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Etiqueta: Maylor Caicedo

Iván Márquez: El eterno negociador

Escrito por Maylor Caicedo en . Publicado en Opinión.

Alias ‘Iván Márquez’, quien se había dado por muerto a finales del gobierno Duque, reapareció con una prótesis en su mano derecha y una afectación en uno de sus ojos durante la instalación del proceso de negociación entre una delegación del gobierno de Gustavo Petro y la Segunda Marquetalia en Caracas, Venezuela.

Luciano Marín Arango, su nombre de pila, ha sido el eterno negociador con el Estado colombiano. Inició su militancia política en la Juventud Comunista (Juco) en la década del setenta cuando hacía su bachillerato en una escuela normalista. A inicios del ochenta se vinculó a las FARC y asumió la comandancia del Frente Tercero, luego de haber sido profesor de biología en el colegio Corazón Inmaculado de María de El Doncello (Caquetá). A pesar de no hacer parte de la primera mesa de negociación establecida entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC en 1984, se benefició de los ‘Acuerdos de la Uribe’ al ser electo Representante a la Cámara por la Unión Patriótica en 1986. Con el inicio del genocidio contra esta organización política, Márquez regresó a la clandestinidad.

 

Su rápido reconocimiento en las filas de la organización guerrillera lo llevaron a hacer parte de la delegación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (alianza entre FARC y ELN) en el infructuoso proceso que adelantó el gobierno de César Gaviria en Caracas, Venezuela, y Tlaxcala, México, entre 1991 y 1992. Debido al rompimiento de estos acercamientos con la insurgencia y al posicionamiento bélico de los grupos paramilitares, en los noventa Colombia vivió la crisis humanitaria más estrepitosa que se ha tenido en su historia republicana.

En los ‘Diálogos del Caguán’ entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), nuevamente se observó en los medios de comunicación el rostro de alias Iván Márquez, en esta ocasión como comandante del Bloque Caribe, miembro del Secretariado y jugando un papel preponderante en el proceso de dialogo. Tras la ruptura de los Diálogos del Caguán, Márquez tuvo inicialmente su campamento en el norte del país y posteriormente se presentaron fugases apariciones con el presidente de Venezuela, Hugo Chaves, la entonces Senadora, Piedad Córdoba y alias Jesús Santrich, en las gestiones para la liberación de secuestrados durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).  

Como jefe del equipo negociador de las FARC en la instalación de la mesa formal de diálogo con el gobierno de Juan Manuel Santos, alias Iván Márquez fue uno de los protagonistas en la elaboración del Acuerdo Final que puso fin a las antiguas FARC en noviembre de 2016. Sin embargo, desde antes de la firma del Acuerdo se presentaron divisiones internas entre dos facciones de la organización guerrillera: una liderada por Márquez y Santrich y otra en cabeza de Rodrigo Londoño y Carlos Antonio Lozada. Márquez en lugar de asumir la curul que le fue asignada por el Acuerdo, decidió irse al Espacio de Reincorporación en Miravalle, Caquetá, que lideraba Hernán Darío Velásquez (El Paisa) y fundar la disidencia denominada Segunda Marquetalia junto con otros disidentes del proceso de dialogo.

La trayectoria de Iván Márquez tiene ventajas y desventajas en el proceso de negociación que se inauguró con la Segunda Marquetalia. Por un lado, su experticia en las negociaciones con los diferentes gobiernos en los últimos treinta años enriquece el dialogo y pueden devenir en unos acuerdos que beneficien a la sociedad colombiana. También, es una persona que conoce a fondo el Acuerdo de Paz de 2016 y podría ser un asesor del gobierno en la implementación del mismo.   

Sin embargo, las desventajas, que son muchas, es que utilice artimañas que dilaten el nuevo proceso de negociación, beneficiando a su grupo y fortaleciéndose militarmente. La definición está en el manejo que la delegación del gobierno y su jefe, Otty Patiño, tengan frente a los tiempos y la materialización de los acuerdos. La negociación con las FARC duró 6 años; con la Segunda Marquetalia no puede pasar de algunos meses para que lo pactado pueda verse reflejado en la realidad.    

Maylor Caicedo

La Chiquita Brands y el financiamiento del paramilitarismo en Colombia

Escrito por Maylor Caicedo en . Publicado en Opinión.

Esta semana que pasó, en un Tribunal del sur de La Florida, Estados Unidos, inició el juicio contra la multinacional Chiquita Brands Internacional por las víctimas que causó su financiación al paramilitarismo en Colombia entre 1997 y 2004. La justicia norteamericana en 2007 ya había condenado a la multinacional por la entrega de 1.7 millones de dólares a grupos paramilitares.

En el juicio de 2007, la multinacional llegó a un acuerdo con la Fiscalía norteamericana para pagar 25 millones de dólares, en 5 cuotas. Según el juez federal Royce Lamberte, quien llevó el caso, más de 100 pagos fueron aprobados por directivos de alta jerarquía de la empresa con sede en Cincinnati – Ohio. La multinacional, históricamente defendida por los gobiernos norteamericanos, aceptó a regañadientes la multa              que se quedó en Estados Unidos, pues las víctimas en Colombia no vieron un solo peso.

 

En tribunales colombianos el jefe paramilitar Salvatore Mancuso confesó que las AUC recibían de las multinacionales del guineo 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada, ganancias que eran distribuidas entre paramilitares, cooperativas de vigilancia conocidas como Convivir y mandos militares. Además de esta declaración, otro hecho comprobado fue una reunión privada en Medellín entre Carlos Castaño, líder paramilitar, y un alto ejecutivo de Banadex, la filial más rentable de Chiquita Brands en Colombia en ese momento.

Pero ¿de dónde viene La Chiquita Brands? Fundada originalmente en 1871 como United Fruit Company (la misma empleadora en la masacre de las Bananeras de 1928), cambió su nombre en la década del setenta a United Brands y, posteriormente en 1990, adquirió su actual nombre Chiquita Brands Internacional. Su presencia en Latinoamérica ha estado impregnada por la violencia y el autoritarismo. Durante el siglo XX inventó la categoría de “repúblicas bananeras” e impuso sus intereses en la política interna de al menos 10 países de la región, donde tenía sus filiales. Por ejemplo, en 1954 apoyó el golpe militar en Guatemala contra el presidente electo democráticamente, Jacobo Árbenz. En Cuba, puso dos buques de su “gran flota blanca” para el intento de invasión de Cuba en el desembarco de la bahía de Cochinos en 1962. En Honduras, hacia 1975, sobornó al presidente, Oswaldo López Arellano, para frenar una subida de impuestos a la compañía.

Ya lo decía Pablo Neruda refiriéndose a la UFC que, cuando Dios creó el mundo y lo repartió entre las grandes multinacionales estadounidenses, “la Compañía Frutera se reservó lo más jugoso, la costa central de mi tierra, la dulce cintura de América”. En efecto, en el cultivo de guineo, la empresa no dudó en amenazar, maltratar y matar. Y si un gobierno latinoamericano se rebelaba ante esto, se cambiaba al gobierno.

En el nuevo juicio que se adelanta contra la compañía, los demandantes -entre los que se encuentran campesinos y ganaderos de Urabá y el Magdalena- argumentan que, al haber financiado grupos paramilitares, la Chiquita Brands “patrocinó” homicidios, masacres, desplazamientos forzados, despojo de tierras, entre otros. La esperanza es que el jurado de la Florida tome la decisión en la que, además de una condena contundente contra la empresa, sean indemnizadas las familias de las víctimas asesinadas por los paramilitares en Colombia.

