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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

Vainilla en Colombia

Un artículo de The Economist del 8 de agosto pasó desapercibido en Colombia, a pesar de vaticinar un boom en la producción de vainilla en el país. Promocionado por la Agencia Suiza de Cooperación, el pacífico colombiano está redescubriendo sus variedades de vainilla. En el Chocó, este producto, conocido localmente como “quereme”, por su exquisito olor, se destaca como un recurso forestal no maderable y simbiótico con la protección de la biodiversidad. A pesar de esfuerzos menores realizados por la Agencia de Desarrollo Rural ($500 millones), no existe una política estatal agresiva para su promoción. No es coincidencia que, para el mes de septiembre, el Min Agricultura solo haya desembolsado solo el 18.3% de los recursos asignados. Aunque se le abona al gobierno que el sector agrícola haya dejado de ser la “cenicienta” del presupuesto nacional, de poco sirve si los recursos no se ejecutan.

En el mercado global de alimentos, la vainilla es un producto esencial para saborizar, y su aroma es altamente codiciado. Es la segunda especia más costosa después del azafrán, con un mercado mundial que alcanzó los US$ 292 mil millones en 2023, y se espera que crezca a US$437 mil millones para 2031. Aunque la flor de la vainilla es originaria de América Latina, el 80% de la producción proviene de Madagascar. Dada la mayor exigencia por productos de calidad y orgánicos, los campesinos chocoanos están vendiendo el kilo a $2.5 millones. La fuerte demanda internacional asegura que la producción disponible encuentre compradores fácilmente, sin necesidad de deforestar.

 

El artículo en referencia, menciona que la variedad planifolia del pacífico colombiano es polinizada por abejas, lo que le da un olor especial. Se lamenta que, a pesar de la demanda evidente, hace falta capacitación, financiación, vías terciarias, y vocación comercial. Una empresa francesa de fragancia requeriría, por ejemplo, una tonelada de producto inmediatamente, pero la intervención estatal, que debería ser integral, es insuficiente. Es verdad que la ejecución contractual de Min Agricultura es de 50.7%, pero al no ocurrir en territorio, los recursos se quedan durmiendo en fiducias.

Si bien el propósito del gobierno de lograr una reforma agraria es loable, su lentitud es evidente. Aunque el gobierno cita a Corea del Sur como ejemplo de una reforma rural exitosa, las diferencias en el sistema judicial y el historial de violencia de Colombia hacen que las comparaciones sean poco realistas. No es razonable esperar que las cooperativas de vainilla logren imponer condiciones a los compradores por sí solas. Sería mucho más efectivo garantizar la calidad y el suministro de la cadena productiva, para garantizar contratos justos de largo plazo.

El renacer de la vainilla colombiana es una noticia prometedora. Aunque el gobierno podría hacer mucho más para impulsar este desarrollo. La certificación de origen debería ser algo en trámite. Agrosavia, la entidad estatal de investigación agrícola podría profundizar en estudios sobre las variedades colombianas y sus técnicas de producción. El huracán que afectó a Madagascar en 2023 obligó al mercado global a buscar alternativas, y Colombia tiene el potencial de convertirse en un productor clave, aunque solo el tiempo lo dirá.    

Simón Gaviria

Fortalecer los partidos progresistas y de izquierda ¿para qué?

De cara a las elecciones futuras presidenciales, es crucial asegurar la gobernabilidad, llevar a cabo las reformas progresistas que el país necesita y continuar la tarea empezada en el presente gobierno. En este marco el fortalecimiento de los partidos progresistas y de izquierda en Colombia se presenta como una tarea urgente y estratégica.

Es fundamental que aquellas expresiones políticas que, por ley, están obligadas a unificarse, trabajen en la construcción de un Partido Único. Al mismo tiempo, quienes consideren que este mecanismo no les proporciona un espacio real y suficiente, o no estén sujetos a dicha obligación legal, deben avanzar hacia mecanismos de acción política unitaria. Esto incluye trabajar conjuntamente con otros sectores políticos, como los liberales o socialdemócratas, para formar, junto con el Partido Único, un gran frente unitario, amplio y democrático.

 

Este frente debe ser capaz de ampliar y mantener el apoyo popular en las elecciones, así como de garantizar una gobernanza efectiva y una gobernabilidad que favorezca a las mayorías, confluyendo, mediante consulta amplia, en una candidatura presidencial única, capaz de representar un proyecto común que matiza las diferencias y legitima las especificidades políticas de cada agrupación políticos. Este esfuerzo debe ir acompañado de una estrategia coherente que contemple dos o tres listas al Senado y diversas listas a la Cámara.

Este reagrupamiento debe reconocer e incluir el acervo organizativo de los movimientos sociales y comunitarios, garantizando que se construya desde las bases y no se limite únicamente a las decisiones excluyente de la esfera parlamentaria. Como menciona Ernesto Laclau, «la construcción de un pueblo es siempre una operación política; el pueblo no es simplemente un dato social, sino el producto de una articulación política» (Laclau, 2005). Esto implica una verdadera integración para consolidar un proyecto político con vocación de poder.

La idea no se limita únicamente a ganar las elecciones; su propósito es más profundo y más ambicioso a largo plazo. Es urgente establecer una base política sólida que guíe al nuevo presidente o presidenta en los derroteros centrales de un gobierno que rectifique errores, fortalezca el poder ciudadano y continúe el camino del cambio. Se debe superar la improvisación, la corrupción, el sectarismo, el vanguardismo y el clientelismo, problemáticas que afectan a la izquierda contemporánea.

Su accionar debe enfocarse en la formación política de sus integrantes, de modo que estos sean capaces de liderar y participar activamente. La capacidad organizativa y política de la ciudadanía es esencial para garantizar una participación activa e informada que anime una transformación social efectiva. Como afirma Paulo Freire, «la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo» (Freire, 1970).

Un frente amplio debe explorar nuevas pedagogías para vincular a los jóvenes en la construcción de un país próspero, democrático y justo. Se debe desarrollar una nueva cultura política que conecte con las demandas de la juventud, que estipule su participación transformadora. Al menos cuatro objetivos centrales, no excluyentes, deben guiar el accionar de esta coordinación política democrática.

La Construcción de la paz integral entendida de manera amplia, lo que implica rechazar y deslegitimar la violencia armada como herramienta de confrontación política o de enriquecimiento, y trabajar decididamente por el diálogo y la solución pacífica de los conflictos, en busca de una sociedad más justa y equitativa. Como sugiere Johan Galtung, «la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino la presencia de alternativas creativas para responder a los conflictos» (Galtung, 1969).

Erradicar la corrupción, el narcotráfico, el tráfico de especies y la minería ilegal, motores de la desigualdad, la violencia y el despojo en el país. El frente debe comprometerse a la implementación de políticas que modifiquen las estructuras económicas y políticas que permiten su proliferación. Es esencial transformar el sistema de justicia y fortalecer las instituciones para combatir eficazmente estos problemas.

Proteger y recuperar el medio ambiente y la biodiversidad, implementando políticas sostenibles que aseguren un futuro próspero, así como el compromiso con la transición energética y la defensa de los territorios frente a la explotación ilegal. La preservación de los ecosistemas no es solo una cuestión ecológica, sino un tema de justicia social, ya que las comunidades vulnerables suelen ser las más afectadas por la degradación ambiental.

Transformar el modelo económico, para asegurar que el crecimiento económico esté alineado con el desarrollo social y el fortalecimiento estatal, garantizando que los recursos nacionales sean utilizados para el bienestar común. Esto implica desatar un vasto programa de desarrollo agrícola de la mano de la Reforma Rural, continuar el fortalecimiento y las garantías para la pequeña y mediana empresa, y una mayor intervención estatal en sectores estratégicos.

El Acuerdo Nacional comienza en casa. A los diferentes sectores políticos, económicos y sociales, les debe llegar un mensaje claro, una propuesta generosa y realizables, con apego a los derechos humanos, la Constitución y la ley, alrededor de la cual, podamos deliberar, construir pactos, unir voces y corazones para edificar un país en el que quepamos henchidos de dignidad y esperanza.

Luis Emil Sanabria D.

Así es Petro, así es Uribe y así mismo fueron todos

Hoy todos hablan de ataques a la prensa por parte del presidente Gustavo Petro, y se sorprenden hacen cruces de rodillas, y en efecto tienen razón porque el primer mandatario ha demostrado su desprecio por el periodismo libre.  Sin embargo, es bueno que revisemos la historia para que analicemos si los diferentes sectores que conforman la política en nuestro país, tiene siquiera un 1% de autoridad moral para exigirle al actual Gobierno respeto por la libertad de prensa.

