Etiqueta: Opinión

¡El gran desafío!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Abr 7, 2025. Publicado en Opinión.

Paradójicamente el “Día de la liberación”, como fue como catalogó el Presidente Donald Trump el 2 de abril fue la ocasión propicia para anunciar las más drásticas medidas de protección al mercado interno de los EEUU. Adujo que “ante la implacable guerra económica que enfrentamos, nuestro país ya no puede continuar con una política de rendición económica unilateral. En mi opinión este es uno de los días más importantes de la historia porque es nuestra declaración de independencia económica”. Y a su juicio ello atentaba contra la estabilidad económica, el empleo y la seguridad nacional, razón que esgrimió para la declaratoria de la Emergencia Nacional y amparado en esta echó mano de la Ley de poderes económicos (Ieepa), que inviste al Presidente de las facultades para expedir ordenes ejecutivas tendientes a conjurar los daños que ello podría infligirle a la Nación.

Procedió, entonces, el Presidente a expedir la orden ejecutiva mediante la cual procedió a gravar las importaciones a los EEUU con aranceles de un 10% como tarifa general y global, al tiempo que impuso otros denominados “recíprocos” o “equivalentes”, lo que en la práctica no es más que un arancel punitivo, aplicable a aquellos países con los que la balanza comercial es deficitaria o le han establecido barreras al acceso de sus exportaciones, destacándose entre ellos China y Vietnam, que han sido los países que han llevado la peor parte, con gravámenes del 54% y 46%, respectivamente. Según él, con ello se propone cerrar la brecha del desbalance comercial en su contra, la cual supera los US $1.3 billones!

Ha sido enfático el Presidente Trump al afirmar categóricamente que con esta ofensiva arancelaria, “empezamos a hacer a Estados Unidos rico de nuevo. Durante décadas nuestro país ha sido saqueado y violado. Hace 4 años no se oía hablar de nuestro país y sus contribuyentes han sido estafados durante más de 50 años, pero no va a suceder más”. Desde luego, es claro que las barreras arancelarias impuestas son un arma de doble filo, ya que, como lo establece la tercera Ley de Newton, toda acción da lugar a una reacción igual y en sentido opuesto, de tal suerte que esta confrontación de los EEUU con sus socios comerciales puede conducir a lo que dijo Gandhi de la ley del talión: “ojo por ojo y el mundo acabará ciego”.

Es claro que con este paso que ha dado el Presidente Trump este pateó el tablero y de contera está transgrediendo y violando los TLC suscritos, entre ellos el que firmó con Colombia, lo que le valdrá, muy seguramente denuncias ante una Organización Mundial de Libre Comercio (OMC), totalmente inoperante, por parte de los países afectados. Según Gabriel Ibarra, socio de la firma Ibarra Rimón, las demandas por violación a los tratados internacionales de comercio y la controversia que ello puede suscitar difícilmente prosperarán, dado que “el órgano de apelaciones (Ciadi) quedó bloqueado porque Estados Unidos ha impedido el nombramiento y reemplazo de los miembros del órgano en la medida en que se han ido venciendo los períodos”. De manera que esta vía está bloqueada.

Pero, ello no es óbice para que China y la Unión Europea, especialmente contemplen medidas retaliatorias en respuesta a la ofensiva proteccionista del Presidente Trump. China, además de establecer un arancel a las importaciones provenientes de los EEUU del 34% ha ordenado restringir sus exportaciones de minerales raros y críticos, como también sobre cinco metales críticos, como lo son el tungsteno, el telurio, bismuto, indio y molibdeno, esenciales para la y asumió además el control de las tierras raras, poniendo en aprietos a la industria tecnológica.

Por su parte Úrsula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, dejó en claro que “los aranceles universales anunciados por el Presidente Trump son un duro golpe a la economía mundial. Lamento profundamente esta opción”, el bloque de los europeos está “preparado para responder…Nos estamos preparando para más contramedidas, para proteger nuestros intereses y nuestros negocios si las negociaciones fracasan”. La tensión en sus relaciones con EEUU viene escalando y ahora con más veras y su esperada respuesta la exacerbará aún más.

A Colombia, no obstante que sólo la cobija la tarifa general de un arancel del 10%, según estudio de Corficolombiana sobre su impacto, en el Índice de vulnerabilidad comercial frente a EEUU, se ubica en el segundo lugar (54.5) después de México (66.7). Y no es para menos, ya que el 33.7% de sus exportaciones tiene a los EEUU como destino y el 26.8% de las importaciones provienen de la potencia del Norte.

No se puede perder de vista tampoco que el 27% de los insumos del aparato productivo de Colombia viene de los EEUU y ellos, muy seguramente se encarecerán tanto por cuenta de la devaluación del peso con respecto al dólar que se ve venir a consecuencias de la guerra arancelaria, sino porque los aranceles aplicados a las importaciones estadounidenses, además de desacelerar el crecimiento de su economía disparará de nuevo la inflación, con un alto riesgo que ello derive en una estanflación generalizada, afectando de paso la demanda por los productos exportados desde Colombia. De hecho, según el Banco J P Morgan Chase, la posibilidad del advenimiento de una recesión global pasó del 40% al 60% a consecuencia de los desvaríos de la agresiva política comercial de la administración Trump. Este es un gran desafío para Colombia!

Amylkar Acosta

El presunto negocio político del gobernador con el Área Metropolitana del Oriente Antioqueño

Escrito por Alejandro Toro en Abr 6, 2025. Publicado en Opinión.

La conformación del Área Metropolitana del Oriente Antioqueño no es solo un debate administrativo, sino una maniobra política disfrazada de planeación. La propuesta de integrar municipios como Rionegro, La Ceja, El Retiro, La Unión, El Carmen de Viboral, El Santuario, Guarne y San Vicente Ferrer bajo una única autoridad se presenta como una solución a problemas de movilidad, ordenamiento territorial y servicios públicos. Sin embargo, en la práctica parece responder a intereses particulares que buscan concentrar poder y recursos en unos pocos actores políticos y económicos, entre ellos el actual gobernador.

Ahora, esta no es una idea nueva. En 2019, cuando Andrés Julián Rendón era alcalde de Rionegro, ya había intentado imponer esta figura en alianza con la bancada uribista del Congreso y el entonces gobernador Luis Pérez. Desde entonces, el objetivo ha sido claro y persistente, convertir a Rionegro en un centro de poder regional, subordinando al resto del Oriente Antioqueño a una lógica centralista.

Se argumenta que esta integración optimizaría la asignación de recursos y mejoraría la planificación territorial. No obstante, a diferencia del Valle de Aburrá, donde la conurbación es evidente, los municipios del Oriente Antioqueño conservan dinámicas autónomas y realidades socioeconómicas diversas, por lo que forzar una estructura metropolitana artificial ignora estas diferencias y pone en riesgo la identidad y el desarrollo propio de cada municipio.

Además, esta figura metropolitana abriría una puerta de consecuencias a Municipios como Corconá y San Francisco quienes dependen de Rionegro para acceder a servicios básicos, desataría un conflicto para definir competencias y articular la gestión en el borde urbano-rural de los nueve municipios, tal como ocurre en el Valle de Aburrá con el AMVA y Corantioquia.

Sumado a lo anterior, el impacto fiscal de esta decisión tampoco ha sido discutido con suficiente transparencia, teniendo en cuenta que la creación del Área Metropolitana implicaría nuevas cargas tributarias, como la sobretasa ambiental, afectando a una población que no ha sido consultada de manera efectiva. A demás, la exclusión de Marinilla del proyecto demuestra la falta de consenso, incluso entre los municipios más cercanos y desarrollados.

