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Marmato, Clamando justicia y reconocimiento de derechos

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Oct 8, 2023. Publicado en Con los pies en la tierra, Opinión. No hay comentarios en Marmato, Clamando justicia y reconocimiento de derechos

A la entrada del pueblo, que queda a mano derecha en la vía que de Antioquia conduce a Caldas, sobre el cañón del rio Cauca, en la cordillera occidental de los Andes, se reconoce el aviso que indica la llegada a Marmato, “pesebre de oro de Colombia”. Este pedazo de tierra, con 487 años de tradición minera, ha surtido de oro a indígenas Cártamas, Supias y Quimbayas, luego a los invasores españoles, y posteriormente dada en pago perpetuo a los ingleses, por su ayuda en nuestra guerra de independencia, de los ingleses solo se sabe que se perdieron en la historia y ahora las riquezas marmateñas son reclamadas por multinacionales mineras, principalmente de origen Canadiense. Es curioso, pero este pedacito de suelo siempre ha sido más de extranjeros que de colombianos, pareciera que es prestado y poco valorado por quienes, tradicionalmente han manejado el país.

Para subir hasta la Alcaldía y seguir hacia la vereda Echandía, se debe concertar con alguna persona nativa que ayude a orientar al conductor del vehículo, campero o camioneta, y evitar accidentes que puedan ocurrir y que ocurren constantemente, debido al alto tráfico de volquetas, recuas de mulas cargadas de madera, motos y personas que, por una vía estrecha y azarosa, pasando al borde del abismo, se abren paso a la fuerza, para poder llegar a su destino. A lado y lado de la vía, se encuentran socavones de minas artesanales, de donde salen en Juntanza los mineros ancestrales, los mineros tradicionales y los denominados “guacheros”, casi sin aliento, para procesar el mineral que contiene su pan de cada día, ese oro esquivo que pide permanentemente arriesgar la vida al adentrarse en los túneles improvisados que han heredado, comprado u ocupado. La muerte siempre está cerca.

Hace más de 13 años visité por primera vez estas singulares tierras, acompañando la lucha y la reclamación de los mineros tradicionales del sector conocido como Echandía, en donde la asociación que lleva su mismo nombre adelantaba una movilización pacifica en pro del reconocimiento de sus derechos a trabajar y ser reconocidos como titulares de unas minas que a hoy llevan más de tres décadas explotando. Esta lucha es un reflejo de la realidad de Marmato, con sutiles diferencias y matices, pues el régimen jurídico que aplica para este sector, se conoce como un RPP – régimen de propiedad privada- que, a propósito, es de los últimos relictos de los títulos mineros dados en perpetuidad a los ingleses, como lo mencione anteriormente.

Ellos, a diferencia de otros mineros tradicionales, ancestrales y los conocidos como Guacheros que se asientan a lo largo de Marmato, se organizan en una asociación que mantiene una lucha constante por el reconocimiento de sus derechos. La asociación había solicitado a REDEPAZ, el acompañamiento para lograr su reconocimiento y ante las amenazas a las que estaban siendo sometidos. En esa época, la lucha fue contra la compañía minera Golfields, una filial de la empresa Medoro Resources, que había llegado a imponer su ley, colocando candados en las entradas de las minas, presionando a burócratas obtusos para que interpretaran la ley al amaño y beneficio de la multinacional, en la búsqueda de expulsar de su terruño, a los mineros; ofrecieron bajo presión, falacias y promesas rotas a las y los marmateños, dadivas y dinero a cambio de la entrega de sus minas y el olvido de decenas de años de trabajo, sangre, sudor y lágrimas.

En Marmato, se conjuga la representación de Colombia. Comunidades negras e indígenas, mestizos, blancos, zambos, han perseverado en su labor de producir riqueza, hacer empresa, promover el progreso y la paz, conocida como marmateños. Este ejemplo nacional, es un lugar donde no ha habido conflicto armado ni polarizaciones políticas extremas, la paz ha reinado entre riqueza y pobreza, abandono estatal e incertidumbre permanente.

El Estado y la sociedad colombiana tienen una enorme deuda con Marmato, y ambos deben reconocerlo como un singular y efectivo laboratorio de paz. Es sorprendente que allí, donde día a día se arranca el añorado mineral de oro, no sea habitual el robo ni el secuestro, ni otras manifestaciones de violencia. Esta comunidad merece ser apoyada y reconocida como emprendedora, trabajadora y empresaria; no tiene sentido alguno, continuar sometiéndolos a la persecución, estigmatización y la violenta arbitrariedad burocrática, aplicando normas que desconocen la realidad, la legitimidad y la dignidad de quien construye país.

Las muestras de la deshonrosa presencia del Estado en Marmato son numerosas. Por ejemplo, la prohibición de la comercialización de dinamita ha generado un negocio lucrativo para personas corruptas que distribuyen este explosivo a precios exorbitantes, hasta diez veces su valor real. Además, se obliga a las comunidades a fabricar sus propios materiales de voladura en condiciones de riesgo extremo, y que decir de los controles excesivos sobre el transporte y venta de la madera, un recurso esencial para la sostenibilidad minera, encareciendo el recurso, enriqueciendo a los corruptos y haciendo cada más inviable el ejercicio de una minería justa. Estos obstáculos al progreso y a la actividad legítima de los mineros tradicionales deja un gran interrogante: ¿Son estas funciones del Estado?

Quienes llevan 30 años o más trabajando tradicional y consuetudinariamente las minas, tienen derecho al reconocimiento minero; pero lamentablemente, los mineros de Echandía, en Marmato, quienes han ejercido su labor como microempresarios o empresarios, cumpliendo con sus obligaciones fiscales y contribuyendo al desarrollo de la sociedad y la estabilidad económica de la región, generando empleo y cimentando un futuro para sus conciudadanos, han sido tratados como expulsables, como ciudadanía sobrante, de esa que merece ser condenada al olvido, por parte de un Estado y sus Gobiernos, ausentes, arbitrarios, y negligentes.

Hoy, nuevamente una multinacional, afirma haber adquirido los derechos mineros, lo cual puede ser válido desde un punto de vista legal formal. Sin embargo, esta multinacional no ha aportado ni una fracción mínima del valor económico y social, los tributos, los impuestos y la construcción de la nación que los mineros han realizado. ¿Cómo podemos darles la espalda? ¿Cómo podemos no buscar una solución justa que reconcilie los derechos de esta empresa titular con los de los mineros que han trabajado la tierra durante décadas? Negarles la oportunidad de trabajo a los casi mil mineros de la zona, negar el bienestar de sus hijos e hijas, después de treinta años de dedicación y lealtad a la Ley y la Constitución sería un acto de abandono inaceptable por parte del Estado y la sociedad.

En Marmato, la infraestructura existente, incluyendo saneamiento y educación, ha sido construida comunitariamente en colaboración con algunas ayudas estatales. El Gobierno Nacional y los Gobiernos locales deben incluir a las comunidades mineras como socias en la construcción de progreso, justicia social y equidad. Un formalismo legal e injusto, no puede primar sobre la legitimidad construida por la comunidad minera de esta región históricamente importante. Hago un llamado respetuoso al Estado y al Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, para que rompa con esta tradición de olvido, exclusión y persecución, e intervenga de manera justa, impidiendo la expulsión y evitando el abandono de la comunidad. Un llamado al Gobierno de la Vida, para arbitrar y restablecer la legalidad en Marmato, a reconocer a quienes desde el trabajo honesto, persistente y aguerrido construyen bienestar. Marmato es Colombia, lo que suceda allí tendrá repercusiones en todo el país.

Luis Emil Sanabria D.

El Consejo Nacional de Paz, mucho entusiasmo y pocos resultados

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Oct 2, 2023. Publicado en Con los pies en la tierra, Opinión. No hay comentarios en El Consejo Nacional de Paz, mucho entusiasmo y pocos resultados

La primera vez que participé de un Consejo de Paz, fue en 1992, cuando se estaba iniciando la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y el E.P.L., pues esta guerrilla había pactado una figura de participación complementaria a las Asambleas Comunitarias que definían participativamente la realización de proyectos de desarrollo y productivos, en zonas en donde esta organización tuvo influencias, todo esto bajo la figura del Plan Nacional de Rehabilitación-PNR surgido de la política de paz en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), desarrollado en el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y asumido como elemento sustancial para ejecutar algunos acuerdos firmados con las guerrillas de la época.

Por esa época me habían responsabilizado del proceso de reinserción de las y los excombatientes guerrilleros que operaban en los Santanderes y el Sur de Cesar, y avanzar colectivamente en propiciar cambios en las zonas de influencia guerrillera, buscando incidir en la superación de la pobreza, en mejorar la presencia institucional y avanzar en el proceso de cambio, a raíz de la recién estrenada Constitución Política y la figura de la democracia participativa. Los consejos de paz eran un modelo cerrado de concertación entre la institucionalidad, algunos líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz, buscando aportar ideas para la inversión en proyectos de desarrollo y la superación de las en las zonas de anteriores operaciones militares de las guerrillas desmovilizadas.

Posteriormente, la idea de la creación de un Consejo Nacional de Paz- CNP y de Consejos Regionales, comenzó a marcar la agenda del movimiento nacional por la paz y la recién conformada REDEPAZ en 1993, buscando reglamentar el artículo 22 de Constitución Política Nacional que define la Paz como derecho y deber. Se recogieron firmas de respaldo a un proyecto de Ley que, aunque no alcanzaron para que este fuera discutido en el congreso, sirvió de guía en la continuidad de la iniciativa que se ventiló con más fuerza en la campaña del mandato de los niños y niñas por la paz en 1996 y en el mandato por la paz de 1997, realizados por la sociedad civil durante el gobierno de Ernesto Samper P (1994-1998). Fue a través de la Ley 434 de 1997, que finalmente se creó esta instancia y que casi automáticamente fue acogida por algunos de los recién elegidos gobernadores.

Se instaló el Consejo Nacional de Paz y algunos departamentales, se intentó ponerlos a marchar efectivamente, pero su importancia y operatividad nunca fueron valoradas por los siguientes gobiernos. En época de los diálogos del Caguán entre el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), el CNP no jugó como colectivo ningún papel preponderante, y luego su figura fue languideciendo hasta desaparecer en los gobiernos de Álvaro Uribe V (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010- 2014). Solo en el segundo gobierno de Santos (2014-2018), y gracias nuevamente a la iniciativa de la sociedad civil, se conformó un Comité de Impulso para convocar el CNP; este comité, haciendo uso de acciones legales logró que finalmente se convocara la conformación e instalación del Consejo Nacional de Paz y el Comité Nacional de Paz -instancia de dirección del Consejo- y se promoviera la instalación de Consejos Departamentales y Municipales; Sin embargo, esta instancia no logró jugar algún papel destacado en los diálogos entre el Gobierno Nacional y las FARC-Ep, y su actuación fue relegada a unas cuantas sesiones, poco productivas.

Paralelamente, en los diálogos para el logro del acuerdo de Paz firmado en 2016, entre el Gobierno Nacional y la FARC-Ep, se incluyó la figura de un Consejo Nacional de Reconciliación y Convivencia, que luego en la implementación y gracias a las gestiones del recién instalado Consejo Nacional de Paz y el Alto Comisionado para la Paz, se fusionarían mediante decreto ley 885 de 2017 firmado por el presidente Santos, se ampliaran sus facultades y su conformación, dando origen al nuevo Consejo Nacional de Paz Reconciliación y Convivencia- CNPRC que, aunque irregularmente y más por iniciativa del Comité, logró avanzar en algunos temas relacionados con sus funciones y la construcción de lo que debería ser una política estatal de reconciliación y convivencia, que incluiría un fuerte componente de Cultura de Paz.

Con la llegada de otro gobierno, esta vez en cabeza del presidente Iván Duque (2018-2022), el entusiasmo duraría poco, y el papel del CNPRC y de los Consejos territoriales, se fue marchitando, así como la implementación del acuerdo y el optimismo de la sociedad frente a la construcción de la paz. Solo algunos Consejos Territoriales mantuvieron el respaldo de sus respectivos gobiernos y el entusiasmo de sus miembros.

