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Alerta, Proyecto de Ley-554 pretende acabar con los contratistas privados

Escrito por Rafael Fonseca en Abr 17, 2025. Publicado en Opinión.

De ser aprobado, el Proyecto de Ley PL-554-Cámara acabaría con la contratación de privados en el país, entre ellos los ingenieros que construyen las obras de desarrollo, dejando sin trabajo a cientos de miles de profesionales que derivan su progreso de la contratación pública. Esta reformulación, además de injustificada, tendría consecuencias profundas sobre la economía, pararía la construcción de infraestructura, bajaría su calidad y la sostenibilidad del empleo técnico en Colombia. Los ingenieros contratistas deberían estar en alerta máxima defendiendo su trabajo.

La «solución» que propone el cuerpo del PL-554: adiós a los contratistas privados

La propuesta normativa del PL-554 consiste, en esencia, en reformular completamente el modelo de contratación pública colombiano, sustituyendo progresivamente el esquema basado en contratación con privados por un modelo centrado en ejecución directa estatal o interadministrativa, bajo el siguiente orden jerárquico obligatorio:

Ejecución directa por la entidad pública: la entidad debe ejecutar sus obras, servicios o compras por sí misma, sin contratar con terceros, si tiene “capacidad administrativa”.
Convenios interadministrativos: si no puede hacerlo directamente, debe contratar con otra entidad pública, que a su vez no tiene la posibilidad de subcontratar con privados.
Economía solidaria y popular: si las dos opciones anteriores no son viables, se debe contratar la ejecución con organizaciones del sector solidario: cooperativas, juntas de acción comunal, organizaciones comunitarias o populares.
Contratación con privados (como última opción): solo si ninguna de las anteriores es posible, se puede contratar con privados, pero esta opción se convierte en la excepción final, sujeta a condiciones restrictivas.

Complementariamente, el proyecto:

Prohíbe la subcontratación en convenios interadministrativos.
Reconfigura principios rectores de la contratación pública, estableciendo como prioridad la ejecución estatal.
Aumenta las responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias de interventores, consultores y supervisores.
No refuerza mecanismos de control externo ni propone mejoras institucionales concretas.

La «solución» propuesta en el articulado del PL-554 es suprimir gradualmente la contratación con el sector privado y sustituirla por ejecución directa, pública o comunitaria, bajo el supuesto de que eso garantiza mayor transparencia.

El contenido de la exposición de motivos

La exposición de motivos del PL-554 reconoce algunos problemas reales del sistema de contratación: la concentración de contratos, baja participación regional, la existencia de contrataderos y la opacidad. También hace referencia a informes de la Contraloría sobre pérdidas billonarias y al índice de percepción de corrupción de Transparencia por Colombia.

Sin embargo, el diagnóstico es incompleto: evita señalar las causas estructurales de fondo como la captura institucional, la impunidad, la falta de vigilancia efectiva, la conexión (“matrimonio”) entre financiación de campañas y adjudicación de contratos, la debilidad de los órganos de control o la dimensión y el verdadero impacto de los convenios interadministrativos (usados como “contrataderos”).

Tampoco desarrolla soluciones técnicas, ni evalúa reformas institucionales ya existentes (como los pliegos tipo o SECOP II), ni presenta datos que justifiquen el cambio radical que propone el articulado.

Un pseudoargumento implícito, no dicho pero determinante

El PL-554 se construye sobre un pseudoargumento, implícito pero determinante: si eliminamos o reducimos al mínimo la contratación con privados, reduciremos sustancialmente la corrupción. Esta idea no es la conclusión de la exposición de motivos ni está deducida con base en datos expuestos, pero sí estructura todo el cuerpo normativo.

Este pseudoargumento es una falacia del tipo «non sequitur» o de «causa falsa«: la corrupción en la contratación no se debe a que existan privados, sino a la forma como se seleccionan, supervisan y sancionan los procesos. Excluir al sector privado sin reconocer las fallas del propio Estado es lógicamente insostenible, técnicamente no demostrado y políticamente sesgado.

El proyecto convierte un deseo ideológico en una propuesta normativa montada sobre un pseudoargumento implícito con la esperanza de poderlo justificar. Al hacerlo, sustituye el análisis por el prejuicio, y la reforma técnica por un intento de decisión política no basado en evidencia.

Lo que sí debería reformar y no aparece en el PL-554

Con base en el seguimiento permanente del ingeniero Rodrigo Fernández y sus conferencias, hemos podido estudiar el problema de la corrupción en la contratación estatal y sabemos que sus causas principales no se identifican como tales en la exposición de motivos ni menos se abordan en el articulado del PL-554 con propuesta de solución:

El matrimonio entre lo electoral y lo contractual: la financiación de campañas por parte de contratistas que luego reciben contratos amarrados.
El uso masivo de contrataderos: entidades para-estatales de régimen privado, de fachada, creadas para eludir la Ley 80 con contratos interadministrativos con participación de funcionarios, políticos (que pusieron a los funcionarios) y contratistas corruptos.

Ambos mecanismos han sido ampliamente documentados, denunciados y discutidos. Ver El arsenal de reformas en la legislación de la contratación pública para enfrentar la corrupción.

Ignorarlos en un proyecto que se propone como «la solución estructural» hace que el PL no tenga relevancia y más bien sí revela el sesgo de origen y la insuficiencia del análisis.

Se necesita una reforma estructural a la Ley 80

Es evidente que se necesita una reforma estructural a la Ley 80: no ha logrado contener la corrupción.

El PL554 en su exposición de motivos tiene un alcance limitado, no es analítico en cuanto a soluciones, y no es concluyente. El clausulado propuesto, en cambio, se construye sobre un deseo ideológico disfrazado de norma, que excluye a los privados de la contratación pseudoargumentando que así la corrupción disminuirá.

Su implementación tendría las consecuencias graves anotadas al inicio. En otras palabras, el PL-554 no es una reforma técnica ni representa una solución al problema de la corrupción: es un ardid político para eliminar a los privados de la construcción del progreso colectivo de nuestra sociedad. Y como tal, debe ser criticado y rechazado con contundencia.

Una reforma que sí sirva tendría que empezar por acabar con los contrataderos y seguir por la erradicación del matrimonio entre lo electoral y lo contractual consumado entre políticos y funcionarios con los contratistas. El PL-554 no es esa reforma.

Rafael Fonseca Zarate

Patria potestad: Protección No Control estatal

Escrito por Luis Fernando Ulloa en Abr 16, 2025. Publicado en Opinión.

Sobre las peligrosas confusiones conceptuales del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre la supuesta patria potestad del Estado sobre los menores, no solo se constituyen en un desacierto retórico, sino que revelan una peligrosa concepción del rol estatal que merece ser confrontada con la mayor firmeza. Cuando un alto funcionario sugiere que el Estado puede arrogarse facultades parentales, está cruzando una línea roja que nuestras leyes y nuestra Constitución han trazado con claridad meridiana.

La Patria Potestad en Colombia cuenta con un sólido desarrollo constitucional, legal y jurisprudencial, consagrada en el artículo 42 de la Constitución Política, se fundamenta en la familia como núcleo esencial de la sociedad y debe ejercerse en consonancia con el interés superior del menor (Art. 44), garantizando su desarrollo integral. La Corte Constitucional (Sentencias C-262 de 2016, T-705 de 2016) ha precisado que se trata de una función protectora –no un derecho absoluto–, sujeta a límites cuando colisiona con los derechos de los niños, y ejercida de manera compartida por ambos padres (Art. 288 del Código Civil). Comprende deberes irrenunciables de cuidado, educación y sustento, siempre bajo los principios de dignidad humana y corresponsabilidad parental (Ley 1098 de 2006).

El marco normativo colombiano es claro: la Patria Potestad, regulada en el Código Civil (arts. 253 y 288) y en el Código de la Infancia, corresponde primordialmente a los padres, mientras el Estado asume un rol subsidiario de protección cuando las familias incumplen su función. Esta delimitación no es un mero formalismo, pues constituye el equilibrio entre un Estado social de derecho –que respeta la autonomía familiar– y un sistema autoritario que pretenda suplantar este espacio fundamental de la vida privada.