Por otro lado, la autonomía municipal también está en juego, pues bajo dicha figura, decisiones clave sobre ordenamiento territorial, movilidad y planeación quedarían en manos de una entidad supramunicipal, reduciendo la capacidad de gestión de las administraciones locales y aunque Rionegro ha renunciado al derecho de veto, su peso demográfico y fiscal lo convertiría en la autoridad predominante, generando una relación desigual con los demás municipios.

Más allá de los argumentos técnicos, la integración metropolitana profundizaría las desigualdades territoriales en el Oriente Antioqueño, mientras Rionegro y La Ceja continuarían acaparando inversión en infraestructura y servicios, municipios como Argelia, Nariño y Granada seguirían rezagados, lidiando con la falta de desarrollo y las secuelas del conflicto armado.

La imposición de nuevos tributos metropolitanos encarecería el costo de vida en municipios con menor capacidad económica, dificultando el acceso a servicios básicos y frenando su crecimiento. A esto se suma el riesgo de subordinación de los municipios más pequeños a las decisiones de Rionegro, consolidando un modelo de gobernanza desigual que beneficiaría a unos pocos en detrimento del equilibrio regional.

El Oriente Antioqueño no necesita una integración forzada, sino una planificación territorial que respete sus particularidades y garantice un desarrollo equilibrado, es fundamental abrir un debate técnico serio, escuchar todas las voces y priorizar el bienestar de la ciudadanía sobre los intereses políticos y económicos de unos pocos. Esperamos que la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes analice esta propuesta con rigor y evite que la supuesta integración termine siendo una imposición perjudicial para la región.

Alejandro Toro

El nuevo (viejo) modelo económico de Trump

Escrito por Clara López Obregón en Abr 6, 2025. Publicado en Opinión.

La guerra arancelaria de Trump tiene elementos reminiscentes del estructuralismo latinoamericano que inspiró el anterior modelo de desarrollo aplicado en Colombia en los años sesenta y setenta, reemplazado sin beneficio de inventario en los noventa por el Consenso de Washington. Dicha teoría económica se centra en el “método” que parte de las características propias y sus antecedentes históricos y no de una construcción teorica abstracta a aplicarse a toda situación, independientemente de las circunstancias del lugar, las condiciones reales y la época bajo consideración. Tal vez por ello, economistas y dignatarios piensan que el presidente Trump se salió de quicio y que todo volverá a la normalidad del modelo de la globalización neoliberal. Esa posición no es realista.

Miremos la, hasta hace poco inconcebible, intervención del Estado en el mercado cambiario. Trump acaba de reeditar a Nixon cuando eliminó la convertibilidad del dólar al oro en 1971, lo cual acabó las reglas convenidas en Bretton Woods, después de la segunda guerra mundial. Al imponer enormes aranceles a sesenta países y uno básico del 10% al grueso de los demás, acaba “de facto” de abandonar el libre comercio, devaluar el dólar e iniciar un proceso de devaluación estilo “gota a gota” del dólar, como la ideada por Carlos Lleras Restrepo y Abdón Espinosa, en enfrentamiento con el FMI en 1968. Esta innovación le permitió a Colombia sobreaguar su crónico déficit de divisas, promover exportaciones y aminorar las peores consecuencias de las crisis cambiarias, fruto de los desfavorables términos de intercambio internacionales.

Los aranceles unilaterales de EE. UU. se aplican a los socios comerciales que mantienen un superávit comercial con Estados Unidos, pero excluyeron a México y Canadá, por la integración de las tres economías. El efecto será complejo al inicio. Trump espera y lo ha anunciado con desparpajo: la desintoxicación será dolorosa en el corto plazo, pero traerá beneficios de largo plazo a Estados Unidos. Los enormes superávit de Alemania, China, Corea y Japón con Estados Unidos son producto de exportaciones masivas que no compensan con importaciones. La queja de Trump es que los dólares con que pagan las exportaciones se atesoran, vía bonos del Tesoro estadounidenses, en las reservas de los bancos centrales impulsando el crecimiento ascendente de la deuda de Estados Unidos, hoy en el 62% del PIB y perjudicando su aparato productivo y el empleo.

Trump considera que la hegemonía del dólar se ha sostenido a costas del estadounidense de a pie, su votante. El lema de “América Primero” implica que ha llegado la hora para que sus socios comerciales, aliados y rivales por igual, asuman su parte, vendiendo los bonos del Tesoro acumulados para comprar armamento, insumos y bienes de consumo en Estados Unidos, así como invertir en fábricas e instalaciones productivas en su territorio y, de paso, presionar a la baja la tasa de interés sobre su abultada deuda. La reindustrialización dirigida estimulará la demanda por bienes y servicios estadounidenses necesaria para generar el empleo perdido y recuperar el “sueño americano”.

Vendrán las negociaciones con cada país, pues los aranceles draconianos permitirán sacarles ventajas, uno a uno. De ahí que la geopolítica basada en la diplomacia blanda se reemplace por la de las sanciones arancelarias que complementan las financieras a individuos y naciones. Solo el tiempo dirá si la apuesta con trazos cepalinos de Trump, combinada con el “gran garrote” en las negociaciones, dará los resultados esperados y permitirá, a la vez, un sistema internacional funcional.

Clara López Obregón

Petro le dio la espalda a los “nadies”

Escrito por Andrés Barrios en Abr 6, 2025. Publicado en Opinión.

Esta semana la capital del país volvió a ser epicentro de protestas por parte de la comunidad indígena que llegó desde diferentes lugares de Colombia. Más de 1.800 personas se trasladaron hasta Bogotá, recorriendo cientos de kilómetros, con el fin de visibilizar sus problemáticas y ser escuchados por el gobierno nacional.

Sin embargo, todo se tornó tenso cuando con vías de hecho generaron caos en el centro de la ciudad, bloquearon el transporte público y hasta desprendieron adoquines de las calles que fueron lanzados a la fuerza pública que evitaba los desmanes.

Y aunque lo sucedido no es justificable desde ningún punto de vista, y las comunidades indígenas luego ofrecieron disculpas, hay que decir que todo esto es consecuencia de la traición del presidente de la República.

Los indígenas buscaban ser escuchados, pero ¡oh sorpresa! Gustavo Petro no les dio ni la cara y se negó a recibirlos, pese a que acampaban bajo la lluvia y el frio en la Plaza de Bolívar, a pocos metros de la Casa de Nariño.

Es decir, los “nadies” que Petro tanto defendió en campaña fueron ignorados de forma vil y humillante. El mandatario no tuvo tiempo, ni voluntad y mucho menos decencia para oírlos.

No quiso atender a quienes lo ayudaron a elegirse, a quienes les prometió mejorar sus condiciones y a quienes durante años él ha movilizado por el país en su defensa. Con justa razón representantes de los Misak, los Nasa y los Quillasinga señalaron que no puede tener el bastón de mando en representación de las comunidades indígenas una persona que los dejó tirados y a la intemperie.

De hecho, el petrismo prácticamente dejó la situación en manos del Distrito, que tuvo que salir a sortear lo que estaba ocurriendo. Aunque finalmente se instaló una mesa de diálogo permanente con el gobierno, estas comunidades partieron con el sinsabor del desplante recibido.

Es lamentable que, por mucho tiempo, el presidente Petro haya posado como el adalid de los excluidos y el defensor de los menos favorecidos, cuando todos sabemos que no es así. Lo sucedido esta semana puso en evidencia quién es realmente, porque una cosa es el discurso y otra muy distinta es el ejercicio del poder.

Lo que hizo Petro es un acto de desprecio que le duele a estas comunidades, especialmente viniendo de un gobierno que se autodenominó “del cambio” y que prometió construir desde los territorios.

Además del desplante, también es grave la contradicción. Petro ha hablado incansablemente de justicia social, de reparación, de una “potencia mundial de la vida”. Al negarse a recibir a los pueblos indígenas, sentenció su propia narrativa, que pasó a ser cháchara. Petro marginó a quienes han sido actores fundamentales en sus banderas.