Con la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez, quien fuera presidenta del Comité Nacional de Paz en el 2021, se preveía tal y como fue sugerido por la comisión de empalme, que esta figura jugaría un papel destacado en la construcción de la llamada Paz Total. Algunos llegamos a soñar que en lugar citar con urgencia, solo los Consejos de Seguridad, también se convocaría ante algún hecho violento relevante, al menos el Comité Nacional de Paz; sin embargo, pasados más de trece meses de gobierno, y luego de reinstalada la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional-ELN, logrado un primer acuerdo con las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, e instaladas mesas de diálogo con grupos armados urbanos en Medellín, Buenaventura y Cali, esta instancia ha sido convocada solo una vez, en una sesión bastante irregular, con la participación del Presidente de la República y del Alto Comisionado para la Paz, así como de delegadas y delegados de sectores sociales y empresariales, que ya cumplieron su periodo legal.

Mientras tanto, la mesa de diálogo Gobierno Nacional- ELN, pactó sus propios mecanismos de asesoría para la construcción de la metodología de participación ciudadana, como es el caso del Comité Nacional de Participación- CNP, proceso que no incluye la figura del Consejo Nacional de Paz; ocurriendo lo mismo en la mesa de diálogo con el Estado Mayor Central de las FARC, que al parecer tampoco lo incluye, al igual que en las mesas de diálogo a nivel urbano. Sin embargo, esta instancia o algunos de sus miembros, que ya cumplieron su periodo legal de representación, siguen actuando a nombre de un Comité Nacional que tampoco tiene vigencia.

Todo lo anterior demuestra que, esta figura legal no cumplió, ni cumple, con las expectativas de los diálogos de paz actuales, ni hace parte del andamiaje metodológico que los debiera promover y sustentar, o de una política pública en relación con la reconciliación, la convivencia y la cultura de paz, lo que inevitablemente me lleva a proponerle al Gobierno Nacional, que promueva un proyecto de ley que derogue la vigencia de la Ley 434 de 1997 y el decreto 885 de 2017, previa consulta con las y los voceros de los firmantes de paz de la FARC-Ep, y que en su defecto, se promueva un Consejo Asesor para construir y promover una política pública en materia de Cultura de Paz, Reconciliación y Convivencia, en donde un grupo importante y con experiencia de personas provenientes de diversos sectores de la sociedad, pueda asesorar la construcción de la ruta que nos lleve a la firma de un Gran Pacto Nacional de Paz.

Luis Emil Sanabria D.

Más allá de lo apenas predecible

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Sep 25, 2023. Publicado en Con los pies en la tierra, Opinión. No hay comentarios en Más allá de lo apenas predecible

En cada una de las visitas a las comunidades, en cada reunión de cafetín o en encuentros virtuales, no falta la pregunta, ¿cómo ves el gobierno del cambio? ¿Lo está haciendo bien o mal el presidente Petro?, e instintivamente, dependiendo de mi estado de ánimo, me atrevo a lanzar algunas opiniones, unas más optimistas que otras, guardando siempre el decoro y la solidaridad, con el primer gobierno de la llamada izquierda democrática colombiana.

A mi modo de ver, el Gobierno Nacional lo está haciendo bien, si consideramos que se gobierna a un Estado que arrastra el lastre de la corrupción a todos los niveles, que ha heredado la carga de una inmensa deuda externa del sector público, y que estamos atravesados por el fenómeno del narcotráfico y el lavado de activos que rompe con los análisis y las medidas económicas tradicionales, un Estado debilitado por las políticas neoliberales que privilegian las ganancias del sector privado especulador y que niega derechos fundamentales de los trabajadores y las mayorías, una sociedad atravesada por un Conflicto Armado Interno que genera graves daños y mucho dolor a los más necesitados, y que debilita la capacidad de respuesta del gobierno a fenómenos como la pobreza y la exclusión, un gobierno que se enfrenta a una oposición extremadamente mezquina, rencorosa y violenta, organizada a todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad, la mayoría de ella parásita, que se ha enriquecido a expensas de debilitar y apoderarse de los recursos del Estado y del narcotráfico.

Pero más allá de lo apenas predecible, y a propósito de la convocatoria a la Jornada Nacional por la Vida, la Paz y el Cambio Social, que se realizará este 27 de septiembre, como una actividad más, en donde convergen la iniciativa de las organizaciones sindicales, sociales, étnicas, comunales y el Gobierno Nacional, me atrevo a escribir unas líneas que considero pertinentes, con el ánimo de contribuir al debate constructivo, desde la orilla de quienes llevamos toda una vida luchando por las transformaciones sociales, políticas y económicas, que nos conduzcan al goce pleno de la Vida, la Libertad y la Dignidad.

El Nuevo Gobierno, sin duda alguna, ha dado pasos importantes en la búsqueda de un mejor vivir para lo cual requiere ponerle fin al conflicto armado, al narcotráfico, a la corrupción, y librar una justa batalla contra el cambio climático, producido por la economía construida sobre los hidrocarburos. Un gobierno que busca revertir las prácticas neoliberales y las constantes violaciones a los Derechos Humanos que tanto daño han hecho a la Democracia, al Estado Social de Derecho, a la equidad y al desarrollo del país; un gobierno al cual, a pesar de su evidente compromiso, le surgen desde diferentes orillas, las críticas y los señalamientos, sobre su capacidad real de gobernar, ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo, y lograr un gran Pacto Nacional por la Paz y la Reconciliación.

Para el Gobierno Nacional, no es fácil gobernar sin que la coalición -formal y no formal-, bautizada como Pacto Histórico, se haya consolidado y haya logrado construir, unas tesis políticas e ideológicas claras, que sirvan de bitácora ejecutiva, de eje de la deliberación frente a otras expresiones políticas y de centro gravitacional que atraiga conscientemente a la ciudadanía. Quienes hoy nos sentimos parte de esta coalición, no hemos podido construir una propuesta unificada acerca del tipo de Estado que queremos, su modelo de democracia, la descentralización o el reordenamiento territorial, la oferta sobre un nuevo modelo económico, y nos alineamos sin mucha discusión, a la inercia del esquema actual de la estructura del Estado, de la economía de mercado y de la democracia representativa que le sustenta, como si solo bastara, para hacer realidad las reivindicaciones propias del pueblo, que lo que no se gana en el congreso, vía deliberación o concesión -entendiendo o aceptando que somos minorías-, se logrará con la llamada lucha callejera.

A corto y mediano plazo, como PH tendremos que superar el sectarismo y el “canibalismo” político internos, la tensión constante entre el parlamentarismo versus organizaciones sociales, que se define siempre en detrimento de los segundos, la búsqueda de victorias personales, la falta de mecanismos claros para la toma de decisiones que se evidenció en la entrega de algunos avales a los y las candidatas a las próximas elecciones y que seguramente no traerá muy buenas noticias en términos de ganar gran parte de la gobernabilidad local.

Si el Pacto Histórico quiere respaldar y mantener la Gobernabilidad Nacional, evitar los incumplimientos a las promesas electorales, debe avocarse a desatar un debate amplio y generoso, que recorra los territorios e incluya a las organizaciones sociales y políticas de base, para definir y fortalecer la estructura organizativa para este periodo de la historia, es decir, avanzar en la construcción, por ahora, de un Frente Amplio, en donde convivan democráticamente, las personerías políticas que hoy existen, y en donde las organizaciones sociales, en igualdad de condiciones, sean reconocidas como actoras fundamentales del cambio y la gobernabilidad.

Aún no tenemos claro, si lo que queremos es fortalecer o renovar el Capitalismo, al que señalamos de culpable del calentamiento global y sus consecuencias, e involucrar en esta teoría a los pueblos étnicos que lo rechazan, o dejar que la autofagia haga su trabajo y algún día, si la evolución humana continúa, tener un modelo económico, político y social mejor; no hay acuerdo explícito, si lo que queremos es un modelo planificador centralizado, con un presidencialismo fuerte, como hasta ahora sigue ocurriendo, o un modelo que heche mano del federalismo, reconozca las autonomías y gobiernos propios de los pueblos étnicos y sea a su vez una república unitaria.

No tenemos una decisión colectiva sobre, si debemos avanzar hacia una sociedad en donde el poder popular, la soberanía y la democracia directa, sean o no eje fundamental de la convivencia y el desarrollo, o no; no hay consenso sobre, si queremos una reforma rural que favorezca la propiedad privada individual y el modelo capitalista que posiblemente luego la revierta por la vía de la oferta y la demanda, o una reforma rural que privilegie la propiedad de la tierra y el territorio en manos del Estado, de las organizaciones solidarias campesinas o de los pueblos étnicos, con planeación de la producción, comercio justo y centros de producción y desarrollo regionales.

Muchas personas afirmamos que este gobierno es de transición democrática, pero todavía en el PH, no hemos logrado consensuar hacia dónde queremos que nos conduzca esa transición democrática, ¿hacia un modelo liberal keynesiano renovado o modernizado? ¿hacia un socialismo democrático o una socialdemocracia? ¿hacia un modelo de planeación y democracia centralizada, con partido único?, o seremos capaces de escucharnos, de revisar y reconocer nuestras culturas y tradiciones milenarias, de estudiar y examinar en los avances científicos, tecnológicos y productivos contemporáneos ligados a la economía de mercado y otras estructuras sociales, la posibilidad de crear las condiciones necesarias, para que germine una propuesta incluyente, que nos saque de este círculo vicioso de pobrezas, miserias y violencias, en medio del llamado País de la Belleza.

Luis Emil Sanabria D.

Hay que mejorar en la instalación de la cultura de paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Sep 17, 2023. Publicado en Con los pies en la tierra, Opinión. No hay comentarios en Hay que mejorar en la instalación de la cultura de paz

En el municipio de Tierralta, Córdoba, hombres armados pertenecientes al ejército nacional se hacen pasar por disidencias de la FARC para intimidar a la población civil, causar zozobra y sabotear el proceso de diálogo; en algunas ciudades, los vecinos recolectan dinero para dotar de motos, armas, radios y uniformes a personal contratado y voluntario para ejercer violencia contra vendedores ambulantes, personas habitantes o en situación de calle, vecinos “ruidosos” o jóvenes que usan los parques a manera de sitio de encuentro.

Al tiempo, en algunas empresas, los guardas de seguridad intimidan a los visitantes que toman fotos en un centro comercial o a quienes buscan una respuesta a sus inquietudes o solicitudes; en la calle algunas personas responden a los requerimientos de las autoridades de tránsito con la reconocida frase “usted no sabe quién soy yo”, pretendiendo intimidar a los funcionarios públicos y evitar una posible sanción; en un hogar, una pareja amedrenta a su cónyuge amenazándola con ser golpeada y alardeando un arma de fuego que porta legalmente en su cintura; en un resguardo indígena una autoridad envía a un piquete de guardias para intimidar y detener, exponiéndolos al sol y al agua por más de 4 horas, a dos jóvenes de ciudad que se “atrevieron” a tomar una foto de un sitio sagrado.

Estos son, algunos de los casos de violencia física o psicológica que ocurren habitualmente en nuestros campos y ciudades, y que amenazan constantemente la convivencia y la posibilidad de reconciliación, y que debe motivar la ocupación de los gobiernos, las entidades del Estado y la llamada sociedad civil organizada; pero, más allá de reseñar los hechos, que son efectivamente delicados, surgen inevitablemente algunas preguntas. ¿Qué origina estos comportamientos? ¿qué podemos hacer como sociedad para superarlos y prevenir que estos lamentables comportamientos sigan ocurriendo?

Con el ánimo de generar alguna reacción en los lectores, me atrevo a señalar que los orígenes de estas situaciones, tienen que ver con los problemas o propuestas políticas que impiden el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad del Estado como garante de derechos y responsable de la aplicación efectiva de justicia, a su incapacidad de garantizar, en el marco de la Constitución -entendida esta como el acuerdo máximo que nos mantiene cohesionados como personas con derechos y deberes pertenecientes a una república-, el cumplimiento, sin excepción alguna, de las normas de convivencia generadas a partir del reconocimiento de la universalidad e indivisibilidad de los Derechos Humanos, lo que, finalmente se refleja en la gran dificultad que como sociedad hemos tenido para consolidar la convivencia y el respeto por el otro y la otra, como elementos centrales del desarrollo humano sostenible.

