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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

Negocio de los influencers

Andy Warhol decía que cada persona sería famosa por 15 minutos, pues ese futuro llegó para los influencers. Este anglicismo referencia personas que influyen sobre los gustos de otras a través redes sociales. Los principales influencers colombianos son los exitosos en su trabajo con millones de seguidores: Shakira (89.7), Karol G (66.7), James Rodriguez (52.0), etc. En estos rankings empiezan a aparecen famosos cuya notoriedad proviene de ser famosos: Anllela Sagra (25.0), Carmen Villalobos (22.5), Borrego (20.0), etc. Sus comentarios, recomendaciones y vivencias, gozan de una audiencia cautiva. Están cambiando el mundo de los negocios, la publicidad, y ahora hasta la DIAN los tiene en la mira.

Previo a las redes sociales, los colombianos compartían sus experiencias culturales. Recuerdan las voces de Yamid Ammat y Juan Gossain, las telenovelas del Canal Uno y el Canal A, pero también Betty La Fea. Solo se podía ver caricaturas los sábados por la mañana y las novelas después del noticiero. El esquema de ajustarse al horario específico del contenido, murió con las redes sociales. Para gastronomía Tulio Recomienda, en bienestar Silvana Araujo, en belleza siguen a Pautips, se apasionan con la vida de Calle y Poche, en tecnología Charlie Álvarez, y Christian Byfield para turismo. Hoy las redes permiten información específica de comunidades especializadas en cualquier momento.

 

En Colombia por lo menos 645 mil personas se identifican como creadores de contenido, según Influencity, aunque no todos monetizan, si construyen comunidad. En EEUU, por lo menos 57% de la Generación Z dice querer ser un influencer. El crecimiento en Colombia es efervescente, donde después de Brasil, es el segundo país de la región con mayor inversión en influencers. El crecimiento se explica no solo por su visibilidad sino por su eficacia, un estudio de Influencer Marketing Hub mostró que cada peso invertido genera 5.78 pesos de ventas. El poder del testimonio de un personaje de confianza a una audiencia focalizada resulta más rentable que la publicidad generalizada, cuento dure esto no es claro. 

Para efecto de negocios se clasifican por seguidores nanoinfluencers (menos de 10k), microinfluencers (10k-100k), macroinfluencers (100k-1m) y los megainfluencers con más del millón ya tienen otras categorías. Mientras un nano puede cobrar $500 mil por cada campana, el macro puede estar en los $10 millones. Ya los megas cómodamente superan los $50 millones. No es solo comunicarse con mucha gente, es la confianza que ellos generan. La tendencia en EEUU es que de la torta publicitaria de los influencers que tienen menos de 20k seguidores en los último tres años paso del 20% al 45% del total.

De invertir tan solo $8.757 millones en 2019, las campañas reportadas de influencers en 2023 sobrepasaron los $117.563 millones en Colombia. Con un crecimiento anualizado del 77% durante 2023, muchas campañas o se pagan de manera informal o en especie, el monto podría ser mucho más alto. Se estima que, en 2024, con la adopción masiva de varias corporaciones, sobrepase los $300 mil millones.  No en vano la DIAN está poniendo la lupa en el sector auditando los ingresos de más de 40 influencers. Hay que cumplir las reglas, pero ojalá la nueva regulación no mate la innovación.

Simón Gaviria

Sin espíritu, el agua muere

La crisis hídrica en Bogotá ha revelado una vez más la profunda desigualdad en la distribución de los servicios esenciales en nuestra ciudad. En Ciudad Bolívar, una de las localidades más grandes y con mayor población vulnerable, el agua no es simplemente un recurso limitado; se ha convertido en un privilegio restringido por condiciones de infraestructura y políticas públicas que no consideran las realidades de sus habitantes. Desde hace más de tres meses, más de 18 barrios enfrentan cortes continuos de agua. Para las familias de sectores como Candelaria La Nueva, Arborizadora Alta y San Francisco, los racionamientos son mucho más que un calendario. Mientras que otras zonas de la ciudad experimentan cortes temporales con mayor predictibilidad, los habitantes de Ciudad Bolívar denuncian retrasos de hasta diez días en el restablecimiento del servicio e, incluso cuando llega, el agua aparece turbia y de color marrón, lo que la hace insegura para el consumo.

La respuesta oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha sido atribuir estas fallas a un supuesto “sobreconsumo” en la localidad. Sin embargo, esta explicación cae en el simplismo y en la falta de empatía, ya que ignora las condiciones reales de vida en Ciudad Bolívar. La infraestructura en estos barrios, con viviendas autoconstruidas y de materiales precarios, muestra que no todos los hogares cuentan con tanques de reserva para almacenar agua. Las comunidades aquí no «hacen trampa»; apenas sobreviven. Mientras tanto, el Distrito ha sancionado el consumo excesivo en estratos bajos, y sorprendentemente, el 50% de estas sanciones recaen sobre el estrato 2. Parece que la crisis hídrica de Bogotá tiene víctimas selectivas, y son justamente quienes menos tienen quienes deben soportar el peso del racionamiento. ¿Dónde están las sanciones para las industrias o los sectores de altos ingresos? ¿Cómo se incentiva un consumo responsable del agua entre quienes más consumen?

 

En respuesta, la comunidad de Ciudad Bolívar ha recurrido a colectas y apoyos vecinales para comprar agua para aquellos en mayor vulnerabilidad, mostrando una vez más que la solidaridad emerge donde las instituciones fallan. Estas soluciones temporales, aunque dignas de reconocimiento, no son sostenibles ni aceptables. Es inaceptable que familias enteras deban depender de la lluvia o de la bondad de sus vecinos para acceder a un recurso vital. Desde esta columna, hago un llamado a la Administración para que atienda con urgencia y empatía esta situación. La crisis climática y los problemas estructurales en el suministro de agua no deben ser una excusa para profundizar la desigualdad. Es necesario priorizar soluciones técnicas que realmente atiendan las necesidades de la comunidad, como la conexión de la planta El Dorado con los sistemas de abastecimiento de Ciudad Bolívar y otras localidades periféricas.

Esta problemática, sin duda una falta gravísima de gestión, deja en evidencia la falta de coordinación y la improvisación de la administración distrital de Carlos Fernando Galán, que, a pesar de presentarse como la más técnica y preparada, muestra serias carencias en el manejo de la crisis climática. Más allá de un esfuerzo coordinado que involucre a la ciudadanía en prácticas sostenibles, las medidas actuales parecen enfocarse solo en asegurar el suministro, sin un plan educativo profundo ni un enfoque a largo plazo. Esto no solo expone una visión reduccionista, sino que además retrasa avances esenciales en el cambio de mentalidad de la ciudadanía. Aunque valoro la presencia del alcalde frente de la emergencia en la autopista norte, parece siempre que la respuesta aparece no por preparación sino por contingencia, ¿Esta realmente la alcaldía de Bogotá planeando con un enfoque de gestión de riesgo y cambio climático?