Para empezar, podemos iniciar por el Gobierno de Iván Duque del que se supo, gracias a la Revista Semana, medio de comunicación que antes de convertirse en un movimiento político al que solo le falta repartir avales, publicó un artículo en el que reveló que el Ejército Nacional a través de seguimientos ilegales perfiló los nombres de algunos periodistas y en carpetas guardaba información del trabajo que estos realizaban.

 

¿Qué pasó con este asunto? ¿Investigó la Fiscalía de Francisco Barbosa? ¿se supo cuál era la intención de perfilar periodistas? Ni Duque ni su entonces jefe de comunicaciones, Hassan Nassar, respondieron pero en cambio sí alzan la voz para exigir respeto por la libertad de prensa ¿cinismo u olvido conveniente?

En el gobierno de Juan Manuel Santos cuando la periodista Claudia Morales en función de su labor, hizo algunas investigaciones sobre la supuesta ‘Comunidad del Anillo’ y la relación que al parecer tendría con este hecho el general en retiro de la Policía, Rodolfo Palomino, denunció que sus comunicaciones habían sido interceptadas. Como era de esperarse, todo se quedó en la denuncia porque los responsables de esto nunca aparecieron. Al igual que Morales, otros periodistas que también indagaron este hecho aseguraron sentirse perseguidos.

Ahora, si mencionamos el Gobierno de Álvaro Uribe, podremos darnos cuentas que ni el exmandatario ni sus seguidores tienen derecho a rasgarse las vestiduras en señal de dolor cuando Petro ataca a la prensa, porque durante sus ocho años el periodismo no solo fue atacado verbalmente, además lo convirtieron en víctimas de chuzadas y persecuciones. Vale la pena recordar que todo aquel que se atreviera a contradecir al entonces primer mandatario era señalado de “aliado de la guerrilla”.

De hecho recuerdo un episodio con el exasesor presidencial, José Obdulio Gaviria quien en medio de un debate para el programa 360 Grados de Cablenoticias me dijo que yo hacía parte de un grupo de periodistas empeñados en destruir el nombre del entonces presidente Uribe, a lo que respondí recordándole los episodios en los que Uribe atacó a la prensa.

También es bueno traer a la memoria el momento en que Uribe tildó a los periodistas de la Revista Semana de “señoritos bogotanos que querían hacer daño a la clase regional” por las investigaciones que hizo el medio de comunicación sobre los vínculos del paramilitarismo con algunos políticos regionales.

Como también es bueno recordar que el cierre de la Revista Cambio de ese entonces coincidió con la revelación de los hechos de corrupción alrededor del programa del Ministerio de Agricultura conocido como ‘Agro Ingresos Seguros’ en el gobierno Uribe, y además coincidió con la  salida de la Casa Editorial El Tiempo de los periodistas, Rodrigo Pardo, Harold Abueta y María Elvira Samper.

Ni hablar de los ataques de Uribe a Noticias UNO y a Daniel Coronell, a quien convirtió en su blanco favorito.

Pero si nos vamos hacia atrás, encontraremos que el entonces presidente Andrés Pastrana no quería mucho a Uninoticias, un noticiero que se emitía los fines de semanas por el Canal Uno y que terminó fusionado con el Noticiero de las 7 dando pie a la creación de Noticias Uno.

En el caso de Ernesto Samper, presidente débil políticamente pero que aun así su paso por el poder lo utilizó para poner su granito de arena para que aumentara la mala racha económica que traía el diario La Prensa, de propiedad de la familia Pastrana con la que ha sostenido una eterna enemistad y ni hablar del cierre en su época del Noticiero QAP.

Tampoco podemos pasar por alto que el Noticiero AM PM, salió del aire en el 1997, según cuentan testigos de la época, “por desórdenes administrativos que les impidieron continuar”.  Esto coincidió con la decisión de Ernesto Samper, de otorgar la concesión a casas politicoeconómicas, que desde atrás venían instrumentalizando el periodismo para de esta manera acomodar verdades a sus intereses políticos.

Es así como en los años 80 y parte de los 90 existía el Noticiero de las 7 (Familia López Michelsen); Noticiero 24 Horas y el diario El Siglo (Familia Gómez Hurtado); AM PM (Reincorporados del M 19); Noticiero TV HOY y diario La Prensa (Familia Pastrana); Telenoticiero del Mediodía (Familia Galán); Diario El Tiempo (Familia Santos); Noticiero Criptón (Familia Turbay); Noticiero CM& (con Cesar Gaviria como socio).

Viéndolo de esta forma podemos concluir que los únicos espacios que se pudieron considerar como independientes de la política eran: Noticiero QAP (Chiva Cortes), Todelar Radio (Grupo Tobo de la Rocha), RCN Radio (Grupo Ardila Lulley), Telepaís (Jorge Barón) y el diario El Espectador (Familia Cano).

En cuanto a César Gaviria no podemos decir que fue enemigo del periodismo, pero tampoco que haya sido el mejor amigo. Basta recordar que entraba en furia cuando algún titular del diario El Tiempo o del diario El Espectador no eran de su agrado.

La realidad de estos medios de comunicación ha cambiado radicalmente. Muchos de estos espacios de noticias desaparecieron, otros se fusionaron y  la batuta se la dejaron a los grupos económico, y es así como el Grupo Santo Domingo vendió a Caracol Radio al Grupo Prisa, creo a Bluradio, estructuró al Canal Caracol Televisión y compró el diario El Espectador: El Grupo Ardila Lulley continúa con RCN Radio, creo el Canal RCN y se hizo al diario la República: El Grupo Sarmiento Angulo adquirió al diario El Tiempo y Gilinsky compró la Revista Semana, el País de Cali y va por más.

De esta manera la gran mayoría de medios de comunicación en Colombia dejaron de ser instrumentos de las casas políticas que han gobernado al país, quienes les utilizaban para atacarse los unos con los otros. Hasta el momento el que más se acerca a esta realidad de lo que fueron los espacios de noticias en el pasado, es la familia Char con el grupo radial Olímpica Stéreo.

Con todo este recorrido podemos entonces concluir que, así como Gustavo Petro ataca a la prensa cuando algún titular no le favorece, hecho inaceptable desde cualquier punto de vista,  así mismo quienes le han antecedido en la Presidencia de la República de una u otra manera y pueda que con un tono diferente, han hecho exactamente lo mismo, y aun así tienen el cinismo de exigir respeto por el periodismo.

Oscar Sevillano

De la trasnochada reforma, a la evolución del sistema de salud

Mucho se ha escrito y dicho sobre la reforma a la salud en Colombia, y por lo visto, no habrá mucha calma al respecto en los meses por venir.  A estas alturas, la preguntas no gira alrededor de si se aprueba o no en el congreso; más bien en torno a si lograremos verdaderos consensos alrededor de lo que nos debe unir y no separar, saboteados por las pugnas políticas o ideológicas.  Y creo que ese ha sido el problema, no solo respecto a la salud, sino otros tantos temas nacionales en los que la falta de propósito común nos ha evitado consolidar los avances que hemos logrado —contra todo pronóstico, en muchos casos—.

En este sentido, podemos enforcarnos nuevamente en el disenso, en las diferencias sobre el 1% que no está acordado, profundizándolas y situándonos en extremos irreconciliables. Me gusta una frase del presidente norteamericano Kennedy: “si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas.” ¿Será que podemos construir un sistema de salud donde podamos coincidir entre las distintas visiones? Bueno, no por exceso de optimismo, sino por persistencia en él, espero y creo que sí, solo hay que iluminar el camino para no perderlo.

 

Y ¿cuál puede ser el camino? Bueno, hace unos años, cuando no tenia ni siquiera en mi imaginación ser secretario de salud, hablaba de la Tercera Vía, la cual era un grupo de cambios estructurales de nuestro sistema, partiendo de sus elementos más nucleares —desde su propio diseño y los fundamentos teóricos de los incentivos originales—. Hoy, la tercera vía, ya no es una propuesta, sino, en gran medida una realidad que empieza a construirse —imperfecta pero decididamente—, desde Cali, con nuestro nuevo modelo de atención y que, estoy completamente convencido, es una ruta que le permitirá al país salir del atolladero al que hemos llegado con la convulsionada reforma.

