesitamos.

Más allá de los llamados a depurar el aparato estatal, las fuerzas armadas y de policía, a retomar la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y construir una prensa libre y responsable, lejos de las manipulaciones y las llamadas fake news (falsas noticias), deberíamos también asumir como propósito nacional, el fortalecimiento cultural y actitudinal de ciudadanías amorosas, solidarias, sentipensantes, comprometidas con la vida y la dignidad, recurriendo a las nuevas pedagogías, dentro y fuera del currículo oficial, a las comunicaciones populares y oficiales, al arte y la cultura, al poder de la soberanía popular y de la participación ciudadana, con el apoyo y el respaldo real y efectivo del Gobierno Nacional y los gobiernos locales.

La Paz Total exige la generación de una estrategia urgente y sincronizada en cabeza del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, reconociendo y promoviendo los esfuerzos y elaboraciones de las organizaciones que trabajan por la paz y la noviolencia; una estrategia, que aporte de manera permanente y masiva, a la instalación y apropiación ciudadana de otras formas de transformación de los conflictos que no incluyan el uso de la violencia, el abuso de poder o las violaciones a los derechos fundamentales y que promueva comportamientos asertivos en relación con el reconocimiento de la diferencia, los derechos, los deberes y la construcción de consensos y acuerdos que hagan posible la convivencia y la reconciliación.

Luis Emil Sanabria D.

Todos y todas deberíamos acompañar el propósito de la reforma rural integral

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Sep 10, 2023. Publicado en Libertad y democracia, Opinión. No hay comentarios en Todos y todas deberíamos acompañar el propósito de la reforma rural integral

Mucho revuelo ha causado en algunos líderes políticos, gremios y periodistas, el “atrevimiento” del Gobierno Nacional y de la ministra de agricultura de proponer un decreto para fortalecer la movilización y la organización campesina. Que abominación tan grande, que atrevimiento el de este gobierno al querer organizar a los ninguneados, a los parias, a los excluidos, a los despojados, a los sin tierra, y más aún, pretender reconocerles capacidad política y de movilización, para hacer realidad la tal reforma agraria.

Se multiplicaron las voces estigmatizadoras, se indignaron los despojadores de tierras, se molestaron los acumuladores de millones de hectáreas, se incomodaron los narcotraficantes y lavadores de dólares, se rasgaron los vestidos e “hicieron sonar las joyas”, las señoras y señores feudales. Cómo es posible que la servidumbre vaya a tener nuevamente el acompañamiento de un gobierno que con recursos provenientes de los impuestos de la “gente de bien”, pretende apoyar la organización y la movilización y quién sabe qué más acciones, atentatorias contra el buen nombre y buen transcurrir de la vida en el campo.

Se les olvida o recurren al olvido generalizado, que Colombia es uno de los pocos países en el mundo en donde no ha sido posible la democratización de la tierra, en donde millones de hectáreas de propiedad de todos y todas, bajo el pretexto de “terrenos baldíos”, han sido apropiadas ilegalmente. Miles de metros cuadrados de humedales y ciénagas, en donde tradicionalmente se paseaban las aves, se pescaba o se gozaba de la vida han sido intervenidos o desecados, con el cuento del desarrollo ganadero.

Han sido los y las campesinas, constantemente obligados por fuerza de la violencia, la persecución, el hambre y la pobreza, llevados a romper selvas y bosques, a enfrentarse o buscar refugio en los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes, a sembrar coca o marihuana, han sido las y los campesinos los utilizados como carne de cañón en una guerra que no les pertenece. ¿Cuántos colegios, cuantas universidades, cuantos hospitales o puestos de salud, cuantos distritos de riego, cuantas viviendas o acueductos han construido los gobiernos de quienes hoy posan para las cámaras con lágrimas en los ojos, para beneficio del campesinado?

En un país medianamente democrático e incluyente, que piense en el desarrollo, la producción y la equidad, se debería estar brincando de alegría, con la noticia de que un gobierno esté pensando en hacer realidad la Reforma Rural y en organizar a las y los campesinos para que, en coordinación con las instituciones, se logre superar el atraso y las violencias en el campo, y romper la dominación violenta que los actores armados imponen en los territorios. No es para menos, teniendo en cuenta que lo que se busca superar o transformar, es el conflicto por la tierra, que dio origen junto con las persecuciones políticas e ideológicas desatadas en los años 50 y 60 del siglo pasado a las violencias políticas que hoy nos afectan profundamente.

Pero, más allá de defender una iniciativa campesina, que es recogida por un gobierno y solo a manera de recordación, para quienes piensan que esta administración es muy generosa con los y las campesinas y que el decreto atenta contra el derecho a la propiedad y que solo quiere polarizar, les hago un pequeño recordatorio de cómo la violencia desatada contra el movimiento campesino en época del tristemente célebre presidente godo Guillermo León Valencia, hoy todavía se manifiesta.