En sus recientes columnas en El Espectador, William Ospina, en “Para pedirle al río que nos salve”, nos invita a reflexionar sobre el deterioro del río y el agua como espejo de nuestra conciencia ambiental. Es una advertencia que la administración de la ciudad haría bien en escuchar. Como lo afirma Ospina, “aunque el conocimiento es muy importante… hay cosas aún más importantes… el sentimiento, la compasión y la gratitud.” Sin embargo, los resultados de esta administración parecen quedar a la deriva de un desarrollo sin un verdadero espíritu de pertenencia. La gestión actual necesita ese compromiso que, en palabras de Ospina, es lo único que podría comenzar a salvar no solo al río, sino también el futuro de nuestra ciudad y el bienestar de sus habitantes.

El río Bogotá y el agua en nuestra ciudad no es solo un cauce olvidado; es la clave esencial para transformar nuestra crisis ambiental y repensar la ciudad desde el agua. Su recuperación, como dice Ospina, exige una planificación urbana que ponga al agua en el centro, no como recurso explotable, sino como un elemento vital que conecta nuestras vidas. Ordenar el territorio alrededor del río es asumir que el agua debe ser el eje de la vida urbana, un reflejo de nuestra responsabilidad colectiva y una condición necesaria para un futuro sostenible. Solo así podremos empezar a superar la profunda desconexión entre la ciudad y su naturaleza.

Quena Ribadeneira

Aportes de la curul en la COP16

La paz con la Naturaleza es un llamado a la reconciliación, a cambiar nuestra relación con ella. Y la reconciliación implica repensar el modelo económico basado en el extractivismo frente a un enfoque de justicia ambiental buscando reparar a la naturaleza y el territorio por los daños y pérdidas sufridos, reconociendo el gobierno propio en los territorios étnicos, la lucha del campesinado por la tierra y la confluencia de nuestra diversidad natural, étnica y cultural.

Hacer la paz con la naturaleza para el Buen Vivir de las y los colombianos. Por eso desde la curul del Representante Pedro Baracutao García queremos hacer la paz con el aire, con la biodiversidad interétnica e intercultural del Chocó y con los espacios y prácticas culturales de las comunidades negras.

 

El aire que respiramos nos está enfermando, estamos privilegiando el crecimiento económico a pesar de que conlleve a nuestra muerte. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud -OMS-, una de cada seis muertes ocurridas a nivel mundial, es ocasionada por la contaminación del aire. Por eso estamos proponiendo un proyecto de ley para garantizar un aire saludable en Colombia.

También proponemos el proyecto de ley por una Universidad Tecnológica del Chocó interétnica, intercultural y biodiversa, el cual está relacionado con las metas de biodiversidad en cuanto a “movilización de recursos para la gestión colectiva y biocultural de los territorios para el bienestar de los grupos étnicos y comunidades locales”.

Y finalmente una iniciativa para la protección y reconocimiento de las Comunidades Negras de Acandí y su cultura de conservación y cuidado de unos seres milenarios como es las tortugas Caná que habitan la playa de Acandí, la de mayor anidación del caribe colombiano y la segunda en Centroamérica.

Con estos proyectos de ley buscamos reparar a la naturaleza, así como proponer alternativas al desarrollo extractivista, visibilizar los conocimientos comunitarios del territorio como el monitoreo del aire en las ciudades, el cuidado de las tortugas marinas por las comunidades negras de Acandí y la generación de conocimiento en el Chocó Biodiverso.

Pedro Baracutao

La empresa Ecopetrol

Es muy triste observar la semana anterior y ver las acciones en descenso de nuestra petrolera, viendo la acción cotizada en $1.597, y que, comparados con la pandemia en el mes de marzo de 2020, se cotizó en $1.575

En ese orden debimos preverlo, varios fondos y bancas internacionales como J.P. Morgan nos venían bajando la calificación principalmente por la incertidumbre del gobierno colombiano con su “transición energética que no se ha visto, pero si replicado hasta el cansancio” y la falta de idoneidad del personal, principalmente su presidente investigado Ricardo Roa.

 

Al bajar la acción un US $7,35, impactando un -4,18% , dio la posibilidad a muchos inversionistas para vender sus acciones generando volatilidad, falta de confianza y  precio de bolsa al descenso y sin descanso.

Todo esto, también, al no ver un gobierno corporativo en la compañía, y, las decisiones se enfrascan principalmente por el gobierno de turno, al ser mas del 80% propiedad de estado basados en las políticas de turno… genera retrocesos, falta de gestión y baja continuidad por las políticas de estado que, aun mas, mal manejadas, impactan significativamente en los recursos de la nación.

La responsabilidad también lo evidenciamos en su presidente, Ricardo Roa, quien no responde de manera contundente ni al congreso, a los medios u otro que se le parezca al interrogarle sobre la caída de utilidades, importación de gas desde Estados Unidos, resultados de las acciones, planes energéticos de la compañía e inversiones en negocios fuera de Colombia.

Recordemos que hace un mes también estuvo relacionado con la tentativa de demanda de los accionistas minoritarios por el desistimiento de la compra de CrownRock en Estados Unidos. Esto puede llevar investigaciones o demandas por varias causas como esta al estar inscrita en el mercado bursátil de EE.UU. que al final nosotros pagamos.

Como lo manifestaba anteriormente, al ser político, y el paño de denuncias que está sobre su presidente, no es confiable en ninguno de los casos para experimentados inversionistas avanzar en una estabilidad cuando tenemos una imagen de desconfianza.

El señor Roa debería apartarse y dar explicaciones de lo sucedido con la campaña a la presidencia de Gustavo Petro ante el Consejo nacional Electoral y aparte, contestar si tuvo algún tráfico de influencias en los negocios de las Empresas de William Velez con Ecopetrol… y ya en tema personal, su apartamento 901, que, hasta el momento, “como el dinero con el que pagó, sigue en su caja, sin destapar”.

El presidente debería pensar que en 2 años de gobierno sus entidades ya deberían estabilizarse. Porque, si no hacen, dejen hacer, que el presupuesto de la nación no está de palo para cucharas.

Iván Santisteban

Decir lo siento

La política española de las últimas dos semanas se ha convertido en un juego de estrategia, más propio de una serie de televisión que de un país como España; fuerte, grande, moderno, diverso, con una gran Historia y de futuro- hoy por hoy- poco alentador. La política ha de ser el lugar de puesta en común, de Brainstorming de medidas; esas que ayudan a mejorar la vida de los ciudadanos o que sostengan a los que viven necesitados, ha de servir para solucionar y paliar problemas, ha de diseñar el futuro de un país… Pero sobre todo la política para que funcione, para que realmente funcione, necesita liderazgo.

¿Pero quién es el líder?

 

El que sabe escuchar, el que sabe sacar lo mejor de cada uno, el que se pone al frente de un problema, el que identifica lo esencial, el que resuelve con éxito y el que cuando falla lo sabe, lo reconoce y termina sus frases, cuando toca, con un lo siento. Y si además es preciso, deja paso.

