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Etiqueta: Luis Emil Sanabria

Celebremos el nacimiento, la vida y la fraternidad

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en Celebremos el nacimiento, la vida y la fraternidad

Hoy gran en parte de la humanidad celebra el nacimiento a una nueva vida, la mayoría de los cristianos celebran el nacimiento de Jesús, reafirman la fe y enaltecen la tradición; otras culturas y pueblos del hemisferio norte, celebran cada 21 de diciembre, el solsticio de invierno, el día con el periodo de luz diurna más corto y la noche más larga del año, producido cuando el Polo Norte alcanza su máxima inclinación alejándose del Sol. La Navidad, es en general, una fiesta de la alegría, de la fraternidad, una fecha en que se busca la familia y los amigos cercanos, para celebrar que la vida se impone sobre la muerte y que es posible construir nuevos horizontes, nuevos sueños y esperanzas.

En Colombia y otros países, la Navidad para las grandes mayorías empobrecidas y excluidas, se ve empañada. Hay poco que compartir, pocos abrazos que dar y pocos momentos que celebrar. Las violencias en todas sus manifestaciones se apoderan de su entorno, penetran su hogar, se sientan a la mesa y carcomen la alegría; el dolor y la desesperanza se acomodan en los rincones de todo lo que nos rodea. No solo la violencia que produce la injustica social, el empobrecimiento y la inequidad, sino aquella que se genera desde las mentes y los corazones de quienes asesinan, masacran, extorsionan, desaparecen, o reclutan a miembros de la familia y de la comunidad, haciendo que la fiesta de la vida y el amor desaparezca y le de paso, a la venganza y al dolor.

 

Llevamos casi sesenta años, reproduciendo círculos de violencias que han impedido que la fiesta de la vida, del nacimiento se goce a plenitud. No hemos podido, a pesar de los esfuerzos realizados por la sociedad civil, algunos gobiernos y algunos grupos armados no estatales que decidieron reconocer la importancia de la lucha democrática y de los cambios progresivos, celebrar la Navidad sin el fantasma presente de las muertes violentas, la separación de un ser querido producto del secuestro, el reclutamiento, la desaparición o el desplazamiento forzado. Se profundizan los odios, se aleja el perdón, se desvanece la posibilidad de la reconciliación y vuelven a emerger las voces de quienes promueven el rencor, la venganza y la retaliación.

Nada más alejado de la posibilidad de construir una sociedad mejor, con equidad y justicia social, que empeñar esfuerzos en retroalimentar la guerra; nada nos aleja más del sueño de vivir una Colombia que sea fortaleza de la vida y de la dignidad, de la democracia y la solidaridad, que mantener la cultura de las violencias, atacar sin piedad a las organizaciones sociales, gremiales, étnicas, comunales, campesinas, de mujeres y jóvenes, de población LGBTIQ+, de población con discapacidad; nada está más en contra de los deseos de construir una Colombia que supere la pobreza extrema, que garantice educación, salud, vivienda y avance hacia la Reforma Rural Integral reafirmando los derechos de las campesinas y campesinos, reconociendo sus tradiciones y haciendo productivo el campo, que imponer a sangre y fuego una ideología o un negocio legal o ilegal; nada nos aleja más de la Navidad, de celebrar la vida con dignidad y del advenimiento de la esperanza, que seguir imponiendo la violencia armada sobre millones de víctimas del conflicto armado que reclaman reparación integral y restitución de tierras.

La Navidad es compromiso con la paz, con las y los más empobrecidos y excluidos, con los y las esclavizadas y explotadas, con las víctimas de la violencia armada; eso es lo que reclama Colombia de nosotros y nosotras, de quienes hemos vivido o alcanzado privilegios, de quienes nos acostamos sin hambre y sin dolor; pero también, es el reto para millones de compatriotas que debe hacerse visible en las calles, para juntar en una sola voz y un solo cuerpo, las manos y los corazones, la generosidad y la solidaridad, la justicia y la equidad, el diálogo y los acuerdos, los pactos y los cumplimientos, la democracia y el respeto, el perdón y la reconciliación. Que nadie, se sienta con el derecho de utilizar el dolor de millones de víctimas, para exacerbar los odios y la venganza, para instrumentalizar el descontento con la violencia a favor de un dogma, de la politiquería o la descalificación de los intentos de paz que se adelantan hoy en varios escenarios de diálogo.

Que la Navidad sea el momento de la reflexión y de las reafirmaciones por salir de tantos males impuestos o generados con nuestra forma de actuar. Que el narcotráfico y las economías que este genera y que invaden a nuestros pueblos y ciudades, comiencen a desaparecer definitivamente, nada justifica seguir haciendo daño a millones de personas, produciendo sustancias psicoactivas, traficando y enriqueciéndose con la desgracia ajena; la economía ilegal derivada del narcotráfico alimenta las violencias que nos mantienen en la oscuridad y el atraso. Nada justifica la corrupción, todo dinero que llegue a los bolsillos de alguien o a los bancos, quitándole posibilidades de educación, alimentación, vivienda o salud a un niño, niña o adolescente, será devuelto en los ciclos de la vida, con violencia e inseguridad. Nada podrá reparar el daño que se le hace al ambiente, cuando el deseo depredador se apodera del espíritu minero, de los proyectos energéticos o de desarrollo, hacer la paz con la naturaleza, también es obligatorio si queremos sobrevivir como especie en este planeta vivo.

Las noticias que llegan de la mesa de diálogo con el ELN y la mesa de diálogo con la disidencia de la FARC, son muy importantes y nos llenan de esperanza, sobre la posibilidad real de pactar la paz con estas organizaciones armadas, en especial, cuando ambas se han comprometido a suspender el secuestro de civiles con fines económicos; sin embargo, estos avances que marcan un nuevo paso dentro del cese al fuego bilateral, que deberá continuar y reafirmarse a principios del 2024, y un estado de maduración significativo hacia el abandono definitivo de la violencia armada, que respaldamos y rodeamos, deben ser refrendados realmente en el actuar territorial de todos los frentes de guerra y todos los combatientes de ambas organizaciones. Por eso, la importancia de que la movilización ciudadana exija a estos y todos los grupos armados, que cesen los ataques contra la población civil, que reafirmen su compromiso con la paz negociada, enviando un mensaje claro y contundente de que están en total disposición de juntarnos desde la verdad, la justicia, el perdón y la reconciliación, en el marco de la democracia y convivencia, a implementar las transformaciones que se acuerden y muchas otras que seguramente se necesitarán. Esta oportunidad de pactar la paz, de implementar lo pactado y continuar el camino de construcción de una nueva Colombia, no se puede desperdiciar.

Vamos a marchar, vamos exigirle al Gobierno y al Estado que redoble los esfuerzos por garantizar la vida y permanencia en el territorio de líderes y lideresas sociales y políticos, que se rompa cualquier vestigio de complicidad o alianza de miembros de la fuerza pública con grupos armados ilegales; vamos a movilizarnos para demandar a los Grupos Armados Ilegales que no han escuchado el llamado del gobierno y el clamor popular, que se sienten a dialogar y construir soluciones finales para superar la violencia; vamos a rodear los diálogos que hoy se adelantan y a exigir con decisión, que nadie se levante de la mesa de conversaciones, hasta que logremos salir de tantos años de barbarie y dolor.

Ahoguemos con la movilización pacífica y la democracia, toda llama de violencia, de injusticia, de odio, de estigmatización o exclusión; tenemos que ser miles y miles en las calles, en todos los rincones del país, los y las que salgamos a exigir, las veces que sea necesario, el fin de la guerra, el cese al fuego y la renuncia a todos los ataques violentos contra la población, contra los niños, niñas y adolescentes, contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, contra las mujeres y los campesinos, contra sindicalistas y comunales, contra comerciantes, ganaderos, mineros, pescadores, industriales; vamos a demostrar con la fragilidad de la esperanza y la fuerza del amor, que queremos celebrar en adelante nuestra Navidad en paz, y que nos comprometemos a luchar con todas las fuerzas, para que ningún colombiano o colombiana pase sus días sin comida o sin techo. Que la prosperidad deje de ser un deseo de Navidad y Año Nuevo, y se convierta, por decisión de todas y todos, en una realidad que vivimos y gozamos.

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La paz integral es más que la negociación del conflicto armado

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en La paz integral es más que la negociación del conflicto armado

Nuevamente las mesas de diálogo para buscar salidas políticas al conflicto armado y pactar acuerdos que conduzcan al desmonte de la lucha armada, se reactivan, retoman agendas y modifican el orden de abordaje de algunos puntos pactados, sacando a flote diversas posiciones que rayan con el fundamentalismo ideológico o el interés por reivindicar la violencia como eje de transformación o de resistencia política, dejando a un lado, el interés principal frente a la construcción de acuerdos de solución a las causas y consecuencias estructurales que deben guiar el proceso.

La paz integral, como hace decenas de años se viene reivindicando por el movimiento nacional de paz organizado en todas sus expresiones, y que hoy, algunos funcionarios de la oficina del Alto Comisionado para la Paz siguen desconociendo, será el resultado de las transformaciones sociales, políticas y económicas que beneficien a la sociedad en general, encaminadas a superar la pobreza en todas sus acepciones, la exclusión y los vicios políticos de nuestra democracia, en especial la corrupción y el clientelismo, y la implementación de políticas económicas más equitativas y justas, centradas en el goce pleno de los derechos fundamentales.

 

Llegar a esos resultados, requiere acuerdos o pactos, que deben ser horrados por las partes,  fruto de las conversaciones y negociaciones de las mesas instaladas y por instalar, no solamente con las organizaciones armadas no estatales de carácter político, como el ELN o las disidencias de las FARC, o con las organizaciones armadas no estatales de delincuencia común y narcotráfico, como el Clan del Golfo, Los Conquistadores de la Sierra, Los Rastrojos, La Oficina, La Cordillera, las mafias y clanes locales, sino también como producto de los diálogos con todas los movimientos y partidos políticos que hacen presencia en el congreso y fuera de este, con los gremios de la producción industrial, agrícola y pecuaria, los grupos financieros, los gremios del comercio,  las empresas económicas de la comunicación, con las redes populares y comunitarias de medios de comunicación, con las organizaciones campesinas, las centrales sindicales, con las organizaciones nacionales de los pueblos étnicos, las organizaciones de mujeres, las organizaciones juveniles y estudiantiles, las organizaciones de la población LGBTIQ+, las organizaciones de víctimas y población con discapacidad, las altas cortes, el ministerio público y el poder judicial, para hacer posible que el Estado, sus tres poderes y la sociedad, como un todo indisoluble, sean capaces de sacar adelante el país y la sociedad.

Razón tiene el Presidente Gustavo Petro U, cuando sostiene que en las actuales condiciones no será posible cumplir a cabalidad el acuerdo pactado con las FARC-Ep en 2016; a mi modo de ver, dicha afirmación, más que en referencia a la justicia transicional que de alguna forma avanza en la JEP, se debe entender en relación con el cumplimiento a las comunidades que hacen parte de las llamadas zonas PDET. Será necesario no solamente, recurrir a las instancias definidas para renegociar el acuerdo, ya que los tiempos pactados no son suficientes, así como a la disponibilidad y cantidad real de los recursos económicos que se necesitan, para responder a decenas de años de exclusión y empobrecimiento, en especial en aquellos componentes que guardan relación estrecha con inversiones urgentes locales, plasmados en los Planes de Acción para la Transformación Regional-PATR, que recogen las necesidades y la soluciones que el pueblo propone, como las vías terciarias, la construcción de escuelas, puestos de salud, la instalación y puesta en marcha de proyectos productivos que erradiquen la economía ilegal ligada a la producción y tráfico de cocaína, e instale modelos de desarrollo económico legales y dignificantes, el cuidado del agua y los bosques, etc.

Para cumplir, no solamente el acuerdo final con las FARC-Ep, y avanzar en erradicar las violencias armadas, se requiere de transformaciones progresivas, planificadas, acordadas, pactadas, que pongan en el centro la vida y los derechos humanos, encarnadas, entre otras, en la reforma a la Salud, en especial en aquellos artículos que buscan promover la salud preventiva, el mejoramiento de las condiciones de las y los trabajadores de la salud, la atención integral a poblaciones alejadas de las grandes urbes que son también víctimas de la confrontación armada, y superar la corrupción que carcome el sistema de salud actual; se requiere la reforma laboral, para recuperar y mejorar las condiciones de trabajo de miles de obreros y empleados; la reforma a la educación que hará posible que las y los jóvenes ingresen al sistema educativo, no deserten y logren terminar una carrera técnica, tecnológica y profesional; y la Reforma Rural Integral, que debe convertirse en el eje transformador de la realidad territorial, capaz no solamente de entregar tierras a campesinos y campesinas, y hacer productivo el campo, sino también, de construir una red de organizaciones campesinas que resista a las imposiciones y convocatorias violentas, y que persista en hacer de cada territorio un escenario de paz y de reconciliación.

La transformación positiva del conflicto armado y las violencias estructurales, no se lograrán solamente en las mesas de diálogo que se adelantan con los actores armados, eso lo deben reconocer y entender quienes los dirigen y quienes dialogan en su nombre, la sociedad requiere de garantías a la vida y la libertad, de ambientes propicios y adecuados para involucrarse en la construcción de propuestas transformadoras, y esto a su vez requiere que los grupos armados y el Estado en todas sus expresiones, tanto a nivel nacional como regional, se comprometan a brindar esas condiciones. Las y los colombianos, en su gran mayoría, estamos cansados de vernos incluidos en una guerra que hemos rechazado en las calles y en las urnas, es el momento de pactar, teniendo como prospectiva el bienestar de la sociedad, la equidad, la justicia social, la libertad, la dignidad, la democracia, y este futuro deseable, solo será posible si es el fruto de un acuerdo nacional incluyente, progresivo, democrático, no de una imposición producto de posiciones, dogmas o negocios. Ni en las mesas de diálogo para la paz, ni en el Congreso de la República, ni en la mesa de concertación salarial, ni con las armas o con el poder económico, se debe imponer medida, norma o decreto alguno que vaya en contravía de la dignidad humana.

