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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

La concejal Diana Diago y sus declaraciones… raras

Veo que los colegas de la concejal del Centro Demócratico, Diana Diago, no le han hecho saber lo mal que hace el control político, especialmente cuando habla en los microfonos luciendo desinformada, haciendo conclusiones que dejan mucho que pensar de la manera como ejerce su trabajo.

Entiendo que la cabildante tiene el deseo de aspirar a la Cámara de Representantes en la lista del partido uribista, y para eso hace oposición al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, porque sabe muy bien que en nuestro país es más llamativo para las cámaras y los micrófonos de los diferentes espacios de noticias, cuando un político hace oposición a determinado gobierno.

 

Pero el tema no es ese, ella puede tomar la posición que desee, está en todo su derecho. El problema es cuando utiliza los micrófonos para expresar opiniones un tanto… raras.

Parece que la concejal Diago no ha entendido que la persona que ocupe el cargo de alcalde de Bogotá, por la exposición mediática que tiene, y por los temas de seguridad que debe tratar que involucran a la ciudad, que no son pocos, se convierte en blanco de la ilegalidad, por lo tanto el Estado debe garantizar su seguridad.

No entiendo como toda una concejal menosprecia el papel y el riesgo que corre el alcalde Galán y pide que no se autorice cambiar los carros que componen su esquema de seguridad por unos de mayor blindaje. Ella debe saber que sí se requiere hacer este gasto. No quisiera pensar que lo que dice lo hace solo para ganar pantalla ante las cámaras y micrófonos.

Me gustaría sabe qué pensaría Diana Diago si el Pacto Histórico pide que se disminuya el número de hombres y carros que componen el esquema de protección del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Tampoco entiendo cómo pide austeridad en este asunto y sí en cambio calla ante el debate del momento por una demanda que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el que se pide quitar los esquemas de seguridad de los concejales de Bogotá, incluido el de ella, que claramente no se requieren y que si genera una carga excesiva a los contribuyentes de la capital que en últimas son quienes deben pagarles esta excentricidad a los cabildantes como… Diana Diago, por ejemplo.

Este tipo de declaraciones por parte de la concejal no son nuevas. Recuerdo que en el período pasado se le vio muy disgustada porque niños y jóvenes indígenas llegaban a la Plaza de Bolívar, según ella, “armados con palos”. Claro, ella que es tan estudiada no sabe lo que significa para los indígenas portar el bastón de mando. Pero en fin, hay que ver que esto sucede cuando se habla en un micrófono sin estar informada, demostrando además poca capacidad de análisis.

No me extrañaría que la concejal diga que estas letras corresponden a un acto machista. Pues no señora, no es machismo pedirle a una mujer que se informe, analice bien las situaciones y luego si coja el micrófono y hable.

Oscar Sevillano

Que las víctimas de hurto en Bogotá no se nos vuelvan paisaje

No son un número más; las víctimas de hurto en Bogotá merecen ser atendidas, escuchadas y apoyadas. En el último cuatrienio tuvimos más de 620.000 seres humanos, como ustedes y como yo, que padecieron por este delito ante el actuar inmóvil, en muchas ocasiones, por parte de las autoridades.

Este número de personas es el equivalente a llenar 16 veces el estadio El Campín o incluso es toda la población de una ciudad como Ibagué. ¿Dramático no? Pero Claudia López y su administración, por fortuna, ya son pasado.

 

Sin embargo, no es un secreto que acabar con esa herencia delincuencial en nuestras calles y barrios es el caballito de batalla del actual alcalde Carlos Fernando Galán. No en vano ya llevamos 90.000 víctimas de hurto en este 2024, sin contar a todas esas personas que no denuncian porque consideran que no sirve de nada. Cuatro de cada 10 ciudadanos no lo hacen porque creen que no habrá alguna solución, así lo reveló el informe de Calidad de Vida de Bogotá Cómo Vamos correspondiente al año 2023.  

En medio de este aterrador panorama, del que hablamos como si ya fuera algo normal, pues los casos de hurto se nos enquistaron en la cotidianidad, en el Concejo de Bogotá propuse la creación de un protocolo para atender a esas víctimas olvidadas. Queremos que se les ponga nombre y apellido.

El Proyecto de Acuerdo del cual hablo, el 552 de 2024, fue aprobado esta semana en primer debate de la Comisión de Gobierno y ahora hará su curso en la Plenaria, donde insistiré en su necesidad.

Según el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional, SIEDCO, en los primeros siete meses de 2024 se registraron en Bogotá 76.685 casos de hurto a personas; 5.340 casos de hurto a comercio; 3.657 casos de hurto a residencias; 2.343 casos de hurto a automotores y 2.951 casos de hurto a motocicletas.

Con este proyecto que propongo buscamos establecer lineamientos para la construcción de un protocolo integral de atención a víctimas de hurto. ¿Esto qué significa? El objetivo es que a esas personas afectadas se les brinde mayor acceso a toda la oferta institucional en materia de atención psicológica y jurídica.

Queremos que bajo las directrices de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, haya articulación con redes de apoyo y grupos de vigilancia comunitaria por localidad para el fortalecimiento de la denuncia.

Mediante ese protocolo también buscamos obtener y suministrar información sobre los contextos, identificar los patrones y lugares donde los delitos ocurren con mayor  frecuencia; todo con el fin de divulgar como una medida preventiva.

Con esta iniciativa también queremos que se recupere la confianza entre los ciudadanos y las autoridades, que como bien sabemos se ha visto desgastada en los últimos años ante la ausencia de líderes que velen por esa armonía.

Andrés Barrios Bernal

Las enseñanzas del paro

Fue un triunfo de los camioneros y de los colombianos derrotarle a Petro su intransigencia neoliberal de igualar el costo del ACPM de Colombia con el de Estados Unidos, un país que carece de una empresa como Ecopetrol y en el que el petróleo en el subsuelo no es del Estado sino de los particulares. Y con cada gringo con un ingreso promedio diez veces mayor que el del colombiano promedio, a la par que ese encarecimiento le resta competitividad a la industria y al agro nacionales para exportar, competir con las importaciones y generar más empleos.

Conocidas esas realidades, se entiende mejor por qué encarecer el ACPM y reducir la competitividad de Colombia es una política del FMI, que, como se sabe, representa los intereses de las grandes potencias con las que competimos. ¡Y a esto se sometieron Petro y la cúpula petrista! ¡Luego de que por muchos años se opusieron a encarecer los combustibles! ¡Y en el gobierno que se presenta como “del cambio”! ¡La gran estafa!

 

De lo peor fue la mala fe con la que Petro y la cúpula petrista enfrentaron este reclamo democrático. Porque se dedicaron a engañar, al decir que era un paro de los grandes camioneros, cuando la calles y en su dirección también estaban los pequeños y los medianos, a quienes golpea más duro, hasta quebrarlos, el ACPM muy caro.

