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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: ONU

ONU saca a sus funcionarios de Haití

Naciones Unidas ha comenzado a evacuar a su personal no esencial de Haití a medida que aumenta la violencia de las pandillas, que se han hecho con el control de más de un 80 por ciento de Puerto Príncipe, la capital del país, provocando a su paso el desplazamiento masivo de la población.

La coordinadora humanitaria de la ONU en Haití, Ulrika Richardson, ha indicado que los primeros aviones han salido ya del país con destino Panamá. Entre los evacuados se encuentran una veintena de asesores en materia de seguridad y dos altos cargos de Naciones Unidas, entre otros.

 

A pesar del significativo aumento de la violencia, las organizaciones de la ONU han insistido en su deseo de permanecer en el país. «Nuestras operaciones han continuado desde el inicio de la escalada», ha dicho Richardson, que ha señalado que ha logrado entregar miles de alimentos y asistencia médica y psicosocial a la población local a pesar de los crecientes peligros.

La medida responde al anuncio realizado la semana pasada por la ONU, que indicó que reduciría temporalmente su presencia en Puerto Príncipe debido al deterioro de la situación de seguridad después de que se registraran al menos 150 muertos en tan solo una semana.

Los muertes y heridos por la última espiral de violencia, que se inició el 11 de noviembre, elevan el número de víctimas en lo que va de año a un total de 4.544 muertos y 2.060 heridos, si bien el balance podría ser mayor. Cerca de 20.000 personas se han visto obligadas a huir de sus casas en las últimas semanas.

Haití no tiene presidente desde que a principios de julio de 2021 un grupo de sujetos armados irrumpiera en su residencia oficial y asesinara a Jovenel Moise. Poco después, Ariel Henry ascendió al puesto de primer ministro entre críticas y tras varios años de inestabilidad. En marzo de este año presentó su dimisión tras la oleada de violencia que sacudió la nación.

Desde entonces se ha creado un Consejo Presidencial de Transición con el objetivo de llevar a cabo la tarea de pacificación y crear un Consejo Electoral Provisional para organizar las primeras elecciones en una década.

Juan Fernando Cristo explicó al Consejo de Seguridad de la ONU su Plan de Choque para acelerar la implementación de la paz

El ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, en compañía del ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo; el consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño y la representante permanente de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas, Leonor Zalabata, expuso en un desayuno con los embajadores y embajadoras miembros del Consejo de Seguridad el Plan de Choque para Acelerar la Implementación del Acuerdo Final de Paz.

La idea de acuerdo a lo expuesto por el ministro del Interior, «tiene como objetivo acelerar la implementación integral de las disposiciones de los seis puntos del Acuerdo de Paz firmado en 2016, garantizando que los compromisos pactados sigan siendo un pilar fundamental en la construcción de una paz estable y duradera en Colombia».

 

“Así, el Plan de Choque representa un nuevo impulso para asegurar que la implementación avance de manera ágil
y efectiva en los territorios más afectados por la violencia del conflicto armado”, dijo.

Explicó el funcionario que esta iniciativa responde a la necesidad de acelerar la implementación en la medida en que ejecuta acciones para resolver eficazmente de manera directa los retrasos y cuellos de botella que han obstaculizado el avance del Acuerdo y se enfoca en acciones concretas y de alto impacto en áreas como la Reforma Rural Integral, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la seguridad territorial. Asimismo, busca dinamizar proyectos clave para mejorar
la calidad de vida en las regiones más vulnerables.

Desde hace tres meses, el Ministerio del Interior asumió la coordinación interinstitucional de la implementación con el propósito de lograr un avance más efectivo y territorializado en la ejecución del Acuerdo, respondiendo a las necesidades de las comunidades más afectadas.

Consejo de Derechos Humanos de la ONU estará dos años más en Venezuela

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aprobado este viernes extender dos años más el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, un grupo de observación encargado de abordar la situación en el país.

El texto, aprobado con 23 votos a favor, 18 abstenciones y seis votos en contra, señala que la labor de la misión es investigar violaciones de Derechos Humanos, incluyendo «ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, reclusiones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes» cometidos desde 2014 en el país.

 

El objetivo de la misión es, por tanto, «combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas, prestando especial atención a la situación de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela».

