El Consejo Superior de Política Criminal acaba de avalar un proyecto de ley del Ministerio de Justicia que busca que algunas personas que cometieron delitos, no paguen sus condenas en cárceles sino con medidas sustitutivas que consistirían «en el servicio no remunerado que ha de prestar la persona condenada en libertad a favor de las instituciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales» por ejemplo, en mejoramiento del espacio público, asistencia a víctimas y comunidades vulnerables, en actividades de carácter educativo, cultural, de educación vial, ambiental y otras similares”. Ver El Tiempo. https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/consejo-de-politica-criminal-avala-proyecto-de-justicia-restaurativa-714713
Según el proyecto de ley, “este servicio sería una opción adicional de sustitución de prisión para condenados que cumplan con ciertas características, como estar condenados a menos de seis años, que no sea por conductas contra de la libertad, integridad y formación sexual, entre otros requisitos”.
Un proyecto interesante que busca reducir el hacinamiento carcelario y medidas alternativas de resocialización y reparación del daño causado por el victimario. Sin embargo, traslada a otras instancias del Estado y organizaciones sin ánimo de lucro, especialmente alcaldías, la responsabilidad de acogerlos, entrenarlos, organizarlos y ponerlos a hacer algo útil en bien de la comunidad.
Por experiencia, en el pasado cuando en la Administración Distrital quisimos poner a trabajar personas sancionadas por incumplir las normas de convivencia, se requería de una buena cantidad de servidores públicos y recursos para que los sancionados cumplieran las tareas encomendadas y aún así, las desarrollaban de una manera muy regular.
Con esto no quiero decir que no se pueda sacar adelante este proyecto y ejecutarlo como se debe, sino que se requieren recursos adicionales que deben poner las alcaldías y “organizaciones sin ánimo de lucro” y en este sentido se debería socializar el proyecto con los alcaldes, gobernadores y ONG para saber cuáles serían los costos de esta iniciativa a nivel local y saber quién va a asumirlos.
Este proyecto iría en contravía de lo que hoy quieren algunos alcaldes que buscan que todos los delincuentes, incluidos por delitos menores, terminen en la cárcel, que sería el caso, ya que beneficia a condenados de menos de seis años y ahí entran muchos hurtos, como es el caso de celulares, autopartes, bienes residenciales y de comercio. De ahí la importancia de discutirlo con los alcaldes y gobernadores.
Cada proyecto de ley, como cada hijo nuevo, debería pasar por un análisis económico previo sobre la factibilidad de implementación y mantenimiento, de lo contrario se puede quedar en el papel y en las buenas intenciones, como ha sucedido con una buena cantidad de leyes que no se aplican.
En igual sentido estaría la propuesta de justicia restaurativa para adultos, propuesta que también comparto, pero que no basta con el acuerdo entre el victimario y la víctima ante un juez sobre como reparar el daño causado, es necesario contar con un proceso de intervención individual y familiar del infractor de la ley penal y de atención y sensibilización de la víctima, como actualmente se hace en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa en Bogotá. Programa que ha tenido muy buenos resultados, donde se destaca la reducción de la reincidencia al 7%, lo que no han logrado las medidas privativas de la libertad. Hay que anotar que este Programa, en los últimos cinco años, le ha costado al Distrito más de 25 mil millones de pesos.
Hay buenas iniciativas, también voluntad política, pero no son suficientes, hacen falta recursos o ¿será que el sistema carcelario y penitenciario le va a trasladar los recursos ahorrados de la gente que no va a atender a los municipios, para que estos puedan cumplir las medidas alternativas propuestas?