Maylor Caicedo

Gobernabilidad, legitimidad y Asamblea Nacional Constituyente

Escrito por Maylor Caicedo en . Publicado en Opinión.

La administración actual cuenta con significativos niveles de legitimidad (especialmente en zonas rurales y algunas ciudades), pero con baja gobernabilidad, razón por la que el presidente Gustavo Petro decidió hacer el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente y, por esta vía, minimizar la apuesta de las reformas sociales en el Congreso de la República. Sin embargo, los cambios constitucionales que quiere hacer el mandatario los puede impulsar por vía de referendo, sin poner en vilo la seguridad jurídica del país. Veamos cómo se desmenuza el escenario y la propuesta.    

La gobernabilidad es un concepto de la ciencia política que, según el investigador Manuel Alcántara, refiere a la situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno, que se sitúan en las otras ramas del poder público o son intrínsecas a este. En tal sentido, la “capacidad de gobierno” de Gustavo Petro se ha visto limitada por decisiones adversas de la rama judicial, el legislativo, e incluso, de algunas de las administraciones locales. A pesar del creciente número de demandas de la sociedad civil, la capacidad de respuesta del sistema político ha quedado, en parte, maniatada.

 

Declarar inconstitucionales los decretos de emergencia social y económica de La Guajira emitidos por el gobierno central, por ejemplo, evidencian el bajo nivel de gobernabilidad de la administración Petro en la correlación de fuerzas con la Corte Constitucional. Situación similar se presenta en el Congreso de la República donde se han dilatado las votaciones sobre la reforma a la salud, se ponen trabas constantes a la reforma pensional y laboral, por no hablar de la reforma a la educación. Entre tanto, los medios de comunicación que son un actor determinante para la capacidad de gobierno visibilizan los mensajes de la oposición y ocultan los avances de la administración del cambio. 

La legitimidad (concepto de la sociología política), por su parte, hace alusión a la aceptación y apoyo popular a las decisiones que toma un gobernante. La legitimidad de Petro ha ido incrementándose en los últimos meses y como vara de medición están las encuestas de popularidad realizadas por el Centro Nacional de Consultoría e Invamer Poll.

Con este escenario adverso en materia de gobernabilidad y favorable en cuanto a la legitimidad, Gustavo Petro decidió acudir al constituyente primario para implementar las reformas sociales y hacer cambios en la Carta del 91. Presentó el pasado 18 de marzo su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente con el documento denominado ABC Proyecto Constituyente. También hemos visto en alocución presidencial y en sus últimos discursos en los encuentros de “gobierno con el pueblo” en Tierra Alta, Córdoba, y Palmito, Sucre, la apertura de la puerta para una constituyente y el urgente llamado a las bases campesinas para que se apropien, teniendo como asidero la reforma agraria.

En un documento para la reflexión en Semana Santa, el alto mandatario dio a conocer 9 puntos para que se discuta este nuevo proceso constituyente. Además de recoger las demandas en materia de reformas sociales que están en vilo por su bajo nivel de gobernabilidad, puntualizó que se debe constitucionalizar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía, transformar el actual ordenamiento territorial, expedir el estatuto del trabajo, separar la política de la financiación privada y reformar el sistema judicial.

Craso error el que está cometiendo el mandatario al convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. No me refiero solamente a las dificultades jurídicas y electorales que tendrá el presidente como lo dio a conocer Daniel Coronell en su columna Frustración Constituyente, sino por el boquete que abrirá para que sectores de la oposición de derecha recalcitrante incorporen cambios que limiten las garantías de derechos que establece la Constitución del 91.

Y es que en Colombia pensamos que, cambiando la ley, transformamos la realidad. Hay que dejar claro que una constitución, fundamentalmente, se divide en tres partes: la primera consagra los derechos, sus garantías y los deberes de los ciudadanos; la segunda, la organización del Estado y las funciones generales de sus instituciones; y, finalmente, las formas en que se puede cambiar dicha constitución. 

La del 91 es una constitución garantista en cuanto a derechos y la exigibilidad de los mismos. Creó o dio fuerza a instituciones vitales para la democracia colombiana como la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Junta del Banco de la República. No se puede hacer un llamado apresurado al pueblo para que elija una nueva Constituyente porque varias de estas instituciones no comulgan con el gobierno de turno o porque el Congreso ha impedido las reformas.  

Por estas razones, considero que los 9 puntos propuestos por el presidente pueden ser aprobados, de forma más expedita, por vía de un referendo que consulte a la población colombiana si está de acuerdo con estas reformas constitucionales. Así, puede jugársela con los niveles de legitimidad que tiene en la población colombiana.  No es necesario poner en vilo la seguridad jurídica de todo un país por que el mandatario considera que el poder constituido “no tiene independencia de los grandes poderes económicos” y por eso no ha podido llevar a cabo sus reformas; o porque existe una “gobernanza paramilitar” que gobierna de forma anticonstitucional y es “proclive siempre a concentrar sanguinariamente la riqueza nacional en manos de los propietarios de la gobernanza”, como lo explicita en el documento para reflexionar en Semana Santa.

Maylor Caicedo

Clan del Golfo o Ejercito Gaitanista: Un ‘reencauche’ con cara de negociación

Escrito por Maylor Caicedo en . Publicado en Opinión.

Ejercito Gaitanista de Colombia fue el nombre que recientemente adquirió el Clan del Golfo. El cambio de “chapa” no es fortuito. Obedece a una estrategia de la organización ilegal para presentarse ante el país con un perfil político y embarcarse a una negociación con el gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa llamó la atención del presidente al punto que ayer abrió la posibilidad de reanudar acercamientos con esta organización criminal; quizás el cártel de droga activo más grande en el país.

El Clan del Golfo ha presentado una expansión creciente y alarmante. Disputas territoriales a lo largo de la costa del Pacífico y cerca de la frontera con Venezuela. Extorsiones a empresarios y ganaderos a cambio de “protección”. Normas de control y violencia contra poblaciones vulnerables. Reclutamiento de viejos combatientes paramilitares, guerrilleros y exsoldados. Una estructura disciplinada “que opera con la precisión de una empresa multinacional”. Es decir, no son unas ‘peritas en dulce’ con las cuales se puede iniciar cualquier tipo de negociación.

 

Para limpiar su nombre, el Clan del Golfo publicó un comunicado el pasado 18 de marzo en el que, además de presentarse ante el gobierno como Ejercito Gaitanista de Colombia, señalan que ellos no crearon economías ilícitas en los territorios y que se dedican al “impuesto al gramaje” en el caso de la cocaína. También afirman no tener ninguna relación con el tráfico de personas por el Tapón del Darien. Menos mal el pueblo colombiano y las instituciones que imparten justicia son conscientes que esta estructura es la mayor exportadora de cocaína del país, con vínculos transnacionales con el cartel de Sinaloa y que controla el flujo migratorio entre Colombia y Panamá por el Darien.

El escenario político que se está fraguando es favorable para los acercamientos entre el Estado colombiano y el, ahora llamado, Ejercito Gaitanista de Colombia: Inicialmente, Salvatore Mancuso, postulado por el gobierno nacional como Gestor de Paz y quien se reunirá el próximamente con Gustavo Petro en la Casa de Nariño, manifestó que conoce a alias ‘chiquito malo’ (cabecilla del Clan del Golfo) y que existe voluntad de acogerse a la paz total por parte de la estructura criminal. La misión de Mancuso es clara: servir de intermediador entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo.