Lo preocupante no es solo el error conceptual -en la medida que es muy grave que lo diga quien ocupa un cargo de tanta responsabilidad ministerial-, sino el mensaje que envía a la sociedad. Cuando el ministro sugiere que las decisiones sobre los hijos corresponden al Estado, está destruyendo la confianza en la institución familiar que es la célula básica de la sociedad y pretende normalizar una visión expansiva del poder estatal que nuestros jueces han rechazado reiteradamente. La Corte Constitucional ha sido clara en recalcar que la familia es «el núcleo fundamental de la sociedad» y cualquier intervención estatal debe ser excepcional, proporcional y sujeta a control judicial.

El ministro parece olvidar que el Estado no es un padre autoritario, sino un administrador temporal de lo público. Su rol es crear condiciones para que las familias ejerzan sus derechos, no expropiarlos. En lugar de declaraciones que evocan viejos totalitarismos, el gobierno debería enfocarse en lo urgente: mejorar el maltrecho sistema de protección infantil, donde miles de niños esperan años por una decisión judicial mientras el ICBF colapsa.

Hay una ironía aberrante en que el gobierno nacional habla de asumir la patria potestad estatal, mientras no puede garantizar un mínimo vital a millones de menores. Antes de pretender sustituir a los padres, el ministerio debería demostrar que puede vacunar a tiempo, reducir la mortalidad infantil o atender la desnutrición crónica. El verdadero desafío no es concentrar más poder, sino fortalecer a las familias para que ejerzan mejor sus derechos.

Las palabras del ministro merecen más que crítica: exigen rectificación. Porque cuando un funcionario confunde protección con control, no está defendiendo a la infancia: está poniendo en riesgo los cimientos de nuestra democracia. Esto requiere políticas públicas serias, no eslóganes peligrosos. Colombia necesita un Estado que proteja, no que pretenda sustituir; que acompañe, no que decida por todos.

Luis Fernando Ulloa

Retos del Gobierno de Daniel Noboa en seguridad y justicia

Escrito por Confidencial Noticias en Abr 16, 2025. Publicado en Lo + Confidencial.

Análisis de Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz

Después del triunfo incuestionable del presidente Daniel Noboa en Ecuador viene, desde ya, la solución a los problemas apremiantes de la nación, en particular los que más preocupan a los ciudadanos, como es el caso de la seguridad y el empleo, dos temas fuertemente relacionados, en la medida en que sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay bienestar.

Son más de dieciséis meses de gobierno que lleva el presidente Noboa y que son la base para definir unas políticas de Estado en materia de seguridad y justicia para los próximos cuatro y más años, unas políticas de Estado que involucren a todas las instituciones responsables de estos temas.

Hay que partir de los logros alcanzados y de los retrocesos registrados durante este periodo, como es el caso del trabajo en equipo del Bloque de Seguridad (Policía, Fuerzas Militares), las alianzas estratégicas contra el crimen transnacional con distintos países europeos y EE.UU, los logros investigativos de la Fiscalía frente a la corrupción y la violencia homicida que disminuyó el año pasado, pero en lo que va corrido de este año ha aumentado de manera considerable, al igual que la extorsión.

Hasta ahora Ecuador se ha movido en materia de seguridad como si este tema fuera responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, sin que los poderes Legislativo y Judicial hayan asumido la responsabilidad plena que les corresponde en esta materia y de justicia.

Hay que notar que a la Asamblea le corresponde dotar al Estado de las herramientas constitucionales y legales para enfrentar el crimen transnacional del narcotráfico y al terrorismo, como es el caso de la extradición, el lavado de activos, la expropiación de bienes de origen ilegal y la discusión y aprobación sobre nuevos recursos para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, entre otras leyes y normas.

Al Poder Judicial le corresponde la administración pronta y transparente de justicia, disminuir la corrupción, reducir la impunidad, profesionalizar y ampliar el servicio de justicia a poblaciones y ciudadanos que no están siendo atendidos en esta materia y participar de la discusión de reformas y nuevas leyes para mejorar su servicio y eficacia frente a las nuevas y distintas formas de criminalidad que están afectando el bienestar y desarrollo social de los ciudadanos y la seguridad del Estado.

Hoy, después del proceso electoral, se hace necesario que las tres ramas del poder público trabajen en equipo para recuperar la seguridad de los ciudadanos, del Estado y blindar la democracia de los riesgos que plantea el accionar de los grupos criminales organizados, especialmente de la corrupción y cooptación de servidores públicos e instituciones para su servicio.

El trabajo en equipo es el camino.

Comienza un nuevo periodo de gobierno que debe estar marcado por el trabajo integral e interinstitucional del Estado ecuatoriano en tres áreas básicas de seguridad y justicia, las cuales deben contar con el liderazgo y participación de las tres ramas del poder público, en especial del poder ejecutivo en cabeza del presidente Daniel Noboa y de todo su gobierno:

Seguridad y convivencia ciudadana.
Seguridad del Estado y
Política criminal.

En estas tres áreas se requieren políticas de Estado que deben ser elaboradas y ejecutadas en el inmediato plazo (dos años), mediano (cinco años) y largo plazo (diez años).

Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Es necesario elaborar una política de estado en materia de convivencia y seguridad ciudadana que contemple acciones preventivas, disuasivas y de uso legítimo de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad y justicia, dando de esta forma un tratamiento integral a los problemas de violencia y delincuencia, devolviéndole al Estado el papel de garante de los derechos y deberes colectivos y restableciendo de esta forma el balance entre las actuaciones de la autoridad y el comportamiento de los ciudadanos; entre las acciones de prevención y las de regulación y entre el control sobre las actividades delictivas y los comportamientos que lesionan el bienestar de la comunidad; un plan que vaya de desde preventivo hasta el uso legitimo de la fuerza, como lo muestra el siguiente esquema:

Tanto en la elaboración, como en la ejecución y seguimiento de esta política de Estado, el Gobierno debe contar con la participación de las otras dos ramas del poder público, de los alcaldes, gobernadores y organizaciones de la sociedad civil. Una política pública de Estado que parta del principio constitucional y legal que la seguridad y la justicia son derechos de todos los ciudadanos que debe garantizar el Estado y el especial los gobiernos, sin importar que sean de derecha o de izquierda, y se debe ejecutar en el marco del Estado de derecho, es decir respetando los derechos humanos.

Hoy se abre una buena oportunidad para trabajar en equipo con todos los alcaldes, gobernadores y comunidades, sin importar su filiación política, para recuperar la seguridad de los ciudadanos y garantizar esos derechos ciudadanos; una oportunidad para unir y reconciliar a la nación entera en torno a estos temas que son los que más preocupan a todos los ecuatorianos independientemente de su filiación política.

Política criminal.

En este campo hay que realizar esfuerzos importantes para contar con elementos analíticos en el sector de la justicia y poder contar con una política pública criminal de carácter integral; una política criminal que vaya de la prevención al uso legítimo de la fuerza en materia de justicia y que con su ejecución en el mediano y largo plazo contribuya a reducir la demanda de justicia punitiva y por tanto de la utilización de la cárcel como casi único mecanismo de sanción punitiva.

En esta línea, es necesario formular y ejecutar la política de Estado en esta materia con la participación de todas las instituciones de la Rama Judicial y que se oriente a:

Realizar investigaciones socio-jurídicas y criminológicas para determinar la eficacia de la legislación vigente o propiciar su reforma.
Mejorar la eficiencia y eficacia de la justicia.
Reducir la impunidad.
Fortalecer la formulación de políticas en la materia y la interlocución ante los organismos nacionales e internacionales en el contexto de una política integral contra el problema mundial de las drogas y otras rentas criminales como la minería ilegal, el comercio ilegal de armas, la trata de personas, el contrabando, etc-.
Que fortalezca los sistemas de privación de la libertad y de sanción a adultos y de adolescentes que infringen la ley penal y que el Sistema penitenciario y carcelario cumpla con su tarea de resocialización e inserción social de los detenidos bajo el control del Estado y no de los delincuentes.
Ejecutar programas de prevención de violencia y delincuencia juvenil, disminuya los riesgos por armas, consumo de drogas y alcohol, disuada la comisión de contravenciones y delitos con la presencia y accionar de las autoridades y que formule leyes que disuadan comportamientos que afecten la convivencia ciudadana.
Promover los mecanismos alternativos de solución de conflictos interpersonales Mejorar las asignaciones presupuestales para el funcionamiento de la Rama Judicial.
Fortalecer a la Policía y la Fiscalía en sus labores de investigación criminal y control del delito.

