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Etiqueta: Luis Emil Sanabria

No desfallecer ante la adversidad de la guerra

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Al reclutamiento y posterior masacre de cuatro niños pertenecientes al pueblo Murui (hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce), comunidad ancestral de la Amazonía, a manos del Estado Mayor Central -Farc, se le suman los crueles asesinatos de una comerciante y un trabajador informal en el municipio de Simití, Sur de Bolívar, a manos del Clan del Golfo, y el doloroso asesinato de dos policías y una mujer, en el casco urbano del municipio de Tibú en Norte de Santander, por parte del ELN, entre otros actos atroces cometidos por estos y otros actores armados, que infringen el Derecho Internacional Humanitario y violan los derechos fundamentales de la población civil.

Esta acciones tienen en la práctica dos objetivos comunes, de un lado, debilitar el optimismo y la fuerza que las organizaciones sociales, comunitarias y sectores de la sociedad han manifestado, acerca de la posibilidad de construir participativamente caminos de paz y reconciliación, aportando a los cambios estructurales que se requieren para superar las múltiples causas y consecuencias que alimentan las violencias, y de otro lado, generar mayores niveles de desesperanza, para imponer sus proclamas.

 

Al logro de los objetivos comunes en las actuaciones de los Grupos Armados No Estatales, se les suma, el empeño de algunos líderes políticos de oposición, de directivos de gremios económicos, de medios de comunicación y periodistas que, metiendo el dedo en la herida, construyen un relato de desaliento y engaño, como si las consecuencias que nos ha dejado la guerra no estuvieran cargadas de suficiente dolor. En esto, nuevamente los extremos se unen.

Las arengas se caracterizan, en el caso de las guerrillas, por sus contradicciones ideológicas, sus desaciertos en el análisis del momento político y por su escasez de propuestas transformadoras, y en el caso de los neoparamilitares, por pretender presentarse como adalides de la justicia, la democracia y la libertad, y abrogarse un carácter político que no tienen, eso sí, todas ellas cargadas de descalificaciones contra el Gobierno Nacional y las organizaciones que trabajan por la paz y los derechos humanos.

Las organizaciones sociales tienen la no muy fácil tarea de mejorar los niveles de coordinación, comunicación y movilización, para reafirmar y mandatar la paz. A los esfuerzos de diálogo social que hoy se expresan en todo el territorio nacional, buscando la construcción de pactos, se le suma la urgente tarea de crear campañas de comunicación, generar escenarios de movilización y acciones simbólicas masivas para demostrarle a los actores armados, que no serán ellos, si continúan con sus actuaciones caducas y degradadas, los llamados a aportar en la construcción del futuro y el presente que el pueblo necesita.

Es necesario nuevamente mandatar la paz, como se hizo masivamente en 1997 y 1998, cuando un amplio e incluyente ejercicio de participación y movilización, posibilitó que millones de colombianas y colombianos, manifestaran de forma contundente, su compromiso con la construcción de paz y justicia social, y su exigencia a la solución pacífica del conflicto armado. Hoy, aunque las condiciones son diferentes, en tanto existe una sociedad más polarizada, el poder del narcotráfico y la corrupción son mayores, y el accionar de los grupos armados deja poco espacio a la creatividad política, se hace necesario nuevamente volcar a las calles y en las urnas el poder del constituyente primario, proclive a la paz y la justicia social.

Una mezcla de acciones territoriales de resistencia, diálogo y concertación en done intervengan todos los sectores de la sociedad, y un esfuerzo nacional coordinado de comunicaciones, movilización e incidencia política que se manifieste en las futuras elecciones, le daría al Gobierno Nacional una señal contundente de respaldo y decisión a favor de las transformaciones progresivas y concertadas, no por ello menos profundas, que requiere la paz integral, y le enviaría a los grupos armados no estatales, un irrevocable mensaje de paz para el desescalamiento inmediato de la violencia, el abordaje serio y decidido de una agenda de negociaciones profunda pero realista, en relación con las condiciones políticas, económicas y sociales del país, y la firma de acuerdos que permitan ponerle fin al conflicto armado interno.

De allí la importancia de las manifestaciones que mediante comunicados públicos y actos simbólicos se produjeron esta semana. A la par de que los actores armados hicieron demostración de su capacidad de atrocidad y sevicia, múltiples organizaciones sociales, iglesias y confesiones religiosas de carácter nacional y regionales, convocaron eventos simbólicos, académicos, se pronunciaron repudiando la violencia, y más de 300 organizaciones e instituciones universitarias reafirmaron, mediante un comunicado que denominaron Nuestro Grito por la Vida y la Paz, su compromiso con la paz y sus propuestas encaminadas a defender la vida.

Le corresponde al Gobierno Nacional y a la cooperación internacional, respaldar y potenciar a la ciudadanía organizada para rodear el proceso de paz, sin imponer criterios, sin presiones o expresiones que pueden sonar a chantaje, respetando la autonomía de los procesos y respaldando sus propuestas, para ahogar las violencias con más democracia participativa, más transformaciones, más goce efectivo de derechos, y más diálogo. Se tendrán que aumentar exponencialmente, por parte del Gobierno y el Estado, los esfuerzos económicos y de seguridad, tendientes a respaldar el accionar de las organizaciones y redes regionales y nacionales, y garantizar la vida de líderes y lideresas sociales, de firmantes de los acuerdos de paz, de defensoras y defensores de DDHH y constructoras de paz.

No desfallecer ante la adversidad de la guerra, no dejarse seducir por los llamados de las trincheras, no sucumbir ante quienes escupen balas y ruegan que la violencia nunca llegue a sus hogares, son las convicciones que debemos mantener para hacer posible vivir en una Colombia en paz, con justicia social, cultura democrática, respetuosa de los Derechos Humanos, la vida y la diversidad.

 

Luis Emil Sanabria Durán.

¿La paz política negociada, si o no?

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

El Presidente de la República Gustavo Petro U, en la reciente conferencia con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, señala la grave vinculación de las guerrillas en las últimas tres décadas, con el fenómeno del narcotráfico, en uno o en todos sus eslabones, lo que pone en tela de juicio la existencia del conflicto político armado, no por la falta de causas estructurales que pudieran sustentar el análisis y la decisión política -por supuesto equivocada- que soporta la sostenibilidad de la lucha guerrillera, sino por las características principales que esta asume  y sus alianzas estratégicas, formales e informales, con el narcotráfico.

Aunque existen distintas evaluaciones sobre los orígenes, continuidad y retroalimentación del conflicto político armado en Colombia, tal como se evidencia en las relatorías de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, es posible reconocer la existencia un conflicto altamente fragmentado en el que se expresan diversos subconflictos armados que se entre mezclan en el territorio, con causalidades, comportamiento y consecuencias diferentes. Existen una gama de expresiones armadas, desde grupos guerrilleros insurgentes, grupos armados irregulares de extrema derecha, grupos herederos del paramilitarismo, hasta estructuras criminales armadas organizadas. Todas con presencia en regiones y ciudades, alimentadas por su respectiva élite política e ideológica, o por estrategas de los altos intereses económicos ligados al lavado de activos.

 

En el caso de las guerrillas, aunque se involucran en delitos comunes no siempre conexos al delito político, se reconocen los elementos que los caracterizan como grupos insurgentes, pues son organizaciones que, en sus inicios y aun hoy, apelan a la violencia armada como estrategia política para resistir, derrocar o cambiar el orden político establecido, es decir, esa característica política, aunque con muchas debilidades, prevalece sobre las demás características. En esta definición se pueden enmarcar las actuales guerrillas, no obstante los señalamientos de su alianza estratégica con el narcotráfico para fortalecer la lucha armada, la misma alianza que hace posible el dominio político, económico, social y cultural en ciudades y campos, de delincuentes que se presentan como líderes políticos y que han puesto el Estado al servicio del lavado de activos y de la corrupción, apoderándose de recursos del Estado, que deberían tener como destino a los más empobrecidos.

De otro lado están las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto- EAOCAI, tal y como los define la Ley 2272 de 2022, en esta clasificación se reconocen los llamados herederos del paramilitarismo en todas sus denominaciones. Estos grupos heredan la estrategia fortalecida en la década de los 90, como parte fundamental de las maniobras de imposición del modelo neoliberal, como respuesta contrainsurgente, como estructura de promoción y defensa del narcotráfico y como fenómeno cultural ligado a la estrategia política y económica de sectores de las llamadas derechas extremas, siendo los principales aliados del narcotráfico, aunque no los mayormente beneficiados del negocio.

De esta forma, es muy importante retomar lo que se expresó en el programa de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, cuando se afirmó que, “cumpliremos a cabalidad los acuerdos de paz con las FARC y retomaremos las negociaciones con el ELN para finiquitar la existencia de la insurgencia armada en Colombia a partir del diálogo político”, y que “Fortaleceremos las diversas ciudadanías como sujetos sociales y políticos en procura de consolidar una paz total”, propuestas ratificadas luego por el legislativo, por iniciativa del gobierno nacional en la llamada Ley de paz total (2272 de 2023) y en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la vida y la paz.

En este marco, es válido volver a la siguiente pregunta ¿Es posible y necesaria la búsqueda de la paz política a través de múltiples negociaciones que tengan como resultado la transformación pacífica y negociada del conflicto armado? Y la respuesta hoy cuestionada, es evidente, claro que se debe continuar por el camino de la paz negociada con todas las guerrillas, aceptando que el mismo gobierno les dio ese estatus político a las disidencias de las FARC, y claro que debemos seguir explorando el sometimiento a la justicia de las bandas criminales, grupos de autodefensas o neoparamilitares. Esto no excluye la necesidad de combatir el fenómeno del narcotráfico, el lavado de activos, de tráfico ilegal de armas y municiones muchas de estas producidas por INDUMIL, y la trata de personas, todos estos, negocios de alto impacto en la economía nacional y que definen en muchos escenarios, la magnitud de la confrontación armada.

Pero no solo se trata del diálogo con los grupos armados, lo más importante es que en este escenario de la Paz, se susciten como lo han venido haciendo las organizaciones sociales, comunitarias y étnicas, mesas de interlocución social para la paz regionales, que mediante procesos asamblearios o encuentros amplios identifiquen en cada región, subregión, ciudad o territorio étnico, las principales causas y consecuencias que originan y alimentan la existencia de grupos armados ilegales.

