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Etiqueta: Maylor Caicedo

Historia de la Censura en Colombia II

Escrito por Maylor Caicedo en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en Historia de la Censura en Colombia II

En la columna de opinión de la semana pasada se dio cuenta de la censura en Colombia durante el periodo colonial y el siglo XIX. En ésta se pretende hacer un recuento de este fenómeno durante el siglo XX y hacernos algunas preguntas de como opera en la actualidad.

Durante la Hegemonía Conservadora primó la censura represiva en la que, principalmente, se establecían multas, arresto de periodistas y suspensión de periódicos. Esta situación se expresó, por ejemplo, en la prohibición de publicar aspectos relativos a la separación de Panamá, pues fue hasta 1909 cuando los medios informativos pudieron juzgar ampliamente las acciones de los gobiernos conservadores y dar cuenta de los errores diplomáticos y de una política exterior clara frente a este doloroso suceso para Colombia.    

 

Sin embargo, después de 1909 se presenta el aumento en la publicación de periódicos de diversa índole: socialistas, obreros, satíricos, literarios, liberales, conservadores, etc. Estas publicaciones (extendidas a finales de la Hegemonía Conservadora y en la República Liberal) se caracterizaron por que muchas fueron regionales, de diversa regularidad, orientación, tamaño y extensión. Aquí jugó un papel trascendental el lenguaje visual plasmado en la caricatura y el interés crítico hacia los gobiernos de turno. Entre las que publicó la Biblioteca Nacional en su exposición “Breve Historia de la Censura” que mencionamos en la columna anterior, se encuentran: El Socialista: Diario de la mañana (Bogotá), Claridad (Bogotá), La Ola Roja: Semanario de propaganda socialista (Popayán), Guillotina: Revista semanal humorística y de comentarios políticos-sociales (Bogotá), Tierra. Órgano del Partido Comunista (Bogotá).   

Lastimosamente, con el inicio del periodo de la Violencia y el establecimiento de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla se limitó, sustancialmente, la publicación de estos periódicos e incluso se prohibió la circulación de los tradicionales. Con el Decreto 3521 de 1949 se decretó la censura en todo el territorio y el Decreto 3580 del mismo año se creó la Sección de Censura de Prensa, adscrita a los ministerios de Guerra y Gobierno.

El papel de los censores, contratados por el Estado, fue fundamental: recepcionaban los artículos que enviaban los periódicos, los revisaban y, con “alevosía de carceleros”, determinaban si se podían publicar. Después de 1954, producto de la masacre de estudiantes ocurrida el 8 y 9 de junio, la cesura se hizo más drástica; se prohibió la publicación de este hecho en los diarios, se impusieron multas impagables, se retuvieron cargamentos de papel en la aduana y se presionó a que los anunciantes pautaran en ciertos periódicos. Esta situación llevó a que El Tiempo y El Espectador cerraran y como reemplazo surgieran los periódicos El Intermedio y El Independiente que en 1957, finalizada la dictadura, volvieran a adquirir sus nombres originales.

 No obstante, la censura se ejercía de manera desigual; mientras que los diarios de los Santos y los Cano se les prohibió su circulación, periódicos como El Siglo gozaron de privilegios y libertad de publicación que la dictadura de Rojas Pinilla les otorgó. Aunque con el Frente Nacional se posibilitó la apertura democrática que el país necesitaba, la información se concentró en los medios tradicionales y en algunas ciudades del territorio nacional. Una cita presentada en la exposición, da cuenta de ello: “La disminución de las publicaciones periódicas en la segunda mitad del siglo XX fue evidente: mientras en 1915 el ministerio de Gobierno contabilizó 383 publicaciones editadas en 80 lugares diferentes, hacia 1963 un observador apenas pudo contar 37, editadas en solo 12 cuidades, principalmente las grandes capitales”.

Con el pacto bipartidista del Frente Nacional y la alternancia de los partidos tradicionales en el poder, se limitó el ejercicio político de las terceras fuerzas. Tanto El Tiempo, El Espectador, El Siglo, entre otros, convirtieron la autocensura en un pacto implícito para restringir la información que se podía publicar de forma crítica contra el establecimiento. Quizás Alternativa, revista dirigida por Gabriel García Márquez y Enrique Santos Calderón a finales de la década del setenta, fue la que sirvió como contrapeso al poder que sobre los medios de comunicación impusieron el oficialismo del partido liberal y conservador.

Entre las preguntas que surgen en un mundo donde las redes sociales reemplazan los medios de comunicación acostumbrados y se habla de una era de la información, se tiene: ¿Cómo se ejerce la vigilancia e inspección sobre ejercicio del periodismo? ¿De que forma se puede controlar la desinformación y las noticias falsas? ¿Cuáles son los límites al derecho de la libertad de expresión? ¿Cómo influye la pauta, oficial o privada, en los contenidos que se pueden publicar en los medios de comunicación? ¿Cómo se imponen discursos a través de “bodegas de twitter”, por ejemplo, para silenciar voces disidentes a la institucionalidad?

Maylor Caicedo

Historia de la Censura en Colombia I

Escrito por Maylor Caicedo en . Publicado en Dos puntos, Opinión. No hay comentarios en Historia de la Censura en Colombia I

La semana pasada finalizó la exposición “Breve Historia de la Censura. Dos siglos entre control y la libertad de expresión” presentada por la Biblioteca Nacional. Me impactó el tratamiento que de este fenómeno se hizo pues, además de ser una problemática reciente, el énfasis histórico da cuenta que en nuestra política se introyectó el imaginario de que es necesario censurar para prevenir el desorden y disciplinar la sociedad. Con la utilización de la censura como herramienta se buscó establecer leyes para castigar a quienes publicaban y ponían en circulación textos prohibidos, uniformar a la opinión pública en la manera como debía comprenderse y difundirse la información y como medio para fortalecer la autoridad, especialmente, el Estado. 

La exposición hacía un recorrido por las restricciones impuestas por la iglesia y el Estado sobre la prensa y los libros publicados en Colombia desde el periodo colonial. A medida que la palabra escrita empezó a popularizarse las instituciones eclesiásticas y gubernamentales buscaron ejercer control y vigilancia de manera preventiva -control previo de los contenidos antes de ser publicados- y represiva, que da cuenta de las acciones legales, policivas y pecuniarias que se imponía a las personas una vez el escrito era puesto en circulación.

 

Durante la colonia (periodo en el que iniciaba la exposición) la iglesia y la corona ejercieron censura que recayó sobre libros, hojas sueltas, pasquines y panfletos. Esta censura tenía un carácter previo, ya que todo libro que se deseara publicar debía contar con autorización real y eclesial. Desde 1616 la vigilancia de las publicaciones estuvo en cabeza del Tribunal de la Inquisición, que estableció índices de libros que era prohibido leer en todo el virreinato. Los castigos para las personas que adquirían estos textos o que los difundían era la excomunión; sin embargo, con el contrabando alcanzaron a circular y evadir los controles algunos textos ilícitos. Libros que, presuntamente, propagaran herejías, ideas políticas contrarias a las impartidas por la iglesia y falsas creencias (difuminados por la Reforma Protestante del siglo XVI) eran los que mayor control y vigilancia tenían.

De los casos más sonados a finales de la colonia se encuentra la censura contra Antonio Nariño por la traducción e impresión de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1793, la cual le ocasionó varios años de prisión. La censura era casi obvia: la prohibición de circulación de un documento que consignaba los principios rectores de la revolución francesa que estaban en contra de la corona en los países europeos y le daba un protagonismo a la burguesía como sector social que históricamente había sido rezagado.