Esto se produce después de que una treintena de ONG instaran en septiembre a Naciones Unidas a renovar la misión e hicieran hincapié en la importancia de que exista una «rendición de cuentas» a medida que aumenta la «represión postelectoral».

«Tras las elecciones presidenciales, las y los venezolanos se enfrentan a una brutal represión contra quienes ejercieron su derecho a la participación política y a la protesta, líderes políticos, periodistas, personas defensoras de los Derechos Humanos y otras personas opositoras o percibidas como tales, lo que hace que la necesidad de renovar el mandato de los expertos sea más urgente que nunca», indicaron.

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha aplaudido la medida y ha asegurado en un comunicado que la misión es «fundamental» debido al «recrudecimiento de la represión» tras las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela.

«Con esta resolución, los miembros del Consejo mostraron que no se quedarán de brazos cruzados mientras las fuerzas de seguridad de Maduro asesinan y abusan de la población para mantenerse en el poder, y que están comprometidos a hacerlos rendir cuentas por sus crímenes», ha agregado.

La primer mujer indígena embajadora de Colombia ante la ONU

Leonor Zabaleta, una mujer indígena arhuaca y defensora de derechos humanos, fue nombrada por el Presidente Gustavo Petro Urrego como embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York. Su impecable labor como activista y defensora de derechos humanos y su trayectoria de más de tres décadas, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde vive su comunidad, la han hecho merecedora de diversos premios. Entre los más destacados está el Premio Anna Lindh, otorgado por el Partido Socialdemócrata sueco, en reconocimiento a su incansable dedicación a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en América Latina.

Este reconocimento se enmarca en su misión de representar políticamente a los pueblos indígenas, velando por el desarrollo y la protección de su cultura, pues logró constituirse como Comisionada de Derechos Humanos de la Confederación Indígena Tayrona y Representante de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas de Colombia. Además, formó parte de la Delegación de la Mesa de Trabajo por los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

 

Siendo importante resaltar que desde que la honorable embajadora Leonor Zabaleta asumió su cargo, tenía claro su rol y llegó con una visión definida: Mostrar al mundo la riqueza y diversidad de Colombia, su misión es resaltar que somos un país multicultural, con una identidad única, compuesto por más de 115 pueblos indígenas, además de las comunidades afrodescendientes y raizales de San Andrés y Providencia y las comunidades Rrom. Un país en el que se hablan más de 68 lenguas y en el que compartimos un fin en común: la paz, justicia social y ambiental.

Desde su nombramiento en 2022, Leonor Zalabata ha trabajado incansablemente para visibilizar los derechos de los pueblos indígenas y la defensa de la democracia en Colombia. En su calidad de Representante Permanente ante la ONU, ha utilizado su plataforma para promover el reconocimiento internacional de las problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas, abogando por la protección de sus territorios.

En 2023, su labor fue reconocida con su elección como vicepresidenta de la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Este nombramiento no solo es una muestra de su compromiso con la igualdad de género, sino también un reconocimiento a su esfuerzo por impulsar el empoderamiento de las mujeres indígenas, quienes han sido históricamente marginadas. Desde este cargo, ha sido un instrumento para promover políticas inclusivas que aborden la intersección entre género y etnicidad, asegurando que las mujeres indígenas y otras minorías reciban mayor atención dentro de la agenda global.

Nuestra Honorable Embajadora, su vida es un testimonio de lucha, perseverancia y entrega absoluta a la causa de los derechos humanos, especialmente los de los pueblos indígenas, su nombramiento  no es solo un reconocimiento a su vasta trayectoria, sino también un tributo a su profundo compromiso con el país, demostrando activismo, diplomacia y liderazgo con la protección de Derechos Humanos y su gestión para articular las políticas nacionales con las internacionales.

Alejandro Toro

Los temas que tratará la Asamblea de la ONU?

La Asamblea General de Naciones Unidas volverá a servir esta semana como eje de la geopolítica mundial, un escenario por el que desfilarán algunos de los principales líderes para exponer a grandes rasgos sus puntos de vistas sobre cuestiones de actualidad, desde las guerras en Ucrania y la Franja de Gaza hacia el cambio climático, pasando por las eternas reivindicaciones de reforma del sistema de la ONU.

