Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

Gracias a los colombianos

Quiero dedicar estas letras a los colombianos, a todos aquellos que con afecto, gratitud y fe han abrazado con sus oraciones a mi amigo, el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, así como a toda su familia.

Hoy escribo esta columna de una forma poco habitual, en los pasillos de la Fundación Santa Fe, en la que se encuentra Miguel en una Unidad de Cuidados Intensivos, pero lo hago con la certeza de que pronto superaremos esta pesadilla y que él saldrá adelante en su recuperación tras el vil intento de magnicidio del pasado 7 de junio.

 

Reconozco que son momentos de angustia e incertidumbre para toda Colombia, sin embargo, este país ha demostrado su afecto hacia Miguel. No dudo un segundo que Dios y las constantes oraciones de millones de creyentes lo han mantenido anclado a este plano terrenal. Y él que es un guerrero y luchador ha estado a la altura de esta difícil batalla.

Gracias a quienes creen, a quienes caminan en fe, a quienes brindan una palabra de aliento, un voto de confianza o simplemente una mirada de esperanza. Esta causa no es solo de una persona, ni mucho menos de un partido o de una región: es de todos los ciudadanos que queremos un país mejor, donde prevalezca la seguridad, la unión, alejados de la violencia y en el que sobresalgan las oportunidades.

Miguel Uribe Turbay representa una nueva generación de liderazgo: que cree en la familia, con principios y valores, con carácter férreo y con la convicción que el servicio público debe ser un acto de pasión, entrega y responsabilidad. Por eso es que tantos nos sentimos identificados desde cada rincón del país y el mundo, desde donde han llegado mensajes de solidaridad y apoyo. 

Sin duda, los colombianos no nos resignamos, pues defendemos la libertad, la democracia y el Estado de derecho.

Colombia está en un despertar, en ese que construye diálogo, respeto y la certeza que las diferencias no nos debilitan, sino que nos enriquecen. No estamos derrotados, seguiremos trabajando con más fuerza, más compromiso y más cercanía, pese a que los violentos pretendan lo contrario.

El país merece lo mejor de todos nosotros. Sigamos orando por la recuperación de Miguel, mantengamos la unión y por nada perdamos la fe. Gracias Colombia y ¡Fuerza Miguel!

Andrés Barrios Bernal

Las ventanas rotas

Bucaramanga se encuentra en desorden generalizado, ornato, movilidad y lo social fallidos, y por supuesto, en materia de seguridad ciudadana, un desastre. La delincuencia campea descaradamente y manda en las calles. Las cifras del último año son contundentes: 180 homicidios, 2.435 casos de violencia intrafamiliar, 9.015 hurtos callejeros, 412 hurtos residenciales, 853 hurtos a comerciantes y 465 delitos sexuales denunciados.  Las redes sociales a menudo exhiben imágenes de violencia contra todo tipo de personas. Los hampones deambulan frente a la mirada permisiva de las autoridades y la paciencia franciscana de los ciudadanos. Los días dominicales y festivos son los más inseguros porque la delincuencia se toma las calles impunemente, mientras los indigentes las hacen un muladar.

Aquí es donde la teoría de las ventanas rotas tiene cabida. Esta teoría postula que, cuando una ventana de una casa está rota, por mínimo que sea el daño debe repararse inmediatamente, porque de no hacerse, se producirá un efecto cascada donde los daños incrementarán hasta llegar al deterioro y ruina de la casa. Lo que se desatiende terminará por corromperse, esto es lo que sucedió con Bucaramanga; durante los últimos veinte años empezó un proceso paulatino de descomposición social y abandono del ornato público, la ciudad se afeó y los índices de criminalidad se elevaron. Bucaramanga dejó de ser la Ciudad de los Parques, la Ciudad más Cordial y la Ciudad más Bonita de Colombia para asemejarse a la Ciudad Gótica de D.C. Comics.

 

La teoría de las ventanas rotas fue aplicada con éxito por Rudolph Giuliani (1944), alcalde de Nueva York, EE.UU, de 1994 al 2001, por algunos, considerado su mejor alcalde. Giuliani recibió la ciudad con altísimos índices de criminalidad y logró reducirlos. Al final de su mandato, cambió la percepción sobre la seguridad ciudadana, no obstante ser el alcalde que debió sortear los atentados terroristas contra las Torres Gemelas del 9/11. La Administración Giuliani redujo la criminalidad aún por encima de la media total de los Estados Unidos, verbo y gracia, los delitos violentos disminuyeron en un 56% frente a un 28% nacional, y los delitos contra la propiedad privada redujeron en un 65% frente a un 26% nacional, cifras que evidencian logros y una mejora en la calidad de vida de los neoyorquinos.

En el marco de la aplicación de la teoría de las ventanas rotas por parte de Giuliani, destacan medidas como la mano dura que posó con severidad sobre la comisión de delitos menores, y cero tolerancia hacia la indigencia, la mendicidad, el vandalismo callejero, el grafitísmo, las basuras, el consumo de drogas en las calles. La alcaldía de Giuliani demostró que al incrementar los arrestos por delitos menores en un 70%, disminuyó simultáneamente la comisión de delitos graves. En su administración aumentó también el pie de fuerza policial y los sistemas de vigilancia, además de promover políticas para el crecimiento económico de la Ciudad.

La indigencia, la mendicidad y el vandalismo son la cuota inicial para el auge de la criminalidad. En Bucaramanga existe absoluta tolerancia para el indigente, el vándalo y delincuente menor que forman parte del paisaje habitual bumangués, al punto que, se ha llegado al extremo de que al atracador se le reprocha el atraco y de paso, se le agradece por no apuñalar a la víctima. Ojalá los alcaldes bumangueses acostumbrados al apoyo electoral en grupos que, con sus trabajos rayan el margen de la legalidad, por ejemplo, mototaxistas e invasores del espacio público, se amarrasen los pantalones; en lugar de hacerse los pingos con “la paloterapia” cuando la comunidad detiene a algún delincuente en flagrancia, aplicaran la teoría de las ventanas rotas en la ley. Entonces, posiblemente, Bucaramanga volverá a ser segura, la más bonita y la más cordial de Colombia ¿Es mucho pedir?

León SandovalFerreira

Feudalismo mental

Lo más probable en nuestro medio es que la mayoría de las personas no haya oído hablar del primera ministra danesa, holandés o finlandés, y que pocos sepan quiénes son el canciller alemán o el primer ministro inglés. Sin embargo, con facilidad sabrán quiénes son Trump, Putin, Petro, Milei, Maduro, Jinping, e incluso Erdogan y Orbán. Aparte de que los líderes de los países poderosos se conocen por su impacto global y el despliegue mediático que eso conlleva, los de Colombia, Argentina, Venezuela, Turquía o Hungría comparten una visibilidad similar, principalmente por sus comportamientos como líderes iluminados.

Los primeros funcionan sin necesidad de estar permanentemente en el centro del escenario. No provocan titulares mundiales todos los días, no protagonizan escándalos, ni se autoproclaman salvadores. Lo más interesante es que están al frente de sociedades con altos niveles de bienestar, baja corrupción, estructuras institucionales estables y mayor confianza ciudadana. Con liderazgos casi técnicos, la política está desdramatizada y lo central es el funcionamiento institucional, no la épica personal.