Con la independencia las cosas cambiaron sustancialmente. En 1821 se abolió la censura previa y se expidió una ley sobre la libertad de imprenta que limitó este derecho y prohibió escritos que atacaran la religión (subversivos), los que promovieran la perturbación de la tranquilidad pública (sediciosos) y los que atentaran contra la moral (obscenos) y los que vulneraran el honor de un individuo (libelos infamatorios). Como se eliminó la censura previa, la denuncia se convirtió en la única forma para que la palabra escrita fuera intervenida por la autoridad.

La constitución de 1886 proclamó la responsabilidad de la prensa cuando esta atentara contra los particulares, el orden social y la tranquilidad pública. Con la publicación de periódicos contrarios al régimen se generó un escenario de inestabilidad política en el periodo de nuestra historia conocido como Estados Unidos de Colombia (1863-1886); justamente eso lo sabían los asambleístas conservadores que se encargaron de redactar la constitución de 1886, razón por la que tomaron medidas más drásticas frente a los delitos de imprenta. Los escritos que criticaran la religión y la institución militar, que publicaran noticias falsas y que fueran ofensivas y difamatorias fueron los de mayor prohibición durante estos años. La censura represiva fue notoria a finales del siglo XIX e inicios del XX, por medio de la imposición de multas, arrestos de periodistas y suspensión de periódicos. El poder de castigar estuvo en cabeza de autoridades administrativas (gobernadores, perfectos y alcaldes), pero en muchos casos los dictámenes tomados se hicieron de forma arbitraria, pues había intereses de fondo que amañaban cualquier decisión. Es decir, la censura, más allá de ser imparcial, adquiere condiciones políticas y depende de quien esté en el gobierno de ese momento tomar la decisión de vigilar y castigar cualquier escrito. En la próxima columna se analizará la censura en el siglo XX y como ha impactado en la sociedad colombiana. 

Maylor Caicedo

El Gobierno del Cambio… del manual de funciones

Escrito por Maylor Caicedo en . Publicado en Opinión. No hay comentarios en El Gobierno del Cambio… del manual de funciones

Desafortunado el cambio que hizo el gobierno Petro en el Manual de Funciones del recién creado Ministerio de la Igualdad para nombrar a Gareth Sella como viceministro de la Juventud. A pesar que la jefe de la oficina jurídica del Ministerio, Carolina Hoyos, argumentó que se está haciendo una “adopción progresiva” del manual en una entidad recién creada, en la opinión pública quedó el sinsabor de que el cambio se hizo, exclusivamente, para beneficiar a Sella -activista político en el estallido social de 2021.

El 11 de septiembre pasado, el gobierno dio a conocer la resolución que cambia el Manual de Funciones del Ministerio adoptado, inicialmente, el 16 de agosto. En la primera resolución se establecía que las carreras “ciencias políticas, relaciones internacionales, derecho, administración, antropología, artes liberales, geografía, historia, sociología, trabajo social, economía, ingeniería administrativa, ingeniería industrial, psicología y educación” eran requisito para posesionarse como viceministro. Además, era necesario contar con una “especialización en alguna área” que le permita tener conocimiento para hacer seguimiento de políticas públicas ligadas con los derechos de la juventud. Frente a la especialización, puede ser conmutada con experiencia de dos años con la que Gareth cuenta al haber sido realizador audiovisual en el Departamento para la Prosperidad Social y la Secretaría Distrital de Gobierno.

 

El nombrado viceministro no podía posesionarse en el cargo, pues es profesional en Artes Visuales, Cine y Televisión; sin embargo, el 11 de septiembre -con una nueva resolución- se cambia el Manual de Funciones incluyendo las carreras de “artes plásticas, visuales y afines” como requisito. Con esta modificación se da vía libre para que Gareth -quien no cumplía con el perfil en un inicio- ahora sí lo haga y pueda ser el primer viceministro de juventud.

El “Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales” -como se le conoce formalmente en la Función Pública- es una herramienta de gestión de talento humano que permite establecer las funciones y competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de las instituciones públicas; así como los requerimientos de conocimiento, experiencia y demás competencias exigidas para el desempeño de estos. Esta herramienta es vital para determinar las personas idóneas y con conocimientos específicos para que puedan ocupar los cargos establecidos. 

La vieja usanza política era modificar los Manuales de Funciones para acomodar amigos, aliados políticos o personas cercanas a los gobiernos que no cumplían con los requisitos para asumir los cargos. Cambiar el Manual para beneficiar a una sola persona no deja bien parado al Ministerio de la Igualdad y, mucho menos, al gobierno del cambio. Esta práctica no es ilegal, pero sí adquiere caracteres de ilegitimidad, más cuando la realiza un gobierno que, se creía, estaba en contra de la politiquería y las prácticas clientelistas tradicionales. 

Por ser un cargo de tan alto nivel como lo es el Viceministerio de Juventud, este caso ha sido el más visible en los últimos días en los medios de comunicación. Sin embargo, hay varias entidades en las que se han modificado los Manuales para nombrar personas que hacen parte del “gobierno del cambio” y que no cumplen con los requisitos exigidos en el perfil. El gobierno de Gustavo Petro no puede permitir que los cambios en los Manuales para nombrar personas a conveniencia se sigan presentando; si estamos hablando de cambios estructurales en las formas de hacer política, indispensable que la actual administración lidere una toma de conciencia frente a la politiquería y el clientelismo que han sido males que han asechado históricamente el país y no las siga implementando, como ocurre en este caso.

Giorgia Meloni y la crisis migratoria de Lampedusa

Escrito por Maylor Caicedo en . Publicado en Columnista invitado, Opinión. No hay comentarios en Giorgia Meloni y la crisis migratoria de Lampedusa

Cada vez la cifra de migrantes indocumentados que llega a la isla mediterránea de Lampedusa para acceder a Europa es más preocupante para las autoridades italianas. En lo que va de año, han llegado a las costas italianas 127.000 migrantes, el doble de la cifra del año pasado, situación que ha generado divisiones internas en el gobierno italiano y cierta ilegitimidad de la primera ministra en la implementación de sus políticas, especialmente, en uno de los temas centrales que son los flujos migratorios.

En días pasados la ultraderechista Giorgia Meloni, primera ministra italiana, aprobó varias medidas para mitigar la migración ilegal. Según el nuevo decreto, los inmigrantes irregulares permanecerán más tiempo (hasta 18 meses) en los centros de acogida, antes de ser repatriados en caso de que no logren cumplir los requisitos para obtener el asilo. Además, Italia construirá más centros de repatriación en todo el país.

 

Meloni, preocupada porque esta crisis que se le está saliendo de las manos, invitó a Lampedusa a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, para que conociera, directamente, la situación de los migrantes. La visita de la presidenta de la Comisión sirvió, además, para presionar la aplicación del reciente acuerdo de la Unión Europea (UE) con Túnez para que este país controle la salida de migrantes desde sus costas, pues se convirtió en la principal ruta hacia Lampedusa.

Y es que la crisis migratoria se expresa claramente en cifras. Lampedusa es una pequeña isla mediterránea de 6.000 habitantes y, por poner un ejemplo, entre el 13 y 14 de septiembre acogió a 7.000 migrantes. El pasado 18 de septiembre, día en que tuvieron la reunión la primera ministra y la presidenta de la Comisión, llegaron a la isla 1.000 personas. El Paísseñaló que en las últimas dos semanas llegaron 12.000 migrantes a Lapedusa.