El haber hecho uso constante de la violencia social, política y armada para imponer un punto de vista y alcanzar derechos o hacer visibles algunas reivindicaciones; el incumplimiento constante por parte del Estado y los Gobiernos, de acuerdos o pactos firmados, luego de jornadas de movilización social; el haber naturalizado la dominación y el miedo como elementos sustanciales para el mantenimiento de un supuesto orden social o espiritual, dictado por alguna autoridad superior; la imposición de una cultura patriarcal que obliga comportamientos y niega derechos, especialmente a las mujeres y a la población LGBTIQ+; el desarrollo de modelos de ciudad que colocan lo exclusivo (conjuntos residenciales, edificios, parques, clubes, centros comerciales, etc.) como la meta individual a alcanzar u obtener, para ser reconocidos como personas exitosas, son algunas de las consideraciones que sumadas pueden derivar en la poca legitimidad que hoy tiene el Estado y motivar entre otras, el uso de la llamada “justicia por mano propia” o la negación y el despojo de derechos, a importantes sectores de la población o a individuos en estado de indefensión.

Abordar situaciones problemáticas o conflictivas complejas, como las aquí enunciadas, buscando su transformación, para avanzar hacia una colectividad con mejores niveles de convivencia pacífica, debe contemplar la generación de múltiples niveles de acción ciudadana, de consensos y acuerdos sociales y políticos; de allí la importancia de que, la sociedad en general y cada uno de los habitantes de nuestro territorio, asuman en correspondencia con sus niveles de responsabilidad, liderazgo o posición social, los comportamientos proclives al cambio efectivo de las causas que originan dichos conflictos, comprometiéndose a resarcir o mitigar las consecuencias que estos han generado.

En ese sentido, las transformaciones o reformas que nos conduzcan a la justicia social y ambiental, a la equidad, al goce pleno de los derechos humanos, y a la democracia participativa profunda, que equilibraría la democracia directa con la democracia representativa, los esfuerzos por superar definitivamente el narcotráfico, la corrupción, el lavado de activos, la impunidad y el uso del aparato estatal para beneficio propio, la solución política, pacífica y negociada del conflicto armado interno, el desmonte de la cultura paramilitar y del todo vale, entre otras consideraciones, debe acompañarse de una serie de estrategias de sensibilización, comunicación y acción que nos permitan instalar a corto, mediano y largo plazo, la cultura de paz, convivencia y reconciliación, que necesitamos.

Más allá de los llamados a depurar el aparato estatal, las fuerzas armadas y de policía, a retomar la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y construir una prensa libre y responsable, lejos de las manipulaciones y las llamadas fake news (falsas noticias), deberíamos también asumir como propósito nacional, el fortalecimiento cultural y actitudinal de ciudadanías amorosas, solidarias, sentipensantes, comprometidas con la vida y la dignidad, recurriendo a las nuevas pedagogías, dentro y fuera del currículo oficial, a las comunicaciones populares y oficiales, al arte y la cultura, al poder de la soberanía popular y de la participación ciudadana, con el apoyo y el respaldo real y efectivo del Gobierno Nacional y los gobiernos locales.

La Paz Total exige la generación de una estrategia urgente y sincronizada en cabeza del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, reconociendo y promoviendo los esfuerzos y elaboraciones de las organizaciones que trabajan por la paz y la noviolencia; una estrategia, que aporte de manera permanente y masiva, a la instalación y apropiación ciudadana de otras formas de transformación de los conflictos que no incluyan el uso de la violencia, el abuso de poder o las violaciones a los derechos fundamentales y que promueva comportamientos asertivos en relación con el reconocimiento de la diferencia, los derechos, los deberes y la construcción de consensos y acuerdos que hagan posible la convivencia y la reconciliación.

Luis Emil Sanabria D.

Todos y todas deberíamos acompañar el propósito de la reforma rural integral

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Sep 10, 2023. Publicado en Libertad y democracia, Opinión. No hay comentarios en Todos y todas deberíamos acompañar el propósito de la reforma rural integral

Mucho revuelo ha causado en algunos líderes políticos, gremios y periodistas, el “atrevimiento” del Gobierno Nacional y de la ministra de agricultura de proponer un decreto para fortalecer la movilización y la organización campesina. Que abominación tan grande, que atrevimiento el de este gobierno al querer organizar a los ninguneados, a los parias, a los excluidos, a los despojados, a los sin tierra, y más aún, pretender reconocerles capacidad política y de movilización, para hacer realidad la tal reforma agraria.

Se multiplicaron las voces estigmatizadoras, se indignaron los despojadores de tierras, se molestaron los acumuladores de millones de hectáreas, se incomodaron los narcotraficantes y lavadores de dólares, se rasgaron los vestidos e “hicieron sonar las joyas”, las señoras y señores feudales. Cómo es posible que la servidumbre vaya a tener nuevamente el acompañamiento de un gobierno que con recursos provenientes de los impuestos de la “gente de bien”, pretende apoyar la organización y la movilización y quién sabe qué más acciones, atentatorias contra el buen nombre y buen transcurrir de la vida en el campo.

Se les olvida o recurren al olvido generalizado, que Colombia es uno de los pocos países en el mundo en donde no ha sido posible la democratización de la tierra, en donde millones de hectáreas de propiedad de todos y todas, bajo el pretexto de “terrenos baldíos”, han sido apropiadas ilegalmente. Miles de metros cuadrados de humedales y ciénagas, en donde tradicionalmente se paseaban las aves, se pescaba o se gozaba de la vida han sido intervenidos o desecados, con el cuento del desarrollo ganadero.

Han sido los y las campesinas, constantemente obligados por fuerza de la violencia, la persecución, el hambre y la pobreza, llevados a romper selvas y bosques, a enfrentarse o buscar refugio en los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes, a sembrar coca o marihuana, han sido las y los campesinos los utilizados como carne de cañón en una guerra que no les pertenece. ¿Cuántos colegios, cuantas universidades, cuantos hospitales o puestos de salud, cuantos distritos de riego, cuantas viviendas o acueductos han construido los gobiernos de quienes hoy posan para las cámaras con lágrimas en los ojos, para beneficio del campesinado?

En un país medianamente democrático e incluyente, que piense en el desarrollo, la producción y la equidad, se debería estar brincando de alegría, con la noticia de que un gobierno esté pensando en hacer realidad la Reforma Rural y en organizar a las y los campesinos para que, en coordinación con las instituciones, se logre superar el atraso y las violencias en el campo, y romper la dominación violenta que los actores armados imponen en los territorios. No es para menos, teniendo en cuenta que lo que se busca superar o transformar, es el conflicto por la tierra, que dio origen junto con las persecuciones políticas e ideológicas desatadas en los años 50 y 60 del siglo pasado a las violencias políticas que hoy nos afectan profundamente.

Pero, más allá de defender una iniciativa campesina, que es recogida por un gobierno y solo a manera de recordación, para quienes piensan que esta administración es muy generosa con los y las campesinas y que el decreto atenta contra el derecho a la propiedad y que solo quiere polarizar, les hago un pequeño recordatorio de cómo la violencia desatada contra el movimiento campesino en época del tristemente célebre presidente godo Guillermo León Valencia, hoy todavía se manifiesta.

Según los registros de la Unidad Atención y Reparación Integral a las Víctimas- URIV, a primero de junio de 2023, entre los hechos victimizantes que este sector de la población ha sufrido, está el desplazamiento forzado, pues hoy se reportan oficialmente 6.908.681 víctimas de esta afectación. Asimismo, 400.257 personas del campo han soportado amenazas (de un total de 626.915), y 172.453 sufrieron homicidio (de un total de 1.091.430); pero esto, solo son unas cifras, de las muchas que el conflicto violento contra el pueblo ha producido, lo peor, es el grave daño social, político y económico que se ha infringido contra uno de los más importantes sectores, que conforman la sociedad y la cultura colombiana.

Durante más de 60 años, los poderes ocultos y reconocidos, se han ensañado contra los y las lideresas campesinas, buscando exterminar a sus organizaciones, despojándolas de su voz y su capacidad política, aprovechándose de los manejos económicos errados y del poder que el narcotráfico y la corrupción les ha otorgado, para intentar desaparecer la cultura y la vida en el campo. La mayoría de las víctimas de reparación colectiva, reconocidas por el Estado, son de origen campesino y rurales. Organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos- ANUC, la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia –ANMUCIC, la ANUC- Unidad y Reconstrucción, entre otras, son ejemplo del daño y dolor que les han causado las campañas de estigmatización, exterminio y despojo.

Si Colombia, realmente quiere un cambio, no debería aplazar más, por ningún motivo, la posibilidad de adelantar una reforma rural integral, que reconozca todas las formas de vivir y gozar la tierra y el territorio, una reforma rural apoyada en las organizaciones campesinas y rurales, no solo para movilizarse por carretas y ciudades, exigiendo o buscando tierras, infraestructura vial, distritos de riego, tecnología, apoyo económico y mercadeo, salud, vivienda y educación, sino también para fortalecer un gran torrente de organizaciones, que basadas en la economía solidaria, popular, cooperativa, familiar o privada, hagan posible vivir y permanecer en el campo, lograr la soberanía alimentaria nacional, aumentar y mejorar la producción agrícola y pecuaria, avanzar hacia la transformación y el mercadeo de los productos, la apropiación técnica y tecnológica, el cuidado y respeto por el ambiente, entre muchas consideraciones.

Si verdaderamente queremos la paz, la justicia social, la equidad, superar las pobrezas, el hambre y la desnutrición, deberíamos acompañar el propósito de la reforma rural, y las y los poseedores de tierras despojadas, las y los tenientes de tierras improductivas, las y los invasores de las rondas de los ríos, ciénagas y humedales, deberían sentirse convocados desde la bondad y la generosidad, desde la justicia y el compromiso, a buscar todos los caminos posibles, para que la Agencia nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, y el Ministerio del Ambiente, puedan adquirir, recibir y recuperar las propiedades que pueden ser objeto de reforma y las que deben ser recobradas para la lucha contra el cambio climático.

Es el momento de hacer justicia con las y los campesinos, es ahora, es hoy. No podemos pasar a la historia nuevamente, como aquellos que pudimos hacer todo lo que estaba a nuestro alcance para hacer justicia en el campo, y la mezquindad, el egoísmo, la avaricia, la falta de solidaridad, o los dogmas ideológicos y políticos nos impidieron hacerlo.

Luis Emil Sanabria D

La convivencia y la seguridad, más que persuasión y represión

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Sep 3, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Por: Luis Emil Sanabria D.

El pasado jueves, un hecho doloroso que cobró la vida de un joven que, al parecer acababa de hurtar una bicicleta, nos sacudió el alma y despertó en la ciudadanía bogotana, las más profundas pasiones. Y no era para menos, ya que un grupo de vecinos, momentáneamente poseídos por la ira y el desapego por la vida, arremetieron contra la humanidad de una persona, arrastrándole desnudo por las calles, hasta causarle la muerte a golpes y puñaladas. Se convirtieron de la noche a la mañana en asesinos.

No fue justicia lo que se aplicó, fue un linchamiento público, una de las más bajas demostraciones de crueldad del ser humano. Pero más allá de la noticia, qué hay detrás de esta manifestación de violencia feroz, que hace que las personas seguramente sin antecedentes judiciales reaccionen de esta forma frente a un caso de delincuencia común. ¿Qué lógica o qué cúmulo de condiciones se reunieron para que ocurriera este lamentable suceso?

Algunos se han apresurado a manifestar que esta fue la respuesta lógica a la falta de aplicación de justicia por parte del Estado, o a la debilidad de las leyes que en lugar de castigar al delincuente, se le premia o se mantiene en la impunidad; otros y otras, han señalado que lo sucedido se debió a la falta de una política de seguridad eficaz, que debe ser aplicada por la policía, y a renglón seguido, proponen la necesidad de aumentar del pie de fuerza policial, de mejorar su capacidad investigativa y llenar de cámaras la ciudad. Muy pocos hablaron de ir a la solución de las causas estructurales que motivan estas conductas.

Más que señalar a los delincuentes, a los victimarios, a la justicia y a la policía, para obtener audiencia política electoral, deberíamos abrir un debate sincero, sin prejuicios y sin perjuicio, sobre la política de convivencia y seguridad en una ciudad tan grande y cosmopolita como Bogotá. Por supuesto que la ineficacia de los planes de seguridad y las instituciones policiales y judiciales, al perseguir el delito y aplicar justicia, son determinantes; sin embargo, hay que explorar otras causas dentro de los círculos complejos que alimentan las violencias urbanas, la generación de delincuencias y las condiciones que hacen que, un ciudadano/a se convierta en victimario, y que, en el caso de Bogotá nos lleva a tener una de las tasas de asesinatos mas alta, en relación con algunas ciudades de américa latina.