El debate general se celebra con periodicidad anual, en los primeros compases de cada periodo de sesiones. Técnicamente no es un debate, sino una sucesión de discursos en la que tienen derecho a participar los 193 Estados miembro de la ONU, en la medida en que la Asamblea General, al contrario de lo que ocurre con el Consejo de Seguridad, sí les da cabida a todos ellos. También pueden participar Estados observadores como el Vaticano y Palestina, así como la Unión Europea.

 

Este tipo de reuniones se celebraron por primera vez en el año 1946 y cuenta como primeros intervinientes con el secretario general de la ONU y el presidente de la Asamblea. Por países, desde la décima edición es Brasil quien habla en primer lugar –según los Servicios de Protocolo de la ONU, inicialmente ningún país quería romper el hielo, pero Brasil lo hizo en varias ocasiones y ha terminado por consolidarse–.

Estados Unidos, como país anfitrión, es el siguiente en subir al podio, y a partir de ahí el resto de países intervienen en función del nivel de sus delegaciones –quienes participen con sus respectivos jefes de Estado tienen derecho a hablar primero– y en función de otros parámetros como el equilibrio geográfico o las preferencias planteadas.

Para la edición de 2024, la lista provisional contempla como tercer orador a Turquía, seguido de Jordania, Guatemala, Suiza, Colombia, Qatar y Sudáfrica. España hablará en la mañana de la cuarta jornada, ya el viernes, mientras que el orden de intervenciones lo cerraría Kiribati el 30 de septiembre.

No existe una norma estricta sobre la duración de los discursos, pero de manera informal se propone a los dirigentes políticos que se limiten a 15 minutos y se avisa a los intervinientes de forma sutil cuando llega el tiempo, con una luz roja intermitente. El récord lo sigue teniendo el expresidente cubano Fidel Castro, que habló durante 269 minutos en el año 1960.

Reuniones al margen

La ONU suele aprovechar la afluencia de líderes internacionales para organizar foros paralelos, como ocurre este año con la Cumbre del Futuro que precederá a los debates en la Asamblea. También sirve de oportunidad para que los asistentes organicen reuniones al margen, bien de manera bilateral o multilateral, si el tema del que se trate es de interés común.

El debate general de 2024 será el primero desde el estallido del conflicto de la Franja de Gaza, ya que los atentados de Hamás tuvieron lugar el 7 de octubre de 2023, por lo que previsiblemente las tensiones en Oriente Próximo estarán presentes también en el atril de la Asamblea General, al igual que el conflicto abierto en febrero de 2022 entre Ucrania y Rusia por la invasión ordenada por Vladimir Putin.

Entre quienes ya han confirmado su asistencia a Nueva York está, de hecho, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que viajará con una nueva propuesta de paz bajo el brazo para explicársela personalmente a su homólogo estadounidense, Joe Biden. Zelenski se ha citado además con los principales candidatos en las elecciones de noviembre, Kamala Harris y Donald Trump.

Otra de las crisis llamadas a sobrevolar las reuniones es la de Venezuela, que en principio estará representada por su ministro de Exteriores, Yván Gil. El debate abierto por las elecciones presidenciales del 28 de julio ha terminado de dañar la imagen del régimen de Nicolás Maduro y se ha convertido en uno de los principales motivos de preocupación en toda América Latina.

Denuncian ante la ONU persecución a Edmundo González

Más de 40 países, entre ellos España y Estados Unidos, han alertado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas del «ritmo alarmante» al que empeora la situación en Venezuela y de la «persecución judicial» emprendida contra el principal candidato opositor en las elecciones presidenciales del 28 de julio, Edmundo González Urrutia.

La ministra de Exteriores de Argentina, Diana Mondino, se ha dirigido al Consejo en nombre de este grupo de países para trasladar la «profunda preocupación» por «la grave crisis estructural de Derechos Humanos que atraviesa Venezuela», acentuada en los últimos meses, especialmente a raíz de la jornada electoral.

 

En este sentido, han dado cuenta de «detenciones arbitrarias» de opositores, periodistas y manifestantes, de un «uso desproporcionado de la fuerza» y de la «persecución» emprendida contra González, que el pasado sábado salió de Caracas rumbo a España para pedir asilo político.