 

Los segundos, en cambio, lideran una porción considerable de la humanidad que parece estar presa de una especie de feudalismo mental. A diferencia del sistema feudal clásico de vasallos, castillos y juramentos de lealtad al señor, hoy hablamos de una necesidad de aferrarse a figuras que concentran el poder, aunque sus resultados sean mediocres, con ética dudosa y proyectos que son más un espectáculo de ruido y confrontación. Los antiguos lazos de vasallaje han mutado. Antes, el señor feudal ofrecía protección a cambio de obediencia; hoy, nos convence de enemigos cercanos y ofrece narrativas salvadoras, con promesas de redención, logrando sumisión por pertenencia simbólica. Y la masa -nosotros- se somete, no por miedo al castigo, sino por miedo a esos enemigos figurados. Nos identificamos con el señor feudal moderno impulsados por la necesidad innata de creer, por la extraña comodidad de delegar el destino en quien parece más fuerte porque grita más fuerte, aunque gobierne mal.

El filósofo surcoreano Byung-Chul Han explica cómo el poder moderno ya no oprime por la fuerza, sino que seduce, se mimetiza en la promesa de libertad, y logra que las personas se auto exploten o se autoconvenzan de lo que no es. Por eso hoy no necesitamos dictaduras para vivir sometidos, basta con la ilusión de que elegimos a quien nos representa, aunque en realidad sólo elegimos al que mejor confirma nuestras frustraciones.

Hace casi un siglo, José Ortega y Gasset lo había advertido cuando describió al “hombre-masa” como ese sujeto que no busca comprender el mundo sino imponer su opinión poco razonada, que desprecia al experto, se burla del mérito, y se enamora de la simpleza. ¿Cómo no va a florecer, entonces, el liderazgo mediocre? ¿Cómo no va a prosperar el que simplifica todo en un enemigo, en un discurso violento o en un trino ofensivo?

Hay una relación directa entre la cultura política de una sociedad y el tipo de líder que produce. Donde la educación cívica es débil, donde la ética pública es frágil y donde los medios prefieren el escándalo a la explicación, lo más probable es que surja un nuevo señor feudal que saca provecho de nuestras debilidades como vasallos mentales; su prioridad no es la gestión para lograr el beneficio común sino ostentar el poder, no es la convocatoria nacional sino la polarización, no son los resultados sino las emociones.

Así como el feudalismo histórico fue superado en el transcurso de al menos dos siglos por el avance de las instituciones, el mayor conocimiento general y a un mejor ejercicio de ciudadanía, también este feudalismo mental se irá desmontando en el largo plazo a medida que el pensamiento crítico vaya emergiendo en las mismas sociedades.

Pero en lo personal podríamos avanzar más rápido y aportar al cambio estructural necesario. Algunas ideas para reflexionar:

  • Desmitificar el liderazgo: no necesitamos caudillos, sino gestores. La épica del héroe debe ser reemplazada por la ética del servidor público. Hay que hacer visible al que resuelve, no al que grita.
  • Privilegiar sistemas que impidan la concentración del poder, aunque la ciudadanía lo pida. La democracia no consiste solo en votar, sino en construir equilibrios que nos protejan incluso de nuestras propias pasiones.
  • Premiar el rol de los medios de comunicación que se dediquen más a explicar procesos y menos a amplificar personajes. Informar no es emocionar: es ayudar a entender.
  • Fomentar una cultura de deliberación, no de opinión reactiva. Enseñar a discutir, a cambiar de idea, a escuchar. Si no cambiamos la manera como pensamos juntos, seguiremos atrapados en las tinieblas políticas actuales.
  • Promocionar una épica de servicio, no de poder. El líder que más transforma no es el que ocupa portadas, sino el que logra que las cosas funcionen y que la gente viva mejor sin siquiera saber su nombre.

La solución masiva pasaría, claro, por la educación. Una educación que enseñe a pensar críticamente, a ejercer la ciudadanía, a desconfiar sanamente del poder. Una educación que nos prepare no para repetir sin discernir, sino para deliberar, construir, exigir. Pero requiere una necesaria evolución de nuestra comprensión de lo que significa la educación para un país próspero, y no para dejársela solo a los profesores. Todos podríamos contribuir desde ya, y en la medida de nuestro círculo de influencia, a trascurrir más rápido al mayor desarrollo mental necesario.

Podemos empezar por nombrar el vasallismo mental actual por su nombre; es necesario cuestionarlo, a mirar con otros ojos el grotesco espectáculo político que consumimos a diario, a concientizarnos que tenemos que desarrollar pensamiento crítico. Quizás, más temprano que tarde, descubramos que no eran esos líderes quienes nos tenían sometidos, sino nuestra propia necesidad de tenerlos.

Rafael Fonseca Zarate

Una presidenta de alto tenor para la Agencia Nacional de Minería

Tras varias semanas de espera, la geología colombiana celebró la publicación del decreto en el que la manizalita Lina Beatriz Franco Idárraga es nombrada presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), la entidad encargada de la administración de los recursos mineros de la nación. Geóloga graduada de la muy prominente Escuela de Geología de la Universidad de Caldas, Franco es también especialista en Gerencia de Negocios Internacionales y magíster en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.

Con más de veinticinco años de trayectoria profesional, ha desempeñado cargos en el Servicio Geológico Colombiano, Colciencias, el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ha sido asesora experta en asuntos mineros desde varias entidades en gobiernos anteriores y llegó a ser Gerente de Seguimiento y Control de la ANM. Cancha no le falta en la función pública ni claridad sobre la manera en la que se debe gestionar el subsuelo en Colombia.

 

Una persona que en el gremio es reconocida por su rectitud y disciplina, destaco su diálogo afable sobre cualquier tema, estemos en la orilla que estemos bien sea de la política o de los temas más técnicos. Por su sincero compromiso con la carrera a la que ha dedicado su vida, no es raro verla dictando con absoluto desprendimiento una charla sobre gestión pública, acompañando a jóvenes profesionales a definir su futuro o asistiendo a conferencias sobre paisaje cultural e historia minera en Colombia.

Un nombramiento que reconoce el trabajo y la trayectoria de miles de profesionales colombianos que, como ella, se han hecho a pulso, con dedicación y con integridad. Esto no es poca cosa cuando se ha vuelto crítico discutir y trabajar sobre una política de minerales estratégicas que nos beneficie a todos como nación mientras se garantizan el respeto por los derechos humanos y la inclusión de todas las visiones de mundo y de relacionamiento con la naturaleza en un país tan diverso como el nuestro. Buen viento y buena mar a Lina Franco, porque con ella a la cabeza de la ANM, las mujeres mineras hoy hablamos con voz propia, ¡y qué voz!

María José Nieto-Oliveros

Geóloga Económica, Magíster en Geografía, directora DHARENA

Nota recomendada: La nueva estrategia del Ministerio de Defensa para enfrentar la minería ilegal

Cuando el gasto público enciende la olla

El reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre la suspensión de la regla fiscal no es un tecnicismo económico: es una decisión que ya empezó a sentirse en la plaza de mercado. Mientras en Palacio celebran mayor margen de maniobra para gastar, en los hogares colombianos la papa, el huevo, el pan y la leche suben sin freno. La olla a presión no es la fiscal: es la del pueblo que ya no aguanta más.

