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Lo que está mal es la discriminación y la negación de derechos

Escrito por Quena Ribadeinera en Oct 20, 2024. Publicado en Opinión.

A lo largo de la historia, la población LGBTIQ+ ha enfrentado una constante lucha por el reconocimiento de sus derechos, viéndose sometida a diversas formas de exclusión y discriminación. Desde la patologización de las identidades no normativas hasta la criminalización de la homosexualidad en numerosas sociedades, los esfuerzos por negar su existencia han sido sistemáticos. En el siglo XX, la Asociación Americana de Psiquiatría incluyó la homosexualidad en su lista de trastornos mentales hasta 1973, un acto que legitimaba la violencia y los tratamientos coercitivos. Del mismo modo, en América Latina, gobiernos y estructuras religiosas han recurrido a la moralidad y el miedo para reprimir las identidades diversas, como lo señala la investigadora Ochy Curiel, quien argumenta que las ideologías conservadoras han perpetuado la violencia contra las personas LGBTIQ+ en nombre de la «defensa de la familia» (Curiel, 2013). Hoy, estas mismas estrategias de desinformación y control resurgen bajo nuevos disfraces, como lo vemos en la reciente convocatoria a la marcha “Con los niños no te metas”, donde el discurso de protección infantil, que es necesario pero que es utilizado de manera tendenciosa y oportunista para justificar la exclusión de las infancias trans.

En Colombia los sectores cristianos y fundamentalistas buscan rechazar la Circular Externa 0011-5 de 2024 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud. Dicha circular tiene como objetivo garantizar la atención médica adecuada y respetuosa para las personas trans, incluyendo infancias y adolescencias. No obstante, los organizadores de la marcha sostienen que esta medida vulnera la «integridad» de los niños, un argumento que reaviva el debate sobre derechos, identidad de género, y el uso del discurso religioso para bloquear avances en materia de derechos humanos.

La polarización en torno a esta circular no es nueva. Ya en 2014, vimos cómo sectores conservadores anti derechos se opusieron vehementemente a las cartillas de educación sexual del Ministerio de Educación, utilizando retóricas de miedo que tergiversaban su contenido. Hoy, vemos una estrategia similar: quienes atacan la circular no solo desinforman sobre los derechos de las infancias trans, sino que también omiten un detalle clave. Este tipo de medidas no busca promover cirugías o cambios irreversibles en menores de edad, sino garantizar que las personas trans, desde temprana edad, reciban la atención médica integral y respetuosa que necesitan.

La Superintendencia ha sido clara en que la circular no obliga a realizar procedimientos quirúrgicos en menores, como lo ha explicado el propio superintendente Luis Carlos Leal, pero esto no detiene la maquinaria de desinformación. Es clave señalar que la Corte Constitucional ya ha reconocido en múltiples fallos el derecho a la identidad de género como un derecho fundamental, incluso para menores de edad (sentencia T-261 de 2024). Sin embargo, quienes apoyan la marcha han decidido ignorar estas disposiciones constitucionales, prefiriendo escudarse en sus creencias religiosas y en la mentira.

Este rechazo sistemático a las políticas que promueven el reconocimiento de las identidades trans está cargado de una lógica profundamente discriminatoria. Como señala el autor Richard Delgado, uno de los pioneros de la teoría crítica de la raza, los ataques a las comunidades marginadas se perpetúan cuando se utilizan estructuras de poder —ya sea el sistema legal o el religioso— para oprimirlas (Delgado, 2017). En este caso, los sectores conservadores buscan instrumentalizar la religión para justificar la negación de derechos fundamentales a la comunidad trans, especialmente a los más jóvenes.

Los argumentos detrás de esta marcha no son técnicos ni basados en evidencia científica, sino profundamente ideológicos. Ignoran el hecho de que el reconocimiento y afirmación temprana de la identidad de género es crucial para la salud mental y el bienestar de los niños trans. Según un estudio realizado por la Universidad de Washington en 2021, los menores trans que cuentan con apoyo familiar y social muestran niveles de bienestar emocional comparables a sus pares cisgénero, mientras que aquellos que enfrentan rechazo tienen una mayor probabilidad de sufrir problemas de salud mental, incluido el riesgo de suicidio.

Vale la pena recordar que ya en el pasado hemos visto cómo estos mismos sectores políticos han frenado proyectos fundamentales para la comunidad LGBTIQ+, como la Ley Integral Trans, cuyo trámite sigue bloqueado por prejuicios infundados. En el Concejo de Bogotá, también hemos enfrentado ataques infundados cuando, como ponente del Proyecto de Acuerdo Sergio Urrego, que busca crear mejores entornos educativos para estudiantes LGBTIQ+, fuimos objeto de calumnias y distorsiones similares.

Es imprescindible destacar que quienes se oponen a la circular no solo buscan detener un avance en la garantía de derechos, sino que niegan la existencia misma de las infancias trans y de las necesidades de sus familias. La estrategia no ha cambiado: manipular el discurso sobre la protección infantil para justificar la exclusión y discriminación.

En conclusión, lo que está mal no es la circular que busca garantizar los derechos de la comunidad trans, sino la constante perpetuación de discursos de odio que deshumanizan a quienes no encajan en las nociones conservadoras de género. Las infancias trans merecen un país que les brinde acceso a una vida digna, con derechos plenos, sin que su identidad sea usada como campo de batalla ideológico.

Quena Ribadeneira

Cómo Israel está usando la inteligencia artificial para perpetrar un genocidio

Escrito por Alejandro Toro en Oct 20, 2024. Publicado en Opinión.

La Inteligencia Artificial es ante todo una herramienta. No decide por sí misma cómo es usada, son las personas que la emplean las que deciden de qué manera aprovechan su potencial. Si existe un sector en el cual el factor humano en el uso de la IA tiene las implicaciones más graves posibles es en el de la defensa y la seguridad, pues queda en las manos de quienes toman las decisiones definir si aprovechan la tecnología para generar el menor impacto posible o para aumentar el nivel de destrucción en un combate.

El genocidio que está cometiendo Israel en Palestina demuestra cuán importante es el factor humano detrás de la herramienta. El uso mortífero que está teniendo la IA en el territorio palestino no se debe a la tecnología en sí misma, es más, esta podría ser fácilmente aprovechada para evitar tanta barbarie, sino a que quienes han estado a cargo de la guerra han decidio darle un uso pensado en maximizar el daño que pueden causar al territorio y a la población palestina.

Para la identificación de presuntos miembros de Hamás, las Fuerzas Militares israelíes están utilizando tres softwares de IA: Habsora, Lavender y Where’s Daddy. Habsora (que traduce Evangelio), es una IA que identifica edificios y estructuras que podrían albergar a miembros de Hamas. Lavender es un programa que se usa para la identificación de individuos; tanto Habsora como Lavender funcionan buscando patrones con base a una fase previa de “entrenamiento”. Antes de iniciar el ataque israelí, Habsora contaba con una base de datos de 300.000 presuntos miembros de Hamas con datos de sus actividades militares y civiles. La trifecta se completa con Where’s Daddy, software que hace un seguimiento permanente de los palestinos que se marcan como objetivos.

¿Qué es lo que ha hecho tan mortal entonces a la IA? La manera en la que Israel ha decidido utilizarla. La combinación de las tres IA le ha permitido a las fuerzas israelíes procesar una enorme cantidad de información para identificar a los objetivos y poder conocer todos sus movimientos, saber en todo momento dónde están y, más importante aún, con quién están. De acuerdo a las investigaciones realizadas por el medio británico The Guardian y el medio israelí +972/Local Call, antes de atacar a las personas identificadas como objetivos se tenía claro el número de civiles que podían morir.

Where´s Daddy tiene un nombre especialmente siniestro (“¿Dónde está papi?”) porque se diseñó para priorizar de manera intencional el rastreo de las personas cuando están durmiendo en las noches en sus hogares, con sus familias.

El ejército israelí utiliza entonces la IA para destruir un pueblo, para atacar en los momentos más vulnerables y a las poblaciones más vulnerables, con pleno conocimiento de que están atacando a civiles e incluso de la cantidad de civiles que van a morir con el ataque. Han establecido unos perversos “rangos aceptables por objetivo”, que van desde 15 civiles si se trata de un soldado hasta 300 personas si es un alto mando.

Con la IA las fuerzas de ocupación de Israel tienen la capacidad de minimizar por completo la pérdida de vidas humanas, pues podrían haber centrado sus ataques en los momentos donde sólo hubiera presencia de presuntos militantes de Hamas. Al fin y al cabo, las IA les permiten saber en todo momento dónde están, con quiénes están y qué otras personas hay en los lugares donde se encuentran. En cambio, y de manera intencional, han decidido usar la tecnología para acabar con la mayor cantidad de vidas palestinas posibles con cada ataque.

Israel es la muestra viva de que el problema no es la IA, son las personas que definen cuál va a ser su uso.

Alejandro Toro

Las vías de Santander

Escrito por León Ferreira en Oct 18, 2024. Publicado en Opinión.

El Departamento de Santander es tierra bella y fértil, con riqueza cultural envidiable que hace gala de una región de la cual, quien llega se enamora. El foráneo tiene maravillosa acogida, no en vano, la Constitución del antiguo Santander federal rezaba que todo aquel que pisara tierra de Santander era santandereano. El punto es que ese otrora mandato pronto será irrealizable, debido al horroroso estado de la malla vial que conduce al departamento. A ese paso, nadie podrá entrar y menos salir de Santander por vía terrestre.