La inestabilidad política en Túnez es la razón fundamental para que la migración se haya extrapolado este año. Anteriormente, la mayoría de personas que llegaban procedía de Libia. Obedecía, fundamentalmente, a la guerra civil desatada entre los grupos armados que derrocaron a Muamar el Gadafi en 2011 y que, desde entonces, se enfrentan por el control del país. Hay una preocupación en el gobierno italiano, pues tras las catastróficas inundaciones en Libia, se presume una nueva oleada migratoria.

El desasosiego de Giorgia Meloni, asimismo, se evidenció en el 78º periodo de sesiones de la ONU de la semana pasada. Su discurso se centró en que la organización mundial debía lanzar una “guerra global sin piedad” contra los traficantes de personas. Esta ha sido una posición que han asumido varios sectores de la derecha europea; no obstante, el problema de fondo no son los traficantes de personas, son las guerras que viven los países del norte de África y la inestabilidad política por la que atraviesan los países subsaharianos.

Meloni, que encabeza el partido de derecha radical Hermanos de Italia, llegó al cargo hace un año, en parte, gracias a sus promesas de reducir la inmigración. Pero su narrativa de repatriación, persecución a los traficantes de personas, concertación de cuotas legales con los demás países europeos para albergar migrantes y establecimiento de una misión naval europea eficiente que intercepte botes ilegales con migrantes, no han dado los réditos que esperaban sus electores.

Europa debe replantear (al igual que lo debe hacer Estados Unidos) el discurso punitivo y de persecución a los migrantes. La forma más sensata, si se quiere atajar de raíz este fenómeno, es analizar las problemáticas de los países para limitar los flujos migratorios. La Unión Europea puede apoyar la solución de las crisis en Libia y Túnez, buscando acuerdos de paz. Lo propio puede hacer Estados Unidos con el bloqueo económico que le ha impuesto a Venezuela, esto reduciría sustancialmente la migración de venezolanos por el tapón del Darién. La solución está en la voluntad política y en el cambio de las estrategias de las potencias, no desde los países de origen.    

La disputa entre Lafaurie y Petro

Escrito por Maylor Caicedo en . Publicado en Columnista invitado, Opinión. No hay comentarios en La disputa entre Lafaurie y Petro

Recientemente se desató una polémica entre José Felix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) y Gustavo Petro, presidente de la república, por la propuesta del gremio ganadero de crear “brigadas solidarias” para prevenir y proteger la invasión de tierras ganaderas, una iniciativa que el primer mandatario de los colombianos calificó como “invitación al paramilitarismo”. Esta discusión se enmarca en el perenne contrapunteo entre “defensa de la propiedad” y “acceso a la tierra” que incrementó los niveles de violencia en nuestro país. Al hacer una revisión histórica se encuentran, al menos tres momentos, en los que este contrapunteo ha desencadenado oleadas de hechos victimizantes en los campos.

Inicialmente, el intento de reforma agraria de Alfonso López Pumarejo con la ley 200 de 1936 buscó que la propiedad sobre la tierra tuviera una “función social”, es decir, que la propiedad estuviera sujeta al “bien común”. En ese sentido, la ley posibilitaba que las tierras improductivas podían ser expropiadas por el Estado, en un término de 10 años, para adjudicarlas a quienes las necesitaban y podían trabajarlas. Se edificó, así, la esperanza de acceso a tierras en millones de campesinos colombianos que no eran propietarios. Sin embargo, con la expedición de la ley 100 de 1944 se echó al traste todo el proceso de reforma agraria; además de ampliar el plazo de expropiación a 15 años, empoderó a los terratenientes que decidieron armar a sus peones para atacar a campesinos que, previamente, habían ocupado tierras pensando en la adjudicación. Las primeras masacres por ocupación de tierras privadas se empiezan a registrar en 1945 y, posteriormente, con del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, darían paso a lo que se conoce en la historia nacional como el periodo de la Violencia “con V mayúscula”.

 

El segundo momento se registró en el marco de la malograda reforma agraria impulsada por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. En esta ocasión el presidente impulsó la creación de una confederación campesina que sirviera como interlocutor válido con el gobierno con miras a defender y reivindicar los derechos de los campesinos y el acceso a la tierra. Con el nombre de Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), la confederación, que tuvo su acta de constitución en 1970, inspiró el proceso más significativo que, en materia organizativa, habían tenido los sectores rurales en la historia nacional. Se promovió, de esta forma, la ocupación o toma de tierras para que el Estado las adjudicara. La costa caribe fue una de las regiones donde más ocupaciones se registraron y un número importante de campesinos se benefició. No obstante, la arremetida terrateniente no se hizo esperar. Con la promulgación de las leyes 5 y 6 de 1973 (producto del acuerdo de grandes tenedores de tierra conocido como el Pacto de Chicoral) se frenó el intento de reforma agraria promovido por Lleras Restrepo al eliminar la expropiación del latifundio improductivo y priorizar la explotación empresarial por encima del desarrollo campesino. Como consecuencia, nuevamente, la violencia por la defensa de la propiedad se incrementó en los campos colombianos.

El tercer momento se viene presentando desde la década del ochenta y se materializó en la connivencia de algunos terratenientes con paramilitares para expulsar a campesinos de tierras con vocación productiva. El despojo y abandono forzado de tierras propiciado por grupos organizados al margen de la ley contra millones campesinos, afectó, en mayor medida, a poseedores de predios privados y ocupantes de baldíos, justamente, por la informalidad de la tenencia de la tierra en Colombia. En varios de los casos trabajados por la Unidad de Restitución de Tierras se da cuenta que propietarios infringieron violencia sobre poseedores utilizando grupos al margen de la ley para recuperar sus tierras y afianzar el derecho a la propiedad privada.

Vale decir que la legislación colombiana, en parte, ha sido condescendiente con la creación de “grupos de autodefensa” para la amparar del derecho a la propiedad y la lucha contrainsurgente. Con el Decreto Legislativo No. 3398 de 1965 (que tenía una vocación transitoria, pero fue adoptado como normatividad permanente con la ley 48 de 1968) se estableció la posibilidad que personas civiles podían integrar “grupos de autodefensa” e, incluso, utilizar armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Aunque en 1989 la Corte Suprema de Justicia declaró “inexequible” el parágrafo 3 del artículo 33 del Decreto legislativo 3398 de 1965 que posibilitaba la creación de grupos de autodefensas, con el Decreto 535 de 1993 y el Decreto Extraordinario 356 de 1994 se facultó dotar de armamento de uso privativo de las fuerzas militares a los Servicios Especiales de Seguridad Privada “Convivir”. El funcionamiento de estas organizaciones (instrumentalizadas por el paramilitarismo y algunos terratenientes para la protección del derecho a la propiedad y la lucha contrainsurgente), finalizó en 1997 cuando la Corte Constitucional publicó la Sentencia C-572 y declaró su ilegalidad. Se selló, por esta vía, la laxitud del Estado en la promoción de grupos de autodefensa.

Los colombianos esperamos que las “brigadas solidarias” que está impulsando el presidente de Fedegan no devengan en más violencia y, peor aún, como lo ha señalado Gustavo Petro, inviten al paramilitarismo. Aunque Jose Felix Lafaurie ha sido tajante en mencionar que estos grupos son pacíficos y que los propietarios “tenemos el derecho a movilizar la solidaridad de los ganaderos para el buen propósito de evitar que la propiedad privada sufra cualquier tipo de menoscabo”, la historia de la violencia no debe repetirse, más cuando la actual administración está promoviendo la movilización y organización campesina por la reforma agraria por medio de comités municipales para dicho fin.       

¿Sembrando vida, desterraremos el narcotráfico?

Escrito por Maylor Caicedo en . Publicado en Consideraciones, Opinión. No hay comentarios en ¿Sembrando vida, desterraremos el narcotráfico?