Petro también ocultó que el ACPM muy costoso es contra toda la economía de Colombia –empresarial, por cuenta propia, campesina e indígena–, y agrava el desempleo y la pobreza, los peores problemas de los sectores populares que él dice representar. Y en su miopía populista y retardataria, agitó el irracional discurso antiempresa que lo caracteriza. Como si esa no fuera la forma económica que mejor puede introducir a un país en las ciencias y las tecnologías complejas, crear más riqueza por hora de trabajo, ofrecer los mejores empleos, elevar el nivel de vida de la población y competir con otras naciones.

Su mayor engaño se los tiró Petro a los paupérrimos, los pobres y las clases medias, que son los que en últimas pagan el ACPM en todos los países, al consumir lo que se transporte en camiones y volquetas y pagar los pasajes de los buses. Porque, sin importar su tamaño, los transportadores se quiebran si no les transfieren todos los costos de sus operaciones a los consumidores, incluidos los peajes que Petro está encareciendo y sobre los que también hace demagogia.

Con tantos timos, Petro debe agradecer que en Colombia los títulos universitarios no se pueden revocar. Porque perdería el suyo de economista, dada su suprema irresponsabilidad en este debate. Falacias además calculadas con fines turbios, porque Petro no es idiota, con el fin de engañar a las bases petristas y a los demás colombianos.

Coletilla: el neoliberalismo de Petro y de su cúpula de alcahuetes enmermelados se destapa al conocerse estos subsidios al ACPM, en millones de dólares: China: 212.100; India: 106.600; Japón: 135.000 y Brasil: 37.800. Y la fobia antiempresa de Petro también se demuestra por su respaldo a la apertura y los TLC y porque no hace nada por proteger a las siderurgias colombianas, muy acosadas por las importaciones de acero de Rusia y China.

Jorge Enrique Robledo

Bloqueos empresariales y vigilancia ilegal, dos caras de un problema profundo

La coyuntura actual enfrenta al país a dos fenómenos que pueden analizarse de manera complementaria. De un lado, el bloqueo de vías promovido fundamentalmente por empresarios del sector transporte en respuesta al urgente y necesario desmonte del subsidio al ACPM y, de otro lado, la reciente revelación de la compra ilegal a Israel y el posible uso delictivo del software de espionaje llamado Pegasus. Ambos sucesos no solo generan incertidumbre y desconfianza, sino que además ponen en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Los empresarios del sector transporte, para enfrentar el incremento del precio del ACPM y el desmonte de subsidios que durante años les ha favorecido, en detrimento de programas sociales que beneficiarían a los más necesitados y vulnerables, decidieron recurrir al bloqueo de carreteras como medida de presión, buscando obtener soluciones inmediatas del gobierno. Sin embargo, lo que se presentó como una demanda válida para aliviar los efectos de las medidas económicas, se convirtió en una acción desproporcionada y perjudicial para millones de colombianos, revelando una posible agenda oculta con un claro interés político.

 

Los bloqueos impuestos por los empresarios del transporte afectaron no solo el abastecimiento de alimentos y medicinas, sino también el acceso a servicios esenciales como la educación y la salud, derechos fundamentales que deben ser protegidos en todo momento y lugar. No se puede justificar que la legítima preocupación por los costos del combustible y el desmonte de subsidios termine convirtiendo a la población en víctima de los bloqueos permanentes, que no deben confundirse con el legítimo derecho a la movilización social.

Es evidente que la crisis generada y su manejo por parte del gobierno nacional dejó claro que el diálogo abierto y responsable es la mejor ruta para abordar estas preocupaciones, sin recurrir a bloqueos permanentes que agraven la situación social del país, ni a respuestas violentas y desproporcionadas por parte del gobierno.

Si bien el alza en el precio del ACPM es una realidad global impulsada por múltiples factores e instituciones, como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la oferta y demanda global, los mercados de futuros y la especulación, las condiciones geopolíticas, los costos de refinación y transporte, y las políticas de los países consumidores, el acuerdo pactado mostró la necesidad de seguir explorando soluciones a largo plazo que permitan una transición justa para las y los conductores, propietarios de camiones y empresarios del transporte, sin que ello implique recurrir a medidas extremas que pongan en riesgo la economía y el bienestar de millones de colombianos.

A la par de los bloqueos camioneros, otro escándalo sacude la confianza ciudadana en las instituciones: la compra ilegal y el posible uso indebido del software de espionaje Pegasus. Este sistema, diseñado para interceptar teléfonos móviles sin dejar rastro, hackear dispositivos y obtener información privada, originalmente ideado para combatir el crimen organizado y las amenazas a la seguridad nacional, ha sido utilizado en otros países para monitorear a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos sin las debidas garantías legales.

La vigilancia sin control judicial y el uso de información privada para desprestigiar a ciudadanos y colectivos es una violación directa a los derechos humanos. De confirmarse que funcionarios del Estado, en alianza con medios de comunicación o periodistas, usaron indebidamente esta herramienta tecnológica para espiar a sectores sociales, democráticos y de izquierda, a la campaña política del presidente Gustavo Petro o para judicializar y perseguir indebidamente a ciudadanos, estaríamos ante delitos graves contra instituciones esenciales encargadas de garantizar la vida y la democracia.

El bloqueo de vías y la compra de Pegasus, tienen varios puntos en común que parecen enmarcados en un plan estratégico de desprestigio y debilitamiento del actual gobierno nacional. Se complementan en la afectación profunda de los derechos fundamentales, el interés de algunos sectores por mantener privilegios a costa del Estado Social de Derecho, y la estrategia preconcebida de aumentar la polarización y construir un relato que instale la idea de estar atravesando una crisis de ingobernabilidad sin precedentes.

Colombia no puede permitirse seguir en una espiral de bloqueos, “chuzadas”, violencia, corrupción y polarización. Es momento de construir puentes, no muros, para avanzar hacia un futuro en el que los conflictos y las diferencias sean atendidos sin recurrir a prácticas que perjudiquen o violen los derechos fundamentales. Para ello, en consonancia con el llamado de la sociedad civil que organiza la Semana por la Paz que inició este domingo, se necesita la voluntad de todos los sectores políticos, sociales y económicos interesados en unir voces y construir país.

Luis Emil Sanabria D.

La secretaría de comunicaciones de Medellín y las jugadas de la administración

La Secretaría de Comunicaciones, una dependencia del Despacho del Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, tiene como función principal definir las políticas de comunicación, así como planificar, coordinar y ejecutar las estrategias informativas de la administración. Por su parte, TeleMedellín es un ente descentralizado de carácter indirecto, en cuya junta directiva participa Adriana Karina Garnica Villalobos.