Resulta increíble que la sede de la Facultades de Ingeniería y Geología más reputadas del Continente sumadas a otras tantas de las magníficas Universidades del departamento, tenga unas de las peores mallas viales del Continente. Vías que se quedaron en el pasado no sólo en extensión, trazado, cabida, calzadas, centros de servicios, también en su pavimentación. Atravesar Santander es una tortuosa aventura que difícilmente el mejor vehículo de doble tracción puede lograr, viajar por tierra en Santander es una velada invitación a dejar los rines en la vía.

El balance de los últimos 30 años de gobernadores y congresistas santandereanos son vías en mal estado y completo abandono, rutas que exhiben la peor imagen. La vía que conduce desde Bucaramanga a la Capital del País entre Sangil, Barbosa, Vado Real es un completo monumento al olvido; huecos cual serpentinas, baches, resaltos y tanta resignación que la bancada ida del camino es tolerada y parte del mismo. La “famosa” vía que conduce al municipio de Málaga, desde años sin memoria, se mantiene en pésimo estado, o los miles de millones malgastados en las absurdas vías a Barrancabermeja y hacía la vecina Pamplona, y qué no decir, sobre el estado de las vías que van a la costa norte bien sea por Rionegro o el Magdalena medio, entre otras de un largo listado.

El argumento para el mal estado de las vías de Santander no puede ser las condiciones geológicas y la topografía quebrada que hacen inviable mantener óptimas carreteras. Si eso fuera cierto Ecuador y Suiza deberían tener las peores vías del mundo. El problema vial de Santander es un problema de incapacidad humana, a secas. Los santandereanos de hoy somos incapaces de construir verdaderas autopistas que conecten a Santander con el resto de Colombia, por el contrario, nos acostumbramos a la deficiente malla vial y a su serpentino curso. Pareciera que, tener caminos horripilantes fuese sinónimo de santandereanidad. Qué equivocados están los que aceptan ese sino.

Si los santandereanos no cambiamos de mentalidad continuará la debacle vial y el abandono o mejor, el autoabandono vial. No podemos esperar a que el Gobierno Nacional arregle las carreteras, ha de ser iniciativa de Nosotros los santandereanos, del capital privado que es el motor del País y, de los líderes con enjundia, no de los que proveen puestos a cambio de votos. Todas las vías de Santander tienen que ser revaluadas, no sólo en su trazado, deben ser ampliadas a tres y cuatro carriles en cada sentido. La breña no puede detener el avance, el cemento en armonía con el ambiente es sinónimo de progreso.

El viajero se da cuenta que entra a Santander no por los letreros de bienvenida, lo hace por el estado de las carreteras: Una bienvenida mal pavimentada. Eso sí, paradójicamente, Santander es uno de los departamentos que más peajes viales tiene. Son vergonzantes los peajes como los de Pescadero, Curití o Rionegro, esperpentos para justificar, no la buena calidad de las vías, mejor, para disimular la corrupción al sacarle la platica al viajero.

En suma, si los santandereanos no asumimos la reconstrucción de nuestras vías, uno de los primeros indicadores de crecimiento económico, Santander se convertirá en un destino olvidado de la cordillera de los Andes. Como canta nuestro himno, inspirado en José Antonio Galán Zorro: “Por eso, bravos Santandereanos, ¡siempre adelante, ni un paso atrás!”

León Sandoval

Deforestación: no hemos estado a la altura de la responsabilidad

Escrito por Columnista en Oct 18, 2024. Publicado en Columnista invitado, Opinión.

Colombia tiene la fortuna de estar ubicada en una zona geográfica privilegiada en términos de clima, recursos y biodiversidad. Sin embargo, no hemos logrado vivir a la altura de esta responsabilidad. En Colombia el 53% de su territorio está cubierto por bosques, sin embargo, desde 1990 hemos deforestado el 9% de estas áreas. Esto equivale a cerca de 6 millones de hectáreas, algo cercano al tamaño del departamento de Antioquia.

Las causas de la deforestación son muy diversas, sin embargo hay algunas que resaltan sobre la mayoría: la expansión de la frontera agrícola y ganadera, los cultivos ilícitos y la minería ilegal. Sin embargo, en algunos casos, este fenómeno resulta de la falta de oportunidades y olvido que viven las regiones más apartadas del país. El principal problema es que la deforestación no parece ser una solución a esta problemática. Un ejercicio estadístico sencillo muestra que no hay evidencia que se cierren las brechas en el PIB per cápita de los municipios con mayor deforestación con la media nacional, es más cuando se excluyen los de mayor renta, usualmente urbanos, las zonas con mayor deforestación amplían su rezago con la media nacional. Una conclusión similar se extrae del cambio en el indicador de necesidades básicas insatisfechas, una medida de pobreza, que muestra que su reducción es sustancialmente menor en los municipios con alta deforestación frente a los de baja deforestación.

Al final, la deforestación no es sólo mala para el medio ambiente, sino que tampoco ayuda a cerrar las brechas de pobreza ni mejora la productividad o producción en el país. Pero, entonces ¿qué se debe hacer para revertirla?, ¿cómo darle oportunidades a esas poblaciones? Estas son las preguntas centrales que abordaremos en la columna de la semana entrante.

Alejandro Reyes

Defender la ingeniería es defender el futuro de Colombia

Escrito por Rafael Fonseca en Oct 17, 2024. Publicado en Opinión.

El desarrollo de un país está fuertemente relacionado a la solidez y calidad de su infraestructura, esa que conecta, en sentido amplio, a las comunidades y al país con el mundo, y permiten el avance económico y social. En nuestro país, los ingenieros, constructores del progreso, ven hoy su rol amenazado por decisiones y discursos gubernamentales que, lejos de promover la transparencia y la participación democrática, los excluyen y los estigmatiza.

El Decreto 1961 de 2023, que pretende dar un impulso a los Caminos Comunitarios para la Paz, no solo ignora el papel esencial de los ingenieros en la construcción de infraestructura poniendo en riesgo la calidad de las obras y afecta gravemente la transparencia en su contratación, al permitir la contratación directa con comunidades y sin límites de cuantía (Uribe, 2024). Coloquialmente a esto se le dice “contratación a dedo” y que con estas características crea fuertes incentivos para la corrupción.

La reciente sentencia de la Corte Constitucional, que tumbó la disposición de la contratación sin límite de cuantía, no es solo el regreso del marco legal que pueda proteger los principios de transparencia y equidad en esta contratación estatal, y limitar la cuantía es un alivio para los pequeños contratistas y PYMES de ingeniería que históricamente han solucionado estas necesidades

El presidente Gustavo Petro, en la defensa del decreto y contrapunteando a la Corte, argumentó que la contratación directa con las comunidades “libera al país de odiosos carteles” y promueve la “democracia participativa” (Uribe, 2024). Si bien nadie niega la importancia del empoderamiento comunitario, las declaraciones del mandatario implican una falacia preocupante: pretender que todos los ingenieros y todas las pequeñas empresas de ingeniería —que son las verdaderas ejecutoras de estos proyectos en muchas regiones del país — sean parte de esos supuestos carteles corruptos que menciona. Nada más lejano de la realidad. Esto ya se ha explicado, pero no ha sido escuchado (Portafolio, 2023).

Y más: ¿de dónde saca el presidente Petro que una contratación directa es más transparente y democrática que un proceso licitatorio abierto? Todo lo contrario. ¿Y acaso los ingenieros pequeños contratistas particulares y las PYMES de ingeniería no son también parte de la comunidad? La ingeniería es parte esencial del tejido social del país, y excluir a sus profesionales bajo el pretexto de democratizar la contratación pública solo pone en riesgo la eficiencia, la calidad y la durabilidad de las obras, y discriminar a una parte esencial de la misma comunidad que se pretende democratizar.

Las carreteras y caminos no se construyen solo con buena voluntad; requieren de conocimiento técnico, planificación adecuada y ejecución por parte de profesionales capacitados para que queden bien construidas y duren en las condiciones de servicio adecuadas. La durabilidad es, normalmente, la gran debilidad de los caminos y las carreteras; se pueden inaugurar bonitas, pero si no están bien diseñadas y construidas, rápidamente se deterioran y destruyen, acabando con el beneficio que deberían aportar a las comunidades que las usan. Esto explica la frustración de las mismas comunidades, pero increíblemente sirve para que los políticos una y otra vez tengan cómo prometer que “ahora sí, se harán y quedarán bien construidas” y las ingenuas comunidades voten por ellos otra vez. Se suponía que este tipo de arreglos estructurales era parte del cambio prometido por el gobierno Petro.

La Ley 842 de 2003, que regula el ejercicio profesional de la ingeniería en Colombia, es clara: hay actividades que requieren de la intervención de ingenieros certificados. Esta ley no es una barrera burocrática; por el contrario, es una garantía para las mismas comunidades. Garantiza que los proyectos de infraestructura, que involucran el uso de recursos públicos y que son esenciales para el desarrollo sostenible, sean ejecutados por quienes poseen las competencias técnicas para hacerlo. Por pura lógica, los ingenieros son los principales aliados de las comunidades para que sus obras queden bien diseñadas y construidas y duren, duren mucho para beneficio de ellas mismas. No son ni sus enemigos ni sus competidores, son sus aliados estratégicos. El trabajo de las comunidades en los proyectos es siempre deseable y conciliable, por lo cual no se puede aceptar un argumento falaz alrededor de esto para polarizar a las comunidades en contra de los ingenieros

Y los procesos licitatorios llevados con observancia a la Ley 80 de 1993 no son obstáculos para la transparencia; al revés, son su salvaguardia. Contratar directamente a las comunidades puede sonar atractivo en el papel, pero hacerlo sin la participación técnica adecuada es condenar esas obras a una alta posibilidad de fracaso, y por ende, a las mismas comunidades a la frustración cuando las obras empiecen a fallar y no puedan aplicarse instrumentos de garantía. No es solo la cuestión de gestionar bien los recursos, sino de garantizar que esas infraestructuras, tan necesarias para el desarrollo rural, para que tengan la calidad, seguridad y durabilidad que las comunidades merecen. La falta de una correcta ejecución técnica no solo puede llevar a errores de ejecución, sino a la pérdida de miles de millones en recursos que el país no tiene suficientes y menos puede darse el lujo de desperdiciar.