La lucha contra el tráfico ilícito de drogas inició en 1961 con la Convención Única sobre Estupefacientesde la ONU en la que se declaró, entre otros aspectos, la cooperación internacional para la lucha coordinada contra su tráfico ilícito. Posteriormente, en 1971, se decretó el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas  que plasmó las regulaciones medicinales y se establecieron disposiciones penales para los traficantes. Surgió, en este marco, la idea de que el tráfico de sustancias psicoactivas podía enfrentarse castigando la oferta, pues al aumentar los precios con las incautaciones y persecución a los cultivadores, la demanda disminuiría. Con este argumento surgió en Estados Unidos, hacia 1973, la Drug Enforcement Administration, DEA (en español, Administración para el Control de Drogas) que persigue el tráfico de drogas ilegales y medicamentos sin prescripción médica.

Ha sido lamentable la política antidrogas impulsada por la potencia norteamericana y las repercusiones en el continente. Desde la década del setenta, distintas operaciones desarrolladas por la DEA con apoyo de los gobiernos locales, más allá de reducir el consumo y la comercialización, incrementaron la violencia en países como Bolivia, Perú, Salvador, México, Ecuador y Colombia. Con la amenaza de la “descertificación”, Estados Unidos estableció una clasificación anual de los países en función del respeto de sus obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales antidrogas. Implementó acciones como el “Plan Colombia” que incrementaron la violencia en los campos y militarizaron la sociedad colombiana.    

 

Recientemente han sido variadas las voces disidentes a la estrategia tradicional de la lucha contra las drogas. El año pasado, con la llegada a la presidencia de una nueva administración, se replanteó la política antidrogas en Colombia. Es en este marco que tuvo lugar la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre las Drogas llevada a cabo en Cali entre el 7 y 9 de septiembre. En este espacio, se presentó la Política Nacional de Drogas 2023-2033 “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico” la cual tiene 8 ejes de acción: i). ‘Modelo de Intervención Integral para el Tránsito a Economías Lícitas’, que busca eliminar progresivamente la dependencia de las comunidades y de los territorios a las economías ilícitas relacionadas con drogas; ii) “Cuidado ambiental de territorios afectados por la economía de las drogas ilícitas” que pretende mitigar los impactos ambientales de la producción ilegal de drogas; iii) “Atención a población en condición de vulnerabilidad frente a mercados urbanos de drogas”, para prevenir la vinculación de población vulnerable a las economías ilícitas y promover medidas sancionatorias diferenciales; iv) “Consumo de sustancias psicoactivas desde el cuidado integral, la salud pública y los derechos humanos” con el diseño de planes para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA), en especial en niños; v) “Afectación a los actores estratégicos y de alto valor del sistema del narcotráfico’ que se enfoca en la destrucción de laboratorios, el aumento de la interdicción, el control de insumos y precursores químicos, afectación del lavado de activos y la lucha contra la corrupción; vi) “Regulación justa y responsable” que menciona la regulación de usos terapéuticos, médicos y, en general, lícitos de la planta de coca; vii) “Cambio de narrativas” que tiene que ver con la transformación de los imaginarios sobre las drogas, promoviendo información basada en evidencia, herramientas culturales y artísticas; y viii) “Diplomacia internacional para el cambio” que pretende promover nuevas discusiones globales sobre las drogas, y plantear la revisión del marco jurídico internacional al respecto.

En la clausura del evento, con la participación de delegados de 17 países de la región, se firmó un documento de 10 puntos que establece la necesidad de cambiar el paradigma, reconociendo el fracaso de la lucha contra las drogas y transformando el fenómeno punitivo que tiene la visión prohibicionista; a su vez, señala que el problema se debe enfrentar de manera integral identificando las causas de desigualdad, pobreza, falta de oportunidades y violencia. El documento hace énfasis en la implementación de políticas para reducir la demanda a través de “prevención universal, selectiva e indicada”, en tratamientos para quienes tengan adicciones a las drogas y en la creación de Alianza Latinoamericana Antinarcóticos.

Lo que buscan crear los gobiernos que participaron es una “visión común” y una hoja de ruta que lleve a un nuevo paradigma antidrogas en la Cumbre Internacional de Drogas, en 2025. Sin embargo,   

Es acertado el cambio de narrativa de la actual administración de reencaminar la política antidrogas, persiguiendo a los narcotraficantes y no a los campesinos, como otrora sucedía.    

Maylor Caicedo

Las Mafias de la Unidad Nacional de Protección y el exterminio de los firmantes de paz

Escrito por Maylor Caicedo en . Publicado en Opinión, Opinión al natural. No hay comentarios en Las Mafias de la Unidad Nacional de Protección y el exterminio de los firmantes de paz

Desde el proceso de dejación de armas en 2016, han sido asesinados 396 firmantes de paz que hacían parte de las antiguas FARC. Desde el 7 de agosto de 2022 (día en que se posesiona el actual gobierno) hasta el 31 de julio del presente año, la cifra ascendía a 35 excombatientes asesinados, según datos de Indepaz. La mayoría de los homicidios fue contra militantes del partido Comunes, organización que originalmente surgió en 2017 bajo el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), pero que cambió su nombre en 2021 para evitar asociaciones con la extinta guerrilla y con las disidencias que actualmente existen.

El pasado 31 de agosto, decenas de militantes de Comunes y excombatientes protestaron en la entrada del Ministerio del Interior exigiendo protección a sus vidas y el esclarecimiento de los asesinatos que, por falta de investigaciones de la Fiscalía, están impunes. La protesta tuvo lugar luego del atentado en Bogotá contra el firmante de paz, Marino Molina, el martes de la semana pasada.

 

El atentado ocurrió luego de un proceso de inteligencia y seguimiento por parte de delincuentes que lo abordaron en un barrio del sur de Bogotá y que, a pesar de haber herido gravemente a dos de sus escoltas, no pudieron acabar con la vida de Marino. Según información suministrada por un dirigente político de Comunes, a la organización le preocupa que el atentado haya ocurrido en la capital, pues alrededor de 800 integrantes del partido político habitan en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Sumapaz. Además, les llama la atención la Alerta Temprana que publicó la semana pasada la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y disidencias de las FARC en siete localidades de Bogotá, pues es posible que estos grupos armados estén detrás del atentado.

Sumado al número de firmantes que ya hay en Bogotá, han llegado desplazados del centro poblado “Georgina Ortiz” en Vista Hermosa, Meta, y de Arauca otro grupo importante, producto de amenazas de disidencias y combates entre grupos armados ilegales. En lo manifestado por el dirigente político de Comunes, los firmantes desplazados están en una situación de riesgo, pues la actual administración no les ha prestado las ayudas necesarias, ni los esquemas de protección debidos. 

Por otra parte, el atentado de la semana pasada tiene connotaciones más profundas, pues Marino es el fiscal nacional del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad y la Protección por la Paz (SINTRASEPAZ), dirigente nacional del partido Comunes e integrante de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección (MTSP) de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que es la encargada de definir la asignación de esquemas de seguridad.   

SINTRASEPAZ (organización sindical de trabajadores de la UNP) emitió un comunicado rechazando el atentado contra Marino Molina y responsabilizando, “por acción u omisión”, a la Unidad por la publicación de información reservada y videos estigmatizantes contra integrantes del componente Comunes a la MTSP y, en general, trabajadores afiliados al sindicato. Asimismo, aseguran que el intento de homicidio “tiene sus raíces en la no implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP)” y en las dificultades presentadas en la asignación de vehículos a los protegidos del partido Comunes. 

