Personal especializado en el rescate de animales silvestres acudieron a una vivienda en la ciudad de Medellín (Antioquia) en donde encontraron cinco boas constrictor y a una tortuga matamata, dos especies de la amazonia que habrían sido extraídas de su hábitat y trasladadas en precarias condiciones al inmueble, donde permanecían en un espacio no apto para su conservación.
Los animales fueron recuperados y puestos a disposición de la autoridad ambiental. Entre tanto, Ospina Muñoz fue presentado ante un juez de control de garantías e imputado por los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y tráfico de fauna.
En otro operativo en el municipio de Sabaneta (Antioquia), fue rescatada una canina, llamada ‘Sasha’, y a sus cachorros que presentaban un estado avanzado de desnutrición y otras complicaciones.
‘Sasha’ y sus cachorros fueron trasladados a un centro de recuperación integral. Aguirre Marulanda fue citado a audiencia de imputación, en la que le fue formulado el cargo de maltrato animal.
Varias empresas interesadas en la convocatoria abierta por la Empresa Metro de Medellín para la convocatoria al proceso público de ofertas para el mantenimiento mayor a los vehículos de pasajeros de la serie CAF, hacen el llamado a la Contraloría General de la República para que haga el debido acompañamiento y vigilancia y de esta manera evitar cualquier riesgo por posible direccionamiento.
Las firmas que se han mostrado dispuestas a participar en este proceso les preocupa que las condiciones puedan varias de un momento a otro, sin que sean avisados con el suficiente tiempo de antelación para modificar sus propuestas por lo que insisten en que los organismos de control deben hacerse presentes.
Estas empresas aseguran que la Empresa Metro de Medellín debió invitar a un número indeterminado de personas garantizando de esta manera la pluralidad en la oferta
El economista y experto en temas urbanos, Juan Carlos Tafur Hernández, pidió a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República prestar atención al Sistema Metro de Medellín, quien ha presentado fallas en la operación que han puesto en peligro la vida de los pasajeros.
Tafur, quien es representante del Gobierno Nacional en la Junta Directiva del Metro de Medellín, dice estar preocupado porque ha pedido información sobre las medidas que se deben tomar en la entidad para corregir las fallas en la operación de este sistema de transporte, sin obtener respuestas.
«En varias ocasiones en el transcurrir de las sesiones de la Junta Directiva y mediante correos electrónicos, he abordado el tema de estos graves hechos operacionales de las estaciones y de mantenimiento, frente a lo cual la actual Administración de la empresa metro evidencia posibles problemas en las acciones gerenciales». escribe Tafur en la comunicación.
La carta de Tafur Hernández se envía a los órganos de control, por la preocupación que han generado los últimos acontecimientos en la operación del metro y las dudas por las acciones de prevención de desastres y planes de contingencia.
Los últimos acontecimientos en el Metro de Medellín han llamado la atención en la sociedad civil que ha pedido las respectivas explicaciones al gerente de la empresa, sin que estas obtengan respuestas, por lo menos no hasta la fecha, según narraron las personas que hablaron pidiendo las reservas de sus respectivos nombres.
El primero de estos incidentes sucedió en la madrugada del pasado 27 de junio cuando una de las cabinas del Metro Cable que descendía desde el barrio Santo Domingo se estrelló contra otra cabina desprendiéndose del cable que la sujetaba, precipitándose en caída libre en la plazoleta de la estación. El hecho dejó diez pasajeros que resultaron todos con heridas de consideración y una persona fallecida.
Otro incidente ocurrió en la noche del miércoles 2 de octubre en donde a pesar de no dejar personas heridas ni muertas, si causó pánico en la población y prendió de nuevo las alarmas y las dudas por la manera en cómo puede estar operando el sistema.
En horas de la tarde del 21 de octubre un nuevo hecho despertó nuevos interrogantes por la forma como funciona este sistema de transporte en la capital de Antioquia, y sí las acciones de prevención de desastres y planes de contingencia se realizan de manera correcta y sí se están corrigiendo posibles errores.