Andrés Barrios Bernal

Aviones de guerra en un país que clama por justicia social

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Abr 6, 2025. Publicado en Opinión.

En un país como Colombia, donde millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema, sin acceso digno a salud, educación, vivienda y oportunidades de empleo, la decisión de invertir sumas multimillonarias en la compra de aviones de guerra resulta, cuando menos, incomprensible y profundamente contradictoria. Esta decisión no solo desconoce las verdaderas urgencias del país, sino que también representa una visión militarista que parece estar alejada de las necesidades reales de las comunidades.

Mientras en la ruralidad y la periféria del país miles de niños estudian en escuelas sin techo, sin servicios básicos y con docentes mal remunerados, el Estado destina recursos astronómicos a la adquisición de maquinaria bélica. La salud pública está colapsada en muchos territorios, los hospitales carecen de insumos y personal, la población sigue muriendo por enfermedades prevenibles, y muchas familias apenas sobreviven en medio de la exclusión.

Una muestra clara de esta desproporción se evidencia al comparar el costo de los nuevos aviones de guerra, estimado en más de 1.900 millones de dólares, con la inversión prevista para atender la crisis social y humanitaria en el Catatumbo bajo la declaratoria de conmoción interior que asciende a 670 millones de dólares. La diferencia es abismal y refleja una visión de prioridades profundamente cuestionable.

La prioridad debería ser clara: invertir en la vida, no en la guerra. Las comunidades, especialmente las históricamente marginadas por el Estado, necesitan presencia institucional real, no aviones supersónicos que nunca sobrevolarán sus cielos con propósitos de ayuda humanitaria o desarrollo integral. Contentos deben estar con esta compra los militaristas de todos los colores, los que prefieren el ruido de las bombas a los sonidos de la naturaleza. Una hora de vuelo de uno de estos aviones costará aproximadamente ocho mil dólares, unos 32 millones de pesos.

El argumento de que la adquisición de aviones de guerra responde a la necesidad de garantizar la seguridad nacional es débil si se considera que las verdaderas amenazas para millones de colombianos están en el hambre, la falta de oportunidades y el abandono estatal. La seguridad humana, aquella que garantiza una vida digna, solo se logra con justicia social, educación de calidad, empleo digno y acceso a derechos fundamentales. La compra de dieciséis aviones de guerra y la negativa del congreso a las reformas inaplazables en materia rural, de salud y laboral, nos alejan del camino de la paz.

En un contexto de precariedad social, la compra de aviones militares, también erosiona la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Resulta indignante para cualquier colombiano ver que se gasta en armamento mientras en su comunidad no hay agua potable o una carretera en buen estado. Esta desconexión entre las decisiones de los gobernantes y las necesidades de la población solo profundiza la crisis de representación y alimenta el desencanto con la democracia.

La paz, el desarrollo y la equidad no se alcanzan a través del poder militar, sino mediante una inversión decidida en la gente. La compra de aviones de guerra es, en este contexto, no solo una mala decisión financiera, sino un agravio moral contra quienes esperan, desde hace décadas, que el Estado llegue con soluciones y no con explosivos. La sociedad colombiana debe modificar sus prioridades y reconocer que sin inversión social real y efectiva, alejada de la corrupción y el clientelismo, el sueño de la paz seguirá entrampado por el narcotráfico y la ilegalidad.

Luis Emil Sanabria D.

Urabá como departamento

Escrito por Pedro Baracutao en Abr 4, 2025. Publicado en Opinión.

“La mejor esquina de América”, como rezan los planes geopolíticos sobre Antioquia, no es el departamento como tal sino el territorio de Urabá, con la posibilidad de un puerto interoceánico. Esta esquina es una obsesión de las élites regionales para acrecentar sus arcas.

Los pueblos étnicos, el campesinado, el sindicalismo, los liderazgos sociales y ambientales es lo que menos le ha importado a la clase dirigente regional y nacional. Solo han visto al Urabá como una fuente de riqueza que no se ve reflejada en la región con inversión social.

En reciente Audiencia Pública para discutir la propuesta de Área Metropolitana para el Urabá, realizada el 20 de marzo (ya he realizado 9 en este territorio sobre diferentes temas), hice una pregunta: ¿qué tal si le planteamos al gobernador de Antioquia que deje que Urabá se convierta en departamento?

El Estado colombiano y sobre todo el departamento de Antioquia no puede solamente sacar las ganancias y utilidades de la región. De las 9 Audiencias donde tratamos temas de salud, paz total, vías terciarias, reforma rural integral y mujer rural, nunca ha salido un compromiso de la Gobernación de Antioquia. Solo tienen en la cabeza los puertos y las vías 4G, es decir, hacer del Urabá un segundo Buenaventura, con los mismos niveles de exclusión, pobreza, saqueo y falta de agua potable.

En esta última audiencia planteamos la necesidad de la Consulta Previa con los Consejos Comunitarios en lo que tiene que ver con Puerto Antioquia; también la necesidad de que la rentabilidad sea de carácter social y no solamente para el empresariado, mientras que Urabá carece todavía de agua potable, las vías terciarias sigan igual que hace medio siglo, y la región sigue sin un hospital de tercer nivel.

Esta propuesta de Urabá Departamento tuvo una respuesta negativa por parte del diputado por Antioquia Manuel García replicada en el medio La Chiva de Urabá (https://www.facebook.com/watch/?v=1290225485376805&rdid=qivFNX3wjcljjeaH). Se generó un debate con más de 400 comentarios, la mayoría a favor de la propuesta:

– “Que digan que hay que hacer desde la sociedad civil y arrancamos”.

– “Si Urabá se convierte en departamento gana Urabá y sus habitantes y pobladores, pierden los imperialistas del uribismo… que creen que el departamento de Antioquia es una de sus fincas…”

– “Haga una encuesta con la gente de a pie , pregunté si quieren o no a Urabá departamento”

– “Se ignora que durante más de 50 años Antioquia explotó a Urabá y solo hasta hace 10 años empezó un buen proyecto vial solo porque vio la oportunidad de hacer un puerto en estas tierras. De lo contrario aún tocaba andar por carreteras en pésimo estado mientras los recursos se repartían entre Medellín y el Valle de Aburrá. Gente sin memoria”.

– “…A Urabá la tienen olvidada, solo vienen por los votos. Todo es para el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás y a Urabá nada de nada…”

– “Urabá golpeado por los empresarios del país, en especial los de Medellín, han causado dolor en la zona despojando a los campesinos y a líderes sociales que trabajan por la región. Medellín sea hecho próspera a causa de esta región”.

– “Tiene los habitantes, la extensión, los recursos, queda en veremos si los políticos de la región tienen las capacidades de administrar los recursos, desde el punto de moral, honestidad y responsabilidad con el pueblo”.

– “Debemos tener cuidado de que Urabá no sea la nueva Buenaventura, con puerto y olvidada y llena de problemas”.

– “Excelente propuesta. En el eje bananero el gobierno lleva todo, pero nosotros los villanos, los 4 municipios del norte, nos llegan migajas, no estamos contentos, no tenemos vías terciarias en buenas condiciones, la infraestructura en los colegios es pésima, ¿cómo puede un niño aprender en un aula donde literalmente se moja y donde en algunos colegios no hay aulas y toca dar clases al aire libre? Es una tristeza, la vía nacional que pasa por Necoclí para San Juan no sirve…”

Finalmente, la discusión queda abierta y la ciudadanía tiene una postura clara frente a la necesaria inversión social en la región: “y el gobernador no hace sino pelear con el presidente, y ni invierte por sus tontas peleas, mientras tanto nosotros, los de la prole, somos los que sufrimos”.

Pedro Baracutao

¿Cuál será la agenda del 2026 y el papel de las mujeres?

Escrito por Marcela Clavijo en Abr 3, 2025. Publicado en Opinión.

