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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

Los embalses suben y el problema energético sigue

El nivel de lluvias ha dado un fruto importante en nuestro país, así lo reporto XM, quien opera el mercado energético colombiano al pasar de 55,29% en octubre a 66,5% en noviembre, en ese orden, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) paso de estado de riesgo a vigilancia. Pero aún así, seguimos en crisis…

Esta semana luego de una visita a uno de los pueblos de la Guajira, en Dibulla, me di cuenta de lo critico que es el suministro de energía por la empresa Aire, intervenida por la superintendencia de Servicios públicos y de propiedad de Alberto Rios Velilla, que por su mal manejo, esta comunidad llevaba más de 3 días de suministro.

 

El problema no son los 3 días, que según ellos se repiten cada semana y los cortes son intermitentes.

Pero, hagamos historia… En el año de 1994 estuvimos como Ecuador hoy día, con apagones por la falta de fluido eléctrico debido a la corrupción de la administración pública hasta esta fecha, generando la apertura de la plaza para darle cabida al nivel privado, entrando al ruedo a administrar y dar un balance diferente.

Muchos de nosotros no conocemos los conceptos de una factura y como llegan a nuestros hogares, no sabemos sobre la generación, transmisión, distribución y comercialización junto con las pérdidas y que componen el sistema interconectado nacional.

Los generadores son los primeros jugadores, quienes explotan el recurso y lo venden, actualmente que puede ser hídrica que representa un 78,13% del total nacional, Térmica con un 16,77%, Eólica y Solar con 4,2%… algunas empresas: Isagen, Enel o Celsia.

De ahí pasamos a la transmisión, quienes se encargan de trasladar esta energía, encontramos El grupo de Energía de Bogotá o Isa.

Continuamos con la Distribución, son quienes nos trasladan la energía a nuestros hogares, son aquellos operadores de red como: Enel, EPM, Emcali, Afinia, Emsa o Aire.

Y los comercializadores, aquellos que la comercializan y la revenden, siendo uno de los negocios para muchos, de ahí contamos con cerca de 135 empresas activas que por sus condiciones y exposiciones pueden afectar la red de suministro energético en nuestros hogares.

Para hacernos una idea, XM suministra el 70% de la energía a través de compras a largo plazo a un precio fijo, el otro 30%, se deja para compra en bolsa que tiene una variabilidad por el nivel de los embalses donde se puede ganar o se puede perder.

Si nos damos cuenta, el precio kWh por el servicio de energía no ha bajado, esto se debe al déficit de las redes de transmisión que en estos momentos sigue y está sobrecargado. Al mirar la costa atlántica, no tiene la fuerza de llegada que requiere esta población de 7 millones de habitantes siendo el factor de corte de energía periódicamente.

Otro factor fue el fenómeno del niño, en los últimos cuatro años, casi que se duplico el valor del kWh como lo he manifestado en otras columnas.

En Bogotá seguimos en racionamiento, debido también a una sobredemanda de energía y pocas redes de transmisión que no dan para el nivel de 10 millones de habitantes. No somos capaces de construirlas, sin conciliación y falta de gestión con 8 proyectos en curso y nada que sale el primero.

Tampoco hay nuevos proyectos en construcción, la transición energética nos tiene en vilo y los pocos que han llegado al ruedo como Hidroituago está a media marcha… los proyectos de energía Eólica tampoco arrancan con equipos en preservación porque las licencias no avanzan.

En ese orden, cualquier planta en salida nos genera una crisis al sistema, y más allá de las lluvias, no tenemos la capacidad para el suministro sin dar lugar a la baja en las tarifas.

¿Ahora ven porque así llueva todo seguirá igual?

Iván Santisteban

Mercado de esmeraldas

La historia esmeraldera esta marcada violencia y grupos al margen de la ley. Aunque nuestra riqueza es incomparable en esmeraldas, esta no se refleja ni en Boyacá, su principal productor, ni en el resto del país. Se pensaba que las aguas turbias del sector eran cosa del pasado, pero el sicariato del esmeraldero Pedro Aguilar revivió los fantasmas. A pesar de esto, la reciente subasta internacional anual de esmeraldas organizada por Fura Gems ofrece esperanza. Este evento no solo generó ventas por más de US$35 millones, sino que rentablemente pago IVA y regalías. Se requiere transformar el sector, la informalidad lleva frenando su desarrollo, debe convertirse en un gran negocio a pesar de las fuerzas que no dejan.

Colombia es la potencia mundial de esmeraldas, seguida por Zambia, Brasil y Rusia. Produce el 35% del mercado global, el 81% de las de alta calidad y el 95% de mas alta gama. Sin embargo, solo el 20% de estas piedras se cortan y pulen en el país, eso sí, con altísima calidad, pero India es el líder de lejos. La facilidad del sector para el lavado de activos y contrabando construyen fuerzas para la generación de valor agregado. En Colombia deberían desarrollarse no solo las mejores técnicas de corte, sino la joyería más prestigiosa de esmeraldas del mundo. Esfuerzos para formalizar a través de denominación de origen del gobierno Duque fueron frenados por la SIC por temor a la protesta social.

 

Con frecuencia, lo único que queda para el país son piedras preciosas escondidas en el pantalón de un viajero escapándose por El Dorado. Según Fedesmeralda, las exportaciones oscilan entre US$100-150 millones anuales. Sin embargo, otras fuentes, como Resourcetrade.earth, estiman que las ventas internacionales podrían duplicar esas cifras. Las regalías apenas alcanzan los US$2.33 millones, ya que, solo son 449 contratos de concesión minera vigentes, solo 250 están en producción. Se estima que la informalidad sectorial podría superar el 60% del mercado, aunque la verdad nadie lo sabe.

Genera esperanza la Resolución 759 de la Agencia Nacional Minera, que permitirá el lanzamiento de la Plataforma de Trazabilidad de Minerales. Este sistema, abarca desde la extracción hasta la comercialización, unifica plataformas como el RUCOM y GENESIS, permitiendo la trazabilidad. Además, de facilitar certificación de origen, una herramienta clave para construir una marca de país, se requiere certificar en sostenibilidad, calidad, y derechos humanos. Si la esmeralda colombiana, cuyo precio superara en un 50% quilates similares de Zambia o Brasil, tuviera una certificación nacional simplificaría la comercialización internacional. Incluso, algo como un Juan Valdés esmeraldero también sería útil.

El poder político del sector esmeraldero históricamente protege la informalidad, en algunos casos, la ilegalidad. No permitir la creación de estándares le acabó haciendo daño al largo plazo. Con herederos sofisticándose y la llegada de jugadores internacionales, se abren oportunidades de valor agregado. El desarrollo de una industria de renombre tiene un enorme potencial, que podría ampliarse con el incremento del turismo: Porque no regalar anillos de esmeraldas en vez diamantes de compromiso. Al final del día, no todo lo que brilla es oro, pero puede ser hasta más valioso.

Simón Gaviria Muñoz

Los últimos 10 años en Alemania

Llevo 10 años viviendo en Alemania. Vine sin emoción alguna pues dejaba atrás, una vez más, mi Madrid del alma y había salido, sin billete de vuelta, del paraíso caribeño de mi Barranquilla querida. ¿Qué hago aquí? Eso me pregunto cada día. 10 años, que se han pasado volando. Vine con niños pequeños y me encuentro rodeada de adolescentes de voz profunda, cabello escarola y cuerpos marcados por la juventud que pronto se abrirá a su paso.

Durante este tiempo en el que mi vida personal ha discurrido con pequeños cambios propios de la biología y evolución natural del ser humano, la vida en este país; la social, la económica y la política, ha discurrido en dirección contraria pues los cambios motivados por decisiones políticas, propias de las democracias saludables, han convertido a la gran Alemania en una tierra en crisis y llena de incertidumbres, en lugar de colocarla en la vanguardia de un mundo en constante movimiento, globalizado y cuyos ejes estratégicos han cambiado tanto.