Instaladas las mesas sociales, se pueden promover procesos de encuentro con los gremios de la producción, el comercio, y los partidos políticos, para construir conjuntamente, pactos de vida regionales, subregionales, en campos y ciudades. Diálogos sinceros, prolongados en el tiempo, armoniosos, sin imposiciones, que generen soluciones a largo, mediano y corto plazo, las cuales deben ser asumidas por el Estado, los Gobiernos Nacional, Departamentales y Municipales, por los Partidos Políticos de todas las ideologías, y por la Mesas de Diálogo con los Actores Armados. Seguramente también saldrán propuestas que no lleguen a ser consensos, pero para eso está la democracia representativa y para eso se contará con mecanismos en relación con la democracia participativa, que deben ser desarrollados a propósito del segundo punto pactado con las FARC-Ep y del primer punto que se desarrollará en la agenda con el ELN.

Luis Emil Sanabria D.

Guardia guardia…fuerza… fuerza No violencia, autonomía y territorio

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Esta semana hemos visto nuevamente a la Guardia Indígena, haciendo presencia en las marchas del 1 de mayo respaldando las reformas para el cambio y luego en la plaza de Bolívar de Bogotá, caminando, formando, gritando sus consignas y sus cantos para incidir en la formulación y aprobación final del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida y la Paz, particularmente en los temas referentes a la consulta previa libre e informada, la importancia de este mecanismo de participación y su fortalecimiento para prevenir el desarrollo violento de conflictos en los territorios y exigiendo el cumplimiento de acuerdos pactados con la Mesa Permanente de Concertación (MPC) con los Pueblos Indígenas.

Pero no solo estuvieron marchando, también estuvieron caminando la palabra, en minga permanente por la vida, la paz y la dignidad de los pueblos. Los mayores y mayoras sabedoras, los y las consejeras, estuvieron compartiendo la sabiduría, en un pequeño mambeadero instalado en la Plaza de Bolívar, guiados por el consejero Mayor de la ONIC Orlando Rayo A, compartiendo “la palabra dulce, la palabra de la que emerge la vida, la palabra que orienta voluntades”.

 

Que demostración tan importante de fuerza no violenta, de compromiso con el país y con la paz, de responsabilidad con la defensa de la cultura ancestral y del territorio. En hora buena, los pueblos originarios alzan de nuevo su voz y sus bastones, bajo la consigna ¡Cuenten con nosotros para la paz!¡Nunca para la guerra! y así demostrarle al resto del país, que la ruta del diálogo y el uso del legítimo derecho a la movilización, son parte fundamental de la democracia. En hora buena invocaron a los antiguos dioses de sus ancestros, para que llenaran de sabiduría a los y las congresistas y para que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo favorezca la construcción de un país verdaderamente respetuoso e incluyente de las múltiples culturas y sabidurías de los pueblos originarios.

A la par de que las Guardias Indígenas hacían su demostración de amor y respeto por la vida y la cultura en la plaza de Bolívar del centro de Bogotá, varias personalidades “de bien”, desde los micrófonos de algunos medios de comunicación y desde redes sociales, incluido un tristemente célebre exministro de defensa, reconocido por sus posiciones ideológicas militaristas, ultraconservadoras, sus expresiones racistas y ofensivas contra el pueblo colombiano, se dedicaron a estigmatizar, señalar, descalificar y generar falsas noticias sobre la importancia de este mecanismo ancestral. Despotricaron contra los sagrados bastones de mando, inventaron noticias que buscaban relacionarlos con acciones violentas o subversivas. Que falta de ética y que desatino, en momentos de búsqueda de espacios de reconciliación.

No era para menos, si estas mismas personas son las que desde los micrófonos, las redes sociales y sus actividades como funcionarios públicos, han demostrado su compromiso en defensa de posturas que buscan expropiar los territorios ancestrales de pueblos étnicos, para beneficiar supuestos proyectos de desarrollo. Recordemos los proyectos hoteleros que pretendieron instalarse en la Sierra Nevada de Santa Marta, violando territorios sagrados, o los proyectos de puertos marítimos sobre el pacífico en territorios de mucha significación espiritual para los pueblos indígenas y afrodescendientes, o los despojos de tierras y territorios para expandir las haciendas palmera o bananeras en el norte de Chocó y Urabá, y por supuesto las grandes deforestaciones de selvas y bosques de la Amazonía, entre otros.

Han sido los pueblos étnicos, las organizaciones comunales y campesinas con sus Guardias, los principales defensores del medio ambiente, pero también, las que mayor victimización física y política han sufrido a manos de los Grupos Armados Estatales y No Estatales, y a manos de estructuras corruptas y mafiosas con poder político y económico territorial. Es evidente que existe hoy un ataque orquestado y premeditado contra los liderazgos y las organizaciones, del cual hacen parte algunos medios de comunicación y líderes políticos, con la intención de profundizar el exterminio al que han sido sometidos durante años los pueblos étnicos y los campesinos, para apropiarse luego de sus tierras y territorios, doblegar su resistencia, romper las estructuras organizativas, culturales y milenarias.

Las Guardias son parte fundamental de la respuesta no violenta a las necesidades de autocuidado y autoprotección para salvaguardar la cultura, defender y cuidar la madre tierra, el territorio y la vida de los pueblos, comunidades, sus líderes y lideresas. Las Guardias dependen de las estructuras tradicionales y organizativas de los pueblos étnicos y las organizaciones campesinas. En ese sentido, son la ratificación de su autonomía frente a todos los actores armados y de fuerza en defensa de lo que les es propio. El principal símbolo de las Guardias es el bastón de mando, símbolo de resistencia, armonía y amor por la vida, que representa autoridad, mandato e identidad, que no puede ser usado para agredir.

Las Guardias tienen como mandato realizar acciones humanitarias; actuar como defensores de los derechos de los colombianos, las colombianas y los pueblos; defender los elementos culturales inmateriales, idioma, vestuario, danzas, deportes, cocina nativa, arte, medicina tradicional, espiritualidad, saberes, tradiciones, entre otros; garantizar control territorial y proteger los territorios de la violencia, el despojo, la presencia de actores armados y el desarrollo de cualquier  actividad que atente contra los derechos territoriales; desarrollar labores de protección al medio ambiente; colaborar en la detención y traslado de personas étnicas para la correspondiente aplicación de la justicia propia en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena o afrodescendiente; apoyar acciones de desminado humanitario, protección de comisiones internacionales, acompañamiento a recorridos de verificación con la CICR, ONU, MAPP-OEA, entre otras  instancias; mediar para la finalización de conflictos o la definición de acuerdos entre gobiernos, comunidades, empresas u otros actores; y crear cercos y corredores humanitarios para posibilitar el retorno de desplazados del conflicto armado a sus territorios, la presencia estatal, prevenir la victimización de funcionarios públicos e impedir confrontaciones violentas entre actores en un conflicto.

Desde esta pequeña tribuna, hago un llamado a quienes estigmatizan la labor de las Guardias poniendo en grave peligro a las organizaciones étnicas y comunitarias, para que reconsideren y rectifiquen sus afirmaciones, escuchen el clamor territorial por la paz y la defensa del medio ambiente, y se comprometan a construir un país en equidad, justicia social, democracia y reconciliación.

Luis Emil Sanabria D

Arauca mucho más que petróleo y guerrillas

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Columnista invitado.

Tenía muchos años de no estar en un evento que aglutinara a decenas de líderes y lideresas de diferentes sectores de la sociedad en el departamento de Arauca. Gracias al encuentro departamental “ARAUCA LE HABLA A COLOMBIA”, organizado por Luis Eduardo Celis de la Fundación PARES el pasado 26 de abril y respaldado, entre otras organizaciones, por REDEPAZ, pude nuevamente refrescar la memoria de lo importante que ha sido y que es este departamento y sus gentes, para Colombia y para Venezuela.

Antes de que nacieran el Ejercito de Liberación Nacional – ELN y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- FARC-Ep, y antes de que descubrieran los yacimientos de petróleo, ya existían los movimientos campesinos, cooperativos, étnicos, sociales y comunitarios en la hermosa región de Arauca. Movimientos que hoy, exigen del Estado y de los Gobiernos Nacional, Departamental y Municipales, el cumplimiento de múltiples acuerdos firmados y la inversión que nunca llegó, para el fortalecimiento de los proyectos y programas propuestos por las comunidades.

 

Arauca no es un departamento petrolero, para la ciudadanía su verdadera vocación es la agricultura y la ganadería, la riqueza ambiental, la belleza de su cultura y sus gentes. El petróleo principalmente ha servido para enriquecer a una clase política corrupta y unos pocos socios de la empresa privada, para la acumulación de capital de los dueños de las empresas extractivistas extranjeras, para empobrecer a la gente, para romper las tradiciones culturales y para llenar de falsas esperanzas a miles de trabajadores y trabajadoras que hoy ven amenazada su subsistencia, ante los anuncios del fin de la bonanza de los hidrocarburos.

No hay oferta educativa pertinente pública profesional, técnica o tecnológica propia de un departamento que tanta riqueza ha visto saquear, no hay cubrimiento adecuado de salud, todavía los y las araucanas enfermos de gravedad deben padecer horas de ambulancia terrestres, cuando los traslados son autorizados, para ser atendidos en hospitales o clínicas adecuadas en Cúcuta, Bucaramanga o Tunja. Lo que si hay es “Elefantes Blancos” que, si fueran seres vivos, no habría como alimentarlos. La corrupción local ha campeado desde hace décadas, con la complicidad o la manguala de los socios nacionales.

Cómo no esperar que floreciera la violencia armada, en un departamento en el cual la respuesta a las peticiones sociales desde la década de los 70 ha sido la mentira, la represión, el bombardeo o las falsas promesas. Pretender culpar de todos los males que hoy padecen las gentes del departamento de Arauca, a la presencia del ELN, de las cuestionadas Estado Mayor-FARC, o a los paramilitares, es un sofisma de distracción, que busca ocultar las verdaderas raíces de la violencia. Un Estado débil, cooptado por la corrupción y el clientelismo, el empobrecimiento de sus habitantes, la falta de programas y proyectos que respalden la pujanza de su gente, la privatización de los servicios públicos y de salud, entre otros, son la verdadera razón, el resto son productos de esta situación, que hoy clama por pactos, cumplimientos y soluciones.

Los Araucanos son los primeros productores de plátano del país, reconocido no solo por su sabor sino también por la calidad del fruto, de cáscara delgada y con pocas sustancias agro tóxicas, son segundos en la producción de Cacao y los primeros por su calidad y sabor, son excelentes productores de arroz en calidad y cantidad, producen piña, papaya, maíz y por supuesto ganado vacuno de exportación, Arauca no tiene una sola mata de coca sembrada con fines de uso ilícito, pero adolecen de plantas procesadoras para agregar valor a sus productos y de vías adecuadas que los conecten con el resto de país, por donde puedan comercializar de forma justa. Otras de las muchas promesas incumplidas por el Estado, y sufren los graves impactos ambientales producidos por la industria petrolera, el mal manejo de sus cuencas y la deforestación de las cabeceras de ríos y quebradas en el parque del Cocuy, patrocinada o permitida por las corporaciones ambientales.