Lo verdaderamente polémico de esta situación radica en el rol de Adriana Karina Garnica Villalobos, quien, en su calidad de Secretaria de Comunicaciones y miembro de la junta directiva de asociados de Telemedellín, donde se discuten temas relacionados con el financiamiento del canal, presuntamente ha querido beneficiar a la cadena de Radio de Caracol de la que fue jefe de presa entre el 15 de marzo de 2022 y el 31 de agosto de 2023, pues para el mes de mayo del presente año Telemedellin suscribió el contrato No. CTO-0173-2024 con CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A donde ella laboró, 5 meses antes de su nombramiento como Secretaria de Comunicaciones.

 

El objeto de dicho contrato fue la vinculación publicitaria al evento “Desafíos Colombia 2024 – Diálogo, Escucha y Debate desde Todas las Perspectivas”, por $200 millones de pesos, una cifra que resulta exorbitante si se considera la naturaleza de las obligaciones del contratista, planteando interrogantes sobre la justificación y transparencia de esta contratación, más aún cuando se entrelazan posibles conflictos de interés, debido a la influencia de la Secretaria de Comunicaciones en Telemedellin.  

Este caso solo afirma las intenciones que ha tenido el alcalde de Medellín y su administración para monopolizar el poder y beneficiar a su círculo cercano mediante nombramientos y contratos, un ejemplo evidente es el cargo que actualmente ocupa la hermana de Federico Gutiérrez como Directora de Internexa, una empresa vinculada a Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), donde Empresas Públicas de Medellín (EPM) es uno de los principales accionistas, siendo clara la injerencia en la toma de decisiones que tiene el alcalde de Medellín como Presidente de la Junta Directiva de EPM.

A lo anterior se suman los contratos realizados directamente por Federico Gutiérrez, como el reciente arriendo de 19 camionetas eléctricas de lujo por más de $21 mil millones de pesos. Este monto resulta significativamente superior al de su adquisición directa. Además, preocupa que detrás de este contrato esté una empresa cuya capacidad financiera ha sido cuestionada, lo que incrementa las sospechas sobre la idoneidad y legalidad de esta transacción.

El alcalde de Medellín ha centrado su discurso político en la defensa de los recursos públicos, insistiendo en la NO privatización y en la prudencia en el manejo de los fondos del Distrito. Sin embargo, los hechos recientes parecen contradecir estas promesas, evidenciando un interés personal en sus decisiones administrativas. Mientras el alcalde asegura proteger los bienes públicos, cada vez son más los indicios que revelan un manejo discrecional y en beneficio propio, dejando de lado las verdaderas necesidades de los ciudadanos, quienes hoy enfrentan altos impuestos mientras la administración se ha concentrado en favorecer intereses privados, enriquecer a su círculo cercano y aprovecharse del poder para acumular beneficios personales.

Alejandro Toro

¡Riesgo inminente de racionamiento!

A los líos de las altas tarifas de la energía eléctrica y el alza inmoderada de las mismas y la incapacidad del gobierno para dar respuesta al clamor de los usuarios para contenerla, al stress al que está sometido el Sistema eléctrico del país debido al atraso y al abandono de importantes proyectos tanto de generación como de transmisión, se viene a añadir ahora el amago de un eventual racionamiento y/o limitación de suministro por un inminente apagón financiero de las empresas prestadoras del servicio de energía.

Ya había alertado el año pasado la empresa XM, que es la encargada de operar el Sistema interconectado nacional y de administrar el mercado mayorista, del riesgo de un efecto dominó debido a la insolvencia a la que estaban abocadas dichas empresas debido al efecto combinado de la deuda contraída por sus usuarios por cuenta de la opción tarifaria, que ya bordeaba los $5 billones y los atrasos del Gobierno nacional en girarle el valor de los subsidios a los usuarios de loa estratos 1, 2 y 3.

 

Si bien la deuda por concepto de la opción tarifaria está en vía de solución, por lo menos parte de ella, la que corresponde a los estratos 1, 2 y 3, cuyo monto está alrededor de $2.8 billones, al tomar la decisión el Presidente Gustavo Petro de asumirla la Nación, la cual está dependiendo ahora de su aprobación por parte del Congreso de la República. Mientras tanto y con el fin de trasladarle de manera inmediata ese beneficio a los usuarios la CREG expidió para comentarios la Resolución 701 063 del 29 de agosto, al tiempo que, en el entre tanto, amplió el cupo para un crédito – puente en FINDETER a las empresas con el fin de que estas no se ven abocadas a dificultades de flujo de caja.

Pero ahora, una vez más, las empresas prestadoras del servicio de energía y el gremio que las representa, ASOCODIS, han puesto el grito en el cielo por el flagrante incumplimiento con el reintegro del valor de los subsidios que las empresas vienen aplicando a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Ello está poniendo en riesgo la estabilidad financiera de las mismas.
Históricamente siempre se ha presentado un rezago en los giros por parte del Ministerio de Hacienda. En promedio el monto de los subsidios anualmente es del orden de los $6.8 billones, de los cuales asume la Nación y $2.8 billones corresponden a la contribución del 20% que se aplica a la factura de los estratos 5 y 6. Es decir, se trata de una suma de $600.000 mensuales de los cuales debe girar la Nación $340.000 (¡!)

Aunque no está en riesgo el reconocimiento del subsidio que reciben los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, sí está en riesgo la solvencia de las empresas, enfrentadas en este momento a un stress financiero, ya que al corte de agosto están pendientes del pago por parte del Gobierno Nacional de $1.3 billones por subsidios ya otorgados por ellas. Según el Presidente de la Asociación Colombiana de distribuidores de Energía eléctrica (ASOCODIS) José Camilo Manzur, “adicionalmente el presupuesto del 2024 y del 2025 estaría deficitarios en subsidios por $2 billones”.

ASOCODIS dejó claro que “las empresas comercializadoras no pueden seguir financiando esos saldos pendientes que tienen con ellas, incluyendo los subsidios. De hacerlo no tendrán cómo financiar las labores y trabajos necesarios para seguir prestando un buen servicio a los colombianos e incluso no tendrán cómo pagar sus obligaciones con la compra de energía”, lo que podría llevar a un riesgo sistémico.

Ello podría repercutir próximamente en una limitación de suministro por parte de las empresas generadoras. Aunque está vigente la Resolución 40359 del 30 de agosto, que expidió el Ministerio de Minas y Energía, que tiene por objeto prorrogar la duración de la aplicación de la Resolución 40307 de 2024, que tiene efectos suspensivos del procedimiento de limitación de suministro, sólo rige hasta el 30 de este mes o hasta “cuando la CREG expida la regulación que permita prevenir los efectos” de su aplicación. Según ASOCODIS, en las empresas más pequeñas, los flujos positivos que tienen a nivel anual a veces son menores que las cifras del déficit de subsidio.  Tienen que hacer un esfuerzo enorme e, incluso, muchas de esas empresas son estatales”.