Por esta razón, es más que necesario que la sociedad se exprese, se movilice, haga valer su voz y su importancia, que siga caminando la palabra y la acción, manifestándose en defensa de la vida y por la paz, rechazando el secuestro, los asesinatos, las masacres, el desplazamiento forzado, el confinamiento, el reclutamiento de niñas, niños y jóvenes, las violaciones a los derechos humanos y ambientales, como exigencia básica que nos permita desatar el gran diálogo nacional por la paz. Sin esas condiciones, el camino de construcción de acuerdos de paz, su implementación urgente y necesaria, la concertación de las reformas progresivas tanto en el congreso como en los demás espacios de la sociedad civil, se hace más largo, tortuoso, y doloroso. Ningún gobierno del Estado Colombiano, podrá cumplir acuerdo alguno, si no se desactivan las acciones violentas de los Grupos Armados, sino superamos los fenómenos del narcotráfico y la corrupción, para avanzar progresivamente en la implementación de reformas que desactiven las violencias estructurales, mejorando las condiciones de vida de las y los colombianos. Solo el diálogo, la recuperación y la honra de la palabra pactada, harán posible el sueño de un país mejor.

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Los Derechos Humanos, para vivir la vida a plenitud

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en Los Derechos Humanos, para vivir la vida a plenitud

Hoy hace 75 años la Asamblea General de la Naciones Unidas adoptó la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, y es por esta razón que, cada año, en muchos lugares del planeta, la comunidad celebra esta fecha, llamando la atención sobre la necesidad de que, esta proclama deje de ser un documento que, solamente adorna los anaqueles de bibliotecas y oficinas estatales, para convertirse en una guía permanente para vivir la vida a plenitud.

Seguramente para muchas sociedades, esta norma de conducta proclamada en un recinto cerrado, no guarda relación directa con sus usos y costumbres; sin embargo, y a pesar de esto, es innegable que esta declaración que pretende ser universal, ha servido de guía para que las naciones del mundo avancemos hacia la construcción de sociedades más justas, democráticas, y equitativas, y que, el goce pleno de los Derechos Humanos, sea un elemento fundamental para la construcción de la Paz Integral.

 

No podemos negar que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, han utilizado, en mayor o menor medida, esta guía de convivencia, para imponer en su nombre dictaduras, para violar la soberanía de Estados dependientes y para aplicar un modelo de gobernabilidad, de economía y de organización estatal que, en la mayoría de los casos, resultaron ser verdaderos experimentos dictatoriales y de violaciones masivas a los derechos humanos.

Colombia, es sometida periódicamente a exámenes, que dictaminan si su Estado está avanzando en la implementación y el respeto a los Derechos Humanos.  Estados Unidos, que, en su política exterior e interior, no es precisamente un nicho de virtudes en materia de goce pleno de los Derechos Universales en toda su amplitud, emite una certificación de desempeño de nuestro país en materia de Derechos Humanos, como requisito necesario, exigido por el Congreso gringo, para entregar la ayuda militar que ese país nos envía anualmente. Ayuda militar, que como en el caso del llamado Plan Colombia, disparó las graves violaciones a los Derechos Humanos, ya ampliamente denunciadas y documentadas, o para fortalecer en general la doctrina de seguridad que estableció la cultura del enemigo interno.

En otros casos, las llamadas certificaciones o exámenes universales, como los cercos económicos, que antes que debilitar un régimen político, catalogado previamente como dictadura, especialmente si este tiene tinte de izquierda, han servido para implementar medidas arbitrarias, que hacen que los pueblos sufran directamente los resultados de dichas medidas, y se eleven los niveles de hambre, pobreza, se dificulte el acceso a medicamentos, a algunos avances científicos imprescindibles para mejorar su economía, a las tecnologías de la informática y las comunicaciones, entre otros.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, que hoy algunos celebramos y otros condenan, sin haberla siquiera leído, y mucho menos interiorizado como una línea de conducta, crea una extensa serie de derechos y libertades fundamentales a los que todos, todas y todes, tenemos derecho por el solo hecho de haber nacido en este planeta; derechos políticos, civiles, sociales, culturales y económicos. Normas esenciales que buscan garantizar que todas las personas en cualquier lugar, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua o cualquier otra condición, gocemos de una vida plena, sin restricciones, más allá que los derechos de los otros y otras imponen.

El prócer de la independencia, Antonio Nariño, tradujo al español la Declaración francesa de los Derechos del Hombre de 1789, derechos que marcaron las primeras constituciones de la naciente república y que, lamentablemente fueron casi desaparecidos en la redacción conservadora de la constitución de 1886. Fue la constitución de 1991, como acuerdos de paz, la que rescato el concepto de los Derechos Humanos y los puso al centro de las obligaciones del Estado. De esta forma, la Constitución Política Nacional, reconoce y eleva a rango constitucional los derechos humanos y una serie convenios internacionales suscritos por los diferentes gobiernos, como los Derechos de los Niños y las Niñas, los Derechos de la Mujer, entre otros importantes tratados.

Lamentablemente, a pesar de que en la Constitución Política Nacional se reconocen los derechos fundamentales, como elementos centrales para garantizar la vida con dignidad de todas las personas que habitamos la geografía nacional, es innegable que aún estamos muy lejos de que este anhelo, sea una realidad vivida y gozada por las mayorías. Los derechos a la vida, la dignidad y la libertad, son constantemente violados por parte de actores armados y de funcionarios estatales, los problemas crónicos para el acceso a la justicia y los altos índices de impunidad, los altos niveles de pobreza e indigencia de grandes capas de la población, las profundas dificultades para acceder al derecho a la salud preventiva y curativa, en especial en zonas marginalizadas y excluidas, las difíciles condiciones de grandes capaz sociales para acceder a la educación gratuita y de calidad en todos sus ciclos, entre otros, siguen siendo evidentes problemas de derechos humanos en Colombia.

Tendremos que realizar un gran esfuerzo, como Estado y como sociedad, para hacer posible que los Derechos Humanos sean acogidos, promovidos, respetados y aplicados en todo momento y lugar, en la vida pública y en la vida privada. Tendremos que ganarle la partida a  fenómenos como la corrupción, el narcotráfico, las políticas económicas neoliberales, los excesos de la democracia representativa, el centralismo, la falta de cultura ciudadana, el patriarcado, la exclusión y estigmatización, el racismo, las causas que originan el cambio climático, y muchos otros vicios y problemas, y darle paso a una cultura que ponga al centro la dignificación de la vida, para que las próximas celebraciones, no estén llenas de exigencias que se las lleva el viento, sino de realidades que nos harán mejores seres humanos.

Avanzar en la construcción de un gran acuerdo nacional, como lo viene proponiendo el Presidente Gustavo Petro U., debe contemplar fundamentalmente, una gran alianza social, a todo nivel y en todo el territorio nacional, capaz de implementar, promocionar y defender la cultura de los Derechos Humanos. Este acuerdo, no será posible, si algunos pretenden mantener modelos políticos, económicos o sociales, para perpetuar privilegios a costa de violar derechos fundamentales, y si otros pretenden imponer a través de la violencia armada, y de graves violaciones a los derechos fundamentales, su punto de vista, aduciendo luchar por las posibles transformaciones que la sociedad requiere.  El gran Acuerdo Nacional, debe ser, ante todo, un pacto ético y político, capaz de reconocer la vigencia de los Derechos Humanos, su desarrollo e implementación.

Que ningún Plan de Desarrollo Municipal o Departamental, se elabore y se apruebe, sin tener en cuenta un enfoque claro en materia de Derechos Humanos y Paz, no solamente encaminado a superar problemáticas sociales, económicas, sino también, enfocados en la implementación y fortalecimiento de programas de seguridad que garanticen la vida y la permanencia en el territorio de empresarios, comerciantes, lideresas y líderes políticos, sociales, sindicales, comunitarios, religiosos, y de sus organizaciones. El presente y el futuro del país depende de, cuanta capacidad desarrollemos como sociedad y como Estado, para hacer efectivos los Derechos Humanos.

Luis Emil Sanabria D.

Tomemos la decisión colectiva de detener tanto dolor

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en Tomemos la decisión colectiva de detener tanto dolor

Inicia el mes doce del año 2023 y la violencia contra la población civil colombiana, amparada en el conflicto armado, parece no encontrar la luz al final del túnel. Ya sea por los grupos armados o la incapacidad del Estado en su conjunto, que han ido prolongando durante décadas la longitud de este. Cada intento de buscar una salida pacífica que ponga fin a esta situación se ve obstaculizado por una especie de ritual triste que inventa o recicla las violencias. Este ritual tiene como telón de fondo todo tipo de explicaciones, algunas más macabras que otras. Los grupos armados continúan haciendo alarde de su supuesta capacidad militar, que desde hace mucho tiempo el pueblo ha bautizado como «matamarraos». Este término se refiere a las diversas formas insidiosas en que han convertido a sujetos indefensos, no participantes de la confrontación, en víctimas de las más diversas expresiones degradadas de la confrontación o de la acción delincuencial.

Más de (151) ciento cincuenta y una personas han sido asesinadas en lo que va del año. La mayoría se encontraba en sus hogares, lugares de trabajo o en la vía pública, sin participar en acciones armadas que justifiquen sus homicidios en medio de una confrontación. Su presencia o acciones no representaban ninguna ventaja militar; eran civiles indefensos, algunos previamente secuestrados o desaparecidos, dedicados a luchar por sus comunidades, defender su territorio, batallar por derechos laborales o sindicales, expresar pacíficamente sus opiniones o denunciar actividades ilícitas. No había justificación alguna para estos actos, simplemente no debieron ser asesinados. Trabajaban por la Paz y los Derechos Humanos.

 

Son (151) ciento cincuenta y una personas con hogar, familia, amigos, hijos e hijas. Cada día se levantaban para buscar el sustento de sus seres queridos. Destacados miembros de la comunidad, dotados con algún don que la vida o la providencia les entregó, convirtiendo su destino en una oficina itinerante de servicio a la comunidad y fortalecimiento de la sociedad. Contaban con poco más que el apoyo ocasional de organizaciones o redes sociales nacionales o territoriales. Estos nombres se suman a la interminable lista de líderes y lideresas sociales: étnicos, comunales, comunitarios, sindicales, políticos, ambientalistas, jóvenes, personas con discapacidad o miembros de la comunidad LGBTIQ+. Muchos de ellos fueron víctimas en otros momentos del conflicto armado interno, luchando por una reparación integral, condenados a muerte antes de recibir cualquier indemnización que pudiera mitigar el daño sufrido.

A esta lista, con la que a diario se alimenta el odio, la polarización, las venganzas y el dolor, se le suma otra que, por el origen de sus miembros, debiera concitar la más amplia indignación ciudadana. Son (33) treinta y tres  firmantes del acuerdo de paz de 2016, asesinados este año, excombatientes de las extintas FARC-Ep, y que se suman a la lista de más de cuatrocientos de sus hombres y mujeres, a los que se les arrebató la vida y que un día decidieron transitar hacia la paz, honrar la palabra empeñada, hacer dejación de armas, confesar sus delitos, comprometerse a no seguir delinquiendo, dedicados a rehacer su vida, a retomar la acción social y/o política sin armas, muchos de ellas y ellos con una familia establecida e intentando sacar a sus hijas e hijos adelante, en medio de tanta adversidad. Murieron sin ver realizado su sueño de vivir la paz, de haber visto convertidos en realidad, los proyectos de desarrollo territoriales, la reforma rural o la reforma política, porque simplemente alguien desde las altas esferas del poder, decidió no cumplir con lo acordado, no brindarles garantías para su vida y la permanencia en el territorio, frente a la decisión de quienes los han declarado objetivo de sus balas y sus venganzas.

Son (86) ochenta y seis masacres, adultos, jóvenes, niños y niñas en estado de indefensión, asesinados en sus casas, en un sitio comercial o en la vía pública en lo que va corrido del año, apenas unos números menos que el año pasado y que el 2021. Son más de (260) doscientas sesenta personas que cayeron por la acción demencial de algún armado que disparó indiscriminadamente, lo que demuestra el grado de afectación mental y social que ha producido tantos años de violencia, pobreza, exclusión o discriminación, años de ver correr la sangre y de exacerbar el dolor, de echarle sal y limón a las heridas que dejan las balas, los cuchillos o los golpes. Dolor y venganza, círculos repetitivos de violencias, que afectan la vida, la comunidad, la economía, la democracia, y que seguramente, sino se toman medidas efectivas que rompan este espiral de violencia, seguirán escalando hasta hacer insostenible cualquier posibilidad de fortalecimiento y de legitimación del Estado y de la democracia. No podremos pensar y menos avanzar, en la construcción de una sociedad más equitativa y justa, donde la libertad y la democracia sean posibles, si no tomamos la decisión colectiva de detener tanto dolor y tanto desafuero.

En lo que va corrido del año y a pesar de que las cifras no demuestran la realidad de lo que ocurre, debido principalmente a los temores de las familias a denunciar los hechos, han ocurrido al perecer, más de (300) trescientos secuestros este año, un delito que lesiona profundamente la dignidad de quien lo padece directamente, y causa graves daños a las familias, a la economía y a la sociedad. La persona víctima se convierte en una mercancía canjeable por dinero, la familia es objeto de llamadas o mensajes extorsivos de todo tipo, hasta que finalmente y en el mejor de los casos se realiza el intercambio, “cuánto tiene, cuánto vale”. Nadie desde las instituciones estatales, acompaña, asesora, orienta a los familiares, quienes comienzan a llevar sobre sus hombros la carga y el dolor de la responsabilidad de salvar la vida de su ser querido. Nada evidencia más el fracaso de la llamada lucha armada revolucionaria, que tener que violar los derechos fundamentales de una persona, con el estandarte de luchar por esos mismos derechos. Atrás quedaron las estrategias políticas que buscaban que la sociedad respaldara la acción guerrillera, la sostuviera y la reconociera como parte de sus luchas por la justicia social.   