Este último acontecimiento tuvo que ver con un corto circuito que provocó un incendio en el servicio que permite llevar los trenes de la línea A, a la B y viceversa, afectando las estaciones Prado y la Estrella.
“La falla se presenta entre un tren que va sin pasajeros y la catenaria que permite el suministro de energía a nuestros vehículos», indicó Jaime Andrés Ortíz Rueda, gerente social y de servicio al cliente del Metro.
Fuentes de Confidencial Colombia que prestan sus servicios en la entidad, aseguran que el gerente de la Empresa de Metro, Tomás Elejalde, no habla ni da razón alguna cuando se le pregunta del tema.
Confidencial Colombia llamó directamente al gerente Elejalde, sin embargo, ni él ni ninguno de sus funcionarios dieron respuesta a las llamadas.
Mientras que los ciudadanos de Medellín empiezan a llenarse de prevención por las fallas que ha presentado el sistema metro en los últimos cuatro meses, se espera una pronta respuesta por parte de la Administración que explique lo que ocurre en la operación y se hagan las respectivas correcciones.
El exconcejal de Medellín, Juan Carlos Upegui, desde su cuenta de X anunció que seguirá luchando por la democracia luego de perder su curul tras un fallo del Consejo de Estado que la anuló.
El alto tribunal consideró que Upegui estaba inhabilitado para participar en una elección popular en la ciudad de Medellín por ser hijo de Carlos Alberto Upegui Mejía, rector de la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá.en la capital de Antioquia. Upegui calificó la decisión como «injusta».
El Consejo de Estado ha cometido una injusticia. Soy hijo de un profesor de carrera administrativa que ha dado su vida por la educación de Medellín, en ningún momento tuvo la capacidad de interferir en las elecciones. Seguiré luchando desde las calles por la democracia del país. pic.twitter.com/GyvgJKoHhN
Al ser un fallo de segunda instancia, Upegui se queda oficialmente sin su curul en el Concejo de Medellín que ocupaba como líder de la oposición al alcalde Federico Gutiérrez.
De manera recurrente, se piensa que hoy estamos viviendo uno de los peores momentos en materia de violencia y delincuencia debido a las acciones delictivas que se vienen presentando por parte de grupos criminales, desconociendo los logros alcanzados materia de seguridad en las últimas tres décadas.
Desde luego existen graves problemas que deterioran la seguridad de los ciudadanos en algunos territorios, especialmente en lo que tiene que ver con el crecimiento y control territorial de los grupos armados, pero es a partir de los aciertos y errores cometidos en el pasado que es posible retomar la senda de disminución de los hechos de violencia y delincuencia y recuperar la seguridad, partiendo de la frase “construir sobre lo construido”, usada por analistas y políticos, y dejando de lado la idea de desconocer los logros alcanzados por el país en este y en otros campos del desarrollo.
La violencia homicida, afecta el más importante derecho fundamental, “la vida”. Colombia en las últimas cuatro décadas ha registrado más de 800 mil homicidios dolosos, y como se expone a continuación, con momentos de incrementos y de disminución por distintos factores y por acción u omisión del Estado.
A continuación, se presenta, de manera particular, la situación de Colombia desde 1980 y, de manera general, los resultados de Medellín, Cali y Bogotá desde 1988 hasta el año 2023.
Crece la violencia homicida en los 80.
Durante los años 80 la violencia homicida en Colombia creció hasta el año 1991, año con la tasa más alta durante las últimas tres décadas, con 84 homicidios por cada 100 mil habitantes, como se puede ver en el siguiente cuadro:
Periodo que se caracteriza por el crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones ligadas al narcotráfico, el nacimiento de los primeros grupos de paramilitares financiados por los carteles de la droga, como el MAS (Muerte a Secuestradores) y un accionar fuerte de las guerrillas, en especial de las FARC y del M-19. A finales de los 80 las acciones terroristas del narcotráfico en contra de la extradición se incrementaron.
Tiempo conflictivo que deterioró la seguridad de los ciudadanos, el narcotráfico diezmo de manera violenta la justicia colombiana e infiltró la política, varios candidatos presidenciales fueron asesinados, las autoridades de seguridad y justicia se concentraron en el conflicto armado y la delincuencia común no tuvo la atención debida.