En Europa, al igual que en España, no hay líderes políticos. Hay políticos que siguen las órdenes de otros aún más poderosos, oligarcas que manejan la economía y acaban entrometiéndose en la vida de todos, porque a esos pocos les renta y beneficia el puto taponcito de la Coca Cola. Los políticos de hoy no se salen del guion, movidos por el frío que hace fuera de las listas de partido, incapaces de tomar la iniciativa cuando se necesita. Mediocres, bienquedistas, deudores de favores y esclavos de su propia ambición. Los políticos, y esto es tónica general dentro de la Unión Europea, han dejado de lado a la gente que los ha votado.

Reconocer el error

¿Te crees que importa? A los políticos no. A las demás personas sí. Sí les importa. Decir lo siento, reconocer el error, calmar los ánimos en momentos de ausencia de liderazgo, de fallo político. Hoy los ánimos están demasiado encendidos en una España dirigida por un psicópata de manual. Decir lo siento reconfortaría a todo un pueblo en el hay quien ha perdido mucho, hasta la vida, y que vivirá en el fango hasta no se sabe cuándo. Dimitir es parte de ese lo siento, de aceptar que las cosas se han liderado mal. Deberían dimitir todos. La izquierda que gobierna el país no lo hará, pero ya sabemos cómo son y sobre todo, nunca se han distinguido por su decencia, ni por su amor a la verdad. La derecha que gobierna la comunidad debería dimitir por ejemplaridad. Si fallas, asumes. Porque a la derecha sí se le presupone una honradez en la política y hoy por hoy, se necesita.

Pero como no hay líderes, nadie dirá lo siento y menos aún dimitirán. Aunque ojalá me equivoque.

Queridos jóvenes…

Yo quiero esta semana disculparme antes todos los jóvenes españoles que me han sorprendido. Siento haber pensado que eráis una generación de mimados, que no habéis sabido sacar la esencia de la vida. Siento haberos juzgado de vagos, poco estudiosos y maleantes. Siento haber creído que lo vuestro era llegar borrachos a casa. Tal vez las estadísticas no estaban del todo bien interpretadas y el sesgo que tenía era grande. Siento haber pensado que no había un gran reemplazo, que llegaba una generación de ninis, hijos de lo peor del patriarcado, ajenos a toda responsabilidad social y ahora me doy cuenta de que lo que no hay son adultos ejemplares dirigiendo el país, pero  gracias a Dios que hay miles de personas en sus casas educando jóvenes magníficos.

Mis disculpas a todos los que han dejado la comodidad de sus casas, la limpieza de sus calles, sus quehaceres como estudiantes o trabajadores y se han ido, guantes en mano, a limpiar el desastre que nuestros políticos no han sabido gestionar.  Siento haberos juzgado mal.

Pero es que …

Dicen que son de extrema derecha, de movimientos ultras… No me importa. Lo siento. Lo siento porque las ideas que tenemos en nuestras cabezas no nos definen, cambian a lo largo de la vida, las circunstancias y los hechos. Y lo que cambia no puede definir al ser. Lo que se es, es.  Pero me doy cuenta de que los medios y los periodistas y los adultos intoxicados os juzgan más por las ideas que por los actos.

Pero no hagáis caso a los medios, creadores de la posverdad, que se han vendido al poder que más reluce y los tiene cegados, haciendo propaganda de lo que sus dueños quieren. Creando relatos para que el algoritmo les beneficie con clicks. Queriendo impactar con muchas mentiras que construyen tergiversando el lenguaje.

Queridos jóvenes, nos definen los actos que realizamos, el cariño y la dedicación que ponemos en cada cosa que hacemos. No es lo mismo repartir bocadillos en la calle, que repartirlos y, además, abrazar al que lo necesita y mirarle a los ojos con ternura. No es lo mismo barrer el barro, que barrerlo con alegría. Y si algo me ha mostrado esta semana el algoritmo es que al horror que sufren los damnificados por la DANA se ha sumado una ola de jóvenes estupendos; alegres, invadidos por el espíritu de servir, de ser útiles al resto, que se han llegado a los pueblos de Valencia para ayudar en lo que sea. Ellos sí están preparados para liderar. Veo futuro.

Almudena González

Pegasus: un “estado” dentro del Estado

La trama del software malicioso Pegasus cada día adquiere mayor complejidad y peligrosidad. Cuando el presidente Petro denunció su compra subrepticia, muchos quisieron descartar la gravedad del asunto despachando como una “cortina de humo”. El expresidente Duque y los altos mandos de su gobierno desmintieron su veracidad. Cuando el presidente Petro aseveró que los once millones de dólares en efectivo fueron transportados en dos vuelos a Israel, se dijo que era una falsedad hasta que la Revista Raya publicó la trayectoria de los vuelos y la bitácora de su llegada y salida de la base aérea de CATAM en Bogotá.

Ahora, Estados Unidos, informaron a El Tiempo que su gobierno suministró los recursos dentro de una colaboración normal de carácter operativo y que sobre el particular no se informó al Presidente Duque. La razón de tan grave omisión, según afirman los funcionarios estadounidenses, es que cuando se llevó a cabo la operación “no existía polémica alguna por el uso de este software.” Con todo, desde 2016 se conocían denuncias de abuso posteriormente documentadas con pruebas forenses por el Proyecto Pegaso de un consorcio de 80 periodistas de 17 medios de comunicación de 10 países, entre ellos The Guardian y el Washington Post.

 

En realidad, luce mucho más grave que el presidente Duque no supiera, a que sí supiera, de la compra en dólares en efectivo, por un monto que internacionalmente supera con creces el valor permitido, de un software con un potencial invasivo tan susceptible de ser utilizado con fines ilegales y violatorios de los derechos humanos. Tan peligroso es que ya fue prohibido por EE. UU y la empresa NSO Group que lo suministra, ingresada a la lista de empresas prohibidas de ese país por representar una amenaza a la seguridad nacional.

La investigación denominada Proyecto Pegasus mencionada surgió de una filtración de un listado con 50 mil números celulares que permitió descubrir que periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, opositores, empresarios y hasta jefes de Estado fueron chuzados ilegalmente poniendo en riesgo muchas vidas, encarcelando a quienes divulgaban informaciones incómodas y persiguiendo a opositores políticos.  La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callmard, concluyó sobre los resultados de la investigación que lo que estaba en juego era, ni más ni menos, que la intención de “controlar la narrativa pública, resistir el escrutinio y suprimir cualquier voz disidente.”

Si las personas con la jerarquía necesaria para gastar esos montos de recursos públicos y autorizar la utilización de semejante herramienta niegan públicamente haber sido informadas, estamos ante un “estado” dentro del Estado que no responde a criterios democráticos, ni a las reglas que ordenan y limitan a los poderes públicos. Colombia tiene demasiados antecedentes de abuso de actores estatales en materia de derechos humanos, incluyendo el exterminio de la Unión Patriótica, 6.402 falsos positivos, chuzadas a la Corte Suprema de Justicia y testimonios al granel en los expedientes judiciales de Justicia y Paz, la Fiscalía y la JEP para entender la necesidad y urgencia de actuar severamente sobre el Golpe Pegasus. Este tiene, además de aristas de violación de la soberanía, elementos de un golpe certero de un sector no institucional dentro del Estado que se erige por encima de la ley so pretexto de cumplirla. Eso es inaceptable.