Delincuentes que amenazan de muerte al Presidente de la República y a su familia, instituciones estatales responsables de investigar que se convierten en cómplices por omisión de sus responsabilidades, sectores sociales y políticos que justifican o guardan silencio frente a tales amenazas de muerte, unos medios de comunicación que subestiman o alimentan los relatos que incitan el derrocamiento o la muerte violenta de la primera autoridad nacional, hacen parte de la punta del iceberg de la degradación a la que ha llegado la acción política, del entramado violento que retroalimenta el conflicto armado y de la incapacidad por hacer de la deliberación franca, profunda, argumentada, democrática y respetuosa, la forma en que deberíamos tramitar las diferencias en relación con el tipo de economía, de sociedad, y de democracia que queremos.

Podría seguir relatando las consecuencias de la degradación del conflicto y de la sociedad, o hablar de otras graves violaciones a los Derechos Humanos, del hacinamiento en las cárceles, del desplazamiento, la estigmatización, la desaparición forzada, los falsos positivos, el uso indebido del derecho para perseguir a sindicalistas y líderes políticos, que a su vez se han convertido en causas que retroalimentan el conflicto armado interno y sus múltiples expresiones; algunos seguramente, me recriminarán porque no me expresé acerca de las causas estructurales que le dieron origen a esta situación, como la pobreza a todos sus niveles, la falta de oportunidades para la niñez y la juventud, la imperfecta democracia impuesta, etc., y que, subyace en el origen de la confrontación y siguen siendo justificación suficiente para desarrollar estrategias militaristas, ante lo cual, y anticipando las posibles reacciones, me reafirmo en que la única vía posible hoy en Colombia y en el mundo, para transformar los conflictos, las inequidades y las injusticias, es la democracia, el diálogo, la concertación y la negociación pacíficas que conduce a la construcción y la firma de pactos que deben ser honrados y cumplidos. Todo revolucionario socialista, comunista, progresista, socialdemócrata o liberal, debe comprender que la única y la mejor forma de aportar al cambio, es decidirse a construir paz por la vía de la paz. La violencia política y el terrorismo, es el instrumento de los dogmáticos de toda clase, de los fascistas, los negacionistas o canceladores.

Hoy la sociedad que quiere y trabaja por la paz clama el fin del conflicto armado, clama su desescalamiento para transitar sin miedo por la senda de la participación y aportar, como es su derecho, a las soluciones que puedan construirse e implementarse a corto, mediano y largo plazo. La sociedad que quiere y trabaja contra la guerra, exige no ser utilizada para profundizar odios, y por esto requiere de parte del Estado y de los gobiernos, mayores compromisos que hagan posible detener las violencias que se ensañan contra la población civil y construir estrategias eficaces, participativas e incluyentes, en donde se reconozca la opinión y el papel de las organizaciones sociales como constructoras de paz, democracia y justicia social, más allá de la instrumentalización política. Reconocer sus vocerías, sus formas organizativas, su trabajo nacional y territorial, su denodado compromiso con la vida es tan importante como convocarlas a respaldar las reformas prometidas. Las organizaciones sociales locales, regionales y nacionales claman ser parte del Gran Acuerdo Nacional.

Nota: Los y las invito a la Gran Jornada Nacional por la Vida, este 7 de diciembre a las 5:30 p.m., encendiendo una luz para enviar un mensaje contundente en contra de los asesinatos, las masacres y los secuestros. La paz la construimos todas y todos.

Luis Emil Sanabria D.

Breve reseña histórica no cronológica de REDEPAZ en sus 30 años

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en Breve reseña histórica no cronológica de REDEPAZ en sus 30 años

Esta semana que acaba de terminar, se celebró el cumpleaños número 30 de conformación de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y Contra la Guerra – REDEPAZ, con actos culturales, reuniones de amigos, homenajes. Actos que pasaron casi desapercibidos para la prensa nacional, para el mundo político y el gobierno nacional; sin embargo, en memoria de quienes han sido víctimas por trabajar por la paz, de las personas que ya nos entregaron su energía y se encuentra esparcida por el mundo, y en homenaje a quienes persisten tercamente en la búsqueda de caminos de paz desde la sociedad civil, me atrevo a escribir esta pequeña reseña histórica, para que la memoria refresque los compromisos.

La historia reciente del movimiento por la paz surge a mediados de los años 80, en respuesta a las constantes infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de todos los actores armados del momento. Los genocidios contra los movimientos políticos de izquierda Unión Patriótica, Frente Popular, A Luchar y expresiones Ciudadanas no organizadas, los asesinatos de candidatos presidenciales, las tomas armadas y violentas de pueblos y lugares emblemáticos para la democracia como el palacio de justicia, entre otros, promovió el surgimiento de expresiones ciudadanas en contra de la guerra y por la paz.

 

De esta época se recuerda la caminata de los pies descalzos, la Ley 95 de 1985 que reconoce el 9 de septiembre como el día nacional de los Derechos Humanos, la primera semana por la paz, y expresiones políticas y sociales que abogaban por la salida negociada del conflicto armado y la apertura democrática ligada a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para pactar una nueva constitución política que diera salida al conflicto armado interno, los movimientos territoriales por la paz incentivados por la iglesia católica y la Pastoral Social, el CINEP y el Programa por la Paz de la compañía de Jesús.

Buscando la unidad de todo el movimiento ciudadano por la paz, y amparados en la nueva constitución que contempló en el artículo 22° la paz como derecho y deber y en el artículo 3° la soberanía popular, enmarcados en el concepto de la democracia participativa, y los procesos de paz del E.P.L. el M-19, el Quintín Lame, el PRT, las milicias urbanas y la C.R.S., se convocó el 21, 22 y 23 de noviembre de 1993, el encuentro que dio origen a la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra – REDEPAZ, con su emblemática guacamaya como símbolo de la palabra, la libertad y la multiculturalidad, y que tuvo como primera tarea seguir organizando la Semana por la Paz, de las cuáles se celebró este año la número treinta y seis.

Con Redepaz y estrenando constitución, se promovieron iniciativas como el mandato de niños y niñas por la paz de 1996, a través del cual cerca de tres millones de niñas y niños se expresaron en las urnas por la paz y sus derechos, el mandato ciudadano por la paz de 1997, ejercicio de participación ciudadana directa mediante el cual más de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas, se comprometieron a ser constructores y constructoras de paz y exigieron la solución pacífica del conflicto armado, la primera asamblea permanente de la sociedad civil por la paz en 1998 promovida por la USO, que convocó a amplios y diversos sectores sociales y políticos para trabajar por la paz, la comisión de conciliación nacional,  las marchas del No Más. Los mandatos fueron el preámbulo de los diálogos en el Caguán con las FARC y los diálogos en Puerta de Cielo-Alemania, con el ELN.

Igualmente este mandato significó a partir a finales del siglo pasado y en las dos últimas décadas del presente siglo, el surgimiento de las Asambleas Territoriales Constituyentes de las cuáles se alcanzaron a instalar doscientos procesos municipales y tres departamentales, las Mesas de Trabajo por la Paz, los encuentros, alianzas, movimiento y redes de mujeres constructoras de paz, la cumbre de Paz y País, Paz Colombia en respuesta a la propuesta militarista del Plan Colombia, los diálogos pastorales, los territorios de paz, los territorios en resistencia, las guardias indígenas, las mingas sociales, las caravanas, espacios y refugios humanitarios, los diálogos improbables, los conciertos por la Paz, los programas de desarrollo y paz con la Redprodepaz, las consultas y mandatos territoriales, procesos como el llamado París-Londres-Cartagena, la iniciativa de Cien Municipios de Paz y Cien Municipios de Participación Ciudadana para la paz, entre otros de gran impacto nacional e internacional.

Redepaz en alianza con otras organizaciones sociales y no gubernamentales ha promovido el surgimiento de movimientos y expresiones territoriales de paz y reconciliación como el Movimiento Madres por la Vida, las madres de la Candelaria en Medellín, Narrar para Vivir en Montes de María,  las mesas territoriales de víctimas por la Verdad y la Reconciliación, el movimiento de víctimas reclamantes de tierra-Tierra y Vida, las guardias campesinas y cimarronas, las redes de autocuidado y autoprotección, el Refugio Humanitario Por la Vida, la Mesa Social por la paz y recientemente la Mesa Nacional de Interlocución social para la Paz- MENISP, entre muchos otros procesos, iniciativas y organizaciones, que han marcado la agenda, y las múltiples propuestas y abordajes que desde la ciudadanía se expresan y que han llevado poco a poco a que la Paz sea hoy, no solamente un imperativo ético, sino una decisión social y política.

Redepaz en coalición con organizaciones defensoras de derechos humanos y paz, y sectores políticos demócratas, promovió la Ley 387 de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia; la Ley 418 de 1997, hoy Ley 2272 de 2023, por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones; la Ley 434 de 1998, por la cual se crea el Consejo Nacional de Paz, se otorgan funciones y se dictan otras disposiciones; la Ley 975 de 1995, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios; la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones; entre otras normas, decretos, ordenanzas y acuerdos para favorecer la construcción de la paz.

A pesar de los esfuerzos motivados desde la noviolencia y la neutralidad activa, Redepaz y sus integrantes has sido víctimas del conflicto armado. Aproximadamente 30 personas han sido asesinadas por trabajar por la paz vinculados a esta organización, más de 200 personas han padecido el exilio, más de 400 han sido desplazadas internamente. Redepaz y algunos de sus integrantes has sido víctima de amenazas, estigmatización, señalamientos, chuzadas, falsos positivos judiciales y hasta de un plan orquestado por el Estado Colombiano, a través del extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, llamado Plan Risaralda, fue ejecutado buscando su desarticulación. Con la Ley 1448, la organización fue reconocida como Sujeto de Reparación Colectiva en 2014 por parte la Unidad de Atención Integral a las Víctimas – UARIV y posteriormente victimizada por esta misma institución, que luego de firmar el acta de paz y salvo que dio por finalizado el proceso de reparación, le demandó judicialmente exigiendo la devolución de un bien inmueble, que ya estaba en poder la misma institución, proceso que, a pesar de haberse conciliado, hoy sigue vigente con la nueva administración.

Hoy Redepaz está conformada por más de 200 organizaciones locales y procesos nacionales, mantiene firme su propósito original y la llama de la iniciativa ciudadana de la movilización noviolenta, buscando abrir espacios que le permitan a esta y todas las organizaciones que han trabajado por la paz, el reconocimiento y los apoyos necesarios, que hagan posible su labor autónoma y deliberante, sus aportes voluntarios y la construcción de una cultura de paz que haga posible el surgimiento de un ser humano nuevo, capaz de transformar las causas estructurales que originan el desarrollo violento de los conflictos y sus consecuencias.

Felicitaciones a todas las personas que día a día tejen la paz con mano ciudadana, a sus fundadores y fundadoras que hoy mantienen viva la llama de la paz, a todas las personas que sin descanso promueven el perdón y una sociedad reconciliada. Que la energía no se acabe y que, a pesar de todos los tropiezos, sigan creciendo y alimentando el espíritu de la democracia, la equidad, la justicia social y la vida.

Luis Emil Sanabria D.

Deudas de la política de paz total e integral

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en Deudas de la política de paz total e integral

Ya va terminando el año y al parecer la implementación de algunas propuestas de gobierno, necesarias para complementar las acciones que permitirán la transformación compleja e integral del conflicto armado y de las violencias que alrededor de este orbitan o se derivan, siguen siendo aplazadas, lo que desincentiva que importantes sectores de la sociedad, se sientan convocados y entusiasmados con la construcción de la paz total e integral.

Comencemos por destacar, como lo expresé en la columna de opinión del 1° de octubre, la falta de compromiso de la instancia de gobierno responsable en convocar la renovación del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, que hace parte también de los acuerdos pactados con las FARC-Ep, su instalación oficial y la designación de responsabilidades claras en relación con su papel en el marco de los diálogos de paz. Sería bueno que el Gobierno Nacional evaluara con suficiente profundidad este mecanismo y decidiera realmente su presente o su futuro, de no ser así, lo más recomendable es avanzar en la derogatoria de la Ley 434 de 1997 y el decreto ley 885 de 2017, de tal forma que, cesen las expectativas de la sociedad en relación con su participación en estos escenarios.

 

Una de las primeras propuestas de la sociedad civil organizada que trabaja por la paz en nuestro país, encaminada a desarrollar una cultura de paz, es la Ley 18 de 1990. Esta Ley, olvidada por casi todos los gobiernos bajo presión seguramente de las grandes cadenas de almacenes y los importadores legales e ilegales de juguetes, prohíbe expresamente la fabricación, importación, distribución, venta y uso de juguetes bélicos en el territorio nacional. Esta iniciativa debería ser parte fundamental de la pedagogía y la sensibilización alrededor de la convivencia y de la estrategia para lograr la paz total e integral, más aún, si se tiene en cuenta que vivimos en un escenario de permanente violencia y confrontación que naturaliza los asesinatos y las masacres, y en donde las niñas y los niños son constantemente asediados con mensajes de violencia armada.

La Ley 18 de 1990, considera claramente como juguetes bélicos, todos aquellos objetos y réplicas que imiten cualquier clase de armas de fuego, sean cortas, largas, arrojadoras o arrojadizas, de puño o de corte o de asta, y de guerra, tanques, aviones de combate o barcos armados utilizados por las fuerzas armadas, la policía y los organismos de seguridad del Estado. La ley también prohíbe los videojuegos, so pena de sanciones monetarias o prisión de hasta cinco años. Sin embargo, como ya lo estamos viendo en calles, almacenes de cadena y San Andresitos, los anaqueles se están llenando de este tipo de juguetes, sin que la autoridad competente, en este caso la superintendencia de industria y comercio y las entidades responsables de la política oficial de paz, hagan algo al respecto.