Mondino ha dicho que es «especialmente preocupante el daño que estas acciones ocasionan al Estado de derecho, la democracia y el respeto a las libertades civiles y políticas del pueblo venezolano y que redundan en un deterioro de la obligación de respeto y garantía de los Derechos Humanos por parte de Venezuela».

Los países que secundan esta declaración, entre los que hay siete latinoamericanos –Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Panamá y Uruguay–, han reclamado al Gobierno de Nicolás Maduro la liberación «incondicional e inmediata» de «todas las personas detenidas arbitrariamente», así como el cese de «la ola de represión contra los opositores políticos y manifestantes».

También le han emplazado a reanudar la colaboración con la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a permitir la entrada de una misión de investigación de la organización internacional, con vistas a que haya observación externa sobre el terreno.

La ONU se ofrece como mediadora en Venezuela

La ONU ha afirmado este jueves que está «disponible» para implicarse en los esfuerzos de mediación para resolver la actual crisis política en Venezuela, siempre y cuando «todas las partes» estén de acuerdo y lo soliciten de manera expresa.

«Como siempre, nuestros buenos oficios están disponibles», ha asegurado un portavoz de la secretaría general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, al ser interrogado en rueda de prensa por el aparente bloqueo de la situación en el país sudamericano.

 

La ONU ya envió una misión de expertos electorales para los comicios del 28 de julio, origen de una nueva crisis marcada por las dudas sobre la victoria del presidente Nicolás Maduro. Dicha misión concluyó que las elecciones carecieron de las mínimas medidas de «transparencia e integridad», poniendo así en duda todo el proceso.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha avalado este jueves con una sentencia la victoria de Maduro, pese a las sospechas de fraude agitadas por la oposición y avaladas por gran parte de la comunidad internacional. Las voces críticas reclaman al Consejo Nacional Electoral (CNE) que publique las actas que demostrarían el supuesto triunfo chavista.

ONU exige a Venezuela parar las represiones

La Misión de Investigación para Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha exigido este lunes el «cese inmediato» de la represión y las detenciones arbitrarias tras las elecciones presidenciales del 28 de julio y ha pedido además que se investiguen los hechos de violencia, como la muerte de al menos 23 personas.

«El Gobierno de Venezuela debe detener inmediatamente la creciente represión que está conmocionando el país desde la celebración de la elección presidencial el 28 de julio, e investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los Derechos Humanos que están ocurriendo», ha apuntado la misión en un comunicado.

 

Tras las protestas se desató «una feroz represión por la maquinaria del Estado, dirigida por sus más altas autoridades, creando un clima de temor generalizado», ha denunciado la misión, que destaca que «continúa su proceso de documentación, análisis, verificación e investigación de las violaciones a los derechos humanos».

La Misión ha registrado hasta el momento 23 muertes en las protestas, la gran mayoría por disparos de armas de fuego. «En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años», ha resaltado. Estas muertes «deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas», ha señalado la presidenta de la misión, Marta Valiñas. «Las víctimas y sus familiares deben obtener justicia», ha remachado.

Además se han contabilizado al menos 1.260 detenciones según los datos de diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre ellas 160 mujeres. La mayoría de las detenciones se produjeron en el Distrito Capital (18%), seguido de los estados de Carabobo (16%) y Anzoátegui (9%).

La misión destaca que entre las personas detenidas hay dirigentes, miembros y simpatizantes de partidos políticos, periodistas, así como activistas de derechos humanos «consideradas o percibidas como opositoras por las autoridades».

«Sin embargo, la gran mayoría de las personas detenidas simplemente manifestaron su rechazo al resultado de la elección presidencial anunciado por las autoridades», en muchos casos objeto de arrestos en sus propias casas tras participar en las manifestaciones.

A los detenidos se les imputan «de manera indiscriminada» por terrorismo, conspiración y delitos de odio, «sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada», según la misión. Además ha detectado en estos arrestos elementos comunes que las convierten en detenciones arbitrarias y «constituyen graves violaciones al debido proceso», por lo que estas personas quedan desprotegidas ante el sistema de justicia.

«Entre estos elementos se incluyen audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los Tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar», ha destacado.

Entre los detenidos hay más de 100 niños, niñas y adolescentes «imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas». «Los niños, niñas y adolescentes no cuentan con la presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales», ha denunciado la misión.