Seguridad de Estado.

Seguridad de Estado, hoy se entremezcla con las anteriores políticas, en la medida que muchos problemas de seguridad ciudadana y de justicia terminan afectando la seguridad de Estado, como es el caso del narcotráfico que además de afectar la seguridad de los ciudadanos y comunidades, atenta con la estabilidad democrática del país cuando las organizaciones criminales, para beneficio de sus economías ilegales, terminan controlando territorios y ejerciendo gobernanza criminal en los mismos o involucrándose, a través de la corrupción, en los distintos procesos electorales para ejercer presión política y lograr apoyos para su actividad criminal.

Hoy el narcotráfico y otras rentas criminales como la minería ilegal, asociados a grandes mafias del crimen transnacional, son los principales problemas de seguridad nacional y deben ser asumidos y enfrentados por el Estado y la sociedad en su conjunto con una política de Estado que se sustente en la cooperación internacional de seguridad y justicia, en alianzas estratégicas con los países de la región, especialmente con Colombia y Perú, principales productores de la cocaína, con EE. UU. y distintos países de Europa y de otros continentes.

Los aranceles van mas lejos

Escrito por Juan Camilo Clavijo en Abr 15, 2025. Publicado en Opinión.

Donald Trump impuso el miércoles aranceles globales a las importaciones de bienes hacia Estados Unidos, desatando una histórica guerra comercial.

Aunque todos los países del mundo se verán afectados por un gravamen base del 10 % a los productos, más de 60 Estados o bloques comerciales enfrentarán aranceles aún más altos.

Estos afectan a todos, desde aliados históricos de EE. UU.—como la Unión Europea (20 %), Corea del Sur (26 %) y Japón (24 %)—hasta algunas de las naciones más pobres y vulnerables del mundo, como Camboya (49 %) y Laos (48 %). (CNN en Español, 3 de abril)

La conmoción mundial provocada por los aranceles masivos impuestos por el presidente Trump no ha terminado, pero el mundo respiró con alivio cuando, este miércoles, anunció que serían finalmente menores de lo anunciado, y que otorgaba una pausa de 90 días a los países más afectados para que pudieran negociar nuevos acuerdos con su gobierno. (BBC, 10 de abril)

Los aranceles anunciados por la administración estadounidense, y su posterior pausa, no solo afectan los mercados o elevan los precios para el consumidor estadounidense, o provocan únicamente represalias similares en otros países. También debilitan de forma clara a las industrias verdes y a la innovación tecnológica, impactando directamente la sostenibilidad.

Desde una perspectiva ideológica, estas medidas están alineadas con la intención del expresidente de eliminar todas aquellas políticas y regulaciones que, según su visión, bloquean la explotación minero-energética. Esto va en consonancia con una base política que niega el cambio climático y con sectores radicales del Partido Republicano que perciben la sostenibilidad como una causa «woke». Así, los aranceles anunciados (y ahora en pausa) afectan una parte significativa de la economía verde.

Por ejemplo, la Asociación de la Industria del Plástico de EE. UU. (PLASTICS) ha expresado su profunda preocupación por los aranceles aplicados a países clave como Canadá, México y China. Estas medidas han interrumpido el flujo de maquinaria, productos y materiales esenciales, impactando sectores estratégicos como la atención médica, los bienes de consumo y la industria automotriz.

En 2023, las exportaciones de plásticos de EE. UU. alcanzaron los 74,200 millones de dólares, superando las importaciones y generando un superávit comercial de 958 millones de dólares. Sin embargo, los nuevos aranceles amenazan con erosionar esta ventaja al incrementar los costos y poner en riesgo las cadenas de suministro.

En el sector de energías alternativas, en 2018 se impusieron aranceles del 30 % a los paneles solares importados, lo que encareció los proyectos solares y provocó la pérdida estimada de 23,000 empleos en EE. UU., especialmente en instalación y mantenimiento. Según la Solar Energy Industries Association (SEIA), estos aranceles llevaron a la cancelación de proyectos equivalentes a 10.5 gigavatios de capacidad solar, lo que representó una pérdida aproximada de 62,000 empleos entre 2018 y 2021.

Actualmente, la mayor parte de la cadena de suministro mundial de paneles solares se origina en China, país que enfrenta aranceles del 50 % sobre la importación de células y módulos solares. A esto se suma una tasa arancelaria recíproca adicional del 125 %. Como respuesta, los proveedores chinos han trasladado sus cadenas de suministro a Vietnam, Tailandia, Malasia y Camboya, que ahora abastecen más del 80 % de los módulos solares utilizados en EE. UU. Esto significa que, aunque estos países enfrentan aranceles “moderados” del 10 %, el costo de la energía solar en EE. UU. igualmente aumentará.

En el caso de la energía eólica, los aranceles del 25 % sobre componentes importados desde México y Canadá incrementaron en un 7 % los costos de las turbinas terrestres y en un 5 % los costos generales de los proyectos, lo cual podría frenar el crecimiento de esta industria.

Por otro lado, para las fábricas y propietarios de vehículos eléctricos, los aranceles son una pésima noticia. Aproximadamente el 75 % de las baterías de iones de litio del mundo se fabrican en China. Estas medidas han encarecido componentes esenciales, ralentizando el desarrollo de sectores estratégicos.

Estos impactos evidencian que, aunque el presidente Trump subestime la importancia de estas industrias y su aporte a la economía estadounidense, son fundamentales para los consumidores, para empresas como Tesla (del amigo Elon Musk, en el caso de las baterías eléctricas) y, sobre todo, para los trabajadores.

Más preocupante aún, los aranceles están golpeando a una industria considerada «woke», lo que refuerza su alineación ideológica. Todo lo que incluya términos como sostenibilidad, ESG o “verde” es cancelado de inmediato, ignorando su aporte en innovación, su capacidad para responder a la demanda de una parte importante de la población, su rol en la creación de empleos y su contribución al desarrollo de nuevas tecnologías y empresas.

«La defensa es más importante que la opulencia. Pero proteger industrias ineficientes solo porque existen, es un lujo costoso.»

— Adam Smith, «La riqueza de las naciones» (1776)

Juan Camilo Clavijo

Que el mundo no vuelva a mirar hacia otro lado

Escrito por Quena Ribadeinera en Abr 14, 2025. Publicado en Opinión.

Esta semana, Colombia volvió a estremecerse con un crimen que no puede pasar como una cifra más. En Bello, Antioquia, fue asesinada con extrema violencia la joven trans Sara Millerey. Su cuerpo fue hallado con signos de tortura, amordazado, envuelto en bolsas. La saña con la que se ensañaron contra su humanidad solo puede leerse como lo que fue: un crimen de odio. Una violencia que no es aleatoria ni individual, sino sistemática, estructural y profundamente política.

Sara no fue la primera. En lo que va del 2025, al menos 17 personas trans han sido asesinadas en Colombia, según reportes de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. En América Latina, somos una de las regiones más mortíferas para las personas trans. Brasil, México y Colombia encabezan la lista global de transfeminicidios. Se estima que una persona trans es asesinada cada dos días en la región. Y en Colombia, una persona trans es asesinada en promedio cada 16 días. Son cifras que duelen, que gritan, que exigen justicia.

Pero esto no empieza con la muerte. Empieza mucho antes. Empieza con la negación. Con cada vez que alguien se burla, deslegitima o cuestiona la existencia de las personas trans. Con cada comentario sobre “ideología de género”, con cada ataque a las infancias trans, con cada política que limita su visibilidad en los espacios públicos. Vivimos en un mundo donde decir “eres quien dices ser” aún se considera una provocación. Y en ese contexto, los discursos de odio florecen. La retórica anti-“woke”, la burla sistemática a lo diverso, la satanización de los derechos adquiridos, son gasolina para estos crímenes. Detrás de la supuesta defensa de “la libertad de expresión” se esconde una intención clara: negar la existencia del otro. Y de esa negación, al exterminio simbólico, hay solo un paso.