En Arauca hay pueblos indígenas que reclaman territorios ancestrales, autonomía y gobierno propio, hay afrodescendientes que llegaron a la región esclavizados para las haciendas de los jesuitas en época de la colonia que también reclaman mayor reconocimiento para sus consejos comunitarios, territorio, autonomía y autogobierno. Pueblos que reclaman ser excluidos de la confrontación, que exigen a los actores armados que cese el confinamiento, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de sus niños, niñas y adolescentes, y la suspensión inmediata de la instalación de minas y artefactos explosivos antipersona. Reclaman acuerdos humanitarios y cese al fuego bilateral y multilateral.

Hoy Arauca está más madura para la paz integral que muchas regiones del país. Las organizaciones sociales, comunales, presentes en el evento, en tono de reclamo y sin ocultar su capacidad de resistencia propositiva, manifiestan su voluntad de paz, pero también lo hicieron las organizaciones gremiales de ganaderos,  plataneros, cacaoteros y arroceros, los y las ambientalistas, las organizaciones juveniles, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de personas con discapacidad, las cámaras de comercio, lo gobiernos municipales y departamental, están unidos en un solo coro que claman paz.

Por eso la importancia de fortalecer y ampliar la coordinación de todos los sectores de la sociedad, instalar mesas de diálogo temáticas y territoriales, para generar una gran deliberación departamental, identificar desacuerdos, construir acuerdos y avanzar hacia un Gran Pacto Departamental por la Paz, la Democracia, la Justicia Social y la Reconciliación. Un acuerdo que sea cumplido por todas las partes, que logre el respaldo y compromiso financiero y político del Gobierno Nacional, Departamental y Municipales y de todo el Estado.

Un Pacto para poner al centro la vida con dignidad, que sea acatado, respetado y acogido en el marco de los diálogos y acuerdos que el Gobierno Nacional pacte con el ELN y demás grupos armados presentes en el departamento. Un pacto para erradicar la corrupción, el clientelismo, las violencias, la pobreza y sembrar de prosperidad y amor, sus ríos, llanuras y montañas. La paz es posible, si se dialoga sin exclusiones y se pacta para avanzar.

Luis Emil Sanabria D.

Colombia requiere la modernización de su democracia y de sus partidos

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

La construcción de la paz sigue produciendo noticias positivas, a los eventos y procesos impulsados por la Mesa Nacional de Interlocución Social para la Paz – MENSIP, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y al evento convocado en la zona del Yarí (Caquetá), para respaldar los inicios formales del proceso de paz con las FARC-Estado Mayor, se le sumó la convención de refundación del Partido Esperanza Paz y Libertad.

La recuperación justa de la personería jurídica de esta agrupación política, da continuidad a los pactos de paz del siglo pasado y revive el partido surgido del proceso de paz de 1991, llevado a cabo con el antiguo Ejército Popular de Liberación – EPL, proyecto militar del entonces Partido Comunista de Colombia (Marxista-Leninista), que luego de diferentes intentos de diálogo y de los asesinatos de varios de sus dirigentes políticos, decidiera abandonar la lucha armada y en medio de la convocatoria a las Asamblea Nacional Constituyente, otra de sus propuestas de mediados de los años 80, pactar un acuerdo de Paz y hacer dejación de armas.

 

El pasado miércoles 19 de abril se realizó la convención nacional, para sortear las exigencias del Consejo Nacional Electoral, y luego de un proceso tortuoso de recuperación de confianzas entre algunos de sus líderes sobrevivientes del exterminio al que fueron sometidos desde todos los flancos de intolerancia política, y de un ejercicio de concertación y alianza con el movimiento político Unidad Democrática, dirigido por el exsenador Luis Carlos Avellaneda, en donde también militan varios esperanzados, alianza no muy bien vista por algunos militantes de Esperanza paz y Libertad, más por la forma en que se realizó, que por cuestionamientos a su importancia, finalmente salió airoso y con ánimos renovados.

Con esta nueva realidad política, demostrando el compromiso de construir una propuesta expresión política dentro del espectro de la izquierda, pero con una visión más moderna, más atractiva hacia la juventud, ligada a los sectores sociales, con visión de poder real, y unida a la necesidad de fortalecer un frente político amplio para salir de la crisis política, económica y de las violencias en todas sus expresiones, se tomó la decisión de cambio de nombre y bautizar el nuevo partido, Esperanza Democrática, haciendo honor a su esfuerzo más significativo, la esperanza en generar una Nueva Democracia, y avanzar hacia un país más justo, solidario, equitativo y en Paz.

La convención se realizó en Bogotá, con la participación de delegadas y delegados excombatientes, dirigentes políticos, sociales, sindicales, étnicos, comunales de todo el país, algunos activos en su lucha por los cambios, otros y otras en proceso de reactivación, pero desbordando de optimismo frente a las posibilidades que brinda la reorganización partidaria. Hace mucho tiempo que no se presentaba un evento que privilegiara el debate político e ideológico, frente a las disputas electorales, y que mantuviera como en viejas épocas, profundidad programática. No de otra forma hubiera sido, teniendo en cuenta que quienes se ponen al frente de esta estructura política, han sido dirigentes curtidos en la lucha social, política, sindical y hasta militar, por un nuevo país, profundamente comprometidos con la paz.

Como sucede siempre que una vieja familia se reúne con nuevas generaciones, el anecdotario en los pasillos fue protagonista, pero más allá de tan importantes momentos, se reafirmó, como se ha hecho desde el momento mismo de la firma del acuerdo de paz, que la llamada lucha armada, como propuesta política, perdió toda vigencia, o que en el peor de los casos, nunca debió contemplarse como estrategia para construir una nueva sociedad y un nuevo Estado, que estaría ligado a modelos socialistas o socialdemócratas.

En ese entonces, hablando del acuerdo del E.P.L., la decisión fue, pactar la paz en el marco de la participación en la Asamblea Nacional Constituyente y de una nueva Constitución Política Nacional, con la convicción de que la lucha armada como estrategia política para el asalto al poder, había fracasado y que lo que se imponía era la lucha política electoral y la lucha social, amparados en las nuevas garantías constitucionales. No era otra la salida, que hoy sigue siendo vigente, se pacta un acuerdo de paz para avanzar en la superación de las múltiples causas políticas, económicas y sociales que respaldan la decisión de algunos sectores de la sociedad, de resolver dichas causas mediante el uso de la violencia armada. Es el pacto y el cumplimiento progresivo de lo pactado lo fundamental, y en esa realidad, los únicos garantes son los miembros de la sociedad que no quieren más guerra.

Por esta razón, este nuevo partido, tiene como reto, entre otras consideraciones, aportar desde su experiencia, a que el nuevo proceso de paz o a propósito de este, desate un gran diálogo nacional que logre concitar la voluntad múltiples sectores, para pactar el más amplio entendimiento social, económico y político, que ponga al centro de los acuerdos el tipo de país que queremos los y las colombianas. Un partido coherente con sus postulados de cambio, moderno en su estructura y en la forma de llegar a las nuevas generaciones, que utilice la tecnología para generar y fortalecer nuevas capacidades políticas, para la toma ágil de decisiones, para mantenerse en permanente contacto con los territorios.

Hoy Colombia requiere la modernización de su democracia y de sus partidos, para que el debate político sea entre ideas, entre propuestas para enrutar el país hacia la inclusión y el respeto, partidos profundamente democráticos en la forma de tomar decisiones, en donde los liderazgos reconozcan y respeten las múltiples expresiones sociales, los nuevos liderazgos, las nuevas realidades.

El reto para Esperanza democrática es convertirse en un partido que promuevan la participación ciudadana a su interior y por fuera de este, donde el constituyente primario tenga poder de decisión y responsabilidad con su voto. Un partido moderno que reconozca el importante papel de las mujeres, sin las cuáles no se puede pensar en hacer realidad la paz, la equidad social y política, partido de la esperanza para la población LGBTQ+ que lucha por sus derechos, para la juventud sedienta de cambios y poder, para la cultura y el arte que resiste y persiste en la defensa de la vida, para las organizaciones sociales, comunitarias y étnicas que no desfallecen en sus luchas, un partido que no busque instrumentalizar a la sociedad en época electoral, sino que se proyecte su poder. Estos y otros serán los retos de este nuevo partido y de todos sus militantes y simpatizantes.

Luis Emil Sanabria

La paz es el nuevo paradigma del cambio

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

La sociedad colombiana necesita recuperar la confianza en el proceso de paz, confianza en los diálogos constructivos que se establezcan a todo nivel y en todos los escenarios posibles para construir acuerdos territoriales y un gran acuerdo nacional de paz y reconciliación, encaminados a la transformación de las causas que retroalimentan el conflicto armado, y que debe conducir a lograr el monopolio legítimo de la armas por parte del Estado, a sacar estos instrumentos letales de la vida social, de las imposiciones económicas y por supuesto de la deliberación política.

Sin esa confianza, que va de la mano de la transparencia y la honestidad de los actores armados que se involucren en el proceso, de las personas que representan a uno u otro sector político, social y económico, y de quienes deben coordinar y promover la reconciliación y la paz, no será posible lograr los consensos necesarios para que estas se conviertan en una realidad permanente.

 

El cese al fuego y de hostilidades bilateral que avance a convertirse en multilateral, es la respuesta que tanto el Gobierno Nacional como los grupos armados no estatales le deben dar al pueblo colombiano, si verdaderamente desean que la confianza en el proceso se fortalezca y que la participación ciudadana sea la estrategia fundamental de pacto y transformación.

Si el gobierno colombiano no garantiza la vida de líderes y lideresas sociales y comunitarios, si no garantiza la seguridad de empresarios, comerciantes, ganaderos, sino logra que se respeten y fortalezcan las organizaciones sociales y su accionar, si no fortalece los partidos y movimientos políticos, el movimiento sindical y los gremios económicos; y si las organizaciones armadas al margen de la Ley, no cesan los ataques a la población civil, si no desisten de seguir cometiendo secuestros, extorsiones, desplazamientos, confinamientos, despojos, asesinatos y masacres, si no suspenden el uso de minas y artefactos antipersona, sino dejan de reclutar menores y utilizar a la mujer como botín de guerra, esa confianza tan necesaria se aleja, y el resultado de tantos esfuerzos, nuevamente será la frustración y el desánimo.

En la medida en que la sociedad reconoce que se está en un proceso de Paz para solucionar el conflicto armado, es muy probable que además de querer ser reconocida y participar en las decisiones y propuestas, empiece a exigir y a participar de la construcción de entornos de paz, a promover y comprometerse con resultados inmediatos, de ahí la necesidad, no solo de recuperar las confianzas rotas, sino también de avanzar en la construcción de un ambiente social y cultural proclive al proceso, que lo respalde, que lo interpele desde la proposición y la acción, que lo rodee y que lo haga parte de la vida cotidiana.