«La Misión reclama con firmeza la obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior», ha declarado el experto de la misión Francisco Cox.

«Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato», ha apelado la experta de la misión Patricia Tappatá. «Las autoridades tienen que respetar de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso y sobre las condiciones de detención, usando los canales formales para comunicarse con los familiares», ha subrayado.

ONU recuerda a Israel sus últimos ataques a Gaza

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha recordado que Israel ha efectuado 21 ataques contra escuelas refugio de Gaza desde el 4 de julio hasta el ocurrido este sábado en Ciudad de Gaza; un bombardeo contra la escuela de Al Tabin que ha dejado al menos un centenar de muertos — entre ellos once niños y seis mujeres — y 150 heridos.

La agencia de la ONU estima que los ataques israelíes han desembocado en las muertes de 274 personas «incluyendo mujeres y niños», y entiende que, «a pesar de que el Ejército israelí dice que toma todas las medidas posibles para evitar que los civiles sufran daño», los constantes ataques de Israel contra estas zonas «donde la población se ve obligada a desplazarse, y el «consistente y predecible impacto sobre los civiles sugieren un incumplimiento» del Derecho Internacional humanitario.

 

La ONU añade que estos «ataques sistemáticos» contra las escuelas se producen en un momento en el cual «el 90 por ciento la población de Gaza ha sido desplazada, mientras que el Ejército israelí sigue detonando edificios residenciales y restringiendo la entrada y la distribución de asistencia humanitaria».

«Los desplazados internos se enfrentan a un horror indescriptible después de 10 meses de hostilidades, incluidos múltiples desplazamientos forzados, la rápida propagación de enfermedades y la negación constante del acceso a las necesidades básicas de la vida. Para muchos, las escuelas son el último recurso para encontrar algún refugio y un posible acceso a alimentos y agua», añade la ONU.

Sobre el argumento israelí de que está atacando unas instalaciones convertidas en «puestos de mando» de las milicias palestinas, la agencia admite que «la ubicación por parte de grupos armados de objetivos militares en medio de una población civil» constituye una violación del Derecho Internacional, «en modo alguno anula la obligación de Israel de cumplir con el mismo»

«Israel, como potencia ocupante, está obligado a proporcionar a la población que ha desplazado por la fuerza las necesidades humanitarias básicas, incluido un refugio seguro», zanja la ONU.Copiar al portapapeles

Preocupación de la delegación del Gobierno en los diálogos con el ELN por la cercanía del final del cese al fuego 

La delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) busca una reunión urgente con el equipo negociador de esta guerrilla para establecer un acuerdo que permita la prórroga del cese al fuego vigente hasta el próximo 3 de agosto.

Para el grupo de delegados por parte del Gobierno es urgente definir este asunto y además superar preocupaciones porque los compromisos adquiridos con el desarrollo de la participación de la sociedad civil van a paso lento y además el cese al fuego expira en las próximas semanas de agosto.

 

Sobre esta suspensión, de manera reiterada se ha solicitado a la Delegación de Paz del ELN retomar las labores de la mesa para resolver de manera bilateral y constructiva como las dificultades que se han presentado, siempre anteponiendo a otras consideraciones las necesidades de lograr cuanto antes la transición a la paz y la protección de las comunidades que padecen los efectos del conflicto armado», dice el equipo en el comunicado a la opinión pública.

 La delegación agradece a las Naciones Unidas todo el acompañamiento que ha dado a los diálogos, destacando la labor del secretario general, Antonio Guterrez, lo mismo que la del jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz.

Consejo de derechos humano de la ONU aprobó la resolución que pide dar mayor apoyo a la paz en Colombia

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la resolución en la que se solicita a la comunidad internacional un mayor apoyo para la debida y correcta implementación del acuerdo de paz firmado por Colombia y las extintas Farc.

En el texto se hace invitación a los países miembros y a los observadores a contribuir de manera más activa en llevar ese acuerdo de paz del papel a la realidad de los territorios que durante décadas enteras han padecido las consecuencias del conflicto armado.

 

En uno de los apartes se recomienda a la fiscalía general de la Nación investigar las denuncias interpuestas en 2023 por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que veía obstaculizaciones en casos como el de ‘Jesús Santrich’, quien reincidió y ayudó en la fundación de la Segunda Marquetalia.