El asesinato de Sara Millerey no es un hecho aislado. Es un reflejo brutal de lo que como sociedad hemos permitido. De cómo callamos, de cómo relativizamos, de cómo preferimos mirar hacia otro lado. De cómo a veces incluso desde las instituciones se alimenta el prejuicio. Pero hay otra historia también: la de quienes resisten, la de quienes exigen vivir. Como escribió la escritora trans Camila Sosa Villada en su novela Las Malas: ““Nosotras habíamos nacido ya expulsadas del armario, esclavas de nuestra apariencia.”. Vivir siendo trans es ya un acto de valentía, pero no debería serlo. Debería ser simplemente vivir.

Frente a esa realidad, la respuesta del Estado no puede seguir siendo la omisión. Es urgente que el Congreso de la República apruebe la Ley Integral Trans, una herramienta política, jurídica y social para garantizar que las personas trans puedan vivir con dignidad, con acceso pleno a derechos, con protección frente a las violencias y con reconocimiento de su identidad. Esta ley no es un privilegio, es justicia. Es reparación. Es una deuda histórica.

El derecho internacional ya ha señalado este camino. La Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el derecho a la identidad de género como un derecho protegido por la Convención Americana. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y los Principios de Yogyakarta también exigen a los Estados garantizar la vida, seguridad e igualdad para las personas trans.

La crueldad con la que fue asesinada Sara Millerey no nos puede dejar indiferentes. Nos interpela. Nos retrata. ¿Qué clase de sociedad somos si dejamos que esto se repita una y otra vez? ¿Qué tan libres somos si aceptamos que a otras personas se les niegue el derecho a vivir?

A Sara la mataron por ser quien era. Por ser una mujer trans en un país que aún no se decide a proteger sus vidas. Honremos su memoria luchando por justicia, por verdad y por una vida libre de violencias para todas las personas trans.

Quena Ribadeneira

Lideramos la CELAC, no podemos seguir pensando como colonia de Estados Unidos

Escrito por Alejandro Toro en Abr 13, 2025. Publicado en Opinión.

Colombia hoy tiene una oportunidad histórica que no puede desaprovechar. Por primera vez, ocupa la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), un espacio clave para la concertación política y la integración regional sin tutelajes externos. Pero esta presidencia debe ser más que simbólica. Debe ser estratégica.

Mientras tanto, del otro lado del continente, Estados Unidos —nuestro socio comercial tradicional— ha encendido una guerra de tarifas contra nuestras exportaciones, violando las condiciones del TLC que los sectores políticos tradicionales tanto defienden. Productos clave como el acero y el aluminio han sido golpeados con aranceles de hasta el 25%, además de los aranceles al 10% al resto de nuestras exportaciones, afectando nuestra industria, el empleo y nuestra balanza comercial. No es la primera vez que ocurre, y probablemente no será la última.

Ante este nuevo escenario, Colombia tiene dos opciones: esperar pasivamente a que Washington cambie de parecer o ejercer liderazgo desde la CELAC para abrir caminos nuevos, más dignos y más equilibrados.

La CELAC no es un foro ornamental. Es el único espacio que reúne a toda América Latina y el Caribe sin la presencia de Estados Unidos ni Canadá. Y si queremos que esa comunidad sea una fuerza real en el mundo multipolar que emerge, debemos actuar en consecuencia. Por eso, el momento exige que Colombia impulse desde la CELAC una agenda concreta de acercamiento a los BRICS y a los países que ya están en proceso de adhesión o asociados como Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Los BRICS representan una alternativa real al modelo de relaciones internacionales dominado por Occidente. Ya concentran más del 40% de la población mundial, cerca del 30% del PIB global y han iniciado procesos de desdolarización que desafían la arquitectura financiera tradicional. Con ellos, América Latina podría negociar en condiciones más simétricas, con mayores márgenes de soberanía y cooperación tecnológica, energética, comercial y financiera.

Este no es un llamado a romper con nadie. Es un llamado a diversificar. A no seguir siendo una economía dependiente, ni un apéndice subordinado del comercio estadounidense. Es, también, un acto de realismo geopolítico: si el mundo está girando hacia un nuevo equilibrio de poderes, América Latina no puede seguir esperando sentada.

Colombia tiene hoy la voz y el lugar para poner ese debate sobre la mesa regional. Puede convocar, articular e impulsar un grupo de países dentro de la CELAC que esté dispuesto a explorar una relación más profunda y estructural con los BRICS. No como una ocurrencia coyuntural, sino como una apuesta estratégica de largo plazo.

La presidencia pro tempore de la CELAC debe ser, entonces, el punto de partida para este viraje. Tenemos los instrumentos, el contexto y el respaldo político para hacerlo. Lo que necesitamos ahora es la voluntad.

Es hora de mirar al sur global. Porque el futuro no nos va a esperar.

Alejandro Toro

¿Y el parqueadero qué? El negocio que bogotá está dejando perder con la terminal de transporte

Escrito por Juan David Quintero en Abr 13, 2025. Publicado en Opinión.

En Bogotá todo cuesta. Cuesta un pasaje, cuesta un minuto en el trancón, cuesta un error en política pública. Por eso, que el Distrito pierda plata con sus parqueaderos fuera de vía es un lujo que no podemos darnos. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que está pasando.

La ciudad está desperdiciando una oportunidad clara para resolver dos problemas a la vez: el mal parqueo y la necesidad de ingresos públicos. ¿Cómo? Administrando sin visión empresarial los parqueaderos que son propiedad del Distrito y hoy están a cargo de La Terminal de Transporte. El problema es el modelo y quién lo ejecuta. Durante 2018 y 2019, cuando estos parqueaderos estaban en concesión, los ingresos eran mayores. En los últimos años, bajo la administración de La Terminal, los ingresos han caído o apenas están empezando a alcanzar o superar tímidamente los niveles previos… y eso sin contar la inflación.

Veamos un ejemplo: el parqueadero subterráneo de la Calle 85 con Carrera 15 facturó $3.300 millones en 2018, $2.400 millones en 2021, $3.400 millones en 2023 y 3.600 millones en 2024. No hay una mejora real si se tiene en cuenta el aumento en tarifas y el paso de seis años. Esto evidencia una mala administración. No hay otra forma de explicarlo.

Y el problema no es solo financiero. También es operativo. Lo dijimos en el debate que hicimos en el Concejo de Bogotá el 23 de julio del año pasado: ascensores dañados, pintura descuidada, letreros deteriorados, ninguna innovación, pocas alianzas y un modelo que parece diseñado para que La Terminal gane siempre, incluso cuando la ciudad pierde. La comisión de esta entidad es del 10% sobre ingresos brutos, pero las demás entidades distritales que son dueñas de estos parqueaderos ¾como el IDU o el DADEP¾ cargan con la operación, el mantenimiento y las pérdidas respecto a lo que ganaban anteriormente. ¿Quién gana así? La Terminal. ¿Quién pierde? Bogotá.

Este no es un debate sobre el derecho a parquear. El parqueadero no es un derecho fundamental, es un tema de mercado. La oferta debe estar donde haya demanda. Así de sencillo. Pero si esa oferta y demanda ya existe y tenemos los espacios, lo mínimo es administrarlos bien, generar ingresos y evitar que se llenen las calles y los andenes de vehículos mal parqueados.

Como concejal, lo he dicho siempre: una buena ciudad es donde se incentiva el uso del transporte público y es prioridad mejorar la experiencia del usuario. Por eso propuse la creación de una Gerencia de Experiencia del Usuario en TransMilenio, que permita que cualquier ciudadano —incluso un turista— pueda usar el sistema de forma fácil, segura y eficiente. Es indispensable que trabajemos por una ciudad donde la primera opción de movilidad para los ciudadanos no sea el carro o la moto, sino el transporte público, la bici y demás modos de transporte sostenible.

Pero mientras eso ocurre, no podemos seguir permitiendo que negocios útiles para la ciudad se administren mal. No podemos continuar con contratos cortos que interrumpen el servicio cada dos años y generan vacíos en la operación. No podemos seguir con una entidad que no hace mantenimiento, no innova y no mejora. Necesitamos que La Terminal se comporte como un buen empresario: optimice ingresos, diversifique servicios, busque alianzas estratégicas e innove. Y, sobre todo, entienda que su misión no es simplemente operar, sino contribuir al bienestar de Bogotá.

Parquear bien paga. Siempre ha pagado. Lo que no paga es la ineficiencia. Por eso esta discusión es clave. Porque se trata de responsabilidad fiscal, respeto por las normas y el espacio público y sentido común en la gestión urbana. Si como ciudad tenemos unos espacios para parquear y una demanda que está dispuesta a pagar por ello, debemos tener también una empresa ¾como la Terminal de Transporte¾ que los administre bien y genere recursos para los bogotanos.