Tal situación llevó al Contralor General Carlos Hernán Rodríguez a encender las alarmas ante el riesgo que representa para la continuidad de la prestación del servicio de energía, el “retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda”. Y advierte, además, que “esta situación puede derivar en el inminente riesgo de racionamiento y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía a más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada)”. Tanto más en cuanto que “la sostenibilidad del servicio depende de la solución a estos aspectos críticos. Así mismo, se advirtió que la falta de disponibilidad  y pago de subsidios por parte de los Fondos puede poner gravemente en riesgo la prestación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira”.

Y fue más lejos el Contralor cuando aseveró en su comunicado, que “contribuye a ese estado de cosas la falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de la opción tarifaria, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos. Otro factor lo constituye el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía”. El riesgo, entonces, es inminente, ello es lo que se colige del pronunciamiento del Contralor General.

Amylkar Acosta

La historia mal contada del aumento del ACPM

Hace pocos días algunos transportadores del país cesaron sus actividades como forma de protesta ante los aumentos que el Gobierno Nacional realizó al precio del ACPM, una noticia bastante escandalosa que se difundió rápidamente entre todos los colombianos, algunos sin mediar palabra y sin indagar acerca del tema, salieron a defender los “intereses” de todo un gremio que se vería afectado con esta fatídica decisión.

Sin embargo, “el tigre no es como lo pintan” pues primero que todo el déficit del Fondo de Estabilización de Precios al Combustible (FEPC) es el motivo detrás del aumento del precio del ACPM. El FEPC tiene un saldo de casi $25 billones, que es el dinero que se le adeuda a Ecopetrol, sin contar que Colombia ocupa el tercer lugar en el ranking regional con los precios más bajos del ACPM.

 

Esta situación nos hace pensar cual es el verdadero motivo de la protesta o realmente a quienes afecta esta medida, pues de lo poco que se sabe, es que para unos se trata de un “paro empresarial” que solo afecta a las personas que tienen el musculo financiero suficiente para pagar el ACPM al precio en que realmente debería estar, y que no debe ser vendido como un paro que afecta al pequeño transportador, al que día a día pone en peligro su vida en las vías de este país.

Ahora bien, lo que es cierto es que al colombiano de a pie no se le puede seguir imponiendo una carga que no debe soportar, no se le puede seguir exigiendo que subsidie costos que otros tienen como pagar, razón que le asiste al actual gobierno para tomar la decisión de aumentar los precios, pero considero que aquí el tema central o la problemática no nace con un aumento, el problema surge es porque el colombiano no ve cambios, no ve arreglo en las vías, no ve aumento en las vías terciarias y en cambio solo recibe más impuestos, más peajes y menos inversión en infraestructura vial.

Lo que, si nos deja el paro transportador, es la fragilidad de la cadena de suministro y la importancia de un sector logístico eficiente para la economía nacional. Si bien el conflicto ha tenido impactos económicos significativos, también presenta una oportunidad para implementar reformas y estrategias que fortalezcan el sector y promuevan un crecimiento económico más resiliente. La resolución efectiva del paro dependerá de la capacidad de las partes involucradas para negociar soluciones equitativas y de la voluntad del gobierno para invertir en el desarrollo sostenible del transporte en Colombia.

Finalmente, el 6 de septiembre se anunció el fin de la protesta, esperemos que los 14 puntos expuestos por el presidente de nuestro país se cumplan a cabalidad, y que los impuestos y subsidios que los colombianos pagan se vean reflejados y materializados en obras que aporten al desarrollo del país, porque con mucha seguridad considero que al colombiano no le dolería dar plata si su país tuviera un desarrollo progresivo y que poco a poco redujera las brechas de desigualdad que existen en Colombia.

Cesar Orlando Amaya Moreno

Los subsidios a los combustibles en Colombia son un mito

Aunque parezca controvertido, me atrevo a desafiar lo que se ha convertido en un dogma que muchos atribuyen al neoliberalismo y al Fondo Monetario Internacional (FMI). Si bien sus políticas no son inherentemente malas, tampoco representan la verdad absoluta, y como cualquier idea, deben ser cuestionadas. En el caso de los combustibles en Colombia, la narrativa de que están subsidiados merece una revisión crítica con una perspectiva sostenible que favorezca a todos los colombianos.

Primero, reconozcamos la complejidad de definir el precio de los combustibles. En Colombia, no podemos hablar de un mercado líquido que determine precios de manera autónoma, ya que la principal variable, el ingreso al productor, está en manos de Ecopetrol S.A., una empresa mayoritariamente estatal. Como tal, debe equilibrar su gestión empresarial con su papel como motor de la política económica del país.

 

El Estado se enfrenta al desafío de ejercer un doble rol: por un lado, es el mayor propietario de Ecopetrol, y por otro, responsable de la política económica nacional, lo que implica equilibrar el desarrollo armónico del país. Un ejemplo cercano es Ecuador, que a pesar de ser un modesto productor de petróleo, mantiene precios de combustibles mucho más bajos que los nuestros, gracias a una menor carga impositiva y un modelo de fijación basado en costos de producción e importación.

¿Existen realmente subsidios en Colombia? Es importante aclarar que si usamos como referencia el precio internacional, lo que en realidad hay es un menor recaudo fiscal por vía de dividendos de Ecopetrol, pero no una asignación directa de recursos para cubrir los costos de producción. La percepción de subsidios, entonces, es relativa.

La discusión sobre si ajustar el modelo actual debe centrarse en el destino de los recursos adicionales que se obtendrían de aumentar el precio del diésel, por ejemplo. Algunos argumentan que estos recursos deberían destinarse a áreas fundamentales como justicia, seguridad, educación y salud. Sin embargo, de no aplicarse esos incrementos, se podría ofrecer una mayor competitividad al sector productivo, lo que beneficiaría a toda la sociedad.

Aquí es donde se enfrenta la visión del gobierno actual, cuyo enfoque sistemático ha sido aumentar el costo de producir bienes y servicios en Colombia. Aunque el gasto público ha evitado un mayor deterioro del empleo, esto no es sostenible a largo plazo. Lo que Colombia realmente necesita es más emprendimiento y empleo productivo, no más burocracia y subsidios que promueven la improductividad.

En este contexto, no parece conveniente aumentar los recaudos en un gobierno que ha demostrado ser mal administrador y está sumido en escándalos de corrupción. Sería más sensato permitir que el sector productivo, el principal consumidor de diésel, se beneficie de la ventaja competitiva de la autosuficiencia petrolera de Colombia, impulsando así el crecimiento económico.

Finalmente, debemos mirar a largo plazo. Si no se corrige el rumbo en materia de hidrocarburos, sin nuevos contratos de exploración y desarrollo de yacimientos no convencionales, la autosuficiencia petrolera que hoy nos da ventaja competitiva estará seriamente comprometida. Ya lo estamos viendo con el gas natural, y pronto lo viviremos con la gasolina y el diésel.

Alejandro Ospina

¿El verdadero reto es de las empresas?