Para el 2022 se reportó en Bogotá, la tasa de homicidios más baja en los últimos años, 12,8 por cada 100 mil habitantes, lo que representó aproximadamente 1010 homicidios; sin embargo, esta tasa sigue siendo alta, en comparación con las tasas de homicidios de ciudades como Quito (6,29 por cada 100.000 hab.) o Buenos Aires (2,86 por cada 100.000 hab.). Disminuir en un futuro próximo, la tasa de homicidios de Bogotá, a niveles cercanos al 7,0 por cada 100.000 habitantes, y a mediano y largo plazo, por lo menos a 3,0 homicidios por cada 100.000 habitantes, debería ser un acuerdo social, político y económico de todas y todos los que habitamos esta ciudad.

Qué deberíamos hacer para lograr estas metas, que no son irracionales, ni propias de una mente enferma, más, si tenemos en cuenta que esta ciudad alimenta y recibe (al igual que otras ciudades), la carga funesta de un conflicto armado y en cuyo territorio inevitablemente se reproducen prácticas violentas políticas y sociales. Una ciudad que, entre otras cosas exporta y hereda, dolores y venganzas, una capital que reproduce la segregación, la estigmatización y el racismo.

Por supuesto, ante la crisis señalada, es necesario una estrategia de choque que tiene que ver primero con el fortalecimiento del pie de fuerza de la policía, no solo en la cantidad que se necesita, con sus apoyos logísticos, tecnológicos y de inteligencia adecuados, si no especialmente en calidad. Necesitamos agentes de policía que reconozcan, respeten, promuevan y vivan los Derechos Humanos, agentes capacitados para impulsar la convivencia, para apoyar la transformación pacífica de los conflictos cotidianos, y en valores como la solidaridad y la honestidad. Necesitamos una institución en cuyo interior se respeten los derechos fundamentales de sus integrantes, que no tolere el acoso laboral o la violencia sexual, que las ordenes no estén mediadas por “favores” sexuales o materiales, que los turnos o los traslados no afecten la convivencia y el amor familiar. Una institución en la que todos y todas sus funcionarias, puedan aspirar a dirigirla, y en la que la ciudadanía confíe.

Otro componente imprescindible de una política de convivencia, seguridad y paz, sería rodear los esfuerzos de Paz Total y diálogos con todos los actores armados, que adelanta el Gobierno Nacional, ya que, en Bogotá estos grupos, no solamente se proveen de pertrechos (botas, uniformes, etc.), armas (fusiles, pistolas, etc.) y municiones, sino que también, enrolan o reclutan combatientes, y hacen presencia militar, política y económica. En el caso del llamado Clan del Golfo, se reconoce que existe desde hace varios años, coordinación con bandas criminales como Los Pascuales, Los Pereiranos, el Tren de Aragua, Los Boyacos, Los Paisas, o Los Sayayines, y cuyas estructuras, no se desmontarán solo haciendo uso de la fuerza o la inteligencia, sino también, apoyando las políticas nacionales de sometimiento a la justicia, a través de diálogos socio-jurídicos. Así, podremos pensar en la disminución real del fenómeno del microtráfico y consumo de sustancias psicoactivas.

Será necesario, un ambicioso programa a mediano y largo plazo, para la superación de la pobreza (36% de la población) y la pobreza extrema (9,5% de la población) que obliga a que aproximadamente 752.000 habitantes de la ciudad, reciban la noche con solo una o dos raciones de comida. Hay que fortalecer el sistema educativo público, mejorando su pertinencia en relación con la vocación económica de la ciudad, las localidades y las exigencias internacionales y nacionales relacionadas con las tecnologías de la informática y las comunicaciones, y el dominio de una segunda lengua universal, como el inglés. Se debe promover un programa solidario y comunitario de microfinanzas, para romper los círculos esclavizadores del gota a gota, e implementar un plan de apoyos reales a las economías cooperativas, populares y solidarias, y a las Pyme y Mini Pyme.

Finalmente, entre otros componentes, será necesario renunciar a las estrategias fallidas que, alimentan la idea del enemigo interno, que propenden por la privatización de la seguridad y la vinculación de civiles a los llamados Frentes de Seguridad, y avanzar hacia una estrategia que combine el fortalecimiento de la Cultura Ciudadana, en relación con los valores, la democracia, los derechos y los deberes, la convivencia y la transformación pacífica de conflictos; la consolidación de los comités de convivencia de las Juntas de Acción Comunal y los Consejos de Administración de Propiedad Horizontal, que sean apoyo fundamental para prevenir la violencia intrafamiliar mediante acciones pedagógicas y comunicativas; y la conformación de comités de Derechos Humanos, solidaridad y cuidados en los entornos escolares y las instituciones para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, la vinculación de jóvenes a las bandas delincuenciales, los atracos, la violencia sexual, la violencia estatal y política, y demás manifestaciones de violencia urbana.

La paz, la convivencia y la seguridad, van de la mano con el goce pleno de los derechos humanos; intentar promover acciones aisladas, o implementar solo programas represivos o persuasivos, reiterando acciones ineficaces que han generado más problemas, sin intentar cambiar las causas estructurales que hacen que la sociedad genere altos niveles de violencia física, verbal o psicológica, es una actitud demencial que no nos llevará a ninguna solución duradera.

Semana por la paz #36, juntanzas creadoras de paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ago 27, 2023. Publicado en Colombia, Con los pies en la tierra, Opinión.

Por: Luis Emil Sanabria Durán

Ya viene la Semana nacional por la Paz #36, que este año se celebra del 3 al 10 de septiembre, y que en otras regiones ya alcanza a ser un Mes por la Paz, teniendo como eje de su realización, el 9 de septiembre, día de los derechos humanos en Colombia que, bajo el lema, Juntanzas Creadoras de Paz, pretende convocar a miles de colombianos y colombianas.

Más menos a principios de febrero de todos los años, desde 1987, organizaciones de la sociedad civil colombiana, de todas las regiones del país, se convocan bajo el llamado que realiza Redepaz, Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, el CINEP-Programa por la Paz, Redprodepaz y la Pontificia Universidad Javeriana. Hoy, gracias a los aprendizajes en el uso de las plataformas virtuales, se hace más fácil el encuentro de cientos de personas que, se reúnen a deliberar sobre la paz y la forma en que se debe evidenciar el compromiso de la ciudadanía, con este anhelo nacional tan esquivo, pero tan urgente.

Son muchos los esfuerzos se coordinan desde principios de año, con el compromiso siempre presente de que, cada propuesta que se pretenda realizar, debe ser asumida principalmente por la organización que la propone y que, en el caso de acciones nacionales, se apadrinada o coordinada con el acompañamiento colectivo. Sin embrago, aunque no parezca cierto, nunca ha sido fácil conseguir los recursos logísticos y económicos que permitan la realización de todas las actividades inicialmente identificadas que, hagan visibles todas las acciones e iniciativas que la ciudadanía realiza por la paz; este año en particular, tanto las instituciones nacionales, departamentales o municipales, con algunas excepciones, han brillado por su ausencia, para respaldar debidamente, la iniciativa ciudadana a favor de la paz.

La semana por la paz continúa, el telón del teatro de las violencias todavía no se ha bajado, y el espectáculo de la muerte sigue causando daños y dolores a cientos de miles de personas. Mientras lees esta nota, seguramente, un grupo armado ilegal se esté ensañando con una familia o una comunidad y se esté causando este año, la masacre #63 o 64; una nueva lideresa o líder social, haya sido asesinado, y la escalofriante cifra sobrepase, los 116 o 117 homicidios durante el 2023, o un nuevo firmante de paz caiga bajo las balas homicidas de quienes se oponen a la reconciliación y esta cifra, como un mal presagio, exceda las 400 muertes violentas, desde que se firmó el acuerdo de paz.

Durante este rato, que dispusiste para leer este artículo, seguramente un habitante de este adolorido territorio, ha sido secuestrado, extorsionado, desaparecido, una mujer ha sido víctima de violencia sexual y expuesta como trofeo de guerra, un niño o una niña ha sido reclutada, un adolescente indígena se ha suicidado para evitar ser vinculado a un grupo armado, un niño, una niña o un joven ha caído en alguna mina antipersonal, un combatiente, un policía o un soldado, ha muerto bajo el certero disparo asesino de un francotirador, o un artefacto explosivo, le ha dejado ciego o con alguna otra discapacidad física o mental.

Por eso, la Semana por la Paz, es ese ejercicio titánico de quienes, desde la fragilidad ciudadana, toman la iniciativa por la paz y se van, como “liebres alimentadas de deseos” contra la guerra, intentando que los reivindicadores de la muerte escuchen su clamor, tratando de evitar que, cumplan su sueño de “intentar desaparecer la Patria entera”, y de exhibir “el verdadero rostro de la Patria que ofrecen los sicarios”, como escribiera mi amigo, vilmente torturado y asesinado, Chucho Peña, en su poema Desaparecidos, a propósito del 30 de agosto día del detenido desaparecido.

Los unicornios de la vida, aquellos hombres, mujeres y no binarios, de todas las edades y todas las culturas, que se pasean a galope sobre montañas y veredas, que se embarcan en lanchas o pangas, han levantado este año, la bandera de, Las Juntanzas, para que cada comunidad sienta que su trabajo por el bien común, tiene sentido, que su esfuerzo salvaguardando el patrimonio cultural y la biodiversidad de nuestros territorios, no se perderá bajo los planes macabros de quienes, desde el poder económico, político o armado, atentan contra el amor y la solidaridad.

Y es que, como lo expresa la convocatoria de la semana por la paz #36, Las Juntanzas, propias de comunidades indígenas, afros y campesinas, se han convertido en toda una filosofía de vida, inspirando poco a poco a otros territorios (académicos, culturales, sociales, urbanos, políticos, juveniles, diversidades, identidades, corporalidades, entre otros), a propiciar mediante esta práctica, una serie de transformaciones sociales necesarias para el mejoramiento integral de las condiciones de vida.

Por eso la importancia de, reconocer Las Juntanzas, como una manera de ser y de pensarnos en comunidad, además de conectarnos con los pueblos ancestrales que tantos aportes han hecho a la construcción del país, es una invitación a seguir en unidad creando y tejiendo desde los espacios de participación colectiva.

Van a ser muchas y muy varias las actividades que se realizarán, desde académicas, deliberativas y encuentros de reconciliación, hasta movilizaciones y actos simbólicos. La programación, para quien desee participar está disponible, en su página www.semanaporlapazcolombia.com, rescatada hace apenas unos meses, de las manos de los saboteadores que la bloquearon, para impedir inútilmente, que la paz se haga realidad. Si deseas hacer alguna donación, para que las actividades tengan una mayor promoción y sean más visibles, no dudes en hacerlo a través del siguiente link: https://sumate.redepaz.org.co/TejiendoPaz

No lo olvides, desde Semana por la Paz, la Juntanza es una invitación a construir libremente y de la mano con otras personas, comunidades u organizaciones, procesos, apuestas, reconociendo todas y cada una de las diversidades, dialogando, construyendo consensos, apostándole a la vida y a la Paz.

La versión de Macaco, falta mucho por contar

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ago 20, 2023. Publicado en Colombia, Con los pies en la tierra, Opinión.

En esta oportunidad, el turno de decir la verdad, su verdad, fue para Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, excomandante paramilitar del desmovilizado Bloque Central Bolívar de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, que tuvo su radio de acción en trece departamentos del país, siendo su base principal de operaciones, el Sur de Bolívar y Santander, influenciando también con sus estructuras criminales a los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Huila, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Risaralda y Vichada. Al lado de Macaco, también estuvieron comandando esta máquina de terror y despojo, Rodrigo Pérez Alzate o Julián Bolívar, e Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez.

Ha dicho el Sr. Macaco como parte de su relato, que él ayudó a fundar y comandó la estructura armada de carácter contrainsurgente conocida como Bloque Central Bolívar-BCB, y allí empiezan las dudas sobre parte de su versión, que puede tener efectivamente muchos elementos de verdad operativa, pero que deja cuestionamientos profundos sobre la verdad política y económica. Si algo caracterizó al llamado BCB fue haber convertido en víctimas a más de 30 mil personas, la mayoría campesinos y campesinas, líderes y lideresas sociales, sindicalistas, comunales, pescadores y pescadoras, pequeños mineros artesanales, etc., con la intención clara de apoderarse de sus tierras, de las minas, de las ciénagas y ríos, de sus organizaciones, de su medio de subsistencia y de las pocas empresas públicas locales prestadoras de servicios básicos, abriendo el camino a la privatización, y cumpliendo su labor de punta de lanza de la llamada contra reforma agraria.