Además, está en juego la reputación de la ingeniería colombiana. No se puede negar que una fracción de los ingenieros han sido partícipes en prácticas corruptas, como sucede en todas las otras profesiones en nuestro país. Nada se escapa a este asfixiador flagelo en Colombia. Sin embargo, generalizar y pretender que todos los ingenieros son corruptos es un despropósito inaceptable que, paradójicamente, el mismo presidente Petro sabe bien que no es verdad al igual que su ministra de Transporte, que es ingeniera.

Y pretender que los procesos licitatorios sean reemplazados por contratación directa, sin los controles necesarios para mejorar la trasparencia no puede ser más ingenuo. Si realmente se quiere combatir la corrupción en el sector, que era una promesa de campaña del presidente Petro, lo que se necesita es más control, más supervisión, y obviamente más transparencia en los procesos, no menos.

Estoy seguro de que la ingeniería colombiana estará dispuesta a coliderar el diálogo necesario y a colaborar con el Gobierno en la búsqueda de soluciones que permitan un desarrollo inclusivo y sostenible. La clave está en encontrar equilibrios: las comunidades deben ser empoderadas y tener un rol activo en la supervisión, control de los proyectos, y en su ejecución, siempre de la mano de los profesionales de la ingeniería, quienes pueden garantizar que esos proyectos sean viables, seguros y duraderos.

No es justo que, bajo el pretexto de luchar contra la corrupción, se descalifique a toda una profesión que ha dado tanto por este país. Lo que sí se necesita es un sistema que incentive la participación de ingenieros comprometidos con la ética, con la calidad y con el desarrollo del país. Los ingenieros, como parte de la comunidad, tienen la capacidad y pueden comprometerse para garantizar que las obras se hagan bien, respetando los principios de transparencia y eficiencia que se promueven.

Necesitamos un sistema de contratación que fomente la competencia justa, que permita la participación de los pequeños y medianos contratistas, y que garantice la calidad técnica de las obras. El gobierno no debería ver esto como un obstáculo, sino como una oportunidad para mejorar sus políticas, trabajando de la mano con la ingeniería colombiana para lograr el desarrollo que tanto necesitamos, todos.

En este camino, los ingenieros no son los enemigos, sino los aliados fundamentales, son los socios del desarrollo nacional. Defender la ingeniería es defender el futuro de Colombia, y estoy seguro de que, trabajando juntos, podemos construir un país donde la infraestructura pública sea sinónimo de progreso, calidad, durabilidad y transparencia.

Rafael Fonseca Zarate

El turno de la S en ESG

Escrito por Raúl Arce en Oct 16, 2024. Publicado en Opinión.

Los marcos de regulación, así como otros temas corporativos, están dominados por siglas y acrónimos. En sostenibilidad solemos escuchar hablar del TCFD y el TNFD, los famosos Taskforce para la divulgación financiera de relacionada con el clima y con la naturaleza, respectivamente. Pero no solíamos escuchar hablar sobre lo social.

Finalmente, y en un hito significativo para medir y gestionar los riesgos sociales, al finalizar la Semana del Clima (NY 2024), nace un nuevo marco el TISFD – Grupo de trabajo sobre desigualdad y divulgación de información financiera de carácter social.

Este momento marca una expansión significativa de los informes de sostenibilidad, incorporando riesgos financieros relacionados con lo social—como la desigualdad, el capital humano y la equidad social—al ámbito de las divulgaciones corporativas estandarizadas. El nuevo Grupo de Trabajo está diseñado para abordar la creciente necesidad de que las empresas e instituciones financieras reconozcan y reporten los impactos y dependencias relacionadas con factores sociales.

El TISFD llega en un momento crucial dentro del movimiento global por la sostenibilidad y pone los reflectores sobre los riesgos sociales que han sido a menudo pasados por alto en los informes financieros tradicionales, a pesar de que tienen implicaciones significativas para el rendimiento empresarial, la viabilidad a largo plazo y la estabilidad de los sistemas financieros.

Los objetivos del Grupo son claros: desarrollar un marco para que las organizaciones evalúen, gestionen y divulguen los riesgos sociales de manera estructurada y estandarizada. Estos riesgos incluyen la desigualdad de ingresos, las disparidades de género, los derechos laborales, los derechos humanos y el acceso a servicios esenciales como la atención médica y la educación. Al expandir el enfoque de los criterios ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza), el TISFD está destinado a desempeñar un papel crucial en cómo las empresas perciben los riesgos sociales y su influencia en la salud financiera.

Al igual que sus dos predecesores, el marco del TISFD se alinea con una estructura de cuatro pilares que se integra perfectamente en los Estándares de Divulgación de Sostenibilidad del International Financial Reporting Standards (IFRS). Estos cuatro pilares son:

Gobernanza: Cómo las organizaciones supervisan los riesgos financieros relacionados con lo social, quién es responsable de gestionar estos riesgos y las estructuras en su lugar para garantizar la rendición de cuentas.

Estrategia: El impacto de los riesgos sociales en el modelo de negocio, la estrategia y la planificación financiera de la empresa, considerando tanto los horizontes a corto como a largo plazo.

Gestión de riesgos: Los procesos por los cuales las organizaciones identifican, evalúan y gestionan los riesgos financieros relacionados con lo social.

Métricas y objetivos: Cómo las empresas miden y monitorean los riesgos sociales y establecen objetivos para abordarlos. Esto incluye cuantificar la exposición a temas como la desigualdad salarial, las condiciones laborales y el desarrollo del capital social.

Al seguir este enfoque estructurado, el TISFD asegura, al menos en el papel, que los riesgos sociales se traten con el mismo nivel de rigor que los riesgos ambientales y climáticos, creando así una visión más holística de la sostenibilidad.

El lanzamiento del TISFD es un hito para las finanzas sostenibles, colocando la “S” de ESG finalmente bajo el mismo foco que el clima y la naturaleza. Quiero destacar algunas razones clave por las cuales esta iniciativa es tan significativa:

Estandarización de las divulgaciones de riesgos sociales: La creación de un marco de divulgación estandarizado para los riesgos sociales. Esto proporciona consistencia en industrias y regiones, ayudando a las empresas, inversores y reguladores a tomar decisiones más informadas.

Enfoque holístico: El Grupo busca poner a las personas como el stakeholder principal, considerando los impactos, dependencias, riesgos y oportunidades de las diferentes dimensiones de la desigualdad en su base conceptual. En principio esto permitirá reconocer desigualdades horizontales (entre grupos de personas, por ejemplo, basadas en el género, la raza, la edad…); desigualdades verticales (entre los que están mejor y peor, por ejemplo, en términos de salarios, esperanza de vida); y desigualdades basadas en la ubicación (dentro de los países y sus regiones, entre países o globalmente).

Evaluación del impacto de la desigualdad en los negocios: La desigualdad—ya sea salarial, de género o en el acceso a recursos—tiene implicaciones financieras directas para las empresas. Al proporcionar herramientas para evaluar y cuantificar estos riesgos, permitirá a las organizaciones comprender cómo los factores sociales afectan sus operaciones, la productividad de su fuerza laboral y su rendimiento financiero a largo plazo.

Transparencia y rendición de cuentas: Con un marco estandarizado en su lugar, las organizaciones serán responsables de su desempeño en temas sociales como los derechos laborales, la equidad salarial y el desarrollo del capital humano. Esta mayor transparencia ayudará a mitigar el riesgo de lavado verde o lavado social y permitirá que las partes interesadas exijan mayores estándares a las empresas.

Aumento de la confianza de los inversores: A medida que más inversores buscan alinear sus carteras con prácticas sostenibles y socialmente responsables, el marco TISFD proporcionará las métricas y divulgaciones necesarias para evaluar el desempeño social de una empresa. Esto puede impulsar la inversión hacia organizaciones que demuestran liderazgo en temas sociales y alejarla de aquellas que presentan mayores riesgos financieros relacionados con lo social.

El lanzamiento del Grupo de Trabajo sobre Desigualdad y Divulgaciones Financieras de carácter Social representa una nueva era para las finanzas sostenibles. Si bien veremos su versión beta a finales del año 2025, y el marco completo un año después, es un avance significativo que después de cerca de 10 años de contar con este tipo de herramientas se busque, por primera vez, reflejar las profundas interconexiones entre la desigualdad y los problemas sociales, por un lado, y los esfuerzos para abordar el cambio climático y la pérdida de la naturaleza, por el otro. Es el momento de celebrar los esfuerzos por un marco completamente integrado e interoperable de personas-planeta. Los resultados se empezarán a ver en el mediano plazo, pero estemos de acuerdo en que es un buen primer paso.

Raúl Arce

A los colombianos: ¡Ahora es Colombia!

Escrito por Edgar Martinez en Oct 15, 2024. Publicado en Opinión.

Una dudosa elección presidencial y protestas en todo el mundo por parte de los venezolanos me han inspirado el título de esta columna. En efecto, los colombianos somos testigos de cómo los comicios del vecino país tienen serios indicios de ilegitimidad direccionados por la dictadura de Nicolás Maduro. Por ello, tenemos el sentido de hermandad y empatía acompañándolos desde las principales ciudades capitales atiborrándolas con multitudes de compatriotas y criollos en los plantones convocados por la valiente líder, María Corina Machado. La estrategia hace eco en los cinco continentes.