Según los registros de la Unidad Atención y Reparación Integral a las Víctimas- URIV, a primero de junio de 2023, entre los hechos victimizantes que este sector de la población ha sufrido, está el desplazamiento forzado, pues hoy se reportan oficialmente 6.908.681 víctimas de esta afectación. Asimismo, 400.257 personas del campo han soportado amenazas (de un total de 626.915), y 172.453 sufrieron homicidio (de un total de 1.091.430); pero esto, solo son unas cifras, de las muchas que el conflicto violento contra el pueblo ha producido, lo peor, es el grave daño social, político y económico que se ha infringido contra uno de los más importantes sectores, que conforman la sociedad y la cultura colombiana.

Durante más de 60 años, los poderes ocultos y reconocidos, se han ensañado contra los y las lideresas campesinas, buscando exterminar a sus organizaciones, despojándolas de su voz y su capacidad política, aprovechándose de los manejos económicos errados y del poder que el narcotráfico y la corrupción les ha otorgado, para intentar desaparecer la cultura y la vida en el campo. La mayoría de las víctimas de reparación colectiva, reconocidas por el Estado, son de origen campesino y rurales. Organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos- ANUC, la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia –ANMUCIC, la ANUC- Unidad y Reconstrucción, entre otras, son ejemplo del daño y dolor que les han causado las campañas de estigmatización, exterminio y despojo.

Si Colombia, realmente quiere un cambio, no debería aplazar más, por ningún motivo, la posibilidad de adelantar una reforma rural integral, que reconozca todas las formas de vivir y gozar la tierra y el territorio, una reforma rural apoyada en las organizaciones campesinas y rurales, no solo para movilizarse por carretas y ciudades, exigiendo o buscando tierras, infraestructura vial, distritos de riego, tecnología, apoyo económico y mercadeo, salud, vivienda y educación, sino también para fortalecer un gran torrente de organizaciones, que basadas en la economía solidaria, popular, cooperativa, familiar o privada, hagan posible vivir y permanecer en el campo, lograr la soberanía alimentaria nacional, aumentar y mejorar la producción agrícola y pecuaria, avanzar hacia la transformación y el mercadeo de los productos, la apropiación técnica y tecnológica, el cuidado y respeto por el ambiente, entre muchas consideraciones.

Si verdaderamente queremos la paz, la justicia social, la equidad, superar las pobrezas, el hambre y la desnutrición, deberíamos acompañar el propósito de la reforma rural, y las y los poseedores de tierras despojadas, las y los tenientes de tierras improductivas, las y los invasores de las rondas de los ríos, ciénagas y humedales, deberían sentirse convocados desde la bondad y la generosidad, desde la justicia y el compromiso, a buscar todos los caminos posibles, para que la Agencia nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, y el Ministerio del Ambiente, puedan adquirir, recibir y recuperar las propiedades que pueden ser objeto de reforma y las que deben ser recobradas para la lucha contra el cambio climático.

Es el momento de hacer justicia con las y los campesinos, es ahora, es hoy. No podemos pasar a la historia nuevamente, como aquellos que pudimos hacer todo lo que estaba a nuestro alcance para hacer justicia en el campo, y la mezquindad, el egoísmo, la avaricia, la falta de solidaridad, o los dogmas ideológicos y políticos nos impidieron hacerlo.

Luis Emil Sanabria D

La convivencia y la seguridad, más que persuasión y represión

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Sep 3, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Por: Luis Emil Sanabria D.

El pasado jueves, un hecho doloroso que cobró la vida de un joven que, al parecer acababa de hurtar una bicicleta, nos sacudió el alma y despertó en la ciudadanía bogotana, las más profundas pasiones. Y no era para menos, ya que un grupo de vecinos, momentáneamente poseídos por la ira y el desapego por la vida, arremetieron contra la humanidad de una persona, arrastrándole desnudo por las calles, hasta causarle la muerte a golpes y puñaladas. Se convirtieron de la noche a la mañana en asesinos.

No fue justicia lo que se aplicó, fue un linchamiento público, una de las más bajas demostraciones de crueldad del ser humano. Pero más allá de la noticia, qué hay detrás de esta manifestación de violencia feroz, que hace que las personas seguramente sin antecedentes judiciales reaccionen de esta forma frente a un caso de delincuencia común. ¿Qué lógica o qué cúmulo de condiciones se reunieron para que ocurriera este lamentable suceso?

Algunos se han apresurado a manifestar que esta fue la respuesta lógica a la falta de aplicación de justicia por parte del Estado, o a la debilidad de las leyes que en lugar de castigar al delincuente, se le premia o se mantiene en la impunidad; otros y otras, han señalado que lo sucedido se debió a la falta de una política de seguridad eficaz, que debe ser aplicada por la policía, y a renglón seguido, proponen la necesidad de aumentar del pie de fuerza policial, de mejorar su capacidad investigativa y llenar de cámaras la ciudad. Muy pocos hablaron de ir a la solución de las causas estructurales que motivan estas conductas.