En el comunicado también conminan al presidente Gustavo Petro para que sea consecuente con la implementación integral del acuerdo de paz, pues se ha desconocido el programa de protección para los integrantes del partido Comunes, establecido en el punto 3.4 de los acuerdos de paz de la Habana.

A la crítica situación que viven los firmantes de paz y trabajadores de la UNP, se suma el atentado contra la vida del director de la entidad, Augusto Rodriguez, en marzo del presente año y las amenazas que recibieron los funcionarios Daniel Augusto, Jorge El Saieh e Israel Adalberto Franco y sus familias. La violencia en contra de trabajadores y directivos de la UNP obedece a las denuncias que han realizado por la presencia de mafias al interior de la Unidad.

En charla informal con un integrante del sindicato, señaló que existen varias mafias: la de la gasolina, que se encarga de hurtar parte del combustible asignado a las camionetas de los protegidos; la de las “rentadoras” que se apropia de dinero alquilando vehículos que no cumplen con el blindaje establecido; la mafia de la “contratación”, que se encarga de contratar escoltas tercerizados pagados a 10 millones de pesos por la entidad, pero realmente reciben 3 millones, convirtiendo la tercerización en un negocio, supremamente, lucrativo.

Es urgente que el gobierno nacional le ponga la lupa a la protección de la vida de los firmantes de paz si se quiere acabar con el exterminio que están pasando. Si el gobierno nacional no depura la entidad, continuaran enquistadas las mafias que ejercen violencia contra los funcionarios y se apropian de los dineros públicos.

Por: Maylor Caicedo

¿Se lo explico con plastilina?

Escrito por Maylor Caicedo en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Por: Maylor Caicedo

El sueño americano se convirtió, desde hace algunas décadas, en el anhelo de personas del mundo que ven en los Estados Unidos el país de las oportunidades, donde podrían mejorar sus condiciones de vida. De eso se ha encargado el cine hollywoodense. Tras de ese sueño, algunos toman la decisión emprender un viaje arriesgado y tortuoso que los lleva a atravesar varios países latinoamericanos hasta llegar al río Bravo en la frontera de México con Estados Unidos.

 

En el imaginario común está el mito de que quienes deciden atravesar el Tapón del Darién y recorrer toda Centroamérica son, principalmente, haitianos y venezolanos, sin embargo, la travesía también la emprenden ciudadanos de todo el mundo. Según información del Servicio Nacional de Migración de Panamá, entre 2002 y la primera mitad del 2003 atravesaron el Darien 7.309 ciudadanos indios, 10.762 chinos, 3.921 afganos, 54.486 ecuatorianos, 2.302 somalíes, 2.640 bangladesíes, 55.734 haitianos y 250.882 venezolanos, entre otros. Uno de los datos más dolorosos es el alto número de niños, niñas y adolescentes que atraviesan el Tapón. Un total de 40.458 han atravesado en lo corrido de 2023, siendo siete veces mayor en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Las razones para ir al país del norte son variadas: deterioro de la situación socioeconómica generada por la pandemia del Covid-19, falta de acceso a alimentos y servicios esenciales, inestabilidades políticas en el país de origen, persecución, inseguridad, reunificación familiar, etc.

Este desplazamiento masivo se volvió una crisis humanitaria en la que, quienes deciden hacerlo, recurrentemente se ven envueltos en cadenas de tráfico de personas, exposición a cruzar fronteras sin documentos, inseguridad en las rutas, agresiones de grupos delincuenciales, violaciones y abusos sexuales y flagrantes vulneraciones a sus derechos humanos. Caravanas de migrantes se convocan en ciudades centroamericanas para, desde allí, continuar el camino a Estados Unidos. Estas caravanas, que surgieron como una estrategia para enfrentar los desafíos y el peligro del viaje, suelen aparecer convocadas por activistas defensores de los derechos humanos y se forman a partir del “voz a voz” a través de mensajes que se difunden en las redes sociales, especialmente por Facebook.

Muchos viajeros vienen desde Brasil u otros países suramericanos, pero la primera llegada para atravesar el Tapón y emprender el viaje por Centroamérica es Necoclí. Desde allí se parte en una chalupa a Capurganá, para luego llegar a La Miel (Panamá) y atravesar la manigua llena de barro y peligro. Ya en ciudad de Panamá, los migrantes van de terminal en terminal atravesando ciudades, otros lo hacen caminando o pidiendo “aventones” por el camino. En la frontera entre México y Estados Unidos, el cruce puede parecer accesible, pero la presencia constante de la policía migratoria genera un ambiente de control y vigilancia. Algunos de ellos se entregan a la policía para que sea estudiada su solicitud de asilo. Otros, que deciden pasar por “el hueco” (como se le conoce a la forma ilegal de atravesar la frontera) deben contratar a un “coyote” que les pueden cobrar hasta 10.000 dólares y los transporta en condiciones infrahumanas.

Ya en Estados Unidos los migrantes y refugiados experimentan sentimientos de soledad, pues dejan atrás a sus seres queridos y se enfrentan a numerosas barreras lingüísticas y culturales. A menudo, se ven obligadas a vivir en condiciones precarias, trabajando largas jornadas y lidiando con la incertidumbre de su estatus migratorio. Además, la falta de apoyo y discriminación que pueden enfrentar también contribuyen a su profunda sensación de aislamiento

La mayoría de la información que acabo de presentar se encuentra en la exposición “¿Se lo explico con plastilina?” que expone el artista Edgar Álvarez en Bogotá en el Centro Cultural Gabriel García Marquez (Calle 11 No. 5 – 60), la cual estará abierta al público hasta el 30 de agosto. Utilizando la plastilina como herramienta, Edgar elabora figuras humanas que evidencian el flagelo por el que pasan estas personas. Luego toma fotografías de estas figuras en sitios emblemáticos, acompañados por pie de fotos impactantes. Él, quien vivió en Estados Unidos por varios años y ha hecho viajes recogiendo información por Centroamérica y el Darién, conoce de primera mano la situación de los migrantes y refugiados. Con el fin de lograr una integración convincente entre los personajes y los espacios reales, toma fotografías hasta encontrar aquella que logra la perspectiva y el tamaño real. En una charla informal que tuve con Edgar, me indicó que su siguiente trabajo se enfocará en estudiar y fotografiar la alarmante migración de ciudadanos ecuatorianos que, la mayoría de las veces se presenta por las condiciones económicas, los impactos del narcotráfico e inseguridad que vive este país. Invito a que asistan y conozcan la realidad de los migrantes y refugiados que deciden emprender este sufrido periplo.

 

El fenómeno Milei y sus controvertidas propuestas

Escrito por Columnista en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión, Opinión | Ven, Venezuela.

La economía argentina está pasando por su peor momento. La inflación más alta en la región con 114,2% en mayo, una devaluación marcada de la moneda que llegó al 22%, luego de las elecciones primarias llevadas a cabo el 13 de agosto. Ahora los ciudadanos no ahorran en pesos argentinos, lo hacen en dólares debido a la incertidumbre de la economía. La pobreza ronda el 40% de la población. Se ha presentado un aumento del desempleo y una degradación del mercado laboral.

Ante el escenario económico crítico que vive el país, se está posicionando el discurso de Javier Milei, economista y candidato de extrema derecha que plantea dolarizar la economía, eliminar el Banco Central Argentino y “pasar una motosierra” al gasto público que, desde la llegada de los Kirchner al poder en 2003, se ha incrementado sustancialmente debido a una ampliación, sin precedentes, del aparataje institucional. Establece que la medida de eliminar el Banco se puede presentar entre 18 y 24 meses, vía legislativa, en caso que sean gobierno.