Pide además que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, vele para que asignen a la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos Volker Türk los recursos necesarios para cooperar técnicamente con Colombia en la implementación del acuerdo de paz.

ONU rechaza fallo en Malaui que criminaliza relaciones homosexuales

La oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha mostrado este lunes «profundamente decepcionada» con la sentencia del Tribunal Constitucional de Malaui que mantiene la criminalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, aunque éstas sean consentidas.

El viernes, el Constitucional malauí rechazó el recurso de varios activistas que abogaban por legalizar las relaciones homosexuales, susceptibles de ser castigadas con penas de hasta 14 años de cárcel. El tribunal propuso a los demandantes plantear sus peticiones ante el Parlamento.

 

Para la ONU, la criminalización es «contraria a las obligaciones del país en materia de Derechos Humanos», por lo que ha pedido la derogación de la norma y medidas para «proteger» los derechos de la comunidad LGTBI en Malaui.

También Amnistía Internacional ha criticado la sentencia y ha recordado que tanto las leyes nacionales como las internacionales «claramente prohíben la discriminación», en palabras de la responsable de la ONG para la región, Khanyo Farise, que teme que «las personas LGTBI seguirán sufriendo discriminación y persecución simplemente por a quién aman».

ONU celebra la liberación de Assange

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha aplaudido la excarcelación en Reino Unido del fundador de Wikileaks, Julian Assange, así como los «pasos significativos» que se han dado en estas últimas horas para la resolución «definitiva» del caso iniciado en Estados Unidos por la difusión de miles de documentos secretos.

«Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, este caso planteaba una serie de dudas en materia de Derechos Humanos», ha explicado la portavoz de dicha oficina, Liz Throssell, en declaraciones remitidas a Europa Press. A la ONU también le preocupaba la «prolongada» detención en Reino Unido, iniciada hace más de cinco años tras otros siete de reclusión dentro de la Embajada ecuatoriana en Londres.

 

«Seguiremos observando los acontecimientos en los próximos días», ha dicho Throssell. Poco después de obtener la libertad provisional, Assange embarcó en un vuelo para abandonar Reino Unido, gracias a un pacto con las autoridades norteamericanas que implica declararse culpable de violar la Ley de Espionaje a cambio de dar por cumplido el periodo de encarcelamiento.

El acuerdo alcanzado, sin embargo, aún debe ser aprobado por un juez, un extremo sobre el que también ha hecho hincapié la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Petro invitó a los exfarc a evaluar el Acuerdo de Paz para presentar informe a la ONU

El presidente Gustavo Petro invitó a los líderes de las extintas Farc a reunirse para evaluar el cumplimiento o no del Acuerdo de Paz, celebrado hace ocho años con el Estado colombiano, con el fin de presentar una declaración conjunta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

“Yo creo que tenemos que reunirnos porque en este momento las altas partes contratantes del Acuerdo de Paz son usted y yo. Y ya han pasado ocho años. Creo que tenemos que hacer una evaluación seria sobre cifras y realidades y tenemos que hacer una declaración conjunta ante la humanidad, que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, precisó el mandatario.

 

Durante el encuentro con beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de Uso Ilícito (PNIS) con el Gobierno Nacional, al que acudieron 171 líderes representantes de todas las regiones del país, en el Hotel Tequendama de Bogotá, el jefe de Estado consideró que todo lo tratado en este evento “es parte de lo que tiene que informarse” a la ONU.

Indicó que el Acuerdo de Paz “se puede extender a otras organizaciones armadas, cada vez más degradadas, porque las economías ilícitas van chupando completamente la energía misma que nos está llevando a la violencia y se vuelve una inercia”.

ONU denuncia que fuerzas israelíes enterraron vivos a ciudadanos palestinos

Expertos de la ONU para los Derechos Humanos han expresado este lunes su condena tras el hallazgo de fosas comunes con cadáveres de personas con indicios de haber sido torturadas, ejecutadas e incluso enterradas vivas durante la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza. Alertan además del elevado número de víctimas civiles del conflicto, que afecta «desproporcionadamente» a mujeres y niñas.