Más que señalar a los delincuentes, a los victimarios, a la justicia y a la policía, para obtener audiencia política electoral, deberíamos abrir un debate sincero, sin prejuicios y sin perjuicio, sobre la política de convivencia y seguridad en una ciudad tan grande y cosmopolita como Bogotá. Por supuesto que la ineficacia de los planes de seguridad y las instituciones policiales y judiciales, al perseguir el delito y aplicar justicia, son determinantes; sin embargo, hay que explorar otras causas dentro de los círculos complejos que alimentan las violencias urbanas, la generación de delincuencias y las condiciones que hacen que, un ciudadano/a se convierta en victimario, y que, en el caso de Bogotá nos lleva a tener una de las tasas de asesinatos mas alta, en relación con algunas ciudades de américa latina.

Para el 2022 se reportó en Bogotá, la tasa de homicidios más baja en los últimos años, 12,8 por cada 100 mil habitantes, lo que representó aproximadamente 1010 homicidios; sin embargo, esta tasa sigue siendo alta, en comparación con las tasas de homicidios de ciudades como Quito (6,29 por cada 100.000 hab.) o Buenos Aires (2,86 por cada 100.000 hab.). Disminuir en un futuro próximo, la tasa de homicidios de Bogotá, a niveles cercanos al 7,0 por cada 100.000 habitantes, y a mediano y largo plazo, por lo menos a 3,0 homicidios por cada 100.000 habitantes, debería ser un acuerdo social, político y económico de todas y todos los que habitamos esta ciudad.

Qué deberíamos hacer para lograr estas metas, que no son irracionales, ni propias de una mente enferma, más, si tenemos en cuenta que esta ciudad alimenta y recibe (al igual que otras ciudades), la carga funesta de un conflicto armado y en cuyo territorio inevitablemente se reproducen prácticas violentas políticas y sociales. Una ciudad que, entre otras cosas exporta y hereda, dolores y venganzas, una capital que reproduce la segregación, la estigmatización y el racismo.

Por supuesto, ante la crisis señalada, es necesario una estrategia de choque que tiene que ver primero con el fortalecimiento del pie de fuerza de la policía, no solo en la cantidad que se necesita, con sus apoyos logísticos, tecnológicos y de inteligencia adecuados, si no especialmente en calidad. Necesitamos agentes de policía que reconozcan, respeten, promuevan y vivan los Derechos Humanos, agentes capacitados para impulsar la convivencia, para apoyar la transformación pacífica de los conflictos cotidianos, y en valores como la solidaridad y la honestidad. Necesitamos una institución en cuyo interior se respeten los derechos fundamentales de sus integrantes, que no tolere el acoso laboral o la violencia sexual, que las ordenes no estén mediadas por “favores” sexuales o materiales, que los turnos o los traslados no afecten la convivencia y el amor familiar. Una institución en la que todos y todas sus funcionarias, puedan aspirar a dirigirla, y en la que la ciudadanía confíe.

Otro componente imprescindible de una política de convivencia, seguridad y paz, sería rodear los esfuerzos de Paz Total y diálogos con todos los actores armados, que adelanta el Gobierno Nacional, ya que, en Bogotá estos grupos, no solamente se proveen de pertrechos (botas, uniformes, etc.), armas (fusiles, pistolas, etc.) y municiones, sino que también, enrolan o reclutan combatientes, y hacen presencia militar, política y económica. En el caso del llamado Clan del Golfo, se reconoce que existe desde hace varios años, coordinación con bandas criminales como Los Pascuales, Los Pereiranos, el Tren de Aragua, Los Boyacos, Los Paisas, o Los Sayayines, y cuyas estructuras, no se desmontarán solo haciendo uso de la fuerza o la inteligencia, sino también, apoyando las políticas nacionales de sometimiento a la justicia, a través de diálogos socio-jurídicos. Así, podremos pensar en la disminución real del fenómeno del microtráfico y consumo de sustancias psicoactivas.

Será necesario, un ambicioso programa a mediano y largo plazo, para la superación de la pobreza (36% de la población) y la pobreza extrema (9,5% de la población) que obliga a que aproximadamente 752.000 habitantes de la ciudad, reciban la noche con solo una o dos raciones de comida. Hay que fortalecer el sistema educativo público, mejorando su pertinencia en relación con la vocación económica de la ciudad, las localidades y las exigencias internacionales y nacionales relacionadas con las tecnologías de la informática y las comunicaciones, y el dominio de una segunda lengua universal, como el inglés. Se debe promover un programa solidario y comunitario de microfinanzas, para romper los círculos esclavizadores del gota a gota, e implementar un plan de apoyos reales a las economías cooperativas, populares y solidarias, y a las Pyme y Mini Pyme.

Finalmente, entre otros componentes, será necesario renunciar a las estrategias fallidas que, alimentan la idea del enemigo interno, que propenden por la privatización de la seguridad y la vinculación de civiles a los llamados Frentes de Seguridad, y avanzar hacia una estrategia que combine el fortalecimiento de la Cultura Ciudadana, en relación con los valores, la democracia, los derechos y los deberes, la convivencia y la transformación pacífica de conflictos; la consolidación de los comités de convivencia de las Juntas de Acción Comunal y los Consejos de Administración de Propiedad Horizontal, que sean apoyo fundamental para prevenir la violencia intrafamiliar mediante acciones pedagógicas y comunicativas; y la conformación de comités de Derechos Humanos, solidaridad y cuidados en los entornos escolares y las instituciones para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, la vinculación de jóvenes a las bandas delincuenciales, los atracos, la violencia sexual, la violencia estatal y política, y demás manifestaciones de violencia urbana.