Clara López Obregón

¿La inteligencia artificial apretará el gatillo? La discusión de las armas autónomas letales

En un mundo cada vez más impulsado por la tecnología, la inteligencia artificial (IA) y su aplicación en el ámbito militar han traído a la palestra una de las mayores preocupaciones éticas y de seguridad de nuestro tiempo: las armas autónomas letales (AAL). Estos sistemas, impulsados por IA avanzada, son capaces de identificar, seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana, y podrían cambiar la naturaleza de los conflictos de manera irreversible. Sin embargo, la regulación de estas armas sigue siendo un vacío en la legislación internacional, un vacío que debe ser abordado antes de que las consecuencias se nos adelanten.

La IA en las AAL presenta desafíos únicos que requieren atención urgente. La capacidad de estas tecnologías de aprender, adaptarse y actuar de forma independiente eleva preguntas críticas sobre la responsabilidad en caso de errores y la capacidad de controlar estos sistemas en contextos impredecibles. La Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC), que desde 1980 regula el uso de armamento que puede causar daños indiscriminados, ha discutido el tema de las AAL desde 2014, pero sin avances concretos. Las discusiones han dejado en claro la urgencia, pero los Estados aún no han alcanzado un consenso para incluir un protocolo que contemple estas armas y sus bases tecnológicas.

 

La ampliación de la CCAC para incluir un marco legal que regule las AAL impulsadas por IA es fundamental para proteger a las poblaciones civiles y establecer un equilibrio ético en el uso de la tecnología en la guerra. Regular las AAL debe comenzar con una definición precisa de qué constituye un arma autónoma letal, fijando límites sobre su desarrollo y uso, y asegurando la intervención humana en decisiones críticas. Un protocolo específico de la CCAC debería abordar tanto las restricciones de uso como los mecanismos de verificación y cumplimiento. Sin estos elementos, se corre el riesgo de permitir un desarrollo descontrolado que podría desencadenar consecuencias irreversibles y aumentar la incertidumbre en el ámbito de la seguridad global.

La inteligencia artificial, en su desarrollo y aplicación en sistemas militares, no solo amplía las capacidades de los ejércitos sino que también desafía los principios éticos y legales existentes. La programación de estos sistemas para actuar de forma autónoma, sin la empatía y el juicio humano, plantea el riesgo de decisiones inhumanas o desproporcionadas. Por ello, un protocolo que regule las AAL debe asegurar que la IA utilizada en estos sistemas esté sujeta a criterios éticos estrictos y a un control humano significativo.

El proceso para implementar este cambio no es simple, pero es necesario. Comenzaría con el consenso entre los Estados Parte para priorizar la inclusión de las AAL y sus tecnologías de IA en las discusiones de la convención. Una vez logrado esto, la redacción de un protocolo que abarque todos los aspectos técnicos, éticos y de cumplimiento permitiría avanzar hacia la firma y ratificación por parte de los Estados. A nivel nacional, los países deben adaptar su legislación y comprometerse con mecanismos de supervisión rigurosos para garantizar que el protocolo se respete.

En este contexto, Colombia tiene una oportunidad de liderar desde el ámbito nacional. Presentar y promover un proyecto de ley que regule el desarrollo y uso de las AAL, y que contemple el control ético de la IA en dichos sistemas, enviaría un mensaje claro de compromiso con los principios del derecho internacional humanitario y con la protección de los derechos humanos. Este proyecto debería incluir la supervisión humana obligatoria en decisiones de ataque y sanciones por el incumplimiento de las normas, además de medidas para alinear la legislación nacional con futuras normativas internacionales.

Mientras el mundo avanza, aunque lentamente, hacia un acuerdo global, es vital que los países tomen la iniciativa de manera independiente. Colombia, con un historial de participación activa en foros internacionales y un compromiso con la paz, tiene el deber de adelantarse y ser un ejemplo de legislación ética y responsable en el uso de la tecnología armamentista impulsada por IA. La regulación de las AAL no puede esperar; actuar ahora es una cuestión de responsabilidad y liderazgo en un mundo que enfrenta desafíos sin precedentes.

El desarrollo de la IA no se detendrá, y si no se toman medidas, el vacío legal puede ser explotado por aquellos con menos escrúpulos y más ambiciones. La sociedad, la ética y la paz mundial dependen de un marco que, sin obstaculizar el avance tecnológico, lo guíe y supervise bajo principios humanitarios sólidos. El camino es claro: regulación, responsabilidad y visión de futuro.

Alejandro Toro

Alharaca uribista

Una tormenta en un vaso de agua. En eso ha terminado la alharaca uribista por los cambios que el alto mando militar y el Ministro de Defensa Iván Velásquez anunciaron en días pasados en la estrategia y operatividad de nuestras fuerzas militares. La narrativa opositora de quienes se proclaman como los únicos defensores de la fuerza pública, en su afán por golpear a Petro, construyeron el Fake News de que se trataba de su desmantelamiento para favorecer a las organizaciones armadas ilegales y a las estructuras criminales que este gobierno heredó de ellos.

El grito en el cielo lo pusieron para aprovechar la resolución firmada por el Ministro de Defensa que ordena la transformación de los “Comandos Conjuntos” y las “Fuerzas de Tarea” tal y como se conocen hasta ahora, que fueron creadas a comienzos de siglo, en el primer Gobierno de Álvaro Uribe, para que Ejercito, Armada y Fuerza Aérea, encararan la confrontación con las guerrillas, principalmente las FARC, que habían entrado a una fase de guerra de movimientos, dejando atrás la típica modalidad de guerra de guerrillas.    

 

El oportunismo de los sectores de la derecha política no ha podido prosperar porque ha sido el propio alto mando militar el que ha salido a dar las explicaciones sobre estas medidas y decisiones. En su boletín de prensa del 2 de noviembre del 2024, las Fuerzas Militares aclararon que estos cambios ocurren “tras un análisis detallado del contexto estratégico y una revisión a la estrategia militar mediante mesas de trabajo de equipos multidisciplinarios incluyendo inteligencia, operaciones, planeación y un análisis de la amenaza y retos que enfrentan las Fuerzas Militares…”. Advierten además que “los cinco Comandos Conjuntos, continuaran con su misionalidad en el planeamiento y evaluación del ambiente y contexto estratégico en cada una de sus áreas geográficas asignadas.” y a renglón seguido reiteran que “las Fuerzas de Tarea Omega, Hércules y Vulcano continúan operando en las áreas actuales y serán orgánicas del Ejercito nacional”.

Estos energúmenos críticos del gobierno no quieren reconocer o no logran dimensionar que, al adentrarnos en el cierre definitivo del conflicto político armado con el Acuerdo de Paz del 2016, a pesar de la subsistencia del ELN, ha ocurrido una transformación de la criminalidad en Colombia. Y que las nuevas amenazas surgidas de dicha transformación no es posible atenderlas con la doctrina y organización militar propia de la guerra anterior. Se requiere examinar que aporta cada fuerza –Ejercito, Armada y Fuerza Aérea- a la acción y operación conjunta. Quizás, la evaluación del alto mando ha concluido que los comandos y unidades conjuntas que fueron definitivos para cambiar la correlación de fuerzas militares a favor del Estado, se empoderaron de tal forma que debilitaron cada una de las fuerzas regulares.