Las víctimas de más de 80 municipios, señalan al BCB de ser uno de los mayores despojadores de tierras, de promover el cultivo de coca para uso ilícito en la producción, tráfico y comercialización de cocaína, y en el lavado de activos. Las comunidades, también señalan a las llamadas “Autodefensas” del BCB, de ser socios estratégicos de clanes locales que se apoderaron de la gobernabilidad local, para enriquecerse apropiándose del presupuesto de alcaldías y gobernaciones. Muy poco se conoció, de lo que el Sr. Jiménez llama, experiencias productivas, que pueden servir de ejemplo para un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Seguramente el compromiso del excomandante macaco, con la paz y la reconciliación, es real y muestra la ruta que, otros deberían seguir para alcanzar la reconciliación nacional; sin embargo, este camino delicado, requiere la construcción de todas las verdades, tanto operativas en términos de acciones y reconocimiento de su papel belicoso directo, como las verdades políticas y las alianzas con sectores vinculados al aparato de justicia, que podemos catalogar como su verdadero papel, buscando imponer una ideología estrechamente ligada a expresiones militaristas o neofascistas, que hoy , al parecer, se reencauchan bajo lemas electorales como “privaticemos la seguridad”, “armémonos”, “rescatemos el país”.

Es necesario que, el compromiso con la verdad manifestado, también permita develar las alianzas y estrategias -propuestas inclusive por la dirigencia política, económica y judicial local y nacional-, establecidas en el país y en las regiones en donde las tropas operaron, y del interés en mantener u obtener privilegios que, convirtieron a los gobiernos y al Estado, en un botín familiar que les enriqueció, muchos de ellos seguramente activos en alguna de las ramas del poder público.

Vienen a mi memoria, los relatos de las víctimas del corregimiento de Riachuelo, en el municipio de Charalá-Santander, donde el BCB instaló uno de sus centros de operaciones, con la complicidad de la dirigencia política y económica regional. Muchas de sus mujeres y hombres, la mayoría menores de edad, fueron violadas y violados, atándoles desnudos a los árboles de la plaza central, con el pretexto del “escarmiento”, esclavizados, confinados, reclutados, entregados como trofeos de guerra a los comandantes para satisfacer sus más bajos instintos sexuales.

Entre llantos y fortaleza, todavía las víctimas y la comunidad de los municipios de la provincia de San Gil, recuerdan los rituales de la muerte en el Salto del Ángel, los llamados reinados juveniles escolares en los que se feriaba la “virginidad” de niñas y niños, el reclutamiento de menores llevados a los frentes de guerra como “compañía”, hechos que se repitieron en muchos de los centros poblados en donde estuvieron acantonadas las tropas del BCB, infringiendo el Derecho Internacional Humanitario y cometiendo graves delitos contra la dignidad humana. ¿Quiénes fueron los socios, tanto políticos, económicos como militares? ¿Quiénes tenían intereses en despojar a los campesinos de esas hermosas tierras? ¿porqué victimizar a los más empobrecidos y excluidos?

Además de responder a las preguntas de la ciudadanía, será necesario que, esta primera versión se acompañe, como todas y todos esperamos, de otros relatos, con sus respectivas pruebas que le respalden. Necesitamos saber, señores excomandantes de las AUC, quiénes dieron la orden. Colombia necesita saber quiénes azuzaron para que, tomaran la decisión de atentar físicamente contra el senador Iván Cepeda, contra el hoy canciller Álvaro Leyva Durán, y contra el actual presidente de la república Gustavo Petro.

Necesitamos conocer, quiénes planearon destruir la oposición política y los anhelos de paz de Colombia. Se escuchan nombres repetidamente vinculados a sus versiones, y a otros capítulos de corrupción y uso indebido del derecho, y sobre los cuales pesa un manto de duda, como el nombre del tristemente célebre exfiscal Néstor Humberto Martínez, que seguramente, la Jurisdicción Especial de Paz- JEP y la justicia ordinaria investigarán. Colombia sabrá reponerse de tanta infamia, pero para lograrlo, se requiere que nunca más se repitan estos hechos, y que la verdad total, sin cálculos políticos o judiciales, sea construida.

Las víctimas y la sociedad colombiana, que no se repone todavía de tanto dolor causado por las AUC y otros actores armados, y que aún hoy sobrevive a la sevicia con la que actúan los grupos que heredaron la doctrina paramilitar; las gentes de todos los sectores sociales, que sobreviven a los ataques de los grupos, que bajo la llamada lucha armada insurgente, asesinan, desplazan, confinan, extorsionan o secuestran, esperamos que su voluntad de paz, nos ayude a encontrar los caminos que nos conduzcan a instalar prontamente las mesas de diálogo socio-jurídico con expresiones armadas como el Clan del Golfo, y que su gestoría, sea productiva en términos de apoyar la construcción de la verdad, la reconciliación y la reparación integral a las víctimas, para que la Paz Total e Integral sea pronto una realidad.

Luis Emil Sanabria D.

Jóvenes en paz, presente y futuro del país

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ago 13, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

El anuncio del Gobierno Nacional de iniciar el programa Jóvenes en Paz, ha despertado en sectores políticos y sociales, las mas variadas reacciones adversas, como si la juventud colombiana víctima de exclusión social, estigmatización, violencias estructurales, políticas y armadas, no pudiera tener la más mínima oportunidad de romper los círculos de violencias y pobrezas, a los cuales ha sido sometida por las políticas impuestas por quienes, desde los privilegios económicos, culturales, sociales y políticos, han administrado los destinos de la nación.

Una sociedad profundamente fracturada, afectada por fenómenos delincuenciales tan poderosos como el narcotráfico y la corrupción que, interactúan y se retroalimentan regional y nacionalmente, haciendo uso de las más temibles prácticas mafiosas contra la vida, especialmente de jóvenes marginalizados, no permitirá el surgimiento de hombres y mujeres nuevas; una sociedad que niega a la juventud, esencialmente rural, la posibilidad de acceder y/o mantenerse en el llamado sistema educativo; una sociedad que, forma jóvenes que no logran recrear en sus mentes o corazones, la posibilidad real de obtener un titulo técnico, tecnológico o universitario que, les brinde las condiciones para acceder a un mejor nivel de vida y gozar plenamente de sus derechos, debe plantearse con la profundidad que se requiere y la responsabilidad necesaria, romper esos círculos de violencias y generar condiciones para que las y los jóvenes, se dispongan a ser constructores de un mejor país.

Más allá de la iniciativa del Gobierno del Cambio, lo real es que, el reto de acabar con las violencias, que hacen imposible alcanzar los niveles de desarrollo sostenible adecuados y necesarios, para que todas y todos, en campos y ciudades, podamos gozar plenamente de derechos y vivir en un ambiente de convivencia, respeto y democracia, debe ser asumido por todos los gobiernos departamentales y municipales, por todas las entidades del Estado, por todos los sectores sociales y económicos, en especial, por quienes han tenido el privilegio de vivir o alcanzar una vida sin restricciones, exclusiones o violencias.

Construir la paz, no solo puede entenderse como el silenciamiento de las armas y su destrucción, sino que, esta debe ser el resultado de una serie de acciones y programas que se pongan como retos, a corto, mediano y largo plazo, eliminar o disminuir las causas estructurales que hace o motivan que, los y las jóvenes se vinculen o sean reclutados por los ejércitos regulares e irregulares, y seguramente caigan asesinados en cualquier esquina o vereda. Seguramente, si no estuviéramos sufriendo las consecuencias de las violencias estructurales, de la corrupción y el narcotráfico, no nos veríamos abocados a implementar este tipo de programas, que en otras situaciones, menos injustas e inequitativas, pueden ser catalogados como contraproducentes para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

Colombia merece un futuro mejor, y esto exige desplegar la mas generosa creatividad que haga posible romper con las lógicas de la guerra y la ilegalidad. Esa es la bondad que encierra un programa como Jóvenes en Paz, que por supuesto, no puede verse como una única estrategia, sino como un complemento necesario y obligatorio, que le devuelva o haga emerger de los corazones y las mentes de las y los jóvenes en riesgo o vinculados a los actores armados, la esperanza de una nueva vida.

Es apenas lógico que, algunos gobernantes regionales, criados bajo el cuidado de clanes que amasaron fortunas producto de la ilegalidad, se opongan a este tipo de programas. Retoños de las mafias, nuevos jefes de clanes, usurpadores de la representatividad popular y étnica, influenciadores espurios que posan de congresistas, herederos del totalitarismo, defensores a ultransa de tesis militaristas fracasadas, se resisten a que las y los jóvenes de las barriadas, las y los jóvenes de los pueblos étnicos, pescadores y pescadoras, campesinos y campesinas, mineros y mineras artesanales, albañiles o trabajadoras del hogar, rompan con el papel de miseria y esclavitud que se les ha impuesto. Temen, con justificada razón, que este tipo de programas sean exitosos, y hagan surgir un inmenso contingente de mujeres y hombres, capaces de transformar pacíficamente las condiciones que los mantienen bajo la influencia fatal de la violencia.

A buena hora, el presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez, decidieron acelerar la implementación de este programa, cumpliendo la palabra empeñada en la campaña electoral y definidas en el Plan Nacional de Desarrollo; ojalá, todas y todos los gobernantes municipales y departamentales que se posesionarán a partir de enero de 2024, implementen programas como este, y complementen el compromiso nacional por hacer posible la Paz Total e Integral. Necesitamos que esta iniciativa se convierta en política de Estado, hasta superar o por lo menos disminuir a niveles menos dolorosos, las violencias de todo tipo.

Para poder alcanzar un sociedad que pueda dirimir o transformar pacíficamente sus conflictos, que haga realidad la reforma rural, que haga los cambios necesarios para perfeccionar su democracia y le de oportunidades reales a la juventud, se requiere implementar programas que privilegien la inversión social, el acceso popular a los derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda y por supuesto la alimentación; ganarle la partida a las mafias de la corrupción y el narcotráfico, a los grupos armados ilegales, requerirá de nuevas generaciones, que desde los territorios y la marginalidad urbana, hagan posible el desarrollo, la justicia y la equidad.

Programas como Jóvenes en Paz, Jóvenes en Acción, Gestores de Convivencia, complementarios al derecho a la educación y al trabajo con dignidad, serán parte fundamental para la resocialización de jóvenes atrapados y victimizados por las mafias y los grupos armados, que se enriquecen con sus almas y sus vidas, o que alimentan sus estructuras armadas. Programas que generarán las condiciones para que, una vez los frutos de los diálogos socio-jurídicos que se adelantan con las bandas criminales urbanas y rurales, los diálogos políticos con las guerrillas den los resultados esperados y la sociedad pacte un gran Acuerdo Nacional, las nuevas generaciones puedan construir un país en paz, democrático, justo y feliz. La nueva juventud, alimenta las juntanzas creadoras de paz y harán posible la felicidad, para vivir sabroso.

Luis Emil Sanabria D

Se silencian los fusiles, se escuchan los pensamientos

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Ago 6, 2023. Publicado en Colombia, Con los pies en la tierra, Opinión.

Este pasado tres de agosto, se convirtió en una fecha especial para la vida y para la construcción de un país del tamaño de nuestros sueños. Un país en paz, en donde sus habitantes podamos dirimir nuestras diferencias acudiendo a la palabra, al acuerdo o a la democracia. En esta fecha se instalaron y se iniciaron dos componentes importantes del proceso de diálogo que se adelanta entre el Gobierno nacional y las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional – ELN.

Uno de estos acuerdos preliminares, tantas veces exigido por el pueblo afectado directamente por la confrontación, es el llamado Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal, que durante los próximos 180 días, silenciará los fusiles de la confrontación, que por casi 60 años, mantiene el Estado y estas guerrillas; y de otro lado, se instaló el Comité Nacional de Participación- CNP, instancia que convocó a 30 sectores de la sociedad con 81 delegados y delegadas, para que diseñe de forma participativa, durante los próximos seis meses, la metodología de participación social que convocará la voluntad de las colombianas y colombianos, que quieren construir paz y lograr un gran pacto nacional, que señale el camino de la equidad, la justicia social y el desarrollo.