La paz, la convivencia y la seguridad, van de la mano con el goce pleno de los derechos humanos; intentar promover acciones aisladas, o implementar solo programas represivos o persuasivos, reiterando acciones ineficaces que han generado más problemas, sin intentar cambiar las causas estructurales que hacen que la sociedad genere altos niveles de violencia física, verbal o psicológica, es una actitud demencial que no nos llevará a ninguna solución duradera.

Semana por la paz #36, juntanzas creadoras de paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ago 27, 2023. Publicado en Colombia, Con los pies en la tierra, Opinión.

Por: Luis Emil Sanabria Durán

Ya viene la Semana nacional por la Paz #36, que este año se celebra del 3 al 10 de septiembre, y que en otras regiones ya alcanza a ser un Mes por la Paz, teniendo como eje de su realización, el 9 de septiembre, día de los derechos humanos en Colombia que, bajo el lema, Juntanzas Creadoras de Paz, pretende convocar a miles de colombianos y colombianas.

Más menos a principios de febrero de todos los años, desde 1987, organizaciones de la sociedad civil colombiana, de todas las regiones del país, se convocan bajo el llamado que realiza Redepaz, Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, el CINEP-Programa por la Paz, Redprodepaz y la Pontificia Universidad Javeriana. Hoy, gracias a los aprendizajes en el uso de las plataformas virtuales, se hace más fácil el encuentro de cientos de personas que, se reúnen a deliberar sobre la paz y la forma en que se debe evidenciar el compromiso de la ciudadanía, con este anhelo nacional tan esquivo, pero tan urgente.

Son muchos los esfuerzos se coordinan desde principios de año, con el compromiso siempre presente de que, cada propuesta que se pretenda realizar, debe ser asumida principalmente por la organización que la propone y que, en el caso de acciones nacionales, se apadrinada o coordinada con el acompañamiento colectivo. Sin embrago, aunque no parezca cierto, nunca ha sido fácil conseguir los recursos logísticos y económicos que permitan la realización de todas las actividades inicialmente identificadas que, hagan visibles todas las acciones e iniciativas que la ciudadanía realiza por la paz; este año en particular, tanto las instituciones nacionales, departamentales o municipales, con algunas excepciones, han brillado por su ausencia, para respaldar debidamente, la iniciativa ciudadana a favor de la paz.

La semana por la paz continúa, el telón del teatro de las violencias todavía no se ha bajado, y el espectáculo de la muerte sigue causando daños y dolores a cientos de miles de personas. Mientras lees esta nota, seguramente, un grupo armado ilegal se esté ensañando con una familia o una comunidad y se esté causando este año, la masacre #63 o 64; una nueva lideresa o líder social, haya sido asesinado, y la escalofriante cifra sobrepase, los 116 o 117 homicidios durante el 2023, o un nuevo firmante de paz caiga bajo las balas homicidas de quienes se oponen a la reconciliación y esta cifra, como un mal presagio, exceda las 400 muertes violentas, desde que se firmó el acuerdo de paz.

Durante este rato, que dispusiste para leer este artículo, seguramente un habitante de este adolorido territorio, ha sido secuestrado, extorsionado, desaparecido, una mujer ha sido víctima de violencia sexual y expuesta como trofeo de guerra, un niño o una niña ha sido reclutada, un adolescente indígena se ha suicidado para evitar ser vinculado a un grupo armado, un niño, una niña o un joven ha caído en alguna mina antipersonal, un combatiente, un policía o un soldado, ha muerto bajo el certero disparo asesino de un francotirador, o un artefacto explosivo, le ha dejado ciego o con alguna otra discapacidad física o mental.

Por eso, la Semana por la Paz, es ese ejercicio titánico de quienes, desde la fragilidad ciudadana, toman la iniciativa por la paz y se van, como “liebres alimentadas de deseos” contra la guerra, intentando que los reivindicadores de la muerte escuchen su clamor, tratando de evitar que, cumplan su sueño de “intentar desaparecer la Patria entera”, y de exhibir “el verdadero rostro de la Patria que ofrecen los sicarios”, como escribiera mi amigo, vilmente torturado y asesinado, Chucho Peña, en su poema Desaparecidos, a propósito del 30 de agosto día del detenido desaparecido.

Los unicornios de la vida, aquellos hombres, mujeres y no binarios, de todas las edades y todas las culturas, que se pasean a galope sobre montañas y veredas, que se embarcan en lanchas o pangas, han levantado este año, la bandera de, Las Juntanzas, para que cada comunidad sienta que su trabajo por el bien común, tiene sentido, que su esfuerzo salvaguardando el patrimonio cultural y la biodiversidad de nuestros territorios, no se perderá bajo los planes macabros de quienes, desde el poder económico, político o armado, atentan contra el amor y la solidaridad.

