El 4 de diciembre de 2016 en Bogotá más exactamente en la localidad de Chapinero los niños y niñas ya se encontraban en vacaciones en el barrio Bosque Calderon uno de los barrios más pobres y sin legalizar de esta localidad, se esperaban las fiestas navideñas, y asimismo la mesa local indígena con más de 13 pueblos venía trabajando en la caracterización de las familias y sus necesidades, ¿a qué se dedican los indígenas en la ciudad? ¿en que trabajan y qué tipo de acciones hacen desde los territorios para preservar su cultural ancestral? Son preguntas que desde el escritorio los politilogos/as, psicólogos/as, trabajadores sociales y demás profesionales de las ciencias sociales se hacían para formular los proyectos que benefician a estas comunidades.
La realidad indica que las familias indígenas tienen hijos por tradición y desde corta edad así mismotienen que trabajar en servicios de cuidado y servicio doméstico, restaurantes o servicios generales por días, en muy pocas ocasiones tienen un empleo con prestaciones de ley.
La familia Samboni no escapaba a esa realidad, y mientras llegaban los proyectos sociales la pareja de padres jóvenes salía a trabajar dejando a sus pequeños en una vivienda prefabricada sin mayor seguridad, los pequeños curiosos estaban pendientes de las visitas al barrio, que en muchas ocasiones regalaban onces y juguetes, pues ya se sentía el aire navideño. Yuliana una pequeña graciosa, fue la elegida para subir a esa lujosa camioneta, contaron los niños y niñas de ese entonces, que generaba alegría y envidia por esa invitación, la que después generó terror pues Yuliana de ese paseo jamás volvió.
La búsqueda de la menor se agudizó por los chats locales y pasó a las autoridades, la comunidad preocupada empezó también a buscarla, hasta que en la cámara de seguridad de una tienda del barrio se ve como la pequeña sube a la camioneta y allí se ven las placas. Qué rápido hubieran podido responder las autoridades, pero como es el calvario para las víctimas la respuesta es lleva muy poco tiempo desaparecida. Sin embargo, al cumplirse el tiempo, ya se sabía que la camioneta tenía un dueño y ese dueño sabía que lo estaban buscando, noticieros redes sociales y todos los espacios de participación estaban concentrados en saber algo de la niña, pero nada pasaba. Finalmente, el dueño de la camioneta le dice a las autoridades quien tiene mi camioneta es mi hermano, lo estamos buscando. Mientras tanto él señor Rafael Uribe Noguera ese 4 de diciembre drogaba, violaba y estrangulaba a esta pequeña en un apartamento en el sector más exclusivo de Chapinero; Rosales, también Chapinero, por que esta localidad es multiestrato.
¿Pero como ingresa una niña a un edificio con seguridad cámaras y nadie dice nada? ¿Por qué? así como a Uribe Noguera no le importó hacerle daño a esta pequeña, al celador de ese edificio tampoco le preocupó que, hacia esta niña con ese hombre, la indiferencia también mata y es la peor cómplice, sin embargo, la subordinación y la falta de pedagogía en estos casos no alertaban ni al celador ni a la sociedad. Hoy en día la pedagogía y la prevención nos llevarian a sospechar de este tipo de situaciones y alertar a la policía.
Días después de declarase enfermo, de estar hospitalizado, este violador, confiesa y así las autoridades encuentran el cuerpo de la niña, en el baño de un apartamento de su propiedad, el pequeño cuerpo fue manipulado para eliminar pruebas, y así con talanqueras y trabas, el violador después de contradecirse en el relato, confiesa haberla matado. Con la indignación de toda la cuidad, cientos de mujeres gritaban justicia, frente al lujoso edificio donde fue asesinada Yuliana y frente a la clínica donde este asesino recibió asistencia médica mientras los efectos del alcohol y otras sustancias psicoactivas se disipaban de su cuerpo. Así Rafael Uribe Noguera fue capturado y procesado a 52 años de cárcel. Los padres de Yuliana recibieron muchas ayudas, pero ninguna recuperó el vacío que dejó Yuliana, así que al poco tiempo regresaron al Cauca y nunca volvieron a Bogotá.
Casi dos años después el Concejo de Bogotá honra a Yuliana Samboni de 4 años de edad, denominó este día como el día distrital del feminicidio, y con ello la recordamos. También surgió un proyecto de ley que fue archivado de acuerdo con el artículo 375 de la CN, el cual proponía que modificar el artículo 34 CN en el que la prisión perpetua a los violadores solo se aplicara en los dos siguientes casos: Cuando la víctima de un delito de homicidio, acceso carnal violento, secuestro, explotación sexual o feminicidio sea menor de 14 años y cuando la víctima de un delito de homicidio, acceso carnal violento, secuestro, explotación sexual o feminicidio sea menor de 18 años con discapacidad. En términos normativos sigue teniendo peso la ley 1257.
Han pasado 8 años de este feminicidio y 15 años de la ley 1257, la impunidad y el acceso a la justicia siguen siendo una lucha estéril, ya que las mujeres desisten de la denuncia por qué no pasa nada, se cuenta la historia y la defensa de los agresores atropella la dignidad y la poca salud mental que puedan tener las victimas. La revictimización y negligencia institucional ya no son agravantes, no pasa nada, si no, miles fueran las mujeres que serían atendidas.