En segundo lugar, uno de los seis puntos del documento “Proceso Constituyente ABECÉ” presentado el pasado martes por la Presidencia de la República es “establecer un dialogo en torno al fin de la violencia en Colombia y la reconciliación”. Se abre así la posibilidad para que organizaciones que estén en negociación política o en acercamiento para sometimiento a la justicia, eventualmente, tengan alguna participación en el proceso constituyente. En tercer lugar, la Paz Total se ha visto encaminada en los últimos días a acercarse a organizaciones ilegales como el Clan del Golfo, el ELN, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, los locos jam y el RSP en Quibdó y a enfrentar militarmente a las disidencias de las FARC (Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia).

El gobierno tiene claro que el Clan del Golfo es una estructura armada organizada de crimen de alto impacto, con la cual pueden realizar acercamientos y conversaciones para lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento. Con esta estructura armada no puede adelantar negociaciones de carácter político en los que se pacten acuerdos de paz, según lo establece la ley de Paz Total (ley 2272 de 2022). Sería un error estratégico darle status político a esta organización terrorista.

Petro no puede caer un limbo jurídico como el que cayó Álvaro Uribe Vélez cuando quiso brindarle el carácter de sedición a las Autodefensas Unidas de Colombia, error que fue enmendado por la sentencia C-370 de 2006 cuando la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 71 de ley de Justicia y Paz que pretendía considerar a los paramilitares como sediciosos. El pueblo colombiano eligió al presidente Gustavo Petro para que salvaguarde los intereses del país; es por esto que solo el sometimiento a la justicia es la vía para la desmovilización y reincorporación a la vida civil del Clan del Golfo.       

Posdata: En entrevista realizada por El Espectador a Ricardo Giraldo, abogado del Clan del Golfo, dice que el sometimiento a la justicia no es la solución. Afirma, también, que no son paramilitares, que tienen una estructura jerárquica, línea de mando “poderosa”, reivindicaciones ideológicas en torno a Jorge Eliecer Gaitán, entre otros aspectos que quieren mostrarlos como organización política. Sin embargo, como dice el adagio popular “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”.

La pelota está en el lado del gobierno que debe presentarle al país una propuesta seria de conversaciones con esta estructura ilegal.

Maylor Caicedo

Derechos Humanos y Paz Total

Escrito por Maylor Caicedo en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en Derechos Humanos y Paz Total

El informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, presentado el pasado 28 de febrero, evidenció un aumento en el número de municipios afectados en Colombia durante 2023. Según el Índice de Impacto de la Violencia (instrumento utilizado por ONU-Derechos Humanos que incluye variables como homicidios de personas defensoras de derechos humanos, masacres, asesinatos de excombatientes de las FARC-EP, tasa de confinamiento y tasa de desplazamiento), hay 206 municipios en los que persisten estos hechos de violencia contra la población. Mientras que en 2021 se registraron 156 municipios, en 2022 la cifra ascendió a 180. Los departamentos que concentran el mayor número de municipios afectados con carácter “crítico” o “muy alto” en 2023 fueron: Cauca, Chocó, Nariño, Arauca, Putumayo, Caquetá, Valle del Cauca.

Sin embargo, estos datos no indican que se hayan incrementado los hechos victimizantes en el país, lo que señala es que hay más municipios donde se registran estas afectaciones. La situación obedece, principalmente, a dos factores: i) la expansión territorial del accionar de grupos armados no estatales y organizaciones criminales y ii) la profundización de las estrategias violentas de control social contra la población civil, organizaciones étnico-territoriales y organizaciones de base.

 

Una de las conclusiones más interesantes del informe es que los grupos armados al margen de la ley utilizan las vulneraciones a los derechos humanos en las comunidades para incidir violentamente en la “cooptación de organizaciones sociales” y Juntas de Acción Comunal (JAC). Por ejemplo, el asesinato a personas defensoras de derechos humanos se presenta cuando estos alzan su voz o se convierten en un obstáculo de las dinámicas de control social que ejercen los actores armados no estatales. De igual modo sucede con el asesinato de líderes de comunidades indígenas y pueblos afrodescendientes en los que se pretende afectar su autogobierno, su pervivencia física y cultural.

La oficina de la ONU encontró que el control social de los criminales vulnera los derechos humanos de las comunidades y en la gobernabilidad de los territorios. El informe pone el foco en la forma en que los grupos armados no estatales intentan cooptar organizaciones y grupos étnicos. El pueblo Nasa en el Cauca es una de las preocupaciones mas sentidas de la Oficina de Derechos Humanos. Con el asesinato de lideres y lideresas espirituales y guardias indígenas hay una estrategia de destruir liderazgos, desconocer la autoridad indígena en territorio y destruir el tejido social. Lo mismo está sucediendo con comunidades afro en el pacífico, con el pueblo Awa en Nariño.

No es nuevo que los actores armados ilegales intenten cooptar organizaciones sociales y JAC para incrementar su incidencia política local. Lo paradójico es que se esté presentando en el marco de la Paz Total. Y es que en el marco de los procesos de negociación que se están adelantando con el ELN, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, y el avance en el sometimiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, como el Clan del Golfo, se ha evidenciado un incremento en la disputa por el territorio y la cooptación de organizaciones sociales.

A medida que avanzan las negociaciones y los procesos de sometimiento a la justicia se incrementa el poder territorial de los actores armados. Esta es una evidencia clara que presenta el informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Los colombianos guardamos la esperanza de que al finalizar este gobierno se haya cumplido con el sometimiento a la justicia y el cumplimiento de los procesos de negociación en el marco de la política de Paz Total, de lo contrario, quedaremos con grupos armados más fortalecidos a nivel territorial, con organizaciones sociales y étnicas cooptadas por la ilegalidad y una vulneración más expandida de los derechos humanos.    

Maylor Caicedo

El poder del Clan del Golfo

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El Clan del Golfo, también conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC, es un grupo armado ilegal que surgió en Urabá luego de la desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2006. Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, después de ese año empezó a conformar grupos narco-paramilitares como las Águilas Negras y Urabeños que luego se cobijaron bajo la sombrilla de Clan del Golfo.

Este jefe paramilitar, que actualmente purga una condena de 35 años en Estados Unidos, fue reemplazado por su socio Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, también capturado y extraditado en el 2021. Con la captura de ‘Otoniel’, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo asume como líder de la organización criminal. Actualmente, es el hombre más buscado por las autoridades colombianas que ofrecen una recompensa de hasta 5.000 por su captura   

 

Durante la década pasada, el Clan del Golfo se convirtió en la organización de tráfico transnacional de drogas más grande que opera en el país. Según el centro de pensamiento InSight Crime, la estructura criminal se extendió por casi todo el país y “pronto llegó a controlar las zonas de producción de drogas, los corredores de tráfico y los puntos de salida en todo el norte de Colombia, a lo largo de las costas del Atlántico y el Pacífico, y en la frontera con Venezuela”.