Y es que, como lo expresa la convocatoria de la semana por la paz #36, Las Juntanzas, propias de comunidades indígenas, afros y campesinas, se han convertido en toda una filosofía de vida, inspirando poco a poco a otros territorios (académicos, culturales, sociales, urbanos, políticos, juveniles, diversidades, identidades, corporalidades, entre otros), a propiciar mediante esta práctica, una serie de transformaciones sociales necesarias para el mejoramiento integral de las condiciones de vida.

Por eso la importancia de, reconocer Las Juntanzas, como una manera de ser y de pensarnos en comunidad, además de conectarnos con los pueblos ancestrales que tantos aportes han hecho a la construcción del país, es una invitación a seguir en unidad creando y tejiendo desde los espacios de participación colectiva.

Van a ser muchas y muy varias las actividades que se realizarán, desde académicas, deliberativas y encuentros de reconciliación, hasta movilizaciones y actos simbólicos. La programación, para quien desee participar está disponible, en su página www.semanaporlapazcolombia.com, rescatada hace apenas unos meses, de las manos de los saboteadores que la bloquearon, para impedir inútilmente, que la paz se haga realidad. Si deseas hacer alguna donación, para que las actividades tengan una mayor promoción y sean más visibles, no dudes en hacerlo a través del siguiente link: https://sumate.redepaz.org.co/TejiendoPaz

No lo olvides, desde Semana por la Paz, la Juntanza es una invitación a construir libremente y de la mano con otras personas, comunidades u organizaciones, procesos, apuestas, reconociendo todas y cada una de las diversidades, dialogando, construyendo consensos, apostándole a la vida y a la Paz.

La versión de Macaco, falta mucho por contar

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ago 20, 2023. Publicado en Colombia, Con los pies en la tierra, Opinión.

En esta oportunidad, el turno de decir la verdad, su verdad, fue para Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, excomandante paramilitar del desmovilizado Bloque Central Bolívar de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, que tuvo su radio de acción en trece departamentos del país, siendo su base principal de operaciones, el Sur de Bolívar y Santander, influenciando también con sus estructuras criminales a los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Huila, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Risaralda y Vichada. Al lado de Macaco, también estuvieron comandando esta máquina de terror y despojo, Rodrigo Pérez Alzate o Julián Bolívar, e Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez.

Ha dicho el Sr. Macaco como parte de su relato, que él ayudó a fundar y comandó la estructura armada de carácter contrainsurgente conocida como Bloque Central Bolívar-BCB, y allí empiezan las dudas sobre parte de su versión, que puede tener efectivamente muchos elementos de verdad operativa, pero que deja cuestionamientos profundos sobre la verdad política y económica. Si algo caracterizó al llamado BCB fue haber convertido en víctimas a más de 30 mil personas, la mayoría campesinos y campesinas, líderes y lideresas sociales, sindicalistas, comunales, pescadores y pescadoras, pequeños mineros artesanales, etc., con la intención clara de apoderarse de sus tierras, de las minas, de las ciénagas y ríos, de sus organizaciones, de su medio de subsistencia y de las pocas empresas públicas locales prestadoras de servicios básicos, abriendo el camino a la privatización, y cumpliendo su labor de punta de lanza de la llamada contra reforma agraria.

Las víctimas de más de 80 municipios, señalan al BCB de ser uno de los mayores despojadores de tierras, de promover el cultivo de coca para uso ilícito en la producción, tráfico y comercialización de cocaína, y en el lavado de activos. Las comunidades, también señalan a las llamadas “Autodefensas” del BCB, de ser socios estratégicos de clanes locales que se apoderaron de la gobernabilidad local, para enriquecerse apropiándose del presupuesto de alcaldías y gobernaciones. Muy poco se conoció, de lo que el Sr. Jiménez llama, experiencias productivas, que pueden servir de ejemplo para un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Seguramente el compromiso del excomandante macaco, con la paz y la reconciliación, es real y muestra la ruta que, otros deberían seguir para alcanzar la reconciliación nacional; sin embargo, este camino delicado, requiere la construcción de todas las verdades, tanto operativas en términos de acciones y reconocimiento de su papel belicoso directo, como las verdades políticas y las alianzas con sectores vinculados al aparato de justicia, que podemos catalogar como su verdadero papel, buscando imponer una ideología estrechamente ligada a expresiones militaristas o neofascistas, que hoy , al parecer, se reencauchan bajo lemas electorales como “privaticemos la seguridad”, “armémonos”, “rescatemos el país”.

Es necesario que, el compromiso con la verdad manifestado, también permita develar las alianzas y estrategias -propuestas inclusive por la dirigencia política, económica y judicial local y nacional-, establecidas en el país y en las regiones en donde las tropas operaron, y del interés en mantener u obtener privilegios que, convirtieron a los gobiernos y al Estado, en un botín familiar que les enriqueció, muchos de ellos seguramente activos en alguna de las ramas del poder público.

Vienen a mi memoria, los relatos de las víctimas del corregimiento de Riachuelo, en el municipio de Charalá-Santander, donde el BCB instaló uno de sus centros de operaciones, con la complicidad de la dirigencia política y económica regional. Muchas de sus mujeres y hombres, la mayoría menores de edad, fueron violadas y violados, atándoles desnudos a los árboles de la plaza central, con el pretexto del “escarmiento”, esclavizados, confinados, reclutados, entregados como trofeos de guerra a los comandantes para satisfacer sus más bajos instintos sexuales.