Los estudios y pronósticos para el 2026 señalan que será el tiempo de las mujeres. Evidentemente, la Ley 1475 impulsó y fortaleció la participación política de las mujeres. Sin embargo, la realidad política femenina sigue siendo difícil, especialmente en el ámbito electoral. La participación y el liderazgo de las mujeres en la política y en la vida pública en condiciones de igualdad son fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) antes de 2030. No obstante, los datos muestran que la representación femenina sigue siendo insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones a nivel mundial. Por lo tanto, la paridad de género en la política aún está lejos de lograrse.

Al 1 de enero de 2025, hay 25 países donde 28 mujeres ocupan cargos como Jefas de Estado y/o de Gobierno. A este ritmo, la igualdad de género en las esferas de decisión más altas no se alcanzará en los próximos 130 años. Solo 18 países están liderados por una Jefa de Estado.

Datos recopilados por primera vez por ONU Mujeres muestran que solo hay nueve países donde las mujeres ocupan el 50% o más de los cargos ministeriales de gabinete, desempeñándose principalmente en áreas tradicionalmente vinculadas al rol femenino: Mujer e Igualdad de Género, Familia e Infancia, Inclusión Social y Desarrollo, Protección Social y Seguridad Social, y Cultura.

Actualmente, el 27,2% de los escaños parlamentarios nacionales están ocupados por mujeres, cifra que ha aumentado desde el 1% registrado en 1995. Solo seis países han alcanzado o superado el 50% de representación femenina en parlamentos unicamerales o cámaras bajas: Ruanda (64%), Cuba (56%), Nicaragua (55%), Andorra (50%), México (50%) y Emiratos Árabes Unidos (50%). Otros 21 países han alcanzado o superado el 40%, incluyendo nueve en Europa, seis en América Latina y el Caribe, cinco en África y uno en Asia-Pacífico.

Sin embargo, en 21 países las mujeres ocupan menos del 10% de los escaños en cámaras bajas o parlamentos unicamerales, e incluso hay tres cámaras bajas sin representación femenina. Al ritmo actual, la paridad de género en los cuerpos legislativos nacionales no se logrará antes de 2063.

En América Latina y el Caribe, las mujeres ocupan el 36% de los escaños parlamentarios, mientras que en Europa y América del Norte constituyen el 33%. En África Subsahariana, el 27%; en Asia Oriental y Sudoriental, el 23,5%; en Oceanía, el 20%; en África Septentrional y Asia Occidental, el 19%; y en Asia Central y Meridional, el 17,5%.

Factores que inciden en la baja participación femenina:

Misoginia y machismo: El patriarcado se exacerba cuando las mujeres intentan ocupar espacios tradicionalmente masculinos, especialmente en la toma de decisiones políticas.
Carga de cuidado: Mientras la responsabilidad del cuidado recaiga exclusivamente en las mujeres, los hombres tendrán más ventajas para dedicarse a la carrera política.
Desafíos post-electorales: Las coyunturas relacionadas con los gastos de campaña, como el aplicativo “Cuentas Claras” y la reposición de votos, afectan la continuidad de las mujeres en política.

Estos factores son fundamentales para comprender el ejercicio político femenino, ya que determinan si las mujeres que se postulan a cargos de elección popular logran sus objetivos o desisten de continuar. El cronograma político también es clave en este contexto; las mujeres que aspiren a cargos deben proyectar y planificar sus acciones de campaña con antelación. Además, es vital contar con una red de apoyo sólida, donde los hombres asuman roles de cuidado con empatía y corresponsabilidad.

Es posible que en los países donde se observan avances significativos haya un cambio en las relaciones de pareja, con una distribución más equitativa de las responsabilidades de cuidado. Esta transformación contribuye a que más mujeres se involucren en política.

Con la llegada de los Concejos de Juventud y el inicio de un nuevo período electoral, es deseable que muchas mujeres ocupen las nuevas curules y aprovechen los avances hacia la paridad. Además, es fundamental que estas mujeres estén comprometidas con agendas contemporáneas para cumplir los ODS, especialmente desde un enfoque de género. Así se garantizará para las mujeres una vida libre de violencia, con el pleno ejercicio de sus derechos en el país que merecen.

El cambio empieza por ti, por mí y por todxs.

Marcela Clavijo

Elkana es colombiano

Escrito por León Ferreira en Abr 3, 2025. Publicado en Opinión.

Elkana Bohbot es un colomboisraelí de 36 años, cuya esposa Rebecca González y su pequeño hijo son también colombianos. Elkana tiene una heladería en Tel Aviv, capital política de Israel, fue contratado para vender helados durante un festival musical que se celebraría el 07 de octubre de 2023 en Reim al sureste de Israel. Ese día allí, el Grupo terrorista Hamas llevó a cabo un acto demencial, fueron asesinadas 1.200 personas y secuestradas 251. Elkana fue uno de los secuestrados, pudo haber huido, se quedó para atender a las personas heridas, desde entonces ha permanecido durante más de 540 días secuestrado en poder los terroristas de Hamas.

De las 251 personas inicialmente secuestradas, muchas han sido asesinadas, como los infantes Bibas, y algunos cadáveres han sido entregados a las autoridades de Israel, no obstante, aún hay 58 personas secuestradas, entre las cuales se estima que, hay 35 asesinadas y 23 sobrevivientes, justamente, Elkana Bohbot es uno de los sobrevivientes que ha sido instrumentalizado en dos oportunidades mediante videos de supervivencia. Elkana narra con dolor y tristeza las paupérrimas condiciones de su secuestro, exige el apoyo del gran Sindicato israelí Histadrut Labor Federation en el cual ha permanecido durante 15 años, reclama al Gobierno Israelí el fin de la guerra y su liberación, así como su derecho de regresar al seno de su hogar junto a su esposa y a su hijito, próximo a cumplir cinco años de edad.

El grupo terrorista Hamas, ha presionado la entrega de secuestrados a cambio de la liberación de subversivos detenidos por las autoridades de Israel, no obstante, Hamas deshonró su palabra, realizó actos publicitarios consistentes en la tétrica entrega de cadáveres en medio de un cruel espectáculo militar con tintes de carnicería; por otro lado, también se camuflan en Gaza entre mujeres, ancianos y niños como si fuesen realmente víctimas de Israel. Lo que los terroristas de Hamas hacen al pueblo de Israel no tiene justificación alguna, ejercen presión sobre la sociedad civil israelí para que salgan a las calles a marchar contra las medidas de bélicas adoptadas por el Presidente Benjamín Netanyahu, cuando el derecho a la defensa de Israel contra Hamas es legítimo, así como a buscar justicia por la barbarie por éstos cometida.

Elkana es doblemente víctima de Hamas, como secuestrado aislado de su familia y, ahora como instrumento de presión sobre Israel, atribuyendo la suerte del secuestrado al Gobierno de Israel, lo cual es paradójico, porque Elkana es también colombiano ¿Qué hace el Gobierno colombiano por su liberación? Poco o poquísimo; no lo trata como un connacional. No en vano, el Gobierno colombiano no mantiene relaciones diplomáticas con Israel, y ha anunciado que, mientras Netanyahu esté en el poder no reestablecerá relaciones binacionales. La intención del Gobierno Colombiano es la de abrir un consulado colombiano en Gaza para atender palestinos, seguramente a los de Hamas también. La permanencia de Netanyahu en el poder se los impide. De hecho, Jerusalén en los documentos oficiales de la Cancillería colombiana es oficialmente nombrada en idioma árabe. Probablemente, los terroristas de Hamas lleguen a Colombia bajo la condición de refugiados tras ayuda humanitaria, hasta gestores de paz los hagan. Todo es posible en la mente delirante de quien malgobierna el País.