Al desactivar la regla fiscal, el Ejecutivo habilita un déficit superior al 7 % del PIB, lo que compromete la sostenibilidad macroeconómica del país. La reacción fue inmediata: el dólar superó los $4.180, los TES a 10 años repuntaron y los analistas redujeron proyecciones de crecimiento para el segundo semestre. Con una deuda que ya ronda el 62 % del PIB, el costo de financiamiento nacional se incrementa y se reduce el margen para inversión social efectiva.

 

Esta volatilidad repercute directamente sobre los bienes esenciales. La depreciación del peso afecta el precio de los insumos agroindustriales, muchos de ellos importados, como fertilizantes, concentrados y pesticidas. A eso se suman mayores tasas de interés que encarecen el crédito rural y contraen la producción primaria. En otras palabras: producir comida en Colombia será más costoso, y eso se traslada, inevitablemente, al consumidor final.

No hablamos de cifras abstractas. Hablamos de la señora que hoy pagó $500 más por el cartón de huevos, del campesino que ya no pudo costear el bulto de abono, del panadero que teme que le claven IVA a la harina en la próxima reforma tributaria. La economía política del hambre no se combate con deuda y discursos, sino con planificación y responsabilidad.

La cláusula de escape fiscal que se invocó está diseñada para choques externos o emergencias imprevisibles. Hoy, su uso refleja improvisación, no previsión. Aumentar el gasto estructural sin medidas compensatorias deteriora la credibilidad institucional, y eso se paga caro: en inflación, desempleo y pobreza.

El Gobierno insiste en que esta es una apuesta por el “bienestar social”. Pero ¿cómo se construye bienestar cuando los precios de los alimentos suben, cuando los sectores rurales pierden competitividad y cuando los hogares populares ven esfumarse su capacidad de compra?

Este no es un problema de expertos: es un problema de dignidad. Y si no se corrige el rumbo pronto, no solo se incendiará la olla: también se quemará la confianza de los colombianos.

Yebrail Plazas

Doctorando, con tres posgrados, profesional en comunicación social periodismo.

Silencio en serio por Miguel Uribe

El palo no está para cucharas, mientras el pronóstico médico del senador Miguel Uribe Turbay sigue siendo precario, la ciencia galena invoca milagros. Pero más allá del drama humano, que no puede ni debe minimizarse, también estamos obligados a revisar la nueva Marcha del Silencio que, sin caudillos, sin presupuesto, sin buses pagados ni arengas coreografiadas, logró lo que muchos gobiernos sueñan y no consiguen, en un estallido de respaldo popular legítimo atiborrando las principales plazas del país.

La comparación con la movilización liderada por Jorge Eliécer Gaitán en febrero de 1948 es inevitable. Aquella marcha del silencio fue un grito silencioso contra la violencia política de la época, contra el odio sectario entre liberales y conservadores que luego estallaría con el asesinato del caudillo del pueblo en el tristemente célebre Bogotazo. Setenta y siete años después, la historia se repite trágicamente, aunque esta vez no hubo directamente una convocatoria de caudillos, pero sí una causa abstracta que recoge el sentir de la clase política y golpea la salud de la democracia mediante un brutal atentado contra un precandidato sin favoritismo en las encuestas, pero con un valor simbólico indiscutible.

 

Las marchas, ayer como ahora, simbolizan la expresión del alma política de la nación, pero también profundizan la división del pensamiento de cada ciudadano, cuando el conglomerado social avanza en un río desbocado de gente atiende a sus emociones y no a la razón. Esta marcha con un fin altruista de solidaridad y profunda reflexión espiritual por la salud de Miguel Uribe se convirtió  rápidamente en un mitin político de odios y recelos políticos donde afloran sales en la herida reciente y no tardaron en revivir los resentimientos, consignas partidistas, provocaciones disfrazadas de unidad y uno que otro “fuera Petro”.

Lo realmente simbólico no fue solo la magnitud de la movilización, sino la ausencia de un liderazgo formal. La marcha del 15 de junio de 2025 fue un síntoma claro de la orfandad política que vive el país.

Colombia clama por líderes capaces de encarnar causas comunes, pero ante su ausencia, lo que queda es un reflejo casi instintivo de civismo puro. La marcha no tuvo un convocante oficial, pero sí muchos pretendientes oportunistas sin proyecto ni ideas que se pelean el derecho de interpretarla, de capitalizarla, de leer en ella un mandato popular que nadie les dio. Se olvidan de que el mensaje era, o debía ser,  la unidad frente a la violencia, no un trampolín para sus aspiraciones personales.

Colombia no solo está herida por las balas, sino enferma de una profunda pobreza intelectual basado en una clase dirigente que ha confundido el liderazgo con la propaganda, el programa con el eslogan, y la responsabilidad con el culto al ego. Deberían hacer una pausa en el camino y recordar el punto de partida: unidad frente a la violencia política que se avecina. Porque Colombia está democráticamente enferma de violencia por carencia de ideas, su materia prima se basa en líderes políticos miopes sin horizontes.

El sistema electoral de 2 vueltas presidenciales funciona cuando hay pocos partidos fuertes, experimentados, históricos y de estructuras ideológicas claras, pero que por supuesto no favorece a personajes individuales mesiánicos: aprendices de caudillos populares o candidatos con marcas, símbolos nombre o apodos impostados por agencias de marketing comercial pero vacías de contenido, que estarán “obligados” a presentarse para las próximas elecciones de alcaldías y gobernaciones. Eso constituye el triste juego al que someten la democracia, y conlleva al desaparecimiento del centro insípido que no representa nada por ahora.

Paradójicamente las encuestas casi siempre favorecen el panorama para los enanos políticos del centro, ya que la gran mayoría del electorado colombiano desea un centro político robusto, serio, capaz de representar los valores fundamentales de la democracia liberal: inclusión social, separación de poderes, respeto por la diferencia, estabilidad jurídica y progreso con equidad. Pero ese centro, en lugar de articularse en una propuesta sólida y coherente, se presenta como un mosaico de egos en competencia, como un desfile de precandidatos convencidos de que el país los necesita, aunque ni el país los conoce ni ellos conocen al país. Ese “gigante invisible” que debería ser el centro político colombiano hoy parecen retazos partidistas, sin narrativa, sin equipo, sin proyecto. Un desfile de egos ayudados por agencias de marketing, que en vez de producir una convergencia, empuja a los electores hacia los extremos.

Lo advierte con lucidez el profesor Moisés Wasserman: si no aparece una opción creíble en el centro del espectro político, los ciudadanos terminarán eligiendo entre tres opciones igualmente tóxicas: abstenerse, votar por el que menos repulsión genera o simplemente votar en blanco. Cualquiera de las tres es una derrota para la democracia representativa, pero también un síntoma de su falta de renovación. Porque el problema no es solo la polarización sino es el vacío en el medio que es tan peligroso como el extremismo. Sin una opción de centro viable y coherente, el debate político colombiano se reduce a una batalla de extremos donde no hay puentes, y en medio de esa guerra, los problemas reales del país como la inseguridad, la pobreza, la corrupción, la exclusión territorial, etc., quedan invisibilizados por el espectáculo.