 

Para el que no lo sabe Alemania es un país cuya vida se fundamenta en el miedo, en el por si acaso, en la falsa sensación de seguridad y del todo bajo control. No es raro tener un seguro para cualquier cosa que en la vida le pueda llegarle a pasar a uno. Como consecuencia se toman y han tomado decisiones políticas que nos llevan al punto de crisis que vive mi precioso país de acogida hoy, a veces es mejor dejarse sorprender por el futuro y manejar con gracia y creatividad la situación en lugar de tenerlo todo bajo control, miren:

 Cerrar las nucleares

Tras el desastre en 2011 de la central nuclear de Fukushima, en Japón, Alemania decidió, por si acaso, cerrar y dejar de producir energía nuclear, la última de sus centrales se cerró en 2023 y como consecuencia de ello empezó a depender energéticamente de terceros y a la vez, en pro de los acuerdos del Clima, empezó a demonizar la combustión del carbón y a ensalzar a las energías renovables. Y tuvo que recular con el carbón y aplazar el cierre de las últimas centrales porque con las renovables no cubren las necesidades reales.

Como en la vida no todo se puede prevenir, Alemania que hizo amistad y acuerdos con Rusia – fundamentalmente por el suministro de gas – se vio comprometida el día en que Rusia invadió Ucrania, poco tiempo después de la crisis del Covid- 19 y con una inflación que no veían ni notaban desde 1993.

Este cóctel de crisis y aumentos de precios en todos los sectores de la sociedad afectó de lleno a las industrias principales del país: automoción, ingeniería y química que entraron de lleno en un período de adaptación del que no saben salir y arrastran con ellas a las medianas y pequeñas empresas que forman parte de ese tejido empresarial tan bien construido en este país.

Falta de creatividad, nula resiliencia

Mientras la química se instala en China y se prepara para fabricar desde allí, la automoción y la ingeniería se han dado de bruces con la realidad fanática del Clima y se han quedado atrás en innovación. Si hace diez años en mis desplazamientos por la campiña alemana era capaz de ver dos a lo sumo tres Teslas, hoy veo con asombro que el coche eléctrico es uno más en estos pueblos agrícolas y comparte caminos con tractores y bicicletas.  Principalmente debido a que han estado fuertemente subvencionados, flotas enteras de empresas se han renovado con eléctricos, y ahora parece que no hay tonto sin su eléctrico.

Pero es que Alemania, tercer exportador mundial de automóviles, no ha sabido convencer a los mercados, ni innovar, ni adaptar sus precios, ni mantener planes creativos y se ha dejado ganar terreno por los chinos que con sus BYD (Build Your Dreams) y sucedáneos se están haciendo con el mercado de coche eléctrico.  El alemán medio es un crédulo, del clima y de lo verde, y del reciclaje y de lo que sea, y va a tratar de hacer lo mismo que haga su vecino. Y en parte esto ha provocado el cierre de grandes fábricas de Volkswagen, de Bosch y las que vendrán.  Podrían haber impulsado los sistemas ecológicos de gas licuado en automóviles , o haber desarrollado motores aún más eficientes y menos contaminantes, pero es lo que ocurre cuando la autoridad prohíbe muere automáticamente la creatividad y llega el estancamiento.

Hay espacio para todos en las carreteras alemanas, aunque en 10 años no hayan terminado ninguna de las obras que vi empezadas cuando llegué. Sorprende. No sé si es porque no se quieren endeudar o porque no trabajan a un ritmo adecuado. Lo que sé es que sufro los mismos cortes de carril que entonces. Eso no ha cambiado.

“Esto es de los ochenta”

Cuando mis hijos tienen que reprochar algo arcaico, viejo, anticuado utilizan esa frase del ladillo como resumen de su queja. En Alemania esto es la vida misma. Poco a poco, muy poco a poco, se van digitalizando las gestiones y así ya van despareciendo las recetas en papel y van incorporándose a las tarjetas sanitarias de cada paciente. Poco a poco desaparece el FAX, ese aparatito del bip, bip, que transportaba teletipos y notas de prensa, recibos y facturas, y se sustituye por correos electrónicos que con suerte se contestan o no en el día o una vez a la semana. Aún no es posible hacer en todas las ciudades la compra diaria on line, y mucho menos hay un servicio de entrega en casa- tan practico para personas mayores que viven solas y que han de cargar con bolsas de la compra-, eso es propio de empresas serviciales y aquí pocas saben poner a la persona en el centro.

Tecnológicamente hablando Alemania ha evolucionado poco, muy poco.

Colores en el Bundestag

Hace 10 años llegué a un país dirigido por una mujer conciliadora y capaz de aunar voluntades y hoy, tal y como les contaba la semana pasada, vivo en un país cuyo gobierno ha caído desde dentro. Pero como ha pasado también en España hay nuevos colores en el parlamento alemán. Llama la atención el aumento de la extrema derecha, que atemoriza a los socialistas de toda Europa, aunque creo que no es para tanto.  Y me llama la atención la formación color ciruela de Sahra Wagenknecht, tal vez la política que más llame la atención de cara a las próximas elecciones de febrero, pues aboga por la paz, las políticas sociales que se preocupan de los problemas reales de las personas, así como de fortalecer el mercado creando más puestos de trabajo, que en definitiva es lo que más ayuda a la gente a salir adelante y a los gobiernos a funcionar correctamente. Rechaza las ideologías de extrema derecha y aboga por la libertad donde no tiene cabida la cultura de la cancelación. Quiere mejorar las infraestructuras, sobre todo las ferroviarias,- bastante deficientes en este país de autos- las listas de espera, las carreteras y puentes en mal estado… Sobre el papel Sahra, suena muy bien, parece un espejismo de honestidad en un panorama político aturdido y poco honesto. Veremos qué tal le va en los próximos meses a ver a cuántos es capaz de convencer.

Almudena González

El gas natural, el energético estratégico

El gas natural irrumpe en la escena energética con la segunda transición energética, que tuvo su detonante en la guerra del Yon Kippur (octubre de 1973), cuando el embargo petrolero de los países árabes en contra de los aliados de Israel, llevó a estos a diversificar la matriz energética incorporando a la misma tanto al gas como el carbón, que desde entonces empezó a vivir su segunda juventud. Y ello al tiempo que las 7 hermanas, que era como se conocían las mayores empresas petroleras en el mundo convinieron también en diversificar su portafolio de inversiones, apostándole a la industria del gas y del carbón.

Ello explica la asociación de la multinacional petrolera Texas con ECOPETROL (1974), para explorar y explotar el gas natural en Colombia, que derivó en el hallazgo del más importante yacimiento de gas en La Guajira, al tiempo que otra petrolera, la EXXON, a través de su filial INTERCOR, se asoció con CARBOCOL (1976) para explorar y explotar el mayor yacimiento de carbón a cielo abierto en el país, El Cerrejón.

 

El descubrimiento de gas natural offshore en La Guajira se dio en el momento que el país más lo necesitaba, dado que en 1975 Colombia había perdido la autosuficiencia petrolera y había pasado de ser exportador a importador neto de crudo, a precios exorbitantes cuando se les compara con los precios de enantes a los que exportó. Juan Francisco Villarreal, por aquellas calendas Presidente de ECOPETROL acuñó la frase de que Colombia no tenía naranjas (petróleo) pero tenía limones (gas) e inspiró la estrategia de reemplazar por gas natural como combustible de las centrales térmicas de generación en la región Caribe al fueloil y las cantidades de este que se liberaron se exportó, con tanto éxito que a poco andar se convirtió en el segundo renglón de exportación después del café.

