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Mientras Federico Gutiérrez pasa su tiempo como alcalde entre viajes y campaña, Medellín vive una crisis de violencia para la cual la alcaldía no tiene respuesta. Según el informe de Corpades, los homicidios pasaron de 159 en el periodo enero–julio de 2024 a 185 en ese mismo lapso de 2025, un incremento del 16.4% que no responde a ajustes en el conteo, sino al deterioro de la convivencia ciudadana y al auge de la violencia de género.

En primer lugar, el repunte de homicidios en Medellín no obedece a enfrentamientos entre estructuras criminales transnacionales —como quisieran mostrar los discursos oficiales—, sino a choques de intolerancia y agresiones de carácter íntimo. El informe de Corpades evidencia que los casos atribuidos a riñas e intolerancia social superan ya a los ligados a grupos armados, acumulando 46 muertes por convivencia y 11 por violencia de género hasta el 11 de julio de 2025 .

Este fenómeno revela la incapacidad de la Alcaldía para implementar políticas de prevención y mediación comunitaria: no bastan operativos reactivos ni retóricas sobre mano dura con el crimen si no hay educación ciudadana, comités de paz barriales ni atención oportuna a la violencia intrafamiliar. Las muertes en Medellín están causando la intolerancia, pero para Federico Gutiérrez la tarea principal de un alcalde es liderar la oposición contra el Gobierno Nacional en vez de garantizar la convivencia en la ciudad.

En segundo lugar, la flamante sede de Interpol en Medellín —celebrada por el alcalde como un triunfo personal— desnuda cómo la ciudad se ha convertido en imán de criminales internacionales. En apenas siete meses, al menos 18 fugitivos con notificación roja han sido capturados en el Valle de Aburrá, un promedio de más de dos por mes. Lo más alarmante: entre ellos figuran abusadores sexuales buscados por Paraguay, Estados Unidos y México, como José Antonio Fandiño Hidalgo e Iván Lozano, señalados de coacción sexual, violación de menores y pornografía infantil. Cada detención de un depredador debería haber sido una alerta para reforzar controles migratorios y redes de protección a víctimas; en cambio, la gestión de Fico se jacta de resultados ajenos mientras Bogotá asume los costos políticos de esta omisión.

No es casualidad que, en medio de esta crisis de convivencia y del estigma de “ciudad refugio” para el crimen, la Alcaldía no exponga un plan integral de seguridad ciudadana. Fico ha preferido atacar de forma diaria al Presidente como excusa ante la opinión pública. Sin embargo, nadie dialoga con un abusador sexual para proteger a un barrio. La falta de dotación de Casas de Justicia, la escasa inversión en campañas de resolución pacífica de conflictos y la ausencia de rutas claras de atención a mujeres víctimas ilustran un descuido prácticamente deliberado.

Es hora de exigir a la Alcaldía un giro radical: que deje de vender espejismos de seguridad y diseñe, con el respaldo del Gobierno Nacional, políticas de convivencia, prevención de la violencia de género y control migratorio inteligente. Medellín no necesita más banderas decorativas ni selfies con agencias internacionales; necesita comedores escolares que eduquen en tolerancia, protocolos de atención a víctimas de abuso y una estrategia unificada de “Paz Urbana” que no se quede en los titulares. Si el alcalde Gutiérrez no asume este reto, quién pagará las víctimas será la ciudadanía.

Alejandro Toro

En la última década, Medellín ha experimentado un alza imparable en los cánones de arrendamiento, un crecimiento masivo de las rentas temporales y una avalancha de compras de vivienda por parte de inversionistas extranjeros. Este fenómeno de gentrificación no es un mero cambio urbano: es un éxodo silencioso que amenaza el derecho a una vivienda digna de miles de familias y pone en jaque la identidad y la diversidad social de la ciudad.

En el 2024 el precio del metro cuadrado en Bogotá tuvo un crecimiento del 5%. En Medellín, de acuerdo a Camacol, el precio del metro cuadrado aumentó en un 9% en los estratos altos y, más preocupante aún, entre el 12% y el 16% para los estratos medios y bajos. ¿Qué significa? Que las familias de menos recursos, que son las que más mueven el mercado de arriendos, tuvieron que pagar un 15% más de arriendo cuando de acuerdo a la ley el precio del arriendo debe estar atado al de la inflación, que fue del 5.2%. En el barrio Bolivariana, en Laureles, los arriendos aumentaron en el 2023 en un 81%. Familias pagando casi el doble de un año a otro sólo por el hecho de vivir en un sitio

Simultáneamente, el mercado de rentas temporales se ha convertido en un motor de especulación. Medellín figura hoy entre las ciudades latinoamericanas con mayor densidad de anuncios en plataformas como Airbnb, con más de 19.000 propiedades disponibles para alquiler vacacional y un volumen de reseñas que supera el medio millón. El aumento de casi 5.000 nuevos anuncios solo entre 2023 y 2024 reduce drásticamente el parque de vivienda destinada a arrendamientos tradicionales, presionando aún más los precios y beneficiando a grandes inversionistas que desplazan a las familias locales.

A este desequilibrio se suma la ola de compras de vivienda por parte de extranjeros. En 2024, aproximadamente una de cada cuatro transacciones de inmuebles en Medellín correspondió a compradores no residentes, procedentes principalmente de Estados Unidos, España y Chile. Detrás de esta tendencia no hay turistas ocasionales, sino inversionistas que ven en la ciudad un mercado emergente de alta rentabilidad, transformando las viviendas en activos financieros antes que en hogares. El resultado es una oferta permanente de vivienda cada vez más reducida y costosa para quienes viven y trabajan aquí.

Medellín está invivible. Lo peor, la alcaldía de Federico Gutiérrez parece no tener ningún interés en garantizar el derecho a una vivienda digna para la gente de la ciudad. El déficit de vivienda de la ciudad tiene a 233.000 familias necesitando de manera un buen lugar para vivir, pero mientras que en Bogotá se vendieron 18.601 viviendas VIS en el 2024, en Medellín apenas fueron 1.118, por debajo de otras capitales como Cali, Barranquilla y Cartagena.

La respuesta de Fico: un Plan de Desarrollo Distrital con una meta irrisoria en materia de vivienda en comparación con el tamaño de la problemática. Apenas 4.000 subsidios para adquisición de vivienda cuando se estima que son 37.000 familias las que están necesitando un nuevo lugar para vivir, y una inversión de apenas $351.880 en el cuatrienio para el componente de vivienda, inferior a los $405.673 que destinó la alcaldía de Daniel Quintero para el mismo ítem.

La inacción del gobierno local no solo profundiza la brecha entre quienes viven de la ciudad y quienes lucran con ella, sino que contradice la visión de una Medellín inclusiva y solidaria. El derecho a la vivienda digna debe prevalecer sobre la lógica del lucro especulativo. El Gobierno Nacional, a través de sus programas de vivienda digna y de incentivo a la producción de vivienda social, ha demostrado su compromiso con las familias colombianas; sin embargo, esas políticas requieren del apoyo y la articulación del nivel municipal para surtir efecto en el territorio.

Medellín no puede resignarse a ser un ejemplo de desigualdad espacial. Es momento de que la Alcaldía asuma con voluntad política la misión de articular un plan de vivienda integral: priorizar proyectos de construcción de vivienda VIS, movilizar recursos para mejora de vivienda existente, y regular la valorización del suelo mediante gravámenes a la especulación. Solo así se garantizará que el derecho a la vivienda digna deje de ser una estadística y se convierta en una realidad para todos los medellinenses.

Alejandro Toro