La Marcha del Silencio demostró que Colombia puede movilizarse sin necesidad de caudillos, que  todavía hay una ciudadanía dispuesta a alzar la voz, aunque sea en silencio, por causas comunes. Pero también dejó en evidencia que esa movilización carece de norte si no hay un liderazgo que la interprete con generosidad, sin afanes protagónicos, sin instrumentalizar el dolor.

Miguel Uribe Turbay, sin pretenderlo, se ha convertido en un símbolo: el de una democracia herida, vulnerable, asediada tanto por la violencia como por la mediocridad política. Su incierta recuperación nos invita a preguntarnos si este país aprenderá a traducir el silencio en acción y la indignación en propuesta, porque cuando no hay nada que proponer, es mejor hacer un silencio en serio, señoras y señores políticos.

Luis Fernando Ulloa

El Estado colombiano y su aproximación con los pueblos indígenas: un error a corregir

Gracias a la Constitución del 91, Colombia dio un paso importante y redefinió la forma como hasta el momento sus instituciones se relacionaban con las comunidades indígenas; una población a la cual, hasta ese momento, era tratada como la “Salvaje”, de acuerdo a lo que se desprende del Artículo 1 de la ley 89 de 1890. Esta misma ley que fijaba los parámetros por medio de los cuales se debían gobernar a los pueblos indígenas, fue modificada por la ley 21 de 1991 por medio de la cual, se garantizan los derechos de este grupo poblacional.

Pero después de más de 30 años, y del gran cambio que hasta ahora se piensa se dio en esta materia, va siendo hora de analizar y reconocer las deficiencias de la forma como el Estado se relaciona actualmente con los indígenas en Colombia.

 

Primero tenemos que advertir que la emoción por tener una Constitución garantista en todos los niveles, llevó a igualar a los pueblos indígenas del país como si todos fueran iguales; la fortaleza política de las organizaciones indígenas del Cauca se impuso, y el modelo de su gobernanza se adoptó en todo el territorio, en lo que yo llamo la caucanización de los pueblos indígenas.

De un momento a otro, todos tenían que agruparse en resguardos, todos tenían que tener un gobernador o líder elegido en una asamblea, a estos líderes se les dio la responsabilidad de ser los “representantes legales” de la comunidad, y los responsables de dar el visto bueno a los proyectos que por concepto, por ejemplo de regalías, tienen que ser ejecutados por las gobernaciones o alcaldías.

En mucho de sus territorios apareció o se les vendió la idea de conformar las llamadas guardias indígenas, un concepto que no aparecía en sus prácticas ancestrales, práctica que no correspondían a su cosmogonía.

Con todo lo anterior el líder de la comunidad ya no era el anciano; o el heredero por familia; o el sobrino de la tía; no. Ahora el líder es aquel que consiga más votos en la asamblea, dejando atrás la cosmovisión primaria. en la cual: el derecho era dictado por ancestralidad, la cual definía quien debería dirigir a la comunidad, y redujo sus usos y costumbres, al ejercicio de un proceso democrático con todo y sus falencias.

Pero como si esto fuera poco, se les obligó hacer un censo, y se facultó a los funcionarios del Ministerio del Interior para que avalaran los resultados de la asamblea. Y de una función meramente notarial, se ha pasado hacer todo un ejercicio de conveniencia y marrullería política.

Quien dijo que los indígenas de la Sierra Nevada estaban organizados en resguardos?, no. ellos estaban organizados en familias; quien dijo que los mamos eran elegidos en una asamblea?, no. ellos eran los herederos más ancianos de la comunidad.

¿De dónde salió, que los indígenas del Amazonas estaban liderados por el miembro que más votos sacara en una asamblea? O que los Nukak tenían la obligación de validar el liderazgo de su pueblo en una votación que ni siquiera entienden?

Con la mejor intención, el Estado colombiano construyó el camino que hoy nos lleva a estar cometiendo un error que tiene estas comunidades totalmente rotas por dentro. Disputando, en muchas oportunidades de manera violenta, un liderazgo que dá, entre otras, la posibilidad de manejar el demonio del dinero.

Pero retomemos el tema en cuestión, unas de las características de esta población es que precisamente no es una comunidad homogénea, por no serlo hace que su organización interna varie de acuerdo con su ancestralidad y con la cosmovisión que es propia de cada pueblo.

No es lo mismo ser NASA que ser Wayuu, o Embera. Estas comunidades hasta el momento en que fueron homogenizadas, tenían su propia organización; la cual fue rota en el momento en que entramos a decirle como lo tenían que hacer. es momento pues, de revisar y corregir; quizás una combinación entre el retorno a sus costumbres ancestrales y una adaptación del Estado a esas costumbres pueda ser la solución.

Jefferson Mena Sánchez

¡No al asesinato de líderes sociales y políticos!

Colombia no puede volver a caer en el círculo del terror que marcó los años noventa, ni rendirse otra vez ante las fauces del narcoterrorismo.

Hoy, las redes sociales —ese llamado quinto poder— han descentralizado la comunicación. Ya no está exclusivamente en manos de los grandes medios. Voces independientes, tiktokers, influencers y líderes de opinión están narrando una realidad que muchos intentan silenciar: la profunda injusticia social que atraviesa nuestro país.

 

Por eso, alzamos la voz para exigir condiciones reales de seguridad y protección efectiva para quienes defienden los derechos humanos y construyen, día a día, un país más justo.

Lo sucedido en Bogotá y Cali no es un hecho aislado: es la punta del iceberg. Cientos de líderes y lideresas han sido perseguidos, amenazados y asesinados. Aunque se refuercen sus esquemas de seguridad, sus vidas quedan marcadas. Vivir bajo escolta no es vivir: es sobrevivir.

Si realmente aspiramos a la paz, debemos empezar por desarmar los corazones, fomentar la reconciliación y el respeto mutuo. Pero, ¿están dispuestos quienes han detentado el poder durante décadas a permitir ese cambio? ¿Cuánto les incomoda un gobierno que busca redistribuir privilegios y garantizar derechos?

Este gobierno ha puesto en el centro del poder a los históricamente excluidos: afrodescendientes, indígenas, campesinos, sectores populares, diversidades sexuales y juventudes marginadas. Ha llevado recursos a territorios olvidados, pero muchas de estas acciones siguen siendo invisibilizadas por medios que privilegian el escándalo sobre el reconocimiento.

La violencia política en Colombia tiene un patrón cíclico, que se agudiza en cada periodo electoral. Desde los años noventa —con los asesinatos de Pizarro, el atentado contra Antonio Navarro, y el genocidio impune contra la Unión Patriótica— se han acallado sistemáticamente las voces que proponen un país distinto.

La reciente marcha del silencio, paradójicamente, me deja muda. Claro que hay que marchar por la vida. ¡La vida es sagrada! Y es una lástima que el profe Mockus se haya alejado del verde: su presencia, como la de Navarro, sigue siendo un faro. Cada gesto suyo conmueve. Pero incluso sus llamados a la unión y reconciliación hoy me resultan difíciles de procesar. ¿Reconciliación con quién? ¿Con quienes nunca han querido reconciliarse? ¿Con quienes siguen estigmatizando y excluyendo?