La red criminal ha expandido sus negocios más allá del narcotráfico. Controlan el paso de migrantes que pasan por el Tapón del Darién con rumbo a Panamá y, posteriormente, a los Estados Unidos. Algunas denuncias refieren que los migrantes de distintos países que pasan caminando el Darién tienen que pagar alrededor de 400 dólares por persona. Incluso, la semana pasada, el Coronel William Alberto Zubieta Pardo, comandante de Departamento de Policía Urabá, manifestó que algunos migrantes están siendo forzados a transportar drogas a través del Golfo del Urabá.

La extorsión y el secuestro perpetrado en los departamentos de la costa atlántica, los llanos orientales, el Chocó y Antioquia es cometido, en mayor medida, por esta estructura criminal. Aunque las autoridades le han asestado severos golpes, en el marco de la Operación Agamenón, con la incautación de varias toneladas de cocaína en los últimos días y el desmantelamiento de estructuras dedicadas a la extorsión, la nómina continúa y los segundos o terceros al mando terminan asumiendo el dominio. Y es que justamente operan como una empresa criminal que paga salarios fijos mensuales en el marco de una “seudo-nómina” que involucra a militares en algunas regiones y tienen funciones definidas en la estructura jerárquica. Esta situación devino en que algunas comunidades terminan aceptando y “legitimando” la presencia de las AGC, pues son los únicos “empleadores” en el territorio.    

El Clan también cuenta con tentáculos en la minería ilegal que se extrae en el sur de Bolívar y el nordeste de Antioquia. Los 5 soldados asesinados este fin de semana en Segovia se registraron en el marco del combate contra la extracción ilegal de oro que realiza el ejercito colombiano.

A pesar de que en marzo del año pasado el gobierno nacional decidió suspender el cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, el asesinato de soldados en el sur de Bolívar obligó a presidente Gustavo Petro a darles un ultimátum: “Si no se desmantelan, serán destruíos por el Estado”.     

La respuesta del Bloque Roberto Vargas de las AGC (con presencia en Antioquia y el Sur de Bolívar) no se hizo esperar. En documento dado a conocer por la opinión pública, entre otras cosas, señala que el gobierno de Gustavo Petro “lo único que ha hecho es brindarle beneficios a una guerrilla que ha venido acabando a nuestra población”.   

Al menos tres preguntas surgen después de esta descripción: ¿Qué personas que se camuflan en la legalidad hacen parte de la estructura de las AGC? Esta labor la tendrá que atender la nueva Fiscal, ya que la actual administración de la Fiscalía no la ha adelantado como debe ser. ¿Qué impacto tendrá para la Paz Total la declaración de guerra frontal contra la organización ilegal más grande que opera en Colombia? ¿Cómo desconfigurar la “legitimidad” que tiene el Clan del Golfo en ciertas zonas del país?

Maylor Caicedo

¿Qué tan duro está siendo el “Golpe Blando”?

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La avidez de poder de la derecha colombiana la tiene desaforada. La instrumentalización que hicieron de la protesta del 8 de febrero no tuvo límites. Mientras que los medios de comunicación inventaron noticias para crear en el imaginario social que la manifestación devino en “secuestro” y “agresiones a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, la procuraduría se tomó atribuciones del ejecutivo, exigiendo al general William Salamanca que protegiera la “vida de los magistrados”. La Fiscalía, politizada hasta los tuétanos, prefirió pasar por alto las contundentes denuncias de los posibles delitos que cometió la vicefiscal y creó un grupo especializado para que investigara los “desmanes”, en tanto que, representantes de los partidos políticos vociferaban que el gobierno cometió “actos ilegales, inconstitucionales” y que el presidente “estaría incurriendo en actos criminales”.

Aunque en la mañana se señaló a Fecode como “borregos del gobierno”, fue el periodista Ricardo Ospina de Blu Radio, quien empezó la incitación a la zozobra con un post, pasadas las dos de la tarde, diciendo: “Atentos: Un magistrado de la Sala Civil… que intentó salir a pie del Palacio de Justicia… fue atacado a piedra por manifestantes. Tuvo que regresar al edificio”. El concejal Daniel Briceño lo secundó (antes de las 4 de la tarde) posteando “acaban de sacar magistrados en helicóptero gracias a un plantón violento provocado por usted presidente”.

 

La revista Semana, por su parte, afirmó que los magistrados habían quedado “sitiados adentro del recinto” y remató el exmagistrado Jaime Arrubla, en el mismo portal, calificando la invención como un “secuestro colectivo”. La misma revista, en su desespero por generar caos e incertidumbre, falseó una noticia en la que se aseguró que la mayoría de los magistrados “fueron evacuados en helicóptero y otros por una salida que se habilitó”. Tal fue el cinismo que la derecha, en redes sociales, intentó asemejar la manifestación con el “holocausto del palacio de justicia” como lo comprueba el periodista Camilo Andrés García. La incitación a la violencia llevó a que un grupo de personas presentadas como “Hispalibertarios”, que vestían gorras negras con águilas amarillas, llegaran a la sede de Colombia Humana con la finalidad de atacar y empapelar sus instalaciones.

Mientras se orquestaba la confabulación, la procuradora (en la cumbre de gobernadores que se llevaba en Cartagena) categóricamente sostuvo que los magistrados “están secuestrados por un grupo de manifestantes”. El presidente tuvo que replicarla recordándole que es el quien da las ordenes a la policía y exigiéndole que “no abuse de sus funciones”. En lugar de aperturar una investigación contra Martha Mancera, la Fiscalía resolvió conformar un equipo de trabajo para “efectuar los actos urgentes que correspondan y ejercer la acción penal frente a los posibles hechos delictivos que se hayan cometido”. Son varios los videos publicados en los que se observan personas que agreden a periodistas y, luego, empujan la puerta del parqueadero del Palacio de Justicia, queriendo presentar la manifestación pacífica como un hecho vandálico.

Los ánimos los terminó caldear el Centro Democrático y el Partido Liberal. María Fernanda Cabal, representante del uribismo, a las 4:30 de la tarde publicó en su cuenta de X: “Este país necesita líderes valientes como el General Arias Cabrales y el Coronel Plazas, que defiendan la democracia y la justicia frente a la violencia. Que defiendan la justicia de los violentos como en 1985”, en un intento de comparar las protestas con el Holocausto. Entretanto, César Gaviria, director del liberalismo, sostuvo en un comunicado a la opinión pública o que “estamos viendo más allá de un comportamiento dictatorial raya en lo criminal y como tal deben ser juzgados. El presidente no se está comportando como una persona cuerda, abogamos por su capacidad mental para gobernar a Colombia”.

Es evidente el delirio de la derecha por hacer un golpe blando contra el presidente electo democráticamente, Gustavo Petro. Esta situación esta pasando de castaño a oscuro y la construcción mental del tal “Golpe Blando”, cada vez tiene más expresiones en la realidad.     

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El escándalo de las Mario-Netas

Escrito por Maylor Caicedo en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en El escándalo de las Mario-Netas

Los sentimientos de estupor que causa la corrupción en Colombia son constantes y se olvidan rápidamente cuando quedamos absortos por un nuevo robo del erario público. El ultimo que ha causado indignación nacional es el “escándalo de las marionetas”. Apodado así por la Fiscalía para debelar un esquema criminal liderado por el exsenador liberal (fallecido en noviembre del año pasado) Mario Castaño, “las marionetas” lograron corromper la institucionalidad de departamentos como Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Cundinamarca, Antioquia, entre otros, por medio de coimas en la adjudicación de contratos.