Hoy la sociedad colombiana a logrado, gracias a la persistencia fundamental de sectores de la sociedad civil que trabajan por la paz y los Derechos Humanos, instalar los Consejos Municipales, Departamentales y el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. Instrumentos que aparecen reseñados desde los acuerdos de paz del 1991 con el Ejército Popular de Liberación, hoy partido Esperanza, Paz y Libertad, promovidos por Redepaz en el acta fundacional de 1993, al igual que la figura de Alto Comisionado para la Paz, impulsados por los organizadores del Mandato Nacional por la Paz de 1997 y el Gobierno del entonces Presidente Ernesto Samper, y retomado en los acuerdos de paz con las Farc-Ep de 2016, elevándolo a rango constitucional. Esta figura tan importante para generar propuestas de Cultura de paz y ambientes de confianza, diálogo social y reconciliación, no es ni debe ser considerada una instancia más de las muchas creadas en Colombia y que son sometidas al olvido, a la figuración, o simplemente convocadas para evitar sanciones por parte de los entes de control.

Además de fortalecer escenarios como las Mesas de Interlocución Social Para la paz, que las organizaciones sociales vienen promoviendo a todo nivel, y fortalecer los Consejos de Paz, es necesario iniciar desde ya la preparación de varias jornadas nacionales de desarme ciudadano, que contemple la entrega de municiones y otros artefactos como se advierte en la Ley 2272 de 2022, buscando recoger y destruir las aproximadamente Cinco Millones de armas de fuego legales e ilegales que están en poder de civiles. Esta sería una excelente iniciativa, que el Gobierno debe liderar con el apoyo de las organizaciones de Paz, para involucrar a toda la población en la dinámica de la paz total e integral.

Debemos retomar las campañas de fortalecimiento de cultura ciudadana para la paz. Jornadas de mucha trayectoria e instaladas en el imaginario colectivo como la Semana por la paz, que este año va del 3 al 10 de septiembre, el 2 de octubre día de la noviolencia, el 25 de noviembre día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, el 10 de Diciembre día internacional de los Derechos Humanos, entre otros, no pueden pasar desapercibidos.

Hay que robustecer las figuras de los jueces de paz y conciliadores en equidad y a sus organizaciones, promover los comités de convivencia y derechos humanos de las juntas de acción comunal y los consejos de administración de propiedad horizontal, así como a los equipos de convivencia de las diversas organizaciones sociales. El Estado tenido en cuenta la experiencia de las organizaciones sociales que trabajan por la paz, debe promover mediante campañas permanentes pedagógicas e informativas los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, haciendo énfasis en los derechos de la mujer, la población LGBTIQ+ y los derechos de los niños y las niñas.

Tanto la sociedad en general, como todas las instancias de Estado y de gobierno a nivel nacional y territorial, deben retomar con fuerza y decisión las recomendaciones finales de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que buscan contribuir a que se defina una agenda de futuro que permita avanzar en diálogos sobre asuntos fundamentales y sentar las bases de la reconciliación, la paz y la no repetición. La paz será posible, avanza y se fortalece, pero será necesario involucrar con más claridad y programas generosos, a todos los sectores de la sociedad, organizados y no organizados, a los medios de comunicación, a las instituciones educativas, a las iglesias y confesiones religiosas, a los partidos políticos. La Paz puede convertirse en la una gran bola de amor que envuelva desde Colombia al mundo entero. La paz es el nuevo paradigma del cambio.

Luis Emil Sanabria D

La paz territorial y nacional, la paz para la gente

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Mucho dolor y desesperanza causó el ataque que el ELN realizó contra un campamento del Ejercito Nacional, en donde siete jóvenes soldados y dos oficiales perdieron la vida y un número igual de combatientes fueron heridos. La Campaña Colombiana Contra Minas, ha reportado el incremento de accidentes con minas y artefactos antipersona en zonas donde estos actúan, e igualmente en varias zonas del país se reporta aumento de las hostilidades contra la población civil.

Estas noticias seguramente no causarían tantas reacciones adversas, si no estuviera instalada una mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y este actor armado, el cual puede justificar, como hasta ahora lo ha hecho, que no se ha pactado un cese al fuego bilateral, y que por lo tanto, así como el Ejercito Nacional los ataca, ellos también están en el derecho de atacar. Pero resulta que, cuando una organización armada se define como de carácter político, todas sus acciones son medidas desde la política y cada acción militar tiene esa repercusión.

 

Visto de esta forma, surgen por lo menos dos preguntas que para el análisis en torno a la construcción de la paz, son fundamentales: 1) Si la decisión del ELN sigue siendo lograr el derrocamiento del Estado, dando continuidad a la estrategia de Guerra Popular Prolongada que motive un levantamiento popular, en donde esta fuerza guerrillera actuará como acumulado insurreccional, ¿Qué tanto sirven estas acciones para su estrategia de asalto al poder?; 2) Si la decisión del ELN, es avanzar hacia una negociación de paz con el Estado, con una amplia participación ciudadana, ¿Cómo encajan estas acciones en la búsqueda de confianzas que permitan alcanzar un acuerdo para transformar las causas que originan o sustentan el levantamiento político armado? Por lo menos para mi, las respuestas no conectan en ninguna de las dos estrategias.

Para la primera pregunta, la respuesta es negativa por varias razones. En primer lugar, porque la lucha política armada, además de haber sido indudablemente derrotada como estrategia de acceso o derrocamiento del poder, por lo menos en América, la mayoría de los movimientos de izquierda renunciaron a esta, debido a su perdida total de vigencia o por ser considerada una equivocación política desde su origen. En segundo lugar, y entendiendo que el ELN mantiene la estrategia de lucha armada, como se puede deducir de su comportamiento, estas acciones en nada fortalecen su accionar político-militar de guerra de liberación que los acerque a la toma del poder, por que es evidente que, el establecimiento y las estructuras de poder ligadas a los sectores económicos y políticos tradicionales, no han sido debilitadas o no sienten en las acciones guerrilleras, una fuerte amenaza que ponga en juego sus intereses, y porque adicionalmente, el otro componente de esta estrategia, que sería, ganar el respaldo del pueblo, no se vislumbra por ningún lado, a excepción de pequeños focos aislados que no representan grandes ventajas políticas o militares, y que están bajo su dominio, más por la aplicación estatal del modelo neoliberal que no considera estas regiones o capas de la sociedad claves para generar ganancias (lo que algunos llaman abandono estatal), que por sus acciones políticas o pedagógicas acertadas.

Para la segunda pregunta, la respuesta es igualmente negativa, porque la sociedad colombiana en general, y los sectores populares excluidos política y socialmente, esclavizados, empobrecidos y ninguneados, hace ya varios años que decidieron en su gran mayoría, transitar por el camino progresista de la paz y la democracia para alcanzar las transformaciones estructurales que requiere nuestra sociedad y que hacen parte de las causas que alimentan el desarrollo violento y armado de los conflictos. No de otra forma se entiende que, las propuestas de gobierno en torno a la paz y el cambio, enarboladas por el hoy Presidente Gustavo Petro, hayan logrado, contra todas las estrategias, vicios y delitos electorales, alzarse con la victoria.

Si bien es cierto que, otros sectores de la sociedad ligados al fenómeno del narcotráfico, el paramilitarismo, la corrupción y el lavado de activos, alimentan desde adentro y fuera del Estado, respuestas violentas armadas a las exigencias de grandes capas de la población, relacionadas con más y mejores espacios de participación y acción política desde la democracia participativa y representativa, y con el acceso adecuado a la salud, la educación, el empleo digno, la tierra, y en general el rechazo a las políticas económicas, es igualmente cierto, el amplio rechazo que esta estrategia ha desencadenado en importantes capaz de la sociedad, incluidos algunos sectores que tiempo atrás, vieron alguna posibilidad de pacificar el país, por esta vía.

Hoy desde diferentes regiones del país, sectores populares y sus organizaciones ratifican la necesidad de realizar cambios estructurales pacíficos, que hagan posible la vida con dignidad, el goce pleno de los derechos humanos, el logro del bien común, la defensa y goce del medio ambiente sano, el reconocimiento y la participación política con poder de decisión. Estas exigencias noviolentas, requieren y exigen a todos los actores armados de carácter político y a quienes no se les considera políticos, el respaldo real y efectivo. Un cese al fuego bilateral que pueda evolucionar hacia un cese al fuego multilateral, ayudaría de sobre manera para que la sociedad aumente su respaldo y sus acciones por alcanzar la paz territorial y nacional, la paz para la gente.

Las organizaciones han decidido instalar la Mesa Nacional de Interlocución Nacional Para la Paz- MENISP, dando prioridad a los mas empobrecidos, para ampliar y mejorar sus opciones de vida. Actualmente avanzan con decisión en la realización de encuentros territoriales y la instalación de mesas locales, para desarrollar en un futuro cercano, diálogos con sectores gremiales y empresariales, ojalá bajo la tutela del Gobierno Nacional y el acompañamiento de la comunidad internacional, la academia y los medios de comunicación, desatando un gran diálogo para la construcción de acuerdos, que alimenten y acompañen las conversaciones y negociaciones con los actores armados.

Luis Emil Sanabria D.

 

Hacia un acuerdo de paz que beneficie la vida, la cultura y el territorio

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Hemos señalado en varios escritos la complejidad del Conflicto Colombiano e identificado algunos de los ciclos multicausales que lo retroalimentan periódicamente. Este Conflicto Armado Interno-CAI conformado por múltiples expresiones que nos han afectado como proyecto de sociedad y de Estado, por lo menos durante los últimos 60 años, requiere romper los esquemas tradicionales de negociación, resolución o transformación pacífica a la que hemos estado acostumbrados, y que aunque han des escalado la ferocidad o intensidad de las consecuencias violentas de este y han ayudado a mejorar el ambiente político y social, para promover los relevos políticos y administrativos de gobierno, no han logrado la fuerza y el dinamismo necesarios, que nos permitan gozar de un ambiente de convivencia y democracia, capaz de llevarnos y mantenernos en un escenario de paz política, económica y social.

No se trata de solo establecer unas mesas de negociaciones en donde participen delegados del Gobierno en representación de un Estado, que es señalado de haber perdido el control de los territorios y su esencia como garante de derechos fundamentales de sus asociados, y que concurran delegados de Grupos Armados No Estatales – GANE, cuestionados políticamente, así sus reivindicaciones gocen de buena salud, o dedicados a cometer acciones criminales para beneficio individual de sus miembros, que manifiesten su interés en sentarse bajo unas condiciones a pactar un acuerdo, y buscar rápidamente su Desarme, Desmovilización y Reincorporación (DDR) como algunos de forma ingenua o manipuladora piensan o presionan, tampoco se trata de instalar unas mesas de negocio en donde dos partes ganan y cada uno se va feliz para su casa con una bolsa de acuerdos que, seguramente serán incumplidos por una o las dos partes.