Entre llantos y fortaleza, todavía las víctimas y la comunidad de los municipios de la provincia de San Gil, recuerdan los rituales de la muerte en el Salto del Ángel, los llamados reinados juveniles escolares en los que se feriaba la “virginidad” de niñas y niños, el reclutamiento de menores llevados a los frentes de guerra como “compañía”, hechos que se repitieron en muchos de los centros poblados en donde estuvieron acantonadas las tropas del BCB, infringiendo el Derecho Internacional Humanitario y cometiendo graves delitos contra la dignidad humana. ¿Quiénes fueron los socios, tanto políticos, económicos como militares? ¿Quiénes tenían intereses en despojar a los campesinos de esas hermosas tierras? ¿porqué victimizar a los más empobrecidos y excluidos?

Además de responder a las preguntas de la ciudadanía, será necesario que, esta primera versión se acompañe, como todas y todos esperamos, de otros relatos, con sus respectivas pruebas que le respalden. Necesitamos saber, señores excomandantes de las AUC, quiénes dieron la orden. Colombia necesita saber quiénes azuzaron para que, tomaran la decisión de atentar físicamente contra el senador Iván Cepeda, contra el hoy canciller Álvaro Leyva Durán, y contra el actual presidente de la república Gustavo Petro.

Necesitamos conocer, quiénes planearon destruir la oposición política y los anhelos de paz de Colombia. Se escuchan nombres repetidamente vinculados a sus versiones, y a otros capítulos de corrupción y uso indebido del derecho, y sobre los cuales pesa un manto de duda, como el nombre del tristemente célebre exfiscal Néstor Humberto Martínez, que seguramente, la Jurisdicción Especial de Paz- JEP y la justicia ordinaria investigarán. Colombia sabrá reponerse de tanta infamia, pero para lograrlo, se requiere que nunca más se repitan estos hechos, y que la verdad total, sin cálculos políticos o judiciales, sea construida.

Las víctimas y la sociedad colombiana, que no se repone todavía de tanto dolor causado por las AUC y otros actores armados, y que aún hoy sobrevive a la sevicia con la que actúan los grupos que heredaron la doctrina paramilitar; las gentes de todos los sectores sociales, que sobreviven a los ataques de los grupos, que bajo la llamada lucha armada insurgente, asesinan, desplazan, confinan, extorsionan o secuestran, esperamos que su voluntad de paz, nos ayude a encontrar los caminos que nos conduzcan a instalar prontamente las mesas de diálogo socio-jurídico con expresiones armadas como el Clan del Golfo, y que su gestoría, sea productiva en términos de apoyar la construcción de la verdad, la reconciliación y la reparación integral a las víctimas, para que la Paz Total e Integral sea pronto una realidad.

Luis Emil Sanabria D.

Jóvenes en paz, presente y futuro del país

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ago 13, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

El anuncio del Gobierno Nacional de iniciar el programa Jóvenes en Paz, ha despertado en sectores políticos y sociales, las mas variadas reacciones adversas, como si la juventud colombiana víctima de exclusión social, estigmatización, violencias estructurales, políticas y armadas, no pudiera tener la más mínima oportunidad de romper los círculos de violencias y pobrezas, a los cuales ha sido sometida por las políticas impuestas por quienes, desde los privilegios económicos, culturales, sociales y políticos, han administrado los destinos de la nación.

Una sociedad profundamente fracturada, afectada por fenómenos delincuenciales tan poderosos como el narcotráfico y la corrupción que, interactúan y se retroalimentan regional y nacionalmente, haciendo uso de las más temibles prácticas mafiosas contra la vida, especialmente de jóvenes marginalizados, no permitirá el surgimiento de hombres y mujeres nuevas; una sociedad que niega a la juventud, esencialmente rural, la posibilidad de acceder y/o mantenerse en el llamado sistema educativo; una sociedad que, forma jóvenes que no logran recrear en sus mentes o corazones, la posibilidad real de obtener un titulo técnico, tecnológico o universitario que, les brinde las condiciones para acceder a un mejor nivel de vida y gozar plenamente de sus derechos, debe plantearse con la profundidad que se requiere y la responsabilidad necesaria, romper esos círculos de violencias y generar condiciones para que las y los jóvenes, se dispongan a ser constructores de un mejor país.

Más allá de la iniciativa del Gobierno del Cambio, lo real es que, el reto de acabar con las violencias, que hacen imposible alcanzar los niveles de desarrollo sostenible adecuados y necesarios, para que todas y todos, en campos y ciudades, podamos gozar plenamente de derechos y vivir en un ambiente de convivencia, respeto y democracia, debe ser asumido por todos los gobiernos departamentales y municipales, por todas las entidades del Estado, por todos los sectores sociales y económicos, en especial, por quienes han tenido el privilegio de vivir o alcanzar una vida sin restricciones, exclusiones o violencias.