Además, recuerden: si tienen pal whisky, tienen pal hielo. Si tienen pal carro, tienen pal parqueadero.

Juan David Quintero

La paz que no se impone

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Abr 13, 2025. Publicado en Opinión.

En tiempos de polarización, conflictos armados y profundas crisis sociales, hablar de paz no es una utopía, sino una necesidad urgente. Sin embargo, construirla no es tarea sencilla ni responsabilidad exclusiva de los gobiernos o de las élites políticas. La paz que perdura en el tiempo y transforma realidades solo puede surgir de un proceso colectivo donde la sociedad civil tenga un papel protagónico.

La sociedad civil comprende un abanico amplio y diverso de actores. En ella se manifiestan organizaciones comunitarias, artistas, movimientos sociales, redes juveniles, colectivos de mujeres, sindicatos, iglesias, pueblos étnicos, personas con discapacidad, población LGBTIQ+, medios alternativos y personas comprometidas con su entorno, entre muchos otros. Estos actores no solo padecen los efectos del conflicto, sino que también poseen conocimientos, recursos y capacidades fundamentales para la transformación de los entornos sociales.

Cuando se les incluye activamente en los procesos de paz, se rompe con la lógica vertical en la que unos pocos deciden por la mayoría. La paz no debe imponerse desde los comandantes de los grupos armados o la dirección política y económica del país; debe construirse con las comunidades, desde abajo, con base en el diálogo, el respeto y la inclusión.

Uno de los grandes desafíos de los acuerdos de paz es su implementación real y sostenida en el tiempo. Muchas veces, los procesos firmados en papel no se traducen en cambios concretos en los territorios. Aquí es donde la sociedad civil juega un papel insustituible, ya que su presencia constante en el terreno le permite hacer seguimiento, exigir y garantizar el cumplimiento de compromisos que no quedan en el olvido.

Además, es innegable que su participación aporta legitimidad a los procesos de diálogo y a lo acordado. Cuando la sociedad se siente parte de la solución, se genera un sentido de corresponsabilidad y pertenencia que fortalece los cimientos de la paz. En muchas ocasiones, los sectores históricamente marginados han sido silenciados tanto en el conflicto como en las mesas de negociación; Sin embargo, son estos mismos sectores quienes mantienen vivas las resistencias, las redes de apoyo y las prácticas ancestrales de resolución de conflictos.

Incluir a la sociedad civil significa fortalecer su coordinación y abrir espacios para estas voces diversas, que enriquecen el debate y aportan soluciones concretas y contextualizadas. No se trata solo de una cuestión de representación simbólica, sino de justicia y eficacia.

La construcción de paz implica un cambio cultural profundo. La sociedad civil es clave en la promoción de una cultura de paz, basada en la educación, la empatía, la justicia y la memoria. Solo cuando las nuevas generaciones conocen las causas de las violencias, sus consecuencias y las historias de resistencia, es posible evitar su repetición.

Organizaciones civiles han liderado procesos de memoria histórica, iniciativas de reconciliación, pedagogías comunitarias y proyectos artísticos que ayudan a sanar heridas y reconstruir el tejido social. La paz no es solo ausencia de violencia, sino presencia activa de justicia, equidad y dignidad. La historia demuestra que los esfuerzos de paz que no incluyen a las comunidades están destinados a fracasar o a generar soluciones superficiales.

La sociedad civil y sus organizaciones no son un actor secundario: son el corazón del cambio. Solo con su participación activa, crítica y constructiva es posible avanzar hacia una paz real, transformadora, solidaria y duradera. Apostar por su inclusión no es solo una decisión ética, sino una condición necesaria para construir un futuro más justo.

Luis Emil Sanabria D

Bogotá, a sangre y fuego

Escrito por Andrés Barrios en Abr 13, 2025. Publicado en Opinión.

La capital de la República presenta una aterradora realidad que merece nuestra atención y es que en un periodo de solo cinco meses fueron asesinadas 563 personas. Estas cifras, registradas entre septiembre de 2024 y enero de este año, no son solo estadísticas; representan familias que hoy enfrentan el dolor de una ausencia irreparable, proyectos de vida interrumpidos y comunidades marcadas por la violencia.

Estos datos son escabrosos y evidencian, además, que la sociedad está armada y puede acceder a estos medios de forma fácil y sin control. El análisis detallado muestra que, de esas 563 personas, 351 fueron víctimas de armas de fuego, 163 de armas blancas o cortopunzantes, 48 de objetos contundentes y una de algún elemento sin identificar.

Estos números retratan un panorama complejo que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán enfrenta en medio de múltiples desafíos, algunos heredados, y nuevas dinámicas de inseguridad que requieren respuestas innovadoras.

La distribución geográfica de estos hechos revela patrones que merecen atención especial: Ciudad Bolívar encabeza la lista con 127 homicidios, seguida por Kennedy con 70 y Bosa con 47. Sin embargo, son diez localidades las que concentran el 84% de los casos de asesinato. Evidentemente, esto sugiere la necesidad de estrategias focalizadas que atiendan las particularidades de cada territorio, reconociendo que las causas de la violencia no son homogéneas.

La administración Galán tiene que convertir la seguridad en una prioridad de la agenda distrital, pues eso fue lo que se le prometió a Bogotá. La ciudadanía no puede ser víctima de delitos todo el tiempo, como si fueran paisaje. Las acciones deben ser concretas y diseñadas para abordar los factores estructurales que alimentan la violencia.

Los domingos y las horas nocturnas (noche y madrugada) aparecen como momentos críticos según los datos analizados. Esta información puede orientar la distribución de recursos y de fuerza pública, aunque sabemos que hacen falta uniformados. Además, la administración distrital tiene aquí una oportunidad para demostrar que la inteligencia y el análisis de datos pueden traducirse en estrategias más efectivas.

Los bogotanos de todas las localidades merecemos vivir sin miedo. Recientemente, fue publicado el Informe de Seguridad 2024 de Probogotá. En él se pone en evidencia que el año inmediatamente anterior se presentó la cifra de homicidios más alta en ocho años en la ciudad y éste fue el delito que más aumentó, reportando 1.204 casos. Ante esto, no hay más tiempo que perder y las acciones deben incorporarse con determinación.

Entendemos que hay desafíos que van más allá de local y que se requieren acciones articuladas con un gobierno nacional que infortunadamente no escucha y se caracteriza por privilegiar la ilegalidad.

Sin embargo, la administración Galán no puede caer en ese juego y tiene la oportunidad de demostrar que su enfoque técnico y su visión de ciudad pueden traducirse en soluciones efectivas para uno de los problemas que más afecta la calidad de vida de los bogotanos. Ya pasaron los meses de diagnósticos y de planificación; ahora los ciudadanos esperamos ver resultados concretos, especialmente en las zonas donde la violencia cobra más vidas. La seguridad es un derecho, pero no se está garantizando.

Andrés Barrios Bernal

La educación superior gratuita: ¿Un sueño alcanzable o una utopía para Colombia?

Escrito por César Orlando Amaya Moreno en Abr 11, 2025. Publicado en Opinión.

La idea de una educación superior gratuita ha sido tema de discusión en muchos países, pero en Colombia, es una aspiración que sigue siendo controversial. La discusión no es solo sobre el acceso, sino sobre la calidad que esta educación debe ofrecer. Como alguien que tuvo la fortuna de estudiar en una universidad pública, puedo afirmar con certeza que la gratuidad no debe ser un obstáculo para la excelencia académica, sino un derecho fundamental para todos los jóvenes colombianos.

En 2021, el gobierno colombiano implementó el programa Matrícula Cero, que permitió la gratuidad en la educación superior para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas. Sin embargo, si analizamos el panorama actual, el problema más grande no ha sido la calidad educativa, sino el acceso mismo. Miles de jóvenes en el país no logran ingresar a la universidad, ya sea por falta de cupos o porque deben priorizar el trabajo sobre los estudios.

Es innegable que la educación pública en Colombia es de buena calidad. Las universidades públicas del país han formado a algunos de los mejores profesionales en diversas áreas, con programas acreditados y docentes altamente capacitados. No obstante, enfrentan un desafío estructural: la falta de inversión en infraestructura. Muchas instituciones operan con edificios deteriorados, laboratorios desactualizados y bibliotecas con recursos limitados, lo que afecta la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.