Al Gobierno colombiano de turno, le resultan más importantes los gazatíes y de contera los terroristas de Hamas. Si Elkana fuere palestino, el Gobierno Colombiano ya hubiese enviado aviones y acudido para ante la Corte Penal Internacional para denunciar su secuestro. Lamentablemente, la lupa del Gobierno Colombiano sólo mira para un lado, no le interesa la suerte de los colomboisraelíes; está más preocupado por gobernar para el universo revolucionario que para el pueblo colombiano que lo eligió. Sus correvolucionarios del terrorista ELN le recomendaron “(…) ir al psiquiatra y se eche una revisadita porque va muy en contravía por lo que (sic) fue elegido (…)”. Sin comentarios.

León SandovalFerreira

Estancados, sin ingeniería que genere desarrollo tecnológico (1)

Escrito por Rafael Fonseca en Abr 2, 2025. Publicado en Opinión.

En Colombia se nos ha vuelto costumbre repetir una afirmación indulgente: que hemos avanzado en muchas dimensiones del desarrollo humano, pero algo subyacente —corrupción, malas instituciones, falta de liderazgo— nos impide despegar. La versión tecnocrática de este mito sostiene que, en medio del estancamiento general, la ingeniería es como una isla brillante en medio de un país rezagado.

Pero si se observa con más rigor, esa narrativa se cae. En una reciente charla (en Políticas Públicas), el profesor Ricardo Hausmann —exministro venezolano, economista jefe del BID y hoy director del Growth Lab de Harvard— desnudó la razón por la que América Latina sigue estancada: una creciente brecha tecnológica, alimentada por un sistema universitario centrado en la docencia y unas empresas que no encuentran por qué innovar. En el corazón de esa brecha, una ingeniería desconectada del desarrollo productivo.

Todo parece mejorar, menos el ingreso

Hausmann parte de una pregunta clásica: ¿por qué América Latina no converge en ingreso con los países desarrollados? En Colombia, el ingreso per cápita ronda apenas el 10% del estadounidense, sin tendencia al alza. Y explica que tres factores determinan el ingreso: cuántas personas trabajan, cuánto capital tienen, cuánta tecnología usan. Los dos primeros han mejorado: ha aumentado el número de trabajadores per cápita, la participación laboral femenina, y los años de escolaridad de la fuerza laboral. También la inversión en capital se ha sostenido. En cambio, el ingreso no ha subido en la misma proporción. “Todo converge menos el ingreso per cápita. Entonces tiene que ser que la tecnología está divergiendo”, deduce el profesor en su análisis. Peor aún, Colombia no solo no absorbe la tecnología al ritmo global, sino que no participa en su producción. Lo que nos condena no solo al atraso, sino a la dependencia creciente. Y si no innovamos, no exportamos. Si no exportamos más cosas, no crecemos.

Cifras que desmienten el discurso optimista

Hausmann usa la interesante comparación de todos los indicadores frente a Estados Unidos (tomado como referencia del 100%). Así se ven grupos de brechas: unas que ya empiezan a cerrarse, otras que están en el cambio de tendencia, y otras que no muestran cambio.

Esperanza de vida: 85%.
Urbanización: 80%.
Tasa de fertilidad: ya similar a la de EE.UU.
Participación femenina: llegó a estar por encima del 100% pre-pandemia.
Escolaridad en la fuerza laboral: 70%.
Matrícula universitaria: también 70%.

Pero al pasar de la educación al conocimiento aplicado, el rezago se hace abismal:

Publicaciones científicas per cápita: apenas 15%, y muchas en áreas no tecnológicas sino en medicina, humanidades o ciencias sociales.
Patentes per cápita: menos del 1%.
Nuevas exportaciones en 15 años: solo 1% del total, frente al 37% de Vietnam (ejemplo importante).
Índice de complejidad económica: Colombia retrocede del puesto 59 al 66 mientras que Vietnam sube del 107 al 61.

En otras palabras, formamos más universitarios, pero no generamos conocimiento productivo. Y la causa no es falta de gasto, sino un sistema mal diseñado.

Universidades pobres, empresas desconfiadas

Las universidades están enfocadas casi exclusivamente en docencia. No necesariamente por falta de visión, sino por falta de ingresos: las matrículas son bajas porque los estudiantes pueden pagar poco. Eso limita la contratación de investigadores, la creación de centros tecnológicos y la articulación con empresas. Como señala Hausmann, algunas universidades ni siquiera tienen mecanismos para recibir donaciones o ejecutar proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D). Contratan docentes, no investigadores. Se enseña, pero no se innova.

Del otro lado, las empresas colombianas no invierten en investigación, no necesariamente por miopía, sino porque —como dice Hausmann— no perciben que exista esa ‘caja negra’ confiable que transforme inversión en soluciones tecnológicas. Y solo un tonto pone dinero en una caja que no devuelve nada, advierte.

El resultado: un mal equilibrio. Empresas que no invierten porque no ven cómo monetizar inversiones en I+D. Universidades que no investigan porque no tienen recursos para investigar en I+D aplicado para quienes pueden monetizar sus resultados. Y en el meollo de todo esto, una ingeniería que no conecta el conocimiento con la productividad.

La falsa competitividad de nuestra ingeniería

Muchos en el medio creen que, aunque el país no avanza, la ingeniería colombiana sí es competitiva. Pero la evidencia — e incluso varios testimonios en el mismo conversatorio— apuntan en dirección contraria. Muchos de los ingenieros más brillantes acaban migrando a otros países, o a otras disciplinas, como si la ingeniería local no ofreciera espacio para actuar. La idea de que “el país está mal, pero nosotros somos buenos ingenieros” no resiste análisis puesto que el lamentable estado de desarrollo en que se encuentra el país está directamente relacionado con los resultados de una ingeniería que no innova y no produce desarrollo tecnológico como sí debiera.

Sin innovación, solo nos queda importar

Hausmann lo resume con una frase potente: “Tecnología es el conocimiento que usamos para cambiar el mundo de cómo es, a cómo queremos que sea”. Colombia, hoy, no produce ese conocimiento, le toca importarlo, en general no lo adapta, y ni siquiera lo absorbe bien. Sin investigación en ingeniería aplicada, sin articulación universidad-empresa, sin apuestas tecnológicas, seguiremos dependiendo de importar soluciones, software, maquinaria, y respuestas.

Si no reconocemos que nuestro atraso tecnológico es profundo, que la ingeniería necesita recuperar su vocación científica tanto en la universidad como en su aplicación generando conocimiento a partir de problemas reales, y que sin un sistema de innovación serio que produzca avances tecnológicos, Colombia seguirá en la senda de un país educado pero pobre, moderno pero ineficaz, tecnificado pero irrelevante.

Rafael Fonseca Zarate

La existencia de la comunidad trans: dignidad y justicia

Escrito por Quena Ribadeinera en Abr 1, 2025. Publicado en Opinión.

Hoy, en el Día de la Visibilidad Trans, alzamos la voz para recordar que las personas trans existen, resisten y merecen vivir con dignidad. La escritora trans argentina Camila Sosa Villada, en su poderoso libro Las malas, dice: «Las travestis no tenemos infancia, tenemos cicatrices». Esa frase resuena profundamente en Bogotá, donde la lucha diaria por el derecho a existir sigue marcada por la exclusión y la violencia.

En ese contexto, no podemos olvidar la importancia de la autonomía económica como fuente de vida. El trabajo no es solo una fuente de ingresos, es también un pilar fundamental de la libertad personal y la dignidad humana. Tener acceso a un empleo digno permite a las personas construir proyectos de vida, participar activamente en la sociedad y reivindicar su identidad en espacios donde históricamente han sido excluidas. Para la población trans, esta realidad adquiere una dimensión aún más profunda, pues el acceso al trabajo significa mucho más que una remuneración: es la posibilidad de romper con la precariedad y el abandono, de transformar el estigma en oportunidades concretas y de reafirmar el derecho a existir con plenitud y justicia. Sin trabajo digno, no hay inclusión real.