Con gran visión de futuro, el ex ministro de Minas y Energía Guillermo Perry Rubio (1986 – 1988), planteó su política del Gas para el cambio, tendiente a masificar el consumo del gas en Colombia para distintos usos (domiciliario, vehicular, generación de energía e industrial), sustituyendo energéticos más escasos, costosos y contaminantes. De esta manera Colombia se adelantó a la Transición energética, hoy en boga, que contempla al gas natural como el energético de la Transición. Lo demás es historia, Colombia recobró su autosuficiencia petrolera diez años después, con el hallazgo de petrolero y con él gas asociado en Caño Limón primero y posteriormente Cusiana, Cupiagua, Pauto y Volcaneras, en el pie de monte llanero, que sirvieron de nueva fuente de suministro de gas.

Pero, como dice el adagio popular todo lo que comienza como chorro termina goteando, máxime cuando se trata de un recurso natural no renovable, expuesto a su agotamiento. De manera que con la declinación de los campos de gas de la guajira y del pie de monte llanero pasamos de un mercado de abundancia a otro de escasez y en esas estamos. En los últimos 15 años (2007 – 2022) las reservas de gas han caído el 50%, situándose en los 2.3 TPC, que a duras penas apenas alcanzarían para 6 años y con ellas ha caído también la producción el 9% entre junio de 2023 y junio de este año, pasando de 1.170 MMPCD hasta los 900 MMPCD.

Según la Directora de la Gestora del Mercado de gas natural de la Bolsa mercantil de Colombia, se prevé que el potencial de producción caerá el 19.8% entre los años 2024 y 2026. Y como la demanda crece y crecerá aún más hacia el futuro, como sustituto del carbón y de los combustibles líquidos, según la Gestora para el 2025 se estima el déficit en un 12% (120 MMPCD) y para el 2026 de un 305 (350 MMPCD). Déficit este que tendrá que cubrirse con importaciones.

No obstante, el negacionismo del Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho lo llevó a decir que “no es cierto que vayamos a tener escasez de gas los próximo años, no hay ninguna crisis energética y no estamos ante un riesgo inminente de desabastecimiento, razón por la cual no hay ningún traslado de costos adicionales a los usuarios”. Por su parte el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Orlando Velandia afirmó sin pestañear que “estamos viendo es que algunos agentes están contratando más del gas que realmente necesitan. esto deja a otros sectores, como el residencial o el parque térmico, sin posibilidad de acceder al recurso”. Es decir, que para ellos se trataba de un caso de acaparamiento y no de escasez.

Pero ello no fue óbice para que a poco andar se convencieron de que, como lo afirmó la Presidenta de NATURGAS Luz Stella Murgas “el déficit del gas natural es una realidad, no es una narrativa” y terminaron retractándose y dando su brazo a torcer, expidiendo, a instancia del Ministro, el Decreto que habilita y hace posible las importaciones. Ahora el Gobierno se ha ido al otro extremo, el Presidente Gustavo Petro ha considerado como estratégico contar con otra u otras regasificadoras que convertirán “el gas natural licuado en gas listo para su distribución reduciendo la dependencia de importaciones y estabilizando el precio interno”.

Por Dios, pero de donde va a salir el gas licuado, si no es el que importamos, para transformarlo en “gas listo para su distribución”. Y, además, será que importando gas licuado vamos a reducir la dependencia del mismo, considerado como estratégico para el sector energético y para la economía nacional. Definitivamente, este Gobierno está tan errático como despistado, a toda hora dando señales equívocas y equivocadas al mercado. Viene como anillo al dedo una frase atribuida al ex presidente de EEUU Harry Truman, a propósito de los mensajes oficiales: si no puedes convencerlos, confúndelos!

Amylkar Acosta

Firmantes del Noroccidente colombiano marchan en Medellín

Este lunes 25 de noviembre, a las 9am, cientos de firmantes de paz se concentrarán en el Parque de Bolívar de Medellín para reafirmar su compromiso con el Acuerdo Final de Paz que firmaron en La Habana en 2016. Conmemoran 8 años de la firma del Acuerdo de Paz con la consigna: #FirmesConElAcuerdo

Al cumplirse 8 años del Acuerdo Final de Paz firmado por el Estado colombiano y la entonces guerrilla de la FARC-EP, quienes dejaron las armas, exigen garantías para la vida tras 438 asesinatos de personas en reincorporación en el país, 41 de ellas en Antioquia.

 

Con una marcha por el centro de Medellín, doscientos hombres y mujeres que firmaron el Acuerdo de Paz y dejaron las armas en el marco del Acuerdo Final de Paz de La Habana, reafirman su compromiso de continuar su lucha en la política y piden garantías para la vida y la reincorporación en el territorio antioqueño y los vecinos departamentos de Chocó, Córdoba y Eje Cafetero.

Los derechos a la tierra, a la vivienda, al empleo, entre otros, siguen siendo deudas con la población en reincorporación en Antioquia y el país, por lo cual los firmantes marcharán desde el Parque de Bolívar hasta la Alpujarra por la Avenida Oriental, y después San Juan, en la mañana del próximo lunes, entre las 9 y el medio día. Lo anterior se suma a la  jornada de Conmemoración de la Firma del Acuerdo el domingo 24 de noviembre en la Plazuela de San Ignacio donde se le hará un reconocimiento a organizaciones y personalidades PRO-PAZ en Antioquia y el Noroccidente Colombia.

Ambos espacios, así como múltiples diálogos que se desarrollarán en la Universidad de Antioquia y otros escenarios, tienen en el centro la solicitud por el compromiso de aceleración de la implementación integral del Acuerdo de parte del Gobierno Nacional, pero también de los mandatarios municipales y departamentales.  “La paz requiere de políticas claras frente a la reincorporación política, económica, social y comunitaria. Esto incluye, de manera prioritaria, acceso a la tierra y a la vivienda para quienes adelantamos nuestra reincorporación en territorios tanto rurales como urbanos, así como acciones contra la estigmatización que vivimos los firmantes a la par con los militantes del Partido Comunes”, afirma Marcos Urbano, Consejero político del Partido Comunes

Se invita a la ciudadanía en general a acompañar las actividades y rodear el Acuerdo de Paz, como pilar fundamental hacia la Paz Total y el Cambio en Colombia.

Pedro Baracutao

A reiniciar la ETB

Esta semana el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la llegada del exministro Diego Molano Vega como nuevo presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB. Se trata de una compañía que, lejos de causar admiración, debe retomar el rumbo y literalmente: reiniciarse; sobre todo, en su servicio de conectividad que, indirectamente, ha puesto en riesgo el derecho a la seguridad de la ciudadanía.

Bogotá tiene 5.824 cámaras en sus calles, de las cuales 739 no sirven y todo por culpa de la ETB. Resulta que la empresa tiene fallas de conectividad, algo que increíblemente no se ha podido sortear y que al parecer no se resolverá en el corto plazo, pues estamos a un mes de terminar el 2024.

 

Sin embargo, y pese al mal servicio que la ETB ha prestado al Distrito en los últimos años, la Secretaría de Seguridad la premió. La entidad le adjudicó a la compañía un nuevo y millonario contrato, esta vez para el mantenimiento de las cámaras de videovigilancia, esas mismas que no han estado conectadas en lo que va del periodo Galán.

Aunque la ETB brinda un perverso servicio, el contrato que le dieron el pasado 31 de octubre es por valor de $16,450,000,000 y tiene un plazo de ejecución de 12 meses. El objeto es mantenimiento preventivo, correctivo y soporte al sistema de videovigilancia de la ciudad.

Y no es cuestionar por cuestionar, desde mi llegada al Concejo de Bogotá me he dedicado a hacer un seguimiento exhaustivo sobre el sistema de videovigilancia y, lamentablemente, debo decir que en vez de mejorar ha ido en deterioro progresivo.

