Bien por la reciente editorial del El Colombiano “La implosión de la ética” al llamar a una dura reflexión sobre los insucesos con edificios en Medellín. El último, Continental Towers, también había sido “diseñado” por Jorge Aristizabal, el mismo del Space que se cayó en 2013 y de otros tres que hubo que tumbar. Y esta “enfermedad” de edificios no se ha acabado como lo advierte bien la editorial.
Tuve oportunidad de entrevistar al ingeniero Fredy Castañeda quien ha estado muy cerca de los casos mencionados por su trabajo en diseño y revisión de edificios y que en su momento participó activamente en la atención de la emergencia del Space como miembro de AIES (Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia) que fue llamada por el municipio para ello. A raíz de este evento participó en la evaluación del estado de la estructura de las etapas anteriores del edificio y en la toma de decisiones sobre su reforzamiento o demolición, lo mismo que para los otros proyectos de CDO, la tristemente famosa promotora y constructora del edificio, trabajo del cual concluye con énfasis: “no había diseño estructural en ninguno de esos edificios”. Según él, el dibujante de los planos era quien finalmente determinaba el diseño para construcción. Inaudito.
Explica, con conocimiento de causa, que cuando invitaron a 3 ingenieros para realizar el diseño estructural del proyecto y les pusieron como condición cumplir con las dimensiones de los planos, los dos primeros contestaron que no era posible sostener los edificios con esas dimensiones de columnas y vigas, y que eran necesarias juntas de construcción que no estaban previstas. Los exiguos honorarios de 6,500 pesos por metro cuadrado (una tercera parte de lo justo y necesario para un diseño de calidad) fueron incluso bajados por Jorge Aristizabal quien se quedó con “el diseño”, al ofrecer la mal bautizada “hiper-optimización” de la estructura llegando a cuantías de 23 kilogramos de acero de refuerzo por metro cuadrado, cuando lo normal ronda entre 40 a 45, y ofreciendo que le podían pagar a medida que fueran vendiendo. Se conoció que su negocio consistía en que le pagaran el 30% de los “ahorros” conseguidos por este supuesto mejor diseño, que “ahorraba” materiales. No se trataba de una optimización sino de una degradación (de la estructura).
El ingeniero Castañeda es un curtido profesional, con 29 años como ingeniero civil, egresado de Eafit (Medellín) y magister en Los Andes (Bogotá), que mantiene una posición muy crítica sobre la situación. Tanto que terminó retirándose de la AIES por su falta de firmeza para enfrentar estos casos. Él tiene una aguda observación sobre cómo estos problemas no afectan solo a los edificios del supuesto diseñador: los promotores y constructores empezaron a exigirle a los diseñadores estructurales que debían alcanzar los mismos resultados con “ahorros” en las cuantías de acero y así se propagó la enfermedad a punta de codicia y falta de ética, todos los involucrados embriagados de optimismo ingenuo al pasar por alto el riesgo al que estaban sometiendo a los clientes finales de las viviendas, alejándose de la ingeniería. Y quienes tenían la posibilidad de atajar semejantes errores, no cumplieron con su función de revisión: los curadores.
Para que quede claro: no hay nada de optimización y menos de hiper-optimización en todos estos edificios. No es un ejercicio de ingeniería de valor; todo este desastre sucede por fuera de la ingeniería, es un fraude.
Para él, el problema es más grave aún. Hace énfasis por la cantidad de casos que conoce, que no solo es en Medellín que ha sucedido, sino en todo el país. Que el sacrificio de la seguridad y de la calidad por razones de codicia, además de ser una falta de ética de parte de todos los involucrados, es un delito. Pero es un delito que ha quedado impune en su mayoría. Es también la demostración de que el Estado no ha sido capaz de proteger a sus nacionales como lo ordena la constitución, aun cuando se hayan elevado las normas a leyes que exigen que se cumplan mínimos de diseño (Ley 400 de 1997, Ley 1796 (conocida como anti-Space) y todos sus decretos reglamentarios).