Empecemos por uno de los puntos en los que el sector salud parece tener un consenso de discurso, la atención primaria en salud. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la atención primaria en salud “tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa mediante la atención centrada en las necesidades de la gente tan pronto como sea posible a lo largo del proceso continuo que va desde la promoción de la salud y la prevención de enfermedades hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, y tan próximo como sea posible del entorno cotidiano de las personas.”  Esto quiere decir que, necesitamos desplegar estrategias y programas que generen mayor acceso a servicios de salud —y sociales— y logren superar, de una parte, la atomización y falta de resolutivas de las redes de atención y, por la otra, la falta de integralidad y armonización de las diferentes ofertas sociales de los sectores que concurren al abordaje de los determinantes sociales de la salud. En palabras más sencillas, necesitamos llegarle al ciudadano a los lugares donde vive, se educa y trabaja resolviendo sus problemas y necesidades de forma integral y no separada, ineficiente, reducida y limitadamente.  Por ejemplo, ¿Qué caso tiene colocar un puesto de salud con médico 24 horas en una población apartada que no tiene agua potable, internet, electricidad, seguridad,y educación? Ampliemos más la discusión del sistema de salud ¿Qué se logra cuando una EPS tiene la ruta de atención integral de promoción y mantenimiento de la salud definida y establecida, si solo tiene 7 puestos primarios de salud en una ciudad de 2,5 millones de habitantes como Cali? —es una realidad—. ¿Por dónde es la salida entonces?

Pues, todo debería comenzar por reconocer que tenemos un reto que no hemos logrado superar, a pesar de un amplio espectro legal y normativo —comenzando por la propia Ley Estatutaria de la Salud—. El Gobierno Nacional ha comenzado a implementar un modelo de equipos básicos de salud, buscando que estos se encarguen de un micro territorio —un puñado de barrios o manzanas— y que intervengan los riesgos de esa población por fuera de los muros de los centros hospitalarios, muy en línea con la definición de la OMS de la atención primaria, en los entornos de las personas.  Aquí hay un elemento de política pública interesante, razón por la cual, en Cali le estamos apostando a ello. Ahora bien, creemos que existen puntos de mejora sustanciales en su conformación, la cual debería estar enfocada justamente en promotores de salud y bienestar, más que médicos y enfermeras(os), y hacer conexiones reales y operativas con los otros sectores sociales —en algunos de los textos “apócrifos” de la reforma pude plantear esto en varios de sus artículos—.  Esto lo pude presenciar, en la vida real, espontáneamente, en uno de mis acompañamientos a la labor de estos equipos casa a casa, cuando identificamos a una persona con sobrepeso y, no solo se le indicó que debía hacer actividad física —algo que parece más un cliché trasnochado de nosotros, los salubristas públicos—, sino que se le dirigió hacia los monitores deportivos de la zona, a pocas cuadras de allí.  Yo creo que estas pequeñas acciones sí cambian la vida de las personas, nuestra tarea ahora es darle método, consistencia y eficiencia a esta estrategia y, por supuesto, masificarla.

Hablemos ahora de otro elemento determinante y que debería ser parte de un acuerdo fundamental sobre cualquier reforma de salud: las capacidades institucionales del Estado para la Gestión del Riesgo en Salud de las personas y comunidades.  Esto no es otra cosa que contar con un Ministerio y Secretarías de salud con mayores instrumentos para ejercer, no solo su función rectora, sino una función más pragmática de coordinación de los agentes del sistema.  Aquí si debe existir un cambio de paradigma de lo que hemos hecho en los últimos 30 años, en donde el Estado se convirtió en una cosa amorfa y difusa, un espectador pasivo frente a la gestión del riesgo en salud por parte del resto de los agentes —la administración de la probabilidad de que un suceso de salud nos ocurra— que solo actúa cuando el paciente se queja o interpone una tutela.  Ésta si es una verdadera tercera vía, una forma distinta de hacer las cosas, un punto medio de encuentro entre los extremos que se confrontan ideológica y dicotómicamente —como si el mundo fuera realmente así—, “tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario,” como lo dijo Willy Brandt.  Sí, el mercado no llega a algunos sitios socio-geográficos y, sí, el Estado es ineficiente en ciertas dimensiones.  Nuevamente, nuestro modelo de atención en Cali está construyendo esas capacidades en la Secretaría de Salud, pero eso, se los cuento en otra columna con mayor detalle.

Existen otros elementos que, como los anteriores, pueden ser materia de consenso en el debate que nos ocupará durante el trámite legislativo del proyecto de Ley de reforma a la salud presentado esta semana al Congreso, y que seguramente, trascenderá y ocupará parte de la agenda electoral en poco más de un año, como la sostenibilidad financiera del sistema, la política pública de innovación —la terapia génica ya es una realidad, para dar un ejemplo—, entre otros que tienen tanto de ancho, como de fondo. Sin embargo, si seguimos enfrascados en unas visiones limitadas del sistema de salud, aprisionadas por modelos del siglo XX —sin sesgo, tanto aquellos que buscan la estatalización, como los que piensan en el aseguramiento convencional, basados en teorías de seguros inaplicables a nuestro contexto actual—, no solo vamos a obtener leyes o regulaciones de letra muerta, al vaivén del espectro político, sino que, lo más grave, las personas sufrirán por falta de respuesta a sus necesidades de salud y dignidad humana. Así que, tal y como lo hicimos el día que jugó nuestra selección femenina de fútbol —con un Pascual Guerrero que demuestra por qué Cali es la capital deportiva de Colombia—, pongámonos la camiseta en esto, y no desaprovechemos la oportunidad histórica de llevar El sistema de salud que tanto esfuerzo nos ha costado construir, al siglo XXI, pensando fuera de la caja; la caja de viejas corrientes de pensamiento que podemos desafiar con innovación.

Germán Escobar Morales

¿Qué pasará con el Presupuesto?

La respuesta corta al interrogante de qué pasará con el presupuesto, es nada grave. Resulta que la ley del Presupuesto General de la Nación no es una ley como las demás pues no establece reglas de carácter general ni permanentes. En su contenido material se asemeja más a un acto administrativo que busca dar cumplimiento a leyes previas que ordenan los impuestos y autorizan los gastos del Estado. Por ello, muchos hacendistas han calificado el presupuesto como un acto condición cuya existencia es necesaria para que las leyes previamente expedidas por el Congreso puedan ser ejecutadas.

Por lo anterior, el procedimiento para la presentación y aprobación de presupuesto está reglado con mucho detalle en la propia Constitución que le entrega al ministro de Hacienda la autoridad para autorizar cada modificación que el Congreso pretenda introducir durante su trámite. La sola excepción a la “aceptación por escrito” del ministro de Hacienda es la reducción o eliminación de partidas de gasto, siempre y cuando no se necesiten para casi todo: i) el servicio de la deuda pública, ii) las demás obligaciones contractuales del Estado, ni) la atención completa de los servicios de la administración y ir) las inversiones autorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo. El margen de disposición del Congreso en materia presupuestal ínfimo, por mandato de la propia Constitución.

 

Adicionalmente, el proyecto de presupuesto debe incluir la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar en la vigencia respectiva. Se trata del llamado principio de universalidad presupuestal. Si las rentas autorizadas por las leyes anteriores no alcanzan para cubrir la totalidad de los gastos proyectados, el gobierno debe presentar a consideración del Congreso una ley de financiación del faltante, la cual no requiere estar expedida antes de la aprobación del presupuesto.

Su presentación tampoco es una novedad, aunque si una excepción constitucional al principio de ley previa. El gobierno Duque hizo uso de esa autorización dos veces durante su mandato con la ley No. 1943 de 28 diciembre de 2018, que la Corte declaró inexequible por vicios de forma; y la ley 2010 de 2019, con la que fue reemplazada. Muchos de quienes hoy señalan que la presentación de una ley de financiamiento es un exabrupto votaron dos veces una ley semejante en 2018 y 2019.

Entonces ¿qué va a suceder porque las cuatro comisiones económicas del Congreso no lograron consensuar el monto total del presupuesto? Pues que las comisiones deben culminar el primer debate con el monto presentado por el Gobierno y proponer modificaciones para ser examinadas y eventualmente aceptadas por el ministro de Hacienda. Si el Congreso no aprueba el presupuesto antes del 28 de octubre cuando se vencen los tres meses perentorios desde su presentación, el presidente Petro deberá expedirlo por decreto. No es un antojo, es un mandato constitucional. La hipótesis de la negación o el presunto hundimiento del presupuesto pregonado por estos días no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico.

Afortunadamente, en este aspecto tan riesgoso que podría terminar con el cierre del Gobierno, las Cortes, el Ejército y demás funciones estatales, la Constitución quedó claramente redactada. Por ello, efectivamente, no pasó nada grave, pero las intenciones de bloqueo institucional por parte de la oposición en el Congreso que abonan la tesis del golpe blando regresaron al primer plano. Y sí. Hay quienes todavía no aceptan que, por mandato popular, hay alternancia en el Gobierno.