No me cabe duda que las marchas, protestas o plantones convocados por cualquier ciudadano o movimiento tienen el respaldo de millones y las garantías constitucionales en un país Democrático. Agarrarse de ese derecho para exigir, con respeto y cero violencias, garantías frente a las determinaciones de nuestros gobernantes es una tarea ciudadana principalmente cuando sentimos fuertes “vientos de cambio” que atentan contra nuestra calidad de vida, el futuro de nuestras familias, la estabilidad económica y falta de honestas políticas públicas para generar certeros cambios. Debemos estar alerta.

En todo caso, los colombianos somos “campeones mundiales” en promover esta clase de movilizaciones para apoyar a propios y extraños. Precisamente este antecedente matizado con el fervor de exigir con gritos y arengas mejoras en varios frentes de nuestra tropezada vida social nos deben alentar, más temprano que tarde, a reclamar pacifica y masivamente por temas puntuales como: respetar el derecho a un servicio de salud digno, una reforma pensional sin vicios de trámite en el Congreso, una transformación en el código laboral alejada del interés politiquero, una estrategia seria para disminuir el desempleo y bajar la informalidad, incentivar la inversión interna y externa, entre otros temas trascendentales. Ahora es Colombia y los colombianos.

Dice el presidente de la Corte Constitucional José Fernando Reyes Cuartas, palabras más palabras menos que: “los ciudadanos puedan ir a la plaza pública es lo que justifica que seamos una democracia. Mientras haya opinión pública, mientras haya marchas, eso demuestra que hay una democracia palpitante. Eso sí, sin violencia, sin negar los derechos ajenos”. Y es que en nuestra golpeada patria la vulneración tacita de nuestros derechos por parte de cada gobierno de turno se convirtió en una constante que se suaviza con mensajes progresistas pero con graves consecuencias a futuro para las comunidades, no solamente del ámbito rural sino urbano. Debemos hacer palpitar con euforia nuestros derechos.

Un ejemplo cotidiano y palpable es la inseguridad en todos sus fondos y formas por parte de grupos terroristas y bandas criminales con las cuales se abren espacios de treguas y acuerdos sin cumplir. Los resultados: más secuestros, más ataques contra nuestra fuerza pública, más masacres, más vulneraciones contra los derechos humanos, más hambre, más pobreza, más miseria y más incertidumbre. Ante ello, la ciudadanía debe reaccionar con una marcha justificada contra los marcados atropellos y sus descarnados autores. Para otra muestra, el botón de la odisea para el reclamo y entrega de medicamentos, situación de la cual fui testigo presencial cuando me atreví a madrugar a realizar una larga fila para obtener unas medicinas a eso de las 4:00 am y en la que me llamó la atención abuelitos realizando este ritual sin compasión alguna del clima, la incomodidad y la falta de humanismo por parte de quienes prestan servicio. Esto último, se debe rechazar en la plaza pública.

Debemos ir a la plaza pública a protestar por la compra de congresistas para pasar por debajo de la mesa leyes cuestionables para el ciudadano de a pie, por el ataque constante a medios de comunicación, periodistas y la libre expresión, por el incumplimiento de los grupos al margen de la ley de aturdir a la población civil, por generar incertidumbre entre los empresarios colombianos, por los elevados precios en la canasta familiar, por los contantes escándalos de corrupción del gobierno y sus más cercanos familiares y por las inexpertas determinaciones de varios funcionarios de primer nivel del tan recalcado “gobierno del cambio”. Dicho todo lo anterior, la evidencia muestra la necesidad de prepararnos para seguir en la tónica de seguir exigiendo cambios serios y responsables desde las plazas públicas de todo el país sin importar nuestra línea ideológica.

Ahora es Colombia!, insisto. Porque olfateo como el mejor de los sabuesos -un labrador pura sangre- las oscuras intenciones del Gobierno Gustavo Petro de seguir en el poder, sea con una jugada Constitucional o promoviendo a otra u otro para ser él la sombra en el poder y seguir con su tal proyecto político. De tal manera, el titular debe emocionarnos por nuestras patria, su gente y su futuro, para lo cual es urgente estar atentos y si es necesario salir a protestar por cualquier intento de irrespetar la Constitución y las leyes, lo cual finalmente nos pondría en el mismo escenario de la actual Venezuela y su acertijo de sacar del poder al señor dictador, Nicolás Maduro. Ojalá este herrado…

Edgar Martínez Méndez

La conquista del mundo

Escrito por Almudena González Barreda en Oct 14, 2024. Publicado en Opinión.

El algoritmo ha dejado de presentarme a madres estupendas que llevan a sus hijos preciosos, perfectamente vestidos. Tampoco aparecen ya en mi feed esos de decoradores geniales de ideas maravillosas imposibles de copiar por la capacidad de mi bolsillo. Y ni qué decir de las tiendas de ropa para el día a día, ahí he ayudado yo al algoritmo; para pasear por el bosque y dirigir mi vida de campo me sobra ropa que aún guardo en el armario.

Ahora me presenta historiadores, escritores, filósofos, psicólogos… todos divulgadores. Una vez más sospecho que me escucha porque ahora además me presenta mini cortes de video muy ad hoc para mis cuatro adolescentes – tengo a una hija prestada-, pues siempre termino enviándoles alguno a su buzón para que se den cuenta de que su madre tiene razón, de que el dato aquel era cierto, de que sus padres son como los demás… Convivo en paz con ellos hasta que se me llevan los demonios cuando sueltan alguna perla histórica fruto de algún reel de Tik Tok. En defensa de mis vástagos diré que en estas latitudes no enseñan historia, ni propia, ni universal y que se saltan los contextos y que salvo el Antiguo Egipto y las Cruzadas parece que poco más pasó en el mundo hasta que llegó el siglo XX, con sus guerras mundiales y desgracias, porque los avances tampoco se estudian o se les da tanta importancia.

En la sobremesa del sábado intenté hacerles ver que la Hispanidad es quizá lo más grande que España- en aquel momento Castilla- hizo por la humanidad. Trataba de explicarles que conocer un territorio, como antes habían conocido tribus del pacífico, o los vikingos del norte de Europa o quien fuera que llegara al Nuevo Mundo antes que la expedición Castellana, no deja una huella reseñable en la historia de los pueblos. Que lo que deja huella es la conquista en sus dos acepciones del diccionario.

Conquistar es adentrarse en la realidad de otro, poco a poco, crear lazos de confianza, acompasar el corazón, manejar su lenguaje y preocuparse y ocuparse por el porvenir del conquistado, superar conflictos y dificultades y sí, usar también las armas necesarias para lograrlo. Pues este verbo transitivo tiene sus dos acepciones la bélica y la romántica, y los españoles supieron combinar ambas con éxito pues el hecho, fuera de ideas revisionistas de la historia, es que los pueblos y tribus de la América prehispánica fueron convirtiéndose en civilización, donde las creencias, las leyes, la cultura, el arte, el avance científico… provenía del otro lado, de Castilla, y se adaptaban al nuevo mundo adoptando nuevas formas, con un mismo sentir y ese mestizaje, no sólo personal, sino cultural y ambiental, hizo que el mundo se hiciera grande. Y nunca hubiera sido posible si la orden de la Reina Isabel I de Castilla, la católica, no hubiera sido la que fue “…que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las Indias reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, antes al contrario que sean bien y justamente tratados, y si han recibido agravio que remedien”, igualándolos en todo a cualquier ciudadano del Reino de Castilla, en dignidad y derechos y ésta y no otra es la razón más grande. Pues nunca, nadie más fue conquistando territorios sabiendo compaginar lo bélico con lo romántico; ni franceses, ni neerlandeses, ni ingleses, ni belgas… Ninguno supo manejar con magnanimidad el mandato católico, la universalidad de los hijos de Dios, la universalidad de la dignidad del ser humano.

Lo cierto es que todos esos países y potencias geográficas en algún momento de la historia dejaron de ser católicos para ser protestantes, reformistas, calvinistas… Y la conquista del ser humano en su versión más profunda la entendemos de una forma desigual. Castilla siempre lo entendió como parte de un proceso que implicaba igualdad, regresar, habitar y residir para poder cuidar y crecer juntos. Tal vez ésta sea la clave para revertir la gran preocupación de hoy; la inmigración que sufre Europa y que parece más una invasión.

Ahora la complicación está en que los corazones ya no son católicos, ni como los de los castellanos de entonces, y España hace tiempo delegó su papel protagonista en el mundo y sobre todo, conquistar ya no significa volver y habitar y crecer juntos en una misma dirección, ni compartir la fe. Ahora conquistar es ver qué puedo sacar de ti, en qué me puedo aprovechar sin que dañes mi libertad y eso es más galo, más anglosajón, más germano, y cada vez más, también español.

Almudena González

La mezquindad del poder: Vargas Lleras contraataca

Escrito por Quena Ribadeinera en Oct 13, 2024. Publicado en Opinión.

En una nueva jugada que parece más política que jurídica, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha decidido investigar al presidente Gustavo Petro por supuestas irregularidades en su campaña. Lo que podría parecer un ejercicio rutinario de supervisión electoral oculta en su trasfondo un oscuro entramado de intereses, liderado por el viejo y controvertido político Germán Vargas Lleras. Detrás de esta decisión inconstitucional no está el compromiso con la democracia o la ley, sino la influencia de un establishment que se resiste al cambio, encarnado en la figura de Vargas Lleras y sus operadores políticos.

Resulta paradójico que Vargas Lleras, quien nunca ha logrado conquistar la presidencia a través del voto popular, siga siendo una de las figuras más influyentes en el Congreso y en las altas cortes. Su cercanía con personajes como Kiko Gómez, parapolítico condenado por corrupción y vínculos con el paramilitarismo, habla de una trayectoria política marcada por alianzas cuestionables. Es a través de esas redes de poder que Vargas Lleras ha consolidado su control sobre sectores clave del Estado. Tras el fracaso de sus dos candidatos a la Procuraduría, la rabia y la sed de venganza de Vargas Lleras han cobrado una nueva forma: una persecución sin piso jurídico contra el gobierno de Gustavo Petro.