Este escándalo no sólo enloda al Partido del expresidente César Gaviria, que avaló a Castaño en su paso por la Cámara de Representantes en 2014 y como Senador en las elecciones de 2018 y 2022, también relaciona al Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez con dos de sus alfiles: el exsenador Ciro Ramírez, preso en la cárcel La Picota, y el excongresista y director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) al final del mandato de Iván Duque, Pierre García -actualmente prófugo de la justicia. En las audiencias que ha llevado a cabo la Fiscalía, también se ha mencionado a los senadores conservadores Miguel Ángel Barreto y Samy Merheg, a los congresistas de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa y Carlos Abraham Jiménez y al senador del Partido de la U, Juan Felipe Lemos Uribe.       

 

Los cargos que le formuló en junio de 2023 la Corte Suprema de Justicia, aceptados por el fallecido Mario Castaño, fueron concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado consumado y otros en la modalidad de tentativa, estafa agravada y concusión. Pero ¿Cómo era el modus operandi de las “marionetas”? Por un lado, Mario Castaño, Ciro Ramírez y Pierre García coordinaban, por intermedio de terceros y funcionarios públicos, la negociación de contratos con alcaldes locales a cambio de una comisión que oscilaba el 10%. La otra forma se daba por gestión de contratos de prestación de servicios en entidades del Estado y como pago el contratista le daba “una tajada” y el apoyo electoral para los jefes de “las marionetas”. Con estas artimañas, el entramado corrupto logró apropiarse, según el ente investigador, de 43.000 millones de pesos (casi 11 millones de dólares) del dinero público.

La sentencia reprocha que el actuar de Castaño haya involucrado contratos con entidades como el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Deporte, el Departamento para la Prosperidad Social, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el SENA, el Senado de la República, así como varias alcaldías y gobernaciones. Entre los casos más sonados que beneficiaron a los integrantes de la organización criminal están: la intervención en la viabilidad de los proyectos de “Sacúdete al Parque”, política del presidente Duque para la convivencia ciudadana, a través de la innovación y el talento juvenil; mediación en contratos de diseño de canchas sintéticas en departamentos el Eje Cafetero y el suroccidente colombiano; apropiación de 2.000 millones de pesos por medio del del proyecto de la “Escuela Taller” de Salamina dirigido por el Ministerio de Cultura; exigencias de dinero a ciertas personas a cambio de ubicarlos laboralmente en el SENA y en la Contraloría General de la República; injerencia indebida en la contratación de 13 negocios entre el DPS y la empresa Proyecta Quindío para la construcción de obras en Tolima y Quindío.

El oprobio al país que trae consigo este caso de corrupción puede seguir creciendo. En las investigaciones que adelanta el ente acusador hay mención a varios parlamentarios adicionales a Ciro Ramírez. El cuentico que se introyectó en la mentalidad colombiana de la “corrupción en sus justas proporciones” debe ser extirpado. No es justificable que llegar a ocupar un cargo de elección popular termine siendo sinónimo de apropiación del dinero público. Es trascendental que los entes de control e investigación realicen su labor de forma sincrónica y no, como se presenta actualmente, que nos terminemos enterando de los hechos corruptos en el siguiente gobierno.     

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El fiscal en campaña

Escrito por Maylor Caicedo en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en El fiscal en campaña

Es común encontrar a funcionarios públicos en Colombia que, en el marco de su oficio, se dediquen a hacer campaña política para aspirar a cargos de elección popular. El caso de Francisco Barbosa es más que diciente. Desde la posesión del presidente Gustavo Petro no ha hecho más que intentar subir su perfil (aunque con sus actuaciones y declaraciones termina bajándolo) con miras a ser un alfil de la derecha en la campaña presidencial de 2026.

Los micrófonos de los medios masivos, que los tiene a su gusto, han servido como instrumento para irse lanza en ristre contra el “Gobierno del Cambio”. A poco menos de un mes de su salida del cargo, El Colombiano, Red+Noticias, De Par En Par con Lucas Pombo y Johana Fuentes para la W Radio y el diario El Tiempo publicaron entrevistas a este “personaje”. En las diversas intervenciones ha sostenido que el incremento del crimen en el último año y medio se debe al gobierno de Gustavo Petro; además que “es un gobierno en el que se buscó favorecer criminales”. Afirmó, en un lenguaje desafiante, que “si hace 25 años al país lo puso en jaque Pablo Escobar, hoy lo está poniendo en jaque Gustavo Petro”. En una impulsividad desaforada, manifestó que el gobierno “parece como si fuera un bloque de disidentes de las Farc escribiendo contra la Fiscalía”.

 

Aunque en el programa De Par en Par aseveró que, al concluir su periodo, no tiene planes de hacer campaña para lanzarse a la Presidencia, lo cierto es que va a estar muy activo, no en Bogotá, sino en algunas regiones ayudando “en los planes de desarrollo territorial, en los temas de justicia y de seguridad. Seguramente estaré en las regiones conversando… en un ejercicio de liderazgo ciudadano”. A los serviles aspavientos que le prestan los medios masivos, se suma la propaganda negra que ha generado desde su cuenta personal de X donde postea aseveraciones como: “Si fueran los Panamericanos del crimen yo me imagino que hubieran girado rápidamente, pero como son los de deporte, pues no giraron”.

Pensé, en un inicio, que era una percepción errática la que me sesgaba al ver al Fiscal como un agente desestabilizador de la institucionalidad y en campaña presidencial; sin embargo, la reciente columna de Ana María Bejarano “El micrófono de narciso”, el editorial del domingo de El Espectador “Un fiscal general en campaña política” y los premonitores trinos de la Senadora María José Pizarro me dejan claro que no es una cuestión mía, subjetiva, sino que ponen de presente el interés personalista que abruma a Francisco Barbosa. 

No ha sido una Fiscalía con grandes réditos. Al contrario, los constantes escándalos mediáticos en los que se ha visto involucrada la Vicefiscal, Martha Mancera -bastión de Barbosa y quien seguramente lo reemplace mientras llega la nueva Fiscal-, han opacado los eventuales logros. Ha sido una Fiscalía que dedicada a deslegitimar el gobierno en el marco de declaraciones politizadas que más que afectar a Petro, lo han fortalecido institucionalmente.  

Lastimosamente, la Fiscalía General de la Nación en el último periodo se convirtió -debido al actuar irresponsable de Francisco Barbosa- en un escenario político donde priman las opiniones inquisitivas sobre los debates jurídicos de política criminal. Son varios los retos que se le avecinan a la nueva Fiscal, quien todavía no ha sido seleccionada por la Corte Suprema de Justicia. Entre otros, recuperar la imagen de la entidad como una institución autónoma e independiente, revivir varios de los procesos de corrupción y narcotráfico que no salieron avante en la actual administración, establecer un entendimiento con el gobierno nacional en el marco de la Paz Total y asumir una posición inequívoca que refuerce al ente acusador con la reforma a la justicia.

Los retos de reintegrar Unasur

Escrito por Maylor Caicedo en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en Los retos de reintegrar Unasur

Con la decisión de retornar a la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur, se ratifica la coherencia política e ideológica del gobierno de Gustavo Petro de encaminarse hacia la integración latinoamericana. Colombia dejó de ser parte de la organización regional en agosto de 2018, cuando el recién posicionado presidente, Iván Duque, considero que esta institución era creación de la izquierda latinoamericana impulsada por Hugo Chávez y que era cómplice de la dictadura venezolana. Aunque en sus inicios (2008) contó con la participación de 12 naciones independientes, el ‘giro conservador latinoamericano’ de los últimos años devino en que países influyentes como Brasil y Argentina, se retiraran. Recientemente, hay determinación de algunos gobiernos de reactivar Unasur ¿Cuáles serán los retos que enfrentará el ‘gobierno del cambio’ en este nuevo escenario de política regional?