En el recinto de La Carpa de Corferias, en pleno Corazón de Bogotá, con la presencia de cientos de personas, provenientes de todos los rincones del país y de múltiples organizaciones, se dieron cita las delegaciones de diálogo del Gobierno Nacional y del ELN; cada una de estas personas, haciendo alarde, con justa razón, de la importancia de lo que hasta la fecha se ha acordado. Y es que, con esa guerrilla, nunca antes se habían llegado a firmar acuerdos tan importantes, que hacen prever que el camino que se retomó en diciembre del año pasado, dando continuidad a lo alcanzado en el gobierno del expresidente Juan M Santos, y que estuvo cargado de incertidumbres y desconfianzas, empieza a mostrar resultados concretos, que la sociedad debería, disponerse a rodear sin vacilaciones.

Se silencian los fusiles, se escuchan los pensamientos, la palabra crece y el diálogo construye soluciones, amores y afectos. La palabra se toma el conflicto político, social, económico y armado, los cañones se enfrían y las balas abandonan los proveedores, para que el entendimiento, la deliberación y la vida ocupen el lugar en la sociedad, del que nunca debieron ser desalojados.

Habló el presidente Gustavo Petro, reafirmando como Presidente de la República, Jefe de Estado y firmante del acuerdo de paz de 1990 con el M-19, su voluntad de paz y la decisión gubernamental de continuar avanzando por ese camino, habló el comandante Pablo Beltrán, del ELN, ratificando el discurso rebelde, pero cargado de frases esperanzadoras sobre el futuro de paz, también se dirigió al país el jefe negociador del gobierno, el también firmante de paz del M-19, Otty Patiño, con su tono pausado y profundo señaló la importancia de los acuerdos y los avances del proceso, hablaron Monseñor Héctor Fabio Henao, en representación de la iglesia Católica y Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, ambos en calidad de garantes del proceso.

Los hombres que, en otrora, han sido los protagonistas absolutos de los discursos, tuvieron que cederles la palabra a las mujeres, no tantas como quisiéramos; la comandanta Consuelo Tapias del ELN, muy de civil y ostentando sus raíces afrodescendientes ratificó el compromiso eleno de avanzar hacia la paz, lo mismo desde la orilla del gobierno hizo otra mujer afrodescendiente, la delegada Nigeria Rentería, y en representación del CNP y del Comité Nacional de Paz, la palabra fue regalada por Yolanda Perea, lideresa afrodescendiente, víctima del conflicto armado. Nos hablaron las mujeres, nos hablaron desde el corazón de las dadoras de vida, defendiendo la vida. Nos ratificaron que la paz es posible, que el amor es posible y que las diferencias se pueden solucionar pacíficamente, si nos disponemos a escuchar al otro y a la otra, no para imponer nuestras ideas, sino para construir juntanzas creadoras de paz.

Pero más allá de la reseña de los y las protagonistas de tarima y sus discursos, lo más importante de este especial evento, fue el entusiasmo que cientos de personas desplegaron en el recinto. Se mezclaron las palabras, los gritos, los olores y los abrazos de ministros y ministras, exministros y exministras, ex negociadores de paz, militares, policías, guerrilleros y guerrilleras, exguerrilleros, académicos, comunales, sindicalistas, exiliadas, jóvenes, gais, lesbianas, mayoras y mayores de los pueblos étnicos, guardias indígenas, campesinas y cimarronas, autoridades y representantes de diversas confesiones religiosas, periodistas, artistas, campesinas y campesinos, edfensores de Derechos Humanos, empresarios, y en general, constructoras y constructores de paz.

Con ese torrente importante de amantes de la paz y la felicidad, de defensoras y defensores de la vida, se le entregó a las y los delegados del Comité Nacional de Paz, la inaplazable tarea de construir un mecanismo de participación social para la paz y de cautivar a la mayor cantidad de colombianos y colombianas, para que entre todos y todas, en todas las ciudades y veredas, en los barrios y universidades, en las oficinas y los estadios, se le de una nueva oportunidad a la paz, a las transformaciones pacíficas de las causas que originan y retroalimentan el conflicto, a la palabra empeñada, al acuerdo cumplido, a la verdad y la reconciliación.

Vienen seis meses de cese al fuego, que posibilitarán al mismo tiempo, la realización de consultas, reuniones, encuentros territoriales y sectoriales, pedagogías y documentos. Meses de deliberaciones y acuerdos, hasta poder entregar al país, un documento con una metodología lo suficientemente consensuada, amplia, generosa, innovadora y transformadora, una propuesta lo suficientemente responsable, que nos enamore de la esperanza y mantenga por el sendero del cambio. Será a partir de marzo del 2024, que se empezará a aplicar este mecanismo, pero desde este mismo momento, todas las organizaciones, instituciones, y la ciudadanía debe aprestarse a realizar encuentros, a fortalecer sus coordinaciones territoriales, regionales y subregionales, a movilizarse y desatar la mas amplia iniciativa por la paz.

Luis Emil Sanabria D.

El cambio, la paz y la reconciliación serán con más y mejor democracia

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jul 31, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

El pasado sábado 29 de julio, se cerraron las inscripciones de candidatas y candidatos a las Alcaldías y Gobernaciones, a las Juntas Administradoras Locales-JAL, a los Concejos Municipales y a las Asambleas de Diputados departamentales, en momentos en que, el país se sacude con vientos de cambio y se propone superar definitivamente el conflicto armado.

No será fácil para el pueblo elegir la mejor propuesta y evitar la tentación, en medio de las ofertas corruptas de los clanes mafiosos que, nuevamente aspiran convertir el erario público en un botín que alimenta las arcas privadas de familias y castas. Tarea difícil para un electorado poco informado o con escasa cultura política, diferenciar y elegir la mejor propuesta que les beneficie individual y colectivamente, en medio de amenazas, fuego cruzado, hambre, miseria, exclusión, manipulación, o constreñimiento.

Estas inscripciones electorales y lo que se percibe van a ser las campañas, dejan claro varios problemas de nuestra democracia que han estado al centro de los acuerdos de paz y de las exigencias populares, que deberían ser solucionados; me refiero específicamente, a la necesidad de construir concertadamente, la más profunda reforma política, electoral y administrativa que ayude a erradicar los vicios que han afectado la democracia representativa, potenciar la democracia directa y deliberativa, y avanzar hacia la tantas veces aplazada descentralización.

Se les olvida a las clases dirigentes de todas las ideologías, con algunas pocas excepciones, que el surgimiento y la retroalimentan del conflicto armado interno y las múltiples violencias estructurales que nos afectan, guardan relación estrecha con la exclusión en la toma de decisiones, de aquellas corrientes políticas y sociales que han cuestionado el establecimiento, a su modelo económico y al tipo de democracia que hemos desarrollado, y que para esta exclusión, las corrientes políticas dominantes han utilizado la violencia estatal y para estatal, y la negación de espacios de comunicación y deliberación. Se olvidan, que fenómenos como el estallido social de hace pocos años, guarda relación directa, con la evidente exclusión de las mayorías populares, en la toma de decisiones.

No podemos pretender que el país cambie y que avance hacia la paz, el desarrollo sostenible, la equidad, la superación de la impunidad y la justicia social, si cada dos años, dependiendo de los cargos que estén en juego, repetimos fenómenos como el nepotismo, la compra y venta de votos, el constreñimiento, la falta de propuestas o programas elaborados en cada partido, la débil participación de las mujeres y la población LGBTIQ+, el ingreso de recursos ilegales o la superación de los topes económicos de campañas. ¿Para cuándo el voto electrónico y la modernización en el conteo?

Es necesario y urgente una reforma política y electoral que haga posible la modernización de los partidos, con mecanismos internos democráticos y participativos sólidos y exigentes. Partidos que deben desarrollar una plataforma política e ideológica clara, que no estén al vaivén de los intereses de camarillas nacionales, departamentales o municipales. Colectividades que reconozcan la importancia de las militancias en la toma de decisiones. Se requiere de partidos fuertes que puedan constituir frentes políticos, claramente definidos y comprometidos con sus militantes. Partidos y frentes que elijan democráticamente a sus candidatos o candidatas, y que una vez electos, actúen como bancadas en cada corporación.

No podemos pretender que la reconciliación sea posible, si las decisiones trascendentales que afectan el presente y el futuro de las comunidades, se siguen tomando en los clubes sociales, en las cantinas o en sitios de veraneo; Colombia reclama hoy, una reforma política que haga posible que la soberanía repose exclusivamente en pueblo, tal y como se dispone en el artículo 3° de la constitución y que esta ciudadanía informada y estructurada, la ejerza de forma directa. Debemos avanzar hacia modelos deliberativos asamblearios territoriales, en donde el constituyente primario, mediante metodologías incluyentes construyan y decidan los planes, programas y proyectos que harán posible el desarrollo sostenible territorial. ¿Para cuándo la planeación participativa a 20 o más años? ¿para cuándo la armonización de los Planes de Desarrollo con los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial?

En todos los llamados Consejos, sean estos de Juventud, de Paz, Medio Ambientales, etc., con pequeñas excepciones en cada uno de ellos, al pueblo solo le corresponde “aconsejar”, porque finalmente, son los llamados representantes (alcaldes, gobernadores, concejales y diputados), quienes en conclusión deciden. Se ha fragmentado la voluntad popular, para manipular o solo para refrendar, alguna decisión tomada de forma centralizada. La democracia que el país requiere, tendrá que reconocer el poder de decisión, la potestad vinculante de la ciudadanía, no a voluntad de uno u otro gobernante progresista o demócrata, sino como política de Estado. No basta solo, con la llamada rendición pública de cuentas, hay que gobernar con y para el pueblo.

Toda esta gran reforma quedaría inconclusa, sino se avanza hacia la descentralización administrativa y política tendiente a fortalecer los municipios, los departamentos y las regiones, con autonomía y coordinación nación-territorio. Que los y las gobernantes de los entes territoriales, las JAL, los Concejos, y las Asambleas, con congresistas que se elijan para representar verdaderamente a los territorios y con capacidad de asumir el proyecto de nación, acompañados de una verdadera participación y control ciudadano, tengan la posibilidad de administrar y cuidar sus recursos económicos y naturales, de definir las rutas del desarrollo y de avanzar hacia el goce pleno de los derechos de sus habitantes.

Nos enorgullecemos de nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes, de su cultura, de la música, la gastronomía o la danza, pero la dirigencia política y económica, se asusta cuando los pueblos étnicos exigen soberanía sobre su territorio, sobre sus mares, ríos, y quebradas, su aire, suelo y su subsuelo, sobre las llamadas riquezas mineras o energéticas, sobre los bosques y selvas. Se asustan cuando exigen gobierno y justicia propia, rescate de la cultura ancestral, defensa de las lenguas y tradiciones. ¿Para cuándo el gobierno propio? ¿para cuándo el derecho sobre sus territorios que ahora llamamos baldíos? ¿para cuándo el derecho a recorrer, como pueblos nómadas y seminómadas, el territorio que milenariamente les pertenece?

Finalmente, y aunque todavía estemos inmersos en una democracia con tantas dificultades, el camino será siempre la democracia. Hay que desatar mucha pedagogía electoral que haga posible la elección de personas honestas, capaces, transparentes, comprometidas con la paz y las transformaciones. De la ciudadanía también depende que los cambios se den y que los territorios sean bien gobernados.

Luis Emil Sanabria D.

Inmenso es el desafío de construir paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jul 23, 2023. Publicado en Colombia, Con los pies en la tierra, Opinión.

¿Será qué en esta oportunidad si se logra un acuerdo de paz con el ELN?, esta es una de las preguntas que rondan muchas de las reuniones que alrededor de la paz se realizan por estos días, tanto en los espacios de debate académico como en los escenarios sociales y políticos; y no es para menos, ya que, solucionar el conflicto armado, en el que esta guerrilla es protagonista, toma carácter de urgencia. Responder positivamente esta pregunta, no será posible si, como lo exigen algunos liderazgos políticos, lo que se pretendiera fuera solo la desmovilización, la dejación de armas y la reincorporación de esta insurgencia, como si el futuro de la superación de los ciclos de violencias, dependiera únicamente de la voluntad que expresen y demuestren los grupos alzados en armas.

Sin embargo, si asumimos, como hasta ahora se ha planteado, tanto por el gobierno como por los elenos, que este nuevo intento de lograr un acuerdo de paz, pasa por la búsqueda de transformaciones a las causas estructurales que originan esa violencia política y las demás violencias, seguramente la respuesta puede ser bastante optimista. Y es que los pasos hasta ahora dados en la mesa de diálogo con el ELN, son bastante promisorios, pues se deja ver en las declaraciones y acuerdos, que se piensa en ponerle fin, no solo al conflicto que en este caso les compete, sino que, a partir de estos acuerdos, se pueda aportar a la construcción de la paz integral y total, y a la superación de todas de las violencias, tanto políticas, como económicas y sociales.