En relación con la Ley 2272 de 2022 que llenó de optimismo a las organizaciones de la sociedad civil, pues esta incluye algunas de las iniciativas y propuestas que se vienen ambientando desde hace décadas, es necesario precisar, que si bien en correspondencia con los diálogos de paz, el Gobierno Nacional ha realizado importantes esfuerzos y las mesas establecidas siguen avanzando -aunque con las dificultades propias de estos procesos-, algunos componentes importantes de la Ley siguen sin desarrollarse.

Ojalá entre en ejecución en los primeros meses de 2024, el programa de servicio social para la paz, que hará posible que una importante cantidad de jóvenes tengan opciones diferentes al servicio militar, para aportar a la sociedad y que, de ser bien aplicado, pueda hacer emerger una generación de paz que ayude a construir un país decente y democrático. Muchas organizaciones sociales recibirían con los brazos abiertos a las y los jóvenes de este programa para que, desarrollen la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos, la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ayudar en la protección de la naturaleza, la biodiversidad, las fuentes hídricas, los ecosistemas estratégicos, la riqueza ambiental y forestal del país, promover la paz étnico-territorial, respetando el derecho de autodeterminación, la autonomía, usos y costumbres de las comunidades étnicas, entre otras actividades.

Otro componente de la Ley de Paz, que esperamos sea implementado con mucha creatividad, involucrando a los gobiernos locales que se estrenarán el 1 de enero, es el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, mediante el cual se espera que toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de manera voluntaria, entregue al Departamento de Control y Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) o a quien el Ministerio de Defensa delegue, armas de fuego fabricadas, hechizas, artesanales, legales o irregulares, de uso privativo de la fuerza pública o traficadas, así como sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, con independencia del estado de conservación que tengan. Hay que comenzar a sacar de circulación, los aproximadamente cinco millones de armas de fuego ilegales y sus municiones que, están en poder de civiles.

Seguramente un programa de esta naturaleza, como se ha demostrado en otras oportunidades, hará disminuir las tasas de violencia urbana, de violencia intrafamiliar, de violencia contra las mujeres, los niños y las niñas. Las administraciones locales, tendrán que ser convocadas para servir de aliados fundamentales en esta titánica labor que complementada con campañas de cultura ciudadana que hagan énfasis en los deberes, los derechos, los valores, la convivencia y la reconciliación, harán germinar mejores relaciones de convivencia y procesos de reconciliación. No hay claridad acerca de quien o quienes liderarán el programa o las campañas tendientes a instalar en el imaginario colectivo, la Cultura de Paz y Noviolencia, que motive en las grandes mayorías, a través de acciones pedagógicas, comunicativas, artísticas, simbólicas y de movilización, el compromiso ciudadano con la paz y el respaldo a las transformaciones de las causas estructurales y las consecuencias que motivan y retroalimentan la violencia social y política armada.

Otro esfuerzo muy importante, será garantizar en los Planes de Desarrollo Territoriales, que se deberán aprobar en los primeros meses del próximo año, un componente de Paz que refleje como lo ordena la Ley 2272, el compromiso de los gobiernos locales con el Plan Nacional de Desarrollo. Será una ambiciosa tarea, armonizar el Plan Nacional de Desarrollo, la ley 2272 de 2022 y los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales, de allí la importancia de que la sociedad civil se involucre con su incidencia, garantizando no solamente la inclusión de programas, sino también los recursos para financiar o cofinanciar iniciativas. Sería bueno que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, destaque un importante equipo profesional para asesorar este proceso.

Finalmente, y no menos importante, está la deuda que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República tienen, en relación con la llamada Ley de Sometimiento a la Justicia, para facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley y las organizaciones criminales de alto impacto, conforme se definió en la Ley 2272 de 2022 y terceros relacionados con actividad de la organización. Este marco jurídico es de extrema importancia, si se quiere continuar de forma ágil en los diálogos con estos grupos armados, involucrar a otras bandas delincuenciales como el llamado Clan del Golfo, e intentar clausurar el abordaje complejo de la transformación de un conflicto armado que ya arriba a los sesenta años, generando muerte y dolor.

Luis Emil Sanabria D.

Nadie nos llama, nadie nos dice nada, como si no existiéramos

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en Nadie nos llama, nadie nos dice nada, como si no existiéramos

Hablar del secuestro o como lo llaman las guerrillas “retenciones económicas”, vuelve a ponerse sobre el debate público. Las cifras son alarmantes y demuestran que algo tanto en el proceso de paz como en las políticas de seguridad no está funcionando o no está siendo efectivo a corto plazo. Según diferentes fuentes el número de secuestros ocurridos en 2023 sobre pasa la cifra de las 80 personas, muchas de ellas con paraderos aún desconocidos.

Aunque el secuestro nace en Colombia mucho antes de la aparición de las guerrillas de izquierda, si es muy claro que luego del surgimiento de estas en 1964, el fenómeno empieza a tomar mayor relevancia, tanto en los llamados secuestros políticos, como en los secuestros con fines económicos; sin embargo, fue solo con el Mandato Nacional Por la Paz de 1997, donde más de diez millones de personas se manifestaron en contra de este y otros delitos, y con la llamada marcha del No Más en 1999, que se evidenció el dolor y los daños que el secuestro causa a la sociedad, la economía y principalmente a la víctima y sus familiares.

 

Más allá de las cifras, el secuestro afecta profundamente la salud mental y espiritual de los seres queridos y de quien lo padece directamente. La incertidumbre frente a la situación de su familiar, el sentimiento de impotencia, la espera día y noche de una llamada o un mensaje, el traslado de un sitio a otro principalmente en horas de la noche, el miedo frente a posibles combates, etc., consume profundamente, de forma silenciosa a quienes esperan algo de piedad estando secuestrados, y a los familiares y amigos más cercanos.

Con las denuncias públicas frente al secuestro del Sr. Díaz, empecé a recibir llamadas de personas que querían revelar el secuestro de sur ser querido o amigo, pues a pesar de los esfuerzos, los nombres de la mayoría pasan desapercibidos para la sociedad, los medios de comunicación y los gobiernos, principalmente para los alcaldes y gobernadores, que nada o poco hacen para ayudar a controlar el delito o para brindar acompañamiento a las víctimas.

Una de esas llamadas terminó siendo el clamor de una amiga de juventud. Cuando sonó el teléfono, y aunque evidencié que el número en la pantalla era desconocido, sentí que por alguna razón debía aceptar la llamada. Al responder con el cauteloso y cortante ¡alo!, me habló afanosamente una mujer. Hola Lucho, ¿cómo estás?, era una voz que me inspiraba confianza por la familiaridad de sus palabras y el tono con el que me habló. Soy Mildred Quintero[1], no sé si te acordás de mí, estudiamos juntos en el colegio. No fue fácil retroceder el tiempo, de esa época ya pasaron más de cuarenta años. Era una amiga de esas difíciles de olvidar, por su extrovertida forma de ser y las señales que en menos de dos minutos me refirió. Necesito hablar urgente con vos, hoy te vi en TvSanJorge – el canal comunitario de Ocaña- y hablaste del secuestro y quiero que me orientes sobre un caso. Establecimos una cita en su casa, hablamos de muchas cosas, hasta que finalmente me atreví a poner el tema para el que había sido citado. Del patio de la casa, salió una señora joven, con los ojos hinchados seguramente de llorar, y un caminar lento, comprendí inmediatamente que un ser muy cercano a ella era víctima de secuestro. Con las presentaciones de rigor y la cautela que el tema amerita, la señora comenzó a narrar el dolor tan inmenso que estaba padeciendo con el secuestro de su hijo, era la primera vez que lo hacía con alguien que no

fuera su círculo familiar cercano. Con el llanto entrecortado, la mirada perdida, el celular en una mano y con la otra aferrada al mueble, como si estuviera siempre dispuesta a salir corriendo frente a cualquier llamada, comenzaron a salir de su boca más que frases de relato, algunas preguntas ¿por qué secuestraron a mi hijo, si yo no tengo plata y mi hijo tampoco? ¿qué le digo a los niños, mis nietos, que todo el día preguntan por él? Nunca imaginé que esto nos pudiera pasar a nosotros, el papá también está como loco, no sabe que hacer y ya llevamos casi un mes en esta incertidumbre, nadie llama, nadie dice nada, no sabemos nada.

No era fácil responder. Lo primero que se me vino a la mente, además de escuchar detenidamente, fue tratar de consolarla, por lo que le hice una señal a Mildred para que la abrazara y se sentara a su lado ¿Ha recibido alguna ayuda o acompañamiento de la alcaldía o de alguna autoridad? le pregunté; su respuesta, que es la misma que se repite en muchos casos fue negativa. El Gaula de la Policía, solo me informó cómo, según ellos, habían ocurrido los hechos, y por donde se los habían llevado, pero nada más. Ni el alcalde, ni el gobernador, ni el presidente, nadie nos llama, como si no existiéramos, como si mi hijo no valiera nada, me dijo. Luego de darle algunos consejos, más relacionados con su salud mental y de ponernos de acuerdo para realizar un acto simbólico en el parque principal de Ocaña y una misa, le sugerí que visitara al obispo y solicitara su intermediación para intentar conocer en manos de quien estaba el hijo, y que buscara ayuda profesional para ella y para el papá del joven secuestrado, que al parecer estaba en un estado mayor de afectación.

Este lamentable y doloroso episodio, y a riesgo de ser vetado o estigmatizado, me llevan a proponer que los diálogos de paz deben, de manera urgente abordar el tema de ponerle fin al secuestro, y otros asuntos que tienen que ver con el Derecho Internacional Humanitario. Revisar sin ambages la cuestión de la manutención de los combatientes involucrados en el proceso de paz, de tal forma que esta deliberación, pueda también llevarnos casi automáticamente a evaluar la posibilidad de que las estructuras guerrilleras se ubiquen en zonas específicas, y los protocolos de cese al fuego bilateral, se puedan aplicar y monitorear de forma más efectiva.

No es la primera vez que, en el caso de la mesa de diálogo Gobierno Nacional-ELN, se anticipan elementos del quinto punto de la agenda, esto demuestra la madurez del proceso, los avances y el compromiso de las partes. Es el momento de responder positivamente al clamor ciudadano y buscar fórmulas expeditas para que las guerrillas abandonen el secuestro y devuelvan a todas las personas que se encuentran en su poder, hechos que, por supuesto no deberían suceder en la guerra, ni mucho menos en medio de un diálogo que busca la paz. Es el momento, de estudiar fórmulas para posibles ubicaciones territoriales temporales o permanentes de las estructuras insurgentes, para que la implementación de los acuerdos a corto plazo, se pueda adelantar incluso con la participación de guerrilleros desarmados.

Ya vendrán otros temas o preguntas que seguramente causarán desacuerdos, pero que, con el compromiso sólido en la búsqueda de la transformación de las causas que originan el conflicto y sus consecuencias, se podrán abordar y solucionar. Me atrevo a anticipar algunas: ¿Qué hacer con las armas y municiones, se entregan o no a la comunidad internacional para su destrucción? ¿Se hace o no dejación de armas y municiones a la firma del acuerdo o luego de su implementación total? ¿Seguirán en tregua bilateral o esta pasará a ser multilateral, de forma permanente, hasta la implementación de todo lo acordado? ¿La reincorporación de excombatientes, se empezará a dar cuando se entreguen todas las armas y municiones o antes, en la medida en que se vaya aplicando lo acordado?

Por el bien de Colombia, por la vida y la reconciliación, todos los diálogos de paz deben continuar. El Estado Mayor Central-FARC, debe volver a la mesa y debatir en esta, las inconformidades que expresa públicamente, y que antes de acercar a las partes, motiva reacciones políticas y sociales que hacen más difícil la construcción de acuerdos. No es el momento de la confrontación, ya la sociedad lo ha demostrado de múltiples formas. Hoy lo más revolucionario que un grupo insurgente puede hacer, es transitar por el camino de la paz, ponerle fin al conflicto armado e involucrarse en la lucha democrática por las transformaciones que las mayorías exigen.

Luis Emil Sanabria D.

[1] He cambiado el nombre para evitar señalamientos.

La paz de Colombia desde la perspectiva de un proyecto histórico

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en La paz de Colombia desde la perspectiva de un proyecto histórico

Para que los gobiernos de los países dominantes y de los grandes poderes globales del capitalismo mundial, tomen en serio a Colombia, es necesario que en nuestro país emerja una sociedad estable, que construya unos consensos mínimos alrededor de la inclusión en una nación diversa, con claridad meridiana sobre la clase y la calidad de democracia que la rige, su economía y su futuro.  

Gustavo Petro Urrego, en su condición de Presidente  de Colombia, ha puesto nuestro país en la agenda mundial -hasta donde esto es posible para un país dependiente-, con varios temas importantes como, la lucha contra los cultivos de uso ilícito, la producción y tráfico de cocaína y el lavado de activos; la posición geoestratégica de Colombia, en correspondencia con la posibilidad de mejorar el comercio mundial a través de un canal seco interoceánico (trenes), y su ventaja comparativa al construir puertos profundos a ambos lados de sus dos costas; su posición geográfica como país incluido en la región de la Amazonía, y su importancia en la lucha contra el calentamiento global; y por supuesto, el tema de la violencia interna, la construcción de paz y su impacto en la región.

 

En el marco de estos y otros temas, el Gobierno Nacional, ha colocado las relaciones internacionales, en el nivel de importancia que corresponde a un país que requiere de apoyo y colaboración internacional para salir de sus problemas, y gestionar nuevas relaciones de comercio, para tratar de estabilizar la balanza comercial, de tal forma que la producción interna se dinamice, se mejoren las exportaciones y en consecuencia los ingresos. En ese contexto, el presidente se propuso, con la reciente visita a la República Popular China, persuadir a Xi Yinping, su presidente, de mejorar las inversiones y las relaciones de comercio, para promover el desarrollo colombiano y vincularse a las tareas de consolidación de la paz interna.