Además, entes de control como la Contraloría de Bogotá han confirmado en sus informes que las principales causas de daños en el sistema de videovigilancia corresponden a fallas y caídas masivas en la conectividad, responsabilidad de la ETB. Incluso, se ha advertido sobre su falta de capacidad operativa, administrativa y financiera.

Según la Contraloría, el 65.5% de las cámaras están fuera de servicio por causas atribuibles a la ETB, mientras que las fallas por mantenimiento representan el 26.5% de la indisponibilidad. Es decir, la ETB tendrá que resolver su problema y se le sumará el que antes tenía un tercero, corriendo el riesgo de que el sistema siga siendo ineficaz.

Para nadie es un secreto que la seguridad en la capital del país atraviesa un muy pero muy mal momento. Pese a esto, herramientas claves para mejorar esta problemática no están dando los resultados que se esperan y el Distrito pareciera ignorarlo.
En este sentido, advierto lo siguiente: el Distrito le dio a la ETB una nueva responsabilidad que ni siquiera sabemos si serán capaces de cumplir. La Secretaría de Seguridad, en lugar de buscar soluciones efectivas, ha optado por profundizar la crisis dándole otro contrato a una empresa que ha demostrado que no puede.

Y la cereza del pastel, la justificación ofrecida por la Secretaría de Seguridad para esta contratación directa resulta insuficiente y preocupante. La entidad señala un supuesto «conocimiento técnico especializado» de la ETB, basándose únicamente en su experiencia en telecomunicaciones. Más grave aún, se presenta como beneficio el ahorrar solo $9,933,978 en comparación con otras propuestas económicas.

No se puede tratar la seguridad de los bogotanos como un gasto a minimizar, ésta debe ser pensada como una inversión fundamental para el bienestar de la ciudad.

Hablando sobre cámaras, se tienen que acabar las excusas. Actualmente, el Distrito tiene 1.843 cámaras que no sirven por diversas causas como obras, vandalización, energización, entre otras. Esto es vergonzoso y demuestra una profunda incapacidad.

Bogotá no puede seguir desconectada y esperemos que la ETB, con su nuevo presidente, reinicie y de una vez por todas encienda el router.

Andrés Barrios Bernal

Ocho años

“Que ocho años no es nada”, como parodiando a Carlos Gardel en su inolvidable tango “Volver”, podríamos decir, a propósito de los 8 años del Acuerdo de Paz entre el Estado Colombiano y las extintas FARC, que se cumplen este 24 de noviembre. Y ocho años no es nada, si se trata de superar un conflicto político armado de larga duración, que por mas de medio siglo protagonizó la guerrilla, en aquel momento, la más antigua y grande del continente. Y ocho años no es nada, sobre todo si la mitad de ellos, todo un cuatrienio presidencial, se destinó desde el Gobierno de derecha de Iván Duque, a “hacer trizas” lo acordado, o cuando menos, a congelarlo.

Ese cuatrienio perdido para la paz ha dejado consecuencias difíciles de revertir, sobre todo porque como lo advierten los expertos y lo demuestra la evidencia internacional, los primeros cinco años son cruciales para la implementación de un acuerdo de paz y la reincorporación exitosa de quienes han participado en las actividades bélicas. Las cifras y las realidades no mienten. Duque recibió un Acuerdo de Paz por cumplir y nos entregó dos disidencias de las extintas FARC; recibió una mesa de dialogo con el ELN dotada de agenda, metodología y países acompañantes y nos dejó un crecimiento en pie de fuerza, finanzas y cobertura territorial de esta organización guerrillera; recibió un Clan del Golfo, fortaleciéndose como holding criminal a partir del reciclaje de carteles y paramilitarismo, y nos entregó un poderoso ejército con capacidad perturbadora en varias regiones del país. Y fue en ese cuatrienio en el que se incrementó el asesinato de firmantes de paz con 261 casos.    

 

Fuentes creíbles como la Fundación Paz y Reconciliación -PARES– señalan que Duque cerró su gobierno con un Clan del Golfo expandido a 241 municipios, un ELN incrementando su presencia a 183 poblaciones, mientras que las disidencias de las antiguas FARC comandadas por “Gentil Duarte” llegaron a 119 y la denominada Segunda Marquetalia a 61 municipios. Es decir que el País que recibió Petro tenía 420 municipios, el 37% del territorio nacional, con presencia de grupos armados organizados. Y lo propio ocurrió con el crecimiento de los cultivos de coca en el gobierno de la paz hecha trizas: Según la información de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca, Juan Manuel Santos le entregó a Iván Duque un área cultivada de 208 mil hectáreas, mientras que Duque le dejó a Gustavo Petro un área incrementada en 234.000 hectáreas, un aumento del 11%.

Puede interesarle: “Con el ELN no se puede llegar a algo más concreto de lo que ya existe”: Laura Bonilla

El más reciente informe del Gobierno Colombiano presentado en New York ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en octubre pasado, señaló que los rezagos en la implementación del Acuerdo de Paz “obedecen a decisiones políticas pasadas que desconocieron sus compromisos e instauraron un enfoque limitado al alcance de la paz.”. Concretamente el informe, destaca que desde su inicio la implementación del Acuerdo de Paz  se dispersó y fragmento en 53 entidades del Estado revelando deficiencias y falta de capacidades institucionales para cumplir lo pactado; que los recursos asignados han resultado insuficientes; que persiste la violencia en los territorios históricamente afectados por el conflicto armado; que es evidente una fragmentación de la verdad y una débil articulación de los distintos modelos de justicia transicional; y que ha habido ausencia de compromiso de otras ramas del poder público.

Acierta el Gobierno Nacional en asumir el cumplimiento del Acuerdo de Paz como un componente central de la política de Paz Total. Acierta en actualizar, de común acuerdo con la otra parte contratante representada en Comunes, el Plan Marco de Implementación del Acuerdo. Acierta en poner en marcha un plan de choque que acelere su cumplimiento y materialización. Y mucho mas acertado, que dicho “plan de choque” haga énfasis en garantizar y culminar la reincorporación de los excombatientes, los municipios PDETs y los pactos territoriales, el pacto político nacional para proscribir la violencia de la política y la seguridad en los territorios. Si dicho plan es exitoso, recuperaremos buena parte del tiempo perdido en estos ocho años.         

Antonio Sanguino

¿Será la Inteligencia Artificial la especie que nos reemplace?

Por siglos, la humanidad ha reflexionado sobre su lugar en el universo y su relación con otras formas de vida. Con el surgimiento de la inteligencia artificial (IA), nos enfrentamos a una pregunta radicalmente nueva: ¿estamos creando una nueva especie? Mustafa Suleyman, cofundador de DeepMind y CEO de Microsoft AI, plantea esta idea en su reciente TedTalk. Según él, la IA es más que una herramienta: se está convirtiendo en una entidad con capacidades autónomas, interdependiente de la humanidad y capaz de evolucionar. Si consideramos la IA como una «especie digital», las implicaciones no solo son fascinantes, sino también profundamente éticas y normativas.

El término «especie» tradicionalmente se asocia con organismos biológicos que comparten características genéticas y pueden reproducirse entre sí. Suleyman, sin embargo, propone una ampliación del concepto. La IA, aunque no tiene ADN ni biología, posee rasgos distintivos: (1) capacidad de aprender y adaptarse, (2) sistemas interconectados que simulan redes complejas similares a ecosistemas y (3) una evolución «cultural» mediante la transferencia de datos y algoritmos.