Algunas voces se han levantado exigiendo, una supuesta mayor operatividad de la fuerza pública frente al ELN, mayores precisiones, definición de etapas, tiempos exactos y resultados tangibles de la mesa de diálogo, como si se tratara de aplicar una receta, seguramente ya fracasada. Por primera vez, un gobierno asume la complejidad de abordar múltiples escenarios de diálogo con diversos actores armados, políticos y no políticos, sacar adelante un Plan Nacional de Desarrollo que pretende superar las brechas de pobreza y exclusión, poniendo al centro la defensa de la vida, transformar las políticas antidrogas colocando el énfasis en la persecución a los narcotraficantes y al lavado de activos, y sacar adelante la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma agraria, entre otras y de las cuáles es imposible prescindir.

Lo que vemos con claridad, y en este caso es necesario darles los créditos a las delegaciones tanto del Gobierno Nacional como del ELN, es que los acuerdos hasta ahora alcanzados indican que, lo que se busca es llegar a lo que podemos considerar, un punto de no retorno, no solo con el proceso de paz que involucra a esta guerrilla, sino en general, con toda la complejidad del conflicto armado, sus múltiples protagonistas, sus causas estructurales y sus reiterativas consecuencias. No de otra forma, se puede entender la simultaneidad de acuerdos, la disposición a su pronta implementación y la generación de rutas poco ortodoxas, para alcanzar la paz, la justicia social, y la equidad, a través de lo que puede ser un novedoso mecanismo de participación ciudadana que haga posible el compromiso de la sociedad y sus diversos sectores, en lograr pactos y acuerdos, tanto regionales como nacionales, y que adicionalmente entregue luces, para lo que puede ser una reforma política profunda, que ponga al centro el poder y la soberanía popular.

En solo siete meses, esta mesa de diálogo ha dado a conocer varios acuerdos que pudiéramos llamar de alistamiento, que marcan el camino de la profundidad de los pactos que se pretenden lograr, y la responsabilidad conjunta, con la cual, se establecieron las condiciones que deben generarse, para llegar a estos. El primero, es el llamado Acuerdo de México, que sirve de marco conceptual conjunto y que define los alcances de lo que se pretende abordar, tanto en las formas y metodologías, como en los ejes de la agenda temática. Sin demeritar otros acuerdos que se han dado, hay que resaltar el acuerdo No. 9, por la entrega que hace de elementos novedosos para el abordaje de esta manifestación del conflicto armado; este acuerdo central, que hace referencia al proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz, crea un figura muy importante para la elaboración participativa de la metodología que convocará luego a la sociedad a participar en la creación de acuerdos, denominada Comité Nacional de Participación-CNP, que a su vez ya cuenta con su reglamento operativo y su plan de trabajo, y que será instalado el próximo 3 de agosto.

Así mismo, es necesario resaltar que, este ejercicio de participación no será posible, si la mesa de diálogo no hubiera logrado prontamente otro acuerdo importante, como es, el Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal, el cual cuenta con acuerdos sobre mecanismo de monitoreo, verificación y sus protocolos complementarios, y que entrará en vigor el 3 de agosto, a la par del CNP. Es decir, estos dos acuerdos son interdependientes y se robustecerán en la medida en que entren a funcionar y las confianzas de la sociedad se fortalezcan. Los acuerdos y protocolos hacen precisiones necesarias, sin embargo, estas precisiones generan nuevos retos cargados de incertidumbres, que son propios de los abordajes participativos y complejos, los cuales se deben asumir con profundo respeto y sin muchos temores.

Los comandantes del ELN deberán garantizar que todos los frentes y sus combatientes, respetarán el cese al fuego, y tomar los correctivos necesarios para prevenir o solucionar posibles comportamientos, eventos o enfrentamientos con la Fuerza Pública que comprometan su continuidad, incluido por supuesto el acatamiento al Derecho Internacional Humanitario, en especial el respeto a la población civil; por otro lado, la Fuerza Pública, que deberá hacer los propio en relación con sus mandos a todos los niveles, y los soldados y policías, también le corresponderá profundizar su compromiso con la paz y la superación de posibles conductas que los señalan como aliados de grupos herederos del paramilitarismo y garantizar, junto con otros instrumentos, como la Unidad Nacional de Protección, la vida de líderes y lideresas sociales, gremiales y políticos de todos los sectores, para su permanencia en el territorio.

El reto del Comité Nacional de Participación, en sus seis meses de funcionamiento, será igualmente grande; deberá diseñar participativamente, mediante una serie de reuniones periódicas, encuentros territoriales, sectoriales e instrumentos virtuales, la forma de participación de la sociedad en el proceso, es decir, el cómo, quiénes, cuándo y dónde se va a participar, para construir colectivamente una agenda de transformaciones que hagan posible la paz, que sea el eje fundamental para lograr un Gran Acuerdo Nacional para la superación del conflicto político, social, económico y armado. Inmenso es el desafío de construir paz, como inmenso es el conflicto armado.

Este mecanismo o metodología de participación, que debe comenzar a implementarse desde marzo de 2024 y que llegará hasta mayo de 2025, debe ser lo suficientemente incluyente, para que ningún sector social, político o económico se sienta excluido, debe responder a la urgencia de las soluciones que exige la sociedad tradicionalmente excluida y a las transformaciones estructurales por años represadas, debe ser tan mesurado como sea posible para no crear falsas expectativas y tan ambicioso como sea necesario, para que la sociedad recupere la confianza en la posibilidad real de construir una nueva sociedad capaz de vivir en paz.

Paralelamente, se deberá incentivar que la sociedad en general se movilice en respaldo del proceso, que construya propuestas y las presente, que se haga sentir cuando considere necesario, que sea artífice y veedora del proceso y que participe en la implementación de los acuerdos tempranos que se logren. No será fácil, no será imposible, para la paz hay que creer que podemos, y hacer viable la juntanza creadora que nace y se recrea en cada territorio y en cada colombiana y colombiano.

Luis Emil Sanabria D.

El Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Depresión Momposina y Las Lobas, construyendo caminos de paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jul 16, 2023. Publicado en Colombia, Con los pies en la tierra, Opinión.

Para quienes tuvimos la oportunidad de participar en el encuentro «Juntanza por la Defensa de la Vida, el Medio Ambiente y el Territorio, con el espíritu de construir la Paz», convocado por la Mesa por la Paz del Sur de Bolívar, el pasado 7 y 8 de julio en el municipio de Arenal, que concitó la presencia de más de 400 personas de diversas organizaciones sociales del territorio, provenientes de las regiones de Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Depresión Momposina y proceso Las Lobas, este evento se reconoce como en un hecho histórico para la paz, la convivencia y el desarrollo social y popular.

Esta zona del país, quizá de las más ricas que existen, por su diversidad cultural, étnica y ambiental, reconocida por la capacidad de sus habitantes para producir alimentos, por su tradición pesquera, ganadera y minera, sigue siendo, a pesar de estar situada en el corazón geográfico de Colombia, una de las más excluidas del país. Los altos índices de pobreza y desnutrición, no se compadecen con su gran potencial productivo. La explotación aurífera ligada a técnicas extractivas altamente contaminantes, y los fungicidas y pesticidas utilizados en las grandes extensiones de cultivos de Palma, ha dejado a gran parte de la población sin acceso, por ejemplo, a la dieta proteínica derivada de la pesca, pues las quebradas y ciénagas, son depósitos de productos dañinos para el ser humano y la vida en general, que afectan la reproducción de peces y la calidad de sus carnes. Según estudios de la Corporación Autónoma Regional de Sur de Bolívar – CSB, municipios como San Martín de Loba, Barranco de Loba y Altos del Rosario presentan 200% por encima de la línea roja de contaminación, en sus tierras productivas y ciénegas.

Para llegar a Arenal desde el municipio cesarense de Gamarra, se debe sortear una serie de obstáculos. Sin vías carreteables adecuadas, hay que atravesar el Río Magdalena y su brazo Morales, embarcados en planchones de acero deteriorados y con pocas medidas de seguridad, sin ninguna infraestructura portuaria; este municipio no cuenta con agua apta para el consumo humano, con infraestructura educativa adecuada y programas técnicos, tecnológicos y menos de profesionalización, no dispone de una red pública hospitalaria suficiente y de calidad, o con programas de vivienda que dignifiquen la vida, entre otras condiciones que se repiten en todos los municipios de la región.

Lo que pudiera ser una de las regiones más prosperas y sostenibles, con un gran potencial turístico, es en definitiva una muestra de la decidía, la corrupción y el modelo económico. Gran reto para el Gobierno del Cambio y para toda la sociedad colombiana, es superar esta grave situación, si queremos avanzar hacia la Paz Integral, la justicia social y la equidad; lo que seguramente requerirá que, en las próximas elecciones, sus habitantes, profundamente manipulados por la corrupción y el clientelismo, logren tomar las mejores decisiones y elegir el camino de las transformaciones para la paz.

No en vano, un importante grupo de ciudadanas y ciudadanos, vienen promoviendo el nuevo departamento “Sur Caribe”, que tiene la potencialidad de convertirse en un ente administrativo que recoja y organice la región alrededor del Río Magdalena y el gran potencial hídrico, agrícola, pesquero y minero que posee, una entidad capaz de reconocer la diversidad y autonomía étnica y cultural, de poner al centro de la gobernanza y la gobernabilidad, la participación ciudadana con poder de decisión para la planeación y la presupuestación de su desarrollo, evitando desde la soberanía popular caer en manos de los clanes políticos regionales. Los habitantes de Sur de Bolívar deben cruzar cuatro departamentos para llegar a Cartagena, su actual capital.

A pesar de las adversidades generadas por la caída de un fuerte aguacero, que hizo muy difícil el tránsito desde las veredas, del deficiente servicio de energía eléctrica que se cortaba cada cierto tiempo, dejándonos sin amplificación de sonido e internet, de la presencia de los grupos armados que como el E.L.N. instaló propaganda alusiva a su actividad política, las y los líderes entregaron con mucho entusiasmo sus ideas que, servirán de guía para participar en los diversos escenarios de paz que se están abriendo.

Entre muchos elementos positivos a resaltar, además de la fraternidad y el esfuerzo de los anfitriones (Alcaldía, Mesa por la Paz, restaurantes y hoteles tradicionales e improvisados), por brindar las mejores condiciones logísticas, pues se esperaba la participación de aproximadamente 160 personas, pero el entusiasmo por la paz y el cambio, motivó que se duplicara la asistencia, se debe reconocer que los funcionarios del gobierno nacional invitados, asumieron el papel colaborativo y respetuoso, propio de quienes están comprometidos con hacer posible el Plan Nacional de Desarrollo y escuchar las voces de las gentes que claman atención.

Bajo la premisa de la unidad para construir paz, que busque desde las organizaciones sociales y populares, soluciones efectivas a las problemáticas locales y nacionales, y bajo el inclemente sol, esté ejercicio que, recupera las dinámicas y reivindicaciones propias de cada sector social, señaló el sendero, para hacer posible la coordinación de todas las organizaciones, recobrando las confianzas, reconociendo la importancia y la historia de cada proceso, y proponiendo soluciones a los múltiples problemas territoriales. Nuevamente la voz del pueblo construyó mandatos que, deben ser acogidos y fortalecidos por las organizaciones, sus líderes y lideresas, pero también por los gobiernos municipales, departamentales y nacional que deben garantizar la vida y la permanencia en el territorio.

Gran reto para las organizaciones dinamizadoras de procesos locales, como REDEPAZ, FUCUDE, la Mesa Nacional de Interlocución Social para la Paz-MENISP, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la Corporación Sembrar, La Red Nacional Campesina, pero en especial para las organizaciones de la región que participaron activamente, como la Federación Agrominera del Sur de Bolívar- FEDEAGROMISBOL, la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamoco, la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado-ASORVIN, la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y Cesar, la Mesa Departamental de Víctimas de Bolívar, los Consejos Comunitarios de la región de Guamoco, los proceso Sociales de la región de Las Lobas, y la Mesa de Paz Sur de Bolívar, entre otras, y para las organizaciones que por múltiples razones no pudieron asistir.