Seguramente en relación con la construcción de la Paz Total, propuesta que cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas y que se ratificó con el mantenimiento de la Misión de Verificación, y la ampliación de su mandato en las mesas de diálogo actuales, los países miembros del Consejo Permanente de Seguridad, no asumirán otra responsabilidad mayor, pues las grandes potencias difícilmente toman partido en problemas locales, a no ser que estén en juego sus intereses económicos o para justificar la renovación de armamentos y mostrarse los dientes, una práctica que China no ejerce, seguramente por su inutilidad estratégica.

Para acercarnos un poco más al papel que Colombia está jugando, y lo qué podemos esperar de la comunidad internacional, es preciso intentar comprender la forma en que los países dominantes se repartieron el mundo, y cómo surgió la globalidad bipolar o unipolar.

Producto de la Gran Guerra Europeo-Japonés (1938-1945), los vencedores conforman dos bloques antagónicos o polos de atracción política y económica. La llamada guerra fría que continuó, fue la intérprete de la fuerte tensión entre el sovietismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS y el capitalismo de los Estados Unidos de América -EE. UU. En este interregno de más de 50 años, EE. UU. se transformó en superpotencia económica y militar, mientras que la URSS implosiona y desaparece como modelo de estado y sociedad. EE. UU. convierte en aliado estratégico económico a Europa y Japón, como una manera de contener la ideologización soviética, y luego apuntalaría tal propósito al promover la modernización capitalista de China y el sudeste asiático y sitiar al sovietismo, hasta aniquilarlo económicamente.

La hegemonía de los EE. UU. en los últimos 30 años produce la globalización comercial neoliberal y la revolución tecnológica digital, pero la posibilidad de un mundo global bipolar (EE. UU. y China) no emergió o no ha terminado de emerger. Tampoco el proyecto de una Unión Europea transformada en superpotencia económica y militar se consolidó. El desarrollo de los acontecimientos mundiales en el presente, nos confirman que seguramente el mundo global Unipolar de los EE. UU. no podrá mantenerse a futuro sin aliados económica y militarmente poderosos, y esa visión parece estar en crisis para la superpotencia, tras los problemas perturbadores de su estabilidad interna.

Latinoamérica, no participó en el desenlace estratégico de la Segunda Guerra Mundial, y solo logró incorporar a su política interna la Doctrina de Seguridad Nacional antisoviética, lo que dio como resultado, su evidente incapacidad política para construir modelos democráticos profundos y solidarios. Hoy contamos con una región cuya unidad sociológica desde las tradiciones y las lenguas mayoritarias, el castellano-portugués, no ha alcanzado para pensar un destino común. De allí la obstinación del Presidente Petro y otros mandatarios progresistas regionales, en avanzar hacia objetivos comunes que hagan posible una mayor estabilidad, superar las brechas de inequidad y de empobrecimiento de grandes capaz sociales, transformar el modelo económico neoliberal, recuperar la soberanía de los Estados y el protagonismo independentista del siglo XIX.

Así como nuestra independencia del colonialismo español fue la consecuencia de la integración entre los ejércitos patriotas de Bolívar y San Martín, las naciones que emergieron deben participar en su conjunto en la solución colombiana de un problema político originado en el rol que comenzaron a jugar, luego de la última guerra global; la sustitución de la Doctrina de Seguridad Nacional, por una que privilegie el apoyo a la profundización democrática y la garantía de los Derechos Humanos; la definición de una agenda económica y ambiental que resulte vital y le impulse hacia su integración regional y el crecimiento capitalista, mediante un plan de impulso a sectores estratégicos de la economía, tales como, las energías limpias e interconectadas, la reconversión industrial del petróleo y los metales, el acceso a la tierra y a maquinaria para producción agroindustrial, la modernización de las infraestructuras de transporte de carga, la conservación de bosques nativos selváticos; y el impulso a una cultura societal amante de la Paz, los derechos y los deberes ciudadanos, y el fomento a la educación, las tecnologías y las ciencias.

Como proyecto histórico, la Colombia de ayer y de hoy está sujeta a la unidad latinoamericana y también caribeña, derivada de una agenda común desde la cual avizorar una sociedad hermanada por la inclusión de lo ambiental y culturalmente diverso, la integración económica como bloque de comercio global, y un sentido de cooperación fundado en los Derechos Humanos. Indiscutiblemente la Paz de Colombia contribuirá a estas construcciones de la gran nación latinoamericana, por esta razón, quienes señalan y acusan de ineficiente o equivocada la gestión actual de las relaciones internacionales colombianas, lo hacen por desconocimiento de la realidad regional y mundial, o como estrategia ideológica ligada a sus intereses privatizadores, violentos y depredadores, pues queda claro que, no es posible una paz autárquica, y por el contrario, se debe involucrar a la comunidad internacional y especialmente a los países hermanos, en nuestro sueño de sociedad reconciliada, bajo un gran acuerdo nacional que irradie con sus beneficios a todo el planeta.

Luis Emil Sanabria D.

El Plateado y la Paz con el llamado Estado Mayor Central de las Farc

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en El Plateado y la Paz con el llamado Estado Mayor Central de las Farc

Debido a las constantes tomas y ataques de las guerrillas, hace varios años que la Policía Nacional tuvo que abandonar El Plateado, corregimiento del municipio de Argelia en el Cauca, y han sido infructuosos los intentos de retoma de este y de todo lo que se conoce como el Cañón de Micay, enclave de cultivo de coca para la producción de cocaína, su transporte y comercialización hacia la costa pacífica principalmente. Hasta este año, gran parte de este territorio, volvió a ser ocupado por la Fuerza Pública, y se plantea una acción integral del Estado para contrarrestar las violencias, alimentadas esencialmente por el narcotráfico.

Las economías ilegales señaladas, el acceso a la compra armas y municiones ilegales, las difíciles condiciones sociales y políticas, la debilidad del Estado y el abandono de sus responsabilidades en materia de salud, educación, vivienda, vías de comunicación, y el desamparo de las economías campesinas, han hecho de esta hermosa región, un caldo de cultivo, en donde proliferan todo tipo de expresiones armadas. Hace muchos años que estas poblaciones del Cauca, al igual que ocurre en muchos territorios del país, son sometidas por parte de los actores armados no estatales y estatales a una constante victimización e infracciones al Derecho Internacional Humanitario- DIH, representadas fundamentalmente en masacres, asesinatos de líderes y lideresas, desplazamiento forzado, confinamientos, instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos, y cada dos años al constreñimiento electoral o a la imposibilidad de ejercer este importante derecho democrático.

 

No es mucho lo que la juventud que habita este territorio puede aspirar a hacer con su vida. Los esfuerzos de las organizaciones sociales y étnicas que intentan por todos los medios, arrebatarle a la guerra sus jóvenes, son insuficientes, y los grupos armados siguen reclutando bajo la presión de las armas, las ofertas económicas o el convencimiento ideológico, y ante la mirada cómplice de políticos y gobernantes. El municipio de Argelia, es hoy uno de los territorios que ostenta una las más altas tasas de homicidios del país, la mayoría de ellos jóvenes.

Parece una historia de nunca acabar, las noticias nefastas se repiten desde hace muchos años, la indolencia de algunos gobiernos, tanto nacionales como locales, las fallidas estrategias militares que priorizaron los bombardeos, la militarización y la persecución contra las organizaciones sociales, sus líderes y lideresas, los abordajes fraccionados y poco integrales para la solución pacífica del conflicto, han demostrado la necesidad de ensayar coordinadamente otras estrategias sociales, políticas, económicas, y de acción dialógica con todos los actores armados en la región, así como motivar la presencia integral del Estado, tal como lo viene desarrollando, aunque con dificultades, el presente gobierno.

Algunos sectores políticos con sus respectivos amplificadores radiales, televisivos y escritos, en medio de la campaña electoral y de desprestigio del gobierno de Gustavo Petro, se rasgan las vestiduras y hasta se muestran compungidos, porque la estrategia de Paz Total, no se rompe y se realiza la toma a sangre y fuego del corregimiento de El Plateado. No les preocupan las vidas de niños, niñas y adolescentes, les preocupan los votos que seguramente no podrán comprar, no les preocupa el fortalecimiento de la democracia y no les conviene la paz y la posibilidad de entendimiento, por esta razón, vociferan cargados de improperios contra el hecho de que voceros del llamado Estado Mayor Central-FARC, se comprometan con la Registraduría Nacional, a dejar ingresar pacíficamente los tarjetones electorales. Hoy estarían felices si los tarjetones hubieran llegado, luego de la muerte en enfrentamientos, de muchos colombianos y colombianas.

Es preciso dimensionar este logro tan importante del proceso de Paz Total. El gobierno nacional y las fuerzas armadas, sin demostrar debilidad, y con un profundo compromiso por la vida y el respeto al Derecho Internacional Humanitario, han logrado que un grupo armado ilegal, comandado en su mayoría por jóvenes entre los 25 y los 35 años, con poca experiencia militar y política, que han demostrado no respetar a cabalidad las reglas de la guerra, se comprometan a avanzar en la firma de un cese al fuego bilateral y a respetar el transcurso de las elecciones. Ha sido el camino de la Paz en el horizonte de la Paz, el que ha logrado lo que anteriores gobiernos no había logrado, que se celebren elecciones en El Plateado y que las confianzas entre las partes se vayan fortaleciendo, para garantizar que lo pactado en la mesa de diálogo, se implemente a corto, mediano y largo plazo.

Seguramente se tendrá que mejorar en muchos aspectos de esta recién instalada mesa de diálogo, se tendrá que profundizar de forma ágil en la definición de los mecanismos de participación de la sociedad, se tendrá que ahondar sobre los puntos de la agenda pactada en el municipio de Tibú, el pasado 16 de octubre, se tendrá que avanzar en los protocolos que hagan posible que el cese al fuego bilateral se mantenga hasta que se logre la firma de un acuerdo que ponga fin a la confrontación armada con este sector de las guerrillas, que no se sintió conforme con el proceso de paz que llevó a la firma del acuerdo en el 2016,  con el grueso de las FARC-Ep.

Lo cierto es que ya se han logrado elementos que son importantísimos para transformar pacíficamente un conflicto armado, y es sentarse a dialogar oficialmente, avanzar en la toma de confianzas, cumplir lo que sea posible de cumplir a corto plazo, y silenciar los fusiles para que las ideas fluyan y la sociedad vaya sintiendo que la paz avanza. Ojalá este escenario, posibilite avanzar hacia un cese al fuego bilateral entre el ELN y el EMC-Farc, y por qué no, multilateral con todas las fuerzas en proceso de diálogo.

Tendrán que hacer un mayor esfuerzo, el conjunto de la ‘guerrillerada’ y los comandantes del EMC-Farc, por acatar el Derecho Internacional Humanitario, por suspender la instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos que victimizan a la población civil, por frenar el secuestro y la extorsión, por detener definitivamente la estigmatización y los asesinatos contra líderes, lideresas sociales y firmantes del acuerdo de paz, por parar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, entre otros delitos. Este proceso de paz debe prontamente dejar de gatear, lo que demanda también, que las Fuerzas Armadas cumplan a cabalidad el cese al fuego y se borre todo manto de duda, frente a posibles complicidades con grupos herederos del paramilitarismo.

La sociedad también tiene su cuota para aportar. Debe, a través de la movilización, las acciones simbólicas, los pronunciamientos y demás formas de manifestación noviolenta, rodear el proceso, respaldar las acciones y acuerdos que se implementen en el marco de los acuerdos, alistarse a participar los más unidos posible en los distintos escenarios que se abrirán y, de esta forma lograr que las partes dialogantes sientan que su compromiso más importante es con el pueblo colombiano, que ya no resiste más guerra y más violencias, y que no se deben levantar de la mesa de diálogo, hasta no pactar un acuerdo que haga posible las transformaciones que borren de nuestra existencia, las causas estructurales que generan y alimentan el conflicto armado.

Luis Emil Sanabria D.

Cambiar lo que sea necesario y mejorar lo que haya que mejorar

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Con los pies en la tierra, Opinión. No hay comentarios en Cambiar lo que sea necesario y mejorar lo que haya que mejorar

Al parecer todos los intentos por agudizar una crisis de gobierno que justifique la salida no institucional o imponga lo que se conoce como golpe de estado blando, no han madurado lo suficiente y las convocatorias amenazadoras de sectores de la oposición para movilizar la sociedad, se han caracterizado por una escasa participación; sin embargo, lo anterior no indica de ninguna forma, que la oposición extrema al gobierno del Pacto Histórico, hayan desistido de sus pretensiones, por el contrario, han avanzado en su capacidad de coordinación y de diversificación de las formas de oposición saboteadora, a tal punto, que llegan a poner en riesgo los intereses de la nación y el mismo Estado de Derecho.

Por primera vez en la historia de Colombia, una propuesta política que pone al centro la defensa de la vida, construida y guiada por sectores de la izquierda democrática, social-demócratas, liberales y conservadores “descarriados”, ambientalistas, feministas, pueblos étnicos, exguerrilleros, campesinos y campesinas, juventudes, influenciadoras de redes sociales, población LGBTIQ+, estudiantes, académicos, sindicalistas, población con discapacidad, entre otros, se perfiló como un bloque social y político, capaz de arrebatarle en las urnas el gobierno y arañarle poder, a la aristocracia y la escasa burguesía criolla, cuya sombra había permitido reproducir todo tipo de alianzas con las mafias de la corrupción y el narcotráfico, y el surgimiento de toda suerte de bandidos y bandidas que mediante componendas, hacen de la política y la administración pública, una forma de enriquecimiento ilícito.