 

No se trata solo de, si una parte o ambas están maduras para un proceso de paz o pacificación. El espíritu que hoy recorre calles y veredas de este hermoso y adolorido País, es más grande, más altruista, más generoso y exigente. Es el deseo de una sociedad profundamente afectada, que quiere pactar un gran acuerdo nacional por la paz y la reconciliación, al centro del cual estén, no las víctimas como una masa amorfa a la que se le puede incumplir su reparación integral, sino esencialmente unos acuerdos fundamentales para transformar las realidades políticas, económicas y sociales que alimentan el CAI y que deben ser cumplidos, a corto mediano y largo plazo, por todos, todas y todes los miembros de la sociedad, y especialmente por ese aparato que, obliga ser curado de enfermedades crónicas como la corrupción y el narcotráfico, que lo han llevado casi a la muerte, me refiero al Estado y sus diferentes instrumentos de gobierno, de justicia y de construcción normativa.

El abordaje complejo (Morin, 1998)[1] sistémico, para la transformación del CAI y la construcción de la Paz Total, integral estable y duradera, requiere reconocer que se generaran muchas incertidumbres para acercarse con más probabilidad al éxito de su cometido, lo que invita no solo a instalar espacios de diálogo diversos, en relación con los actores, la solución a las múltiples causas y las múltiples consecuencias, sino también (y esto reviste la mayor importancia), instalar mecanismos formales y no formales de comunicación e interacción horizontales entre las rutas y los escenarios establecidos, de tal forma que se alcance la integración de la mayoría de la sociedad y el acuerdo asuma un plano nacional.

Es la interrelación e interacción comunicativa (Luhmann, 1998)[2] y dialógica la que nos permitirá construir conocimientos, identificar y potenciar la emergencia de transformaciones novedosas y ponerle orden al caos inevitable del diálogo en múltiples escenarios, y a su vez la que nos conducirá a superar las incertidumbres propias de la complejidad que nos impone solucionar un conflicto fragmentado, multicausal y de tanta permanencia en el tiempo, como el colombiano.

Para robustecer los acuerdos que se vayan estableciendo en los diferentes escenarios de diálogo tanto de los actores armados como de la sociedad, y las necesarias conferencias con la comunidad internacional, será necesario adelantar encuentros periódicos, intercambiar documentos, según los avances de los acuerdos logrados, de tal forma que los acuerdos específicos temáticos y territoriales, se encuentren en un acuerdo nacional  para avanzar en una estrategia de implementación pertinente, en tiempos, temas y territorios.

No busquemos un acuerdo nacional en donde se contemple o se plasmen las demandas de los actores armados, o en donde gane o se impongan los intereses de quienes representan el Estado débil y cuestionado que hoy tenemos. El acuerdo que se debe buscar, es el que mas y mejor beneficie a la sociedad, a su gente, a quienes han sido tradicionalmente excluidos o marginados, a las víctimas de todos los actores armado incluido el Estado, a las niñas, niños y adolescentes cuyo futuro hoy es incierto, a la naturaleza exuberante pero lastimada, a la vida, la cultura y el territorio.

Luis Emil Sanabria D.

 

[1] Morin, E. (1998). Introducción al pensamiento complejo. Gedisa.

[2] Luhmann, N. (1998). Sistemas sociales, Lineamientos para una teoría general. Barcelona: Antropos.

Diálogo amplio y territorial para la paz, sin vetos ni mezquindades

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

No es una coincidencia que el Gobierno Nacional, algunas plataformas y organizaciones sociales, gremios económicos e intelectuales del país estén, por diferentes caminos, proponiendo la necesidad de hacer un esfuerzo aún mayor en la instalación de escenarios de diálogo y encuentro social, que nos permitan abordar sin vetos ni mezquindades, el análisis franco y generosos de todos las temáticas que desde hace muchos años han sido señaladas como generadoras de conflictos sociales y políticos retroalimentadores del conflicto armado.

Lo que hemos definido como conflicto armado interno es un sistema complejo, que contiene en su origen y desarrollo múltiples mecanismos que se repiten indefinidamente, y antes que solucionarse o desaparecer, tienden a ampliar su radio de acción, como una tormenta que nunca termina y se convierte en huracán, arrasando a su paso periódicamente, todo lo construido, para darle lugar a pequeños momentos de descanso, y aparecer luego con más fuerza, llenando de más dolor e incertidumbre a la sociedad.

 

Recogemos la propuesta de Paz Total, que preferimos llamar Paz Integral, porque estamos convencidos de que ese camino logra integrar experiencias importantes desarrolladas en años anteriores y que le apostaron con honestidad a la construcción de la paz, aplicando  metodologías y definiciones preparadas oportunamente, pero que evidentemente no lograron, por diferentes condiciones, transformar las causas del conflicto o superar su desarrollo violento, entre ellas, la férrea oposición y saboteo de sectores de la sociedad que no se sintieron representados en lo acordado, y la no incorporación en la agenda de diálogo con los actores armados y en la dinámica social, de componentes dinamizadores del conflicto armado que aún hoy persisten.

La violencia armada en Colombia cobró en el 2022 alrededor de 13.000 homicidios, seis veces más que el promedio mundial. Las principales zonas afectadas se relacionan directamente con los enfrentamientos de Grupos Armados por el control del territorio, estrategia a su vez relacionada con las economías ilícitas ligadas al narcotráfico, la minería, el tráfico de personas, el tráfico de armas y municiones y el contrabando de mercancías.

Para muchos sectores de la sociedad, la violencia armada tiene su origen en la pobreza que alcanza hoy según proyecciones de la CEPAL, 38 de cada cien colombianos y colombianas son considerados pobres, así que será necesario que la sociedad en general a través de espacios de diálogo y concertación, y las mesas de negociación con los Actores Armados No Estatales, aborden este tema, respondiendo más o menos a las siguientes preguntas, que deben ser abordadas territorialmente ¿Cuál será la política económica que debe implementar la sociedad colombiana representada en el Gobierno del Estado, para superar progresivamente esos índices de pobreza? ¿A qué se compromete la sociedad en todas sus expresiones (gremios económicos, empleados, obreros, campesinos) para reducir la pobreza?

Para otros sectores sociales, el conflicto armado interno se alimenta también de conflictos ambientales no resueltos o de la imposición de proyectos económicos ligados a la minería, la explotación de hidrocarburos o a el desarrollo de infraestructura para la conectividad. Otros señalan las dificultades de la juventud para acceder y mantenerse en el sistema educativo (Colombia reporta en pleno siglo XXI una tasa de analfabetismo de 5,24%) o los aprietos para acceder en zonas rurales a la atención en salud, como determinantes en el sostenimiento de la conflictividad armada. Para numerosos pobladores, especialmente de zonas rurales, la falta de empleo legal (en el 2022 cerca del 11% de los campesinos/as en Colombia estaban desempleados), es un determinante que hace que algunos jóvenes se sientan atraídos hacia las cadenas de economía ilegal (raspachines, barequeros) y para aceptar la oferta económica o política de pertenecer a grupos armados. De estas cifras surgen algunos retos o interrogantes ¿Será posible seguir estableciendo enclaves extractivitos minero-energéticos en zonas ambientalmente estratégicas? ¿Podemos fortalecer el sistema educativo que permita garantizar acceso y mantenimiento en condiciones dignas de niños, niñas y adolescentes? ¿Es pertinente la educación que se imparte en Colombia, en relación con los problemas estructurales o las ventajas comparativas y competitivas en los territorios? ¿Será posible desarrollar un programa territorial de prevención en salud y control de enfermedades tropicales? ¿Podemos concebir un programa de generación de ingresos y productividad ligado al campo colombiano? ¿Para qué y en dónde desarrollamos la reforma rural integralmente?

Muchas expresiones populares ligan el fenómeno de la proliferación de grupos armados directamente con el problema de la corrupción. En el comunicado #01-2023 de transparencia por Colombia, nuestro país sale muy mal librado en materia de percepción frente a este fenómeno, y afirma que “la falta de acción decisiva para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas alimenta las acciones del crimen organizado”. Muy unido a la corrupción la comunidad señala la debilidad en materia de gobernabilidad democrática, transparencia y participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones frente a los planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo y presupuestación. Tendríamos que preguntarnos en este sentido ¿Cómo entre todas y todos nos comprometemos a superar efectivamente el fenómeno de la corrupción local y nacional? ¿Cómo podemos desarrollar en el territorio procesos de participación ciudadana que hagan efectivo el artículo 3º de la C.P.? ¿Cuál es la reforma política y electoral que requiere realmente Colombia, para sacar las armas de la política? ¿Cómo la construimos?

Si desatamos un gran diálogo territorial, estructurado metodológicamente, sin restricciones temáticas preconcebidas, de tal forma que ningún sector político, económico y social sea excluido, para construir respuestas a los interrogantes, como base para la construcción de Planes de Paz y Reconciliación territoriales que se complementen con otros planes territoriales, y a partir de estos ensamblar un gran Plan Nacional de Paz y Reconciliación que sirva de insumo para un Pacto Nacional Por La Vida, como principal aporte de la sociedad a las mesas de negociación del Estado con los Grupos Armados No Estatales, tendríamos seguramente, un porcentaje de éxito mayor en la superación definitiva del Conflicto Armado y las violencias, y en la construcción de la Paz Total. Un pacto de paz con un porcentaje mayoritario de respaldo popular que garantice su sostenibilidad y la progresividad en su implementación.

Luis Emil Sanabria D.

@luisemilpaz

La Paz Total requiere transformar las causas e interacciones estructurales que alimentan el conflicto armado interno

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

La transformación del Conflicto Armado Interno -CAI, que afecta e involucra a toda la sociedad, requiere identificar sus componentes temáticos y explorar rutas que permitan ampliar los abordajes bidireccionales de negociación y transformación, que se enfocan principalmente en reparar consecuencias o expresiones del conflicto, y hacer un mayor esfuerzo en relación con transformaciones de las causas e interacciones estructurales que lo motivan. Las mesas de diálogo bilaterales entre el Gobierno Nacional y los grupos armados, no pueden definir unilateralmente el rumbo de la sociedad y la institucionalidad, colocando en interinidad, tanto al poder del constituyente primario[1], como a las ramas del poder público. Lo que se requiere es que sea la sociedad a través de diversos escenarios de diálogo, la que construya acuerdos preferiblemente consensuados, que serán entregados en calidad de propuestas-mandatos-planes a las mesas de diálogo con las estructuras armadas.