Las empresas están lidiando con las respuestas a las regulaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) contradictorias, ya que Estados Unidos, la Unión Europea y California buscan diferentes enfoques de divulgación climática, según un nuevo informe de Thompson Hine.

La falta de claridad debido a estos requisitos ESG contradictorios es el mayor desafío a corto plazo que enfrentan las empresas públicas, con un 41% de los encuestados citando este problema en los resultados de una encuesta publicada por el bufete de abogados el martes.

 

Thompson Hine LLP recopiló respuestas en mayo de 152 abogados internos estadounidenses y otros ejecutivos de empresas públicas y privadas en manufactura, servicios financieros y otras industrias. Más de un tercio de los encuestados pertenecían a empresas públicas. (Andrew Ramonas, Bloomberg Law, julio 2024).

Esto refleja uno de los varios obstáculos que presentan los criterios ESG en su implementación en inversiones, informes y decisiones estratégicas. Entre los demás retos consensuados se destacan los siguientes:

Múltiples marcos de presentación de informes:

El desafío actual radica en la falta de estándares unificados para la presentación de informes. Esto representa un reto significativo para las organizaciones multinacionales, ya que pueden verse obligadas a adherirse a múltiples marcos de presentación.

Normativa compleja:

La regulación sobre sostenibilidad puede ser confusa, pero la tendencia global es hacia una normativa más estricta y detallada, respaldada por requisitos de divulgación cada vez más exigentes. A partir de 2024, se están implementando directrices a nivel mundial que promueven la divulgación de información medioambiental. Por ejemplo, la legislación de
la Unión Europea exige que las empresas cotizadas y las grandes empresas divulguen información sobre los riesgos y oportunidades relacionados con temas sociales y ambientales, así como el impacto de sus actividades.

Comprensión del impacto de las iniciativas ESG:

Más allá de los informes, los datos de desempeño ESG son fundamentales para mejorar los resultados de las estrategias ESG. Sin embargo, en muchas organizaciones, estos datos están aislados, lo que dificulta la conexión entre la actividad ESG y el impacto financiero. Sin una integración adecuada de los datos ESG en los sistemas financieros, los líderes y tomadores de decisiones no pueden evaluar con precisión el impacto potencial de una actividad ESG en el balance general, las pérdidas y ganancias, o el flujo de efectivo.

Definición y cuantificación de los riesgos ESG:

Aunque muchas organizaciones discuten sobre los riesgos ESG, no todas cuentan con definiciones formales, indicadores clave de desempeño o sistemas establecidos para monitorearlos. Esto es especialmente complicado, ya que muchos de estos riesgos no son cuantificables en términos monetarios.

Gestión compleja de datos:

Los criterios ESG abarcan una amplia gama de temas, desde iniciativas de diversidad hasta remuneraciones ejecutivas y cuestiones medioambientales. Esto exige la recopilación de datos tanto financieros como no financieros de toda la empresa.

En muchas organizaciones, estos datos se encuentran dispersos en varios sistemas no interconectados, lo que complica el proceso de planificación y presentación de informes. En consecuencia, la recopilación de datos a menudo se realiza manualmente, lo que conlleva retrasos, imprecisiones y riesgos corporativos. Además, los requisitos de divulgación cambian con frecuencia, lo que dificulta la navegación en el panorama de informes y se ve exacerbado por la falta de consenso sobre la terminología y las definiciones.

Estos son los retos que el sector privado conoce bien, ya que afectan sus inversiones, informes y decisiones estratégicas. Son desafíos validados por firmas consultoras, expertos y académicos, y ampliamente reconocidos.

La respuesta podría ser una combinación de todas las anteriores. No se puede afirmar que las empresas no adoptan plenamente los criterios ESG por una sola razón, pero existen múltiples motivos que dificultan su implementación, como los
costos, las expectativas de los clientes, el interés de los grupos de interés y las
relaciones con los proveedores.

Por ello, es crucial que los gobiernos desarrollen políticas que incentiven al mercado a «castigar» a las empresas que no aplican los criterios ESG de manera integral, ya sea a través de impuestos o investigaciones. Los gobiernos deben
adoptar medidas más proactivas para garantizar que las empresas incorporen estos criterios en todas sus operaciones.

Además, no se trata solo de un enfoque coercitivo; el Estado también debe ofrecer apoyo al sector privado para guiar la implementación de estos criterios. Esto podría incluir alianzas con universidades, centros de pensamiento, o la promoción
de foros y espacios donde los empresarios puedan aprender sobre la aplicación de los criterios ESG.

Juan Camilo Clavijo

¿Y si la escuela tal como la conocemos, se acaba?

Imaginemos un mundo donde la escuela tradicional deja de existir el 8 de septiembre de 2024. Sí, así de drástico. No más clases, no más aulas, no más campanas que indican el cambio de hora. Un día común y corriente, se declara que la escuela, tal como la conocemos, ya no es necesaria.

¿Qué pasaría?

 

El aprendizaje no se detendría. Al contrario, se transformaría en algo más orgánico, más conectado a la vida real. Los niños y jóvenes encontrarían en sus comunidades, en la naturaleza y en sus propios intereses, el verdadero sentido de aprender. La curiosidad innata se convertiría en el principal motor del conocimiento.

Las ciudades se convertirían en grandes aulas, los parques en laboratorios de ciencia, las bibliotecas en centros de encuentro intelectual, y los hogares en espacios de creatividad infinita. Las habilidades y talentos únicos de cada persona serían el eje de su formación, guiados por mentores, expertos y la misma inteligencia artificial que, en lugar de reemplazar, empoderaría.

Pero, ¿qué pasaría si en lugar de esta visión idealista, la realidad nos golpea con fuerza?

Sin una estructura clara, la escuela podría ser reemplazada por otro centro de cuidado masivo, donde el aprendizaje genuino se pierde entre horarios inflexibles y estándares uniformes. 

Los niños y jóvenes podrían encontrarse en entornos controlados por algoritmos, donde el interés personal se subordina a métricas de eficiencia y productividad.

Los parques y bibliotecas podrían convertirse en simples depósitos de actividades repetitivas y sin propósito, donde la curiosidad se atrofia y la creatividad se limita a seguir instrucciones predefinidas. 

El acceso a mentores podría depender de quién pueda pagarlos, ampliando las brechas de desigualdad.

La inteligencia artificial, en lugar de ser una herramienta para el empoderamiento, podría convertirse en un mecanismo de control, donde los estudiantes solo aprenden lo que se les programa para aprender, sin espacio para la divergencia o la crítica.

El fin de la escuela, sin un replanteamiento profundo de qué significa realmente educar, podría ser el inicio de una era de conformismo, donde la individualidad y el pensamiento crítico se sacrifican en el altar de la conveniencia. ¿A quiénes convendría?