A pesar de los discursos oficiales que enarbolan la bandera de la diversidad, la discriminación laboral continúa siendo una constante en la vida de quienes se identifican como trans. Según el informe de econometría de 2010, la discriminación en el acceso laboral afecta especialmente a las personas transgénero, alcanzando un alarmante 92,4%, muy por encima de otros grupos de la comunidad LGBTIQ+. Esta situación de vulneración del derecho al trabajo contrasta con los principios constitucionales de igualdad y dignidad humana. Apenas el 5,3% de esta población ha firmado un contrato laboral formal, siendo el Estado el principal empleador. Esto revela la falta de oportunidades reales en el sector privado, perpetuando la exclusión social y económica.

Esta situación ha llevado a que gran parte de la población transgénero se vea obligada a desempeñarse en el sector informal o en trabajos de baja remuneración, como la estética, la peluquería y el trabajo sexual. La Línea Base de la Política Pública LGBTI de Bogotá 2022-2032 muestra que el 69,1% de las mujeres trans y el 50% de los hombres trans tienen el servicio sexual como su principal actividad profesional. A ello se suma el escaso nivel educativo, ya que solo el 7,89% de las mujeres trans acceden a la universidad, frente al 14,29% de los hombres trans. La discriminación interseccional que enfrentan agudiza las barreras para acceder a empleos dignos y estables.

Aunque el Ministerio de Justicia ha reiterado que la exclusión laboral por orientación sexual o identidad de género es inaceptable, la realidad muestra que esta protección jurídica está lejos de garantizar un acceso igualitario. Las expresiones humillantes, las amenazas de despido injustificado y la exposición pública de la intimidad son tres veces más frecuentes en personas trans que en personas heterosexuales, lo que refuerza el temor y la inseguridad en los ambientes laborales.

Bogotá debe asumir el liderazgo en la transformación de esta realidad. No basta con enarbolar la bandera de la inclusión: es urgente que el Distrito garantice el acceso a trabajos dignos a través de políticas públicas efectivas y planes específicos que aseguren empleabilidad y formación para la población trans. Es fundamental priorizar una estrategia integral que permita el acceso a ingresos seguros, en condiciones de equidad y dignidad humana, fomentando la contratación en instituciones públicas y promoviendo incentivos para que el sector privado también haga parte del cambio.

La visibilidad trans no puede limitarse a un solo día de conmemoración. Debe reflejarse en políticas activas, en oportunidades laborales reales y en el compromiso continuo de garantizar la dignidad de todas las personas, sin excepción. Bogotá tiene en sus manos la responsabilidad histórica de construir una ciudad verdaderamente incluyente. Hoy más que nunca, exigimos justicia, equidad y trabajo digno para la población trans.

Por eso, desde el Concejo de Bogotá vamos a presentar una iniciativa sobre la inclusión socio-laboral trans, con la convicción de que el Distrito debe liderar el cambio hacia una ciudad más justa y diversa. Este acuerdo buscará garantizar la inclusión laboral de personas trans en igualdad de condiciones, fijando un porcentaje no inferior al 1% en la contratación de prestación de servicios en entidades distritales, facilitando su participación en concursos públicos de mérito, su inclusión en plantas provisionales y su nombramiento en cargos de libre nombramiento y remoción. Además, incentivará la contratación en el sector privado y creará el ‘Sello de Inclusión Trans’ para reconocer a quienes promuevan esta inclusión de manera efectiva. También contempla estrategias de formación, acompañamiento psicosocial y fortalecimiento de ambientes laborales inclusivos en el sector público y privado.

Quena Ribadeneira

Riesgo en Hacienda

Escrito por Simón Gaviria en Abr 1, 2025. Publicado en Opinión.

El gobierno ha sido definido por la incertidumbre regulatoria, la inversión más baja en una generación, la fuga de capitales y un pésimo recaudo tributario. Aunque los rumores sobre el eminente comunismo del gobierno Gustavo Petro no se materializaron, pero temor sobre su populismo sigue vigente. Los temores de campaña contrastaron con la prudencia de los Min Hacienda hasta hoy, se asumía que la robustez de las instituciones colombianas frenaría cualquier arranque populista. Ahora todo cambia con la llegada de German Ávila, ex militante del M-19, donde la preocupación de los mercados llega a su máxima expresión. Su falta de credenciales en el ámbito económico, sumada a la debilidad política del gobierno, abre la puerta al populismo fiscal, un león herido muerde.

La magnitud del deterioro en finanzas públicas no se justifica en el actual contexto de crecimiento modesto. Sirve mucho el café a cuatro dólares la libra y el oro pasando los US$3.000 la onza para disfrazar el riesgo fiscal que vivimos. Fue tal el desastre de la DIAN en recaudo que, a pesar de un recorte de $28 billones, el gobierno tuvo que recurrir a la cláusula excepcional de la regla fiscal para justificar un déficit adicional de $18 billones. En otras palabras, incluso con un ajuste de $46 billones, los problemas financieros persisten en 2025.

Es muy probable que antes de julio perdamos acceso al programa de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Igualmente, probable es que Moody’s le quite la última calificación de grado de inversión que le queda a Colombia, como ya lo hizo en mayo con la deuda de Ecopetrol. La brecha entre ingresos y gastos prevista en el presupuesto es de $32 billones, pero se debe, por lo menos, a $25 billones de deudas del año pasado que no se pagaron. Esta pérdida de confianza encarecería aún más el servicio de la deuda, que ya se proyectaba en alza de $94.5 a $112.6 billones. Frente a la negativa del Congreso ante un incremento de impuestos, debió haber ocurrido un ajuste, pero este no se dio. Sin caja suficiente para compromisos, silenciosamente se viene aplazando pagos de gasto no financiero. Ahora comienzo un proceso de reprogramar pagos a obras de infraestructura, otro ejercicio costoso.

La salida de Diego Guevara del Min hacienda es grave porque implica la negación a la magnitud del problema, la responsabilidad fiscal fue castigada por ser neoliberal. Las fórmulas que suenan atractivas en la izquierda, como renegociar la deuda o pagar por conservación ambiental, no son soluciones reales. Claro, a parte de la regla fiscal existe un segundo freno que es el mercado de capitales. Si los inversionistas dejan de prestarle a Colombia, el presupuesto se volverá simbólico, pues no habrá caja para ejecutarlo. Nadie lo dice abiertamente, pero romper la regla fiscal este año, podría llevarnos a un dólar por encima de los 5.000 pesos.

James Carville decía que, si pudiera reencarnar en cualquier persona, elegiría ser el mercado de capitales para así intimidar a cualquiera. El gobierno Petro todavía no ha enfrentado un mercado hostil. Las presiones por ganar las elecciones sin duda son malas consejeras. Por ahora, es mejor que el ministro Ávila vaya desempolvando el inglés porque le va a tocar pasar mucho tiempo entre Washington y Nueva York.

Simón Gaviria Muñoz

Jueces, ¿qué pasó con la banda los Rolex?

Escrito por Columnista en Abr 1, 2025. Publicado en Opinión.

Mientras las bandas transnacionales del hampa relojera, como los denominados ROLEXEROS, operan con impunidad en las calles de Colombia, robando, extorsionando y lavando dinero a escala global, el sistema judicial insiste en tratarlas como simples delincuentes de poca monta. Los números no mienten: el 90% de los capturados por robo de relojes de lujo como los ROLEX, cuyos precios oscilan entre 30 y 300 millones de pesos –un negocio que mueve millones de dólares— son liberados en cuestión de días, gracias a jueces que, en su afán garantista, parecen vivir en una realidad paralela, ajena a la inseguridad que ahoga al país.