Construir la paz, no solo puede entenderse como el silenciamiento de las armas y su destrucción, sino que, esta debe ser el resultado de una serie de acciones y programas que se pongan como retos, a corto, mediano y largo plazo, eliminar o disminuir las causas estructurales que hace o motivan que, los y las jóvenes se vinculen o sean reclutados por los ejércitos regulares e irregulares, y seguramente caigan asesinados en cualquier esquina o vereda. Seguramente, si no estuviéramos sufriendo las consecuencias de las violencias estructurales, de la corrupción y el narcotráfico, no nos veríamos abocados a implementar este tipo de programas, que en otras situaciones, menos injustas e inequitativas, pueden ser catalogados como contraproducentes para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

Colombia merece un futuro mejor, y esto exige desplegar la mas generosa creatividad que haga posible romper con las lógicas de la guerra y la ilegalidad. Esa es la bondad que encierra un programa como Jóvenes en Paz, que por supuesto, no puede verse como una única estrategia, sino como un complemento necesario y obligatorio, que le devuelva o haga emerger de los corazones y las mentes de las y los jóvenes en riesgo o vinculados a los actores armados, la esperanza de una nueva vida.

Es apenas lógico que, algunos gobernantes regionales, criados bajo el cuidado de clanes que amasaron fortunas producto de la ilegalidad, se opongan a este tipo de programas. Retoños de las mafias, nuevos jefes de clanes, usurpadores de la representatividad popular y étnica, influenciadores espurios que posan de congresistas, herederos del totalitarismo, defensores a ultransa de tesis militaristas fracasadas, se resisten a que las y los jóvenes de las barriadas, las y los jóvenes de los pueblos étnicos, pescadores y pescadoras, campesinos y campesinas, mineros y mineras artesanales, albañiles o trabajadoras del hogar, rompan con el papel de miseria y esclavitud que se les ha impuesto. Temen, con justificada razón, que este tipo de programas sean exitosos, y hagan surgir un inmenso contingente de mujeres y hombres, capaces de transformar pacíficamente las condiciones que los mantienen bajo la influencia fatal de la violencia.

A buena hora, el presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez, decidieron acelerar la implementación de este programa, cumpliendo la palabra empeñada en la campaña electoral y definidas en el Plan Nacional de Desarrollo; ojalá, todas y todos los gobernantes municipales y departamentales que se posesionarán a partir de enero de 2024, implementen programas como este, y complementen el compromiso nacional por hacer posible la Paz Total e Integral. Necesitamos que esta iniciativa se convierta en política de Estado, hasta superar o por lo menos disminuir a niveles menos dolorosos, las violencias de todo tipo.

Para poder alcanzar un sociedad que pueda dirimir o transformar pacíficamente sus conflictos, que haga realidad la reforma rural, que haga los cambios necesarios para perfeccionar su democracia y le de oportunidades reales a la juventud, se requiere implementar programas que privilegien la inversión social, el acceso popular a los derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda y por supuesto la alimentación; ganarle la partida a las mafias de la corrupción y el narcotráfico, a los grupos armados ilegales, requerirá de nuevas generaciones, que desde los territorios y la marginalidad urbana, hagan posible el desarrollo, la justicia y la equidad.

Programas como Jóvenes en Paz, Jóvenes en Acción, Gestores de Convivencia, complementarios al derecho a la educación y al trabajo con dignidad, serán parte fundamental para la resocialización de jóvenes atrapados y victimizados por las mafias y los grupos armados, que se enriquecen con sus almas y sus vidas, o que alimentan sus estructuras armadas. Programas que generarán las condiciones para que, una vez los frutos de los diálogos socio-jurídicos que se adelantan con las bandas criminales urbanas y rurales, los diálogos políticos con las guerrillas den los resultados esperados y la sociedad pacte un gran Acuerdo Nacional, las nuevas generaciones puedan construir un país en paz, democrático, justo y feliz. La nueva juventud, alimenta las juntanzas creadoras de paz y harán posible la felicidad, para vivir sabroso.

Luis Emil Sanabria D

Se silencian los fusiles, se escuchan los pensamientos

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ago 6, 2023. Publicado en Colombia, Con los pies en la tierra, Opinión.

Este pasado tres de agosto, se convirtió en una fecha especial para la vida y para la construcción de un país del tamaño de nuestros sueños. Un país en paz, en donde sus habitantes podamos dirimir nuestras diferencias acudiendo a la palabra, al acuerdo o a la democracia. En esta fecha se instalaron y se iniciaron dos componentes importantes del proceso de diálogo que se adelanta entre el Gobierno nacional y las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional – ELN.

Uno de estos acuerdos preliminares, tantas veces exigido por el pueblo afectado directamente por la confrontación, es el llamado Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal, que durante los próximos 180 días, silenciará los fusiles de la confrontación, que por casi 60 años, mantiene el Estado y estas guerrillas; y de otro lado, se instaló el Comité Nacional de Participación- CNP, instancia que convocó a 30 sectores de la sociedad con 81 delegados y delegadas, para que diseñe de forma participativa, durante los próximos seis meses, la metodología de participación social que convocará la voluntad de las colombianas y colombianos, que quieren construir paz y lograr un gran pacto nacional, que señale el camino de la equidad, la justicia social y el desarrollo.