El caso del representante Lorduy, pieza clave en la ofensiva del CNE, es un ejemplo más de la maquinaria de Vargas Lleras. Lorduy no es más que otro peón en un tablero donde lo que está en juego es la capacidad de torpedear al gobierno del cambio a toda costa. Sin pruebas contundentes, pero con poderosos padrinos, esta investigación no es más que una cortina de humo para desviar la atención de las verdaderas necesidades del país. Es un esfuerzo desesperado por mantener el statu quo y evitar que las reformas estructurales que Colombia necesita se lleven a cabo.

Pero la mezquindad de Vargas Lleras no se detiene en el ámbito político. Como lo ha denunciado el propio presidente Petro, «miles de millones de pesos se gana un Vargas Lleras por un sorteo que hace el otro Vargas Lleras en la corte arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá». Este sorteo evidencia algo mucho más grave que un simple conflicto de interés: revela cómo la justicia se ha privatizado y convertido en un instrumento de poder para unos pocos. Mientras el acceso a la justicia para la mayoría de los colombianos sigue siendo limitado, Vargas Lleras y su círculo cercano se lucran de un sistema judicial que no está al servicio del pueblo, sino de las élites.

Es irónico que, después de todo esto, el presidente Petro llamara a Vargas Lleras a formar parte del panel de expertos para la reforma a la justicia. Esto no hace más que subrayar la mezquindad de una clase política que, a pesar de sus fracasos electorales, sigue aferrada al poder. Vargas Lleras no solo representa a esa élite política tradicional que ha gobernado Colombia por generaciones, sino también a una casta que ha usado el poder del Estado para enriquecerse y perpetuar la desigualdad.

La relación de la familia Lleras con la historia política del país no es nueva. Desde la presidencia de Carlos Lleras Restrepo hasta la influencia de Vargas Lleras en la política contemporánea, han logrado acumular poder y recursos a expensas de la población. Sus principales logros no han sido en favor del bienestar del pueblo, sino en la consolidación de un sistema que margina a la mayoría y privilegia a una minoría.

En un momento en que Colombia clama por un cambio profundo, la figura de Germán Vargas Lleras y su maquinaria política representan todo lo que el país quiere dejar atrás. Mientras el gobierno del presidente Petro lucha por implementar reformas en beneficio de las grandes mayorías, Vargas Lleras y sus aliados políticos hacen todo lo posible para frenar ese avance, utilizando a sus operadores en el Congreso, en las cortes y en organismos como el CNE.

Esta jugada contra el presidente no es más que la manifestación más reciente de una estrategia de bloqueo sistemático, en la que se mezclan intereses personales y el temor a perder privilegios. Pero el pueblo colombiano ya está cansado de estos juegos de poder. Es momento de cuestionar a fondo a esta clase política que, bajo el manto de la legalidad, utiliza cada resquicio institucional para proteger sus intereses. Es hora de que todas las organizaciones sociales, ciudadanas y democráticas se unan en defensa del voto popular y de la Constitución. No podemos permitir que la mezquindad de unos pocos siga socavando la voluntad de millones de colombianos que votaron por el cambio.

Hacemos un llamado a declararse en asamblea permanente, a levantar la voz contra estas maniobras oscuras y a exigir que se respete la voluntad popular. Solo desde la movilización y la organización podremos frenar el asalto al Estado de derecho y garantizar que las instituciones sirvan al pueblo, no a los intereses de las élites. ¡La democracia debe prevalecer!

Quena Ribadeneira

Es urgente un cambio frente a la violencia armada

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Oct 13, 2024. Publicado en Opinión.

En Colombia, el número de masacres y asesinatos de líderes y lideresas sociales es un reflejo devastador de la incapacidad del Estado y del Gobierno para frenar esta tragedia humanitaria. A pesar de los esfuerzos de algunos sectores, el desangre de las comunidades persiste. Las personas que se han atrevido a levantar su voz para defender derechos humanos, el medio ambiente, territorios colectivos y proyectos de vida digna, son sistemáticamente silenciadas, en un ciclo incesante de violencia que envuelve a comunidades, niños, niñas y jóvenes.

Es en este contexto, que seguimos reclamando al gobierno nacional y a los gobiernos locales, la necesidad urgente de replantear las estrategias de protección y seguridad, partiendo desde la base de la sociedad y contando con las comunidades organizadas. La experiencia de los Planes de Autocuidado y Autoprotección son herramientas esenciales que han nacido de la propia resistencia comunitaria ante la ausencia de una respuesta estatal eficaz. La construcción colectiva de estos planos, que incluye a los propios líderes, lideresas, organizaciones sociales y actores clave en el territorio, con sus redes, guardias y colectivos noviolentos, es una de las barreras que puede erigirse frente a la violencia armada.

La seguridad colectiva no puede ser vista solo como una cuestión de armamentismo o más presencia militar, sino como un proceso integral que prioriza la vida, el bienestar y la permanencia en el territorio. En medio de los diálogos con grupos armados o no, estos planes deben contar con recursos suficientes, garantizados por el Estado, no solo para su implementación, sino para generar condiciones que aseguren la continuidad de estos procesos de protección comunitaria, debidamente asesorados y controlados. Es urgente que alguna entidad estatal dispongan apoyos y rutas humanitarias eficaces para salvar la vida de quienes están bajo amenazas constantes, especialmente en territorios donde el Estado es muy débil o no existe.

¿Dónde están los planes estratégicos de construcción de paz y seguridad que priorice la acción coordinada interinstitucional en los territorios más afectados por la violencia? No se puede continuar permitiendo que las acciones sean aisladas y desarticuladas. Las instituciones del Estado, las organizaciones internacionales y la sociedad civil deben trabajar juntas para crear un marco de seguridad, convivencia, reconciliación y paz que trascienda el enfoque punitivo y guerrerista, y que apueste por la paz territorial, el diálogo y la justicia social. De esta forma, el cacaraqueado Acuerno Nacional se hace realidad en los regiones, escenario donde la reconciliación toma vida propia.

Fortalecer las organizaciones sociales debe ser una prioridad en este proceso. Ellas han demostrado ser el núcleo de la resistencia noviolenta en los territorios más golpeados por las acciones delincuenciales. No solo se han organizado para defender la vida y el territorio, sino que también son fundamentales en la promoción de la memoria histórica, la construcción de proyectos de vida y la reivindicación de derechos. Las organizaciones no solo sirven para movilizar sus asociados cada vez que se requiere salir a defender una u otra propuesta de gobierno, son fundamentalmente el acumulado organizativo, la conciencia viva que hará posible las transformaciones hacia el goce pleno de los derechos humanos.

La violencia contra los líderes y líderes sociales no solo es un crimen contra quienes la padecen directamente, sino también contra el futuro colectivo de Colombia. Solo con un enfoque de protección que parte desde las comunidades y que sea respaldado por una acción estatal comprometida y coherente, podremos soñar con detener prontamente este ciclo de muerte. El Estado debe asumir su responsabilidad, no solo como garantía de los derechos humanos, sino como un actor proactivo en la construcción de un país que pueda sanar sus heridas y avanzar hacia una paz verdadera y sostenible.

Luis Emil Sanabria D

La nueva victimización de Gustavo Petro

Escrito por Andrés Barrios en Oct 13, 2024. Publicado en Opinión.

Lo del presidente de la República, Gustavo Petro, no es algo nuevo. Toda su vida en la política la ha hecho bajo la premisa de la victimización, en la que, según él, siempre quieren atacarlo. No es para menos, pues estuvo alzado en armas con el M-19 y, seguramente, la sombra de la ofensiva, siempre lo persigue.

Esta semana cobró mayor fuerza su discurso del golpe de Estado y todo por cuenta de la decisión del Concejo Nacional Electoral de formular cargos y abrir investigación a su campaña a la Presidencia de Colombia, en primera y segunda vuelta, por la presunta vulneración al régimen de financiación.

Sin embargo, no es la primera vez que el CNE adopta una decisión similar. En el pasado les abrió expedientes a las campañas presidenciales de Iván Duque, Juan Manuel Santos y en la década de los noventa a Ernesto Samper. Aunque las investigaciones de los dos primeros mencionados fueron archivadas, en el caso de Samper, implicado en el Proceso 8.000, el organismo determinó que habían sido superados los topes. Sin embargo, tras decisión del Consejo de Estado de anular dos resoluciones de la época, la historia fue otra. Samper es hoy defensor y aliado de Petro.

Ahora bien, volviendo al presidente y a las implicaciones de su campaña, es de precisarle al jefe del Estado que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Él, como gobernante, debe dar ejemplo de respeto a la institucionalidad, así no le guste o no sepa.

No es posible que cuando las decisiones le desfavorecen, entonces haya una “persecución en su contra”, una intención de “querer tumbarlo” o de “inicio del golpe” como dijo sin ruborizarse en sus redes sociales y en alocución televisada ante todo un país. Lo anterior es infundado y exagerado, por decir lo menos.

Pero ese es Petro, el incendiario, el que para surgir o defender su nombre, debe enlodar el de otros. Por eso, inmediatamente, se fue lanza en ristre contra sus detractores y también contra los magistrados del CNE; señaló a algunos de tener investigaciones, de presunto asesinato, de supuesta compra de testigos, y de aparentes vínculos con paramilitares, entre otros comentarios.