Será necesario continuar el camino, elaborar una hoja de ruta que involucre a las organizaciones locales y nacionales y a las instituciones, para que este esfuerzo comience a dar los frutos esperados. La unidad es el camino más expedito para tejer la paz con mano ciudadana, por eso no se deben escatimar esfuerzos para seguir fortaleciendo escenarios territoriales de paz, para promover la acción social coordinada y no desfallecer ante las adversidades que pretenden impedir avanzar hacia la paz nacional, total e integral, que haga posible la vida con dignidad de todas y todos.

Luis Emil Sanabria D.

Clamor y compromiso campesino para una sociedad en paz

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jul 9, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Nuevamente, Bogotá fue escenario de uno de los más importantes eventos encaminados a consolidar la paz integral. Más de 120 delegadas y delegados de aproximadamente 60 organizaciones campesinas territoriales y nacionales, provenientes de todos los rincones del país, se encontraron durante tres días para, desde la sabiduría popular y cultural del campo, formular propuestas para alimentar la vida, el amor y la solidaridad, como parte del proceso social, hacia una Reforma Agraria y Rural Integral y Popular.

El debate fraterno, profundo y constructivo, se apoderó de la palabra dulce y la tradición cultural, y mezcló la diversidad de dialectos y gestos que representan la riqueza cultural y política de este importante sector social. El sombrero vueltiao se combinó con la ruana boyacense, las manos endurecidas de llaneras y llaneros, se hicieron suaves para saludar a paisas y opitas, el rio Catatumbo abrazó al Atrato, el Cauca se juntó con el Putumayo, y la madre tierra hizo valer su poder y energía para construir propuestas y generar confianzas.

Fueron varias las temáticas abordadas que dieron cuenta del compromiso que se tiene, no solo en la producción de los alimentos que llegan a las mesas de millones de colombianos y colombianas diariamente, o que son exportados, sino también, para aportar a la unidad del sector, la reconciliación nacional, la democracia y la justicia social.

Quién más que las campesinas y campesinos, que resisten y persisten desde los territorios, en la defensa de la vida y el medio ambiente, que sufren el rigor de las violencias estructurales, políticas y sociales, tienen la autoridad para exigir el cese al fuego bilateral, que se convierta en multilateral y excluya a la población civil de cualquier tipo de violencia armada. Ellas y ellos, que diariamente sufren el dolor de ver morir en combate a sus seres queridos, que lloran el reclutamiento de sus hijos e hijas por parte de las Fuerzas Armadas, las Guerrillas, las bandas criminales y los herederos del paramilitarismo, que caen gravemente heridos o muertos en los campos minados, son hoy ejemplo de lucha por la paz y de compromiso por el cambio.

Mujeres y hombres, que además de sufrir el rigor de la guerra, padecen la exclusión y el empobrecimiento, producto de años de políticas inequitativas que, como lo propone el gobierno del cambio, deben ser transformadas. Comunidades marginalizadas sin acceso adecuado y pertinente a una educación publica de calidad, sin el derecho a la salud y la vivienda, sin acceso a las tecnologías de la información, como el internet, sin vías adecuadas para el transporte de sus productos y de materias primas, y menos aún sin programas de comercialización justas, recuperan la esperanza en un presente y un futuro mejor.

De allí, la importancia de avanzar en el cumplimiento de los acuerdos de paz pactados con las extintas FARC-EP en el 2016, y los acuerdos con las organizaciones sociales y campesinas, firmados por anteriores gobiernos, y que fueron incumplidos. Por eso, el campesinado organizado, con autonomía e independencia y con un profundo compromiso movilizador, se aferra al programa de gobierno propuesto por el Pacto Histórico. Con el lenguaje propio de quienes, sin adornos y sin hipocresías, expresan sus exigencias, la convención campesina hizo un llamado vehemente a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, fundamentalmente en lo correspondiente al capítulo de la Reforma Agraria, Integral y Popular.

Estas exigencias, que no son sinónimo de oposición, sino aportes a las transformaciones políticas, económicas y sociales, requieren la pronta instalación de la Comisión Mixta Nacional de Asuntos Campesinos, instancia de interlocución, concertación y negociación entre el Gobierno Nacional y el movimiento campesino, para construir una gobernabilidad de la mano del poder popular, en donde las y los campesinos son un sector fundamental. Sin el campesinado colombiano, será muy difícil avanzar en la construcción de la paz integral, por eso la convención, valoró profundamente y aceptó la invitación a hacer parte del Comité Nacional de Participación, instancia convocada por la mesa de diálogo Gobierno Nacional-ELN.

Luego de siete intentos fallidos en el Congreso de la República, en donde los partidos tradicionales fueron fuertes saboteadores, se resaltó, como un logro de la lucha decidida del campesinado en alianza con congresistas campesinos y el gobierno del cambio, la aprobación del acto legislativo que reforma el artículo 64 de la Constitución Política, y que incorpora al “Campesinado como sujeto de derechos de especial protección”; este artículo aunque insuficiente, por cuanto no incorpora los derechos políticos, significa un gran salto en las conquistas sociales, que abre la puerta a más y mejores condiciones de vida. A buena hora, se reconoce al campesinado y su inigualable aporte a al desarrollo y la soberanía, saldando una deuda histórica, que nunca debió acumularse.

La ciudadanía, especialmente de las grandes ciudades, deberá respaldar y acompañar, el clamor y compromiso del campesinado por una sociedad en paz, con justicia social y vida con dignidad. El Estado debe garantizar la vida y la permanencia en los territorios de líderes y lideresas y de las organizaciones.

Colombia cuenta hoy, con un acumulado social y político en el campesinado que, puede ser el motor de las transformaciones económicas para modernizar el país, con sentido solidario, soberano y democrático capaz de garantizar la alimentación de toda Colombia, y el ingreso de recursos a partir de las exportaciones, si se brindan las herramientas tecnológicas y económicas adecuadas, y se generan espacios de participación con poder de decisión para la planeación territorial.

Luis Emil Sanabria D.

Una acción integral, para salir de los círculos de violencias

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jul 2, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Las organizaciones sociales y comunitarias, siguen explorando múltiples maneras para desarrollar de forma coordinada, iniciativas culturales, sociales y políticas, que hagan posible crear acuerdos para la superación de las causas que originan las violencias y las graves consecuencias políticas, económicas y sociales que estas siguen generando. Diversas expresiones sociales en ciudades como Medellín, Bogotá o Cali avanzan, hasta donde las condiciones lo permiten, en la generación de procesos cuyo reto fundamental es la convocatoria amplia, motivada e informada de todos los sectores de la sociedad, a participar en la construcción de la paz integral.

Sin embargo, estas acciones que, deberían concitar el más amplio interés ciudadano, no logran generar el entusiasmo y compromiso requerido, que haga posible detener y revertir fenómenos delincuenciales graves y avanzar hacia una sociedad lo suficientemente desarrollada, que permita gozar plenamente de los derechos humanos. Colombia sigue siendo uno de los países más inequitativos del mundo, con los mayores índices de corrupción y de pobreza, un país que reporta anualmente una de las tasas de homicidios más altas, cercana a los 27 asesinatos por cada 100.000 habitantes, un Estado que tolera y sufre en su territorio el genocidio sobre los migrantes que caminan por el llamado tapón del Darién, una sociedad que justifica el uso de armas por parte de civiles y le abre paso a la privatización de la seguridad, ante la incapacidad del Estado de garantizar el derecho a la vida, y un país que reporta tener la mayor cantidad de estructuras y mercados criminales del continente.

¿Por qué un gran porcentaje de miembros de la sociedad, no se siente convocada a participar en la búsqueda de soluciones a estas graves problemáticas? ¿qué hace que la mayoría de los habitantes de las grandes ciudades prefieran mantener una actitud pasiva, y en ocasiones, activa, frente a las violencias? Pudiéramos buscar las respuestas en la cultura del todo vale, que se apoderó de la vida cotidiana de millones de compatriotas, en la llamada cultura “traqueta” adquirida desde la fuerte influencia del narcotráfico, o de la tradicional forma de solucionar a sangre y fuego los conflictos cotidianos y políticos que se naturalizó en sesenta años de conflicto armado interno; pero, ninguno de estos marcos conceptuales y vivenciales, servirían para respaldar por completo, unas posibles hipótesis que nos sirvan para caracterizar debidamente, esta forma de actuar de grandes capas de la sociedad, que es señalada como indolente o inconsecuente.

Asimismo se puede establecer que, este grave comportamiento tiene su origen, como en algunas ocasiones se ha manifestado, en el hecho de que a la sociedad no se le ha dotado, por parte del Estado y de los gobiernos, tanto territoriales como nacionales, de herramientas pedagógicas y metodológicas que hagan posible que se desarrolle una sociedad, capaz de transformar sus problemas y conflictos pacíficamente, y poder romper con el miedo y la indiferencia; o también, como dicen en la calles, ante la incapacidad de los gobiernos y el Estado de proteger la vida de líderes y lideresas, y garantizar las actividades de las organizaciones, el miedo se apodera de la gente y es mejor, “no buscar problemas”.

Podríamos pensar además que, la falta de compromiso o la pasividad de la sociedad, que le impide tener un rol más activo en la construcción de la paz, es el resultado de doscientos años de aplicación imperfecta, del modelo occidental de democracia, y que lo que hay que hacer es desarrollar a profundidad la llamada democracia liberal y regular la economía de mercado, adobado todo, como es debido, con la descentralización y/o la federalización, para posiblemente avanzar hacia un país de regiones; o promover, como también se ha propuesto en otras ocasiones, el justo equilibrio entre la democracia representativa, bajo una reforma política que le devuelva a las regiones y a los electores el control político sobre el elegido, y la democracia directa, debidamente fortalecida, que haga posible el sueño represado de muchos sectores de izquierda, de avanzar e instalar la soberanía popular y el poder vinculante y decisorio del pueblo, como lo señala el Artículo 3º de la Constitución, para desarrollar a plenitud la llamada democracia participativa.

De otro lado, y esto parece inadmisible, corresponde en estos tiempos plantearlo y al llamado Gobierno del Cambio hacerlo, continuar desafiando el modelo global capitalista, retomar y desarrollar las utopías expuestas en tesis económicas y políticas que privilegian la igualdad social, y empezar a rociar con amor eficaz, el espejismo de vida feliz y la invisible línea arribista que venden exitosamente desde los metarrelatos generados por los monopolios de las comunicaciones y algunas academias, y el enrejado que rodea las mansiones, edificios y conjuntos residenciales exclusivos, creados para proteger a sectores sociales privilegiados, separándolos de los millones de excluidos y empobrecidos, como si estos últimos tuvieran una grave enfermedad viral, al estilo de las películas de zombis o muertos vivientes, con los cuáles se debe mantener distancia, y contra quienes, lo legítimo es organizar brigadas de “limpieza social”, o en el mejor de los casos, mirar para otro lado, por temor a contagiarse de pobreza y de violencia.

La tantas veces repetida fabula del “perro y el reflejo”, unida a las habituales historias, que han hecho creer que esta es la sociedad más feliz del mundo, o la más “viva”, y los cuentos prefabricados de que la sociedad nacional y mundial ha llegado a la cima de la armonía y que este es el fin de la historia, no permite a la sociedad colombiana, soñar con la posibilidad real de cambio, y esta se aferra a la moraleja que le hace creer que es mejor conformarse con lo que hay, no soltar el hueso, antes que luchar por un mejor país. Una acción integral, que involucre todas las hipótesis señaladas y otras que seguramente se plantean desde distintos sectores políticos y académicos, sería lo más adecuado, si lo que se quiere realmente es salir de los círculos de violencias.

La paz demanda desatar una ambiciosa acción pedagógica y comunicativa, acompañada de garantías reales a la vida y a las organizaciones, capaz de generar una alta dosis de unidad, presión política y movilización pacífica, de quienes han soportado el dolor de las violencias, de los empobrecidos y esclavos contemporáneos, que les haga perder el miedo al cambio y los enamore de la solidaridad, la equidad y la justicia social; este sueño de paz, deberá también, convocar una fuerte dosis de amplitud y desobediencia de quienes, aunque temen perder sus privilegios y aun prefieren, a manera de los asistentes al circo romano, seguir presenciando el espectáculo de la muerte, son imprescindibles para crear; y lo más difícil, convencer con argumentos y lograr generar cierto grado de inteligencia y bondad, en quienes han impuesto las políticas económicas ligadas al modelo global dominante, para evitar que den el paso final que nos lance al abismo donde habita el irreversible fracaso.

Luis Emil Sanabria D.