 

El descontento de los argentinos con el actual modelo económico se evidenció, notoriamente, en las elecciones regionales del pasado 13 de agosto. Justamente, la fuerza de Milei, “La Libertad Avanza”, fue la más votada con un 31.63%, seguido de “Juntos por el Cambio” encabezada por la candidata Patricia Bullrich (ministra de seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri) y, finalmente, está el Ministro de Economía de la actual administración, el candidato oficialista de la “Unión por la Patria”, Sergio Massa, con un 27%.

Aunque los porcentajes electorales están muy parejos, para las elecciones definitivas del 22 de octubre las firmas encuestadoras presentan una imagen positiva de Javier Milei superior a la de sus contrincantes. Su discurso agresivo (que en ocasiones raya con la agresividad) es comparado con los de otros outsider como Donand Trump y Nayib Bukele.

En materia de seguridad propone establecer una “nueva doctrina” donde “el que la hace, la paga”. Junto a su fórmula presidencial, Victoria Villaruel -quien es la directora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas-, ven con buenos ojos el porte de armas en Argentina para incrementar la seguridad. Sugieren que la legislación vigente establece muchos requisitos para su acceso y en ese sentido el “Estado desalienta la compra y uso de armas”, cuestión que se tiene que revisar en caso que sean triunfadores.

Entretanto, para enfrentar el excesivo gasto y reducir la inmensa burocracia, Milei propone suprimir los ministerios de salud, educación, cultura, igualdad e investigación científica. En su lugar, plantea la creación del “Ministerio de Capital Humano”, el cual aportaría en la eficiencia estatal. Este es un tema que ha generado controversia, pues va en contra de los avances que, en materia de garantía de derechos, han desarrollado administraciones anteriores como la de los Kirchner. Además, replantearían el ministerio de la mujer al ser “un agujero negro del presupuesto del Estado”, dominado por “colectivos de mujeres feministas, de LGTBI y mujeres proaborto”.

En materia educativa su programa es, definitivamente, conservador. Considera que la educación sexual debe ser brindada por las instituciones de forma optativa, pues no se puede “adoctrinar sobre prácticas sexuales” a los jóvenes; es decir, temas como la homosexualidad y la bisexualidad deben socializarse en la familia y no debe ser un tema que en el que el Estado deba inmiscuirse. Al tiempo, revisarían la despenalización del aborto, pues (como lo ha dejado ver Villaruel en entrevistas) se está matando al niño antes de nacer, además de “no ser una conquista social”. El otro tema bioético controvertido es la apertura del mercado de órganos, al brindar la posibilidad de acceso a quien tenga el dinero para su compra.

Finalmente, la propuesta de Milei y Villaruel está enmarcada en una revisión de las políticas de verdad y víctimas de las dictaduras. El Estado argentino, según manifiesta la candidata a vicepresidenta, ha pagado 3000 millones de dólares en indemnizaciones a personas que murieron “poniendo bombas, que se suicidaron tomando pastillas de cianuro, que fueron asesinados por la misma estructura terrorista en aplicación de sus códigos de justicia revolucionaria”. En cambio, no se ha reconocido a las victimas del terrorismo, es decir, de las organizaciones guerrilleras como los Montoneros y el Ejército Revolucionario Popular (ERP).

A pesar de ser una frase de cajón, en este caso es válido mencionar que “ningún extremismo es bueno”. Si Javier Milei llegara a ocupar el cargo de primer mandatario, Argentina retrocedería en las conquistas logradas en materia de garantía de derechos, perdería su autonomía monetaria, entraría en el circulo vicioso de que la seguridad está en las armas y no encontraría un escenario latinoamericano favorable para encausar su política de cooperación. Esperemos que la decisión que tomen los argentinos en las urnas sea la más consiente para que puedan pasar esta crisis económica sin alterar sus logros alcanzados en el ámbito social.

Maylor Caicedo

La nueva geografía del narcotráfico y el magnicidio de Fernando Villavicencio

Escrito por Columnista en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia del Ecuador, prendió las alertas sobre la penetración del narcotráfico en ese país. En varias de las investigaciones realizadas por Villavicencio cuando fue periodista, y posteriormente asambleísta, se evidencian denuncias contra las mafias de la corrupción en el gobierno y señalamientos contra la presencia de grupos narcotraficantes en Ecuador.

Hace algunos días el candidato declaró que él y su equipo de campaña recibieron amenazas de José Adolfo Masías Villamar, alias ‘fito’, líder de ‘los choneros’, grupo criminal vinculado al cartel de Sinaloa. Alias ‘fito’ está en prisión desde 2012 con una condena de 34 años, luego de probársele los delitos de delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. El cartel de Sinaloa estableció alianzas con los ‘choneros’ desde inicios de este siglo y es una organización criminal manejada, desde la cárcel, por el propio Masías Villamar. Inmediatamente después del magnicidio, un grupo de encapuchados, fuertemente armados y vestidos de negro se adjudicó el atentado. Los ´lobos´, como se autodenominan, es una escisión de ‘los choneros’ vinculados con el cartel Jalisco Nueva Generación, en disputa con el cartel de Sinaloa. La cuestión se complica porque al día siguiente del asesinato de Fernando Villavicencio un nuevo grupo, también llamados ‘los lobos’ (pero esta vez con la cara destapada y vestidos de blanco), manifestaron no tener nada que ver con el atentado mortal.

 

Lo cierto es que, desde hace algunos años, la violencia en Ecuador se ha incrementado por el control de las rutas del narcotráfico entre el cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, el presidente de la república, Guillermo Lasso, decretó el Estado de Excepción con toque de queda en las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas tras varios ataques armados en los que quemaron carros, un bus escolar, lanzaron bombas a gasolineras, a las oficinas del alcalde del cantón Durán, dispararon contra Unidades de Policías Comunitarias, capturaron como rehenes a ocho guías penitenciarios y resultaron muertos cinco policías.

El incremento en la violencia se evidencia, también, en las cifras de homicidios, parecidas a las sufridas por Colombia a finales de la década del ochenta. En 2021 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes fue de 13,89, mientras que en 2022, subió a 26,68, casi el doble (según estimados tasa de homicidios llegará a 40 este año).

La mayoría de los asesinatos se han concentrado en la Zona 8, donde están ciudades como Guayaquil, Esmeraldas y Samborondón. Este es uno de los puertos más importantes que tiene Ecuador para la comercialización de sus productos con el exterior. Los carteles mexicanos están dejando de lado las rutas de envío del narcótico por el caribe colombiano, Venezuela y Buenaventura, para desplazarse hacia los puertos del pacífico ecuatoriano. Obedece a este desplazamiento la crisis cocalera que viven campesinos del Catatumbo, Nariño y Cauca.

La zona de mayor producción de hoja de coca en Colombia se ubica, ahora, en una franja de 10 kilómetros a lo largo de la frontera colombo ecuatoriana, del lado colombiano, como lo señaló el presidente Gustavo Petro hoy en su cuenta de X.

El Amazonas se convirtió en una región donde sus ríos están siendo utilizados para el transporte de la hoja de coca y sus cuencas en la transformación en alcaloide. Mientras que los puertos de Perú y Ecuador están siendo utilizados para el envío de cocaína al mercado asiático, lo propio esta pasando con los de Brasil y Argentina para el transporte de la droga a Europa. Estados Unidos dejó de ser un mercado atractivo, pues la demanda de los consumidores de droga se ha trasladado al fentanilo, convirtiéndose en otra de sus crisis de salud pública.

