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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Maylor Caicedo

La sintonía de superación de la crisis climática y el discurso de Petro

El discurso del presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso se dirigió a dos pilares de su propuesta “Colombia Potencia Mundial de la Vida”: por un lado, la “justicia social” por vía de la democratización de la tenencia de la tierra (reforma agraria), el aumento en la capacidad productiva del país (desarrollo industrial) y el crecimiento económico por vía del turismo. El presidente se refirió, en este punto, a la necesidad de que el Congreso apruebe la reforma pensional, de salud, laboral y educación, fundamentalmente.

El otro pilar, al que menor atención se le prestó y con el que inició, fue el de “justicia ambiental” y la superación de la crisis climática. Aquí se concretan los proyectos de reforma a la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, prohibición del fraking, los cambios al Código Minero para generar alianzas del pequeño minero y el Estado y, en general, una transformación del extractivismo a la producción con la utilización de energías limpias, suprimiendo energías fósiles.

 

La superación de la crisis climática enlaza el discurso de Petro con las problemáticas mundiales en un momento decisivo para la humanidad. Frases mencionadas como “descarbonizar la economía”, “prosperidad social descarbonizada”, “comunidades energéticas”, entre otras, fueron retomadas de reivindicaciones de grupos ambientalistas y activistas para la mitigación del cambio climático.

La “crisis civilizatoria” (categoría con la que inició el presidente su discurso) fue planteada en el Acuerdo de Paris de 2015 en la que la comunidad internacional se comprometió a evitar que la temperatura global aumentase 1.5 °C respecto de los “niveles preindustriales” y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad en 2030 y totalmente en 2050. Los países no han cumplido con lo acordado, contrario a ello, se espera que en 2026 se superen las cifras establecidas en el Acuerdo.

Hay un consenso de la comunidad científica frente a este tema. Scientist Rebellion es un movimiento mundial de científicos que está desarrollando una oleada de actos de desobediencia civil con el fin de rebelarse ante la inacción política de los gobiernos frente a la crisis climática. Desde la reunión de la COP 27 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), llevada a cabo en Egipto en noviembre de 2022, las acciones de Scientist Rebellion se han multiplicado y han hecho sonar las alarmas a los líderes políticos mundiales.

Los actos de protesta han pasado por el asedio al pabellón de Porsche en el museo de Volkswagen en Alemania durante 42 horas, demandando la descarbonización del sector del transporte alemán y la cancelación de la deuda de los países del sur global para pasar a un mundo más sostenible (exigencia de Petro en varias conferencias internacionales). También han reclamado al gobierno norteamericano y a gobiernos europeos influyentes que reorienten las conversaciones globales sobre la crisis climática y tomar medidas para garantizar la supervivencia humana.

El mismo día del discurso presidencial en Colombia, varios activistas de Scientist Rebellion fueron retenidos en España, luego de que quisieron entregar, en la sede de Radito Televisión Española (RTVE), el sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) a los candidatos que se presentan a las elecciones del 23 de julio. En dicho informe se alerta sobre un “código rojo para la supervivencia de la humanidad” y se esbozan algunas soluciones recomendadas por la ciencia. Previo a la retención, reconocidos científicos medioambientalistas españoles firmaron el manifiesto del colectivo advirtiendo que

“España se seca, España se quema, España se agota. ¿Qué periódico sacó en portada que España en 2023 sólo cosechará el 13% de los cereales de invierno? ¿Qué partido va a hablar de esto esta noche en el debate electoral?  La crisis ecosistémica y de la biodiversidad alcanzan niveles desconocidos, nuestro país es uno de los más amenazados de Europa con un 75% del territorio bajo alto riesgo de desertificación”

De las preocupaciones más notorias que pone de presente Scientist Rebellion está el discurso negacionista que han asumido las élites políticas y los medios de comunicación. Consideran que “el negacionismo es tan peligroso para el clima como para la democracia” y han creado un movimiento climático de unidad frente al negacionismo y democracia ante emergencia climática. En efecto, al ser racionales y utilizar el entendimiento, no podemos negar la evidencia científica de la crisis climática, tenemos que tomar medidas urgentes para combatir el calentamiento global y detener el impacto que tendrá el fenómeno de El Niño.