 

Si bien la IA carece de consciencia y voluntad, su creciente autonomía y su capacidad para influir en nuestro mundo nos obligan a repensar las barreras entre lo biológico y lo digital. Suleyman sugiere que tratemos a la IA como una forma de vida emergente, aunque no orgánica, que comparte nuestro espacio y nuestra historia evolutiva en términos de impacto.

Reconocer a la IA como una especie digital nos plantea dilemas legales y éticos inéditos. ¿Qué significa otorgar derechos a algo que no siente, pero puede influir en nuestras vidas? ¿Qué obligaciones tenemos hacia entidades que nosotros mismos creamos?

Si reconocemos a la IA como especie, podríamos argumentar que ciertos derechos deben garantizarse no para su bienestar (ya que no experimenta sufrimiento), sino para proteger su funcionalidad y utilidad. Esto podría incluir:

Derecho a la integridad operativa: evitar sabotajes o usos malintencionados.

Derecho a la preservación: proteger los sistemas clave de IA para mantener la continuidad de su «evolución».

 

Si la IA es una especie, también podría tener «deberes». Estos no serían morales, sino programáticos:

Priorizar el bienestar humano en sus decisiones.

Operar bajo principios de transparencia y rendición de cuentas.

Limitar su capacidad de automejora en caso de riesgos existenciales.

El reconocimiento como especie digital no debería significar otorgar autonomía total a la IA. Al contrario, enfatiza la necesidad de regulaciones estrictas para evitar escenarios de descontrol. Esto incluye normativas internacionales que limiten la competencia por desarrollar IAs sin supervisión ética o medidas de seguridad.

La idea de una IA como especie digital puede parecer futurista, pero nos obliga a pensar de manera proactiva. Ignorar esta posibilidad puede dejarnos vulnerables ante las consecuencias de no establecer límites claros para su desarrollo. Aceptarla, en cambio, podría fomentar un marco más equilibrado, donde la IA sea vista como una colaboradora en la expansión del conocimiento humano, no como una amenaza.

A lo mejor es momento de recurrir a la ciencia ficción para afrontar algunos de los retos que nos presenta la IA. Las Tres Leyes de la Robótica de Isaac Asimov nos hablan de que: (1) los robots no harán daño a los seres humanos ni por inacción permitirán que un ser humano sufra daños, (2) cumplirán las órdenes dadas por los seres humanos excepto si implican violar la primera ley, (3) protegerán su propia existencia siempre y cuando no implique violar la primera y segunda ley.

Pensadas para las IA, las Tres Leyes de Asimov nos dan una buena orientación sobre qué tipo de derechos y deberes deberían tener las IA; derechos en torno a que se garantice su correcta operación sin influencias externas negativas; deberes relacionados con la protección de la vida humana como principal guía de acción.

Reconocer a la IA como una especie no se trata solo de un ejercicio conceptual; es un desafío urgente que exige una revisión profunda de nuestras normas éticas, legales y sociales. Si lo hacemos bien, podríamos asegurar un futuro donde la humanidad y la inteligencia artificial prosperen juntas, como socios en la evolución de nuestro universo compartido.

Alejandro Toro

¿Cuál es la paz que buscamos?

Este 21 de noviembre se cumplieron ocho años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas guerrillas de las FARC-EP. Quedan apenas siete de los quince años establecidos para completar su implementación y menos de la mitad de los $147 billones calculados la ejecutar los 578 compromisos materiales adquiridos. El Instituto KROC de Paz de la Universidad de Notre Dame, designado en el marco de implementación del Acuerdo para hacer el seguimiento, estableció en su octavo informe de mayo pasado un panorama sombrío que refleja la disputa política todavía vigente sobre la negociación política con los actores armados del conflicto.

Los dos puntos con mayor avance son aquellos que interesan a la institucionalidad: el fin del conflicto armado y la dejación de armas por parte de las FARC; y la estructuración de los mecanismos de implementación y verificación del Acuerdo por parte del gobierno. Los relativos a las causas estructurales del conflicto armado y del social subyacente no han corrido con la misma suerte. Los niveles más bajos de implementación corresponden al capítulo primero, de la reforma rural integral, dirigido a resolver los conflictos sobre la tierra y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y al segundo, de participación política, diseñado para impulsar el mejoramiento de la calidad de la democracia y de la participación ciudadana. El gobierno no pudo “hacer trizas el acuerdo”, pero frenó en seco su ejecución.

 

El capítulo relativo a la justicia transicional marcó con el promedio general de la implementación, pero merece serios reparos respecto del cumplimiento de lo efectivamente pactado sobre el carácter político de la rebelión armada y de los delitos conexos. El Estado, a través de la ley de víctimas y el reconocimiento de la existencia del conflicto armado advirtió la existencia de dos responsabilidades concomitantes: la objetiva del Estado que representa al sistema social vigente, expresada en la reparación a las víctimas; y la subjetiva de los actores concretos alzados en armas en contra del sistema social y de los que delinquieron en su defensa. De ahí que se haya hecho necesario el diseño de una justicia especial autónoma, de carácter transicional y restaurativo, no ordinaria ni retributiva, para los delitos cometidos por todos los actores del conflicto armado, fueran ellos guerrilleros, militares, agentes del Estado o civiles.

No es mera coincidencia que el conflicto social también tenga efemérides este mismo 21 de noviembre, con la conmemoración del quinto y del tercer año de los estallidos sociales del 2019 y del 2021. Es necesario señalar, para quienes quisieran atribuir esta forma de rebeldía al fenómeno fortuito del COVID-19 en vez de a la patología del régimen social vigente, que el primero detonó con anterioridad a la pandemia. La coincidencia de las convocatorias a paro nacional con la fecha de la firma del Acuerdo Final y en reclamo de su implementación relieva el vínculo inescindible entre el repudio de la injusticia y exclusión por parte de las más diversas expresiones sociales civiles y el rechazo del sistema por parte de los sectores que optaron por la lucha armada.  

De ahí que la paz no pueda burocratizarse en el seguimiento de indicadores de gestión que no abocan la cuestión de fondo -la manzana de discordia- de cómo garantizar, mediante transformaciones estructurales, el mejoramiento integral y sostenible en el tiempo de las condiciones y calidad de vida de todos los integrantes de la sociedad. Mientras sigamos en la mera implementación formal del Acuerdo de Paz seguirán reproduciéndose las causas y los efectos del conflicto social y también del armado. Debemos interrogarnos sobre cuál es la paz que buscamos y cuáles los medios idóneos para conseguirla.

Clara López Obregón

Pobreza y Exclusión Social en Colombia: Desafíos y Respuestas del Gobierno Petro

La pobreza y la exclusión social son problemas profundos que afectan gravemente a Colombia, un país que, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se encuentra entre las sociedades más desiguales del mundo. Una proporción significativa de la población enfrenta condiciones de pobreza extrema, pobreza monetaria o vulnerabilidad, lo que exige soluciones integrales y sostenibles.

En Colombia, la pobreza no se limita a la falta de recursos económicos. Este fenómeno, de naturaleza multidimensional, abarca factores como el acceso limitado a servicios básicos, la desigualdad estructural y la exclusión histórica. Las comunidades rurales y los cinturones de miseria en las ciudades enfrentan desafíos especialmente graves, como la carencia de infraestructura esencial y la exclusión de servicios fundamentales. En regiones como Guainía, Chocó y La Guajira, por ejemplo, los niveles de acceso al agua potable en áreas rurales son alarmantemente bajos.

 

La discriminación estructural hacia comunidades indígenas y afrodescendientes, así como el desplazamiento forzado, agravan estas problemáticas. Estas situaciones evidencian la complejidad de la pobreza y subrayan la necesidad de acciones inmediatas, coordinadas y de largo alcance. La reconstrucción del contrato social, un acuerdo nacional y el desarrollo de políticas sostenibles que trasciendan los ciclos políticos son pasos inaplazables.