Baja la violencia homicida 1992, 1998
A partir del año 1992 la violencia en Colombia se comenzó a reducir, pasó de una tasa de 84 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1991, a 57 en 1998. Este resultado se dio, entre otros factores, por:
Elaboración y ejecución de la primera política de seguridad del Estado colombiano, “La Estrategia Nacional Contra la Violencia”.
Creación del Bloque de Búsqueda en contra de los carteles de las drogas de Medellín y de Cali.
La reforma y depuración de la Policía Nacional.
Desarticulación del cartel de Medellín, cuándo es dado de baja Pablo Escobar el 4 de diciembre de 1993 en Medellín.
Captura de los líderes del Cartel de Cali en 1994.
La desmovilización de nueve grupos guerrilleros (M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Popular de Liberación, el Movimiento Quintín Lame, el Comando Ernesto Rojas, la Corriente de Renovación Socialista, las Milicias Populares de Medellín y el Frente Francisco Garnica) a través de los diálogos de paz del gobierno de Cesar Gaviria
Elaboración y ejecución de políticas integrales de seguridad ciudadana de las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá, con base en la Constitución de 1991 que daba responsabilidades en materia de seguridad a los alcaldes y gobernadores, contribuyendo a la reducción de la violencia homicida.
Vuelve a crecer la violencia homicida 1999, 2002.
En ese periodo la tasa de homicidios pasó de 57 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1998 a 67 en 2002. Esto debido principalmente a tres causas:
La presencia y accionar de grupos paramilitares en las principales ciudades del país.
Al fallido Proceso de Paz del Caguán con las FARC
Y al descuido estatal de la seguridad ciudadana.
Baja importante de la violencia 2003, 2018.
En los dos periodos de gobierno del presidente Álvaro Uribe y los dos periodos de gobierno de Juan Manuel Santos la violencia homicida disminuyó de manera considerable, se pasó de una tasa de 67 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2002 a 24 en 2018. Esto debido a cuatro causas:
La Política de Seguridad Democrática del presidente Uribe (2002 – 2010).
La continuidad de esta política por parte del presidente Santos, especialmente durante su primer periodo de gobierno.
La elaboración y ejecución de la primera política de seguridad ciudadana del gobierno Santos.
El proceso de paz y desmovilización de las FARC en el Gobierno Santos.
En los últimos años la violencia homicida se estancó en una tasa de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Hay que anotar que ciudades como Medellín, Cali y Bogotá contribuyeron de manera importante en la reducción de los homicidios en Colombia durante estas tres décadas, reconociendo en cada una de ellas particularidades distintas de afectación de la violencia y delincuencia, así como en el desarrollo de las políticas propias que se ejecutaron para enfrentar estos problemas.
A continuación, se presentan las gráficas del comportamiento de la violencia homicida en estas tres ciudades sin ningún análisis, solo para mostrar períodos de alta y baja violencia en ellas, que en el caso de Medellín y Cali se parecen al comportamiento irregular del país, mientras que Bogotá mantuvo en ese este periodo (1988, 2023) una tendencia permanente a la baja, salvo el periodo de gobierno de Samuel Moreno y Clara López.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, continúa manejando a su antojo los recursos públicos, las entidades del Distrito y los medios de comunicación. Esta vez, en su rol como miembro de la Junta Directiva del Metro de Medellín presuntamente intervino en la adjudicación de un contrato a favor del periódico El Colombiano, cuyo objeto era la prestación de servicios de diagramación, infografía e impresión del periódico institucional “Nuestro Metro”.
Lo irónico de esta situación es que la adjudicación de dicho contrato aparentemente estuvo viciada, considerando que El Colombiano fue el oferente más costoso, con una diferencia de más de trece millones de pesos en comparación con la propuesta presentada por la Casa Editorial El Tiempo. Lo que agrava aún más el asunto es que casualmente Juliana Correa Henao, ex empleada de El Colombiano y actual funcionaria del Metro de Medellín fue la encargada de evaluar el cumplimiento de los criterios dentro del proceso de adjudicación del contrato, lo que deja serios cuestionamientos sobre la transparencia y la posible configuración de un conflicto de interés.