Clara López Obregón

ETB está perjudicando la seguridad en Bogotá

Enhorabuena el Distrito confirmó que vienen cambios en la junta directiva de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB. Sin embargo, tuvieron que transcurrir nueve meses de la administración de Carlos Fernando Galán y varios debates de control en el Concejo de Bogotá para que se anunciara esta decisión. Es decir, no se reaccionó por voluntad sino ante un termómetro político.

Además de los posibles riesgos financieros de la compañía y del mal servicio que a diario denuncian los ciudadanos, Bogotá se raja en el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad, en gran medida, por culpa de la ETB. ¿Cuál es la razón? constantemente, la empresa alude fallas masivas de conectividad, razón por la que quedamos a ciegas y desprotegidos. Por supuesto, esto genera que no haya forma de hacer seguimiento a delincuentes o de contar con material probatorio a la hora de judicializar.  

 

Lo más grave de este asunto es que pareciera no haber una intención seria o voluntad para tomar cartas en el asunto, ya que el número de cámaras sin funcionamiento, por fallas en conectividad, ha venido aumentando mes a mes durante este 2024. Mientras que en febrero no servían 358, en agosto ese número llegó a 935.

¿Es esto justo con Bogotá? evidentemente no, y menos si la ciudadanía se rompe el lomo trabajando para pagar sus impuestos y el Distrito contrata el mal servicio de una empresa como ETB, que ha demostrado que la calidad no es su eslogan.

La ciudad ha pagado de 2020 a la fecha más de 197 mil millones de pesos a la ETB por el servicio de conectividad (que generalmente no sirve) para el sistema de videovigilancia y tecnología interoperable del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4. Ese dinero es el equivalente a construir 36  colegios con capacidad para mil niños y más de lo que cuesta el Bronx Distrito Creativo.   

Es vergonzoso que a la ETB se le esté pagando una millonada por un servicio precario y que no funciona como debería. Si nos centramos en los principales puntos afectados, encontramos que son las estaciones de TransMilenio e inmediaciones de instituciones educativas.

Conocí el caso de un colegio en el norte de Bogotá al que un mismo delincuente ingresó a robar en dos oportunidades, pero no pudo ser llevado ante la justicia ya que al momento de solicitar los videos a las autoridades, estas respondieron que no existían debido a que esas grabaciones no pudieron captarse porque las cámaras presentaban fallas en conexión, es decir, estaban allí de adorno.

También es muy cuestionable la transparencia al interior de la ETB. Al consultarles por el número de cámaras fuera de servicio, se limitaron a responder  que la información es parte de la reserva del acuerdo de confidencialidad. Háganme el favor. Su presidente, el señor Alex Blanco, debería saber que el convenio es público, se paga con dinero de la gente y, por ende, toda la documentación tiene que estar a la luz.

Sobre esta empresa y sus manejos quedan muchas dudas, sobre todo, cuando el derecho a la seguridad de la ciudadanía se está viendo afectado por su negligencia. Sin duda, es muy importante que se realicen auditorías a los convenios con la ETB, que los entes de control estén vigilantes y que se revisen otros proveedores. Sin embargo, si definitivamente esta empresa no brinda sus servicios adecuadamente, el distrito debe decidir si seguir o no contratando con ellos.

Asimismo, se debe proteger la infraestructura ya que, según argumentan, es por vandalismo que se generan tales fallas de conectividad. En este sentido, ¿cómo está trabajando el Distrito en la desarticulación de bandas de robo de cobre? A esta altura, lo cierto es que el mal servicio de conectividad de la ETB está siendo perjudicial para Bogotá.

Andrés Barrios Bernal

Bloqueo inédito

Siempre me pareció una tontería o una torpeza, que “no es lo mismo pero es igual”, como dice Silvio Rodriguez. Por mi paso de diez años en el Concejo de Bogotá y cuatro en el Senado de la República, me pareció una actitud ingenua y equivocada votar en contra de los 14 proyectos de presupuestos, presentados por los sucesivos gobiernos, que tuve la oportunidad de examinar y votar en estas corporaciones de elección popular. No solo porque al votar NO me negaba a introducir modificaciones que respondieran a necesidades concretas y derechos vitales de las ciudadanías que delegaron su mandato en la curul que ostentaba, sino porque, en el caso hipotético que mi oposición al presupuesto obtuviera la mayoría, el Alcalde o el Presidente tiene en sus manos las facultades para evitar un bloqueo institucional.

Entendí que entregarle al gobierno de turno el presupuesto para su gestión gubernativa es un acto de responsabilidad política. Incluso, siendo concejal o congresista de oposición, aproveché la presentación del proyecto de presupuesto para adelantar un detallado ejercicio de control político a la ejecución presupuestal en cada uno de los sectores y entidades publicas. El trámite del presupuesto es una extraordinaria oportunidad para resolver dudas y señalar responsabilidades respecto a los bajos niveles de ejecución, los problemas de corrupción y la situación de las finanzas públicas. A la hora de votar las ponencias, siempre me incliné por hacerlo positivamente, dejando mis reparos como constancias y poniéndolas en consideración a manera de proposiciones. Lo contrario, a mi juicio, era un saboteo sin ningún efecto concreto sobre la marcha de la administración publica.

 

Es lo que esta por ocurrir en el Congreso de la Republica con el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2025 presentado a consideración del legislativo por el Gobierno del Presidente Gustavo Petro. Las voces de la oposición y de algunos autodenominados “independientes” acuden a argumentos que bien pueden hacer parte del debate legislativo, para mejorar el articulado o dejar las constancias que expresen su posición política y sus reparos técnicos. Han dicho que se debe ajustar el monto global, toda vez que el gobierno incorpora ingresos sobre expectativas de recaudo exageradas o de una reforma tributaria o Ley de Financiamiento que espera recoger 12 billones de pesos nuevos. Han reclamado por los bajos niveles de ejecución que harían injustificables nuevas solicitudes para las carteras con tan pobre desempeño. Y hasta se atreven a vaticinar un comportamiento similar en la vigencia fiscal que viene. Pero esta narrativa, como nunca antes le había ocurrido a gobierno alguno, se usa como justificación de la negación del monto global en las sesiones de las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara o comisiones económicas, que es el primer paso para abortar el trámite legislativo del presupuesto 2025.

Es tradición que los proyectos de presupuesto estén soportados en expectativas de ingresos que son hipotéticas y que dependen de la gestión de la hacienda publica, utilidades de las empresas del Estado o la aprobación posterior de operaciones de endeudamiento. El Presupuesto del Gobierno Petro en ello no incorpora ninguna novedad. Pero además, el proyecto en consideración mantiene las inflexibilidades habituales, esto es, gastos de funcionamiento, servicios de la deuda y pago de compromisos de los gobiernos anteriores. En el proyecto de Presupuesto 2025 tasado en 523 billones, la flexibilidad sólo está representada en el 4,6% de gastos de inversión del monto total. En plata blanca, la oposición que anunció hundirla sin conocer la Ley de Financiamiento, “olvida” el lesivo recorte que la Corte Constitucional hizo a los ingresos provenientes de la actividad minera en la reforma tributaria aprobada en el 2022, y castiga sobre todo la inversión social en el inicio del cierre del actual gobierno. “Olvidan” o no han querido leer los Congresistas encabezados por el Presidente del Congreso Fincho Cepeda que el articulo 347 de la Constitución señala que “El Presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiese perfeccionado el proyecto de Ley referente a los recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el periodo legislativo siguiente”.

Aunque nunca haya ocurrido, la Constitución del 91 se “curó en salud” ante el riesgo de bloqueos institucionales como este. En su articulo 348 advierte que “si el Congreso no expidiere el Presupuesto, regirá el presentado por el Gobierno….” Más aún, la carta política y la ley orgánica de presupuesto establece que toda proposición al proyecto de Presupuesto presentada por los congresistas deberá ser avalada previamente por el Ministerio de Hacienda, como criterio de responsabilidad fiscal. Lejos estaban los constituyentes del 91 de imaginar este bloqueo inédito al primer gobierno de izquierdas en la Colombia contemporánea, pero impusieron esta suerte de “dictadura fiscal” para garantizar la estabilidad y el funcionamiento de la administración publica. Tampoco imaginaron los asambleístas que la subversión al orden constitucional corriera por cuenta de la clase política tradicional, pero esa facultad entregada al presidente sofoca esta suerte de asonada, que seguramente no pasara de ser una inútil alharaca.

Antonio Sanguino

Las universidades lideran el camino hacia la eliminación de plásticos de un solo uso

En las últimas décadas, la contaminación por plásticos de un solo uso se ha convertido en una de las principales amenazas para el medio ambiente. Según datos de la ONU, cada año se producen más de 300 millones de toneladas de plástico, de las cuales una gran parte se utiliza solo una vez antes de ser desechada, terminando en océanos y rellenos sanitarios. Este desafío global ha impulsado a diversas instituciones de educación superior a tomar medidas innovadoras para reducir su dependencia de estos materiales desechables.