El Tratado Constitutivo de Unasur -que entró en vigencia en 2011- planteó la posibilidad de servir de puente y conexión entre la Comunidad Andina de Naciones y el Mercado Común del Sur. Entre los objetivos más relevantes que propuso el Tratado está la “determinación de construir una identidad y ciudadanía suramericanas”, el desarrollo social y humano con equidad para erradicar la pobreza y el analfabetismo, la integración energética, el desarrollo de una infraestructura que conecte la región, la integración financiera, la protección de la biodiversidad, la cooperación en materia de migración, la integración industrial y productiva y la lucha contra el terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas.

 

A pesar de estas magnas intenciones, los inconvenientes y dificultades para que el funcionamiento de Unasur los han puesto los gobiernos de la región, con su marcada ideologización y el deseo de llevarle ese sello al organismo. Entre 2018 y 2020 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Perú decidieron suspender su participación en el organismo por tiempo indefinido debido a la falta de “resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de la organización” y al viraje que presentaron varios de estos gobiernos hacia la derecha. Contrario a la desvendada, en abril de este año Argentina y Brasil manifestaron su intención de reintegrarse a Unasur y Colombia hizo lo propio con la reciente decisión de Gustavo Petro.

El primer reto que tiene el “gobierno del cambio” es liderar, junto con Brasil, Argentina y Venezuela (que son los países más influyentes), la reactivación de Unasur como institución de integración latinoamericana. No la tiene fácil, pues con la elección del derechista Javier Milei en Argentina, es posible que la política regional del país austral se alindere a los intereses norteamericanos entorno a la OEA y a la perspectiva panamericana. 

El segundo reto tiene que ver con aspectos medioambientales y pago de la deuda externa de los países suramericanos. La propuesta de Gustavo Petro de pagar deuda externa con el avance en objetivos para combatir el cambio climático ha empezado a tener incidencia a nivel mundial. Si este discurso se posiciona en la coalición de países latinoamericanos, Unasur podría convertirse en una institución que establezca acciones climáticas orientadas a cumplir compromisos de emisiones planetarias con el fin de redirigir o renegociar sus servicios de deuda actuales. Escenario nada despreciable para países que están ofuscadamente endeudados con la banca multilateral.

Por otro lado, la reconfiguración del tráfico de drogas se convirtió en un problema que desbordó las fronteras colombianas. Con la reducción de la demanda de cocaína en Estados Unidos y el aumento del fentanilo, la búsqueda del mercado europeo y asiático por parte de narcotraficantes ha llevado a que se involucren países como Ecuador, Venezuela y Brasil como epicentros de exportación de drogas ilegales. Unasur puede ser un escenario clave en el combate de las drogas ilegales y en concebirse la problemática del narcotráfico como un desafío regional.

La integración energética regional para el aprovechamiento integral, sostenible y solidario de los recursos de la región es otro espacio en el que Colombia puede cooperar o incluso liderar. Ya lo está haciendo con Ecuador con la venta de energía eléctrica en el marco de la crisis del fenómeno del niño y con la asociación a la que se llegó entre Ecopetrol y PDVSA para explotación de petróleo y gas en Venezuela. También, la búsqueda de energías alternativas y el cuidado de la Amazonía rescatado en la Cumbre de Belém do Pará en agosto de este año, se convierte en una ventana de oportunidades para la reactivación de la organización suramericana.        

Finalmente, el enigmático tema migratorio adquiere una inesperada relevancia en materia de integración. La propuesta de unir la carretera panamericana -a la cual solamente le faltan 70 kilómetros- en el Tapón del Darién con el fin aminorar la crisis humanitaria que viven millones de latinoamericanos es otra de las ‘puntas de lanza’ que puede aprovechar el gobierno Petro para impulsar la integración regional.

Aunque actualmente Unasur cuenta con Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela como países integrantes y la intención de Brasil, Argentina y Colombia de reintegrarla, un buen diseño institucional puede llevar a la despolitización de esta organización y posicionarla como un espacio real de integración regional. 

Entre tintos y “cacaos”

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La determinación inequívoca del presidente de la republica de reunirse, inicialmente, con los grandes empresarios colombianos -conocidos como los cacaos- y, después, con representantes del Centro Democrático -en el marco de un tinto- evidencia la capacidad de liderazgo, lucidez y llamados a concertación que, últimamente, envuelven a nuestro gobernante. La inquebrantable intransigencia de un Petro que no daba su brazo a torcer cuando se refería a reformas en el Congreso y a propiciar cambios en las regiones, se vio doblegada por la cordialidad y la búsqueda de acuerdos comunes frente a visiones distintas de país. Esa esa la actitud de un presidente que representa a todos los colombianos.

La solemne reunión con los “cacaos” no estuvo invicta de críticas. A pesar de que al conclave asistió la ‘crema y nata’ del empresariado colombiano, los críticos manifestaron su inconformidad porque faltaron David Vélez del banco Nubank, la familia Gilinski (dueños, entre otros de Semana y Nutresa) y empresarios de Antioquia y la Costa Atlántica. A pesar de ello, trabajaron sobre temas como educación, productividad, desarrollo productivo de la tierra, empoderamiento de la economía popular, inclusión financiera e inserción territorial con énfasis en el Pacífico, la Guajira y la Orinoquía colombiana en el marco de lo que denominaron un “acuerdo nacional”.

 

La astucia de Petro debe ir más allá de acuerdos en cuanto a transformaciones sociales y aumento de la producción. Los empresarios que asistieron a la reunión, además de representar al sector económico, son los dueños de los grandes medios de comunicación que se han ido ‘lanza en ristre’ contra el gobierno. A la reunión asistieron los accionistas mayoritarios de Caracol Televisión y El Espectador (Alejandro Santo Domingo y Carlos Alejandro Pérez), El Tiempo (Luis Carlos Sarmiento Angulo y su hijo), Canal RCN, (Carlos Julio Ardila), entre otros.

La exigencia del presidente se debe también encaminar a aminorar la persecución que los grandes medios le están haciendo a las políticas de su gobierno. En Colombia existe libertad de expresión, pero para nadie es un secreto que los grandes canales de televisión, las emisoras radiales y la prensa más consultada han generado una opinión pública negativa del ‘gobierno del cambio’, cuestión que, en marco de estos acercamientos, se puede corregir.

Entretanto, el tinto que se tomó el gobierno con representantes de la bancada del Centro Democrático para analizar la reforma a la salud que cursa en el Congreso no fue tan fructífera como la de ‘los cacaos’. Rigidez en las posturas de ambas partes frente al futuro de las EPS impidieron que se llegara a acuerdos políticos. Sin embargo, la reunión sirvió para que los dos políticos tradicionalmente enfrentados (Petro y Uribe) se sentaran a dialogar en un espacio de cordialidad.

La actitud conciliadora asumida es la que debe primar, más en un país históricamente polarizado donde los arrebatos individualistas y el hermetismo en el carácter de los gobernantes han llevado a animadversiones virulentas. No es de cobardes buscar el dialogo, por el contrario, el pueblo colombiano debe acompañar al presidente Gustavo Petro en la búsqueda de encuentros con el empresariado colombiano y en el acercamiento con sectores de la oposición para impulsar las políticas del cambio.