El análisis del CAI da cuenta de una serie de causalidades que se pueden agrupar en componentes temáticos no excluyentes, y que se expresan de forma diferenciada en escenarios territoriales, alrededor de los cuáles se pueden establecer mesas de diálogo sociales y mesas de negociación con los grupos armados no estatales, para lograr acuerdos y construir planes territoriales y un Plan Nacional de Paz y Reconciliación.

 

Desarrollo Humano: a) Reforma rural, tenencia de la tierra y el territorio, productividad, monocultivos y soberanía alimentaria; b) Generación de ingresos, proyectos económicos, desarrollo empresarial, economía solidaria y popular, manufacturas, etc; c) Democracia participativa, protesta social y soberanía popular, reforma política y reforma electoral, lucha contra la corrupción, el clientelismo, el tráfico de influencias; d) Cultura, soberanía, autonomía y gobierno propio de los pueblos y comunidades étnicas; e) Garantías a la vida y a las organizaciones sociales, Derechos Humanos, derechos de la mujer, niñas, niños y adolescentes, derechos de la población LGBTIQ+, derechos de la población con discapacidad, seguridad humana, integración social y el buen vivir; f) Derechos laborales y pensionales, cobertura en salud, educación, agua potable, energía eléctrica, TIC, etc.

Paz con el planeta: a) Cuidado de la tierra y el agua, páramos, bosques, selvas y aire, calentamiento global; b) Cuidado y protección de la economía popular. Sustitución/aprovechamiento de cultivos de coca con fines ilícitos; b) Minería tradicional, proyectos mineros extractivos; c) Macroproyectos de alto impacto, vías, puertos, ferrocarriles, aeropuertos, represas.

Cultura de paz y noviolencia: a) Desarme ciudadano, prohibición de porte y tenencia de armas por parte de civiles, monopolio estatal de armas y municiones; b) Reparación integral e inclusión social y económica de víctimas del conflicto armado, verdad, justica y no repetición; c) Cultura de paz, convivencia ciudadana y reconciliación, justicia restaurativa y jueces de paz, guardias indígenas, cimarronas y campesinas; d) Pertinencia educativa, cátedra de paz en la escuela, valores ciudadanos e historia; e) Nueva doctrina para la policía y las FFAA, restructuración de la policía, futuro del ESMAD.

Desmovilización, dejación de armas y reincorporación; a) Justicia transicional, desmovilización, desarme y compromiso de norepetición; b) Garantías políticas y de seguridad a los firmantes de los acuerdos; c) Reincorporación económica y social, no estigmatización y comunidades de acogida; d) Narcotráfico, lavado de activos, tráfico de personas, explotación y turismo sexual, tráfico ilícito de armas y municiones.

Según la JEP[2] el Conflicto Armado se reactivó en  Montes de María; Sur de Bolívar; Occidente antioqueño; Sur de Chocó y bajo Calima; Medio y bajo Atrato; Norte del Cauca y sur de Valle del Cauca; Pacífico nariñense y sur de Cauca; Catatumbo; Caguán, Yarí, Ariari y Bajo Putumayo; Sabana y piedemonte araucano; Nordeste antioqueño y Bajo Cauca; Urabá antioqueño y sur de Córdoba (alto y bajo Sinú), y según el monitoreo de REDEPAZ, también en el Oriente Antioqueño, lo que obliga a establecer procesos de diálogo social, adicionando a los escenarios, algunas ciudades que aparecen referenciadas por sus altos índices de violencia o por ser estratégicas para la logística del CAI, como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Santa Marta, Quibdó, Arauca, Valledupar, Montería, Ocaña, Buenaventura, Tibú, Tumaco, Apartadó, Barrancabermeja, Caucasia, Aguachica y por supuesto Bogotá D.C., entre otras. De otro lado, y en correspondencia con delitos internacionales y narcotráfico será necesario instalar conferencias internacionales, teniendo en cuenta los TLC y demás tratados que el Estado colombiano ha firmado.

Para que la Paz Total sea posible, los acuerdos pactados deben ser reconocidos por todos y cada uno de los espacios de diálogo establecidos, en todos los temas y a todos los niveles, de tal manera que el proceso en su desarrollo y aplicación temprana, vaya construyendo la legitimidad y el respaldo de toda la sociedad.

Nota: Muy importantes los avances que se lograron en la Mesa de Negociaciones del Gobierno Nacional y el ELN en México. Habrá que hacer un gran esfuerzo colectivo para que lo allí expresado avance hacia un abordaje integral. No olviden que la sociedad civil ha solicitado que la Mesa se traslade a Colombia.

Luis Emil Sanabria D.

 

[1] Artículo 3º de la CPN. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.

 

[2] La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep, bajo el Acto Legislativo 01 de 2017.

La paz será posible si se abren espacios ciudadanos de participación y decisión

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

El interrogante del cómo hacer la paz, recorre las reuniones de las organizaciones ciudadanas y diversos escenarios de encuentro social, incentivando la elaboración de propuestas tendientes a encontrar las rutas que logren la transformación pacífica y definitiva del conflicto armado, para abordar, con la necesaria participación ciudadana que debe enriquecer y legitimar lo acordado, las múltiples causas que lo retroalimentan.

Será muy importante que se instalen prontamente todas las mesas previstas de negociaciones entre el Gobierno Nacional y las diversas expresiones armadas de alto impacto nacional y territorial, diferenciando las negociaciones con las organizaciones guerrilleras, atendiendo a su reconocimiento como grupos armados de carácter político que incurren en delitos comunes y las negociaciones con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, que incurren en delitos políticos.

 

La sociedad está dispuesta a acompañar y participar, pero los grupos deben decidirse rápidamente a participar del proceso y lograr el respaldo de la gente.

Hay que reconocer que la política para construir la paz, transforma e incide sobre lo jurídico, y que la institucionalidad y la sociedad evolucionan con mayor comprensión y flexibilidad a la hora de encarar las iniciativas. Para encontrar salidas, seguramente será necesario ir más allá de la tradición jurídica que caracteriza el delito político. Se debe avanzar en desescalar la intensidad de la confrontación, pactar ceses al fuego y de hostilidades bilaterales y promover el cese al fuego multilateral. Las organizaciones de la recién instalada Mesa Nacional de Interlocución Social para la Paz-MENISP, han ratificado sus dispocisión de acompañar y de vincularse a los espacios de monitoreo y verificación del cese al fuego y de hostilidades que se pacten.

Para las organizaciones y esperamos que para el Gobierno Nacional y los Grupos Armados No Estatales, se debe avanzar en alcanzar preacuerdos que dejen establecidas algunas premisas, dentro de las cuáles se pueden asumir las siguientes: a) Dejar claridad que se negocia para alcanzar un acuerdo que propenda por la superación de las múltiples causas que retroalimentan el conflicto; b) y para avanzar en el desarrollo efectivo del Estado Social de Derecho, dando como resultado la dejación de armas y su monopolio por parte del Estado, las garantías de no repetición, lo que lleva implícito el abandono de toda acción violenta y delincuencial, la exclusión de las armas de la política y avanzar en garantías efectivas a la reincorporación social, económica y política de los excombatientes. Se debe insistir en que todas las mesas de diálogo se desarrollen en territorio colombiano. En ese sentido el Consejo Regional Indígena del Cauca-Nacional, ha ratificado el ofrecimiento para que los diálogos se adelanten en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas vinculados a esta organización.

Al tiempo que avanzan los diálogos con las organizaciones armadas, se deben instalar con el mismo compromiso y responsabilidad, espacios de diálogo y construcción de acuerdos entre sectores sociales que mantienen conflictos, que manifiestan diferentes formas de ver la política y la economía o que mantienen contradicciones territoriales y nacionales. Mesas de diálogo sobre los temas que alejan o acercan a la sociedad, en donde participen gremios económicos, empresas, organizaciones sociales, comunitarias, étnicas, juveniles, LGBTIQ+, víctimas, de discapacidad, de mujeres, sindicales, etc., teniendo en cuenta las múltiples causas que alimentan el conflicto armado y los territorios en donde estos temas impacten negativamente con mayor fuerza. Estas mesas deberán construir planes territoriales, como componentes de un gran plan (acuerdo) nacional de paz y reconciliación.

Ojalá los grupos armados se comprometan a profundidad, de tal forma que en estos espacios de diálogo social se posibilite su participación y por supuesto la del gobierno. Espacios que deben ser dinamizados por el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, bajo el marco del Plan Nacional y los Planes territoriales de Desarrollo, acompañados por garantes que observen especial interés en los temas o en los territorios. Las autoridades tradicionales étnicas deberán ser las responsables de promover e instalar mesas de diálogo y definir los enfoques temáticos en los territorios de su jurisdicción. Adicionalmente, se deben prever mecanismos de decisión o refrendación ciudadana en caso de que, por ninguna de las rutas o escenarios establecidos, se logren acuerdos sobre un tema específico. En ese sentido se pueden convocar Asambleas Ciudadanas, o consultas ciudadanas territoriales o nacionales según sea el caso. El Consejo Nacional y los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, pueden asumir la tarea de convocar, coordinar y dinamizar estos espacios de diálogo y concertación social.

La paz será posible si se abren con generosidad y compromiso, espacios ciudadanos de participación y decisión, y si estos espacios no excluyen a ningún sector social, por muy profundas que sean las diferencias. De eso se trata un proceso de paz, de reconciliar a una sociedad tan fracturada como la colombiana, afectada por más de 60 años de violencias de todo tipo.

Luis Emil Sanabria 

La participación ciudadana clave para transformar el conflicto armado

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

La alta fragmentación del conflicto armado colombiano, sus múltiples expresiones que involucra actores armados políticos y actores criminales de alto impacto, su permanencia en el tiempo, las múltiples causas del mismo; las diversas y graves consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales que le retroalimentan; las heterogéneas dinámicas que se expresan y que afectan y fragmentan de forma específica y en diferentes categorías a los miembros de la sociedad, incidiendo negativamente en los países vecinos y el hemisferio; las dificultades, aciertos y fracasos de procesos de paz anteriores, nos invitan a buscar alternativas complejas tanto a nivel local, como regional, nacional e internacional, que involucren escenarios e iniciativas diversas que deben interactuar y coordinarse prolíficamente a fin de lograr los consensos y pactos que garanticen un presente y un horizonte de paz, con una nueva ética política que rompa de una vez por todas, con las prácticas que conducen a la eliminación moral, biológica (individual y colectiva), política y jurídica del contrario, es decir una nueva sociedad capaz de romper con la necropolítica (Mbembe, 2011).