Yo me reconcilio con quienes también quieren hacerlo conmigo. No con quienes me niegan, me despojan o me juzgan. ¿Qué futuro le espera entonces a la dejación de armas? ¿Qué sentido tiene hablar de paz si seguimos social y emocionalmente sindicados?

Ahora todos parecen expertos en derecho constitucional, lo defienden con fervor… pero en 1991 eran pocos los que realmente lo apoyaban. Muchos de quienes hoy lo invocan, entonces lo habrían rechazado.

Mientras tanto, nadie habla de lo que pasa en los barrios: robos, asesinatos, desapariciones. Tal vez por ellos sí marcharía. Porque no tienen voz ni medios. Son el pueblo: los “nadies”, los “de a pie”, los que sostienen este país sin que se les reconozca nada.

Cientos de jóvenes siguen atrapados en la pobreza estructural, marginados por el hambre, mientras un Congreso protege sin pudor los intereses de sus patronos como si fueran los del pueblo.

El debate entre la vida y la muerte no se reduce a una figura pública. Se juega cada día en la suerte de miles que no dependen de redes sociales ni de pantallas, sino de la voluntad de sobrevivir con lo justo.

Quitémonos las gafas del privilegio. Miremos de frente lo que está ocurriendo. Y no solo en Colombia: el planeta entero está al borde. El clima es cada vez más errático. El nivel del mar ha subido entre 20 y 23 centímetros desde 1880, producto del derretimiento de glaciares, la expansión térmica de los océanos y un modelo económico basado en la depredación: petróleo, minerales, agua, vida.

El pastoreo masivo para la producción de carne ha destruido suelos fértiles. Estamos presos del dinero, atrapados en un consumo compulsivo que promete placeres inmediatos y nos aleja de los procesos profundos y necesarios.

El mundo también se debate entre la vida y la muerte. Cada vez más caliente. Cada vez más desigual. Y en esa lucha por la equidad, los pueblos han puesto los muertos. Porque la verdadera diferencia está entre un modelo que distribuye con justicia y otro que concentra con violencia.

Es tiempo de mirar con otros ojos. Es tiempo de actuar.

Marcela Clavijo

MILA Controlado

Mientras Colombia se enorgullece de su potencial económico, seguimos ignorando una condición indispensable para hacerlo realidad, la integración de nuestros mercados de capitales. Sin libertad de tenencia para hacer operación en monedas extranjeras, particularmente el dólar, Colombia no podrá integrar sus mercados financieros con los de Perú y Chile. Estos países ya operan exitosamente con mayor flexibilidad monetaria, avanzando con paso firme en la consolidación del bloque financiero. Nosotros incumpliremos la promesa. El Ban Rep. debe reflexionar si va a dejar morir el mercado bursátil nacional por defender una idea nacionalista.

La integración de los mercados de capitales de estos tres países gira en torno al proyecto MILA (Mercado Integrado Latinoamericano), creado en 2011. En teoría, este permitiría a inversionistas negociar acciones y valores en las tres jurisdicciones. Pero en la práctica, Colombia parte con una desventaja estructural: Mantiene restricciones cambiarias que impiden una libre tenencia de divisas y obliga a repatriar capitales mas utilidades en condiciones que desincentivan la inversión.

 

Mientras tanto, en Perú y Chile, el uso y manejo de divisas extranjeras —en especial dólares— es legal, común y eficiente. En Chile, el 48% de la deuda corporativa está denominada en moneda extranjera, según datos del Banco Central chileno. En Perú, casi el 39% de los depósitos del sistema financiero están en dólares. En Colombia, esa cifra es inferior al 2%. Esto limita no solo el acceso a capital internacional, sino también la competitividad en términos de financiamiento.

Las AFP chilenas y peruanas, tienen portafolios con gran exposición internacional, las chilenas con más del 60% en el extranjero, buena parte denominados en dólares. Pero si una AFP extranjera quiere invertir en Colombia, se enfrenta a un régimen de control cambiario restrictivo, una doble tributación implícita, y problemas de liquidez derivados de la obligación de liquidar en pesos colombianos. Así no estamos haciendo nada.

La imposibilidad de tener cuentas en dólares dentro del país —salvo contadas excepciones— limita a emisores e inversionistas. Sin mecanismos eficientes de cobertura cambiaria, sin acceso a productos en moneda extranjera, y con una moneda local estructuralmente volátil, el mercado colombiano resulta poco atractivo. Y lo que es más grave: impide que los colombianos diversifiquen adecuadamente su patrimonio.

En 2023, Colombia tuvo salidas netas de capitales de portafolio por más de USD 2.500 millones. La mayoría de estas operaciones fueron canalizadas a través de cuentas en el exterior, lo que demuestra que el mercado local no ofrece instrumentos adecuados ni confianza suficiente para competir regionalmente.

Si Colombia quiere avanzar en la integración financiera con Perú y Chile, necesita habilitar plenamente la tenencia de monedas extranjeras, crear marcos regulatorios modernos multimoneda, y flexibilizar las reglas de inversión extranjera. De lo contrario, seguiremos siendo un actor periférico en un proceso que requiere visión regional, confianza jurídica y sofisticación financiera. Las inversiones huyen del control como los peces del anzuelo. Sin libertad monetaria, no hay integración financiera ni crecimiento posible, no tener mercado bursátil eficiente hace mucho daño.

Simón Gaviria Muñoz

La ira del petróleo y el hechizo del déficit

En el vasto Reino de los Mercados, los sabios del norte celebraban: la temida Bestia de la Inflación había sido contenida… por ahora. Los oráculos anunciaban que el hechizo inflacionario caía a 2.4% en mayo, trayendo calma a los campos de Wall Street. Pero mientras los festejos empezaban, un nuevo rugido se escuchaba desde las tierras del petróleo.

Los mares de crudo se alborotaban, y el precio del «oro negro» se elevaba como un dragón despertando de su siesta, revaluándose un 13% y alcanzando los 76 dólares por barril. Los alquimistas advertían: si esta criatura llegaba a volar por encima de los 100 dólares, como en las antiguas guerras, podría revivir la bestia inflacionaria en tierras del Águila 🦅.

 

Desde lo alto del castillo de la FED, los magos monetarios miraban atentos, mientras en el sur, las monedas latinas danzaban con fuerza. El dólar, aunque intentó alzarse sobre los 4,200 pesos en el Reino del Café, fue frenado por el DXY, que permanecía débil por debajo del nivel 100.

En el Bosque de la Sabrosura (también llamado Colombia), el clima se enfriaba: el IPC descendía al 5.05%, y todos los comerciantes lo celebraban… hasta que el Consejo Real anunció un conjuro oscuro: activarían la temida cláusula de escape de la regla fiscal. Este hechizo permitía al reino gastar sin límites por tres años, despertando el temor entre los guardianes de la deuda y provocando que los dragones del riesgo sobrevolaran los cielos.

El viernes, durante el Gran Consejo del Marco Fiscal, los sabios anunciaron que el déficit ya no sería del 5.1% como se había profetizado, sino de un 7.1%. Algunos videntes del mercado murmuraban en voz baja: “Eso no es todo… el verdadero número puede ser un 7.5%… o incluso un 7.8%, como en los tiempos de pandemia.”