La Universidad de América, reconocida por su compromiso con la sostenibilidad, ha implementado desde 2022 un ambicioso proyecto de compostaje dentro de su sede principal, el EcoCampus de los Cerros. Esta iniciativa ha permitido procesar más de 2.000 kg de residuos orgánicos, transformando estos desechos en abono, y eliminando la necesidad de bolsas plásticas y otros productos desechables utilizados tradicionalmente para el manejo de residuos. Este enfoque promueve no solo la reducción de plásticos de un solo uso, sino también el fortalecimiento de la economía circular dentro del campus, generando beneficios tanto para la comunidad universitaria como para el ecosistema local.

 

“La eliminación de plásticos de un solo uso es una prioridad institucional. Creemos que las universidades tienen la responsabilidad de liderar con el ejemplo y generar soluciones que no solo beneficien a nuestras comunidades, sino que también contribuyan a la preservación del medio ambiente”.

El compromiso de la Universidad de América es solo un ejemplo del creciente número de instituciones educativas que adoptan medidas para la eliminación de plásticos de un solo uso. Estas acciones no solo evitan que toneladas de residuos terminen en rellenos sanitarios, sino que también contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en especial aquellos relacionados con el consumo responsable y la acción climática.

Además de la gestión de residuos, muchas universidades han comenzado a integrar prácticas sostenibles en sus currículos académicos, asegurando que las nuevas generaciones de profesionales estén conscientes del impacto ambiental de sus decisiones. El papel de la educación en esta transición es fundamental para formar una nueva cultura de responsabilidad ambiental.

Las instituciones que lideran la eliminación de plásticos de un solo uso están viendo resultados claros. Al reducir la dependencia de estos materiales, se disminuye la huella ecológica de las universidades, se fomenta la conciencia ambiental entre estudiantes y colaboradores, y se establecen ejemplos prácticos de cómo es posible implementar soluciones efectivas y sostenibles.

La eliminación del plástico de un solo uso es un reto alcanzable, siempre que exista el compromiso institucional, el desarrollo de infraestructuras adecuadas y la participación activa de la comunidad. Las universidades, como centros de innovación y cambio, están demostrando que es posible desarrollar e implementar soluciones sostenibles que sirvan de ejemplo para otros sectores de la sociedad.

El desafío de erradicar los plásticos de un solo uso no es solo una meta, es una responsabilidad compartida por todos los sectores de la sociedad. La Universidad de América está demostrando con hechos que las instituciones educativas tienen el poder de liderar este cambio, inspirando a futuras generaciones y mostrando que la sostenibilidad no es una opción, sino una necesidad urgente. Cada acción cuenta, y al integrar soluciones innovadoras y sostenibles, las universidades no solo están moldeando el presente, sino que están garantizando un futuro más limpio y justo para todos.

Mario Posada García-Peña

Los medios alternativos, comunitarios y digitales son prioridad para el Gobierno del Cambio

El día 12 de septiembre se inauguró en la ciudad de Armenia el segundo Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales “Uniendo Voces”, organizado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El evento, que tuvo lugar entre el 12 y el 13 de septiembre, fue el escenario para conocer la hoja de ruta que tiene el Gobierno Nacional para el sector de la comunicación independiente, aquella que hace presencia en los territorios e informa los sucesos que los medios corporativos no están interesados en reportar.

Los miembros de la Comisión de Medios Alternativos, Independientes y Comunitarios de la Cámara de Representantes viajamos a Armenia para acompañar este evento de fundamental importancia para los propósitos de la Comisión. Deseábamos conocer de primera mano los planes del Ministerio de las TIC para impulsar el fortalecimiento de todos los medios que tienen como principal objetivo la construcción de territorio, de una cultura de paz, en vez de responder a intereses particulares, y nos vamos contentos de reafirmar el inmenso respaldo del Gobierno del Cambio a la comunicación alternativa, independiente y comunitaria.

 

Desde la Comisión presentamos el 21 de agosto del presente año un Proyecto de Ley para fortalecer la radiodifusión comunitaria, una expresión de la comunicación comunitaria que comprende el 44% de las radios del país. Recibimos con enorme felicidad la noticia dada por el Ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, de que la iniciativa legislativa cuenta con el respaldo de su cartera. Saber que tenemos el apoyo del Ministerio de las TIC en este importante proyecto de ley nos abre la puerta a construir de manera conjunta una serie de medidas que fortalezcan el ejercicio de las radios comunitarias.

A esto se debe sumar la noticia dada por el Ministro de que se abrirá una nueva convocatoria para otorgar licencias a emisoras comunitarias y el trabajo conjunto que se realizará entre el Ministerio de las TIC y la Agencia Nacional del Espectro para aumentar el espectro electromagnético que se les entrega a las radios comunitarias, las cuales se han visto históricamente desfavorecidas frente a las grandes radios comerciales.

Pero, el encuentro también nos dejó una tarea clara. El Presidente Gustavo Petro fue claro en su intervención en que el país necesita contar con una Ley de Tercios. Esta se refiere a que la pauta publicitaria de las entidades estatales se debe repartir en un 33.3% para redes sociales, 33.3% para los medios comunitarios, digitales y alternativos y un 33.3% en medios tradicionales.

Si bien desde el Gobierno Nacional se ha adelantado esta gestión a través de la Directiva Presidencial 009 de 2024, contar con una Ley de Tercios expedida por el Congreso de la República permitirá una mejor nivelación de la cancha entre los medios alternativos y los medios corporativos al contar los primeros con una fuente de financiación más estable. Es por esto que desde la Comisión buscaremos el camino para intentar hacer la Ley de Tercios una realidad.

El Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales dejó claro que no hay Proyecto del Cambio sin comunicación alternativa y comunitaria. Los 1.300 asistentes al encuentro tuvieron claro que el rol primordial que juegan en la construcción de una sociedad democrática es reconocido por el Gobierno Nacional, que lo que se viene es la implementación de una política pública que asegure su formalización y sostenimiento.

Alejandro Toro

Encuentro global de ciclistas y ciudades en transformación

El primer Foro Mundial de la Bicicleta (FMB) nació en febrero de 2012 en Porto Alegre, Brasil, con una potente carga simbólica. Fue organizado por colectivos de la sociedad civil que defendían la movilidad activa en bicicleta, y conmemoraba el aniversario de un trágico incidente: el atropellamiento de 150 ciclistas durante una “Masa Crítica” en 2011, un evento que visibilizó la vulnerabilidad de los ciclistas urbanos y la necesidad urgente de repensar las ciudades. Este foro, inicialmente local, se convirtió en un evento mundial que ha sido acogido por ciudades de diversos continentes, buscando consolidar una red global que promueva la movilidad sostenible y los derechos de los ciclistas.

El FMB ha sido una plataforma donde activistas, planificadores urbanos, cicloviajeros, y ciudadanos se encuentran para discutir y compartir experiencias sobre el uso de la bicicleta, el urbanismo y la sostenibilidad. En su más reciente edición en Brasilia, después de haber recorrido ciudades de América Latina, Nepal y Argentina, Bogotá también tuvo su representación.

 

El foro no solo se centra en el uso de la bicicleta como un medio de transporte eficiente y sostenible, sino en su potencial para transformar el tejido social y urbano de las ciudades. En nuestra participación en el FMB de Brasilia 2024, tuvimos la oportunidad de presentar dos ponencias, una de las cuales estaba centrada en el “Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá 2024-2027”. En este espacio pudimos socializar cómo la bicicleta ha sido incluida como un eje clave para la movilidad en Bogotá, no solo como un medio de transporte alternativo, sino como una herramienta para lograr una mayor inclusión social y equidad en el uso del espacio público. Es un hecho que el 7% de los viajes diarios en Bogotá se realizan en bicicleta, según el más reciente informe de movilidad de la Secretaría Distrital .

Además, compartimos experiencias con la Unión de Ciclistas de Brasil (UCB), quienes han logrado integrar activismo, academia e institucionalidad, una tríada necesaria para consolidar políticas públicas en favor de la bicicleta. Este trabajo colaborativo les ha permitido avances como la elaboración del libro “ENABICI – Estrategia Nacional de la Bicicleta”, que es un ejemplo a seguir para ciudades que, como Bogotá, buscan consolidar una estrategia integral de movilidad en bicicleta.