Según el Observatorio de la Universidad Colombiana, cerca del 40% de los egresados de universidades públicas no consiguen empleo en su campo de estudio dentro del primer año después de graduarse. Esta cifra es alarmante y refleja la necesidad urgente de revisar no solo la gratuidad, sino también la pertinencia de los programas de formación. La educación gratuita sin oportunidades laborales es un espejismo que solo perpetúa el círculo de desigualdad.

Pero hablemos de los números. La Ley 30 de 1992, que reglamenta la educación superior en Colombia, establece que las universidades públicas deben financiarse principalmente con recursos del Estado. Sin embargo, el presupuesto para educación ha sido históricamente insuficiente. El gasto público en educación en Colombia representa apenas el 4,1% del PIB, uno de los niveles más bajos de América Latina. Para comparar, países como Argentina, Brasil y México destinan un porcentaje mayor de su PIB a la educación. Este bajo presupuesto afecta directamente la calidad de la infraestructura y los recursos disponibles para los estudiantes.

En ese orden de ideas, es importante unirse a la voz de los movimientos estudiantiles que como hice en algún momento, solicitábamos garantías y dignificación de la educación superior, por eso debe ser analizado minuciosamente la reforma que debe pasar los artículos 86 y 87 de la ley 30, pues, el estado no tiene una estrategia definida para financiar las universidades públicas, y es que para muchos financiar una universidad es mejorar la infraestructura y ya, situación alejada de la realidad pues debemos analizar la situación económica y social que vive cada estudiante, que el financiamiento sea algo integral, todo ello de la mano del ministerio de educación y sectores políticos que realmente se preocupen por lo que hoy esta viviendo la educación pública en nuestro país.

Si bien el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la educación superior, no basta con abrir las puertas a más jóvenes. Es esencial que las universidades tengan el respaldo financiero, actualizar sus programas académicos y garantizar que los egresados tengan habilidades que realmente se alineen con el mercado laboral. La gratuidad es necesaria, pero debe venir acompañada de inversión en calidad y pertinencia.

Los jóvenes colombianos deben estudiar, y deben poder hacerlo sin el peso de la matrícula sobre sus hombros. La educación superior es la herramienta más poderosa para romper el ciclo de pobreza y darle a las futuras generaciones la oportunidad de contribuir al desarrollo del país. Pero no se trata solo de financiar la matrícula; se trata de financiar una educación que ofrezca competencias reales, que forme individuos críticos, creativos y comprometidos con su comunidad.

Mi experiencia personal al estudiar en una universidad pública me permitió comprender de primera mano las limitaciones del sistema, pero también el valor incalculable que tiene la educación en un contexto de equidad. La gratuidad debe ser el primer paso para garantizar que todos los jóvenes colombianos tengan las mismas oportunidades, sin importar su origen social o económico.

Es hora de que Colombia apueste de manera decidida por una educación superior gratuita, pero con el respaldo necesario para que realmente sea de calidad. No basta con abrir más cupos; hay que invertir en el futuro de los estudiantes con infraestructura digna, programas actualizados y oportunidades laborales claras. La educación gratuita y de calidad es un derecho que debemos defender, y la responsabilidad que tenemos como sociedad es exigir que se haga bien.

César Orlando Amaya Moreno

La cuestión indigenista

Escrito por León Ferreira en Abr 10, 2025. Publicado en Opinión.

Colombia tiene la legislación más avanzada en cuanto a defensa de los derechos de los indígenas de origen amerindio, tradición desde épocas de la colonia española. Con la expedición de la Ley 89 de 1890 se les exoneró de la prestación del servicio militar y del pago de impuestos. La Constitución Política de 1991 consagra un reconocimiento particular como sujetos de derecho y de especial protección, el artículo 7º reconoce la diversidad étnica y cultural, el artículo 63º sobre la existencia de los resguardos indígenas como bienes imprescriptibles e inajenables, el artículo 246º creó la jurisdicción especial indígena y los artículos 286º, 329º y 330º desarrollaron la idea de los territorios indígenas como entes autónomos, sumados a la circunscripción electoral indígena. En materia legislativa, mediante la Ley 21 de 1991, el Congreso de la República aprobó la Convención 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. En materia judicial existe una línea jurisprudencial muy sólida, lo que hace de Colombia un país líder en el tema.

Hay tres grandes aspectos que abarca la legislación colombiana: Primero, la maximización de la autonomía indígena. Los indígenas colombianos no tienen ningún compromiso para con el Estado, su compromiso es para con sus comunidades, por el contrario, el Estado sí está obligado para con Ellos; segundo, la jurisdicción especial indígena les da independencia y autonomía a las autoridades indígenas para juzgar a sus miembros según sus reglas, sin sometimiento a la justicia ordinaria. Un miembro de una comunidad amerindia puede cometer feminicidio, violencia intrafamiliar o traficar drogas y jamás será sancionado por la ley penal colombiana, tampoco irá a una cárcel del INPEC, será juzgado y castigado por su misma comunidad con sus propias penas; tercero, la consulta previa, cualquier tipo de intervención que se realice en sus territorios debe serles consultado. Consulta que nunca atenderá al interés superior del Estado o de la sociedad en general, simplemente se priorizará el interés de sus comunidades.

Lo anterior junto al discurso ideológico de la ancestralidad, han permitido que los indígenas sean intocables, prevalidos con el derecho universal y absoluto de la protesta, que ejercen para entorpecer la vida de sus compatriotas, por ello bloquean carreteras, invaden parques públicos y propiedad privada, se toman las calles, marchan cuando el mandatario de turno les convoca y utilizan vías de hecho para retener militares y policías, bajo el argumento que su guardia indígena prevalece sobre las Fuerzas Militares y de Policía. Gozan de patente de corso para todo por ser víctimas del “expolio” español. El modelo de legislación indígena colombiano es tan “exitoso” que sirve de referente en países con alta población amerindia como México, Brasil y Chile.

Según el Censo del 2018 del DANE, aproximadamente el 4,5% de la población colombiana es indígena, lo que representa un porcentaje bajo comparado con la población total, en su gran mayoría mestiza. Así las cosas ¿Los indígenas tienen derecho a la maximización de su autonomía que les otorga privilegios sobre el resto de la población colombiana? Es interesante determinar cuánto aportan las comunidades indígenas al PIB nacional frente a los a los recursos que reciben del Estado. Igualmente, resultaría apropiado discutir si la denominada “ancestralidad” justifica sus privilegios, dado que, en un país de mestizos, todos los colombianos son ancestrales y a todos se les debería aplicar las mismas leyes.

Es hora de debatir sobre los privilegios de que gozan ciertos grupos poblacionales en Colombia. Se requieren actos legislativos tendientes a la eliminación de privilegios para sectores poblacionales, aún con mayor razón a los autopercibidos, frente al común de los ciudadanos, verbi gratia, la jurisdicción indígena debería tener el carácter de justicia residual y no principal. En materia de derechos, la legislación hace a los indígenas superiores, pero en materia de deberes, los exonera. De no ser así, jamás se podrá construir la unidad nacional que la Constitución Política pregona.

León SandovalFerreira

Estancados: reconectar el conocimiento con el desarrollo (2)

Escrito por Rafael Fonseca en Abr 9, 2025. Publicado en Opinión.

Cómo volver a poner a la ingeniería al servicio de la innovación en Colombia

Según Hausmann, el principal obstáculo para el desarrollo económico de Colombia no está en la inversión, ni en la educación, ni siquiera en la infraestructura, sino en la incapacidad de producir y aplicar tecnología (charla en Políticas Públicas, profesor Ricardo Hausmann). Y que, en el fondo de esa brecha, hay una desconexión entre conocimiento y producción, entre universidad y empresa, entre ingeniería y realidad. Este fue el tema de mi anterior artículo.

Durante el conversatorio posterior a la charla del profesor Hausmann surgieron ideas y ejemplos para vislumbrar caminos para transformar esa situación, algunos que presento aquí, además de algunas experiencias propias en estos campos.