 

Esta nueva coalición de gobierno, guiada por Gustavo Petro Urrego, se planteó abordar la solución de una serie de problemas que, por su nivel de profundidad y desarrollo, deberían transformarse de forma compleja, coordinada y simultánea. Solucionar de manera pacífica y dialogada el sexagenario conflicto armado interno con las guerrillas; promover el acogimiento a la justicia de grupos armados delincuenciales no políticos; desarrollar el Estado Social de Derecho y revertir las leyes de implementación de las políticas neoliberales privatizadoras, desarrollar el capitalismo y recuperar la independencia de poderes; superar la corrupción económica; perseguir y erradicar el narcotráfico y el lavado de activos, el tráfico ilegal de armas y municiones, la trata de personas, y el comercio ilegal de especies exóticas; luchar contra el cambio climático y promover la transición energética; disminuir los altos niveles de pobreza y desempleo; y finalmente, aunque con poca decisión, promover una reforma electoral.

Con este plan, un frente político que apenas gateaba, arribó a las elecciones, salió victorioso y asumió la gobernabilidad nacional; sin embargo, con su esfuerzo poco coordinado y claro, la falta de experiencia y el juego sucio de otros partidos, no le alcanzó para obtener las mayorías suficientes de congresista, que le dieran la capacidad real de convertirse en un polo de atracción para otros sectores políticos y aprobar las reformas que el cambio requiere, de tal manera que las transformaciones han tenido que ser tramitadas en medio del chantaje, las mediaciones, los acomodos tradicionales de representantes a la cámara y senadores, y las mentiras de la oposición.

Así las cosas, sin tener mayorías en el congreso y con un aparato burocrático estatal poco convencido o en franca oposición al cambio, heredado de años de gobiernos de derecha, con una fuerza pública que al parecer aún no decide a todos los niveles abandonar la doctrina de seguridad, se ha hecho más difícil el reto de implementar un nuevo estilo de gobierno que cumpla con todas las promesas y los cambios urgentes que exige el electorado, y se ha dificultado elevar y nivelar la eficacia y eficiencia administrativa -que por fortuna ya se nota en algunos ministerios y entidades-, atacar a profundidad los vicios administrativos ligados a la corrupción y corregir actitudes arrogantes de algunos nuevos funcionarios.

No es la ejecución del Plan de Desarrollo o la posible aprobación de las reformas propuestas por el Pacto Histórico, que seguramente no tendrán el alcance originalmente respaldado en las urnas, lo que más inquieta a esta oposición beligerante, pues saben que su actuación saboteadora, alimentada por las dificultades de gobierno y los todavía altos índices de violencia, les está dando algunos resultados importantes, y en la medida en que los medios de comunicación bajo su dominio económico, político e ideológico, sigan cumpliendo su labor de oposición y de fabricación de noticias falsas, y se mantenga la gobernabilidad local lograda en unas elecciones atravesadas por el constreñimiento, el clientelismo, la violencia y la corrupción, su capacidad de maniobra política les será medianamente favorable.  

Lo que más inquieta a la oposición y a los áulicos de pasados gobiernos violentos, es que el proceso de diálogo y negociación con los grupos armados avance, que la reforma rural integral se esté implementado y favorezca a cientos de campesinas y campesinos, y que las falacias fabricadas para desacreditar al presidente Petro y su equipo de gobierno, estén siendo destruidas por la fuerza de la verdad. Por primera vez en la historia, la sociedad está siendo informada sobre la forma como los gobiernos entregaron a privados o/y mafiosos, las empresas, los bienes y el presupuesto que era de todas y todos. Ni el presidente resultó ser un dictador, ni el Plan Nacional de Desarrollo es el reflejo de un programa socialista, ni la corrupción aumentó o cambió de manos, tampoco se reconfiguró una nueva alianza con el narcotráfico, ni se presentó un proyecto de ley de reelección presidencial o las marchas convocadas en apoyo a las políticas de cambio resultaron violentas.

Sin embargo, todo lo descrito anteriormente, no justifica del todo la incertidumbre que, a más de un año de gobierno, todavía se siente y que llena de escepticismo a importantes capas de la sociedad. El Pacto Histórico como coalición responsable del Gobierno del Cambio, independiente de los resultados que arrojen las elecciones del 29 de octubre, debe asumir varias responsabilidades, sino quiere repetir la experiencia de la Alianza Democrática-M19 o al Frente Social y Político, agravado por supuesto con el hecho de ser gobierno. Debe en su conjunto, incluidos los y las funcionarias públicas, abandonar el espejo retrovisor y decidirse a conquistar el Estado, para cambiar lo que sea necesario y mejorar lo que haya que mejorar, responder con creatividad a las necesidades del pueblo, y avanzar hacia convertirse en una organización política con mayor claridad ideológica, con mayores niveles organizativos, y abandonar la tentación del parlamentarismo que hoy no le permite reconocer y fortalecer el poder de la organización social y popular.

El Pacto Histórico debe asumir la responsabilidad de mejorar la experiencia del gobierno de la vida y garantizar, en una futura administración con más experiencia, la continuidad del cambio iniciado, para lo cual es preciso asumir a profundidad la construcción participativa y amplia de un proyecto de reforma política y electoral, capaz de reconocer y potenciar la democracia directa, colocarla al nivel de la democracia representativa, para que brote de esta paridad, una democracia participativa robusta, que sea la piedra angular de un nuevo acuerdo nacional.

La fórmula de la movilización y la organización social, aliada del gobierno, no será suficiente, hay que reconfigurar una estructura político-social que sea atractiva para los no organizados, para las ciudadanías libres y para el conjunto del electorado, pero en especial, debe consensuar una propuesta verdaderamente seductora para la juventud y la inmensa capa de abstencionistas que no creen en la democracia actual o no les interesa hacer uso de su derecho al voto. Una organización con vocación de poder, generosa en su actuar, respetuosa en su lenguaje, progresista en su estrategia y amorosa para reconstruir los sueños de una sociedad fragmentada y de miles y miles de víctimas del conflicto armado.

NOTA: el próximo 29 de octubre, la tarea es salir a votar temprano, acompañados de amigos y vecinos.

Luis Emil Sanabria Durán.

“Un monstruo grande” que se alimenta de almas de niños y niñas

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en “Un monstruo grande” que se alimenta de almas de niños y niñas

Esta semana ocupó gran parte de la agenda mediática, la violencia desatada en territorio palestino luego de un ataque del grupo armado Hamás, que violó todos los límites del derecho de la guerra, cobrando la vida de civiles indefensos y desatando la respuesta desproporcionada del Estado terrorista de Israel, dando continuidad a los planes expansionistas de quienes le gobiernan. Asesinatos de civiles indefensos, masacres, secuestros, delitos todos de lesa humanidad, marcan una guerra territorial, alimentada por los odios y los egoísmos, bajo el pretexto del amor a Dios. “Un monstruo grande” que se alimenta de almas de niños y niñas, y que exige para su terminación, que la comunidad internacional garantice prontamente la instalación de una mesa de diálogo que haga posible el reconocimiento de los dos Estados, que ahogue los extremos terroristas de ambas partes, que promueva un cese al fuego bilateral urgente, y brinde garantías a la vida, la cultura y la permanencia en el territorio de judíos, cristianos y palestinos, entre otras espiritualidades.

Mientras líderes políticos criollos e internacionales, y algunos periodistas opinaban, condenaban, o atizaban los odios, en Colombia pasaron casi desapercibidos los avances internos en materia de construcción de paz. La mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN, por primera vez sesiona en Colombia, más precisamente en Bogotá, demostrando el alto nivel de confianzas que las partes han alcanzado y los avances indiscutibles de este proceso de diálogo. En medio de las críticas destructivas de quienes, desde la comodidad de sus amplias salas de recibo, ven crecer sus arcas gracias a la guerra, la delegación de diálogo del ELN recorre el país, informando y consensuando con sus estructuras los avances y compromisos adquiridos; cosa parecida realiza la delegación del Gobierno Nacional y los miembros del Comité Nacional de Participación-CNP, instancia encargada de construir la metodología amplia de participación que se aplicará a partir de marzo de 2024.

 

Favorecido por el cumplimiento evidente y sin precedentes del Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional con esta organización insurgente, el CNP convocó y realizó el primer encuentro consultivo nacional con los llamados medios de comunicación alternativos, y avanza en los preparativos para nuevos encuentros de sectores sociales y empresariales, así como de encuentros territoriales. Evitando al máximo, contaminarse de la contienda electoral y previniendo cualquier tipo de exclusión, se preparan para realizar, a partir de la primera semana de noviembre, sendos encuentros sectoriales y múltiples pre-encuentros territoriales. Los trabajadores y trabajadoras organizados y no organizados, las víctimas del conflicto armado, las y los exiliados, los gremios económicos, las y los jóvenes, las organizaciones campesinas, los pueblos étnicos, entre otros, tendrán la posibilidad de proponer mecanismos de participación efectiva de la sociedad para superar el conflicto armado con el ELN.

De otro lado, se realizó en el municipio de Tibú, en Norte de Santander, la primera reunión formal de la mesa de diálogo establecida entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC. Lo que algunos señalaron como un revés para el gobierno, no fue otra cosa que el reconocimiento mutuo de que se está dialogando y de que se avanza en la instalación, a partir de este 16 de octubre, de una nueva sesión de conversaciones, que debe escuchar a las organizaciones sociales y que debe avanzar rápidamente hacia un Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal.

Se reconocieron las delegaciones, se examinaron los intereses de cada una de las partes, se avanzó en los aprendizajes propios de un escenario que tiene como objetivo, ponerle fin a la confrontación armada, darle paso a una etapa que permita abordar las causas que originan el conflicto y pactar prontamente, las acciones para superar dichas causas. Esta nueva mesa de diálogo, prontamente deberá entregar los protocolos de cese al fuego, las formas y mecanismos de participación de la sociedad, y en general las rutas para abordar la agenda previamente pactada; sin embargo, mientras esto avanza, es imperativo que se asuma un compromiso ético de cara a la sociedad colombiana, que detenga los ataques a los pueblos étnicos, el reclutamiento de menores y los asesinatos de los firmantes de los acuerdos de paz.

Así mismo, se escuchan voces desde la llamada Farc-Nueva Marquetalia, que dan cuenta de su interés por aportar a la construcción de la paz y a la salida negociada del conflicto armado. Tendrán que darse los pasos necesarios, tanto jurídicos como políticos, para que esta disidencia que retomó las armas luego de firmar el acuerdo de 2016, encuentre los espacios que les permita transitar por el sendero de la paz. Deberán sus comandantes, dar muestras de querer avanzar, ya sea ordenando a sus combatientes un cese al fuego unilateral, o desescalando la intensidad del conflicto, prohibiendo a sus frentes, cualquier tipo de hostilidad contra la población civil.

La paz avanza también en las ciudades, de eso dan cuenta, las mesas de diálogo con las estructuras de crimen organizado que se adelantan en Medellín, Cali, Quibdó, Buenaventura. Estos espacios de diálogo socio-jurídico se mantienen en medio de las dificultades y de los señalamientos politiqueros de quienes, intentado de sacar ventaja electoral, le acusan de estar fraguando supuestos planes para terminar con la vida de algún candidato. Se promueven encuentros en las comunas, se avanza en pactos de no agresión entre las bandas armadas, y se va poco a poco, instalando la ruta definitiva que hará posible que el presente y el futuro de gran parte de la juventud urbana, no sea la delincuencia.

Finalmente, también se escuchan buenas noticias desde los esfuerzos de paz en la Sierra Nevada. Según algunos informes de líderes y lideresas locales, se avanza en la formalización de diálogos con el grupo conocido como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Ojalá, este nuevo esfuerzo cuente con el respaldo de toda la sociedad y así, ir configurando el mapa complejo de transformación del conflicto armado colombiano, con todos los actores involucrados.

La paz prospera, a tal nivel que el Secretario General de las naciones unidas, António Guterres, en su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que comprende entre el 27 de junio al 26 de septiembre de 2023, reconoce que el primer año de la administración del Presidente Gustavo Petro “brindó la oportunidad de renovar los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz y de emprender acciones decisivas para cumplir esas promesas”. “El año también ha servido —resalta— para poner en marcha otras iniciativas igualmente ambiciosas en el marco de la política de paz total del Gobierno”.

Ante este panorama, el deber de la sociedad es rodear con más entusiasmo y decisión los esfuerzos de paz, exigir el respeto a la vida y la permanencia en el territorio de líderes y lideresas, promover el Cese al Fuego Multilateral y emprender acciones que llamen la atención del Clan del Golfo y el Gobierno nacional, para que se decidan, sin más excusas, a dar los pasos necesarios que hagan posible, la instalación formal de una mesa de diálogo socio-jurídico para abordar soluciones a las  causas y consecuencias de esta confrontación, pero en especial, para progresar en el desmonte de las estructuras armadas, de las rutas de comercio de drogas ilícitas y de lavado de activos.

La sociedad tiene hoy una gran oportunidad si participa masivamente en las elecciones del 29 de octubre. La paz requiere que, el pueblo elija personas comprometidas con la reconciliación y la democracia, con la defensa de los Derechos Humanos, que luchen contra la corrupción, la pobreza, la injusticia y la inequidad. La paz integral y total, no solo es responsabilidad del Gobierno Nacional, es también un deber y un derecho de la sociedad, de los gobernantes y políticos locales. De nada vale que el Gobierno de Gustavo Petro, logre un acuerdo de paz con cada grupo armado, si los gobernantes locales, acompañados de los y las concejalas, edilesas y diputadas, no se juntan a este esfuerzo. Ciudades como Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Villavicencio, Neiva, Pasto, Montería, Sincelejo, Popayán, Arauca, Apartadó, Ocaña, Caucasia, Barrancabermeja, entre otras, requieren avanzar por los caminos de la paz, la gobernabilidad transparente y participativa. Esfuerzos que deben estar ligados a la promoción e instalación de Cultura de Paz, de lucha contra las violencias de género, intrafamiliar, contra niños, niñas y adolescentes, y la inversión en programas que garanticen un presente y un futuro próspero para la juventud.

Luis Emil Sanabria D.