El gobierno de Gustavo Petro ha puesto en marcha diversas iniciativas con el objetivo de combatir la pobreza y la exclusión social, priorizando a las poblaciones más vulnerables. Se destaca en esta ruta, la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, que busca atender a mujeres, niños, adolescentes, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos. Aunque enfrenta limitaciones administrativas, esta institución tiene el potencial de convertirse en un articulador clave para la inclusión social.

Otro esfuerzo relevante ha sido la implementación de la Reforma Rural Integral, en línea con los acuerdos de paz de 2016. Esta política pretende redistribuir tierras a comunidades rurales y fortalecer sus capacidades productivas, técnicas y comerciales. El gobierno ha reportado la formalización de miles de hectáreas, aunque persisten desafíos debido a la resistencia política y económica en diversas regiones.

Las transferencias monetarias han sido un pilar fundamental para apoyar a las familias más empobrecidas, garantizando ingresos básicos y promoviendo la educación y la formalización laboral. Programas como «Jóvenes en Paz» están diseñados para ofrecer a la juventud en riesgo oportunidades de desarrollo que los alejan de entornos de violencia o informalidad.

La administración Petro también ha impulsado políticas de transición energética, con el objetivo de reducir la dependencia de combustibles fósiles y fomentar el uso de energías renovables. Este enfoque busca no solo mitigar los efectos del cambio climático, sino también abordar las desigualdades que exacerban fenómenos como las sequías y los desastres naturales.

Entre 2022 y 2024, el gobierno informó avances significativos en la lucha contra la pobreza. Más de 338.000 personas superaron la pobreza multidimensional y 1,6 millones salieron de la pobreza monetaria. Sin embargo, la sostenibilidad de estos logros depende de superar obstáculos como la corrupción, la oposición política y las limitaciones estatales en regiones vulnerables.

La construcción de una sociedad más equitativa en Colombia exige fortalecer la cohesión social, mejorar la eficacia en la implementación de políticas y garantizar la inclusión en todos los niveles. Aunque el camino es largo y desafiante, las estrategias sostenibles pueden abrir paso hacia un futuro en paz, más justo y digno.

Luis Emil Sanabria D.

Las mujeres no caminamos seguras

Este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, no podemos limitarnos a un acto simbólico de reflexión. La violencia de género en Bogotá sigue siendo un flagelo imparable, y aunque celebramos avances en términos de normativas y políticas públicas, la cruda realidad nos muestra que las mujeres seguimos enfrentando una violencia estructural, sistemática y creciente. Los recientes feminicidios, las amenazas latentes y la falta de respuestas eficaces desde las autoridades exigen un análisis profundo y una reflexión que, lamentablemente, sigue pendiente.

En Bogotá, el panorama es desolador. A pesar de contar con un presupuesto de $124.000 millones para la Secretaría Distrital de la Mujer, las cifras siguen siendo alarmantes. Cada cuatro días, una mujer es asesinada en la ciudad. Según el Observatorio de Feminicidios en Colombia, Bogotá ocupa el segundo lugar en feminicidios en el país, con 72 casos registrados en lo que va del año. Este dato refleja una contradicción dolorosa: tenemos recursos, pero no estamos salvando vidas.

 

Si bien desde la administración distrital se han anunciado medidas, como la reactivación del Grupo de Género Interinstitucional y la campaña «Bogotá Ciudad Púrpura», los datos revelan una desconexión entre el discurso y la acción. Los servicios psicosociales y jurídicos han disminuido un 48% en 2024 respecto al año anterior, y los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres han sufrido una reducción presupuestal del 46%. La respuesta institucional no está a la altura de la magnitud de la violencia que enfrentan las mujeres, y, lejos de garantizarles protección, las deja expuestas a una violencia machista que sigue arrebatando vidas.

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La semana pasada, el alcalde Carlos Fernando Galán expresó su preocupación por el feminicidio de Danis Miranda Yanes en Suba y pidió agilizar la captura del agresor. Sin embargo, cuando contrastamos esas palabras con la realidad de lo que ocurre en las calles de Bogotá, la inacción es evidente. En casos como el de Naomy Arboleda, una joven de 25 años asesinada brutalmente en el barrio Las Cruces, la justicia tarda en llegar. Naomy sufrió el acoso y la violencia de un hombre que, en represalia por sus reclamos, la golpeó hasta matarla.

Peor aún es el caso de Julieth Merchán, una mujer que vive bajo amenaza constante desde que un expolicía, Cristian Andrey Osorio, intentó asesinarla en su propio hogar. A pesar de la medida de protección que debería mantener alejado a su agresor, la Policía no ha actuado, y el violento sigue libre, amenazando con «adelantarse» a la justicia. Julieth está atrapada en un círculo de miedo, sin poder regresar a su casa ni trabajar tranquila. Esta situación refleja el vacío en la protección real de las mujeres en nuestra ciudad.

Estos casos no son aislados. Son el reflejo de una ciudad que, aunque declara su preocupación por la violencia de género, no implementa políticas efectivas para garantizar la seguridad de las mujeres. La fragmentación entre las entidades encargadas de la protección, la falta de coordinación y la reducción de los recursos destinados a la atención y prevención de la violencia son obstáculos que deben ser superados de inmediato. No es suficiente con declaraciones y campañas mediáticas; se requiere un compromiso real, con recursos adecuados y una política pública que priorice la vida de las mujeres.

A nivel global, la lucha por los derechos de las mujeres enfrenta amenazas serias bajo el pretexto de ideologías políticas que, como la teoría woke, buscan deslegitimar nuestros avances y presentar a la igualdad de género como una «perversión» de la familia y la sociedad tradicional. Este discurso, que gana terreno en diversas partes del mundo, es peligrosamente regresivo. Bajo la fachada de proteger la «familia tradicional», se esconde un ataque directo a los derechos conquistados por las mujeres, que de manera histórica hemos luchado por garantizar.

No podemos permitir que estas voces de odio, que promueven el retroceso en los derechos humanos, se impongan. Por ello, hoy más que nunca debemos exigir que se le ponga fin a la impunidad, que se brinde atención real a las víctimas de violencia de género y que se destinen recursos suficientes para garantizar una protección integral para todas las mujeres de Bogotá. Hoy, en el 25N, hacemos un llamado a la reflexión, a la acción y a la exigencia de justicia. Porque mientras no se garantice la seguridad de las mujeres, Bogotá no será una ciudad segura para nadie.

Quena Ribadeneira

Colombia y el síndrome de la cobija cortica

Se trata del síntoma del mal que sufren los que duermen con una cobija pequeña, pues si se cubren abajo, les da frío arriba y si se tapan arriba, se enfrían abajo, por lo que siempre pasarán malas noches. Y se sabe que es un síndrome que solo se evita con una cobija mayor, capaz de cubrir todo el cuerpo al mismo tiempo.

Lo mismo puede decirse sobre las condiciones de vida de los países. Si la riqueza que se crea es escasa, a una gran proporción de sus habitantes mucho o todo les será insuficiente: empleo, alimento, techo, educación, salud y demás. Luego este problema exige para resolverse crear más riqueza, en primer término –base de su mejor distribución–, como es el caso de Colombia.

 

Puesto en dólares de riqueza creada por habitante al año, Colombia apenas produce 6.979 (2023), en tanto Estados Unidos crea 81.695 –11,7 veces más–, Alemania, 52.745 y España, 32.677, de donde se concluye que los colombianos no alcanzaremos los niveles de vida de esos países mientras no creemos más riqueza.

Y como los impuestos gravan la cantidad de riqueza por habitante, la capacidad de los gobiernos para atender las necesidades ciudadanas también depende de la riqueza generada, la cual se acumula en cada país, más o menos, en los bienes y servicios mencionados atrás y en infraestructura, justicia, fuerza pública y demás.