En el recinto de La Carpa de Corferias, en pleno Corazón de Bogotá, con la presencia de cientos de personas, provenientes de todos los rincones del país y de múltiples organizaciones, se dieron cita las delegaciones de diálogo del Gobierno Nacional y del ELN; cada una de estas personas, haciendo alarde, con justa razón, de la importancia de lo que hasta la fecha se ha acordado. Y es que, con esa guerrilla, nunca antes se habían llegado a firmar acuerdos tan importantes, que hacen prever que el camino que se retomó en diciembre del año pasado, dando continuidad a lo alcanzado en el gobierno del expresidente Juan M Santos, y que estuvo cargado de incertidumbres y desconfianzas, empieza a mostrar resultados concretos, que la sociedad debería, disponerse a rodear sin vacilaciones.

Se silencian los fusiles, se escuchan los pensamientos, la palabra crece y el diálogo construye soluciones, amores y afectos. La palabra se toma el conflicto político, social, económico y armado, los cañones se enfrían y las balas abandonan los proveedores, para que el entendimiento, la deliberación y la vida ocupen el lugar en la sociedad, del que nunca debieron ser desalojados.

Habló el presidente Gustavo Petro, reafirmando como Presidente de la República, Jefe de Estado y firmante del acuerdo de paz de 1990 con el M-19, su voluntad de paz y la decisión gubernamental de continuar avanzando por ese camino, habló el comandante Pablo Beltrán, del ELN, ratificando el discurso rebelde, pero cargado de frases esperanzadoras sobre el futuro de paz, también se dirigió al país el jefe negociador del gobierno, el también firmante de paz del M-19, Otty Patiño, con su tono pausado y profundo señaló la importancia de los acuerdos y los avances del proceso, hablaron Monseñor Héctor Fabio Henao, en representación de la iglesia Católica y Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, ambos en calidad de garantes del proceso.

Los hombres que, en otrora, han sido los protagonistas absolutos de los discursos, tuvieron que cederles la palabra a las mujeres, no tantas como quisiéramos; la comandanta Consuelo Tapias del ELN, muy de civil y ostentando sus raíces afrodescendientes ratificó el compromiso eleno de avanzar hacia la paz, lo mismo desde la orilla del gobierno hizo otra mujer afrodescendiente, la delegada Nigeria Rentería, y en representación del CNP y del Comité Nacional de Paz, la palabra fue regalada por Yolanda Perea, lideresa afrodescendiente, víctima del conflicto armado. Nos hablaron las mujeres, nos hablaron desde el corazón de las dadoras de vida, defendiendo la vida. Nos ratificaron que la paz es posible, que el amor es posible y que las diferencias se pueden solucionar pacíficamente, si nos disponemos a escuchar al otro y a la otra, no para imponer nuestras ideas, sino para construir juntanzas creadoras de paz.

Pero más allá de la reseña de los y las protagonistas de tarima y sus discursos, lo más importante de este especial evento, fue el entusiasmo que cientos de personas desplegaron en el recinto. Se mezclaron las palabras, los gritos, los olores y los abrazos de ministros y ministras, exministros y exministras, ex negociadores de paz, militares, policías, guerrilleros y guerrilleras, exguerrilleros, académicos, comunales, sindicalistas, exiliadas, jóvenes, gais, lesbianas, mayoras y mayores de los pueblos étnicos, guardias indígenas, campesinas y cimarronas, autoridades y representantes de diversas confesiones religiosas, periodistas, artistas, campesinas y campesinos, edfensores de Derechos Humanos, empresarios, y en general, constructoras y constructores de paz.

Con ese torrente importante de amantes de la paz y la felicidad, de defensoras y defensores de la vida, se le entregó a las y los delegados del Comité Nacional de Paz, la inaplazable tarea de construir un mecanismo de participación social para la paz y de cautivar a la mayor cantidad de colombianos y colombianas, para que entre todos y todas, en todas las ciudades y veredas, en los barrios y universidades, en las oficinas y los estadios, se le de una nueva oportunidad a la paz, a las transformaciones pacíficas de las causas que originan y retroalimentan el conflicto, a la palabra empeñada, al acuerdo cumplido, a la verdad y la reconciliación.

Vienen seis meses de cese al fuego, que posibilitarán al mismo tiempo, la realización de consultas, reuniones, encuentros territoriales y sectoriales, pedagogías y documentos. Meses de deliberaciones y acuerdos, hasta poder entregar al país, un documento con una metodología lo suficientemente consensuada, amplia, generosa, innovadora y transformadora, una propuesta lo suficientemente responsable, que nos enamore de la esperanza y mantenga por el sendero del cambio. Será a partir de marzo del 2024, que se empezará a aplicar este mecanismo, pero desde este mismo momento, todas las organizaciones, instituciones, y la ciudadanía debe aprestarse a realizar encuentros, a fortalecer sus coordinaciones territoriales, regionales y subregionales, a movilizarse y desatar la mas amplia iniciativa por la paz.

Luis Emil Sanabria D.