Uno de los aspectos más interesantes de nuestra participación fue conocer de cerca el sistema de bicicletas compartidas de Brasilia, operado por TEMBICI, que cuenta con 70 estaciones y 750 bicicletas. Este modelo nos permitió reflexionar sobre el sistema que también opera en Bogotá, pero que aún enfrenta desafíos en cuanto a cobertura y accesibilidad.

Bogotá ha avanzado considerablemente en términos de infraestructura para ciclistas. Actualmente, cuenta con más de 550 kilómetros de ciclovías, y la “Ciclovía Recreativa” es una de las más grandes del mundo, atrayendo a miles de usuarios cada domingo. Sin embargo, la ciudad aún enfrenta grandes desafíos. Incentivar el uso diario de la bicicleta, mejorar la seguridad vial y reducir la contaminación del aire son retos urgentes para los próximos años .

El FMB de Brasilia nos dejó la certeza de que Bogotá tiene todas las condiciones para acoger este evento en un futuro cercano. La fuerza del activismo ciclista en la ciudad, combinada con una administración comprometida con la movilidad sostenible, son factores clave para que la capital colombiana sea sede de este encuentro global. La candidatura para el FMB podría consolidar a Bogotá no solo como una ciudad referente en América Latina, sino como un ejemplo global de cómo la bicicleta puede transformar las urbes.

El FMB no es solo un foro sobre bicicletas; es un foro sobre personas. Las ciudades que priorizan la movilidad sostenible están priorizando la calidad de vida de sus ciudadanos, su salud, y el respeto por el medio ambiente. Como dijo Livia Araujo durante el foro: “Que todo acto de violencia se transforme en mil actos de amor. Larga vida al FMB”. Este es el mensaje que necesitamos replicar en Bogotá y en el mundo: construir ciudades para la gente, donde la bicicleta sea el símbolo de una nueva forma de vivir y movernos.

Quena Ribadeneira

Colombia al borde de una crisis energética: ¿Adiós a la Soberanía?

En medio de la grave crisis que enfrenta Colombia, es crucial comprender la complejidad de la situación y distinguir entre los problemas estructurales y las coyunturas que reflejan el deterioro del panorama. Un ejemplo reciente es el alarmante anuncio de Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá, quien advirtió: “A hoy no existe gas para diciembre en Colombia”. Esta declaración se refiere a la incapacidad actual de asegurar el contrato por 5 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), necesarios para el funcionamiento de las compresoras que garantizan el flujo de gas entre la costa y el interior del país.

Este incidente, sin duda preocupante, podría comprometer el abastecimiento nacional si no se resuelve antes del 30 de noviembre, fecha en la que culmina el ciclo contractual del mercado de gas en Colombia. Sin embargo, es fundamental subrayar que este es solo un síntoma de un problema mucho más profundo: la crisis estructural que afecta al sector energético.

 

Si no se garantiza el suministro de gas para las compresoras, las consecuencias serán inmediatas y graves. El suministro al servicio público domiciliario, el gas vehicular, el sector industrial y, en última instancia, todos los colombianos estarían en riesgo. A pesar de ello, se prevé que la situación se resolverá mediante la importación, un recurso cada vez más utilizado para cubrir la demanda nacional, aunque con un impacto económico creciente.

Colombia consume en promedio 1.000 MPCD, con variaciones significativas en momentos de alta demanda, como durante las sequías que limitan la generación hidroeléctrica. En los últimos meses, cerca del 15% de esa demanda se ha cubierto mediante gas importado, lo que ha encarecido el costo de la energía eléctrica. Este aumento de costos pronto se reflejará en otros sectores, como el transporte de gas, que verá afectados sus precios para mantener operativas las compresoras.

Actualmente, el país cuenta con aproximadamente 11 millones de usuarios domiciliarios de gas natural, además de pequeños comercios y una gran cantidad de industrias. A esto se suman cerca de 650.000 vehículos convertidos a gas natural.

El verdadero problema estructural en el servicio público domiciliario de gas natural en Colombia es la decisión del actual gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración, junto con una serie de medidas que han desincentivado al sector. Bajo el pretexto de una política pública en favor del medio ambiente, se ha impedido la incorporación de nuevas reservas, lo que agrava el riesgo de perder la autosuficiencia energética.

Hoy, la industria petrolera, clave para solucionar de fondo esta crisis, se enfrenta a un panorama sombrío. Las medidas tributarias, las restricciones para obtener licencias y permisos, el aumento de la conflictividad social en las zonas de influencia de los proyectos, y la retórica destructiva del presidente han puesto en jaque al sector.

Desde la UTIPEC, compartimos la preocupación expresada por varios sectores ante la inminente pérdida de la soberanía energética del país. Hacemos un llamado a los trabajadores y a toda la sociedad colombiana a reconocer la importancia crucial de la industria minero-energética. Es hora de unirnos en defensa de este sector, patrimonio de todos los colombianos. Si permitimos que el gobierno actual continúe debilitándolo, las consecuencias serán desastrosas para todos.

Alejandro Ospina

Jorge

Jorge es sueño del niño que hace algo más de cuatro decenios en una carta le decía que quería ser escritor. Razón de tantos espacios copados y ausentes, respuesta a la pregunta sobre qué es el amor, la seguridad, la protección y el cuidado. Jorge como tantos de su generación no la tuvo fácil: Niño campesino del periodo de entreguerras en una vereda suramericana, donde todo escaseaba y también todo abundaba.

Jorge fue testigo presencial de la violencia partidista que campeó por Colombia a finales de los años cuarenta del siglo pasado, vivió en carne propia los vejámenes de una lucha fratricida entre godos y liberales que, incrementó las brechas de pobreza y aportaría material humano para los cordones marginales las florecientes ciudades. Colombia dejaba de ser un país rural.

 

Las razones de la sinrazón le llevaron a perder su padre a temprana edad, a alejarse de la protección materna que debía priorizar a sus hermanas, solitario debió afrontar el mundo; alguna vez, le escuché decir que se vio obligado a tomar agua con barro y eructó barro. Volvería a ver a su madre siendo un muchacho volantón con pelo en cara, de aquel niño que vieron partir, no quedaba nada.

Presenció el Gobierno del Teniente General Rojas Pinilla, la paz “se logró” con los acuerdos de las guerrillas liberales de los Llanos Orientales, revulsivo para la violencia partidista. Una nueva Colombia en Paz fue también la de Jorge. Jóvenes como él, excluidos del sistema educativo, se vieron abocados a emplearse en cuanta labor hubiere, el impulso del desarrollo vial fue campo de empleo para miles de jóvenes que como Jorge soñaron con un mejor destino.

Llegó el Frente Nacional, el clientelismo hizo de las suyas, un cuatrienio los liberales, otro los conservadores, alternaban la nómina estatal y las obras públicas. La repartija burocrática fue la cereza para pacificar el País. La violencia partidista era cosa del pasado, hubo acuerdos para que las castas políticas se repartieran el Estado. Jorge fiel a sus convicciones liberales, se negó a fingir ser conservador para asegurar un laburo. Como muchos jóvenes de los 60s y 70s que formaban familias, la bonanza petrolera del vecino hermano País, fue alternativa y alimentó de la migración de aquellos que buscaban un mejor futuro, qué paradoja, hoy vienen los vecinos.

Jorge hizo patria, dedicó largos años de trabajo arduo, sacrificó tiempo con su esposa e hijos en pro del sustento familiar. Por fortuna, la vida le permitió fundar familia con una mujer excepcional, fuerte y trabajadora como pocas, que pudo también compartir las riendas del hogar. Jorge hizo de la honestidad, la decencia y el decoro estandartes en su vida. Su trabajo fue honesto y correcto. Hizo literal aquello de ganarse el pan con el sudor de su frente, como él lo decía, al rayo del sol, a la intemperie, abriendo vías contra todo y todos, para evitar fatigas a sus hijos.

Cuando la bonanza terminó en el vecino hermano país, porque la economía es de ciclos, crecimiento y decrecimiento, su alternativa fue volver a casa. La felicidad de Jorge de volver a su hogar no se comparaba con la felicidad de sus hijos de tenerle en casa para que nunca más volviere a partir en busca del sustento.

Como la vida es sabia y hay caminos que sólo El Eterno conoce, Jorge volvería definitivamente para un viaje más. La dureza de sus condiciones de vida, le habían pasado cuenta de cobro en su salud. Completado medio centenario del ciclo vital, la enfermedad afloró y logró su cometido. Jorge partiría hacia la presencia del Eterno y cerraría el libro de su vida, cuarenta años atrás en un día como hoy que se publican estas líneas. Gracias Jorge por su vida. Gracias Papá por la vida, por tanto amor y por la maravillosa madre que supo escogernos.