El crimen en América Latina tiene cada vez más tintes internacionales. A lo acaecido en Ecuador, se suma el asesinato del Fiscal paraguayo Marcelo Pecci en el caribe colombiano, la presencia de mafias en Argentina y Brasil, de los soles en Venezuela, una nueva economía ilícita en Bolivia, todo ello articulado a los carteles mexicanos. El asesinato del candidato Fernando Villavicencio tiene que ser leído en la reconfiguración de la geografía del narcotráfico y no como un asesinato político perpetrado, presuntamente, por seis colombianos que están en manos de la justicia ecuatoriana.

Maylor Caicedo

Un año del gobierno Petro entre avances y escándalos

Escrito por Columnista en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

El próximo 7 de agosto se cumple el primer año del gobierno de Gustavo Petro.  En el argot popular colombiano se dice: “mientras la economía vaya bien, el país va bien”; pero esta no es la ocasión. A pesar de que las cifras presentadas por el DANE evidencian que el desempleo bajó a un dígito, la inflación se redujo, el dólar estuvo en picada y ha aumentado el recaudo de impuestos, las declaraciones del hijo del presidente, Nicolás Petro, sobre el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial, ocasionaron un escándalo político de proporciones monumentales.

Desde antes que Nicolás Petro y su exesposa, Daysuris Vásquez, desataran el terremoto político y judicial, en medio de la audiencia de medida de aseguramiento, ya se había roto la coalición política. Si bien pasaron en la anterior legislatura reformas constitucionales importantes como la ratificación del acuerdo de Escazú, el reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos, la ley de jurisdicción agraria y la ley que crea el Ministerio de la Igualdad, quedaron pendientes transformaciones sociales cruciales para el plan de gobierno como la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma pensional, entre otras.

 

El balance de Petro en su discurso del 20 de julio, frente a las reformas en el Congreso, fue optimista. Señaló que la mayoría de las reformas pasaron; las que no, fue por dificultades, más de trámite, que de voluntad política. Para esta legislatura, además de las ya presentadas y que están haciendo trámite, incluirá la reforma a la educación, al código minero, a la ley de servicios públicos, entre las más relevantes.

En la legislatura que está en curso, seguramente, el Congreso se enfrascará en discutir las acusaciones que Nicolás Petro está haciendo en contra de la campaña presidencial, dilatando las reformas del gobierno. A la oposición le cayeron “como anillo al dedo” las fuertes acusaciones que, de ser verdad, no solamente enlodan al presidente, sino a varios funcionarios del alto gobierno.

El mismo día en que se hizo el lanzamiento del Sistema Nacional de Reforma Agraria (uno de los propósitos más sentidos del programa de gobierno) y se oficializó el Comité Nacional de Participación (en el que se busca avanzar en la Paz Total con el ELN), Nicolás Petro y su exesposa afirmaban que en la campaña se habían superado los topes mínimos permitidos por la ley y, una parte de ellos, no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales.

Paradójicamente, el balance de la reforma agraria no es halagüeño. Según el mismo presidente, en el primer año de gobierno solo se han entregado 30.000 de las 3 millones de hectáreas acordadas con las extintas FARC. En materia de Paz Total si se ha avanzado en un histórico cese al fuego con el ELN y se estableció un equipo negociador con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC.

Donde ha repuntado (y con creces) el discurso de Gustavo Petro ha sido en materia ambiental. Su postura de canjear la deuda externa latinoamericana por acción climática y el cuidado de la amazonia ha calado en los países desarrollados. Colombia logró reducir en 76% la deforestación de la amazonia en el primer trimestre de 2023, según datos del propio presidente.  Del lado de las ambiciosas propuestas de transformación energética y minera se han quedado en veremos. La puesta en marcha de los parques solares y eólicos está estancada y, hasta el momento, sólo están en funcionamiento dos de las ocho turbinas de hidroituango, razones que evidencian las dificultades que el gobierno tiene para poner en marcha la transición energética.

Entretanto, un avance importante está en el combate a los cultivos y tráfico de uso ilícito. Al parecer, los cultivos de hoja de coca se han reducido, pues ya no es negocio para los campesinos cocaleros. Las incautaciones están en picada al asegurar el gobierno que se persigue a los narcotraficantes y se les limita la utilización de insumos. Incluso, el presidente anunció hace poco la propuesta de que el Estado compre la hoja de coca para hacer fertilizantes. Vale decir, además, que la llegada del fentanilo a Estados Unidos ha reducido el consumo de cocaína.

Aunque el presidente ha afirmado que gobernará hasta 2026, como lo establece el mandato popular, no tiene un escenario fácil en lo que le resta. Los disensos con el Congreso han limitado varias de sus propuestas legislativas y, en lo que se avecina, difícilmente llegará a acuerdos. Al ser el primer presidente de izquierda que llega al poder, hay que sumarle que los medios de comunicación han hecho un control minucioso de su gestión (como debe ser), pero han dificultado muchas de las decisiones políticas y podría decirse que están en su contra. Aunque tiene avances importantes de su programa de gobierno, el presente escandalo desdibuja su legitimidad y compromete seriamente su gobernabilidad ¿Será que al presidente le tocará ahora empezar a “gobernar por decreto”?

“Ahora no quieren estudiar, sino ser influencer”

Escrito por Columnista en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

La calidad y cobertura de la educación superior son temas preocupantes para la actual administración. Como respuesta, el pasado 20 de julio, la ministra de educación, Aurora Vergara, presentó al Congreso dos borradores de reforma. En primer lugar, está la propuesta de ley estatutaria que dejaría atrás la visión de la “educación como servicio” para convertirla en un derecho fundamental y de acceso universal. El otro borrador es la reforma a la ley 30 de 1992 que busca aumentar en 500 mil cupos la cobertura en educación superior (cambiando la forma de financiamiento de las universidades), transformar el gobierno universitario y generar modificaciones en el bienestar para quienes ya están matriculados.

La propuesta de reforma a la educación ha sido consultada con diversos sectores de la comunidad académica y, según señala el Ministerio de Educación, hay consensos al respecto.  Sin embargo, una de las alarmas que no ha contemplado el proyecto es que, en los últimos años, las matrículas en universidades se han reducido sustancialmente, pues cada vez hay menos jóvenes que quieren estudiar una carrera técnica, tecnológica o profesional.

 

Los altos costos de las carreras, su larga duración y las preocupaciones acerca de la escasa remuneración al egresar son, entre otros, explicaciones de las reducidas matrículas y la deserción. Un factor poco estudiado es el cambio en los intereses profesionales. En un estudio publicado por la empresa de servicios de remesas Remitly, que analiza las búsquedas en Google de personas que buscan una profesión, concluyó que la profesión que más se busca en el mundo es la de piloto de avión y la más popular en Colombia es la de ser “influencer”.

Recientemente, el rector de la universidad La Gran Colombia, Marco Tulio Calderón, dio a conocer que “en el año 2016 tuvimos más o menos 16.000 estudiantes. El año antepasado quedamos con 10.500, pero ya para este semestre volvimos a descender y quedamos en 9.500″. Esta queja, que se pensaba iba a ser temporal por la pandemia, es reiterada por rectores de universidades privadas de todo el país que inician semestres académicos con menos estudiantes.

En las públicas, aunque la reducción no es tan notoria, se mantiene el fenómeno, al punto que, la apertura de semestres de algunas carreras, peligra. Rectores de universidades públicas dan cuenta del descenso en el número de personas que se presentan: “Lo que hemos detectado es una baja en la compra de formularios. En la inscripción, tan solo hace unos años se vendían 58.000 formularios, y el año anterior se vendieron 36.000″, dice Giovanny Tarazona, rector de la universidad Distrital.