Marmato, Clamando justicia y reconocimiento de derechos

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Con los pies en la tierra, Opinión. No hay comentarios en Marmato, Clamando justicia y reconocimiento de derechos

A la entrada del pueblo, que queda a mano derecha en la vía que de Antioquia conduce a Caldas, sobre el cañón del rio Cauca, en la cordillera occidental de los Andes, se reconoce el aviso que indica la llegada a Marmato, “pesebre de oro de Colombia”. Este pedazo de tierra, con 487 años de tradición minera, ha surtido de oro a indígenas Cártamas, Supias y Quimbayas, luego a los invasores españoles, y posteriormente dada en pago perpetuo a los ingleses, por su ayuda en nuestra guerra de independencia, de los ingleses solo se sabe que se perdieron en la historia y ahora las riquezas marmateñas son reclamadas por multinacionales mineras, principalmente de origen Canadiense. Es curioso, pero este pedacito de suelo siempre ha sido más de extranjeros que de colombianos, pareciera que es prestado y poco valorado por quienes, tradicionalmente han manejado el país.

Para subir hasta la Alcaldía y seguir hacia la vereda Echandía, se debe concertar con alguna persona nativa que ayude a orientar al conductor del vehículo, campero o camioneta, y evitar accidentes que puedan ocurrir y que ocurren constantemente, debido al alto tráfico de volquetas, recuas de mulas cargadas de madera, motos y personas que, por una vía estrecha y azarosa, pasando al borde del abismo, se abren paso a la fuerza, para poder llegar a su destino. A lado y lado de la vía, se encuentran socavones de minas artesanales, de donde salen en Juntanza los mineros ancestrales, los mineros tradicionales y los denominados “guacheros”, casi sin aliento, para procesar el mineral que contiene su pan de cada día, ese oro esquivo que pide permanentemente arriesgar la vida al adentrarse en los túneles improvisados que han heredado, comprado u ocupado. La muerte siempre está cerca.

 

Hace más de 13 años visité por primera vez estas singulares tierras, acompañando la lucha y la reclamación de los mineros tradicionales del sector conocido como Echandía, en donde la asociación que lleva su mismo nombre adelantaba una movilización pacifica en pro del reconocimiento de sus derechos a trabajar y ser reconocidos como titulares de unas minas que a hoy llevan más de tres décadas explotando. Esta lucha es un reflejo de la realidad de Marmato, con sutiles diferencias y matices, pues el régimen jurídico que aplica para este sector, se conoce como un RPP – régimen de propiedad privada- que, a propósito, es de los últimos relictos de los títulos mineros dados en perpetuidad a los ingleses, como lo mencione anteriormente. 

Ellos, a diferencia de otros mineros tradicionales, ancestrales y los conocidos como Guacheros que se asientan a lo largo de Marmato, se organizan en una asociación que mantiene una lucha constante por el reconocimiento de sus derechos. La asociación había solicitado a REDEPAZ, el acompañamiento para lograr su reconocimiento y ante las amenazas a las que estaban siendo sometidos. En esa época, la lucha fue contra la compañía minera Golfields, una filial de la empresa Medoro Resources, que había llegado a imponer su ley, colocando candados en las entradas de las minas, presionando a burócratas obtusos para que interpretaran la ley al amaño y beneficio de la multinacional, en la búsqueda de expulsar de su terruño, a los mineros; ofrecieron bajo presión, falacias y promesas rotas a las y los marmateños, dadivas y dinero a cambio de la entrega de sus minas y el olvido de decenas de años de trabajo, sangre, sudor y lágrimas.

En Marmato, se conjuga la representación de Colombia. Comunidades negras e indígenas, mestizos, blancos, zambos, han perseverado en su labor de producir riqueza, hacer empresa, promover el progreso y la paz, conocida como marmateños. Este ejemplo nacional, es un lugar donde no ha habido conflicto armado ni polarizaciones políticas extremas, la paz ha reinado entre riqueza y pobreza, abandono estatal e incertidumbre permanente.

El Estado y la sociedad colombiana tienen una enorme deuda con Marmato, y ambos deben reconocerlo como un singular y efectivo laboratorio de paz. Es sorprendente que allí, donde día a día se arranca el añorado mineral de oro, no sea habitual el robo ni el secuestro, ni otras manifestaciones de violencia. Esta comunidad merece ser apoyada y reconocida como emprendedora, trabajadora y empresaria; no tiene sentido alguno, continuar sometiéndolos a la persecución, estigmatización y la violenta arbitrariedad burocrática, aplicando normas que desconocen la realidad, la legitimidad y la dignidad de quien construye país.

Las muestras de la deshonrosa presencia del Estado en Marmato son numerosas. Por ejemplo, la prohibición de la comercialización de dinamita ha generado un negocio lucrativo para personas corruptas que distribuyen este explosivo a precios exorbitantes, hasta diez veces su valor real. Además, se obliga a las comunidades a fabricar sus propios materiales de voladura en condiciones de riesgo extremo, y que decir de los controles excesivos sobre el transporte y venta de la madera, un recurso esencial para la sostenibilidad minera, encareciendo el recurso, enriqueciendo a los corruptos y haciendo cada más inviable el ejercicio de una minería justa. Estos obstáculos al progreso y a la actividad legítima de los mineros tradicionales deja un gran interrogante: ¿Son estas funciones del Estado?

Quienes llevan 30 años o más trabajando tradicional y consuetudinariamente las minas, tienen derecho al reconocimiento minero; pero lamentablemente, los mineros de Echandía, en Marmato, quienes han ejercido su labor como microempresarios o empresarios, cumpliendo con sus obligaciones fiscales y contribuyendo al desarrollo de la sociedad y la estabilidad económica de la región, generando empleo y cimentando un futuro para sus conciudadanos,  han sido tratados como expulsables, como ciudadanía sobrante, de esa que merece ser condenada al olvido, por parte de un Estado y sus Gobiernos, ausentes, arbitrarios, y negligentes.

Hoy, nuevamente una multinacional, afirma haber adquirido los derechos mineros, lo cual puede ser válido desde un punto de vista legal formal. Sin embargo, esta multinacional no ha aportado ni una fracción mínima del valor económico y social, los tributos, los impuestos y la construcción de la nación que los mineros han realizado. ¿Cómo podemos darles la espalda? ¿Cómo podemos no buscar una solución justa que reconcilie los derechos de esta empresa titular con los de los mineros que han trabajado la tierra durante décadas? Negarles la oportunidad de trabajo a los casi mil mineros de la zona, negar el bienestar de sus hijos e hijas, después de treinta años de dedicación y lealtad a la Ley y la Constitución sería un acto de abandono inaceptable por parte del Estado y la sociedad.

En Marmato, la infraestructura existente, incluyendo saneamiento y educación, ha sido construida comunitariamente en colaboración con algunas ayudas estatales. El Gobierno Nacional y los Gobiernos locales deben incluir a las comunidades mineras como socias en la construcción de progreso, justicia social y equidad. Un formalismo legal e injusto, no puede primar sobre la legitimidad construida por la comunidad minera de esta región históricamente importante. Hago un llamado respetuoso al Estado y al Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, para que rompa con esta tradición de olvido, exclusión y persecución, e intervenga de manera justa, impidiendo la expulsión y evitando el abandono de la comunidad. Un llamado al Gobierno de la Vida, para arbitrar y restablecer la legalidad en Marmato, a reconocer a quienes desde el trabajo honesto, persistente y aguerrido construyen bienestar. Marmato es Colombia, lo que suceda allí tendrá repercusiones en todo el país.

Luis Emil Sanabria D.

El Consejo Nacional de Paz, mucho entusiasmo y pocos resultados

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Con los pies en la tierra, Opinión. No hay comentarios en El Consejo Nacional de Paz, mucho entusiasmo y pocos resultados

La primera vez que participé de un Consejo de Paz, fue en 1992, cuando se estaba iniciando la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y el E.P.L., pues esta guerrilla había pactado una figura de participación complementaria a las Asambleas Comunitarias que definían participativamente la realización de proyectos de desarrollo y productivos, en zonas en donde esta organización tuvo influencias, todo esto bajo la figura del Plan Nacional de Rehabilitación-PNR surgido de la política de paz en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), desarrollado en el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y asumido como elemento sustancial para ejecutar algunos acuerdos firmados con las guerrillas de la época.

Por esa época me habían responsabilizado del proceso de reinserción de las y los excombatientes guerrilleros que operaban en los Santanderes y el Sur de Cesar, y avanzar colectivamente en propiciar cambios en las zonas de influencia guerrillera, buscando incidir en la superación de la pobreza, en mejorar la presencia institucional y avanzar en el proceso de cambio, a raíz de la recién estrenada Constitución Política y la figura de la democracia participativa. Los consejos de paz eran un modelo cerrado de concertación entre la institucionalidad, algunos líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz, buscando aportar ideas para la inversión en proyectos de desarrollo y la superación de las en las zonas de anteriores operaciones militares de las guerrillas desmovilizadas.

 

Posteriormente, la idea de la creación de un Consejo Nacional de Paz- CNP y de Consejos Regionales, comenzó a marcar la agenda del movimiento nacional por la paz y la recién conformada REDEPAZ en 1993, buscando reglamentar el artículo 22 de Constitución Política Nacional que define la Paz como derecho y deber. Se recogieron firmas de respaldo a un proyecto de Ley que, aunque no alcanzaron para que este fuera discutido en el congreso, sirvió de guía en la continuidad de la iniciativa que se ventiló con más fuerza en la campaña del mandato de los niños y niñas por la paz en 1996 y en el mandato por la paz de 1997, realizados por la sociedad civil durante el gobierno de Ernesto Samper P (1994-1998). Fue a través de la Ley 434 de 1997, que finalmente se creó esta instancia y que casi automáticamente fue acogida por algunos de los recién elegidos gobernadores.

Se instaló el Consejo Nacional de Paz y algunos departamentales, se intentó ponerlos a marchar efectivamente, pero su importancia y operatividad nunca fueron valoradas por los siguientes gobiernos. En época de los diálogos del Caguán entre el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), el CNP no jugó como colectivo ningún papel preponderante, y luego su figura fue languideciendo hasta desaparecer en los gobiernos de Álvaro Uribe V (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010- 2014). Solo en el segundo gobierno de Santos (2014-2018), y gracias nuevamente a la iniciativa de la sociedad civil, se conformó un Comité de Impulso para convocar el CNP; este comité, haciendo uso de acciones legales logró que finalmente se convocara la conformación e instalación del Consejo Nacional de Paz y el Comité Nacional de Paz -instancia de dirección del Consejo- y se promoviera la instalación de Consejos Departamentales y Municipales; Sin embargo, esta  instancia no logró jugar algún papel destacado en los diálogos entre el Gobierno Nacional y las FARC-Ep, y su actuación fue relegada a unas cuantas sesiones, poco productivas.

Paralelamente, en los diálogos para el logro del acuerdo de Paz firmado en 2016, entre el Gobierno Nacional y la FARC-Ep, se incluyó la figura de un Consejo Nacional de Reconciliación y Convivencia, que luego en la implementación y gracias a las gestiones del recién instalado Consejo Nacional de Paz y el Alto Comisionado para la Paz, se fusionarían mediante decreto ley 885 de 2017 firmado por el presidente Santos, se ampliaran sus facultades y su conformación, dando origen al nuevo Consejo Nacional de Paz Reconciliación y Convivencia- CNPRC que, aunque irregularmente y más por iniciativa del Comité, logró avanzar en algunos temas relacionados con sus funciones y la construcción de lo que debería ser una política estatal de reconciliación y convivencia, que incluiría un fuerte componente de Cultura de Paz.

Con la llegada de otro gobierno, esta vez en cabeza del presidente Iván Duque (2018-2022), el entusiasmo duraría poco, y el papel del CNPRC y de los Consejos territoriales, se fue marchitando, así como la implementación del acuerdo y el optimismo de la sociedad frente a la construcción de la paz. Solo algunos Consejos Territoriales mantuvieron el respaldo de sus respectivos gobiernos y el entusiasmo de sus miembros.

Con la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez, quien fuera presidenta del Comité Nacional de Paz en el 2021, se preveía tal y como fue sugerido por la comisión de empalme, que esta figura jugaría un papel destacado en la construcción de la llamada Paz Total. Algunos llegamos a soñar que en lugar citar con urgencia, solo los Consejos de Seguridad, también se convocaría ante algún hecho violento relevante, al menos el Comité Nacional de Paz; sin embargo, pasados más de trece meses de gobierno, y luego de reinstalada la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional-ELN, logrado un primer acuerdo con las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, e instaladas mesas de diálogo con grupos armados urbanos en Medellín, Buenaventura y Cali, esta instancia ha sido convocada solo una vez, en una sesión bastante irregular, con la participación del Presidente de la República y del Alto Comisionado para la Paz, así como de delegadas y delegados de sectores sociales y empresariales, que ya cumplieron su periodo legal.

Mientras tanto, la mesa de diálogo Gobierno Nacional- ELN, pactó sus propios mecanismos de asesoría para la construcción de la metodología de participación ciudadana, como es el caso del Comité Nacional de Participación- CNP, proceso que no incluye la figura del Consejo Nacional de Paz; ocurriendo lo mismo en la mesa de diálogo con el Estado Mayor Central de las FARC, que al parecer tampoco lo incluye, al igual que en las mesas de diálogo a nivel urbano. Sin embargo, esta instancia o algunos de sus miembros, que ya cumplieron su periodo legal de representación, siguen actuando a nombre de un Comité Nacional que tampoco tiene vigencia.

Todo lo anterior demuestra que, esta figura legal no cumplió, ni cumple, con las expectativas de los diálogos de paz actuales, ni hace parte del andamiaje metodológico que los debiera promover y sustentar, o de una política pública en relación con la reconciliación, la convivencia y la cultura de paz, lo que inevitablemente me lleva a proponerle al Gobierno Nacional, que promueva un proyecto de ley que derogue la vigencia de la Ley 434 de 1997 y el decreto 885 de 2017, previa consulta con las y los voceros de los firmantes de paz de la FARC-Ep, y que en su defecto, se promueva un Consejo Asesor para construir y promover una política pública en materia de Cultura de Paz, Reconciliación y Convivencia, en donde un grupo importante y con experiencia de personas provenientes de diversos sectores de la sociedad, pueda asesorar la construcción de la ruta que nos lleve a la firma de un Gran Pacto Nacional de Paz.