Entonces, antes de celebrar el fin de la escuela, preguntémonos:

¿Estamos listos para crear una alternativa que realmente libere el potencial de cada persona, o simplemente caeremos en la trampa de un nuevo sistema de control?

Alexandra Parra

Neuropsicóloga 

La zalamería

Dentro de los diferentes tipos de comportamientos humanos existe un espécimen muy particular, el zalamero que, es la persona que hace zalamería. El Diccionario de la RAE, la define como demostración de cariño afectada y empalagosa. El zalamero es la persona que demuestra cariño y afecto exagerados sólo con el fin de obtener un beneficio personal o para otros. Es la persona que todo lo asiente, que todo lo respalda, que siempre tiene comentarios sobre las bondades de quien generalmente ostenta el poder o sobre quien le sirve para algún fin, siempre querrá quedar bien para recibir provechos.

La persona zalamera es de fácil detección. Existen en todas las comunidades bajo diferentes carices, siempre con el firme propósito de estar bien con todos para obtener beneficio. Su carácter es como el viento, fluctuante y variable, y siempre se acomoda a las circunstancias para terminar por exhibir su deslealtad, jamás persona zalamera será digna de confianza.

 

Algunas de las características que lo hacen único: El zalamero demuestra trato afable. Siempre estará dispuesto a colaborar, a aportar para la causa a expensas de sus propios recursos. Exhibe alta generosidad en el trato y en los recursos materiales. Siempre dispuesto para solucionar los problemas de los demás y siempre atento para un café o un almuerzo, no por desprendimiento, lo hace para ganar la confianza del otro y poder traerlo a su campo para que le exhiba sus debilidades y carencias, a partir de allí tomará ventaja en la búsqueda de sus fines.

Es entrometido. A todo lugar y evento se hace invitar. Le gusta hacerse notar y no puede quedarse callado, siempre opinará bajo una falaz humildad. Le gusta darse la condición de imprescindible para la comunidad, lo que avala con su postura de “autoridad” bien sea en el conocimiento porque es sabelotodo en su rama de acción, por lo servicial y afable, o por su experiencia de vida.

El zalamero siembra cizaña. Habla mal de todos a baja voz, incluso de quien pretende agradar. Le encanta provocar disputas. El chisme le agrada. Todo el trabajo de los demás es deficiente, porque sólo el suyo es el eficiente. Su voz es la única válida, veraz y confiable. Es astuto para comprar “confianza” ajena, y sabe justamente cómo ganarla. El zalamero recibe la mano y se apropia del codo.

Es hiperemocional. Es un mar de emociones; siempre tendrá la palabra para confortar y la lágrima a flor de piel para demostrar empatía, la que capitalizará en beneficio suyo. El zalamero promedio no acepta su apariencia física, evidencia de las emociones acumuladas con las que deambula y que no han sabido trabajar.

El zalamero siempre quedará bien y sacrificará lo correcto para agradar. La hipocresía es su metal de cambio. Cambiar de opinión y asumir la posición del otro simplemente por conveniencia es hábito, aún conocedor que ello podría contrariar la ley, sabe bien que nunca arriesga nada personal. Su falsa moral le hará pensar que está por encima de todos y de todo. Reparte bendiciones por doquier. El zalamero es solapado, suele ocultar lo que piensa de manera maliciosa, para congraciarse con el poderoso del momento.

La conducta del zalamero es aprendida, se adquiere por imitación; generalmente, el zalamero es hijo y nieto de zalameros, y sus hijos también lo serán. Su quid está en el hecho de que el zalamero sabe explotar el ego del otro. Al ególatra le gustan los zalameros y se hace correspondiente, sociedad de mutuo beneficio. Mientras no se controle el ego, siempre habrá un zalamero dispuesto a reforzarlo. zalameros siempre los ha habido y siempre los habrá. La historia está colmada de zalamería, por eso es mejor tenerlos de lejitos. Al zalamero no se le combate, se le ignora. Quien es leal con todos, no puede ser leal a ninguno.

Por: León Sandoval Ferreira

Un periodismo vanidoso

El periodismo es un oficio fascinante, ninguno de los que hayamos estado inmersos en esta profesión diríamos lo contrario. Es una labor que nos permite recorrer e interpretar diferentes realidades, para generar conversaciones que ayudan a visibilizar los problemas; en el mejor de los casos, aportar soluciones. Como lo diría una buena amiga: es una forma de conectar diferentes historias, en un mundo cada vez más polarizado.

Y en este viaje los periodistas conversamos con economistas, políticos, deportistas, artistas y hasta con delincuentes de diferentes naturalezas. Justo en este recorrido corremos el riesgo de saltar los límites éticos para trasgredir los escenarios que le pertenecen a otros. Por momentos se nos olvida que no somos el juez, tampoco el científico, menos el político, tampoco el hincha. Debemos darle la garantía a nuestras audiencias de que tenemos la capacidad de reposar la información y entregarla lo mejor depurada posible.

 

Muchos dirán que eso no es fácil, que la objetividad no existe, que nadie nos puede imponer una agenda y un sinfín de excusas más, pero justamente este comportamiento sereno y equilibrado es lo que nos diferencia de las demás profesiones. Tener la capacidad de crear una conversación respetuosa, estructurada y coherente debe ser nuestro mayor talento.
Sin embargo, me da la sensación de que cada vez esos lineamientos están más desvirtuados. Actualmente, es visible que la industria de los medios y quienes direccionan estos son personas visiblemente incendiarias, poco equilibradas, muy contestatarias y repletas de arrogancia: una representación del periodismo vanidoso y ególatra.

Es una verdadera pena que la visibilidad y el reconocimiento que tienen algunos colegas sea usado por ellos para crear un escenario confuso, mañoso y tramposo en un momento crítico para el país. El periodismo no está para sacar ventajas electorales, ni para proferir condenas, mucho menos para estropear la economía con cifras y ecuaciones malintencionadas; como tampoco para ensalzar gobiernos corruptos y disfuncionales.

Durante la última elección presidencial en Colombia, una de las cosas más curiosas fue la descarada participación de periodistas en las campañas, insulto tras insulto de un bando y otro, fueron la constante. Ahora el panorama es más crítico, el periodismo quiere poner candidato a expensas de lo que esto signifique para la calidad del oficio y el futuro del país.
La solapada candidatura de un director de medio de comunicación le hace profundo daño a la democracia, sus límites y sobre todo a la confianza y a la credibilidad que son escazas en estos tiempos. A los colegas de las redacciones, les sugiero que no permitan que el apasionamiento y la ambición personal los lleve a romper los límites del respeto hacia otras disciplinas y escenarios que merecen toda la dignidad y la altura que el periodismo vanidoso nunca podrá ofrecer.

Luis Carlos Martínez González

¿Por qué es errado el paro camionero por alza al combustible?