A diferencia de gobiernos anteriores, Gustavo Petro ha reconocido la necesidad de tomar medidas urgentes frente del fenómeno de El Niño que se avecina en la segunda mitad del año y que, se espera, tenga un impacto sin precedentes. Sin embargo, enmarcado en el discurso negacionista inició la oposición su intervención el pasado 20 de julio en la instalación del Congreso colombiano. La senadora María Fernanda Cabal consideró como “elucubraciones basadas en lugares comunes” las palabras de Petro y sentenció que “…el mundo, tampoco, se va a acabar”.

A pesar de que los postulados de Petro sobre la crisis climática ocuparon más de la mitad de su discurso, los titulares de medios de comunicación y generadores de opinión política se centraron en lo mediador que se comportó y en el llamado al “acuerdo nacional”. Es necesario y urgente que el Congreso empiece a legislar entorno al pilar de la “justicia ambiental” y a la utilización de energías favorables con el medio ambiente. No más posturas negacionistas. La ciencia lo comprueba y lo reclama.

P.D. Las élites mundiales y los medios de comunicación masiva saben claramente lo que hay que hacer para evitar la crisis climática mundial. Falta ejercer una fuerte presión desde la sociedad para que lo hagan.

¡Repensémonos el Ministerio de la Igualdad y la Equidad!

Con la expedición de la ley 2281 2023, el Congreso de la República le dio vía libre al gobierno nacional para la creación del ministerio de la Igualdad y Equidad, el cual será dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez. El pasado 29 de junio el presidente Gustavo Petro, desde La Guajira, firmó los decretos que estructuran y dan funcionamiento a la nueva entidad. Esta contará con 5 viceministerios (Mujeres, Juventud, Poblaciones y Territorios Excluidos, Diversidades, Pueblos Étnicos y Campesinos), 32 direcciones territoriales, 20 direcciones técnicas, 8 jefes de oficina, 9 asesores, 154 profesionales universitarios, 307 profesionales especializados, 111 técnicos administrativos y 58 auxiliares administrativos, que la hacen un “monstruo burocrático” (https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-06-2023-que-paso-con-los-decretos-para-estructurar-el-ministerio-de-igualdad-y-equidad) .

El debate se ha centrado en aspectos económicos y administrativos. Por ejemplo, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, señaló desde su cuenta de Twitter, que “la estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente”. En la misma lógica, el exministro José Manuel Restrepo manifestó que “lo que se propone no tiene justificación ni fiscalmente, ni por razones de eficiencia del gasto o por simple efectividad. Se vuelve exceso de burocracia”

 

Considero que el gobierno Petro debe repensarse la estructuración de esta cartera, fundamentalmente, por tres razones. En primer lugar, es necesario observar detenidamente la duplicidad o entrecruzamiento de funciones, pues ya existen entidades que desarrollan actividades similares a las propuestas. De tal forma, el proceso de reingeniería institucional presentado en la formulación de la ley y expresado en los decretos, no se corresponde con un análisis estructural del Estado colombiano. Si bien el nuevo organismo pretende incorporar al ICBF, el Instituto para Sordos y el Instituto para Ciegos, entre otras dependencias, desconoce, por ejemplo, que el ministerio del Interior tiene dos direcciones que atienden específicamente asuntos de enfoque poblacional.

En segundo lugar, comparto la tesis del director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, quien, al hacer un análisis sobre la otraedad, señaló (https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/otredad-3613414) que más allá de las diferencias étnicas, religiosas o culturales, nos debemos preguntar por un principio moral que pueda ser aceptado como norma general. Así, el exceso de reivindicaciones identitarias conlleva, como bien menciona el director del DNP, a una progresiva fragmentación presupuestal y a dificultades en la toma de decisiones de política pública. Es fundamental recuperar nociones como la de ciudadanía, categorías universales que se han ido perdiendo en la maraña de la dispersión.