«Estamos horrorizados por los detalles sobre las fosas comunes recientemente descubiertas en la Franja de Gaza. Más de 390 cuerpos han sido descubiertos en los hospitales Al Nasser y Al Shifa, incluidos los de mujeres y niños, y muchos de ellos parecen tener señales de tortura y ejecuciones sumarias y posibles casos de personas enterradas vivas», han apuntado los expertos en un comunicado.

 

Asimismo, alertan de que las mujeres y los menores de edad «están entre los más expuestos al peligro» en este conflicto. Casi la mitad de los más de 34.000 palestinos muertos son menores de edad y casi un tercio, mujeres. Entre los más de 78.000 heridos un 75 por ciento son mujeres y de los más de 8.000 desaparecidos, más de la mitad son mujeres y niños, según las estimaciones de los expertos de la ONU.

Las cifras implican unas 63 mujeres muertas al día, de las cuales 37 son madres. Un total de 17.000 menores palestinos han quedado huérfanos desde el inicio de la ofensiva israelí.

Además hay 1,7 millones de desplazados internos y 1,1 millones de gazatíes sufren «niveles catastróficos» de inseguridad alimentaria, según las estadísticas.

Desaparición de niñas y mujeres

El informe llama por otra parte la atención sobre los casos de mujeres y niñas que objeto de desaparición forzada que se atribuye a las fuerzas militares israelíes. En ese sentido, reprochan al Gobierno israelí que no haya llevado a cabo una investigación «independiente, imparcial y eficaz» sobre las acusaciones de agresiones y violencia sexual contra mujeres y niñas. También denuncian la destrucción por Israel de la clínica de fertilidad más importante del enclave, donde se almacenaban unos 3.000 embriones.

«El trato a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia sigue siendo lamentable con el bombardeo directo de hospitales y la negación deliberada de acceso a instalaciones sanitarias por francotiradores israelíes, combinada con la falta de camas y recursos médicos que ponen a unas 50.000 mujeres palestinas embarazadas y a 20.000 recién nacidos en un riesgo inimaginable», han alertado.

Más de 183 mujeres dan a luz al día en Gaza sin ningún tipo de analgésico y «cientos de bebés han muerto por la falta de suministro eléctrico de las incubadoras». «Las terribles condiciones han provocado un incremento del 300 por cien de los abortos espontáneos y el 95 por ciento de embarazadas y mujeres en periodo de lactancia están en situación de grave pobreza alimentaria», han agregado.

Unas 690.000 mujeres y niñas de Gaza no tienen los medios para afrontar el ciclo menstrual con privacidad y dignidad y se han dado casos de uso de medicamentos anticonceptivos para evitar condiciones menstruales antihigiénicas.

En general, la «destrucción sin precedentes» de viviendas y la precariedad del día a día «han afectado desproporcionadamente a las mujeres y niñas». «Nada ilustra mejor la violencia sistemática que sufren las mujeres y sus hijos que la historia de un bebé que fue salvada del útero de su madre que murió en un ataque israelí en la Franja de Gaza, pero que murió días después, el 26 de abril, en una incubadora», han relatado.

«Estamos consternados por que las mujeres sean atacadas por Israel con tanta saña, con ataques indiscriminados y desproporcionados. Parece que no escatiman medios para destruir sus vidas y negarles sus derechos fundamentales», han reprochado.

Por todo ello piden a Israel «cesar todas las hostilidades» y a los Estados «el cese inmediato de todas las exportaciones de armas». «Estos Estados no pueden seguir ignorando que las armas se utilizan para matar y lisiar a mujeres y niños inocentes. No caben más excusas», han apelado.

Los firmantes de son la relatora especial para la violencia contra las mujeres y niñas, sus causas y consecuencias, Reem al Salem; la relatora especial para la situación de los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese; el relator especial para el derecho a la vivienda adecuada, BAlakrishnan Rajagopal; el relator especial para el derecho a la alimentación, Michael Fakhri; el relator especial para los derechos al agua potable segura y el alcantarillado, Pedro Arrojo Agudo; la relatora especial para los Derechos Humanos de las personas desplazadas internas, Paula Gaviria Betancur, y el relator especial para el fomento y la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales durante la lucha contra el terrorismo, Ben Saul.

Los expertos forman parte del organismo de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el órgano de expertos más grande del sistema de Derechos Humanos de la ONU. Son expertos independientes en Derechos Humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que colaboran de forma voluntaria y no son funcionarios de la organización.