León Sandoval

Lockout o knock out camionero

El significado de lockout es un cierre patronal (empresarios), inverso a las huelgas de trabajadores, que se usa para presionar que los empleados acepten a la fuerza alguna medida que quieren los patrones. O para forzar a que los Gobiernos cambien políticas públicas (Álvarez, 2024).

El término resultó no aplicando bien al uso dado por el presidente Petro durante el paro camionero: no eran los empresarios del transporte los que estaban haciendo el paro sino los pequeños propietarios de los camiones; así lo indican los resultados del levantamiento del paro (Medina, Rodríguez, 2024).

 

El mercado del transporte son realmente dos mercados y no uno. El nivel de arriba (por ponerle un nombre) es entre los generadores de la carga (los clientes, industriales y comerciantes, es decir, la demanda de transporte de carga) y los empresarios del transporte (las empresas habilitadas por el MinTransporte, que según el Registro Nacional de Despacho de Carga -RNDC- fueron 2,003 en el 2022 que son la oferta), y el nivel de abajo entre los empresarios del transporte (que en este nivel son la demanda de camiones para transporte de carga) y los propietarios de los vehículos de carga (en este caso, los camiones, que según el RNDC en el 2022 fueron 143,762 vehículos de todas las especificaciones los que hicieron los 10,571,701 de viajes que fueron respaldados por Manifiestos de Carga, que es el documento oficial que respalda la legalidad de  cada viaje en el territorio nacional). Pero las cifras oficiales registradas en el RNDC pueden tener subregistro, y tampoco registran los viajes urbanos en general, lo cual deja por fuera a los camiones pequeños de reparto, las volquetas y camiones de la construcción, como ejemplos, que sí participaron activamente en el paro y no era lo usual.

En esos dos mercados las transacciones son principalmente pactadas por fuerza del propio mercado. En el mercado de abajo, los camioneros, como se conocen, el 82% de los camiones pertenecen a un propietario que tiene uno, dos o hasta tres camiones, es decir, aún muy democratizada la propiedad. No es exactamente que cada conductor maneje su propio camión, pero a veces sí coincide. El resto, como en todos los mercados, la propiedad se ha ido concentrando en los empresarios de transporte (que son grandes y medianos propietarios), pero no lo suficiente como para transportar toda la carga demandada. Por supuesto, los empresarios usan primero sus camiones que los del mercado de los camioneros, y salen a contratarlos buscando las mejores negociaciones posibles.

Conociendo lo anterior y la lógica del traslado de mayores costos a la tarifa explicado en el artículo precedente ¿Por qué es errado el paro camionero por alza al combustible? (Fonseca, 2024), se puede comprender que el meollo del paro no era el aumento del precio del combustible, sino la dificultad que los pequeños camioneros tienen para trasladar a su precio (los fletes de mercado) a los empresarios.

El Gobierno, representado por el ministro de Hacienda, como todo tecnócrata, no le veía problema a la subida puesto que suponía que los agentes del mercado (los camioneros y los empresarios) la trasladarían con sus fletes a sus clientes y así sucesivamente, como lo explicamos en el artículo anterior. Lo que evidencia el Gobierno a través de su ministra del Transporte, es que los camioneros necesitan ayuda para esa transferencia porque sus clientes (los empresarios) la resisten y logran evitarla.

Esa ayuda se hace a través de regulación del mercado. No es nueva. En 1995 se introdujo la Tabla de fletes (1995) para intentar acabar los paros sucesivos de la época, y que fue reemplazada en 2011 por el Sice-tac para calcular los fletes (costos mínimos que deberían pagarse por un viaje) para cualquier trayecto, tipo de camión y de carga, y condiciones del servicio (Mariño, 2021).

Para calcular un flete se requieren no solo los datos del trayecto y los consumos específicos promedio del camión tipo para calcular los costos variables en cada viaje, sino también el número de viajes al mes que debería lograr un camión en condiciones normales (que dependen de los tiempos de la operación, es decir, de la logística aplicada, buena o mala) para distribuir los costos fijos en cada viaje, y así, sumando todos los costos por viaje y dividiendo por el número de toneladas por viaje, obtener el flete que es igual al costo por tonelada transportada. En cada paso hay muchas variables y también la posibilidad de introducir distorsiones.

El mayor cuidado está en el número de viajes por mes: si hay poca carga (en general en el país) los camiones hacen menos número de viajes al mes y así los camioneros querrán reflejarlo en el Sise-tac, por lo que los fletes calculados serán más altos. Lo que se logra es el flete mínimo para cubrir la ineficiencia del mercado, por tener más camiones de lo requerido, o sea, en vía contraria a la competitividad del país, y emitiendo mensajes incorrectos a estos mercados. Este es uno de los serios problemas de esta forma de regulación. Un knock out para la economía si se aplicara la regulación.

El otro gran problema de esta regulación, y ya demostrado tozudamente en estas últimas tres décadas, es que su implementación es casi imposible. Durante los primeros dos o tres meses, la policía de carreteras controla las transacciones del viaje a través de los Manifiestos de Carga registrados en el RNDC y consultados en línea desde el celular del agente en la carretera que le reporta a la Superintendencia de Puertos y Transporte, que a su vez levanta casos en contra de las empresas y así las obliga a cumplir con los mínimos que se establecen en la regulación. Pero al cabo de ese breve tiempo, la fuerza del mercado ha terminado por hacer olvidar el control, hasta finalmente desaparecer.

Por lo que se puede avizorar que entre más fuerte sea la promesa del Gobierno de cumplir con ese tipo de regulación, por más buena intención, más probable será que el paro vuelva tarde o temprano, con una temporada anual como teníamos antes. Y faltan $5,600 por galón, porque los $400 logrados por el Gobierno solo son el 6.7% de su meta de alzas en el precio. Otro knock out para la economía cada vez que ocurra.

El difícil reto para los camioneros y el Gobierno es buscarle una salida sostenible a la situación problemática y crónica. Seguramente sí pasa por medidas restrictivas como la limitación del parque automotor con su debido programa de chatarrización y las obligadas medidas anticorrupción para prevenir las mafias en ese programa. Pero no es suficiente y tendrán que usar su mayor capacidad innovativa para que los camioneros integren empresas fuertes de logística que actúen en el mercado y que puedan defenderlos en el traslado de los aumentos de costos a las tarifas y que al mismo tiempo deban competir para que la regulación no termine castrando las mejoras en competitividad logradas por mejor eficiencia proveniente de una mejor logística de algunos empresarios o las inducidas por avances tecnológicos de los equipos. 

La solución de fondo la planteamos en el artículo Racionalizar antes que decrecer (Fonseca, 2022); teniendo en cuenta que en el transporte de carga el desperdicio de energía llega al 65% en los motores de los camiones y que el factor de eficiencia actual es del 30% para el total del parque (relación entre los rendimientos actuales con respecto a los rendimientos de la mejor tecnología disponible) (UPME, 2019), es la racionalización del consumo de combustible con la conversión de los camiones viejos a nuevos, que cambian radicalmente los consumos (hay que acelerar al máximo el programa de chatarrización) y tan pronto como se pueda, su electrificación (cuya energía debe asegurarse que provenga de fuentes limpias). Solo así se esquivaría el knock out que podríamos seguir encubando.

Rafael Fonseca Zarate

Furiosamente Pro-Inversión

Hasta ahora en el gobierno de Gustavo Petro se vive una riqueza de noticias, polémicas y debates por doquier. Se ha dicho mucho, pero en esencia se ha hecho poco, para bien o para mal. El gran logro legislativo es una reforma pensional con poca probabilidad de pasar el examen constitucional. Las innecesarias reformas tributarias ahorcaron el lánguido crecimiento post-pandemia. Al no hacer mucho en materia de seguridad, Colombia es más insegura. Una actitud permisiva pero hostil hacia el capital privado ha venido secando la inversión. El último dato de inversión es el más bajo en 20 años, volvimos a estar por debajo del 15% del PIB. Si el presidente quiere recuperar su imagen, según Gallup con un 66% de desaprobación, necesita que en Colombia ocurran más cosas, se debe volver furiosamente pro-inversión.   

Deng Xio Ping decía que no importa si el gato es blanco o negro, siempre y cuando cace ratones. Esto en referencia a que, con tal de luchar contra la pobreza, no importa si hay que recurrir al sector privado. Lula es reconocido por entender que la inflación golpea más duro a los más pobres. Todos estos líderes de pensamiento de izquierda entendieron que la inversión es fundamental para el desarrollo. Se puede diseñar el modelo económico que se quiera, pero sin inversión, así sea privada y más grave aún si es extranjera, no hay progreso. 