Y así, entre dragones dormidos, hechizos activados y mercados en vigilia, la historia de esta semana llega a su fin… por ahora.

Fabián Herrera

Colombia: ¿Rumbo a la Sociedad del Miedo?

Colombia atraviesa una etapa crítica en materia de seguridad marcada por una serie de atentados y actos terroristas recientes, como el ataque al candidato Miguel Uribe Turbay y las acciones violentas en el suroccidente del país. Estos hechos reavivan traumas colectivos de décadas de violencia e inestabilidad en el país. Sin embargo, más allá de la violencia física, la verdadera amenaza que emerge es la consolidación de una “sociedad del miedo”, concepto que va más allá del temor puntual a la acción de los violentos.

Este fenómeno ha sido analizado por pensadores como Byung-Chul Han, Zygmunt Bauman, Frank Furedi y Heinz Bude, quienes advierten que el miedo social distorsiona la democracia, debilita la confianza, socava la esperanza y convierte al ciudadano en súbdito.

 

Para Bude (2014), el miedo no es un sentimiento individual, sino una emoción social que alimenta el populismo; Bauman (2006) lo define como “miedo líquido”, porque se infiltra en todos los aspectos de la vida social, se convierte en un recurso de control social y manipulación política que debilita la ciudadanía y refuerza tendencias autoritarias.

Furedi (2005)  sostiene que el miedo es una herramienta de poder que los líderes políticos contemporáneos explotan para llenar vacíos ideológicos, y Han (2022) resalta cómo el miedo se vuelve performativo: la gente actúa bajo el miedo antes que por deliberación racional.

En Colombia, la sociedad del miedo se manifiesta en la creciente polarización, los discursos alarmistas y el uso electoral del miedo. Las campañas políticas apelan a escenarios apocalípticos si “gana el otro”, debilitando así el voto propositivo. En este contexto, el miedo justifica medidas excepcionales, como las que se dieron en épocas pasadas bajo el estado de sitio. Esta lógica ha llevado a normalizar la suspensión de derechos en nombre del orden público y el país no debe repetir ese camino.

Hoy, Colombia presenta síntomas de esa sociedad del miedo: una ciudadanía dividida, agresiva, ansiosa y desconfiada de sus instituciones. El crimen organizado muta, las redes sociales amplifican el pánico y los medios refuerzan la sospecha. ¡El miedo ya no es una reacción; es un estilo de vida!.

Es posible resistirse frente al miedo

¡Pero resistirse es posible! Existen al menos tres factores en el camino para escapar a este concepto, el primero es reconstruir la confianza institucional. Es necesario creer en las instituciones democráticas, incluyendo la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, que, más allá de sus críticas, siguen siendo el soporte del orden constitucional colombiano. El respaldo ciudadano también debe extenderse al Congreso, las altas cortes, la Fiscalía y la Rama Judicial, exigiéndoles independencia, pero sin presiones externas.

En segundo lugar, se debe garantizar seguridad sin autoritarismo. La seguridad ciudadana debe basarse en derechos humanos, prevención del crimen y la violencia, proximidad de la fuerza policial y justicia pronta y eficiente, no se debe caer en la trampa de la represión populista. La modernización de la Fuerza Pública y las reformas institucionales deben anclarse en una narrativa de esperanza, no de miedo.

En tercer lugar, es urgente promover una pedagogía democrática. Una ciudadanía bien formada, crítica e informada, es clave para evitar que el miedo capture la deliberación pública. La educación cívica debe ser parte integral del proyecto de país. No olvidemos que una democracia sin una cultura política bien cimentada es una democracia de papel.

A continuación, quiero hacer algunas propuestas para que la ciudadanía no caiga en la trampa del miedo. En primer lugar, evite difundir cadenas de WhatsApp, videos o audios que promuevan miedo, odio o confusión. Consulte fuentes oficiales o medios confiables. Cada ciudadano puede frenar la viralización del pánico.

En segundo lugar, participe en las actividades de su comunidad, conéctese con redes locales (juntas de acción comunal, asociaciones barriales, redes de vecinos) que trabajen por la seguridad o la convivencia. La organización comunitaria fortalece el tejido social y reduce el miedo.

En tercer lugar, antes de apoyar un candidato, revise su programa de gobierno, no solo sus ataques al adversario. Identifique y rechace los discursos que usan el miedo como argumento central. Que su voto no sea por miedo, que su voto sea por argumentos.

En cuarto lugar, exija transparencia a las autoridades, pero no las desacredite sin evidencia, cuestione con criterio. Apoye el fortalecimiento de la Policía, la justicia y las instituciones. Evite reproducir narrativas de colapso institucional.

El punto cinco consiste en apoyar espacios de perdón, reconciliación y memoria. Participar de manera activa en actividades comunitarias reduce el miedo, al mismo tiempo que se comprende el pasado y se construye convivencia ciudadana.

Una sexta recomendación consiste en involucrarse en espacios de educación ciudadana, apoyando escuelas, universidades, grupos juveniles. Es muy importante promover debates, talleres y espacios formativos sobre ciudadanía, derechos y democracia.

Finalmente, es clave cuidar su salud mental, el miedo también es un estado psicológico. Hacer ejercicio, buscar acompañamiento emocional, recurrir a otros si se necesita ayuda es clave. Una mente sana resiste mejor la manipulación del miedo.

En conclusión, el miedo no se combate negándolo, sino enfrentándolo con verdad, esperanza y acción colectiva. Colombia tiene cicatrices, pero también fuerza moral y humana para seguir adelante. La democracia se defiende desde la cotidianidad: desde un voto informado, una conversación respetuosa o una denuncia responsable. La sociedad del miedo solo se instala si la dejamos crecer. Cada colombiano tiene el poder de detenerla.

Nota recomendada: Desmantelan banda dedicada al Paseo Millonario y secuestro exprés en Bogotá

Colombia puede superar esta dura prueba si no permite que el miedo dirija su destino. Las instituciones democráticas, el compromiso ciudadano y la educación son los antídotos. Colombia no está condenada al miedo, sino llamada a construir esperanza desde su resistencia histórica.

Juan Carlos Nieto Aldana, PhD.

Experto en Seguridad ciudadana y liderazgo

Un silencio que hiere la esperanza de la paz

El actual gobierno ha dado pasos significativos para sentar las bases de una paz duradera en Colombia. La Reforma Rural Integral, presentada como columna vertebral del Acuerdo de Paz con las FARC, ha sido retomada con voluntad política, comenzando a saldar la histórica deuda con el campo colombiano. La aprobación del acto legislativo que crea el Sistema Nacional de Participación en donde se reconoce la participación ciudadana como un derecho esencial para transformar el Estado desde abajo. A ello se suman los diálogos con el ELN, que avanzaron en una serie de importantes preacuerdos y cuyo proceso debe retomarse; la instalación de mesas de diálogo con otros actores armados.

También es importante destacar los avances en las zonas PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), donde se han materializado algunos proyectos de inversión pública que comienzan a cerrar brechas históricas en infraestructura, agua potable, conectividad, vías terciarias, educación y desarrollo económico. Estas inversiones no solo atienden necesidades urgentes, sino que representan un acto de dignificación y presencia del Estado en territorios marcados por décadas de olvido, exclusión y violencia.