El hospital universitario como modelo replicable

Hausmann hizo una mención que sirve para una reflexión obligada en ingeniería. En medicina, la articulación entre conocimiento, práctica y desarrollo tiene nombre propio: el hospital universitario. Allí se juntan profesores, estudiantes y profesionales para resolver casos reales, investigar patrones, validar tratamientos, y producir conocimiento útil, no solo para un paciente, sino para todos los que enfrenten una enfermedad similar. Allí habitan el pensamiento científico y la investigación aplicada, y producen desarrollo además de su función primaria de atender y mejorar enfermos.

Una analogía muy retadora: ”hospitales universitarios de ingeniería”. Espacios donde universidades y empresas productoras, constructoras, consultoras o interventoras atiendan trabajo real y al mismo tiempo sean laboratorios “en vivo” en los que se resuelvan retos concretos del país, se documenten aprendizajes, se generen nuevos métodos, productos y tecnologías. Llevar a cabo algo así implicaría una gran innovación en la enseñanza que no solo haría más pertinente la formación de ingenieros, sino que multiplicaría la capacidad del país para innovar desde el terreno, donde están los problemas reales.

Cuando universidad y empresa se sientan a la misma mesa

Una de experiencias en ese sentido y bastante prometedora mencionada en el conversatorio, fue el modelo de formación dual impulsado recientemente en el Valle del Cauca que expuso Daniel Gómez del Consejo Privado de Competitividad. Cuatro empresas grandes y algunas universidades definieron en conjunto un sistema en el que los estudiantes trabajan y estudian simultáneamente, con planes diseñados en diálogo con las necesidades reales del sector empresarial. Esto permite que los futuros ingenieros identifiquen oportunidades de innovación, de mejora, de nuevas oportunidades de mercado, de nuevas oportunidades tecnológicas, puesto que, al estar en la línea de las operaciones, son los que mejor información tienen para ello.

Estamos hablando de la de conexión empresa-universidad desde hace décadas y ampliándola al Gobierno, aunque Hausmann se mostró proclive a acciones que no dependan de su participación. A finales de los años 80, me correspondió liderar —desde Cementos Diamante— el diseño del sistema de mercadeo de cemento en Colombia, una transformación completamente disruptiva para la época que marcó la ruta que seguiría la industria de ahí en adelante. Fue una iniciativa que involucró a profesores de Administración de la Universidad de los Andes y que incluyó la creación de un MBA a la medida para ingenieros civiles de la empresa cementera, seleccionados en distintas universidades del país, para convertirlos en super gerentes-vendedores. Fue un esfuerzo conjunto entre conocimiento académico, el diagnóstico empresarial y la formación estratégica que prueba que se puede construir innovación cuando hay propósito común.

Un caso que no funcionó (y por qué debemos entenderlo)

Durante el mismo conversatorio el exrector Rudolf Hommes relató la historia de una empresa estadounidense que donó a una universidad colombiana un laboratorio de tecnología metalmecánica de última generación. Se intentó fomentar una relación entre los profesores de ingeniería y empresarios locales, incluso con espacios de encuentro informales. Pero los docentes definitivamente no mostraron interés.

A partir de una visita posterior a centros tecnológicos en Italia, Hommes destacó cómo allá los gobiernos locales, universidades y empresas trabajan juntos para resolver retos industriales específicos. Equipos mixtos de doctores, ingenieros y técnicos desarrollan soluciones tecnológicas de alta sofisticación con base en demandas reales del sector productivo.

¿Qué impide que algo así funcione aquí? Hausmann mencionó los incentivos académicos mal diseñados. En Colombia, el prestigio de un profesor universitario se mide por la cantidad de papers publicados, no por su impacto en la economía real. La desconexión entre investigación y desarrollo es estructural. Este punto es crítico: si no revisamos los incentivos institucionales que privilegian la publicación sobre la innovación, seguiremos produciendo conocimiento que no transforma nada. Por aquí hay que empezar.

Inventar juntos, con reglas claras

Si se quiere fomentar la colaboración entre universidades y empresas, otro asunto esencial es la propiedad intelectual. En una experiencia fallida al respecto, pude entender que las empresas que participan en investigaciones conjuntas con universidades necesitan saber que pueden proteger sus resultados al menos durante un periodo prudente. Esto no es mezquindad: es lógica empresarial. Se necesita un marco normativo que permita compartir riesgos y beneficios, garantizar confidencialidad estratégica cuando sea necesaria, y dar claridad a ambas partes sobre cómo se manejarán los avances, los inventos o las mejoras que surjan en proyectos conjuntos. Sin esto, muchas alianzas nunca despegarán.

La dirección equivocada, como reacción a las realidades del mercado de la educación

Por otra parte, desde mi observación de las tendencias actuales, lamentablemente muchas universidades están reaccionando al descenso en matrículas y al aumento de la deserción con medidas que van en sentido contrario al que necesitamos para salir del estancamiento. Han reducido la duración de los programas, flexibilizado requisitos y disminuido exigencias, en el intento por atraer estudiantes. Es posible que sea la hora para establecer un pregrado básico, que gradúe ingenieros dirigidos a la ejecución en forma competente, pero que no tienen curiosidad científica; y otro pregrado más exigente, que prepare a los estudiantes para participar activamente en la construcción de soluciones a problemas reales, desde el pensamiento científico, la integración de saberes y el contacto con el sector productivo que pueda generar investigación aplicada y desarrollo de soluciones localizadas.

Parte de las innovaciones que requerimos no nacen en los centros de investigación, sino en el lugar donde las cosas fallan: en la planta, en la línea de producción, en la obra. Necesitamos formar personas capaces de ver, entender y transformar esas fallas en oportunidades.

Pensar fuera de la caja (y rediseñar la caja)

Edward de Bono decía que pensar fuera de la caja es la única forma de encontrar soluciones verdaderamente nuevas. En nuestro caso, además de pensar diferente, necesitamos rediseñar la caja: el sistema educativo, los incentivos académicos, la manera como vinculamos a la ingeniería con el desarrollo. Solo así podremos esperar resultados distintos. Porque si seguimos esperando innovación desde un sistema que pareciera haber sido diseñado para evitarla, el único progreso será el de nuestras frustraciones. Y estaremos destinados a seguir en el estancamiento perennemente.

(Todo el texto está escrito en términos generales; por supuesto, siempre hay destellos memorables de lo contrario: necesitamos multiplicarlos para que nos iluminen el camino que nos lleve a salir del estancamiento).

Rafael Fonseca Zarate

El apagón para 10 millones de personas

Escrito por Columnista en Abr 8, 2025. Publicado en Opinión.

La Contraloría General de la República nos alertó sobre un riesgo sistémico en el esquema de subsidios energéticos, donde el gobierno adeuda $2.8 billones a las comercializadoras de energía, lo que conlleva cortar el servicio eléctrico a 10 millones de colombianos en estratos 1,2 y 3, afectando especialmente a los más necesitados de áreas urbanas y zonas no interconectadas (ZNI) que dependen de plantas diésel y gas. Un gobierno “malapaga» no solo vulnera la sostenibilidad financiera del sistema – exponiendo al Estado a inminentes demandas por perjuicios e incumplimientos–, sino que también pone en peligro el mínimo vital energético como derecho humano fundamental, que garantiza condiciones básicas de dignidad, particularmente crítico para poblaciones en pobreza energética multidimensional.

La gravedad de la situación radica en que la deuda acumulada afectaría a 10 millones de colombianos (20% de la población), con mayor impacto en las regiones Caribe, Pacífico y próximamente Orinoquía, lo que ha obligado a los órganos de control (Contraloría y Procuraduría), a exigir al Ministerio de Minas y Energía gestionar con la cartera de Hacienda el desembolso urgente de estos recursos. La desidia gubernamental agrava la crisis estructural del sistema de subsidios, en la medida que se han superado todos los precedentes de morosidad al acumular más de 4 trimestres sin pagar (frente al máximo histórico de 2), evidenciando no solo incapacidad administrativa sino también falta de voluntad para establecer mecanismos de renegociación que mitiguen el impacto.

Esta situación configura un patrón recurrente de deudas acumuladas desde los años 90, pero que los anteriores gobiernos gestionaron adecuadamente, aunque pareciera que al actual mandatario le quedó difícil. También con al agravante que el esquema de intervenciones aplicada a empresas como A-ire (que atiende en promedio a 2 millones de usuarios vulnerables en el Caribe), representó una medida reactiva que no resuelve las fallas sistémicas.