Esta grave problemática ya la he analizado en varios artículos precedentes. Es inminente que el gremio de la ingeniería asuma el liderazgo para solucionarla. Aunque nos lamentemos, una y otra vez, por la falta de ética de los indignos y mal calificados colegas, no se va a solucionar. Hay que exigir al Gobierno, reconociéndolo como parte de las causas y por el incumplimiento grave de sus funciones protectoras, que evolucione en los aspectos en los que hay que mejorar señalados desde hace tiempo por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, ahora y sin más dilaciones:
Establecimiento de tarifas mínimas para diseño, con pago verificado por la Curaduría. Del diseño estructural hecho por un ingeniero dependen más vidas que en cualquier otra profesión. No puede ser que se negocie como verduras baratas en una plaza de mercado sin tener en cuenta el valor de la responsabilidad profesional y de la enorme preparación necesaria para hacerlo en forma verdaderamente idónea.
Reparto de Curadurías, es decir, que se asigne al azar y no pueda ser escogida por el Promotor porque se establece indefectiblemente una relación de negocio que puede condicionar su actividad, tal cual los proyectos estatales que sí están sometidos a reparto en las curadurías.
Pago inicial de expensas total o por lo menos el 50% para generar más independencia a la Curaduría y el pago no esté condicionado a la viabilidad del proyecto.
Reparto de Revisores estructurales independientes, es decir, que se asigne al azar y no pueda ser escogido por el Promotor porque se establece indefectiblemente una relación de negocio que puede condicionar su actividad.
Reparto de Supervisores Técnicos Independientes, es decir, que se asigne al azar y no pueda ser escogido por el Promotor porque se establece indefectiblemente una relación de negocio que puede condicionar su actividad de vigilancia de la ejecución de la obra, para que se cumpla realmente el término “independiente” fijado por la Ley.
A los Inspectores de policía no se les puede dejar solos en la responsabilidad de vigilancia de las licencias de construcción. No solo debe haber una debida preparación de los agentes sino que debe haber una fuerza especializada de soporte técnico y profesional a nivel nacional.
La función de revisión de las Oficinas de Planeación o Curadurías no puede omitirse. En los municipios donde no hay Curadurías la responsabilidad es del Alcalde que delega en la Secretaría de Planeación del municipio, muchas veces dirigida por personas que no son ni ingenieros ni arquitectos, quienes generalmente no revisan amparándose en las nuevas normas que exigen que los proyectos vengan revisados para dar la licencia (igual que ocurrió con el Space en 2013) o en la revisión que se supone que hace el Interventor, cuando existe. Para asegurar que la revisión del Estado siempre se haga en forma independiente se debe encargar al gremio de la ingeniería (por idoneidad) para realizarlo a través de revisores estructurales escogidos también con el mecanismo de reparto (interrumpiendo además un posible ciclo de corrupción ya conocido).
Celeridad en los procesos de los concejos profesionales donde se demuestre faltas a la ética por parte de promotores, constructores y diseñadores; en todos los edificios enfermos sólo han sido sancionados el diseñador y el revisor con la cancelación de su matrícula mientras que los demás tuvieron sanciones mínimas.
La revisión de los procedimientos judiciales para evitar que la impunidad dé al traste con todos los avances jurídicos, y poder hacer efectiva y rápida la justicia en estos casos. El castigo también hace parte de la educación para la vida en sociedad y la responsabilidad profesional que le reviste a los ingenieros.
A excepción de la última medida, todas las demás son de fácil arreglo a través del Ministerio de Vivienda y de la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, con el fuerte apoyo y guía de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en su función de asesor de alto nivel del Gobierno, incluyendo sus sociedades correspondientes y regionales.
Solo hace falta que la Ministra de Vivienda y los funcionarios del ministerio hagan conciencia que en virtud de su dignidad recae sobre ellos una enorme responsabilidad sobre la vida de los colombianos que habitan en edificios. Y tener la valentía necesaria para introducir estos cambios que pueden no gustar a los codiciosos y faltos de ética, generalmente con el poder para oponerse.
* @refonsecaz