Estos hechos no pueden verse de manera aislada a la aparente persecución que el periódico El Colombiano ha emprendido en contra del presidente de la República, del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero y de mí como Representante de Antioquia, no es coincidencia que esta campaña sistemática de desprestigio esté vinculada a intereses económicos, ya que el periódico presuntamente se beneficia de la adjudicación de contratos públicos por parte de la oposición, tal y como ocurrió con el contrato de prestación de servicios del metro de Medellín.
En lo que va del año, dicho periódico ha publicado más de 210 artículos denigrantes hacia Daniel Quintero, lo que sugiere que su postura opositora no es tanto un ejercicio de libre prensa, sino una estrategia bien orquestada para favorecer sus propios intereses comerciales, siendo clara la constitución y la Corte Constitucional al señalar que la intromisión indebida que atente garantías fundamentales como el buen nombre, puede constituirse en un abuso del derecho a informar que ostentan los periodistas.
A lo anterior se suman los lamentables hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre, cuando más de 45 personas resultaron heridas durante el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, celebrado en el estadio Atanasio Girardot, incidentes que surgieron por la presunta falta de garantías y seguridad proporcionadas por el alcalde de Medellín, lo que ahora se intenta atribuir al Presidente de la República para tergiversar y camuflar la falta de interés de Federico, quien casualmente se encontraba en Barranquilla en ese momento.
Dicho lo anterior, queda claro que la gestión de Federico Gutiérrez está marcada por la priorización de intereses personales y la manipulación de la verdad a través de los medios de comunicación. Por ello, es imperativo que los entes de control investiguen la adjudicación de contratos con posibles conflictos de interés, así como la manipulación de la prensa y la falta de garantías en estos eventos deportivos. ¡La vida, seguridad y recursos de Medellín están en juego!
Durante las dos siguientes fechas de la Liga BetPlay, el Atlético Nacional no podrá jugar los compromisos en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.
Lo anterior, como sanción impuesta por la Alcaldía de Medellín por los desmanes protagonizados por hinchas del equipo paisa y del Junior de Barranquilla. Así mismo, se determinó el cierre de fronteras en lo que resta del año y por el 2025, es decir, que al estadio no podrán ingresar hinchas de otros equipos.
La medida fue tomada por el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, quien calificó los hechos en el estadio como «inaceptables».
La Alcaldía dio a conocer las imágenes de los hinchas de ambos equipos que protagonizaron los enfrentamientos al interior del estadio, acudiendo a la ayuda de la ciudadanía para dar con su respectiva captura.
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, interpuso una demanda en contra del alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, por injuria y calumnia.
El exmandatario afirma que ha sentido persecución y señalamientos sistemáticos que ha realizado en su contra los últimos meses, y manifiesta estar cansado de esta actitud por parte del alcalde de Medellín.
Quintero Calle expresó que la denuncia surge a partir de las contantes acusaciones injustificadas y faltas de pruebas que ha realizado el señor Gutiérrez y su gabinete, así como el anuncio de una supuesta auditoría forense que no existió y la reciente polémica por los sobrevuelos que realizó un helicóptero alrededor de su casa en Medellín, de donde recientemente tuvieron que salir su esposa e hijas por la persecución que sufre en la ciudad.
Adicionalmente, el ex mandatario señaló que presentará otras denuncias contra la administración del señor Gutiérrez por hechos que estarían ligados a presuntos actos de corrupción al interior de Plaza Mayor durante este año, donde se habrían añadido clausulas en procesos contractuales que direccionarían y supeditarían la adjudicación de dichos contratos al cumplimiento de ítems que no están en el marco de la ley como por ejemplo no haber contratado con la anterior administración, lo cual es una falta a los principios rectores de dichos procesos.
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, instauró una demanda por calumnia e injuria en contra del concejal de la capital de Antioquia por el movimiento Creemos, Santiago Narváez.