Las nuevas circunstancias de afectación de la seguridad en la Colombia de hoy ameritan cambios audaces. Mas inteligencia y contrainteligencia, fortalecimiento y cualificación del mando de cada fuerza, identificación y promoción de la virtud en la juntanza y coordinación de las fuerzas militares, y capacidad de despliegue rápido para responder oportunamente a los ataques y amenazas en los territorios. Y, sobre todo, no distraerse con alharacas electoreras.    

Antonio Sanguino

Entre sequías e inundaciones

¡Qué paradojas! Por un lado, nos falta el agua y por el otro la tenemos hasta el cuello. Lo de Bogotá es alarmante y esta semana que culminó quedó demostrado que se necesitan medidas urgentes en cuanto al manejo de nuestras fuentes hídricas.

Durante este 2024 hemos padecido por cuenta de las sequías o los bajos niveles de los embalses que surten de agua a la ciudad, situación que ha llevado a la Administración Distrital a adoptar medidas de racionamiento. Y terminando el año pasó lo que se había advertido: inundaciones en la autopista Norte.

 

Las imágenes que dejó la emergencia fueron dramáticas, por decir lo menos. Niños desesperados y atrapados en rutas escolares, gente tratando de dirigirse a sus destinos bajo el frío y el paso de las horas. Lejos de una película, era la realidad, menores de edad tuvieron que dormir en sus colegios, bajo la angustia de sus padres, pues fue imposible llegar a sus hogares. Solo imaginen por un momento que uno de esos pequeños hubiera sido alguno de nuestros hijos.

En medio de este escenario, uno de los primeros en criticar fue el presidente Gustavo Petro; decidió lavarse las manos y endilgar responsabilidades. Sin embargo, es él quien de una vez por todas debe asumir y enfrentar las situaciones que se presentan como consecuencia de sus perversas decisiones que lo único que hacen es llevar al caos. La semana pasada señalé que el mandatario se la tiene montada a Bogotá y hoy lo reitero.

Petro y su radical ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien ahora sería su alfil a la Alcaldía de Bogotá, tienen bloqueados los Accesos Norte II, por causa de sus fanatismos ambientales, como dice mi colega, la concejal Sandra Forero. A inicios de este año la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivó el trámite administrativo de solicitud de licencia, paralizando la obra en mención.  

Pero ojo, este proyecto de infraestructura no solo solucionará la movilidad de más de dos millones de personas de Suba, de Usaquén y de los municipios vecinos de la sabana de Bogotá, sino que también brindaría soluciones para restituir la conexión hídrica del humedal Torca – Guaymaral evitando inundaciones como las que estamos afrontando.

Pero sumado hay una encrucijada, en la actualidad, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, como entidad responsable del proyecto Accesos Norte II, es quien tiene autonomía y decisión sobre la autopista Norte entre las calles 191 y 245, esto a raíz de la entrega de la concesión.

Esto quiere decir que las entidades distritales que deben adelantar el mantenimiento de infraestructura en términos de iluminación, aseo y movilidad, no pueden, ya que tienen que solicitarle permiso a la ANI para poder intervenir.

La autopista que tenemos en la actualidad fue puesta al servicio en la década de los cincuenta; sin embargo, el desarrollo urbanístico del norte de Bogotá 70 años después hace que este importante acceso sea insuficiente para sostener la alta carga vehicular de aproximadamente 30.000 vehículos que transitan diariamente por este corredor vial.

El humedal Torca – Guaymaral como parte de la estructura ecológica principal juega un rol fundamental para entender la necesidad de adelantar las adecuaciones necesarias en términos de infraestructura y mancomunar esfuerzos para recuperar el corredor hídrico natural; esto debido a que en el momento de construcción de la autopista Norte, el ecosistema en mención se dividió en dos.

El Plan de Ordenamiento Zonal Lagos de Torca contempla importantes acciones en términos de recuperación de la estructura ecológica principal, según lo consignado en el Decreto 088 de 2017. Este proyecto de 1.803 hectáreas plantea la reestructuración de los drenajes pluviales naturales como lo son el Canal Torca, la recuperación del humedal Torca – Guaymaral y la adecuación y construcción de redes de alcantarillado con descarga en el río Bogotá.

Por lo anterior, el presidente Petro y su gobierno deben pensar en el bien común y dejar de lado egos políticos que una vez más están bloqueando el desarrollo de Bogotá. La capital del país necesita de un presidente que le ayude a solucionar sus problemas y no que sea una constante piedra en el zapato.  

Andrés Barrios Bernal

Esa película ya la vimos

Ecuador padece diariamente hasta 10 horas de racionamiento del servicio de energía. Esa película ya la vimos, se rodó en Colombia hace 32 años, cuando sufrimos los rigores de un racionamiento similar, que se extendió por espacio de 14 meses entre los años 1992 y 1993 (343 días, entre 9 y 10 horas de racionamiento, 15% de la demanda). Allá se está reeditando.

La causa raíz de cuanto acontece en Ecuador es muy similar al caso colombiano: 1) dependencia en un 79% de la generación hídrica (Colombia 80%). 2) atraso en la ejecución de los proyectos de generación y transmisión debido a la estatización del sector y a la falta de espacio fiscal (en Colombia absorbía el 45% de la deuda pública) para las inversiones requeridas. 3) de 3.000 MW capacidad instalada de generación térmica, solo 700 MW están operativos por obsolescencia y falta de mantenimiento por falta de recursos. 4) las tarifas las fija el ejecutivo, sujeta a consideraciones políticas y no técnicas. 5) entonces como ahora, la sequía sirvió de detonante del apagón ya que, parodiando a Warren Buffet, podemos decir que cuando el nivel del agua en los embalses baja es que se sabe quién venía nadando desnudo!

 

Como antecedente de la calamidad, que significó para el país el apagón, es importante destacar que entre los años 1990 y 1991 se adelantaron varios congresos internacionales sobre la energía, en los cuales se empezó a ventilar la necesidad de una reforma del Sistema, constituyéndose el apagón en el catalizador que la hizo posible. De allí que la expedición de las leyes de servicio público (142 de 1994) y eléctrica (143 de 1994), que son hermanas siameses y no se puede entender la una sin la otra, fueran su respuesta, asimilando las lecciones aprendidas del mismo.

El paso más importante ya lo había dado la Constituyente de 1991, al establecer en el artículo 365 de la nueva Constitución Política que, aunque es el Estado quien debe garantizar la prestación de los servicios públicos, que son esenciales y en consecuencia, como lo ha reiterado la Corte es un derecho fundamental para los ciudadanos, también lo pueden prestar las “comunidades organizadas o los particulares”. Ello se tradujo en una inversión por parte de los privados de $140 billones, aproximadamente, en los últimos 30 años, aupada especialmente por los contratos de Oferta de energía en firme (OEF) correspondiente al Cargo por confiabilidad. La capacidad instalada de generación pasó de 8 GW en 1995 a 21.3 GW en 2024, para un incremento del 266%. La cobertura pasó del 70.9% en 1990 a 98.72% en 2023. Y el número de usuarios pasó 4.4 millones 1990 a 17.7 millones en 2023.