Maylor Caicedo

Uribe, ¿siguiendo los pasos de Pinochet y otros dictadores?

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La “jurisdicción universal” es uno de los principios de aplicación de extraterritorialidad de la ley que le confiere la competencia a un Estado para que juzgue y sancione al autor de un delito, cualquiera sea el lugar en que se cometió y cualquiera sea la nacionalidad de su autor o víctima. Este principio procede en materia penal y es referido, especialmente a crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio con el fin de evitar la impunidad.

Cobijado bajo este principio, en 1998 el juez español Baltasar acusó a Augusto Pinochet por 94 denuncias de tortura a ciudadanos españoles durante la dictadura chilena. Pinochet, que se encontraba en Londres en ese momento, fue considerado por la Cámara de los Lores como una persona que podía ser juzgado y que no gozaba de impunidad. El arresto contra el dictador se produjo en Londres y en marzo de 2000 fue enviado a Santiago de Chile para que rindiera cuenta de alrededor de 300 cargos criminales en su contra. Con este principio jurídico, además de Augusto Pinochet, han sido investigados y llamados a rendir cuentas otros dictadores como Efraín Ríos Montt en Guatemala y Hissène Habré en Chad.

 

El pasado jueves 9 de noviembre, utilizando el principio de jurisdicción universal, 11 familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, presentados como bajas en combate (mal llamados falsos positivos),  presentaron una denuncia en Buenos Aires contra Álvaro Uribe Vélez. Argentina tiene la particularidad de reconocer la “jurisdicción universal” como principio constitucional. La denuncia, que fue acompañada por organizaciones de defensa de los derechos humanos como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), abarca desde la posesión de Uribe en agosto de 2002, hasta diciembre de 2008, periodo en que se presentaron 6402 ejecuciones extrajudiciales, según lo estable la Justicia Especial para la Paz.

La dramática realidad sobre la impunidad en Colombia de las 6402 víctimas de falsos positivos en la que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes no ha adelantado investigaciones profundas sobre el tema y los pocos esfuerzos de la JEP que no han llamado a expresidentes para que se pronuncien sobre el tema fueron alicientes suficientes para que el principio de “jurisdicción universal” empezara a operar en el caso de Álvaro Uribe Vélez. En la querella se detalla que estos abyectos actos se dieron en el marco de la política de Seguridad Democrática en el que se presionó a las tropas para mostrar resultados, que llevaron a que varios integrantes del ejercito ejecutaran civiles y los hicieran pasar como bajas dadas en combate para obtener pagos especiales y reconocimiento militar.

Es la primera vez que un presidente colombiano será indagado por la presunta responsabilidad de crímenes de lesa humanidad. Uribe, en su defensa, publicó en su cuenta de X un twitt un mensaje en el que señala que su gobierno investigó los “falsos positivos” en 2003 y que esas denuncias “le costaba creerlas”; además, dijo que en julio de 2006 generó un acuerdo en el que fuera la Fiscalía y no la Justicia Penal Militar, quien investigara los “falsos positivos”. Sin embargo, los crímenes se cometieron durante su gobierno, él los conoció y no adelantó las investigaciones del caso, al punto que todavía siguen impunes. Álvaro Uribe, como jefe de las fuerzas militares entre 2002 y 2010, tiene responsabilidad de mando en la comisión de estos delitos de lesa humanidad y es la justicia internacional (debido a que la colombiana a dilatado las investigaciones) la que determinará, inequívocamente, el destino del exmandatario. 

Maylor Caicedo

Ni las presentadoras de noticias ni los columnistas de opinión se salvan de la ola de inseguridad en Bogotá

Escrito por Oscar Sevillano en . Publicado en Bogotá, Portada. No hay comentarios en Ni las presentadoras de noticias ni los columnistas de opinión se salvan de la ola de inseguridad en Bogotá

La ola de atracos en Bogotá que ha convertido a millones de ciudadanos en víctimas de este delito, no cesa. El turno fue para la presentadora de noticias y actriz de televisión, Margarita Ortega.

A través de su cuenta de Instagram, Ortega reveló que mientras estaba en su carro, un delincuente rompió la ventana del vehículo y se robó una maleta en donde tenía sus implementos de trabajo y su carné del Noticiero CM&.

 

“Qué dicha la seguridad de la ciudad”, escribió la actriz y presentadora.

En días pasados, el columnista de Confidencial Colombia Maylor Caicedo fue víctima de dos mujeres quienes le suministraron escopolamina en el sector del Park Way para robar su bicicleta y celular.

Caicedo asegura que también trataron de acceder a su cuenta bancaria sin mayor éxito.

El Triunfo de los Clanes Políticos y los barones electorales

Escrito por Maylor Caicedo en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en El Triunfo de los Clanes Políticos y los barones electorales

Cada vez las encuestas se vuelven más determinantes en la intención de voto de los colombianos.   Lo que auguraban como un triunfo de los clanes políticos y los barones electorales regionales, se hizo realidad ayer en el marco de las elecciones locales.

La distribución del mapa político evidenció que sus maquinarias se impusieron en el centro del país, la Costa Atlántica y el Valle del Cauca. Los Char, los Ñoños, los Gnecco, los Barreto, los Caicedo, Dilian Francisca Toro, Federico Gutiérrez, Carlos Amaya, Jorge Rey, entre otros, fueron los grandes triunfadores de esta disputa electoral, muy a pesar de que el presidente Gustavo Petro twittee diciendo, con una posición triunfalista, que la coalición de gobierno ganó en nueve departamentos y que solo en Nariño obtuvo 21 alcaldías.

 

Al clan Char no le afectó en absoluto las relaciones, reveladas por la presa, de Serfinanzas (banco de esta familia) con el cartel de Sinaloa; tampoco la investigación y captura del exsenador Arturo Char por presunta compra de votos y corrupción electoral. Alex Char se coronó con 73.24% de los votos, superando a su contrincante inmediato, Antonio Bohórquez, quien obtuvo el 9.31% de los votos. Este clan Char también obtuvo la gobernación del Atlántico con el triunfo de Eduardo Verano de la Rosa, reconocido líder liberal, a quien bendijeron electoralmente.

Similar situación sucedió en Córdoba donde los Ñoños y los Besaile respaldaron electoralmente al ganador, Erasmo Elías Bechara, a la gobernación y a Hugo Kerguelen, a la alcaldía de Montería. El caso del clan Gnecco en Cesar evidencia la miopía política del pueblo colombiano. La casa de la prófuga Cielo Gnecco, a través de Elvia Milena San Juan, se quedó con la gobernación del departamento con el 44.13 del total de los votos, derrotando a la candidata del Centro Democrático, Claudia Zuleta. Los Gnecco también se quedaron con la alcaldía de Valledupar, donde impusieron a Ernest Orozco, político cercano a la familia y quien ya había sido alcalde de la ciudad.

En el caso del Tolima, los Barreto pusieron a la exrepresentante a la Cámara Adriana Magali como gobernadora departamental con 59% del total de los votos. En la alcaldía de Ibagué la ganadora fue la exsecretaria de Salud, Johana Aranda, quien contó con la aquinesia del senador Oscar Barreto, líder de este clan político.