La magnitud de la paz que necesitamos, reclama múltiples y armonizados abordajes, caminos y enfoques que se integren y recojan en un sistema amplio. La paz que involucra a la comunidad, a las familias, a los individuos y al ecosistema o territorios en donde se habita. La paz que se pacta en planes de vida prospectivos, asumidos como mandatos para quien se involucra en el proceso de diálogo y para la sociedad en general, que será beneficiaria de una nueva realidad en donde la reconciliación y las garantías de no repetición sean posibles. Esta paz integral conformado por varios componentes que se interpelan, retroalimentan, autorregulan e interactúan, convoca necesariamente el concurso del Estado y sus instituciones de gobierno como responsables y dinamizadores fundamentales, convoca a la más amplia participación de la sociedad civil, a las organizaciones sociales, sindicales y comunitarias, los gremios económicos y las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales, todas las expresiones políticas y culturales, las organizaciones de mujeres, los movimientos juveniles, las organizaciones de población LGBTIQ+, y los pueblos étnicos que serán protagonistas en los territorios ancestrales.

 

La transformación del conflicto armado interno y la construcción de la paz integral, demanda escenarios múltiples que tendrán a su vez diferentes tiempos de acción, unos serán más lentos según la temporalidad de sus protagonistas, temáticas y complejidades y otros se desarrollarán con más celeridad en correspondencia con las exigencias y las necesidades de las comunidades y los protagonistas del proceso. La paz integral y la transformación del conflicto armado colombiano, deberán producir de forma sistémica cambios estructurales a las causas o condiciones objetivas económicas (legales e ilegales) y políticas que  le dieron origen y le alimentan, deberá abordar las causas subjetivas, culturales (incluida la memoria y las verdades) y sociales construidas en las mentes de los individuos y colectivos, así como sacar las armas de la vida política y social, lo que contempla campañas de desarme ciudadano, la dejación de armas, la desmovilización y reincorporación a la vida civil y política de los excombatientes y el logro definitivo del monopolio de las armas por parte del Estado.

Un abordaje sistémico para la transformación (Lederach, 1995) del conflicto armado y la paz integral, que tenga como horizonte regional y nacional la identificación y elaboración de planes, programas y proyectos para la paz, siempre tendrá una alta dosis de incertidumbre, un proceso siempre en permanente perfeccionamiento, siempre inacabado, conforme lo requiere el desarrollo de la sociedad; un proceso en constante evaluación, con temporalidades y metas que le van imprimiendo dinámicas propias y retos constantes.

Si no asumimos la complejidad de la construcción de paz integral o total, no se incidirá integralmente en todo el conflicto con sus múltiples expresiones, lo que seguramente nos llevará a futuros escenarios de violencias recicladas y de reestructuración de grupos armados cada día más ligados a la criminalidad, al narcotráfico y la corrupción. Es el momento de la paz. Los astros, los dioses, las energías o la naturaleza, están alineadas para que esta nueva oportunidad no se pierda, y para que nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, amigas y amigos, gocen plenamente de los derechos humanos y de este pedazo de tierra que por gracia nos correspondió, en armonía con la naturaleza.

Luis Emil Sanabria

La paz en Colombia, caminos, escenarios, iniciativas

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

A principios de la década de los 80 del siglo XX, se entablaron diálogos bilaterales entre el gobierno nacional en cabeza del entonces presidente Belisario Betancur (QEPD) con las guerrillas de las FARC, el EPL, el M-19 y el grupo Autodefensa Obrera-ADO, que por diversas consideraciones lamentablemente no llegaron a feliz término. Posteriormente, ya a finales de esa misma década, durante el gobierno del entonces presidente Virgilio Barco V (QEPD), se adelantaron diálogos multilaterales y simultáneos con todos los grupos insurgentes de la época; el gobierno abrió varios procesos de diálogo que condujeron a principios de los 90 a la dejación de armas del Movimiento 19 de abril-M-19. Estos diálogos continuaron en el gobierno de Cesar Gaviria, y condujeron a la dejación de armas de la mayoría de E.P.L., del P.R.T., el Quintín Lame, las Milicias Urbanas de Medellín. En todas esas negociaciones primaron los acuerdos alrededor de las garantías para convertirse en grupos políticos legales; la apertura democrática en donde la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente fue fundamental y por supuesto la reincorporación de excombatientes que, aunque débil, acompañó de forma empírica e improvisada la nueva vida de cientos de excombatientes. Posteriormente en 1993, se concretó la firma de un acuerdo de paz con la Corriente de Renovación Socialista – CRS, una escisión del ELN. Procesos que a pesar de las estrategias de extermino contra excombatientes firmantes de los acuerdos, se señalan como exitosos.

La construcción de la paz integral o la paz total, ha ocupado constantemente la agenda social y política de la sociedad civil colombiana, que se ha manifestado con fuerza en las últimas tres décadas. Procesos de coordinación, de convocatoria amplia, de estructuración de organizaciones territoriales, sectoriales y temáticas, han concitado en mayor o menor medida la voluntad de múltiples expresiones de la sociedad. Redes, plataformas, procesos asamblearios, iniciativas de resistencia ciudadana, procesos de participación y territorialidad para la paz, mesas de coordinación, redes y organizaciones de mujeres, convergencias en defensa de la paz, campañas, eventos, movilizaciones, etc., han marcado el dinamismo y el compromiso social por la paz en Colombia.

 

En las últimas dos décadas se avanzó en el proceso de paz parcial, primero con las llamadas AUC y luego en la firma del acuerdo paz con la mayoría de las FARC-EP. En todos los procesos se instaló un modelo bilateral de negociación, donde participaron élites políticas y militares de ambos bandos enfrentados (Gobierno del Estado colombiano-Grupo armado), con agendas pactadas desde las mesas exploratorias, con algunos escenarios de participación de la sociedad poco decisorios y menos aún vinculantes, proceso de negociación que evidentemente en al menos alguno de los momentos conducentes a un acuerdo, remplazaron la institucionalidad estatal, definiendo de forma vertical e impositiva, a partir de la concertación bilateral de acuerdos en relación con la agenda temática, el futuro de la sociedad colombiana, su forma de gobierno, su estructura política y la aplicación de justicia. Este modelo, que en el caso del proceso con las Farc-Ep y debido a su reconocimiento como grupo armado de carácter político, abordó algunas de las múltiples causas objetivas y subjetivas de la génesis del conflicto armado, no logró desatar un abordaje complejo y sistémico profundo que posibilitara y concitara la participación ciudadana amplia, no conquistó la legitimidad que produce el reconocimiento y la amplia refrendación social mayoritaria, como se evidenció en los resultados del plebiscito realizado el 2 de octubre de 2016 , donde más allá del resultado tan reñido a favor del No (50,21%), evidenció posiblemente un amplio desconocimiento y desacuerdo ciudadano con lo pactado, haciendo imposible que este acuerdo se convirtiera en un pacto definitivo que le pusiera fin a la violencia armada, al menos con esa expresión guerrillera, lo cual, unido a los posteriores incumplimientos del Estado y las decisiones de retornar a la lucha armada de algunos de sus líderes, reprodujo el conflicto armado aunque con evidente menor intensidad y victimización.

La decisión mayoritaria del pueblo colombiano, expresada en las elecciones presidenciales del 29 de mayo de 2022, de respaldar con un 50,47% de favorabilidad las propuestas de gobierno del hoy Presidente Gustavo Petro y la Vicepresidenta Francia Márquez, dentro de las cuales se propuso ponerle fin por medios pacíficos y negociados a la violencia política armada, a las violencias ligadas a las delincuencias, superar las violencias de Estado, las violencias cotidianas entre la sociedad, y las violencias contra el medio ambiente y la vida de otros seres sobre el planeta, ligada a las transformaciones que requiere nuestro país, en relación con la política capitalista neoliberal, la corrupción, el narcotráfico y la pobreza, aunque demostraron nuevamente lo poco atractivas que resultan ser para un porcentaje importante de compatriotas las elecciones, pues la abstención llegó al 46,07%,  requieren, hoy más que nunca -y tal vez también por ese motivo-, del fortalecimiento de espacios y mecanismos de diálogo ciudadano, con capacidad para asumir los retos de consensuar, negociar y acordar planes de vida y reconciliación territoriales que conformen un gran pacto nacional, atados a la incidencia y decisión en los diferentes espacios o mesas de diálogos que se abren camino, para solucionar las múltiples conflictividades violentas que nos afectan.

Se inician vías de diálogos buscando de forma simultánea la superación del conflicto político armado y el acogimiento a la justicia, se anuncian espacios de diálogo para la superación de conflictos sociales y políticos represados durante decenas de años, se adelantó con dificultades en relación con la real participación popular, la construcción vinculante del Plan Nacional de Desarrollo, se abren caminos de diálogo y concertación para estructurar una nueva política en materia laboral, tributaria, de salud, rural, y seguridad, etc. Todo esto requiere de la instalación de diversos escenarios de diálogo que conciten una amplia representación y participación de la sociedad en todas sus expresiones y en todos los territorios, en especial en aquellos territorios afectados con mayor intensidad por los subconflictos armados. Escenarios que deben mantenerse intercomunicados para que la complejidad de las causas y las soluciones que se construyan, dialoguen y se comuniquen permanentemente cimentando soluciones holísticas y legítimas, lo que hace necesario el diseño más o menos estructurado, de una ruta expedita, con metodologías y temáticas complejas, sistémicas, pertinentes e incidentes, que den respuestas al reto de avanzar hacia la Paz Integral y el cierre el ciclo de violencias armadas, pactando la Paz Total, definitiva, estable y duradera.

Luis Emil Sanabria Durán

Gestoría de paz, una dignidad que requiere Colombia

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

En los últimos meses y especialmente desde que el Presidente Gustavo Petro comenzó a hablar de la Paz Total, mucho se ha discutido y especulado sobre la figura social y jurídica conocida como Gestor de Paz, y no es para menos, si tenemos en cuenta que esta figura ha servido para que personas como el reconocido delincuente Luis Alfonso López, alias “Tiburón” recobrara la libertad aduciendo que se convertiría en Gestor de Paz, beneficio adicional al que le diera el mismo Juez que lo envió a pagar una pena de varios años de prisión en una Mansión de uno de los barrios más lujosos de Barranquilla, por el asesinato de un reconocido periodista en Magangué. Cosas de la justicia, dicen las víctimas del sur de Bolívar y la Mojana, que señalan a este señor y su reconocida madre alias la Gata, como autores intelectuales y materiales de múltiples delitos.