En general, el avance en la implementación de la Ley ha sido lento e insuficiente para responder de manera eficaz al aumento de la violencia contra las mujeres. Y a raíz de esto hacemos un llamado al Estado en cuanto a la implementación de la Ley, un instrumento fundamental para la garantía de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas para una vida libre de violencias.
Las medidas precarias de estabilización por parte del sector justicia, demuestran el desconocimiento y por parte de este sector son necesarias las medidas para la reconstrucción de los proyectos de las mujeres víctimas de violencias mediante el acceso al sistema pedagógico y formación.
El sector justicia no reporta avances en la ejecución de las medidas de
sanción, por qué no hay un sistema de información que desagregue los datos y por la negación de acceso a la justicia para las mujeres víctimas del delito de acoso sexual, pues el 99 % de los casos entre 2010 y 2023 se encuentra en la impunidad. Solamente del 2017 en adelante se observa un ligero incremento en la judicialización de la conducta punible que, en todo caso, no supera el 7 %.
A pesar de algunos avances para cumplir los objetivos legales en cuanto a las medidas de garantía del acceso a la justicia, protección y atención y del cumplimiento al seguimiento a la Ley, la eficacia de las acciones desplegadas para impartir justicia ha sido escasa por las barreras institucionales y burocráticas que enfrentan las víctimas.
Aunque se han realizado algunas acciones para la implementación de las medidas de garantía, protección y atención en el sector justicia, tales como las rutas y las líneas de atención telefónicas y virtuales, éstas siguen siendo ineficaces por obstáculos institucionales reiterados en el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencias.
Estos obstáculos se relacionan principalmente con los procedimientos y las instituciones encargadas de implementar las medidas, entre ellas las Comisarías de Familia, y el ICBF, que no garantizan la protección integral a las mujeres dado su enfoque familista que las revictimiza y las invita a conciliar, cuando claramente acá no hay nada que conciliar, por que la violencia no se concilia.
En cuanto a las medidas de atención en salud, en su reglamentación se han desarticulado de un modelo de salud el cual debe ser un modelo integral y de bienestar de las mujeres víctimas de violencias, que cuando necesiten alejarse de su hogar o lugar de residencia por el riesgo para su vida o su integridad, tal como lo dispone la Ley, carecen de lugares casa refugio suficientes para la cobertura en especial si tienen hijos e hijas a cargo.
A lo anterior se le puede sumar la baja cobertura de servicios de orientación y asistencia legal para las mujeres víctimas de violencias en todo el territorio nacional, especialmente de las mujeres rurales, las mujeres con discapacidad y las mujeres indígenas, afro raizal o palenqueras. La cual debería ser más amplia y totalmente gratuita.
Los sectores educativos y de salud no muestran avances en la implementación de la Ley, principalmente por la ausencia de aplicación efectiva de la perspectiva de género y por la falta de consideración de la Ley como un factor determinante en las acciones relacionadas con la prevención y atención de las mujeres y niñas víctimas de violencias.
En el sector de políticas públicas se evidencia la falta de integralidad e intersectorialidad para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres, tal como lo ordena la Ley 1257, se carece de un diagnóstico completo y actualizado que evalúe tanto la problemática de las violencias contra las mujeres como la respuesta del Estado para reducir su incidencia.
En el diseño e implementación de las políticas públicas, se debe avanzar en inclusión y creación de indicadores de resultado que permitan evaluar el cumplimiento de la ley.
En el sector de comunicaciones, las acciones se deben dirijir principalmente campañas de comunicación que permitan prevenir las violencias contra las mujeres y las niñas no sólo en los ámbitos digitales si no en promover la igualdad entre hombres y mujeres exclusivamente en el acceso y uso de las tecnologías de información y comunicaciones, sensibilizando que es la violencia, los tipos de violencia que hay, las relaciones asimétricas y de dominación y como se sostiene el patriarcado.
El Comité de Seguimiento debe visibilizar la gestión realizada para la pedagogía y aprendizaje de las definiciones y rutas a seguir en caso de violencia hacia las mujeres.
El sector trabajo presenta avances progresivos en la implementación de la Ley, por medio la implementación de los protocolos de prevención y erradicación de violencias de género los cuales se ha convertido en oportunidades de mejora en las empresas, sin embargo, su recien sanción y legislación hace lo suyo. Se espera que haya continuidad en los procesos pedagógicos pero que así mismo haya continuidad y justicia en la implementación y coherencia y sostenibilidad en las consecuencias. Todo lo anterior implica estar más firmes que nunca con las consecuencias de las denuncias y su solución, y no solo por la vía de la justicia ordinaria.
Hoy se cierra este ciclo de 16 días de activismo del 2024 con este breve resumen de los 15 años de la ley 1257 o la ley Rosa Elvira Cely, otro feminicidio sucedido en Chapinero, espero que en todos los partidos políticos haya un compromiso frente a este tema y que el documento del protocolo de prevención y sanción de violencias hacia las mujeres de lo partido en el cual milito sea firmado para que tenga validez, no solo por los casos de violencia política que se han expuesto ante el consejo de ética, si no por los casos de las mujeres que hacen eco en que en este partido se empodera y defiende a las mujeres.
Ya no tenemos miedo nos crecieron alas.
Justicia, justicia, justicia.
Marcela Clavijo