Es inconcebible que, el nuevo rostro del crimen organizado con estructuras criminales, con conexiones internacionales, abogados especializados en vacíos legales y logística para evadir la justicia, son procesados por jueces que siguen aplicando criterios ineficaces como la «peligrosidad aparente» o el «riesgo de fuga». ¿Acaso no es peligroso un delincuente que forma parte de una red que trafica relojes robados hacia Dubái, Moscú o Hong Kong?, ¿No es acaso un riesgo inminente que, una vez libre, este mismo criminal regrese a las calles a reincidir, como lo hace el 70% de estos bandidos?.

La respuesta salta a la vista: el sistema judicial está fallando. Y lo hace no por falta de leyes, sino por una interpretación miope, casi ingenua, de la realidad. Mientras se exige el máximo deber a la escasa Policía Nacional para que cumpla el deber de capturar a estos delincuentes, los jueces, desde la comodidad de sus despachos, los dejan libres con la parsimonia de quien firma un documento rutinario.

Cada «Rolexero» liberado es un mensaje muy claro de impunidad para el crimen organizado en Colombia, y es que las cifras son estremecedoras, solo 1 de cada 20 casos termina en condena, el 85% de los relojes robados desaparecen para siempre en mercados negros internacionales, y las bandas operan con la certeza de que, incluso si son aprehendidas, en pocos días retornarán armados a delinquir. Pero ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que jueces, anclados en formalismos decimonónicos, subestimen la gravedad de un crimen que ya no es local, sino transnacional?, ¿Hasta cuándo la Rama Judicial ignorará el clamor de una sociedad harta de ver cómo la impunidad se convierte en la norma?.

La preocupación señores jueces es que estamos ad portas de las elecciones nacionales y, refrescando un poco de historia, así empezó El Salvador, cuando el pueblo llegó a su límite por la crisis de impunidad pandillera – solo el 20% confiaba en el sistema – es allí cuando emergió la figura de Nayib Bukele con la propuesta de su mega cárcel “CECOT” (Centro de Confinamiento del Terrorismo), precisamente como respuesta a un sistema judicial percibido como blando y corrupto. Colombia no está lejos de ese escenario. Si los jueces no rectifican, si insisten en priorizar tecnicismos sobre seguridad nacional, serán ustedes mismos los juzgados en las urnas, porque la ciudadanía puede apoyar medidas radicales, aunque generen miles de controversias.

El mensaje no puede ser más claro: la justicia debe modernizarse y asumir su rol constitucional como garante de la seguridad y el orden. Porque advertida está la Rama Judicial que de no rectificar e incursionar por la senda de la auto corrección, serán motivo de confrontación política en el debate electoral que se avecina. También advertidos está los jueces, que de no comportarse como jueces constitucionales (constitución política) y sigan comportándose como jueces atildados, exégetas y petimetres, el pueblo los cambiará en las urnas. Deben ver el bosque completo de las problemáticas de la sociedad y no el árbol simple del inciso y el artículo. Como reza el adagio: «Quien no esté invitado al banquete como comensal, será parte del plato en la mesa».

Luis Fernando Ulloa

No más niños y jóvenes esclavos de las drogas

Escrito por Andrés Barrios en Mar 30, 2025. Publicado en Opinión.

5.101 casos de consumo de sustancias psicoactivas se registraron en tan solo nueve meses en colegios distritales y privados de Bogotá. Esta alarmante cifra fue reportada por la Secretaría de Educación y comprende el periodo enero-septiembre de 2024.

El tema del consumo de drogas en menores de edad es algo serio y no podemos seguir impávidos ante esta realidad que carcome silenciosamente en las aulas de clase y entornos escolares. Bogotá necesita prevenir y enseñar sobre los riesgos de las sustancias psicoactivas. Dependencia, depresión y alteraciones al sistema nervioso son solo algunas de las consecuencias; sin contar con que este flagelo afecta también el ámbito personal, familiar y social de quien cae en este veneno.

Las sustancias psicoactivas están siendo adquiridas de forma fácil por parte de niños, niñas y adolescentes, al punto que el año pasado encontramos más de 185 casos de consumidores con edades entre los cinco y los diez años. Si bien los padres de familia son los responsables de sus hijos, el Distrito debe esforzarse por garantizar espacios seguros para ellos y cumplir con los entornos inspiradores que se prometieron.

La anterior radiografía, se debe, en parte, a la flexibilidad con los jíbaros y consumidores. Hay que admitirlo, en Bogotá no se quiso reglamentar mediante decreto las zonas prohibidas para consumir, pero tampoco se está aplicando el Decreto Distrital 825 de 2019 que establece entornos escolares, parques, transporte público, entre otros sitios, como no aptos para el consumo. Aquí debe existir voluntad por parte de las autoridades para que esto se cumpla.

La falta de control sobre el consumo y la comercialización de drogas en espacios públicos no solo impacta a los estudiantes, sino a toda la comunidad. Del decreto en mención, durante el año 2024, se impusieron 22.896 comparendos por consumo, porte, distribución y comercialización de sustancias psicoactivas en las inmediaciones de instituciones educativas, centros deportivos y parques. Esto es menos de la mitad de los comparendos impuestos en 2023 (58.783) según el Registro Nacional de Medidas Correctivas. Esta reducción no significa que la problemática haya mermado, sino que no ha habido voluntad para tomar estas medidas. Según la misma Encuesta de Percepción Ciudadana de Bogotá Cómo Vamos 2024, el 31,1% de los encuestados consideró que la drogadicción era la problemática más grave en relación a la seguridad que se presentaba en su barrio.

La marihuana, el alcohol, los vapeadores, el tabaco, los inhalantes o disolventes, la cocaína, mezclas y éxtasis son las sustancias psicoactivas que más están consumiendo los menores de edad y la tendencia es al alza. El año pasado, el género masculino presentó mayores índices de consumo en instituciones educativas, con 3.086 casos; mientras que las mujeres registraron 2.015 casos.

Preocupa que jóvenes con edades entre 14, 15 y 16 años sean los más expuestos por diversas razones: presión de grupo, experimentación, refugio de problemas o placer.

Lo cierto es que no podemos permitir que más niños y jóvenes se conviertan en esclavos de las drogas. Bogotá tiene cerca de 700 mil estudiantes en 412 colegios y 752 sedes, por lo tanto, no es justificable que las jornadas de prevención al consumo realizadas el año pasado por parte del Distrito únicamente fueran para cinco mil personas, incluso dejando por fuera localidades como Chapinero, Barrios Unidos y La Candelaria.

El asunto también tiene que ser de voluntad y de no quedarse de brazos cruzados. Recientemente, como iniciativa en mi calidad de concejal y ante este panorama tan desalentador, lideré la Semana de Prevención al Consumo de Drogas. Llegamos a estudiantes de bachillerato de la localidad de Los Mártires, a jóvenes universitarios de localidades como Bosa, Suba, Kennedy y Barrios Unidos, con charlas de expertos y deportistas sobre prevención.

Muchos de estos jóvenes nos manifestaron la necesidad de que este tipo de actividades se realicen con mayor frecuencia, incluso algunos expresaron haber adquirido herramientas para ayudar a otros y conformar redes de apoyo.

Lo anterior, es prueba de que deben hacerse mayores esfuerzos por acabar con el maldito veneno de las drogas. Es por eso que, desde esta tribuna, así como reiteradamente lo hago en otras, le exijo al Distrito que tome cartas en el asunto.

Los niños y jóvenes necesitan atención, ayuda y formación para entender los graves riesgos que se corren en una simple “prueba” con las drogas. No hay que esperar más. Los temas de prevención deben darse con constancia y con la voz de expertos que conecten con las nuevas generaciones.

Andrés Barrios Bernal

La apuesta por el desarrollo regional

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Mar 30, 2025. Publicado en Opinión.