Pues bien, ser reconocido en Colombia como gestor, constructor, tejedor de paz, más que una necesidad es en si mismo una dignidad, un reconocimiento que se gana con el compromiso y la labor constante no violenta, a favor de la paz y la convivencia. Ser Gestor de Paz, en el marco de la solución pacífica del conflicto armado en sus múltiples manifestaciones, incluye una serie de responsabilidades que requieren la realización de actividades y que por supuesto, deben reportar unos resultados claros en relación con el proceso de conversaciones o diálogos como se contempla en el artículo 8º de la Ley 2272 de 2022 que actualiza y modifica la conocida Ley 418 de 1997.

 

Pero más allá de la figura que se contempla en dicha Ley, donde se define también la calidad de Representante o Vocero de Grupo Armado y se les asignan unas características. Las llamadas gestorías de paz para el caso específico de la búsqueda de la paz por vía de negociación o sometimiento, han cumplido un importante papel en los acercamientos, diálogos exploratorios, y construcción de la agenda, así como en la búsqueda y generación de ambientes favorables al proceso. Basta recordar al comandante del ELN, Tulio Gilberto Astudillo Victoria, conocido como ‘Juan Carlos Cuéllar’, con más de 30 años haciendo parte del ELN, y miembro de la Dirección Nacional de esa organización insurgente, quien en varias ocasiones y por distintos gobiernos, incluido el actual, ha sido reconocido y designado como gestor de paz. Juan Carlos Cuellar, inclusive en momentos en que ha estado en detención intramural, como en la cárcel de Jamundí o la de Bellavista, promovió no solo los últimos acercamientos con el ELN, organización que lo reconoce y le delega este tipo de funciones, sino que también fue un puente importante en los acercamientos iniciales con las FARC-Ep, que llevaron a establecer una mesa de negociaciones y la firma del acuerdo de paz de 2016.

Adicional a estas gestorías, que se involucran directamente en la búsqueda de las transformaciones del conflicto armado y que son fundamentales en la generación de confianzas, también existen otro tipo de gestores de paz, menos reconocidos o con responsabilidades autoasignadas, como el inmenso voluntariado que conforma a las redes y organizaciones que día a día trabajan por la paz y la reconciliación. Son un inmenso mar de corazones y manos que sin el mayor reconocimiento económico o político, tejen acuerdos locales, se inmiscuyen en positivo en los conflictos intrafamiliares, en las peleas entre vecinos, en la defensa de las normas cotidianas que hacen posible la convivencia en los barrios o en los conjuntos residenciales, o que también son contratados, por algunos meses, sin estabilidad laboral en algunas alcaldías que han entendido que la prevención y la construcción de convivencia es muy importante para lograr la estabilidad social de la comunidad.

En el caso de Bogotá, estos gestores de paz, muchas veces sin más herramientas que un chaleco rojo, han logrado intervenir en conflictos y prevenir que estos se desarrollen de forma violenta, no sin antes ser señalados por algunos medios de comunicación y/o algunos periodistas, los cuales deberían recibir cursos de comunicaciones para una buena gestión de paz, como cómplices de los “grupos de desadaptados”, o promotores de la violencia o de la impunidad.

Ser Gestor/a de Paz es una dignidad que se gana con compromiso y trabajo cotidiano, que se puede ejercer en muchos escenarios sociales o políticos. Se necesitan gestores para fortalecer los comités de convivencia de las Juntas de Acción Comunal o los Consejos de Administración de propiedad horizontal, o jueces de paz y equidad como programa reconocido en la cadena de aplicación de justicia restaurativa, en la cual se busca apoyar, por ejemplo, la justicia restaurativa ancestral indígena.

La paz total exige fortalecer las organizaciones y colectivos locales y nacionales que trabajan por la paz, y hacer de estos un gran equipo de gestores/as para desarrollar pedagogías que aporten en la construcción de una cultura de paz, de goce pleno de los Derechos Humanos y de promoción del Derecho Internacional Humanitario. Nos urge un equipo de gestores y gestoras para desarrollar trabajo y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado y sus organizaciones,  para promover los derechos de la mujeres y avanzar en su empoderamiento e inclusión en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales, para promover la movilización social desde la no violencia, para proteger y defender la naturaleza, la biodiversidad, los ríos, humedales, ciénagas, lagunas, la riqueza ambiental y forestal, para fortalecer el voluntariado humanitario y preventivo ante los desastres que causa el cambio climático, para fortalecer la participación ciudadana, la democracia, la autonomía y el gobierno propio de pueblos étnicos, y en general para construir constantemente la paz integral.

Por esta y otras razones, ser gestor o gestora de paz no puede ser una práctica que lleve a la impunidad, sino el reconocimiento a un compromiso, un actuar, una voluntad refrendada en el tiempo y el actuar constante. Un gestor o gestora de paz, debe demostrar su compromiso con la verdad, la justicia, la reparación integral y trabajar constantemente por la no repetición de los hechos violentos como prueba de que los cambios serán posibles.

Luis Emil Sanabria Durán

 

El conflicto armado interno colombiano, un fenómeno altamente fragmentado

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en . Publicado en Columnista invitado, Opinión.

La sociedad Colombiana ha venido padeciendo desde hace casi seis décadas lo que podemos titular, su más reciente conflicto armado interno de carácter político y social, nacido de decisiones de sectores y organizaciones de izquierda, identificados ideológicamente con corrientes de pensamiento marxista o ligados a la teología de la liberación. Conflicto en un inicio protagonizado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC, conocidas luego como FARC-Ejército del Pueblo, el Ejército de Liberación Nacional – ELN (1964)  y por el Ejército Popular de Liberación – EPL (1967), es decir desde los inicios y consolidación del llamado Frente Nacional, o como en el caso de movimiento 19 de abril M-19 (1974), como respuesta a la intención de perpetuar por parte de las élites políticas tradicionales, dicho acuerdo de repartición política y administrativa del estado y del gobierno.

Conflicto armado a su vez heredado o reciclado de otros conflictos no resueltos estructuralmente, que están presentes en la génesis y desarrollo del surgimiento de la República y su forma de organización administrativa, social, cultural y política (incluido el tipo de democracia) y en el modelo económico, capitalista en sus inicios y capitalista neoliberal en las últimas tres décadas, que luego se retroalimentan y reticulan de forma compleja a nivel nacional y territorial, y que sirven para sustentar la vigencia de la lucha armada o en el caso de los grupos neoparamilitares o bandas criminales, sirve para excusar la contracultura de la ilegalidad mafiosa narcotraficante y/o corrupta, abarcando diversos niveles o categorías, que estructuran o construyen diversas formas de realidad, perceptibles de muy diversas maneras, tanto en el desarrollo mismo de sus componentes, como en categorías que se han venido convirtiendo en parte fundamental del debate y el devenir de la sociedad.

 

Nota relacionada: “El ELN no pactará un cese al fuego bilateral si antes no lo consulta con sus bases”: Luis Emil Sanabria

En las últimos décadas, a este sistema llamado conflicto armado, se le han adicionado otros componentes causales-subsistemas, entre los que se destacan el conflicto frente al tema del uso de los recursos naturales renovables y no renovables, los conflictos generados a partir de los reclamos de autonomía y reconocimiento de los pueblos étnicos, los conflictos creados a partir de las prácticas sistemáticas de violación estatal de los derechos humanos en todas sus dimensiones y los conflictos de la transversalidad que imprime los recursos económicos ligados a la prohibición de la producción y tráfico de cocaína, y los enclaves económicos interrelacionados con estas, como el tráfico ilícito de armas y municiones, la trata de personas y el lavado de activos, entre otros.

Aunque existen distintas apreciaciones sobre los orígenes, continuidad y retroalimentación del conflicto armado en Colombia, tal como se evidencia en las relatorías de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas[1], es necesario en la actualidad, para el caso de proponer un abordaje o mejor aún múltiples abordajes, buscando la transformación de este en forma pacífica, política y negociada, reconocer que existen un conflicto armado interno altamente fragmentado o que se expresan diversos conflictos armados que se entre mezclan en el territorio, con causalidades, comportamiento y consecuencias diferentes, las cuáles inclusive sirven para identificar comportamientos o expresiones políticas, sociales o criminales de cada grupo armado en particular.

Estas causalidades que se desarrollan como subsistemas, requieren como acertadamente se ha propuesto, un abordaje total, que tenga como resultado la Paz Total o la Paz Integral, tal y como la sociedad lo ha venido proponiendo desde las múltiples iniciativas de paz nacionales y territoriales.

Estos diversos actores armados conservan, en el caso de las guerrillas de izquierda, los elementos que los caracterizan como grupos insurgentes de carácter político, y en el caso de las conocidas bandas criminales-BACRIN o grupos neoparamilitares, se reconocen que son estructuras de delincuencia común, que surgen para el enriquecimiento individual y/o familiar, pero que es necesario advertir, se alimentan y crecen ejerciendo formas de poder que constriñe el sistema político, convirtiéndose de alguna manera, aunque alejada de la definición tradicional, en un actor político armado.

Finalmente están las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea, Armada) y de Policía, guiadas aún por la llamada doctrina de seguridad[2], que han combatido a las organizaciones guerrilleras, en algunas ocasiones a las organizaciones paramilitares y se han visto envueltas en escándalos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH.

Los desarrollos que la conflictividad violenta ha tenido principalmente en los últimos 30 años, es decir a partir de la nueva Constitución Política (sin que esto signifique desconocer causalidades y manifestaciones de décadas anteriores), unos elementos causales particulares (heredados y nuevos) que deben ser reconocidos y abordados en su dimensión y especificidad, en diálogo sistémico permanente con el más amplio universo posible de causas, las cuales han producido un universo de consecuencias que se han transformado por su nivel de daño y reiteración, en causalidades que a su vez retroalimentan las conflictividades violentas.

El reto es abrir múltiples espacios de diálogo ciudadano, en concordancia con cada uno de los subsistemas que se consideran causales del conflicto armado, para que en estos participen los gremios económicos, las organizaciones sociales, comunales, étnicas, sindicales, de mujeres, de jóvenes, de víctimas, de población con discapacidad, de población LGBTIQ+, entre otras, en todas las regiones del país, dependiendo de los niveles de afectación del conflicto mismo, para que la agenda de paz y los acuerdos logrados no sean una imposición de las mesas de diálogo Gobierno-Guerrillas o Gobierno-Grupos de delincuencia común, sino el resultado de diálogos y acuerdos entre la sociedad, que deben ser refrendados, asumidos, complementados o mejorados por dichas mesas. La Paz Total es posible, la Paz Integral es necesaria, pero hay que activar toda la imaginación y todos los recursos posibles y disponibles.

 

Luis Emil Sanabria Durán

 

[1] Surgida de un acuerdo entre los representantes del Gobierno nacional y los delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), adoptado el 5 de agosto de 2014.

[2] http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/ceso/indice.htm