El exmandatario medellinense aseguró que Narváez el día 29 de agosto de 2024, realizó una publicación en la red social Twitter, en la que de manera directa hace afirmaciones que atentan contra su buen nombre y reputación.
En dicha publicación, el señor Narváez expresó lo siguiente: «Casi que no se va Quintero de Medellín. ¿Si le cabrá en ese camión todo lo que se robó en nuestra ciudad?», lo que constituye de acuerdo con lo expresado por el exmandatario «una afirmación calumniosa que implica que he cometido un delito de robo».
La publicación en redes sociales fue acompañada por una imagen de un camión de mudanzas frente a una residencia, en la que Narváez insinúa que Quintero estaría sacando bienes robados de la ciudad de Medellín.
Daniel Quintero pide que se abra investigación penal en contra del concejal Santiago Narváez y retirar la publicación de las redes sociales.
El intendente en retiro Carlos Augusto Fernández Raigosa, fue condenado a 7 años de cárcel por participar en una red criminal que captaba jóvenes en Medellín (Antioquia) y coordinaba su traslado a Francia, donde eran explotadas laboral y sexualmente.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación demostró que Fernández Raigosa, mientras estuvo activo y y desempeñó funciones en la estación La Candelaria, en Medellín, entre 2022 y 2023, contactó a mujeres y les ofreció trabajar como modelos en Francia, con un sueldo fijo. Como requisito para viajar les pedía grabarse en video o tomarse fotografías en ropa interior. Este material era enviado a los cabecillas internacionales que se encargaban de dar el aval.
La mujeres que recibían la aprobación de la estructura delictiva tomaban un vuelo en el aeropuerto de Jose María Córdova, en Rionegro (Antioquia), rumbo a Madrid o Barcelona (España). Posteriormente, eran llevadas a Marsella, Niza y Montpellier (Francia).
En territorio francés las jóvenes se percataban que los registros fílmicos y fotográficos habían sido publicados en comunidades virtuales donde se ofrecían servicios sexuales, los cuales terminaban ejerciendo para cubrir el pago de una deuda que les imponía la organización delictiva por tiquetes, manutención y otros aspectos relacionados con el viaje.
Fue enviado a la cárcel el acordeonero y productor musical Carlos Hernobi Ruiz Urrea, señalado por las agencias de Estados Unidos que detectaron un dispositivo en el cual se almacenaba material audiovisual con contenido sexual.
De acuerdo con el juez de garantías, Ruiz Urrea sería el presunto responsable de “grabar y almacenar videos de contenido sexual explícito con menores de edad”. La investigación de la Fiscalía determinó que fueron 86 videos y fotografías de contendido sexual con niños, niñas y adolescentes.
Este sujeto vendría ejerciendo esta actividad en Colombia durante los últimos 12 años, en Medellín (Antioquia), Cali, Yumbo y Vijes (Valle del Cauca)”. Este hombre tendrá que enfrentar cargos por el delito de pornografía con personas menores de 18 años.
La Secretaría de Comunicaciones, una dependencia del Despacho del Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, tiene como función principal definir las políticas de comunicación, así como planificar, coordinar y ejecutar las estrategias informativas de la administración. Por su parte, TeleMedellín es un ente descentralizado de carácter indirecto, en cuya junta directiva participa Adriana Karina Garnica Villalobos.
Lo verdaderamente polémico de esta situación radica en el rol de Adriana Karina Garnica Villalobos, quien, en su calidad de Secretaria de Comunicaciones y miembro de la junta directiva de asociados de Telemedellín, donde se discuten temas relacionados con el financiamiento del canal, presuntamente ha querido beneficiar a la cadena de Radio de Caracol de la que fue jefe de presa entre el 15 de marzo de 2022 y el 31 de agosto de 2023, pues para el mes de mayo del presente año Telemedellin suscribió el contrato No. CTO-0173-2024 con CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A donde ella laboró, 5 meses antes de su nombramiento como Secretaria de Comunicaciones.