El Estado se reservó su función reguladora, prevista en el mismo artículo 365 de la Carta y la vigilancia a través de la Superintendencia de servicios públicos, la única de rango constitucional, llamada a proteger al usuario de los servicios públicos. La Ley de servicios públicos le dio vida a las comisiones de regulación, entre ellas la Comisión de regulación de energía y gas (CREG).

Ello le ha valido al Sistema energético colombiano una buena calificación por parte del Foro económico mundial (FEM) y del Consejo Mundial de energía (WEC, por sus siglas en inglés). Para el primero, según su reporte, Colombia ocupa el 10º lugar entre 126 países considerados por el desempeño de su arquitectura energética y de acuerdo con el Trilema de la WEC (seguridad, sostenibilidad y equidad) Colombia se sitúa en el puesto 35 entre 130 países evaluados!

De allí que podamos afirmar con contundencia que se equivoca el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho cuando afirma que “este gobierno ha venido a enfrentar problemas estructurales de un modelo económico neoliberal. 30 años después de este modelo de servicios públicos las empresas no le han garantizado los derechos a la gente”. Y menos con que dizque “las empresas de servicios públicos están prácticamente expropiando los bolsillos de los colombianos”, cuando en materia tarifaria, contrariamente a los sostenido por el Presidente Gustavo Petro, en el sentido de que “Colombia es el único país en América Latina que no tiene su sistema de tarifas regulado por el Estado”, es la CREG quien fija las tarifas del servicio de energía, partiendo de dos principios fundamentales: el de la suficiencia financiera de las empresas y los costos eficientes de estas (artículo 87 de la Ley 142 de 1994), es decir las empresas no le pueden trasladar sus ineficiencias al usuario.

De modo que está fuera de lugar la declaración del Ministro Camacho en el sentido de declararse “un Ministro del lado de los usuarios”, al tiempo que manifestó enfáticamente que “no vamos a permitir que las tarifas sigan subiendo” sin decir cómo ni cuándo, al tiempo que amenazó con tomar “medidas regulatorias y económicas para que no se cargue el costo del mercado a los usuarios, que es lo que viene pasando históricamente”. Se equivoca de medio a medio!

Gracias a esta institucionalidad, Colombia ha podido soportar y resistir los embates del fenómeno de El Niño y se muestra como el único país en Latinoamérica que no ha tenido racionamiento en los últimos 30 años. No obstante, hoy estamos enfrentados a un riesgo de racionamiento, pero por razones diferentes a las de antaño: la crisis financiera de las empresas comercializadoras de la energía, a causa de lo que le debe la Nación por concepto de los subsidios de energía ($2.5 billones) y por cuenta de opción tarifaria ($5 billones), la escasez de gas natural, pero sobre todo la estrechez de la oferta de energía que le resta margen de maniobra al Sistema (no supera el 10%), en momentos en los que los embalses de las hidroeléctricas siguen sin recuperarse satisfactoriamente, situación ésta que puede llegar a ser el detonante de un posible racionamiento del servicio de energía.

Amylkar Acosta

¡El espacio público se respeta! 

Bogotá está atravesando una crisis significativa en el manejo del espacio público, especialmente por las ventas informales. Según el artículo 82 de la Constitución, el Estado debe “velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”. Sin embargo, en una ciudad de más de 8 millones de habitantes, el interés colectivo de los bogotanos parece estar siendo desplazado por el caos y el desorden.

¿En qué momento nos resignamos a aceptar el irrespeto por el espacio público? Las calles y estaciones de transporte no son propiedad de nadie en particular, sino de todos los ciudadanos. La falta de control en la ocupación del espacio público ha hecho que este derecho colectivo esté en constante vulneración. Mientras muchos abogan por los derechos de los vendedores ambulantes, ¿quién se preocupa por los comerciantes formales y la seguridad integral de los ciudadanos?

 

Sectores como El Restrepo, Kennedy, La Zona T y San Victorino, entre otros, están siendo testigos de una competencia desleal que afecta gravemente sus economías. Los dueños de estos comercios formales no solo deben pagar impuestos, arriendos y servicios, sino también enfrentar un entorno hostil donde las ventas informales crecen sin control, alejando a sus clientes. Además, estos comercios también generan empleo y estabilidad para cientos de familias, un esfuerzo que se ve cada vez más amenazado por una situación insostenible económicamente.

Para los ciudadanos que transitan por estas zonas, la situación también es alarmante. La inseguridad, el desorden, la acumulación de basura y los ruidos en las calles se han vuelto la “nueva normalidad”. Las vías de Bogotá se han convertido en espacios de desorganización, que incluso han dado lugar a mafias que cobran “vacunas” a los vendedores informales por el uso de algunos metros de calle.

Una de las primeras iniciativas que la actual administración ha impulsado es la liberación de los corredores de las estaciones de TransMilenio, que se habían convertido en verdaderos centros comerciales informales. La seguridad y el tránsito de más de 70.000 pasajeros diarios, en estaciones como El Ricaurte, es ahora una prioridad. De igual manera, este esfuerzo debe continuar y ser replicado en otros puntos críticos de la ciudad, como los portales, los puentes peatonales y las principales calles de barrios que también están colapsadas por la venta informal.

No se trata de vulnerar el derecho al trabajo, como algunos aseguran, sino de garantizar la seguridad de todos. Ante cualquier emergencia en una estación, los usuarios no tienen cómo evacuar rápidamente debido a la cantidad de obstáculos creados por la venta ambulante. Esta situación no puede continuar, y es responsabilidad de la Administración asegurar un entorno ordenado y seguro para todos.

Es importante reconocer que, aunque se han implementado mesas de trabajo y se han ofrecido alternativas a los vendedores ambulantes, muchos prefieren seguir en la informalidad y no quieren caracterizarse. Esto se debe, en gran parte, a que no tienen que asumir los costos de la formalidad, como impuestos o servicios. Sin embargo, esta dinámica perjudica tanto al espacio público como al comercio formal, lo que refuerza la necesidad de tomar medidas más efectivas.

El futuro de los vendedores informales en Bogotá sigue siendo un reto para la ciudad. La regulación y formalización parecen ser las únicas vías viables para equilibrar la protección del espacio público con el derecho al trabajo. El IPES debe continuar con su labor de diálogo, caracterización y el ofrecimiento de servicios sociales, mientras la Alcaldía y la Policía Metropolitana de Bogotá deben seguir interviniendo en puntos críticos de alta concentración de ventas informales.

En su sentencia C-211 de 2017, la Corte Constitucional ya se pronunció sobre la ocupación indebida del espacio público, estableciendo sanciones claras para quienes lo violen. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas normas debe ser una prioridad si se quiere devolver el orden a Bogotá. La venta informal es un tema que no puede seguir siendo ignorado si aspiramos a una ciudad más segura, equitativa y organizada.