El origen del alza no es de este gobierno. En Colombia estamos subiendo gradualmente los combustibles para recuperar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles -FEPC- que tenía un enorme déficit estimado a  finales de 2022 entre $25 billones y $30 billones (MinHacienda, 2022), generado por la suspensión de esta recuperación durante el Gobierno Duque como medida anti-inflación para ayudar a los afectados por la pandemia, y que según el ministro de Hacienda ha generado un subsidio al combustible Diésel (ACPM como lo conocemos) de 56 billones este año (Alguero, 2024).

El fondo está diseñado para amortiguar los efectos internos de las fluctuaciones de los precios internacionales, importaciones de las que dependemos entre un 20% a 30% para cubrir la demanda nacional (Arenales,2023), y que “en la práctica ha funcionado efectivamente como un subsidio a los precios de los combustibles” puesto que a los Gobiernos les ha tocado ir cubriendo sus déficits, que dicho en otras palabras, que se han generado porque en los últimos años el precio internacional ha subido más de lo que ha bajado en sus fluctuaciones normales en los mercados. Hay que eliminar los subsidios a los combustibles, no sólo por la precaria situación fiscal del país, sino para seguir la lógica de la transición energética que toda la humanidad requiere (Fonseca, 2023).

 

Dice el ministro Bonilla en sus intervenciones de estos días, que los camioneros habían sugerido alzas puntuales fuertes para el combustible Diésel (ACPM como lo conocemos localmente) y no las graduales mes a mes. La razón es que para el negocio del transporte es muy difícil subir los fletes a sus clientes cada mes y es más razonable hacerlo una sola vez por año o al menos una vez por semestre. Pero los bloqueos tan severos actuales enseñan que no se les pueden creer sus sugerencias.

Esta protesta recuerda los paros que durante una década y media soportamos cada año hasta hace relativamente poco. El camionero, aunque no es un gremio bien definido, ni compacto ni unido, sí tiene la capacidad de generar caos fácilmente para toda la sociedad y pérdidas estimadas en USD 300 millones por día (Moreno, 2024). Y como es fácil atentar contra un camión que no apoye el paro y hacerle un daño que cueste mucho dinero, puede aglutinar a la fuerza una protesta mayor.

Paradójicamente, cuando un camionero hace una protesta contra un aumento en el combustible significa que no entiende el contexto completo del negocio en el que está, en el cuál es sólo un eslabón de una cadena más grande que no empieza ni termina con el transporte. Si hay aumento en el precio del combustible debe haber aumento en los fletes. Sin mayor discusión.

Pero lo que sí saben los camioneros es la dificultad de subir los fletes a sus clientes. Es un mercado abierto, en donde siempre hay algún competidor más necesitado o con una estructura de costos distorsionada, principalmente por el costo de capital que representan los camiones viejos que, en teoría, y solo en teoría, hacen lo mismo que los nuevos (mayores costos en consumos, mantenimiento y sobre todo, la menor disponibilidad) del cual se aprovechan sus clientes que tienen el poder de mercado. Esos clientes se resisten y mientras los transportadores logran subir las tarifas, el mayor costo del combustible les baja directamente la utilidad. Deberían enfocarse en lograr el aumento en sus fletes y no en tratar de presionar a las malas para volver a bajar el precio del combustible. En esta contienda errada “pasan de agache”  los clientes del transporte (empresas productoras y comercializadoras), quienes a su vez, cuando les llegue el mayor flete también lo transferirán a los precios finales de sus productos, con lo cual habrá un aumento en la inflación.

El impacto del aumento del combustible sobre los fletes es del orden del 40% (según la Asociación Colombiana de Camiones, García, 2024) y a su vez esos fletes participan en la estructura de precios de los productos en muy variada forma, que al subir, finalmente se traducirán en mayores precios al mercado y así en mayor inflación: según el ministro de Hacienda será de 1.4% al final del año (Alguero, 2024).

Este efecto inflacionario es un problema para el Gobierno Nacional que debe enfrentar y manejar, y no es de los camioneros que no tienen ninguna posibilidad de gestionar, como para tratar de argumentar que con su protesta violenta están defendiendo la canasta familiar de los colombianos.

Lo mismo en el caso de los buses, en donde el impacto para la ciudadanía usuaria es directo; hay que subir los pasajes si no se quiere desmejorar el negocio de los transportadores, y esas nuevas tarifas deben arreglarlas con los Gobiernos locales en sus municipios.

Camioneros y buseteros deben estar enfocados en cómo compensar los efectos de este mayor costo con mayores tarifas y no pretender que el Gobierno les arregle lo que no puede: concertar fletes en un mercado diseminado entre muchísimos privados o aprobar tarifas de servicios públicos que son del orden local. Y menos, con las vías de hecho perjudicando en forma grave e injusta a los demás ciudadanos.

Rafael Fonseca Zarate

Kamala y Colombia

En menos de un mes se evaporó la contundente ventaja de Donald Trump en las encuestas. Aunque dos meses en política son una eternidad, la inevitabilidad de Trump ya no es un hecho, hay que pensar que le pasaría a Colombia con Kamala Harris. Con raíces jamaiquinas, la antigua senadora de California, marcaría un contraste frente a Trump en retórica, pero no necesariamente desviaciones mayúsculas en política pública regional. Aunque el daño de largo plazo es evidente, la decisión diplomática del gobierno, de solo ser amigo de los demócratas, especialmente, de la bancada Afroamericana, saldría premiada. Aunque nada está escrito, es probable que a Colombia le vaya bien.

Al contrario de Colombia donde el voto popular elige presidente, en EEUU la mayoría es con un colegio electoral donde el ganador de cada estado suma esos votos. Trump venía ganándole a Biden por 4.0% en el agregado de encuestas de Nate Silver. En la misma encuesta, de Harris contra Trump, ahora ella lidera 3.1%, incluyendo en cinco de los seis estados más competidos. El modelo le otorga a Kamala Harris una probabilidad de 56% de ganar. A la fecha, ella viene duplicando en donaciones a Trump, US$516.8mm vs US$268.5mm.

 

Inmigración lentamente se convirtió, después de la economía, en el tema más importante para el votante estadunidense. Especialmente en los estados competidos, el tema es fundamental. A pesar de la grandilocuencia de Trump en el tema migratorio, ya hay un consenso general en disminuir la inmigración neta en EEUU. Kamala Harris, inclusive, apoyó la ultraconservadora ley de limitación de inmigración propuesta por la derecha republicana.

La gran diferencia del enfoque de Harris está en el énfasis prohibitivo de frenar la inmigración.  Ella, en contraste, quiere atacar las causas de inmigración, principalmente la falta de oportunidad económica en los países de origen. Bajo el liderazgo de Harris, se estableció un programa de inversiones de US$5,000 millones en inversiones en Guatemala, Hondura y El Salvador, de donde provienen 40% de los migrantes ilegales. Esto abre la posibilidad de construir programas de desarrollo con financiación de EEUU en los departamentos fronterizos, pero especialmente en Chocó, donde la trata de personas y su descendencia afro son fuente de solidaridad.