El objeto de dicho contrato fue la vinculación publicitaria al evento “Desafíos Colombia 2024 – Diálogo, Escucha y Debate desde Todas las Perspectivas”, por $200 millones de pesos, una cifra que resulta exorbitante si se considera la naturaleza de las obligaciones del contratista, planteando interrogantes sobre la justificación y transparencia de esta contratación, más aún cuando se entrelazan posibles conflictos de interés, debido a la influencia de la Secretaria de Comunicaciones en Telemedellin.
Este caso solo afirma las intenciones que ha tenido el alcalde de Medellín y su administración para monopolizar el poder y beneficiar a su círculo cercano mediante nombramientos y contratos, un ejemplo evidente es el cargo que actualmente ocupa la hermana de Federico Gutiérrez como Directora de Internexa, una empresa vinculada a Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), donde Empresas Públicas de Medellín (EPM) es uno de los principales accionistas, siendo clara la injerencia en la toma de decisiones que tiene el alcalde de Medellín como Presidente de la Junta Directiva de EPM.
A lo anterior se suman los contratos realizados directamente por Federico Gutiérrez, como el reciente arriendo de 19 camionetas eléctricas de lujo por más de $21 mil millones de pesos. Este monto resulta significativamente superior al de su adquisición directa. Además, preocupa que detrás de este contrato esté una empresa cuya capacidad financiera ha sido cuestionada, lo que incrementa las sospechas sobre la idoneidad y legalidad de esta transacción.
El alcalde de Medellín ha centrado su discurso político en la defensa de los recursos públicos, insistiendo en la NO privatización y en la prudencia en el manejo de los fondos del Distrito. Sin embargo, los hechos recientes parecen contradecir estas promesas, evidenciando un interés personal en sus decisiones administrativas. Mientras el alcalde asegura proteger los bienes públicos, cada vez son más los indicios que revelan un manejo discrecional y en beneficio propio, dejando de lado las verdaderas necesidades de los ciudadanos, quienes hoy enfrentan altos impuestos mientras la administración se ha concentrado en favorecer intereses privados, enriquecer a su círculo cercano y aprovecharse del poder para acumular beneficios personales.
La Superintendencia de Servicios Públicos abrió investigación a Empresas Varias de Medellín (Emvarias) por presuntos incumplimientos que podrían poner en riesgo la prestación del servicio de aseo, por una indebida operación del relleno sanitario ‘La Pradera’ acorde a los lineamientos definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Entre los cargos, se investiga la inestabilidad del vaso Altair del relleno sanitario y el aumento en la generación de lixiviados, asociados a varios eventos presentados en julio de 2023 y durante la visita de la Dirección Técnica de Gestión de Aseo en septiembre del mismo año.
Se investiga además el por qué la empresa no contó con un Plan de Emergencia y Contingencia en 2023, así como unos incumplimientos de la obligación de atender de manera adecuada las solicitudes y requerimientos efectuados por la Superintendencia de Servicios.
Tras las declaraciones de alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en las que dio a conocer su insatisfacción por la elección de Jorge Carrillo como nuevo presidente de ISA, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera analizan la posibilidad de realizar inspecciones a la junta directiva de la empresa para evaluar si existió alguna irregularidad en la votación.
El mandatario de la capital de Antioquia dio diferentes declaraciones en distintos medios de comunicaciones divulgando información de carácter confidencial que tiene que ver con la junta directiva y que no se puede filtrarporque esto podría afectar directamente a la empresa que cotiza en la bolsa de valores.
La imprudencia de Federico Gutiérrez podría ser calificada como un acto de deslealtad, porque el mandatario de Medellín es presidente de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín, quien tiene a Carlos Raúl Yepes como su delegado, y por tanto debe guardar discreción para no afectar la situación de la empresa en el mercado de valores.
Una fuente de Confidencial Colombia asegura que la actuación de Gutiérrez podría estar motivada por «su afán de continuar en la tarea de desprestigiar la administración de Daniel Quintero sin importar las consecuencias». Lo anterior, porque el nuevo presidente de ISA participó en el gabinete de su antecesor.
Lo cierto es que desde que se supo lo que analizan las dos entidades de control, el alcalde de Medellín no volvió a tocar el tema.