Ahora bien, no es cierto que el presidente vaya a salir de su cargo y él lo sabe perfectamente. Conoce bien que la sanción, en caso de darse, será de tipo administrativo y a su campaña. El CNE lo que deberá evaluar es la compulsa de copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que sí lo puede investigar.

Sin embargo, y en medio de esta tormenta política suscitada, el discurso del golpe, que pasó de ser “blando” a de “Estado”, seguramente marcará el rumbo de los dos años que quedan de su gobierno. De ahora en adelante ese será el caballito de batalla y la principal motivación para sacar a la gente a las calles. Así lo hizo el pasado viernes 11 de octubre en Bogotá, pero el mandatario nunca llegó a la Plaza de Bolívar por un aparente cuadro gripal y seguramente impactado por la baja asistencia y poco poder de convocatoria que tuvo.

De aquí en adelante, Petro seguirá moviendo sus bases por todo el país (aunque pocos ya le creen) y obligando a su gabinete y funcionarios a que lo apoyen, en muestra de solidaridad y victimización. Así lo hizo cuando fue alcalde de Bogotá y resultó destituido e inhabilitado por la Procuraduría.

El discurso de clase, estará más potente que nunca. Debemos tener cuidado porque esta victimización pude ser el abono a un camino de reelección que han reconocido querer desde su movimiento político.

Andrés Barrios Bernal

Derecha negacionista

Escrito por Antonio Sanguino en Oct 13, 2024. Publicado en Opinión.

Como una vaca muerta atravesada. Así se comporta la derecha en el mundo y en Colombia respecto al reconocimiento de los impactos de la crisis climática. Su negacionismo no tiene limites para proteger los negocios, la producción de bienes y su consumo desaforado, sin ningún tipo de miramientos sobre el agotamiento de los recursos naturales y el riesgo para la sobrevivencia de la especie humana y de la vida en el planeta.

Para esa corriente política, el cambio climático es un invento de hippis ambientalistas o marxistas reciclados que no merece ninguna atención. Luis Carlos Vélez, el agitador político empaquetado de periodista de la FM, nos regaló una gala de esa conducta, pordebajeando con una ignorancia sin límites, la COP16 sobre biodiversidad que entre el 21 de octubre y el 3 de noviembre sesionará en Cali, puerta de entrada a nuestro pacifico biodiverso. Fue tan bochornoso el episodio que precipitó su salida de esta cadena radial propiedad de uno de los grandes grupos económicos del país.

Pero esta ceguera ideológica que se expresa en negar el cambio climático y sus impactos, deriva en con especie de ignorancia cognitiva respecto a la incidencia que tiene este fenómeno planetario sobre la democracia, incluso en su versión mas formal y procedimental. Porque hay suficientes evidencias de la afectación en la disponibilidad de recursos y en la seguridad económica que exacerban la desigualdad y la pobreza que traducidas en malestar social incrementan la inestabilidad política, estimulan nuevos conflictos y fenómenos migratorios, por cuenta de la crisis climática. Ello genera una enorme presión sobre el proceso de toma de decisiones publicas de los parlamentos y los gobiernos.

Lejos están de entender, los energúmenos de la derecha que las barreras que tenemos para enfrentar el cambio climático son de naturaleza política. Si bien, el cambio climático nos llama la atención sobre los modelos económicos extractivistas e intensivos en el uso de recursos naturales como las energías fósiles, su control y transformación desde una perspectiva limpia y sostenible no será el resultado de la acción de la “mano invisible” de los mercados. Son decisiones que se adoptan en escenarios globales como las Naciones Unidas o regionales como la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos, como también los gobiernos y parlamentos de las naciones.

El mayor peligro del negacionismo de la derecha consiste en la imposibilidad de construir los consensos necesarios como sociedad global, nacional y local para proteger la especie humana del apocalíptico riesgo climático que nos acecha. Se oponen o no les interesa que avancemos en cerrar las brechas entre científicos y académicos con las ciudadanías y los tomadores de decisiones públicas que inspiren, documenten y entreguen evidencias a los poderes públicos para adoptar las decisiones adecuadas en su oportuno momento.

A esta derecha que convirtió el lucro y la ganancia en una religión le interesa relativamente poco que el cambio climático ocupe un lugar prioritario en las agendas públicas, que atraviesen como eje articulador los planes de desarrollo, los programas de gobierno y las políticas publicas superando el cortoplacismo y formulando soluciones y acciones de un alcance que supere el periodo de un gobierno. Las emergencias y desastres por razones climáticas obligan a superar el burocratismo, la paquidermia y los procedimientos engorrosos que pululan en las entidades públicas.

Pero son las ciudadanías quienes pueden quitar esta vaca muerta del camino para avanzar en una perspectiva de justicia social y ambiental, y de democracia de alta intensidad. Por ello, el repertorio de formas y escenarios de participación o de democracia directa combinada con democracia representativa es fundamental en una apuesta por la vida desde la política. Y en ello, Colombia viene conquistando un lugar de liderazgo mundial, a pesar de los negacionistas.

Antonio Sanguino

«El dilema de la energía más allá de la ideología»

Escrito por Rafael Fonseca en Oct 10, 2024. Publicado en Opinión.

Hace pocos días en el marco del congreso de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), se volvió a poner en alerta sobre la situación de emergencia que tiene el país en materia de energía eléctrica por cuenta de los disminuidos recursos hídricos disponibles, lo cual nos conduce a la problemática del gas (Semana, 2024), que a su vez lleva a la discusión de fondo sobre la política energética, que desde el inicio de este Gobierno ha estado sobre la mesa por las opiniones encontradas entre el presidente Petro y el empresariado, entre la lucha contra el cambio climático y quienes son escépticos al respecto, entre las ideas de izquierda y las de derecha, siguiendo los clichés de la polarización existente. Como bien lo describe Portafolio “las discusiones sobre transición energética están sujetas a poderosos intereses ideológicos, políticos y económicos” (Correa, 2024).

Tan encrespados hemos llegado a este momento que casi nadie quiso escuchar la explicación del presidente Petro sobre la necesidad de la reducción del consumo, hasta llegar a cero en 10 años, por no haberse mostrado eufórico por la confirmación del pozo Sirius por parte de Petrobras, socio de Ecopetrol, que representa 2.5 veces las reservas probadas del país y podría empezar su producción entre el 2029 y el 2030 (Penagos, 2024). Opinaron los expertos que era más del mismo discurso de salvación de la humanidad por parte de la humilde Colombia.

Todos los enterados saben que pasaremos dificultades de aquí a la entrada de Sirius, y habrá que subir las importaciones de GNL (gas natural licuado) y con ello apurar las inversiones en las capacidades de importación y regasificación. Paradójicamente, si fuese cierta la noticia que proviene desde la Universidad de Cornell en la que afirman que la huella de carbono del GNL es un 33% mayor que la del carbón si se tiene en cuenta el procesamiento y el transporte (Roca, 2024), estaríamos haciendo mal la sustitución de carbón, del cual tenemos mucho, por un gas que hoy no tenemos. Hay que revisar bien, y no asumir la transición dogmáticamente.

Para mejorar el criterio en el tema energético, que es tan basto como complejo, traeré un resumen de las tendencias globales que logré por tener la oportunidad de haber asistido a una conferencia del conocido ingeniero, profesor y experto en energías Julián García, a expensas de las comisiones técnicas de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y así, poder revisar qué tan bien estamos apostando al futuro que se nos viene. El ingeniero García expuso lo siguiente:

Transición Energética Compleja: La transición energética global no consiste simplemente en reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables, como la solar o eólica. Es un proceso mucho más complejo que requiere, entre otras, mejorar la eficiencia energética, electrificar más sectores de la economía y reducir las emisiones. Además, no se trata solo del cambio climático, sino de abordar múltiples problemas ambientales, como la calidad del suelo, la biodiversidad y la contaminación química.

Sector Energético como Principal Emisor: Aproximadamente el 73% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero proviene del sector energético, principalmente debido a la quema de combustibles fósiles. Aunque otros sectores, como la agricultura, también contribuyen, es claro que la mayor parte del esfuerzo debe enfocarse en transformar cómo producimos y consumimos energía.

Eficiencia de la Generación Eléctrica con Combustibles Fósiles: En los últimos 20 años, todas las plantas de generación, como las de gas, han mejorado significativamente su eficiencia. Hace tres décadas, una planta carboeléctrica o a gas tenía eficiencias de entre el 25% y el 30%, mientras que hoy las plantas modernas alcanzan casi el 60%. Este incremento ha permitido generar la misma cantidad de energía usando la mitad de combustible.

Incremento en la Eficiencia de los Vehículos a Gasolina: En los últimos 15 a 20 años, la eficiencia de los vehículos a gasolina ha mejorado notablemente. Un claro ejemplo es que autos como el Honda Civic, que solían recorrer 30 kilómetros por galón, ahora logran hasta 60 kilómetros por galón. Esto ha sido clave para reducir el consumo de combustibles en el sector del transporte. Países como Japón e incluso EEUU, han bajado los consumos de combustibles fósiles en el transporte por cuenta de esta mayor eficiencia.

Crecimiento de la Electrificación: Actualmente, alrededor del 15% del consumo energético final en el mundo es electricidad, pero la tendencia apunta a que este porcentaje se elevará al 30% o incluso al 50% para 2050. Sectores como el transporte, la calefacción y la cocina están migrando a la electricidad, debido a su mayor eficiencia y menores emisiones comparado con los combustibles fósiles.

Reducción de Costos en Energías Renovables: Los avances tecnológicos han permitido que los costos de producción de energía renovable disminuyan drásticamente. Los paneles solares son hoy un 90% más baratos que hace una década, y la eficiencia de las turbinas eólicas ha mejorado significativamente, pasando de un 27% de eficiencia a un 41%. Esto ha llevado a una expansión masiva de las energías renovables.