Luis Emil Sanabria D.

Más allá de lo apenas predecible

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Con los pies en la tierra, Opinión. No hay comentarios en Más allá de lo apenas predecible

En cada una de las visitas a las comunidades, en cada reunión de cafetín o en encuentros virtuales, no falta la pregunta, ¿cómo ves el gobierno del cambio? ¿Lo está haciendo bien o mal el presidente Petro?, e instintivamente, dependiendo de mi estado de ánimo, me atrevo a lanzar algunas opiniones, unas más optimistas que otras, guardando siempre el decoro y la solidaridad, con el primer gobierno de la llamada izquierda democrática colombiana.

A mi modo de ver, el Gobierno Nacional lo está haciendo bien, si consideramos que se gobierna a un Estado que arrastra el lastre de la corrupción a todos los niveles, que ha heredado la carga de una inmensa deuda externa del sector público, y que estamos atravesados por el fenómeno del narcotráfico y el lavado de activos que rompe con los análisis y las medidas económicas tradicionales, un Estado debilitado por las políticas neoliberales que privilegian las ganancias del sector privado especulador y que niega derechos fundamentales de los trabajadores y las mayorías, una sociedad atravesada por un Conflicto Armado Interno que genera graves daños y mucho dolor a los más necesitados, y que debilita la capacidad de respuesta del gobierno a fenómenos como la pobreza y la exclusión, un gobierno que se enfrenta a una oposición extremadamente mezquina, rencorosa y violenta, organizada a todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad, la mayoría de ella parásita, que se ha enriquecido a expensas de debilitar y apoderarse de los recursos del Estado y del narcotráfico.

 

Pero más allá de lo apenas predecible, y a propósito de la convocatoria a la Jornada Nacional por la Vida, la Paz y el Cambio Social, que se realizará este 27 de septiembre, como una actividad más, en donde convergen la iniciativa de las organizaciones sindicales, sociales, étnicas, comunales y el Gobierno Nacional, me atrevo a escribir unas líneas que considero pertinentes, con el ánimo de contribuir al debate constructivo, desde la orilla de quienes llevamos toda una vida luchando por las transformaciones sociales, políticas y económicas, que nos conduzcan al goce pleno de la Vida, la Libertad y la Dignidad.

El Nuevo Gobierno, sin duda alguna, ha dado pasos importantes en la búsqueda de un mejor vivir para lo cual requiere ponerle fin al conflicto armado, al narcotráfico, a la corrupción, y librar una justa batalla contra el cambio climático, producido por la economía construida sobre los hidrocarburos. Un gobierno que busca revertir las prácticas neoliberales y las constantes violaciones a los Derechos Humanos que tanto daño han hecho a la Democracia, al Estado Social de Derecho, a la equidad y al desarrollo del país; un gobierno al cual, a pesar de su evidente compromiso, le surgen desde diferentes orillas, las críticas y los señalamientos, sobre su capacidad real de gobernar, ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo, y lograr un gran Pacto Nacional por la Paz y la Reconciliación.

Para el Gobierno Nacional, no es fácil gobernar sin que la coalición -formal y no formal-, bautizada como Pacto Histórico, se haya consolidado y haya logrado construir, unas tesis políticas e ideológicas claras, que sirvan de bitácora ejecutiva, de eje de la deliberación frente a otras expresiones políticas y de centro gravitacional que atraiga conscientemente a la ciudadanía. Quienes hoy nos sentimos parte de esta coalición, no hemos podido construir una propuesta unificada acerca del tipo de Estado que queremos, su modelo de democracia, la descentralización o el reordenamiento territorial, la oferta sobre un nuevo modelo económico, y nos alineamos sin mucha discusión, a la inercia del esquema actual de la estructura del Estado, de la economía de mercado y de la democracia representativa que le sustenta, como si solo bastara, para hacer realidad las reivindicaciones propias del pueblo, que lo que no se gana en el congreso, vía deliberación o concesión -entendiendo o aceptando que somos minorías-, se logrará con la llamada lucha callejera.

A corto y mediano plazo, como PH tendremos que superar el sectarismo y el “canibalismo” político internos, la tensión constante entre el parlamentarismo versus organizaciones sociales, que se define siempre en detrimento de los segundos, la búsqueda de victorias personales, la falta de mecanismos claros para la toma de decisiones que se evidenció en la entrega de algunos avales a los y las candidatas a las próximas elecciones y que seguramente no traerá muy buenas noticias en términos de ganar gran parte de la gobernabilidad local.

Si el Pacto Histórico quiere respaldar y mantener la Gobernabilidad Nacional, evitar los incumplimientos a las promesas electorales, debe avocarse a desatar un debate amplio y generoso, que recorra los territorios e incluya a las organizaciones sociales y políticas de base, para definir y fortalecer la estructura organizativa para este periodo de la historia, es decir, avanzar en la construcción, por ahora, de un Frente Amplio, en donde convivan democráticamente, las personerías políticas que hoy existen,  y en donde las organizaciones sociales, en igualdad de condiciones, sean reconocidas como actoras fundamentales del cambio y la gobernabilidad.

Aún no tenemos claro, si lo que queremos es fortalecer o renovar el Capitalismo, al que señalamos de culpable del calentamiento global y sus consecuencias, e involucrar en esta teoría a los pueblos étnicos que lo rechazan, o dejar que la autofagia haga su trabajo y algún día, si la evolución humana continúa, tener un modelo económico, político y social mejor; no hay acuerdo explícito, si lo que queremos es un modelo planificador centralizado, con un presidencialismo fuerte, como hasta ahora sigue ocurriendo, o un modelo que heche mano del federalismo, reconozca las autonomías y gobiernos propios de los pueblos étnicos y sea a su vez una república unitaria.

No tenemos una decisión colectiva sobre, si debemos avanzar hacia una sociedad en donde el poder popular, la soberanía y la democracia directa, sean o no eje fundamental de la convivencia y el desarrollo, o no; no hay consenso sobre, si queremos una reforma rural que favorezca la propiedad privada individual y el modelo capitalista que posiblemente luego la revierta por la vía de la oferta y la demanda, o una reforma rural que privilegie la propiedad de la tierra y el territorio en manos del Estado, de las organizaciones solidarias campesinas o de los pueblos étnicos, con planeación de la producción, comercio justo y centros de producción y desarrollo regionales.

Muchas personas afirmamos que este gobierno es de transición democrática, pero todavía en el PH, no hemos logrado consensuar hacia dónde queremos que nos conduzca esa transición democrática, ¿hacia un modelo liberal keynesiano renovado o modernizado? ¿hacia un socialismo democrático o una socialdemocracia? ¿hacia un modelo de planeación y democracia centralizada, con partido único?, o seremos capaces de escucharnos, de revisar y reconocer nuestras culturas y tradiciones milenarias, de estudiar y examinar en los avances científicos, tecnológicos y productivos contemporáneos ligados a la economía de mercado y otras estructuras sociales, la posibilidad de crear las condiciones necesarias, para que germine una propuesta incluyente, que nos saque de este círculo vicioso de pobrezas, miserias y violencias, en medio del llamado País de la Belleza.

Luis Emil Sanabria D.

Hay que mejorar en la instalación de la cultura de paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Con los pies en la tierra, Opinión. No hay comentarios en Hay que mejorar en la instalación de la cultura de paz

En el municipio de Tierralta, Córdoba, hombres armados pertenecientes al ejército nacional se hacen pasar por disidencias de la FARC para intimidar a la población civil, causar zozobra y sabotear el proceso de diálogo; en algunas ciudades, los vecinos recolectan dinero para dotar de motos, armas, radios y uniformes a personal contratado y voluntario para ejercer violencia contra vendedores ambulantes, personas habitantes o en situación de calle, vecinos “ruidosos” o jóvenes que usan los parques a manera de sitio de encuentro.

Al tiempo, en algunas empresas, los guardas de seguridad intimidan a los visitantes que toman fotos en un centro comercial o a quienes buscan una respuesta a sus inquietudes o solicitudes; en la calle algunas personas responden a los requerimientos de las autoridades de tránsito con la reconocida frase “usted no sabe quién soy yo”, pretendiendo intimidar a los funcionarios públicos y evitar una posible sanción; en un hogar, una pareja amedrenta a su cónyuge amenazándola con ser golpeada y alardeando un arma de fuego que porta legalmente en su cintura; en un resguardo indígena una autoridad envía a un piquete de guardias para intimidar y detener, exponiéndolos al sol y al agua por más de 4 horas, a dos jóvenes de ciudad que se “atrevieron” a tomar una foto de un sitio sagrado.

 

Estos son, algunos de los casos de violencia física o psicológica que ocurren habitualmente en nuestros campos y ciudades, y que amenazan constantemente la convivencia y la posibilidad de reconciliación, y que debe motivar la ocupación de los gobiernos, las entidades del Estado y la llamada sociedad civil organizada; pero, más allá de reseñar los hechos, que son efectivamente delicados, surgen inevitablemente algunas preguntas. ¿Qué origina estos comportamientos? ¿qué podemos hacer como sociedad para superarlos y prevenir que estos lamentables comportamientos sigan ocurriendo?

Con el ánimo de generar alguna reacción en los lectores, me atrevo a señalar que los orígenes de estas situaciones, tienen que ver con los problemas o propuestas políticas que impiden el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad del Estado como garante de derechos y responsable de la aplicación efectiva de justicia, a su incapacidad de garantizar, en el marco  de la Constitución -entendida esta como el acuerdo máximo que nos mantiene cohesionados como personas con derechos y deberes pertenecientes a una república-, el cumplimiento, sin excepción alguna, de las normas de convivencia generadas a partir del reconocimiento de la universalidad e indivisibilidad de los Derechos Humanos, lo que, finalmente se refleja en la gran dificultad que como sociedad hemos tenido para consolidar la convivencia y el respeto por el otro y la otra, como elementos centrales del desarrollo humano sostenible.

El haber hecho uso constante de la violencia social, política y armada para imponer un punto de vista y alcanzar derechos o hacer visibles algunas reivindicaciones; el incumplimiento constante por parte del Estado y los Gobiernos, de acuerdos o pactos firmados, luego de jornadas de movilización social; el haber naturalizado la dominación y el miedo como elementos sustanciales para el mantenimiento de un supuesto orden social o espiritual, dictado por alguna autoridad superior; la imposición de una cultura patriarcal que obliga comportamientos y niega derechos, especialmente a las mujeres y a la población LGBTIQ+; el desarrollo de modelos de ciudad que colocan lo exclusivo (conjuntos residenciales, edificios, parques, clubes, centros comerciales, etc.) como la meta individual a alcanzar u obtener, para ser reconocidos como personas exitosas, son algunas de las consideraciones que sumadas pueden derivar en la poca legitimidad que hoy tiene el Estado y motivar entre otras, el uso de la llamada “justicia por mano propia” o la negación y el despojo de derechos, a importantes sectores de la población o a individuos en estado de indefensión.

Abordar situaciones problemáticas o conflictivas complejas, como las aquí enunciadas, buscando su transformación, para avanzar hacia una colectividad con mejores niveles de convivencia pacífica, debe contemplar la generación de múltiples niveles de acción ciudadana, de consensos y acuerdos sociales y políticos; de allí la importancia de que, la sociedad en general y cada uno de los habitantes de nuestro territorio, asuman en correspondencia con sus niveles de responsabilidad, liderazgo o posición social, los comportamientos proclives al cambio efectivo de las causas que originan dichos conflictos, comprometiéndose a resarcir o mitigar las consecuencias que estos han generado.

En ese sentido, las transformaciones o reformas que nos conduzcan a la justicia social y ambiental, a la equidad, al goce pleno de los derechos humanos, y a la democracia participativa profunda, que equilibraría la democracia directa con la democracia representativa, los esfuerzos por superar definitivamente el narcotráfico, la corrupción, el lavado de activos, la impunidad y el uso del aparato estatal para beneficio propio, la solución política, pacífica y negociada del conflicto armado interno, el desmonte de la cultura paramilitar y del todo vale, entre otras consideraciones,  debe acompañarse de una serie de estrategias de sensibilización, comunicación y acción que nos permitan instalar a corto, mediano y largo plazo, la cultura de paz, convivencia y reconciliación, que necesitamos.

Más allá de los llamados a depurar el aparato estatal, las fuerzas armadas y de policía, a retomar la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y construir una prensa libre y responsable, lejos de las manipulaciones y las llamadas fake news (falsas noticias), deberíamos también asumir como propósito nacional, el fortalecimiento cultural y actitudinal de ciudadanías amorosas, solidarias, sentipensantes, comprometidas con la vida y la dignidad, recurriendo a las nuevas pedagogías, dentro y fuera del currículo oficial, a las comunicaciones populares y oficiales, al arte y la cultura, al poder de la soberanía popular y de la participación ciudadana, con el apoyo y el respaldo real y efectivo del Gobierno Nacional y los gobiernos locales.

La Paz Total exige la generación de una estrategia urgente y sincronizada en cabeza del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, reconociendo y promoviendo los esfuerzos y elaboraciones de las organizaciones que trabajan por la paz y la noviolencia; una estrategia, que aporte de manera permanente y masiva, a la instalación y apropiación ciudadana de otras formas de transformación de los conflictos que no incluyan el uso de la violencia, el abuso de poder o las violaciones a los derechos fundamentales y que promueva comportamientos asertivos en relación con el reconocimiento de la diferencia, los derechos, los deberes y la construcción de consensos y acuerdos que hagan posible la convivencia y la reconciliación.

Luis Emil Sanabria D.