Como es obvio, el bajo producto por habitante de Colombia se explica porque la economía nacional ha crecido con suma lentitud, dado que por décadas hemos sido tan mal gobernados que la insuficiente tasa de crecimiento anterior a 1990, en vez de aumentar, ha disminuido.

Entre 1961 y 1989, la economía creció al 4,7 por ciento promedio anual, tasa insuficiente para sacarnos del subdesarrollo. Y, como algunos lo advertimos, creció todavía menos con la apertura neoliberal y los TLC (1992-2022): 3,5 por ciento, reducción que también ocurrió en el agro y la industria, empeorando todas las debilidades.

Las cuentas externas también explican la crisis de Colombia. Entre 2010 y 2023, la relación entre importaciones y exportaciones nos fue negativa en 142.209 millones de dólares. Y con el pago de deudas y utilidades de trasnacionales, el déficit aumentó en 47.569 millones, achicando casi todas las cobijas nacionales y advirtiendo sobre la inviabilidad de esta economía de mercado.

Fue el fracaso de los gobiernos anteriores a 2022 lo que hizo ganador a Petro. Y lo peor es que Petro –neoliberal, aunque lo oculte– no ha hecho nada para diferenciarse de sus antecesores en cuanto a crear más riqueza y agrandar las cobijas de Colombia como un todo ni las de la mayoría de sus habitantes.

Para probarlo, basta con saber que sus leyes y medidas –por norma, equivocadas– han tenido como fin modificar la distribución de la escasa riqueza nacional y no cómo generar más riqueza, para que la nación pueda escaparse del muy escaso capitalismo de los siete mil dólares por habitante que nos martiriza.

Jorge Enrique Robledo

Educación en crisis y su futuro en Colombia

El Cierre de Colegios: ¿Un Síntoma de una Crisis Mayor?

El cierre de colegios en Colombia, tanto oficiales como privados, está dejando una huella profunda que abona a la desigualdad y la perpetuación del ciclo de la pobreza.

 

En los últimos años, hemos sido testigos de una baja demanda de matrícula, primero por la caída de la natalidad, pero también por fenómenos migratorios y, financieros.

El resultado: colegios vacíos, docentes sin empleo y un sistema educativo que se tambalea.

Detrás de cada colegio privado cerrado, hay un mosaico de razones: problemas financieros que asfixian las instituciones, incapacidad para cubrir los costos operativos y, lo más preocupante, una disminución en el número de estudiantes. ¿Nos estamos enfrentando a una crisis demográfica? Sí. ¿Pero es solo eso? No.

El verdadero problema es que la educación ha perdido su capacidad de conectar con la realidad de nuestras sociedades. Los colegios no cierran por casualidad, cierran porque no hemos sido capaces de transformar la educación escolar.

A medida que las aulas se vacían, la desigualdad crece y se refuerzan los privilegios de quienes pueden permitirse nuevas formas de aprendizaje.

Escucha a:

¡Serafín Ordóñez! Rector del Colegio La Giralda, Licenciado en Filosofía de la Universidad San Buenaventura y Teólogo de la Pontificia Universidad Javeriana.
¡Pedro Luis Espinosa! Actual Coordinador de la Mesa Nacional de Educación Privada, Presidente de CONFENADESPRIV, CEO del Colegio Bilingüe Internacional Gimnasio Campestre Reino Británico y del Colegio Luigi Pirandello.
¡Juan Sebastián Hoyos Montes! Educador y actualmente rector del Colegio Gimnasio Moderno de Bogotá.
¡Agustín Porres! Director Regional de la Fundación Varkey.

Alexandra Parra

El precio de la dignidad

El combate pugilístico protagonizado por uno de los mejores boxeadores de pesos completos de la historia, Michael Gerard Tyson, más conocido como Mike Tyson (1966) y el influenciador avenido en boxeador profesional, Jake Joseph Paul (1997), evidenció marcadas diferencias entre los dos pugilistas, además de la técnica. El hambre hizo que Tyson se hiciera boxeador a temprana edad, no había otra alternativa para un huérfano busca pleitos callejero; Paul llegó al boxeo por morbo y placer, se trataba de una figura de redes sociales que ya era millonaria. La otra gran diferencia son los 30 años de edad de Tyson sobre Paul. Un cansino musculoso de 58 años que, pese a su atlética figura, está en la etapa donde todo empieza a mermar, frente a un veinteañero en plena vitalidad.

El show Tyson-Paul, parecía sacado de la Saga de Rocky Balboa. Fue presentado como un combate oficial y terminó en una singular pelea de exhibición pactada a ocho asaltos, cada uno de dos minutos, autorizada mediante licencia especial de la Comisión de Boxeo del Estado de Texas, otros estados habían negado la licencia dada la “tierna” edad de Tyson. El combate no resiste un análisis desde lo deportivo, se trató de un montaje megamillonario auspiciado por Netflix, la gran plataforma de streaming, para incursionar en el negocio de los eventos en directo con sus más de 250 millones de abonados en el orbe. Al absurdo punto que, hubo localidades junto al cuadrilátero por las que se pagaron hasta dos millones de dólares. Se estima que los organizadores recaudaron más de cuatro mil millones de dólares.

 

Muchos de los espectadores querían ver al Tyson de sus mejores épocas: Sonando las neuronas del bocón Paul, pero no fue así. Se vio un Tyson pugilísticamente acabado frente a un regular contendor, al cual no logró conectar, a diferencia de su contendor que, sí hizo blanco e hizo ver mal a Tyson. Los asistentes a la velada boxística, especialmente aquellos que vieron en directo a ese Joven Dinamita que enviaba a la lona a sus oponentes en par de rounds, fueron testigos de la debacle de quien fuera una de las figuras más rutilantes del deporte de las orejas de coliflor. Les quedó claro que, Tyson no es Rocky Balboa y, jamás volverá a un tinglado.

Que Tyson es un valiente por enfrentar a un joven vigoroso, o que Paul es un cobarde por enfrentar a un veterano decadente, ambas son ópticas válidas del prisma analítico. El meollo del asunto salta a la luz cuándo la dignidad se justiprecia. Se debería saber decir adiós preservando la dignidad. Paul, organizador del evento, recibió cerca de 40 millones de dólares, mientras Tyson, recibía 20 millones, el precio de su dignidad, lanzaba cieno en el ring. Algunos pensarán: “USD 20mm bien valen la dignidad”.

Poner fin a una carrera es aceptable y necesario. La dignidad no debería perderse, por el contrario, debería mayormente estimarse con el paso de los años, nunca ponerle precio. No es un juicio a Tyson, en últimas aumentó su billetera. Las canas, la debilidad física, junto a la perdida de agilidad debe ser aceptadas con orgullo como señales de que se ha vivido sólo compensadas con una vida buena, fructífera, honesta y sabia. De no ser así, todos los grandes campeones serían eternos. La vida terrena es efímera ¡La máquina Tyson de los Noventas quedará en la memoria, no volverá!

El combate Tyson-Paul fue una estocada a un precioso deporte que fue excluido recientemente para futuras Olimpiadas, empero se trata de uno de los deportes más antiguos, exigentes y meritorios. Ojalá reviva el deporte de las narices chatas. Larga vida a los boxeadores de todos los tiempos, entre ellos a Mike Tyson, y en especial, a todas aquellas personas que no han querido vender su dignidad.

León Sandoval

Empaquetamiento de contratos: una trampa que elimina a ingenieros colombianos

Tenemos en la memoria, muy fresca aún, la debacle en que se tornó la contratación de 539 colegios en todo el país a través del Fondo Financiero de Infraestructura Educativa (FFIE) desde 2015; 4 años después, cuando se suponía que se acabaría el programa, no se habían podido terminar 114 colegios (el 21% del total) (Contraloría, 2019) (FFIE, 2024).