Eficiencia Energética como Prioridad: En países como Inglaterra, Japón y Alemania, la eficiencia energética es la prioridad número uno. Cambiar aparatos antiguos por versiones más eficientes es mucho más rentable para la sociedad que construir nuevas plantas de energía renovable. Esta tendencia global hacia la gestión de la demanda ha demostrado ser una de las formas más efectivas para reducir el consumo energético.

Desarrollo Tecnológico en Energía: Los avances en tecnología energética han transformado sectores como la producción eléctrica y el transporte. Por ejemplo, en las últimas dos décadas, las plantas de ciclo combinado han mejorado significativamente su eficiencia, mientras que la perforación horizontal en la industria del petróleo ha permitido recuperar mayores cantidades de recursos con menos perforaciones. Estos desarrollos continúan impulsando la eficiencia.

Cambios en la Geopolítica Energética: La geopolítica de la energía ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. La OPEP ya no tiene el control central del mercado mundial del petróleo. En lugar de eso, los países se están centrando en lograr autosuficiencia energética a través de la diversificación de sus fuentes de energía, como lo ha hecho Alemania con su energía solar y eólica.

Riesgos para la Industria Petrolera Colombiana: Colombia enfrenta desafíos en su industria petrolera. Su petróleo, con más o menos la mitad de baja calidad y alto contenido de azufre, se vuelve cada vez menos competitivo a medida que otros países con crudos de mejor calidad y más baratos atienden el mercado. Con el aumento de la electrificación y la sobreoferta de petróleo proyectada para 2030, la dependencia de Colombia del petróleo podría volverse insostenible.

Como se ve, las frases al inicio del mandato del presidente incluso pueden ya no ser relevantes para el futuro próximo que nos espera, más rápido que lo pensado. Y efectivamente, de pronto por coincidencia (Petro, 2024), todo apunta a que no podemos seguir confiando en que los ingresos de los combustibles fósiles van a seguir siendo el sustento de la economía nacional. Nos toca pensar y planear mejor, dejando en la basura las ideologías. Y que efectivamente, como lo hemos sugerido varias veces, debemos trabajar decididamente en racionalizar la demanda para reducirla a punta de eficiencia en los consumos (Fonseca, 2022).

Todo esto no resulta en línea con la visión del ex vicepresidente de EEUU, Al Gore, en la que nos inculcaba que responsablemente no debíamos confiar en que la tecnología haría parte esencial de la solución para el cambio climático y la degradación de la tierra por efecto del modus vivendi de los humanos (Fonseca, 2023); lo que se ve en las tendencias en mejoras de eficiencia es que la tecnología está dando su batalla, a excepción, eso sí, de la nueva y creciente demanda del uso intensivo de energía para atender los nuevos requerimientos de la Inteligencia Artificial.

Y salvo también a que la paradoja de Jevons volviera a materializarse, implicando que las nuevas tecnologías con mayor eficiencia energética puedan, a la postre, aumentar el consumo total de energía y, simultáneamente, volver a un incremento de las emisiones, puesto que esa mayor eficiencia puede representar aumentos de la producción, lo cual bajaría los precios, lo que finalmente estimularía la demanda. Es preciso que el mundo acuerde una política global para no tener esta vía de regreso a la degradación de nuestro espacio vital.

Para las discusiones en la COP16, para quienes están a cargo del mundo y para quienes queramos ser parte de las soluciones.

¿Cuántos ancestros tenemos?

Escrito por León Ferreira en Oct 10, 2024. Publicado en Opinión.

Los latinoamericanos promedio no tenemos claro nuestro árbol genealógico. Nuestra ancestralidad es un misterio, a duras penas conocemos sobre un abuelo o un bisabuelo su procedencia y oficio. En Latinoamérica no existe una cultura genealógica cómo si la hay en otros lares, las culturas milenarias, por ejemplo. Que un latinoamericano tenga clara su ancestralidad es una excepción a la regla. Justamente, comentando con mi amada esposa sobre el tema, surgió la pregunta ¿Cuántos ancestros tenemos? Si partimos de la base que todos provenimos del primer hombre y la primera mujer, podríamos formular varias hipótesis, a saber: Todos tenemos un mismo ancestro común. Que nuestros más antiguos ancestros se reprodujeron entre consanguíneos, lo que reduciría significativamente el número de ancestros. No obstante, fue interesante indagar un poco al respecto para tener una idea aproximada y tratar de desentrañar la complejidad de la pregunta.

En principio, desde las leyes de la naturaleza, sin considerar casos excepcionales de reproducción entre consanguíneos, ejemplo, hijos concebidos entre parientes directos. Todos los seres humanos tenemos como ancestros en orden ascendente a los siguientes humanos: 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, y los choznos ascendientes: 32 trastarabuelos, 64 cuartos abuelos, 128 quintos abuelos, 256 sextos abuelos, 512 séptimos abuelos, 1.024 octavos abuelos, 2.048 novenos abuelos, 4.096 décimos abuelos, hasta aquí hablamos que se requirieron 8.190 seres humanos remotos para que Ustedes y Yo llegáramos a la vida, lo que equivaldría a 13 generaciones y aproximadamente 500 años de historia, y las cuentas no paran ahí.

Los estudiosos indican que entre Abraham y Jesús hubo 42 generaciones. Los científicos concluyeron que entre la salida del Homosapiens desde el África han transcurrido 8.000 generaciones y 72.000 años. Para el amado pueblo Judío, que recientemente celebró Rosh Hashana para dar inicio al año 5.785, han transcurrido aproximadamente 192 generaciones desde Adam. De tal forma, queridos lectores, la aritmética está a pedir de boca.

Lo bonito de este ejercicio de reflexión es pensar sobre nuestra individualidad y la carga genética que soportamos productos del milagro de la reproducción. Debemos la existencia a personas que tuvieron sexo consentido o no, y ello permitió que el milagro de la vida floreciera, se replicara de individuo en individuo hasta llegar a nosotros; a su vez, cumplimos con la misma función al replicarnos en nuestros hijos en la cadena de la vida humana. Somos eslabones de la vida, eslabones que se abren para permitir que unos partan y se cierran para que otros lleguen para reemplazarlos, permitiendo así el milagro permanente de la existencia humana.

Nuestra identidad genética está conformada por miles y miles de personas que nos han precedido. De cada una en mayor o menor proporción conservamos su carga genética. Somos un caldo celular muy bien dispuesto por quienes nos han compartido su ADN. A partir de allí se empieza a definir nuestra propia individualidad. En igual forma, también transferiremos algo nuestro a nuestros descendientes. En esencia, los seres humanos todos, compartimos uno que otro alelo, por ende, nos hacemos parientes remotos más allá de la cultura y lugar, La Especie Humana.

La matemática es una ciencia exacta que nos permitiría hacer cálculos a partir de hechos históricos. La Inteligencia Artificial permitirá dar una respuesta teórica con alguna aproximación de certeza a la pregunta que lleva por título este artículo. No obstante, lo importante de esta pregunta es el hecho que, permite tomar conciencia para entender la razón que le asistía al divulgador científico Carl Sagan (1934-1996) cuando decía que los humanos somos polvo de estrellas, no porque en su escepticismo teológico lo concluyera. Mejor aún, porque El Eterno bien lo sentenció en su promesa hecha a Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Somos constelaciones de estrellas, somos lo que fuimos y lo que seremos.

León Sandoval

Compraventa de criptomonedas en Colombia, ¿es posible hoy?

Escrito por Columnista en Oct 10, 2024. Publicado en Opinión.

En función del cumplimiento de la normatividad vigente en Colombia y la observancia de ciertos aspectos de índole corporativo, proponemos revisar la viabilidad jurídica para que una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) pueda ofrecer servicios de compraventa de criptomonedas, a través de sus canales.

Marco Regulatorio Vigente

El desarrollo de la regulación sobre criptomonedas en Colombia, inició por la propia SFC que se ha pronunciado con normativas de rango reglamentario donde señaló, en la Circular 29 de 2014 que “las monedas virtuales no se encuentran reguladas por la ley, ni sujetas al control, vigilancia o inspección de la SFC, razón por la cual implican riesgos e inexistencia de mecanismos para obligar al cumplimiento de las transacciones pactadas”. De allí que, para ese momento, estableció que las entidades vigiladas por la SFC tenían prohibido custodiar, invertir o intermediar con “monedas digitales”.

En 2016, el Banco de la República indicó en el Concepto No. 20348 de 2016, que el único medio de pago de curso legal en el país es el peso colombiano. Con lo cual, consideró que “las criptomonedas son un activo que no puede ser considerado una divisa, debido a que no cuenta con el respaldo de los bancos centrales de otros países, por lo que no se puede utilizar para el pago de las operaciones del régimen cambiario”.

Adicionalmente, en la Carta Circular 52 de 2017, la SFC ratificó los pronunciamientos de 2014 y 2016 sobre las criptomonedas, resaltando que no existe obligatoriedad de recibirlas como medio de cumplimiento de los compromisos financieros.

De acuerdo con lo anterior, pese a que las criptomonedas no tienen una naturaleza definida en el régimen legal colombiano, no pueden considerarse “ilegales” porque su uso no se encuentra expresamente prohibido; de allí que, las personas naturales o jurídicas pueden utilizarlas como medio de negociación directa en sus actividades, siempre que su objeto social no este ligado a actividades bajo la vigilancia de la SFC.

Desde 2021 a 2024 se llevó a cabo el sandbox regulatorio para criptomonedas en Colombia, conocido como «la Arenera», generando una serie de conclusiones importantes que están moldeando el futuro de la regulación y adopción de las criptomonedas en el país, pues se generaron las condiciones para que el regulador colombiano pudiera ver y medir el funcionamiento de este mercado y lograr mayor insumo de información para una futura regulación específica.