Sin embargo, la cancelación de esta deuda, aunque necesario para evitar un apagón eléctrico inminente, no resuelve el problema de fondo, que se constituye en una paradoja alarmante: mientras el Estado falla en su obligación constitucional y legal de asegurar el mínimo vital energético, persisten fallas de focalización que desvían recursos a quienes no los necesitan, evidenciando la urgencia de migrar de un modelo asistencialista obsoleto con pobreza energética, a un modelo de transición energética justa (TEJ), con soluciones estructurales y la actualización del caduco esquema de estratificación, que no responde a las realidades del siglo XXI.

El debate de fondo trasciende los subsidios y se centra en migrar del asistencialismo a la inversión. Se trata de elegir entre perpetuar un modelo del siglo pasado, o avanzar hacia una TEJ que resuelva las causas estructurales de la Pobreza Energética Multidimensional (PEM) tal como lo viene sosteniendo retóricamente el actual gobierno. Y así mismo lo compartimos, Colombia requiere migrar urgentemente de subsidios mal focalizados (donde se beneficia a quienes no los necesitan) a un modelo de inversión territorial multifondos, combinando recursos públicos, privados y de cooperación internacional para desarrollar soluciones sostenibles con tecnología de punta, con generación distribuida renovable, eficiencia energética y reconversión laboral en zonas vulnerables.

Como se mencionó, los subsidios deben evolucionar de «gasto social asistencialista” a inversión territorial en clave de desarrollo humano, lo cual permitirá integrar a Colombia en las cadenas globales de valor sostenible con justicia energética, superando la paradoja actual donde el sistema mantiene a usuarios en situación de dependencia mientras malgasta las finanzas públicas. Esto exige abandonar el obsoleto sistema de estratificación por uno dinámico que mida la PEM en sus dimensiones educativas, laborales y ambientales.

Señor Presidente, el llamado urgente es claro: priorice una administración gerencial efectiva para evitar que Colombia sufra los apagones que ya vivieron Chile y Ecuador, pero esto solo será el primer paso de un proceso de cambio que debe continuar con un gran diálogo nacional entre el Estado, empresas y comunidades para construir colectivamente un nuevo modelo energético que supere el asistencialismo del siglo XX, donde la mitigación de la pobreza energética se logre mediante desarrollo humano territorial en el marco de un sistema eléctrico descentralizado. Esto implica avanzar hacia políticas integradoras con sostenibilidad ambiental, innovación tecnológica y justicia social con marcos regulatorios flexibles de cara al siglo XXI.

Por último, presidente, no olvide que la verdadera justicia energética no se mide en kilovatios subsidiados, sino en capacidad instalada para el desarrollo territorial. Es decir, que el gobierno haga de la utopía una realidad y no continuar en el mero discurso del realismo mágico al que nos tienen acostumbrados, y por favor! no deje apagar el país!

Luis Fernando Ulloa

Cuarta revolución industrial

Escrito por Simón Gaviria en Abr 8, 2025. Publicado en Opinión.

En la historia de la humanidad, cada revolución industrial ha marcado un punto de inflexión en la sociedad. La primera trajo la mecanización, la segunda impulsó la producción en masa, y la tercera dio paso a la digitalización. Hoy nos encontramos en la Cuarta Revolución Industrial, caracterizada por la automatización, la inteligencia artificial y la interconectividad. Para Colombia, esto no es solo es cuestión de innovación tecnológica, sino un tema fundamental para el desarrollo. Sin embargo, entre los escándalos y las urgencias del día a día, el país avanza poco en esta materia. Es imperativo que alguien en el gobierno se apersone, para que lo urgente no mate lo importante.

En América Latina, la adopción de tecnologías emergentes ha sido desigual. Mientras Chile y México avanzaron en infraestructura y regulación de la economía digital, en Colombia seguimos con debates atrasados sobre plataformas de transporte o el uso de datos. La inteligencia artificial y la automatización avanzan rápidamente, pero nuestras normas laborales y educativas aún reflejan modelos del siglo XX. El dilema es claro: si no aceleramos la adaptación de nuestro sistema educativo, la infraestructura tecnológica y las políticas de innovación, corremos el riesgo de quedarnos relegados.

Con un 60% de la población ocupada en sectores susceptibles a la automatización, la pregunta no es si la inteligencia artificial reemplazará trabajos, sino qué estamos haciendo para preparar a la fuerza laboral para cuando esto ocurra. La respuesta debe comenzar con la educación. Nuestro sistema sigue enfocado en la memorización, mientras el mundo demanda habilidades analíticas, pensamiento crítico y competencias digitales. No basta con ampliar el acceso a la educación superior, hay que reformarla para alinearla con las necesidades del mercado laboral del futuro.

En países como Estonia o Singapur, los niños aprenden programación desde la primaria. En Colombia, aún estamos debatiendo si incluir educación financiera en el currículo escolar. Mientras el mundo entrena a su fuerza laboral en inteligencia artificial, análisis de datos y blockchain, nosotros seguimos graduando estudiantes sin herramientas para competir globalmente.

La innovación tampoco puede prosperar sin un marco normativo adecuado: las startups tecnológicas enfrentan obstáculos burocráticos. Los emprendimientos basados en datos tienen que lidiar con regulaciones anticuadas. Si Colombia quiere atraer inversión en tecnología, el gobierno debe actuar como un facilitador, eliminando barreras y creando incentivos para la investigación y el desarrollo.

La Cuarta Revolución Industrial no es una tendencia del futuro, es una realidad del presente. Colombia tiene potencial, pero si no tomamos decisiones estratégicas ahora, el mundo seguirá sin nosotros. Puede que no estemos a la vanguardia de la innovación, pero sí debemos ser ágiles en adopción. La tecnología no es un enemigo del empleo ni una amenaza para la economía, sino una oportunidad para transformar el país. Necesitamos un cambio de mentalidad: educación de calidad, regulación moderna, y un Estado que impulse la innovación en lugar de frenarla. La verdadera pregunta no es si queremos adaptarnos, sino si estamos dispuestos a hacerlo a tiempo. El futuro ya llegó.

Simón Gaviria Muñoz

Un legado

Escrito por Almudena González Barreda en Abr 7, 2025. Publicado en Opinión.

En un mundo en que todo queda registrado en un teléfono celular, en una red social o en una nube etérea de datos codificados, toca volver a registrar ciertos momentos, los más valiosos. Ciertos saberes, los más cercanos a los principios, y aquellos valores con los que nos identificamos, en el corazón de las personas.

Primero a los más cercanos, los hijos, la pareja, los amigos y hermanos. ¿Y nuestros padres? A ellos no debemos cambiarlos pues ellos son quienes, con sus errores y aciertos, han labrado los nuestros. Ellos ya han labrado un legado.

Segundo, a los de alrededor y después, tal vez, a los que nos dirigen para que se den cuenta de que dentro del poder y sus esferas anida un mal que nos daña en lo más profundo: la ambición desmesurada.

Si hoy vivimos en democracias libres, si luchamos por la erradicación de la pobreza, por dar valor y cubrir de derechos a niños y a mujeres, si consideramos que la justicia social ha de ser norma y cuidar el planeta es de sentido común, pues es la casa prestada, pero vemos que esto se viste con excesos y arbitrariedad, con leyes injustas y arbitrarias que rompen la igualdad social y económica.

Si somos capaces de identificar el mal, hagamos lo contrario de lo que hacemos ahora y podremos identificar de una vez por todas el bien.

Y es ahí, en el bien, en el legado, donde se construyen mundos, ciudades, imperios civilizaciones… Y si hemos llegado hasta aquí ha sido por preservar ese legado de nuestros padres; el de la protección del catolicismo y del cristianismo, el del perdón de los errores propios y ajenos, y el de mirar al futuro con esperanza y humildad, sabiendo que se puede mejorar.

Y ahí yo me reconozco y mucho lo hacen. Aunque el mundo de hoy quiera hacer desaparecer, despreciar y cambiar precisamente esa semilla de bien que hizo a occidente tan grande.

Es el bien lo que une, lo común a todos y no a unos pocos. Al final del camino no quedarán ni datos, ni fotos, ni rastro de vídeos, ni siquiera amigos en tu red social. Si queda algo será el legado que hemos dejado registrado en el corazón de los otros. ¿Lo has pensado ya?

Almudena González