 

Sin embargo, estos logros, que deben ser reconocidos y defendidos, corren el riesgo de perder fuerza y legitimidad si no se acompañan de una estrategia coherente, activa y territorialmente situada para enfrentar los desafíos actuales. En ese contexto, el silencio y la inacción de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz frente a hechos como el atentado contra el senador Miguel Uribe, los ataques terroristas en el Cauca y Valle, las masacres y los asesinatos de líderes y lideresas es doloroso, preocupante e injustificable.

No se trata únicamente de un silencio comunicativo, sino de la evidencia de una ausencia de estrategia clara para implementar de manera efectiva la Paz Total. Este valioso concepto, que plantea una paz integral, territorial, social y ambiental, exige un enfoque holístico que incluya la escucha activa a las comunidades, una presencia estatal protectora, coordinada y permanente en los territorios, y la participación vinculante de los sectores sociales.

A esto se suma una falla estructural grave, se trata de la ausencia de un marco jurídico sólido que permita negociar con los grupos armados herederos del paramilitarismo, que hoy ejercen control armado, extorsión y desplazamiento en muchas regiones del país. Esta falta de claridad legal alimenta la confusión sobre los alcances y límites del proceso de paz, deslegitima la acción del Estado y deja a muchas comunidades expuestas a ambigüedades operativas y nuevas formas de impunidad.

No hay participación sin garantías, ni democracia real en medio del miedo. La seguridad no se reduce a la militarización, es también la posibilidad de ejercer derechos sin amenazas, de hacer efectivo el poder que reside exclusivamente en el pueblo sin ser asesinado, desplazado o silenciado. Proteger la vida y el liderazgo social es una responsabilidad estatal ineludible. En ese sentido, los delitos de lesa humanidad y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario no pueden seguirse viendo como simples «dificultades operativas». Son delitos que deben ser enfrentados con contundencia, articulación interinstitucional y justicia.

Hoy, cuando la polarización política se agudiza y los sectores armados ilegales escalan su poder de destrucción, la paz no puede seguir siendo una consigna vacía. No basta con sentarse a negociar con quienes tienen fusiles -elemento fundamental en el entramado de la paz-; hay que construir legitimidad a todos los niveles, con quienes tienen palabra, arraigo, memoria y propuesta. Sin una participación amplia y activa de la sociedad en los procesos de paz, se dificultará aún más la transformación estructural y el logro de garantías de no repetición.

Es hora de que la sociedad civil fortalezca su proceso de coordinación, se escuche y actúe con fuerza moral. Desde todas sus expresiones sociales, políticas y económicas debe alzarse una exigencia unificada por el cese del terrorismo, el secuestro, la extorsión, las masacres, el reclutamiento forzado, las desapariciones, los asesinatos, el desplazamiento y el confinamiento. No es momento de resignación; es hora de movilizarse por la vida.

Por eso duele tanto el silencio e inacción. Porque no solo calla ante los crímenes, sino que debilita la promesa de una paz con todos y para todos. La Oficina del Comisionado de Paz debería estar propiciando un proceso pedagógico, político y participativo que concite la coordinación de iniciativas desde los territorios, impulse acuerdos sociales de base, y convoque a un verdadero Acuerdo Nacional.

En estos tiempos de incertidumbre, la paz se construye con coraje, inclusión, coherencia y seguridad para la vida. Urge que quienes tienen la responsabilidad institucional escuchen, dialoguen y actúen con altura ética. Porque si la esperanza en la paz se extingue, lo que vendrá no será solo más violencia, sino la consolidación de la indiferencia como norma de gobierno, y esa, sería la peor derrota de todas.

Luis Emil Sanabria

Federico Gutiérrez llama dictadura a la voz del pueblo

El pasado 11 de junio, el Gobierno Nacional dio un paso histórico al convocar, mediante decreto una consulta popular para el próximo 7 de agosto de 2025. Con esta decisión, el presidente Gustavo Petro y su gabinete disponen que sea el pueblo colombiano quien defina de forma directa y democrática aspectos esenciales de la reforma laboral. En un país donde durante décadas las decisiones trascendentales han estado en manos de élites políticas y económicas, esta consulta representa una apuesta valiente por devolverle al pueblo su papel protagónico. No es un atajo, es la ruta constitucional hacia una democracia más participativa.

Sin embargo, desde algunos sectores conservadores, la reacción no se hizo esperar. Uno de los más ruidosos ha sido el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien no dudó en calificar al presidente de “dictador” por atreverse a recurrir a un mecanismo legítimo y plenamente constitucional de participación ciudadana. Resulta paradójico que esa acusación provenga precisamente de quien representa al partido Creemos, una colectividad que nació para prolongar un modelo político sustentado en el miedo, la represión y los privilegios y que ha hecho de la oposición sistemática su única bandera.

 

Pero más allá del ruido mediático, lo que verdaderamente incomoda a Gutiérrez no es la consulta en sí, sino lo que representa, la pérdida del control absoluto sobre las decisiones del país. Le incomoda que las políticas públicas ya no se definan entre élites empresariales, comités cerrados y pactos entre poderosos. Le molesta que este Gobierno escuche a los trabajadores, a las mujeres cabeza de hogar, a los jóvenes aprendices y a los millones de colombianos que históricamente han sido excluidos del debate. Lo que está en juego no es solo una reforma laboral sino es el principio de que las grandes transformaciones ya no dependen de los de siempre, sino del pueblo y eso para quienes han tenido el poder como herencia, es insoportable.

Desde su curul como alcalde, Federico Gutiérrez ha decidido ejercer un liderazgo nacional de oposición. No gobierna para Medellín, gobierna para los titulares. En vez de enfocar sus esfuerzos en resolver los problemas estructurales de la ciudad como la desigualdad, la inseguridad, la precarización laboral y la desconfianza institucional, ha optado por lanzar ataques infundados contra el Gobierno Nacional.

Decir que el presidente está rompiendo el orden institucional por convocar una consulta popular no solo es falso, es peligroso. Es sembrar miedo en la ciudadanía y desconocer que estamos actuando bajo el marco de la Constitución. La Corte Constitucional será quien determine la validez del decreto, como corresponde en un Estado de Derecho. Además, el propio Gobierno ha sido claro al señalar que si el Congreso aprueba la reforma laboral antes del 20 de junio, el decreto quedará sin efecto. Aquí no hay ruptura, hay respeto. No hay imposición, hay democracia. No hay dictadura, hay soberanía popular.

Desde Antioquia, con la legitimidad que nos otorga el mandato popular y con el compromiso firme con la justicia social, respaldamos con convicción esta consulta popular. Lejos de ser una amenaza al orden institucional, el 7 de agosto será una demostración profunda de democracia real, porque cuando la ciudadanía participa y decide, ningún poder puede imponer el silencio. Colombia no avanza hacia el autoritarismo, sino hacia una democracia que se construye con inclusión, participación y sentido colectivo. Una democracia donde las decisiones no se concentran en élites, sino que reflejan la voluntad de las mayorías. Una democracia que no teme al pueblo, porque nace de él.