Hoy, en Colombia, las normas de rango reglamentario y los conceptos de entidades gubernamentales, emitidos hasta el momento, se orientan a concebir las criptomonedas como un activo que se usa como medio pago para la satisfacción de obligaciones contraídas entre las partes de una negociación.

En tal sentido, se puede resumir el estado actual del ámbito regulatorio colombiano en los siguientes 3 puntos:

Ausencia de Regulación Específica: Actualmente, no existe una regulación específica en Colombia que permita o prohíba de manera explícita a las entidades vigiladas ofrecer servicios de compraventa de criptomonedas.

Principios de la SFC: La SFC ha emitido advertencias y comunicados sobre los riesgos asociados a las criptomonedas, enfatizando que no son consideradas activos financieros ni divisas. Sin embargo, no ha prohibido su comercialización.

Proyectos de prueba: La SFC ha autorizado proyectos de prueba en el Sandbox Regulatorio para explorar la interacción entre el sistema financiero tradicional y las criptomonedas, lo que indica una posible apertura hacia su futura regulación específica.

Cumplimiento corporativo y operacional

Para que una entidad vigilada por la SFC pueda ofrecer, a través de sus canales, servicios de compraventa de criptomonedas en Colombia, es fundamental observar una serie de requisitos que garanticen el cumplimiento corporativo y la seguridad de las operaciones, la protección de los usuarios y el cumplimiento de la normatividad vigente. A continuación, se detallan los principales requisitos:

Independencia y autonomía corportiva, operacional y financiera

La entidad vigilada debe contar con una independencia y autonomía total en materia corporativa, operativa y financiera respecto de la entidad prestadora del servicio de compraventa de criptomonedas. Esto garantiza el cumplimiento de la normativa vigente, en particular la Circular 29 de 2014 de la SFC, que prohíbe a las entidades vigiladas custodiar, invertir o intermediar con «monedas digitales».

Adicionalmente, la entidad prestadora del servicio de compraventa de criptomonedas debe asegurar a la entidad vigilada el cumplimiento corporativo sobre los siguientes aspectos:

Tecnología y Seguridad: La entidad debe contar con políticas, procesos, infraestructura tecnológica y las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de los activos de los usuarios, a través de la disponibilidad y la integridad de las operaciones.

Capital y Liquidez: La entidad debe mantener niveles adecuados de capital y liquidez para hacer frente a los riesgos asociados a la compraventa de criptomonedas, especialmente en situaciones de alta volatilidad para casos de criptomonedas que no estén atadas a algún activo o moneda fiduciaria en específico, lo que no sucede con el caso de las llamadas “criptomonedas estables” (stablecoins, según su denominación en inglés) cuya valoración está respaldada con alguna moneda fiduciaria, como es el caso del Theter o el USDC respecto del dólar estadounidense.

Cumplimiento Tributario: La entidad debe cumplir con las obligaciones tributarias relacionadas con la compraventa de criptomonedas, incluyendo la declaración de ingresos y el pago de las obligaciones tributarias correspondientes de conformidad con el r´wgimen y normativa que, a tal efecto, establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Participación de entidades autorizadas para ofrecer servicios relacionados con criptomonedas

Es recomendable que la prestación del servicio se dé a través de una entidad regulada, con licencia y registro especial para compraventa de criptomonedas, de manera de ofrecer mayor garantía de cumplimiento corporativo y asegurar la separación operativa entre la entidad vigilada y la que presta los servicios relacionados con criptomonedas. Esto garantiza que la entidad vigilada nunca manejará directa o indirectamente los fondos en criptomonedas, sino que actuará como facilitadora, poniendo a disposición de sus usuarios un servicio específico que podrán utilizar o no, según su elección.

Análisis de Riesgos

La entidad prestadora del servicio de compraventa de criptomonedas debe realizar un análisis detallado de los riesgos relacionados con la compraventa de criptomonedas, incluyendo:

Lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT): Identificar y mitigar los riesgos relacionados con la utilización de las criptomonedas para actividades ilícitas.

Fraude: Establecer medidas para prevenir y detectar fraudes, como estafas, phishing, robo y/o suplantación de identidad.

Volatilidad de precios: Informar a los clientes sobre la volatilidad de los precios de las criptomonedas (en los casos que corresponda) y los riesgos asociados.

Riesgos tecnológicos: Proteger la infraestructura tecnológica y los datos de los usuarios contra ciberataques y fallas técnicas producidos por eventos internos y/o externos de la entidad.

Políticas y Procedimientos

La entidad prestadora del servicio de compraventa de criptomonedas debe poseer políticas y procedimientos claros relacionados con el abordaje de las operaciones, asegurando la gestión de los riesgos identificados, destacando las siguientes:

Debida diligencia de clientes (KYC): Verificar la identidad de los clientes, hacer verificación y consultas en listas restrictivas y evaluar su perfil de riesgo.

Monitoreo de transacciones: Supervisar las transacciones para detectar actividades sospechosas y cumplir con las obligaciones de reporte. Para realizar el proceso de monitoreo del riesgo transaccional y mitigar los riesgos relacionados a los servicios y medios de pagos que se utilizan en la entidad prestadora de los servicios, se debe contar con una herramienta que permita verificar las transacciones realizadas en billeteras criptográficas en tiempo real y ver el perfil de riesgo holístico de cualquier billetera de la empresa y sus clientes, verificando todas las transacciones en los principales protocolos blockchain.

Seguridad informática: Establecer medidas de seguridad robustas para proteger la información y los activos de los usuarios, bajo principios y estándares internacionales, como la Norma ISO 27001.

Información Transparente y protección al usuario

La entidad prestadora de los servicios de compraventa de criptomonedas, debe asegurar comunicación clara frente a los usuarios del servicio, entre otras, sobre:

Riesgos en el uso de las criptomonedas: Explicar, en los Términos y Condiciones del Servicio, los riesgos asociados a la utilización de criptomonedas, incluyendo la volatilidad (en los casos que corresponda), los aspectos regulatorios y la responsabilidad del usuario en el manejo de claves que pueden tener algún impacto en la pérdida de los activos.

Características de los servicios: Describir detalladamente los servicios ofrecidos, incluyendo las condiciones de compraventa, las comisiones y tarifas aplicables, y los mecanismos de resolución de conflictos entre los usuarios y la entidad prestadora del servicio.

Derecho a la información: Proporcionar información clara, veraz y suficiente sobre los servicios ofrecidos y los riesgos asociados.

Transparencia en las operaciones: Realizar las operaciones de manera transparente, informando a los usuarios sobre las condiciones y los costos asociados.

Resolución de conflictos: Establecer mecanismos efectivos para la resolución de conflictos con los usuarios.

La entidad prestadora del servicio de compraventa de criptomonedas debe asegurarse de que esta información sea fácilmente accesible para los usuarios, esté redactada en un lenguaje claro y comprensible, y se actualice periódicamente para reflejar cualquier cambio en las condiciones del mercado o en los servicios ofrecidos.

Prevención de LA/FT

La entidad prestadora del servicio de compraventa de criptomonedas debe poseer políticas y procedimientos claros relacionados con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), destacando las siguientes:

Cumplimiento normativo: Cumplir rigurosamente con las normas de LA/FT establecidas por la Unidad de Información Financiera (UIF) y otras autoridades competentes del país donde la entidad prestadora del servicio de compraventa de criptomonedas se encuentre registrada.

Identificación y verificación de clientes: Implementar procedimientos de KYC para conocer a los clientes y evaluar su nivel de riesgo.

Reporte de operaciones sospechosas (ROS): Reportar cualquier transacción inusual o sospechosa a la UIF y notificar debidamente a la entidad vigilada por la SFC con la que tenga el convenio para ofrecer, a través de sus canales, los servicios de la entidad que prestará el servicio de compraventa de criptomonedas.

Medidas preventivas: Adoptar medidas y buenas prácticas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar que las criptomonedas sean utilizadas para actividades ilícitas, como el establecimiento y parametrización de límites de transacción y la restricción de operaciones con países de alto riesgo.

De esta manera, al día de hoy, una entidad vigilada por la SFC puede ofrecer servicios de compra y venta de criptomonedas a través de sus canales, siempre y cuando adopte un enfoque prudente y cumpla con los requisitos legales y regulatorios aplicables. Para ello, es recomendable que el servicio sea prestado directamente por una entidad regulada, con licencia y registro especial para compraventa de criptomonedas y servicios relacionados, asegurando, con ello, una mayor garantía de cumplimiento corporativo y la separación operativa total entre la entidad vigilada y la que presta los servicios relacionados con criptomonedas.

En este marco, será fundamental que la entidad vigilada por la SFC realice un análisis exhaustivo de los riesgos, valide y verifique las políticas y procedimientos adecuados, en materia de operaciones, seguridad de la información, prevención de LA/FT y protección al usuario, que permita garantizar la prestación del servicio con altos niveles de transparencia y trazabilidad operacional.

En conjunción con lo anterior, considero oportuno resaltar que actualmente pareciera haber un cambio de percepción por parte del sector de las entidades supervisadas que, apalancándose en la normatividad vigente en Colombia, han decidido avanzar con el ofrecimiento y promoción, a través de sus canales, del servicio de compraventa de criptomonedas a sus usuarios, como es el caso de Bancolombia (con Wenia) y Lulo Bank (con Lulo X). Esto, sin duda, es un indicio claro de hacia dónde se irá moviendo el mercado en el corto y mediano plazo que acompaña, sin duda, la masificación en el uso de diferentes expresiones de tecnología financiera que demanda la dinámica social.

Por Tulio Nuñez

Head of Legal de Koibanx