Aunque es parte de la coalición de gobierno, Carlos Caicedo (actual gobernador del Magdalena), apoyó al exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, para quedarse con la gobernación del departamento. Lo propio pasó con la alcaldía de Santa Marta, donde el clan Caicedo impulsó la candidatura de Jorge Luis Agudelo, quien le ganó a su contrincante por alrededor de 300 votos.

Dilian Francisca Toro, quien es considerada la baronesa política del Valle del Cauca, se quedó con la gobernación del departamento con el 41% de los votos escrutados y luego de que la candidatura de su contendor inmediato, Tulio Gómez, fuera inhabilitada por el Concejo de Estado. En Cundinamarca, por su parte, no había duda de que Jorge Rey se quedara con la gobernación. Rey, quien ya había sido gobernador, contó con el apoyo de todos los sectores políticos a excepción del Centro Democrático, que optó por la candidatura de Nancy Patricia Gutiérrez. Jorge Rey, Barón electoral en Cundinamarca, obtuvo el 57.48% de los votos, superando con creces a Gutiérrez quien se quedó con sólo el 10.71%. 

El uribismo, en cabeza del excandidato presidencial Federico Gutiérrez a la alcaldía y de Andrés Julián Rendon a la Gobernación, fue el gran ganador en este departamento. Fico Gutiérrez barrió en las elecciones a la alcaldía con el 73% del total de los votos, mientras que Rendón llegó a la gobernación con el 38%. Carlos Amaya, entretanto, volvió a ser gobernador de Boyacá con el 42.6 del total de los votos, derrotando Rodrigo Rojas quien obtuvo el 35,8%.

En general, la contienda electoral deja varios sinsabores que es necesario reflexionar: por un lado, el retorno de los clanes políticos y barones electorales en gran parte del país. Algunos mencionan que Colombia retrocedió ocho años en los avances democráticos que se habían conseguido para deslindar la política regional de las castas tradicionales. En segundo lugar, un descontento generalizado frente a las elecciones, pues además de evidenciarse una alta abstención electoral, el voto en blanco primó en varios municipios. En tercer lugar, la perdida electoral del partido de gobierno; aunque existieron gobernaciones y alcaldías donde el Pacto Histórico ganó directamente y, en otras, en coaliciones con sectores alternativos, en las ciudades principales el petrismo fue derrotado. El caso de Bogotá es el más diciente. La derrota aplastante en primera vuelta de Carlos Fernando Galán con 49% de los votos, puso de presente la mala estrategia electoral que implementó el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, quien se quedó en tercer lugar con el 18.71% de los votos.

Operación Orión y responsabilidad de mando

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia publicada el pasado 20 de octubre, responsabilizó a Colombia por la desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán Medina ocurrida en Medellín el 30 de noviembre de 2002, en el marco de la llamada Operación Orión. Con esta sentencia son 29 las sanciones que la Corte ha proferido contra Colombia desde 1994, cuando el alto tribunal falló el caso “Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia”.

El Estado reconoció que en la Operación Orión existió un “contexto de relacionamiento entre agentes estatales y grupos paramilitares” y que la desaparición de la víctima se realizó por “actividades delictivas bajo el conocimiento de la fuerza pública”. Existió, al tiempo, falta de diligencia en la investigación penal, así como “respuestas inadecuadas” por parte del Estado que “pusieron en riesgo a la señora Luz Eni[th] Franco y a los hermanos de Arles Edisson Guzmán”.

 

La Operación tuvo como antecedente el Decreto No. 1837 de 11 de agosto de 2002 que declaró el “estado de conmoción interior”, instaurado por el presidente Álvaro Uribe Vélez, recién posesionado en el cargo. En este contexto y con el objetivo de retomar el control territorial de la comuna 13 de Medellín, en la madrugada del 16 de octubre de 2002 inició la Operación Orión, la cual se prorrogó hasta el 22 de octubre. Según describió el propio Estado colombiano, la Operación fue considerada “[la] acción armada de mayor envergadura que ha tenido lugar en un territorio urbano y en el marco del conflicto armado en el país” y fue concertada entre el Ejército Nacional y el Bloque Cacique Nutibara (BCN); contó, también, con la participación de uniformados del ejército, la policía, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial de la Fiscalía.

En el marco de Orión se presentaron “desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, atentados contra la vida y la integridad personal, amenazas de muerte, y desplazamientos de los habitantes de la Comuna 13”. Finalizada la Operación, que tenía como objetivo debilitar las organizaciones guerrilleras, el BCN se volvió hegemónico en la Comuna 13 en connivencia de agentes estatales que apoyaron su posicionamiento. Al dominio de dicho grupo le siguieron “expulsiones, desplazamientos y desapariciones forzadas, y se presentó un alto número de inhumaciones clandestinas, específicamente en los sectores de “La Arenera” y “La Escombrera”.

A la desaparición del señor Guzmán Medina se suman alrededor de 100 personas más a las que no se les encuentra paradero. Se presume que fueron asesinadas y enterradas en “La Escombrera” y “La Arenera”. Estas zonas, ubicadas en la Comuna 13, tienen una superficie aproximada de 75 hectáreas y han sido destinadas a la extracción de materiales de construcción, depósito de desechos y actividades de minería; pero también fueron señaladas como sitios de inhumación de personas víctimas de desaparición forzada por parte del BCN de las AUC.

En 2009 se iniciaron una serie de labores para la búsqueda de personas desaparecidas en el sector de “La Escombrera”. En 2011, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) ordenó la clausura definitiva y prohibió la recepción de escombros y tierras en los predios propiedad de Escombros Solidos Adecuados Ltda en “La Escombrera”. Desde 2015 se creó el Plan de Búsqueda de Desaparecidos de la Comuna 13 por parte de la Fiscalía y con las versiones de algunos paramilitares, antiguos integrantes del BCN, se determinaron 3 polígonos donde posiblemente se encontrarían cuerpos de las personas desaparecidas. En 2021 se creó el “Plan de Intervención de La Escombrera, medida restaurativa con enfoque territorial”, el cual cuenta con el apoyo de la Alcaldía, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de búsqueda de Personas Desaparecidas. En noviembre de 2022 se realizaron nuevas excavaciones y se encontraron fragmentos óseos, los cuales fueron entregados a Medicina Legal para su estudio y determinar si pertenecen a un cuerpo humano. No se tiene certeza del tiempo que pueda transcurrir para identificar los restos óseos con el ADN entregado por los familiares de los desaparecidos.

Es una tragedia nacional la que trajo consigo la Operación Orión, especialmente, las personas que, paramilitares del BCN en connivencia con agentes del Estado colombiano, fueron desaparecidas y enterradas en La Escombrera y La Arenera. Orión fue diseñada, entre otros, por el entonces comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, Mario Montoya y el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general (r) Leonardo Gallego y son ellos quienes le deben aclarar a la justicia colombiana el papel jugado por las fuerzas armadas en estos hechos victimizantes.

Al igual que en el caso de los 6402 asesinatos extrajudiciales (Falsos Positivos), la operación Orión se diseñó y ejecutó cuando Álvaro Uribe Vélez era el presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. La justicia colombiana debe analizar su “responsabilidad de mando”, pues tenía mando efectivo sobre la Fuerza Pública, era quien estaba en cabeza del Estado en el momento en que se diseñó la Operación y, aunque tuvo la información disponible sobre estos crímenes, no tomó medidas para evitarlos y castigar los responsables, generando un manto de impunidad.