El cambio ya no es un discurso, es una transformación que se vive en los territorios, en las calles, en las comunidades y también en las instituciones que hoy se abren al control ciudadano. Esta transformación no se detendrá por quienes, aferrados a sus privilegios intentan frenar el avance popular con discursos de miedo. A la democracia se le respeta y respetarla implica escuchar, consultar y actuar con el pueblo. Eso es lo que está haciendo este Gobierno, devolverle a la gente su voz, su poder y su dignidad.

Alejandro Toro

Sonaron disparos en el parque

Nos contó que un niño le había disparado a un árabe. Sin razón aparente, o porque alguien que odia a los árabes lo había planeado. Que no era asunto suyo, que no merecía su atención. El intento de asesinato del más importante representante de la elite política quedó reducido a unos disparos de odio racial en un parque de barrio.

Contó esa historia porque está llevando adelante una guerra política en la cual la aniquilación física de los opositores, de su principal opositor de clase, como él lo ve, no puede ser bajo ninguna circunstancia responsabilidad suya, ni puede mostrar empatía por él porque se trata de un “guerra a muerte”, luego no sucedió. Pero las imágenes, mil veces repetidas, fueron dando veracidad al hecho del crimen político, entonces dijo que lo había ordenado una” oficina” que tiene sede en Arabia, pero que está en todas partes, y es regida misteriosamente por hombres de negro, una mafia de las mafias y que el atentado era realmente contra él. Que él era la víctima. Pero el público lo ignoró. Eso fue una molestia, un giro imprevisto en el desarrollo de su gran historia.

 

 Se llama “constitucionalismo abusivo”. Consiste en socavar los principios democráticos y los derechos fundamentales pero manteniendo una apariencia de legalidad. Académicos como David Landau se han ocupado de estudiar este fenómeno que es intrínseco al autoritarismo contemporáneo. El objetivo es la destrucción de la sociedad civil, convertir a los ciudadanos en partidarios y transferir la riqueza de la gente a los políticos, para esto es necesario declarar a los ciudadanos fuera de la ley, por eso el relato de los disparos en el parque ha incorporado que  la responsabilidad moral del hecho recae en los seguidores de la víctima quienes crearon el ambiente propicio para el atentado y por lo tanto son los culpables del terror lo cual los hace inciviles, enemigos del pueblo, que es el individuo superior.

Responsabilizar del terrorismo a las víctimas del terrorismo es una estrategia política que ya se ha desarrollado en Colombia con éxito, por ejemplo, para garantizar la impunidad de las Farc, en los acuerdos de La Habana bajo el título de amigos y enemigos de la paz, ahora son gente sospechosa que predica la división, conspira y promueve la violencia, facciosos sin escrúpulos que se oponen al cambio y por lo tanto hay que hacer el cambio sin ellos sellando un nuevo pacto que los excluya. Es la tiranía.

Frente a la tiranía que se quiere imponer con estos relatos, es la ciudadanía la que opone resistencia por medio de un proceso público. J. Althusius anotaba que: “para que la tiranía sea considerada evidente y pueda ser reconocida, es necesario que lo éforos del reino convoquen un concilio e involucren en este a todos los sectores del pueblo. En el mismo, los éforos propondrán examinar y juzgar las actividades y los hechos del tirano. En caso de que no existan los éforos, el pueblo debe nombrar para este fin a los acusadores y defensores públicos”.

La Constitución del 91 contempla este mecanismo que es el juicio político, si este no se puede llevar a cabo esa constitución puede darse por derogada de facto y es el inicio de la violencia civil y el autor del cuento del niño que le disparó a un árabe está buscando ese desenlace, para el resto de la sociedad el objetivo es evitar más disparos en el parque.

Jaime Arango

Un llamado a entender y atender el impacto de la Sílice

La salud en Colombia se ha convertido en un tema de relevancia y discusión tanto en los hogares como en las empresas del país. Sin embargo, a pesar de la abundante información disponible, resulta crucial mantener a la población informada acerca de los posibles riesgos que podrían estar afectando su bienestar. En esta ocasión, me gustaría centrarme en la salud pulmonar de aquellas personas que trabajan en sectores claves de la economía nacional como son la minería, la construcción, la fabricación de vidrio y otras actividades industriales.

Como pilar fundamental del crecimiento económico del país, detrás de este progreso se esconde la silicosis y la neumoconiosis, enfermedades pulmonares crónicas, irreversibles, causadas por la inhalación prolongada de polvo de sílice cristalina, un componente común en varios procesos industriales. El más recientes estudio “¿Cómo estamos en enfermedades respiratorias?”, desarrollado por 3M en conjunto con Views Corporation y Kreab Colombia demostró que el 82% de las empresas encuestadas reportaron enfermedades respiratorias en el último año, y el 86,7% de ellas ha registrado diagnósticos de casos específicos de silicosis o neumoconiosis.

 

Nota recomendada: PIB puede crecer aceleradamente en 2026

Si bien el daño en el cuerpo humano se puede evitar, la realidad es que el diagnóstico no solo es clínico, también es económico y social. Un colaborador enfermo pierde su calidad de vida, su productividad y muchas veces su futuro. Para las empresas, estas patologías generan ausentismo, sobrecostos en salud, sanciones legales y daños reputacionales. El estudio también evidencia que el 84,8% de las organizaciones han reportado incapacidades permanentes por enfermedades respiratorias lo que refleja una realidad preocupante. Más allá del impacto en la salud de los trabajadores, esta situación revela una ausencia significativa de medidas preventivas efectivas dentro del entorno laboral.

En primera medida se debe resaltar que el uso inadecuado o inexistente de Equipos de Protección Personal (EPP) es el principal factor asociado a la aparición de estas enfermedades, seguido por la falta de capacitación técnica y la ausencia de protocolos de vigilancia médica. Aunque el 81% de las empresas ha implementado medidas como monitoreo del aire y entrega de EPP, solo el 31,4% cuenta con vigilancia médica activa. Este es un síntoma claro de una prevención que aún se ejecuta de forma reactiva y no estratégica.

Si bien la Resolución 2467 de 2022 del Ministerio del Trabajo y la Guía Técnica de Higiene y Seguridad de 2024 son pasos importantes, su implementación es aún desigual, y los datos públicos sobre incidencia están desactualizados: la información oficial más reciente sobre silicosis data de 2007. Esta falta de evidencia actualizada limita la formulación de políticas públicas eficaces y adaptadas a la realidad del país.

La transición hacia entornos laborales más seguros no es un lujo: es una condición mínima de sostenibilidad. En un momento en que las agendas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), se consolidan como ejes estratégicos del desarrollo empresarial, proteger la salud pulmonar de quienes construyen nuestro país debe ser una prioridad moral, legal y competitiva.

No podemos seguir normalizando la silicosis. No podemos permitir que enfermedades prevenibles sigan truncando vidas, lo que está en juego no es solo la salud de los trabajadores, sino la legitimidad del sistema laboral colombiano. La ciencia ya ha hecho su parte. Ahora nos corresponde actuar.

También se requiere innovación. El desarrollo de respiradores más cómodos y eficientes, sistemas de monitoreo inteligente de partículas en el aire, y plataformas de educación digital pueden marcar la diferencia. Pero la tecnología, por sí sola, no sustituye la voluntad. Y esa voluntad debe traducirse en presupuestos, liderazgo visible y medición de resultados.

Luis López