Cristina Calderón Restrepo

Café doméstico

Frente a un café negro y sin azúcar hilvano las siguientes líneas aproximativas sobre la calidad del que se consume en Colombia, no sólo como hecho histórico desde que un afamado sacerdote jesuita, Francisco Romero Torres (1807-1874), colocaba como penitencia a sus prosélitos la siembra por centenas de matas de café en el Gran Santander por allá en el Siglo XIX, lo que lo hizo ser uno de los precursores de su siembra masiva y que llevó al Gran Santander a ser la primera región cafetera del País. Posteriormente, la economía cafetera tomó la puntera, convirtiendo a Colombia en el País Cafetero por antonomasia con el esplendor del Eje Cafetero como fuente de la bonanza económica de la segunda parte del Siglo XX.

Hoy por hoy Colombia goza de afamada reputación cafetera y sus preciados cafés se producen en casi en todo el territorio nacional; afamados por la mejor calidad y consumibles en todos los mercados del mundo. Entre sorbo y sorbo de un café caliente, amargo alimonado y cerrero, vale la pena preguntar ¿Si Colombia es un País cafetero no sólo por su producción masiva también por el consumo, por qué en Colombia se consume café de tan baja calidad?

 

Si un colombiano quiere tomarse un magnífico café con toda certeza no lo va a encontrar en una cafetería de barrio, ni en una de las grandes y poderosas cadenas multinacionales que tienen cafeterías en el País, deberá viajar al extranjero así sea a un país vecino y, también con toda certeza, allí podrá degustar un café de calidad ¿Será verdad el adagio aquel que en casa de herrero azadón de palo? Los colombianos se acostumbraron a consumir café de mala calidad. Más allá del manido argumento que, el mejor café se exporta y el de mediana-baja calidad se deja para el consumo interno, pareciera una penitencia no tener derecho a café de óptima calidad para el consumo interno.

Es cierto que hace rato Colombia dejó de ser un país productor de café. El cultivo de café ha sido desplazado por otros productos agrícolas entre ellos, las matas que matan, tan consumidas hoy recreativamente por muchos y tan preciadas por algunos sectores del poder, lo que no debería ser acicate porque por muy incívico que sea el colombiano promedio no debería ser castigado con café tan malo para el consumo interno. El colombiano es asiduo tomador de café. El primer hervor para muchos es el café desde la primera luz matutina hasta tarde en la noche, y para otros, el café es el único consuelo comestible en el día acompañado de un pan o una galleta de soda. Para los servidores públicos las grecas con café se desocupan entre taza y taza que se consumen burocráticamente. Debería haber un estudio sobre la influencia de la greca de café en la gestión del servidor público colombiano ¿Por qué se hace creer al colombiano que produce uno de los mejores cafés del mundo que, muchos jamás degustarán?

La dolorosa verdad, lo que toma la gran mayoría de colombianos y sabe tan delicioso, es aguapanela oscurecida con café, el sabor agradable de la panela termina disfrazando la mala calidad del café. Ojalá algún día los productores y comercializadores de café piensen que los colombianos de a pie, los del barrio, los de la tienda, los del termo rodante servido en vaso plástico deberían tener también derecho a consumir café de excelsa calidad.

En conclusión, algún día el colombiano viajará fuera de las propias fronteras y probará café que, al inicio le parecerá extraño, luego de la segunda taza despertará del engaño y, dirá: Carajo que mal café se toma en mi tierra, parte del nacionalismo es reconocer lo de la tierra primero, pero con calidad.

León Sandoval Ferreira

DANA: Dolor, angustia, necesidad, afectación

España se enluta ante la tragedia provocada por las devastadoras lluvias torrenciales e inundaciones que ha dejado el fenómeno meteorológico conocido como Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). Este evento ha causado terror, con 200 muertos y miles de personas y animales desaparecidos. Los vehículos arrastrados por las calles, casas destruidas y llenas de barro, así como puentes y avenidas devastadas, son algunas de las escenas que ha dejado esta tragedia, que sumerge en tristeza este Halloween y no vaticina una alegre Navidad para la comunidad de Valencia.

El 100% del personal de servicios de emergencia y fuerzas militares está trabajando en operaciones de búsqueda y rescate en la zona afectada y sus alrededores, mientras que los residentes han comenzado a limpiar y evaluar el nivel de los daños. La presencia de los reyes fue rechazada durante el operativo de limpieza, generando odio e indignación, ya que la ayuda a la población debe pasar por varios trámites burocráticos. Así, la visita del rey Felipe VI y del presidente Pedro Sánchez a Paiporta, en el epicentro de la tragedia, provocó furia entre los manifestantes, quienes les arrojaron barro y expresaron gritos de reclamo por la falta de atención estatal, percibiendo su presencia como un espectáculo inapropiado para el momento que atraviesa la región.

 

Valencia fue fundada por los romanos como colonia en 138 a.C. y es una de las ciudades más antiguas del Mediterráneo, con 1.540.000 habitantes. Después de Barcelona y Madrid, es una de las principales ciudades de España. La ciudad está situada a orillas del río Turia, en la costa de la península ibérica, justo en el centro del golfo de Valencia. Fue invadida por los musulmanes en siglos pasados, dejando su huella arquitectónica y cultural.

Famosa por sus universidades y museos, Valencia hoy se congestiona por la furia de esta DANA, cuya llegada no deja los beneficios acostumbrados del turismo, al que se le ha asignado buena parte del presupuesto, olvidando que la gestión del riesgo es necesaria para preservar no solo los museos y las edificaciones moriscas, sino también la vida de los seres humanos y los animales.

Esta baja inversión, sumada a la presión mediática que promueve la idea de que «no pasará nada», culminó en una tragedia anunciada, ya que se sabía del aumento de lluvias en el Mediterráneo y se conocía la escasa inversión para prevenirlo, todo esto ocultado por el enfoque en el turismo. Afortunadamente, la afluencia de visitantes ya había disminuido, de lo contrario, la tragedia podría haber sido aún peor.

Las lecciones del País Vasco deben servirnos de ejemplo para concentrar nuestros esfuerzos en la pronta reubicación y en la inversión en gaviones y muros de contención en algunos barrios de ciudades, municipios, caseríos y zonas costeras de Colombia, preservando la tranquilidad y la vida por encima de la visión antropocéntrica del placer vacacional.

Si no aprendemos de estas realidades que podemos experimentar en tiempo real, sin ayuda de la inteligencia artificial ni de la realidad virtual, seremos cómplices de la falta de atención del Estado en términos de gestión del riesgo. Por ello, es tan delicado el tema de la corrupción y la necesidad de hacer justicia, ya que son los recursos que previenen la debacle y permiten la planificación y las precauciones para enfrentar estas emergencias.

La naturaleza está reclamando el daño hecho por la humanidad. DANA, llena de cólera, exige el trato que se le da a las aguas y al mar Mediterráneo. Pensemos en la naturaleza, la tierra y los ríos como sujetos de derechos; así, la protección de estos se reflejará en la inversión, pero sobre todo en el verdadero disfrute de la vida misma, en lo simple y en lo sencillo, no en las relaciones posudas y clasistas del mundo de los reyes y de los turistas, también reyes del consumo.

La naturaleza, a través de DANA, de Milton y de otros, reclama sus derechos.

Pd: perdió Kamala y perdió USA, Trump es peor que la guerra, espero que su triunfalismo no invada las democracias del mundo.