Nadie desconoce que Colombia es un país excluyente en el que históricamente se ha discriminado a las mujeres, se ha despreciado a las comunidades negras, indígenas y campesinas y se ha desconocido a sectores como los jóvenes y los adultos mayores, pero ese reconocimiento de las exclusiones no puede pasar al “abuso de las identidades”. Por esta razón, es necesario reevaluar la cantidad de direcciones y viceministerios propuestos, pues la intención del gobierno no puede ser limitar la política pública entorno a la equidad y convertir al ministerio de la Igualdad en un globo burocrático, sino brindar herramientas reales de ejecución e inclusión de comunidades vulneradas.

Finalmente, el gobierno debería incorporar en su estrategia los significativos avances que en materia de enfoques diferenciales ha adelantado la Corte Constitucional con su jurisprudencia y los autos entorno al reconocimiento de las comunidades negras e indígenas; los adultos mayores; niños, niñas y adolescentes; la comunidad LGBTI; las mujeres; y las personas en situación de discapacidad. Es así como, producto de la sentencia T-025 de 2004, la Corte consideró que en Colombia existía un “Estado de Cosas Inconstitucional”, debido a la constante violación de derechos humanos que se ejerció sobre la población en situación de desplazamiento.

Desde 2006, el alto tribunal ha proferido una serie de Autos reconociendo las afectaciones diferenciadas de esta población. No es la misma afectación la que pudo sufrir una mujer negra con el flagelo del desplazamiento, al que vivió un hombre blanco. Debido a las ordenes proferidas por la Corte Constitucional, se diseñó una estrategia para que, inicialmente, las entidades encargadas de la atención a personas víctimas del conflicto armado asumieran enfoques diferenciales en la formulación, implementación y ejecución de políticas públicas. Desde 2010, estas orientaciones de enfoque diferencial se han irrigado a las demás instituciones, siendo el enfoque de género, étnico, etario, entre otros, los que deben primar en la toma de decisiones del Estado. Es por esto que el gobierno Petro no puede desconocer los avances realizados por administraciones anteriores, por el contrario, debe potenciar estas estrategias de inclusión. Con el Ministerio de la Igualdad y la Equidad se centraliza el diseño de política que varias instituciones adoptaron en materia de enfoques diferenciales.

Es urgente que la administración actual estudie, nuevamente, el alcance que le dará al ministerio (más allá de entrar en discusiones presupuestales), se repiense los “abusos de identidades” que está teniendo con 5 viceministerios y retome los avances de administraciones anteriores en materia de enfoques diferenciales.

 

 

 

¿Qué está pasando con la cocaína en Colombia?

En el último año, el precio de la hoja de coca se ha reducido sustancialmente (60%), generando una crisis económica en las regiones cocaleras. La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) identificó los siguientes factores frente al fenómeno: i) sobreoferta de la producción; ii) cambio en las estructuras de carteles debido a captura de líderes narcotraficantes; y iii) Negocios más rentables como el oro, el carbón o el platino por parte de los grupos ilegales. Otra hipótesis considera que hay un cambio en los hábitos de consumo de droga en Estados Unidos, especialmente, el fentanilo, las metanfetaminas, los opiáceos, entre otras, razón por la que la demanda de cocaína haya disminuido y, con ella, su precio.

Entretanto, un estudio publicado el mes pasado por Indepaz presenta otra perspectiva de la reducción del precio de la hoja de coca: sumado a la sobreoferta, existe agudización de disputas por el control territorial y del mercado, generando inseguridad en los compradores de pasta base y cocaína; al tiempo que se registra un incremento en el costo de los insumos, especialmente de la gasolina, indispensables para la producción.