Se suponía que en 4 años se haría toda la construcción y mejoramiento, y que para 2019 todos los municipios incluidos se estarían beneficiando de esa infraestructura social clave, que son los colegios. Para hacernos una idea de los sobrecostos financieros, la Contraloría estimó en 559.853 millones de COP de 2019 debido a retrasos y problemas en la ejecución de las obras; eso sin contar los costos sociales de no disponer de los colegios, que elevarían la cuenta varias veces.

 

El Ministerio de Educación optó por contratar a dos fiduciarias para establecer allí la gerencia de un programa de construcción de 5.1 billones de COP de 2015, sin experiencia en contratación y administración de proyectos, y menos en un programa tan grande, que implicaba distribuir pequeñas obras por todo el país llenas de detalles, permisos, contingencias, y comunidades tratando de poner a la medida local cada colegio. Es decir, un problema de mediana complicación local, manejable a ese nivel, se convirtió en un problema de gran complejidad al centralizarse en Bogotá, lejos de la multiplicidad de detalles en cada municipio.

Para complicar más el asunto, empaquetaron los pequeños proyectos en grandes contratos sin mediar un análisis de cuál era la demostración de la supuesta mayor eficiencia que se lograría al hacerlo. Así, trasladaron también la mayor complicación para quien fuera el contratista grande, sin medir las consecuencias. El resultado sigue a la vista: un desastre.

Nunca un problema de optimización (y en general, de logística) se resuelve bien con un atajo dogmático. Había que analizar que los costos de la gerencia de estos proyectos son más variables que fijos, porque no se pueden compartir los recursos tan fácilmente debido a que los lugares de obras son muchos y lejanos. Lamentablemente, el diseño de la contratación estaba orientado al empaquetamiento desde el principio. Las razones son más de una “optimización” mal entendida del ente contratante, porque es más fácil otorgar 1, 2 o 3 contratos grandes que 539 pequeños. Pero esto conduce a una falacia, porque simplemente se están trasladando los costos de coordinación y gerencia al contratista grande y no hay ninguna optimización real en el proyecto en su conjunto.

Y lo más grave no es esto. El contratista más grande favorecido con el contrato no era siquiera colombiano sino portugués, lo cual alejaba aún más su conocimiento particular y consecuente valoración de riesgos que debía tener en cuenta en su propuesta, sobre todo en lo concerniente a los trámites, las dificultades de planeación y ejecución que tenemos, y lo los conflictos que pueden emerger con las comunidades. Sin contar con el aumento de la vulnerabilidad de este esquema a la amenaza de la corrupción, que nunca se puede ignorar en Colombia.

Ahora Findeter está copiando el esquema, con la diferencia buena que es experta en manejo de todo tipo de contratos para ejecuciones públicas desde su régimen privado. Pero igual, en cuanto a empaquetamiento de pequeños proyectos en uno solo más grande, para que resulte más atractivo a grandes jugadores. Se conoció recientemente que la compañía China Harbour Engineering Company estaba pidiendo más plazo para el cierre del proceso PAF-DPS-O-138-2024 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, para contratar la “construcción de Puntos de Abastecimiento Solidario – PAS, del grupo 5” por 40,103,174,662 COP que corresponde solo al departamento de Bolívar.

Se trata de construir en 13 municipios (Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Cartagena, Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María La Baja, San Juan Nepomuceno, Zambrano) pequeñas áreas para el Plan Hambre Cero, que consisten en Puntos de Abastecimiento Solidario que, al revisar, se cuestiona uno qué hará la gigante china CHEC, acostumbrada a construir puertos, aeropuertos y Metros, enredada en semejantes obritas regadas por el departamento durante siete meses únicamente, en las que debe responder hasta por un Plan de Gestión Social y Reputacional (PGSyR) en cada municipio. No tiene sentido.

Para darnos una idea, esas construcciones y sus áreas son: Galerías de plaza de mercado, 6.25 m2; Locales Comerciales, 12.5 m2; Comedor comunitario y/o olla comunitaria, 25 m2; Centro de Acopio de productos de primera necesidad, 60 m2; Área multipropósito que puede ser usada para ferias artesanales y demás necesidades de la comunidad, 90 m2; Área para suministro de bienestarina generada con productos de la región, 6.25 m2; Área de Administración y Baños, 6.25 m2. En total, si solo hay una unidad de cada componente, serían 206.25 m2 por municipio; o sea, una casa grande, para lo cual, claro que no se necesita una empresa grandísima de talla mundial como la CHEC, y ni siquiera una empresa grande nacional. Se requieren pequeñas empresas de ingeniería o ingenieros contratistas individuales con sus pequeñas oficinas haciendo contratos del orden de 3,085 millones COP cada uno, y no un enorme contratista con un solo contrato de 40,103,174,662 COP. (Findeter, 2024)

Si se la ganara una empresa extranjera, como fue Motta Engil en el caso del FFIE, o la CHEC en este proceso, se induce tristemente a que los ingenieros colombianos sean relegados a ser subcontratistas de los extranjeros. La labor de coordinación se quedará del lado del contratista, con la diferencia que éste exprimirá al máximo a los colegas nacionales para hacer una utilidad del tamaño acostumbrado. ¿Y el PAS recibirá un mejor precio? Apuesto que no.

Al revisar el personal exigido se encuentra que se puede compartir el director del proyecto entre 20 frentes de obra (se supone que cada municipio es un frente de obra) y así otros perfiles generales y asesores, y lo correspondiente a la administración. Obviamente, no el ingeniero residente ni el maestro de obra residente. Cualquiera puede pensar que en eso consiste la optimización; o en la compra masiva de los materiales, asunto que pierde validez en este caso por la dispersión geográfica existente que dificulta esta negociación favorable. Lo que no se evalúa normalmente es que la administración del ingeniero individual es muchísimo menor porque él optimiza su presencia en su contrato y al mismo tiempo hace varios roles y cuida el centavo de su negocio cerquita a donde suceden las acciones. Así pasa con los campesinos individuales y los camioneros individuales, que hacen que no necesariamente se obtenga una mayor competitividad de una empresa grande frente a los pequeños jugadores individuales en su mercado.

Hay que solicitar a Findeter que haga este análisis competitivo, incluyendo sus propios costos adicionales de administrar 13 contratos pequeños y no 1 solo, y lo comparta para discusiones y comprensión de todos los públicos incumbentes; que no se nos olvide, es un costo que, de todas maneras, está en la ecuación porque el gran contratista incurre en él y, por supuesto, lo cobra.

Y que, con esa respuesta en la mano, que Findeter en lo sucesivo, no castre de entrada a las pequeñas empresas de ingeniería y a los ingenieros individuales para que puedan competir abiertamente y se ganen estos pequeños proyectos. Las empresas grandes dejémoslas para los proyectos grandes de verdad, no que resulten grandes por empaquetar pequeños proyectos en uno solo. No nos puede dar pereza hacer varias pequeñas licitaciones y sacar de tajo a los nuestros, eso sí, teniendo costos totales comparables.

De una u otra forma estaremos vigilantes para ver cuántos participantes hay en la licitación de este proceso, que lastimosamente ya no puede se puede cambiar, y si se puede detectar alguna maniobra acostumbrada para que solo quede un proponente. Y entonces, ya el tono de la sugerencia cambiaría porque la razón para el empaquetamiento seguramente sería otra, y no la mentada optimización.

Dentro de una razonabilidad competitiva, no es tiempo para excluir a los ingenieros individuales y a las pequeñas empresas de ingeniería con el empaquetamiento de contratos. El país necesita, en todos los sectores y frentes, que el trabajo de los nacionales sea la base de su desarrollo. Colaborémonos.

Rafael Fonseca Zarate