En los hogares, por su parte, frases como “no quiero estudiar, sino ser youtuber” o “mi hijo quiere ser influencer” se han vuelto cotidianas. Las redes sociales representan un nuevo estilo de vida para la generación Z (los nacidos a finales de los noventa e inicios de los 2000) en el ámbito personal, profesional, familiar, etc. Los youtuber, tiktoker e influencer son los nuevos ídolos que representan los modelos a seguir, los referentes que condicionan su conducta vocacional y los constructores de sus proyectos de vida.

Para nadie es desconocido que vivimos en una sociedad en la que la información fluctúa por las redes sociales; mientras que Gustavo Petro y Donald Trump son más “twitteros”, Nayib Bukele informa por Tik -Tok. El éxito se representa en la cantidad de likes, seguidores o vistos que tienen los mensajes. Se habla de la “economía del like”, pues las plataformas digitales pagan si un video se vuelve viral y adquiere un número determinado de “manitos con el pulgar arriba”. Las competencias por encontrar audiencias virtuales, generar nuevos contenidos y editar videos cortos y divertidos se ha convertido en un saber-hacer llamativo para los jóvenes.

En países como España se le ha denominado a estas prácticas como “profesiones emergentes”. El fenómeno ha impulsado a que varias universidades, especialmente privadas, se inclinen por “atraer” a los jóvenes por medio de la flexibilización de programas académicos. Para la muestra un botón. La Universidad de los Andes, reconocida por su prestigio social y académico, ha empezado a diseñar “cursos no formales entre 24 y 60 horas [que] significan una competencia, como por ejemplo, programar en Python, salud mental, evolución social y económica de programas de inversión y programas de 8 meses o unos 24 créditos académicos”.

La reforma a la educación universitaria es una solicitud, no solamente del gobierno nacional, sino de los diferentes sectores y actores de la comunidad académica. Se deben estudiar los cambios estructurales para facilitar el acceso a la educación como derecho y posibilitar un bienestar universitario acorde para evitar la deserción. Sin embargo, estamos en un momento crucial en el que debemos atender el sentir y querer de los jóvenes y revisar esas “profesiones emergentes” que no están siendo atendidas. La reforma a la educación debe incorporar transformaciones en los curriculums académicos, lecturas críticas frente a las redes sociales, transformaciones en el acceso laboral y una revisión de la flexibilización educativa, pues (lastimosamente para algunos) es lo que está imperando en el mercado mundial.

 

La sintonía de superación de la crisis climática y el discurso de Petro

Escrito por Columnista en . Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

El discurso del presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso se dirigió a dos pilares de su propuesta “Colombia Potencia Mundial de la Vida”: por un lado, la “justicia social” por vía de la democratización de la tenencia de la tierra (reforma agraria), el aumento en la capacidad productiva del país (desarrollo industrial) y el crecimiento económico por vía del turismo. El presidente se refirió, en este punto, a la necesidad de que el Congreso apruebe la reforma pensional, de salud, laboral y educación, fundamentalmente.

El otro pilar, al que menor atención se le prestó y con el que inició, fue el de “justicia ambiental” y la superación de la crisis climática. Aquí se concretan los proyectos de reforma a la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, prohibición del fraking, los cambios al Código Minero para generar alianzas del pequeño minero y el Estado y, en general, una transformación del extractivismo a la producción con la utilización de energías limpias, suprimiendo energías fósiles.

 

La superación de la crisis climática enlaza el discurso de Petro con las problemáticas mundiales en un momento decisivo para la humanidad. Frases mencionadas como “descarbonizar la economía”, “prosperidad social descarbonizada”, “comunidades energéticas”, entre otras, fueron retomadas de reivindicaciones de grupos ambientalistas y activistas para la mitigación del cambio climático.

La “crisis civilizatoria” (categoría con la que inició el presidente su discurso) fue planteada en el Acuerdo de Paris de 2015 en la que la comunidad internacional se comprometió a evitar que la temperatura global aumentase 1.5 °C respecto de los “niveles preindustriales” y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad en 2030 y totalmente en 2050. Los países no han cumplido con lo acordado, contrario a ello, se espera que en 2026 se superen las cifras establecidas en el Acuerdo.

Hay un consenso de la comunidad científica frente a este tema. Scientist Rebellion es un movimiento mundial de científicos que está desarrollando una oleada de actos de desobediencia civil con el fin de rebelarse ante la inacción política de los gobiernos frente a la crisis climática. Desde la reunión de la COP 27 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), llevada a cabo en Egipto en noviembre de 2022, las acciones de Scientist Rebellion se han multiplicado y han hecho sonar las alarmas a los líderes políticos mundiales.

Los actos de protesta han pasado por el asedio al pabellón de Porsche en el museo de Volkswagen en Alemania durante 42 horas, demandando la descarbonización del sector del transporte alemán y la cancelación de la deuda de los países del sur global para pasar a un mundo más sostenible (exigencia de Petro en varias conferencias internacionales). También han reclamado al gobierno norteamericano y a gobiernos europeos influyentes que reorienten las conversaciones globales sobre la crisis climática y tomar medidas para garantizar la supervivencia humana.

El mismo día del discurso presidencial en Colombia, varios activistas de Scientist Rebellion fueron retenidos en España, luego de que quisieron entregar, en la sede de Radito Televisión Española (RTVE), el sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) a los candidatos que se presentan a las elecciones del 23 de julio. En dicho informe se alerta sobre un “código rojo para la supervivencia de la humanidad” y se esbozan algunas soluciones recomendadas por la ciencia. Previo a la retención, reconocidos científicos medioambientalistas españoles firmaron el manifiesto del colectivo advirtiendo que

“España se seca, España se quema, España se agota. ¿Qué periódico sacó en portada que España en 2023 sólo cosechará el 13% de los cereales de invierno? ¿Qué partido va a hablar de esto esta noche en el debate electoral?  La crisis ecosistémica y de la biodiversidad alcanzan niveles desconocidos, nuestro país es uno de los más amenazados de Europa con un 75% del territorio bajo alto riesgo de desertificación”

De las preocupaciones más notorias que pone de presente Scientist Rebellion está el discurso negacionista que han asumido las élites políticas y los medios de comunicación. Consideran que “el negacionismo es tan peligroso para el clima como para la democracia” y han creado un movimiento climático de unidad frente al negacionismo y democracia ante emergencia climática. En efecto, al ser racionales y utilizar el entendimiento, no podemos negar la evidencia científica de la crisis climática, tenemos que tomar medidas urgentes para combatir el calentamiento global y detener el impacto que tendrá el fenómeno de El Niño.

A diferencia de gobiernos anteriores, Gustavo Petro ha reconocido la necesidad de tomar medidas urgentes frente del fenómeno de El Niño que se avecina en la segunda mitad del año y que, se espera, tenga un impacto sin precedentes. Sin embargo, enmarcado en el discurso negacionista inició la oposición su intervención el pasado 20 de julio en la instalación del Congreso colombiano. La senadora María Fernanda Cabal consideró como “elucubraciones basadas en lugares comunes” las palabras de Petro y sentenció que “…el mundo, tampoco, se va a acabar”.

A pesar de que los postulados de Petro sobre la crisis climática ocuparon más de la mitad de su discurso, los titulares de medios de comunicación y generadores de opinión política se centraron en lo mediador que se comportó y en el llamado al “acuerdo nacional”. Es necesario y urgente que el Congreso empiece a legislar entorno al pilar de la “justicia ambiental” y a la utilización de energías favorables con el medio ambiente. No más posturas negacionistas. La ciencia lo comprueba y lo reclama.

P.D. Las élites mundiales y los medios de comunicación masiva saben claramente lo que hay que hacer para evitar la crisis climática mundial. Falta ejercer una fuerte presión desde la sociedad para que lo hagan.