 

Algunos campesinos en Nariño, por ejemplo, han decido guardar “terrones” de pasta o base de coca esperando venderlos cuando los precios mejoren. En regiones del Cauca se presenta una crisis económica en eslabones de la cadena productiva de mercado cocalero, como “el de la tienda”, “el de la cantina”, “el del transporte”, etc. En el Catatumbo, ya no hay trabajo para los “raspachines”, población que se incrementó con la migración venezolana.

Por otra parte, la Política de Seguridad y Defensa establecida por el gobierno de Gustavo Petro establece, entre sus pilares, el fortalecimiento de la fuerza pública, en especial en el tema de inteligencia, para luchar contra las organizaciones delincuenciales especialmente en temas como incautación de insumos, destrucción de laboratorios y el control de ríos y mares para evitar la salida de narcóticos.

El “Gobierno del Cambio”, por intermedio del ministro de Defensa (Iván Velásquez), ha señalado que la nueva política de lucha contra las drogas no girará en torno a la erradicación forzada porque no es efectiva, sino que se concentrará en cerrarle el paso a las organizaciones criminales y en capturar a los dueños del negocio y las finanzas criminales. Esta comunicación la dio a conocer el ministro en respuesta al zar antidrogas de Estados Unidos, Rahul Gupta, quien afirma que existen niveles récord de cultivos en Colombia y que estos son una amenaza no solo para Estados Unidos, sino para otros países. Corroborando la información del zar antidrogas, la ONU (en estudio publicado a finales de 2022) estableció que el cultivo de coca se ha expandido en un 43%, llegando a la cifra de 204.000 hectáreas cultivadas, la más alta en la historia de nuestro país.

Las otrora noticias de incautación de toneladas de cocaína ya no son el pan de cada día en Colombia. Los últimos informes noticiosos establecen que las incautaciones se registran en Europa; el 28 de junio, en el puerto de Algeciras (España) incautaron 6.5 toneladas del alcaloide camuflada en bananos embarcados desde Colombia y Ecuador. Las pocas incautaciones que han sido conocidas en la prensa son de transporte interno, beneficiando el microtráfico, como sucedió esta semana con un cargamento de 50 kilos incautado por la policía en Bucaramanga, procedentes de Pamplona, Norte de Santander.

Con la nueva política antidrogas se espera incrementar el número de incautaciones, más que la de hectáreas erradicadas. Para 2023, la cifra de incautación de droga que espera incautar el gobierno de Gustavo Petro es de 832 toneladas, superando las de años anteriores, que fueron de 671 toneladas en 2022 y 669 en 2021. Sin embargo, los datos no favorecen al gobierno; mientras que entre enero y mayo de 2022 la administración Duque incautó 312 toneladas, en el mismo periodo de 2023 el gobierno Petro ha incautado 257, una reducción del 18% (https://bit.ly/3JAu5mo). Fuentes no oficiales señalan que el cambio en la cúpula de las Fuerzas Militares generó el cierre de varias rutas de exportación del alcaloide para Europa y Estados Unidos, razón por la que se ha reducido el número de incautaciones. Sin embargo, analistas de WOLA manifiestan que la oferta de cocaína se ha mantenido en ciudades como Nueva York y varias de Europa y, por consiguiente, su precio no se ha incrementado.

En este marco, surgen varias dudas: ¿La crisis en el mercado de la cocaína obedece a cambios en el consumo de drogas de algunos países o a transformaciones en la dinámica del conflicto armado que reconfiguró rutas de tráfico y estrategias de guerra? ¿Se ha reducido la exportación de cocaína para suplir el mercado interno? ¿En qué fallaron programas de sustitución planteados por el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las FARC en 2016? ¿Qué ha hecho el actual gobierno en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y el mejoramiento en las condiciones de vida del campesinado?

Lo importante, por el momento, es que el gobierno inicie proyectos de sustitución productiva y planes de seguridad alimentaria con familias que dependen del cultivo de coca en Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Catatumbo, pues es un drama social el que están viviendo estos campesinos.

Maylor Caicedo

PhD en Historia Universidad Nacional de Colombia. Profesor-Investigador de la Universidad La Gran Colombia y el Colegio Mayor de Cundinamarca.