Colombia desde siempre ha sido, como afirmó el pensador antioqueño Luis López de Mesa, un archipiélago de regiones. Bolívar y sus correligionarios propugnaron por el centralismo y Santander y los suyos por el federalismo en los albores de la independencia de Colombia. Desde entonces el enfrentamiento político entre unos y otros tuvieron en el centralismo vs federalismo la manzana de la discordia.

El rol de las regiones es clave en el crecimiento y en el desarrollo económico y social del país. Este no puede ser competitivo si sus regiones no lo son. Colombia se ha caracterizado por un desarrollo desigual, con enormes brechas entre el centro y la periferia, entre unas regiones y otras y también existen brechas intra-regionales. Las regiones más rezagadas del país son el Pacífico y el Caribe, allí se concentra la pobreza y es mayor el Índice de necesidades básicas insatisfechas.

Los planes de desarrollo de los distintos gobiernos en sus diagnósticos identifican y reconocen que las regiones más apartadas y periféricas son las más vulnerables y vulneradas y en la mayoría de ellos, como el del ex presidente López (Para cerrar la brecha), pero sus estrategias para sacarlas de la trampa de la pobreza han sido ineficaces para lograrlo.

Una manifestación palmaria del aberrante desequilibrio entre unas regiones, las más desarrolladas y otras, las más rezagadas, lo ponen de manifiesto la alta concentración del PIB, el cual, en promedio, pasó de $28.2 millones en 2022 a $30.3 millones en 2023 y peor aún del PIB por habitante. La gran torta, que es el PIB nacional en 2023 alcanzó los $1.584 billones. Pero, los promedios suelen ser engañosos y a la hora del reparto salta a la vista el enorme desequilibrio entre unas regiones y otras. A saber: mientras el Distrito especial de Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca suman $780.1 billones, es decir el 49.2% del total, con $395 billones, $231 billones y 153 billones, respectivamente, en el otro extremo nos encontramos con departamentos como el Chocó, Caquetá, Amazonas y Vaupés, con $6.8 billones, $6.2 billones, $1.2 billones y $426.943 millones, respectivamente. Y si lo analizamos a partir del PIB per cápita ello es más ostensible: a nivel nacional se registró en 2023 $30.3 millones, pero Bogotá con $50 millones está muy por encima de este promedio ponderado, muy distante de Caquetá, Amazonas, Chocó y Vaupés, los cuales registraron en su orden, según el DANE, $ 14.705.069, $14.259.112, $11.579.375 y $9.127.210.

Mi experiencia, primero como Secretario de Planeación de La Guajira, luego como Coordinador del CORPES de la Costa, Director ejecutivo de la FND y más recientemente como Director de la RAP del Caribe, me permitió comprobar que a pesar de que la Constitución de 1991 estableció el principio de la autonomía territorial, este sigue siendo un país centralista, exacerbada por el avasallador presidencialismo. Y no es para menos, pues el Presidente de la República es, además, el Jefe de Estado, Jede de gobierno, suprema autoridad administrativa y se le suele atribuir, además, el título inventado de primer magistrado de la Nación!

El primer paso para fortalecer la autonomía e impulsar el desarrollo regional es el trámite y aprobación de la Ley de competencias para que entre en vigor el Acto legislativo que fortalece el fisco de los departamentos y municipios, al disponer que el monto a transferirles por parte de la Nación pase del 23.5% de los ingresos corrientes de la Nación hasta el 39.5% hacia el año a la vuelta de 10 años.
Ello sin perjuicio de implementar una reforma tributaria territorial que les permita arbitrar mayores recursos propios, pues hasta ahora todas las reformas tributarias aprobadas por el Congreso han sido solo para arbitrarle recursos a la Nación. De allí que de cada $100 que se recaudan en Colombia, el Gobierno central se queda con $80. Este país es tan centralista que hasta Bogotá es víctima del mismo. Se ha visto recientemente como desde el Palacio de Nariño le han puesto el freno de mano al avance de un proyecto tan estratégico para su desarrollo como lo es el Metro.

En la región es fundamental el relevo generacional, la dignificación de la política y el empoderamiento de la sociedad civil, los centros de pensamiento, los gremios y las universidades, con un mayor compromiso con la integración y el desarrollo regional. En primera instancia, el gran Acuerdo Nacional para el desarrollo económico y social de las regiones ya se dio con la aprobación por parte del Congreso de la República del Acto legislativo que reformó el SGP. Lo que sigue es la Ley de competencias, que es la que determinará con cuales competencias se queda la Nación y cuáles asumirán las entidades territoriales, evitando la redundancia y la duplicidad en el ejercicio de sus funciones.

Amylkar Acosta

Lucha de clases y odio de clases

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Mar 30, 2025. Publicado en Opinión.

Colombia es un país marcado por profundas desigualdades económicas y sociales que han dado forma a su historia y a su conflictividad política. En estos días de inicio de campañas electorales y de reformas negadas, es fundamental diferenciar la lucha de clases, un concepto estructural y analítico, del odio de clases, una distorsión subjetiva que entorpece la comprensión de las dinámicas socioeconómicas.

La lucha de clases, así como la lucha contra el cambio climático se entiende como un proceso histórico inevitable en sociedades estratificadas económicamente, mientras que el odio de clases responde a una emoción polarizadora que es alimentada para obstruir la transformación social consciente. En Colombia, la persistencia de una estructura económica basada en la concentración de la riqueza, la explotación laboral y las barreras a la movilidad social son factores que inevitablemente alimentan la lucha de clases.

El conflicto entre los sectores dominantes y las clases dominadas no es una cuestión de meras diferencias de opinión o resentimientos personales, sino una relación objetiva de explotación y desigualdad. En este sentido, la lucha de clases se debe considerar como un motor histórico de cambio y no una incitación a la violencia irracional. Es un concepto que permite entender por qué persisten inequidades profundas y cómo se pueden transformar.

Mientras que la lucha de clases busca transformar legítimamente las estructuras injustas, el odio de clases se basa en una simplificación emocional limitada a la estigmatización y la polarización de los actores sociales para sabotear dichas transformaciones. Este sentimiento es instrumentalizado para movilizar adhesiones políticas sin transformar las condiciones materiales que perpetúan la desigualdad.

Confundir a propósito la lucha de clases con el odio de clases, solo busca deslegitimar la reivindicación y la lucha popular por los derechos despojados o negados. Sectores privilegiados perciben cualquier crítica a la estructura económica como un ataque personal, mientras que sectores populares pueden caer en la trampa de reducir su lucha a una oposición visceral contra individuos de clases altas en lugar de focalizarse en las condiciones sistémicas que perpetúan la injusticia a que son sometidos.

En el contexto colombiano, la lucha de clases no puede analizarse de manera aislada del conflicto armado y la construcción de una paz duradera. Fenómenos como la corrupción y el narcotráfico han profundizado las desigualdades y han sido utilizados para perpetuar estructuras de poder que benefician a una élite económica y política. La corrupción ha permitido el desvío de recursos públicos generando violencia, mientras que el narcotráfico ha alimentado el conflicto armado y ha creado economías paralelas que distorsionan el desarrollo social y económico del país.

La consolidación de la paz requieren un enfoque que ataque las raíces estructurales de la desigualdad. La lucha de clases debe orientarse hacia la construcción de instituciones sólidas, la eliminación de la corrupción y la implementación de políticas públicas que fomenten una distribución equitativa de la riqueza, transformándose en un proceso de reivindicación social sin caer en dinámicas de violencia.

Si bien la lucha de clases es inevitable en una sociedad desigual, su dirección y resultados dependen de la capacidad de los actores para comprender sus causas estructurales y organizarse de manera estratégica. La educación, la organización colectiva y la acción política pacífica e informada son herramientas clave para que la lucha de clases se convierta en un motor de justicia y transformación social real, más allá de la polarización que paraliza el cambio y genera violencia.

Luis Emil Sanabria D