 

La dinámica actual de altos impuestos con mala gestión en la DIAN, la incertidumbre regulatoria con temor de intervención en salud y servicios públicos, la imposibilidad de licenciamiento ambiental con hostilidad administrativa contra minería y petróleo, y el deterioro de la seguridad están obstaculizando profundamente el recaudo. Con limitaciones en el alcance del presupuesto de inversión pública, el gobierno debe pensar en proyectos mixtos o facilitar lo privados.

Independientemente de lo que digan los empresarios frente a las cámaras en los “pactos” que organiza el gobierno, el capital colombiano está votando con los pies. La inversión del país en el extranjero, al mes de julio, ascendió a US$2.044 millones, lo que representa un incremento del 70.5% en comparación con el 2023. Durante el primer semestre, la inversión extranjera en el país disminuyó un 28.6%, es decir, US$2.697 millones menos que hace un año. Entre ambos fenómenos, casi $19.0 billones de capital no están contribuyendo con el desarrollo de Colombia en solo siete meses del 2024. Si las condiciones no cambian para ser amigables a la inversión, preocupa que esta tendencia continúe.

Al no encontrar oportunidades económicas después de la pandemia, la tasa de emigración en Colombia se duplicó para sobrepasar los 500 mil. Se requiere más inversión. Continuar privatizando los requerimientos para el desarrollo, como la consulta previa, las licencias ambientales, la compra de predios, etc., es una equivocación. El gobierno puede tomar liderazgo estructurando proyectos desde colegios hasta autopistas para el progreso. Esto no es un llamado de adulación a decir que los empresarios son héroes o que deben tener utilidades extraordinarias. Es la idea que impuestos competitivos, estabilidad regulatoria y seguridad física son necesarias, independiente de ideología. Lo que si es evidente es que el que no siembra no recoge.

Simón Gaviria

Los 50 de Pelicot

Me conmueven las noticias, esta semana vibraba con la proeza del nado sin brazos de Jincheng Guo, el chino que ha roto todos los récords sin sacar la cabeza del agua. Un misil. Un hombre superando a la adversidad, haciéndose grande en su diferencia, en su superación.

Hoy, sin ir más lejos, me he despertado algo apesadumbrada al saber que Edmundo González, se ha puesto a salvo en España, se ha cobijado en Europa, porque ya recaía sobre él la búsqueda y captura que el dictador ha lanzado, por medio de la fiscalía venezolana, su mano derecha, por el único delito de llamar a la liberación de Venezuela después de haber ganado unas elecciones y no querer guardar silencio. Espero que no decaiga la esperanza de mis amigos. Que la violación constante de derechos se detenga pronto. Que caiga muerta la represión, la violencia, la arbitrariedad judicial y policial, rezaba para mis adentros mientras escuchaba la noticia.

 

Pero de lo que vengo a hablarles es de un tema que me asombra enormemente por la maldad tan grande y absoluta que encierra. Me refiero al caso de Gisele Pelicot, la mujer francesa a la que su marido drogó, sedó, dejó inconsciente en numerosas ocasiones para que otros hombres, alrededor de 50, abusaran sexualmente de ella. No contento con ello el indeseable quiso grabarlo y traficar como un magnate más, de esos a los que el porno les da vida y les ha enseñado todo.  Repitan conmigo: su marido drogó, sedó, dejó inconsciente para que otros hombres abusaran sexualmente de ella.

Examen de sexualidad

Hace tiempo les propuse hablar de sexo, les comentaba que se nos había ido de las manos y que andábamos inmersos en lamentos. El causante de todo, liberalizar tanto las relaciones sexuales, el acto en sí, y la sexualidad, modo en el que nos relacionamos sexualmente, que se acaba deshumanizando y desvirtuando tanto el hombre y como la mujer. Y acabamos comprando estereotipos que van calando a través de la música, la literatura, el cine y sobre todo hacia lo que propone una industria dañina, adictiva, macabra y soez, la del porno. ¿Dónde han aprehendido esa sexualidad dañina, corrosiva, marranísima? Pongo la mano en el fuego de que son fruto de experiencias pornográficas.

No soy una experta en el tema, ni hablo con mis amigas de esa parte tan íntima de la relación con sus parejas, pero a la vista de los acontecimientos me atrevo a pensar que esos 50 hombres de Pelicot, como las manadas de violadores, como tantos y tantos hombres de este mundo no han tenido mejor y más formación de su sexualidad que el maldito porno. Hombres cuya única forma de relacionarse sexualmente con una mujer es buscando su propio placer, usando a la mujer como mera cueva donde dejar sus restos vitales, con más o menos violencia, egoísmo o ritual, en función de su propio cansancio, humor y ganas. Un entrar, descargar, salir y dormir rutinario.

Hijos del cine X

Primero fue el papel, desconozco si alguien sigue usando revistas o guardándolas bajo el colchón. Después, detrás de esa cortina rugosa del vídeo club, llegó el videocasete y ahora, desde la intimidad de casa, la pornografía es tan accesible como deslizar el dedo por una pantalla. Desde ahí el hombre desarrolla una sexualidad terriblemente enferma: por solitaria, por egocentrista, por violenta, porque se hace una idea equivocada de lo que es una mujer, porque aprende a usarla para su propio disfrute, porque asume que a la mujer hay que poseerla, a cualquier precio y a toda costa y lo peor es que así acaba forjando una masculinidad tóxica, asquerosa y terriblemente egoísta y peligrosa.

Muchos, no la mayoría, pero sí más de los deseables, acaban enganchados, toxicómanos de la paja podríamos llamarlos y repiten una y otra vez sus actos, primero con excitación por la novedad, después con cierta vergüenza, y al final como parte de su forma natural de comportarse, es el ciclo natural del vicio adictivo; te engancha con una promesa de placer y cuando te tiene cogido te hace dependiente y deja de darte placer, y para entonces ya es tarde porque eres un adicto.

La adicción al sexo, al porno, a la excitación sexual es tan encadenante que el adicto espera su propio placer, sin pensar ni un segundo en otro.  Los  más simplones, aquellos que se han matado a pajas con un vídeo, son egoístas supinos en la cama. Los que además dan rienda suelta a su imaginación morbosa son capaces de pagar por descargar sus flujos en una mujer tan inconsciente como si estuviera muerta. Porque si estuviera muerta- necrofilia- olería aún más todo a podrido y llevarse esa peste encima, sería poco menos que sospechoso.

Frutos de la sociedad que lo permite

Pero las adicciones no son enfermedades, ni locuras, ni nada eximente de los actos atroces que el hombre pueda hacer. Las adicciones son un reflejo de la debilidad propia, algunas inofensivas, otras destrozan vidas, familias, sociedades enteras. Todas a la larga pasan factura.

El porno daña la socialización humana en lo relacional, en lo íntimo, en lo más íntimo que hay, lo sexual. Y esos hombres, de tanto vivirlo en solitario, en sí mismos, acaban siendo incapaces de relacionarse, de amar, de donarse, de acariciar por sentir la piel suave y mostrar cariño, de contemplar a la mujer en toda su grandeza, de sentir ternura a su lado, de mirarla a los ojos y verla más allá. Ellos son los inútiles, los parias. Son lo que vomitan las feministas histéricas, lo que vomitamos todas.

Una dama

En el otro extremo de la historia está ella, Gisele Pelicot, terriblemente ultrajada por su marido y por todos los que hoy se sientan en un banquillo, hoy es consciente, y se pone de frente para escuchar sus sucias excusas, cobardes falacias.

Estos días Gisele se hace grande al hacer entrega su vergüenza- la que tienen todas las víctimas de ultraje- a cada uno de ellos. Los mira de frente, con los ojos abiertos, bien despierta y nos enseña que una es grande a pesar de un depravado. Ella nos da una gran lección: la vergüenza es del que ultraja, mira de frente, con la cabeza bien alta.

Yo sería cruel, colérica, terriblemente vengativa. Exigiría fotos públicas, de todo ellos a tamaño fachada, archivo de hombres violadores y castración química a todos sin importar edad o si sólo lo intentó y no consumó.  Exigiría la retirada del título y número de colegiado al ginecólogo que me tachó de pesada, quejica, menopáusica… Mandaría al ostracismo al que suministraba las drogas, a todos y cada uno de los malnacidos que se sientan en el banquillo.

Ella, mucho más generosa que yo, se enfrenta a esto por el bien del resto de mujeres que puedan estar sufriendo la misma situación y sospechen: lesiones genitales, pérdida de memoria, ETS de repetición… Muchas no pueden ni denunciar, son presas de mafias, de clanes oscuros, viven de una industria que tal vez les dé de comer pero viven esclavas.

Ella es grande, enorme y da sentido a su vida sacando del mal vivido algo grande en favor del resto.

Almudena González