AgTech: Innovación para un Futuro Sostenible

La agricultura enfrenta uno de los mayores desafíos en la lucha contra el cambio climático. Aunque a menudo pensamos en los combustibles fósiles y en la energía como principales causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero, la cadena de valor desde la granja hasta nuestra mesa sería responsable de entre el 20% y el 35% de las emisiones globales según datos de la OECD y la FAO. Las estimaciones varían según los factores que se incluyen y en cómo se tienen en cuenta aspectos como el uso del suelo, cuyo impacto es difícil de medir.

La intersección de cambio climático y agricultura es mucho más profunda que lo que vemos a simple vista, particularmente en América Latina que es la mayor exportadora  mundial de productos agrícolas y de acuerdo con el BID el mayor granero del mundo. Esta región alberga uno de los pulmones verdes del mundo, el Amazonas, que según cifras de la Amazon Conservation Association, con corte a2021había perdido cerca de 85 millones de las 647 millones de hectáreas de bosque original amazónico y que desde hace un par de décadas  tiene como principal razón de esta deforestación el desarrollo de agroindustria, ganadería y economías ilegales.

 

La duda que surge es, ¿cómo podemos reducir estos impactos sin sacrificar los alimentos que disfrutamos o comprometer la seguridad alimentaria de millones de personas en el mundo? Aquí es donde entra en juego la tecnología agrícola, o AgTech, que está revolucionando el sector y ofreciendo soluciones innovadoras para transformar la agricultura en una actividad más sostenible.

Un gran ejemplo es Pivot Bio, compañía de biotecnología estadounidense que está cambiando la forma en que pensamos sobre los fertilizantes. Tradicionalmente, los fertilizantes nitrogenados han sido un recurso clave para impulsar el crecimiento de las plantas, pero su producción y uso generan importantes emisiones. No solo requieren mucha energía para su fabricación, sino que, una vez aplicados en los campos, las plantas no logran absorber todo el nitrógeno. Este sobrante se convierte en gases de efecto invernadero, como el óxido nitroso, que es 300 veces más potente que el dióxido de carbono. Pivot Bio, sin embargo, ha desarrollado un fertilizante basado en microbios que ayuda a capturar el nitrógeno directamente del aire y lo convierte en nutrientes para las plantas. Esto no solo reduce la dependencia de los fertilizantes tradicionales, sino que permite a los agricultores usar hasta un 25% menos de fertilizante, disminuyendo su impacto ambiental.

Otro protagonista en esta transformación es Rumin8, una empresa australiana que se centra en uno de los mayores retos climáticos de la ganadería: las emisiones de metano producidas por el ganado. Sí, las vacas producen grandes cantidades de metano que liberan al ambiente a través de sus procesos digestivos. Este gas es hasta 80 veces más potente que el CO₂ en términos de calentamiento global a corto plazo. La solución de Rumin8 es un aditivo alimenticio que ayuda a las vacas a utilizar ese metano como fuente de energía, lo que no solo disminuye las emisiones sino que también favorece el crecimiento de los animales, un beneficio adicional para los productores. Este tipo de innovación es crucial, especialmente en regiones como América Latina, donde la ganadería es una actividad económica fundamental y en crecimiento.

Estos ejemplos son solo la punta del iceberg de lo que AgTech tiene para ofrecer. Desde la creación de cultivos que requieren menos agua hasta el desarrollo de alternativas a la carne, la tecnología está permitiendo reducir las emisiones en todas las etapas del sistema alimentario. Y aunque los esfuerzos individuales, como reducir el consumo de carne o disminuir el desperdicio de alimentos, son importantes, necesitamos soluciones que se puedan integrar a gran escala y de manera efectiva en la cadena de suministro global. Por ejemplo, en países europeos como España, el movimiento hacia una agricultura regenerativa, que busca restaurar la salud del suelo y reducir la dependencia de fertilizantes y pesticidas, está ganando tracción y podría ser replicado en América Latina, adaptándose a las realidades locales.

Uno de los principales retos para la adopción de estas tecnologías es la inversión inicial y la resistencia al cambio en un sector tan tradicional como el agrícola y que en el mundo tiene un bajo relevo generacional. Sin embargo, muchas de estas innovaciones no solo son más sostenibles, sino que también pueden ser más rentables a largo plazo. En lugar de ver la transición hacia prácticas más sostenibles como un costo, deberíamos verla como una inversión en el futuro. Además, gobiernos y organizaciones internacionales están comenzando a ofrecer incentivos y financiamiento para ayudar a los agricultores a dar el salto hacia una agricultura de menor impacto.

En conclusión, la transición hacia una agricultura más sostenible no depende solo de una solución mágica o de cambios drásticos en nuestros hábitos alimenticios. Es necesario un esfuerzo coordinado que combine innovaciones como las mencionadas, políticas públicas que fomenten el desarrollo y adopción de estas tecnologías y una toma de consciencia sobre cómo nuestras decisiones diarias afectan al planeta. En este sentido, AgTech tiene el potencial de revolucionar la agricultura en el mundo, ayudándonos a construir un sistema alimentario que no solo alimente a la población, sino que también respete y preserve el medio ambiente.

Raúl Arce

ECOPETROL en la mira

Cerramos otra semana con sombrías noticias para el patrimonio de todos los colombianos, representado por la industria minero-energética y por su emblema, ECOPETROL, la compañía más grande del país y de propiedad mayoritaria de los ciudadanos.

La preocupante caída de su valor en bolsa refleja el deterioro que sufre bajo la administración actual, cooptada por activistas anti-extractivismo y oportunistas. A través de decisiones estratégicas erradas, corrupción interna y un clima laboral en deterioro, están minando nuestra empresa nacional.

 

Esta semana, en un acto de cinismo, el presidente de ECOPETROL admitió en un debate político que la compañía está abandonando cada vez más el petróleo para enfocarse en el gas, evidenciando la incapacidad de su administración para aumentar las reservas y optimizar sus procesos productivos. En lugar de generar avances, se refugian en el éxito exploratorio de socios como Petrobras.

Otro hecho alarmante provino de la intervención en la empresa Air-e, ahora bajo la capitalización de ECOPETROL. Este movimiento deja en duda si los recursos destinados a garantizar la autosuficiencia energética y a incrementar el valor para los accionistas no terminarán siendo desviados hacia fines burocráticos y asistenciales, recordando la situación crítica que vive PDVSA en Venezuela.

Internamente, ECOPETROL enfrenta un clima laboral cada vez más tenso, con prácticas que erosionan la meritocracia, siembran incertidumbre y benefician a recomendados políticos. Las recientes denuncias de colectivos profesionales sobre procesos de contratación manipulados solo refuerzan el ambiente de favoritismo y la pérdida de confianza en la administración.

A pesar de la caída de la acción, que cerró en 7.60 USD frente a los más de 17 USD alcanzados al inicio del actual gobierno, cada vez más trabajadores de la industria y ciudadanos se unen en defensa de este patrimonio. A pesar de los oídos sordos del gobierno, continuaremos trabajando para recuperar nuestra empresa y retomar el camino hacia un futuro sostenible y próspero para el país.

Alejandro Ospina