Es probable que, bajo la administración de Harris, se mantengan las sanciones y probablemente se endurezcan con Venezuela. Cuando fallen las gestiones de Brasil y Colombia con Maduro para publicar las actas, la humillación a EEUU por el incumplimiento venezolano debe tener consecuencias. Aun con liderazgo demócrata, se va a endurecer la postura contra la dictadura del vecino país. En materia de Cuba si existe un contraste, así como lo ha dicho Obama, Kamala ha expresado voluntad para tratar de negociar el fin del embargo.

En lo que respecta Colombia, la postura tan amable de Biden, al cual se le recuerda como un arquitecto del Plan Colombia es probable que se enfríe. La hostilidad contra Israel y simpatía con Rusia cuesta. Dada la ascendencia jamaiquina de la prospectiva presidenta, Colombia debe rescatar su vocación caribeña. Se debe pensar en proyectos con Caricom y organizar iniciativas regionales. Lo que era un choque de trenes con Trump, puede ser ahora un aterrizaje, pero igual perdiendo relevancia.   

Simón Gaviria

La lucha de las mujeres por el derecho al voto 70 años después

Votar es un derecho que hoy en día no se cuestiona, pero esto es un dato histórico muy importante de reconocer y compartir con las generaciones actuales, porque durante siglos las mujeres no pudieron hacerlo. El primer país en permitir el voto femenino a las mayores de 21 años fue Nueva Zelanda, el 19 de septiembre de 1893, hace 128 años. Este primer sufragio de las mujeres sin restricciones ni condiciones se logró gracias al movimiento liderado por Kate Sheppard, pero solo hasta el año de 1919 fue cuando las mujeres neozelandesas pudieron presentarse también a las elecciones, equiparando el derecho no solo de elegir si no de ser elegidas. Las sufragistas nacen en el siglo XX con la primera parlamentaria en llegar a la cámara en Nueva Zelanda Elizabeth McCombs en 1933. Sin embargo, el voto femenino ha sido una lucha titánica en muchos países del mundo y obviamente una incisiva batalla por la igualdad. Hoy recordamos a las sufragistas británicas como Emmeline Pankhurst, Emily Davison, Millicent Fawcett, Mary Richardson, Maud Watts y Annie Kenney. A las Sufragistas estadounidenses como Elizabeth Cady Stanton, Alice Stokes, Lucy Burns y Sojourner Truth, a la legendaria Olympe de Gouges, la uruguaya Paulina Luisi y a la española Clara Campoamor.

Las sufragistas británicas desarrollaron un papel histórico, y aunque no fue un camino fácil por que fueron ninguneadas por ser revolucionarias, por defender sus derechos y por intentar crear un mundo más justo e igualitario, todas ellas sufrieron ataques, recibieron insultos por la calle y fueron apedreadas, desheredadas social y familiarmente, fueron, perseguidas desde lo privado hasta lo publico, a estas mujeres les tocó superar a palo seco toda la violencia política junta, empezando por la palabra ‘suffragettes’ la cual fue utilizada de manera despectiva. En sus actos políticos hubo abucheo y desprestigio, las mujeres padecieron la violencia política, y las detenciones por sus ideas y movilización fueron arbitrarias en todo sentido. “Nosotras, mujeres sufragistas, tenemos la misión más grande que el mundo haya conocido: liberar a la mitad de la raza humana y, a través de esa libertad, salvar al resto” declaró Emmeline Pankhurst, una de las principales activistas británicas.

 

Marion Wallace Dunlop fue en 1909 la primera sufragista que se declaró en huelga de hambre tras ser detenida durante 91 horas por escribir en muros públicos la Declaración de Derechos humanos, acciones muy similares que hoy se dan en las ciudades con los grafitis que quedan de las marchas del 8 m y 25 m.  La huelga de hambre iba en serio y las autoridades le metían a la brava una sonda con sustrato alimenticio por la nariz, garganta, y tráquea hasta llegar a los pulmones poniendo obviamente en riesgo su salud. ¿Unas tesas verdad? Daban todo por el todo, y el sentimiento de colegiatura ya era universal. Luego se sumaron el Reino Unido y los Estados Unidos.

El coletazo del voto llega a América Latina, a Uruguay que fue el primer país en permitir el derecho al voto en 1927.  Y aunque poco se sabe en Colombia en el año de 1853, en la provincia de Vélez (Santander), casi al mismo tiempo que en Nueva Zelanda, las mujeres accedieron al sufragio de manera rapida, aunque fue un derecho no reconocido fue una conquista, ya que luego en el año de 1855 les fue arrebatada esa victoria por la Corte Suprema de Justicia que desde entonces se mete y al parecer actúa como influenciada y detracta la decisión, pero las mujeres lo lucharon y se creó el precedente mucho antes que el 54

Para llegar a las urnas contra la sociedad heteronormativa y patriarcal se inicia la lucha de otros derechos que antes de la década de 1930 no tenían, las mujeres no podían ingresar a la universidad y si acaso terminaban el bachillerato, no podían salir de viaje sin el permiso de sus esposos y tampoco manejaban su propio salario, eran consideradas como personas no capaces de hacerlo, por el periodo mestrual y la histeria, ¿que tal esto?  Y fue el presidente liberal Enrique Olaya Herrera, de quien decían era hijo de una lavandera, un rebelde hecho a pulso y sin abolengos con quien empieza el panorama a cambiar, en el año 32 se conquista el derecho a administrar bienes y en el siguiente el derecho a la educación. Esas dos victorias fueron claves para la autonomía de las mujeres, con la posibilidad de terminar el bachillerato e ingresar a la universidad las mujeres garantizaban estar cualificadas para un empleo, ganar un salario y así administrar su dinero. 

Luego Alfonso López Pumarejo a mediados de los 40, se planteó una reforma que le daría a la mujer el estatus de ciudadana y podría ejercer cargos públicos, pero esta reforma no incluía el derecho al sufragio, y se logró media victoria puesto que celebraban las mujeres, pero solo privilegiadas como la hermana de, la hija de nieta de o la esposa de eran las convocadas, y dejaba por fuera el voto femenino, en 1947, 500 mujeres presionaron la firma del memorial donde pedían a López Pumarejo llevar a cabo la reforma. Las sufragistas lideradas por Lucila Rubio, una de las fundadoras de la Unión Femenina de Colombia (UFC). sabían y refutaban el no tener una ciudadanía incompleta, y en 1948, encontraron en la declaración universal de los derechos humanos la pertinencia del derecho al voto. Las Naciones Unidas promulgan que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, idioma, religión, sexo o de cualquier otra índole.” Y Colombia fue uno de los países que firmó dicho acuerdo internacional, asumiendo la responsabilidad de trabajar en pro del mismo.

Y como hoy en día las sufragistas intentaron llevar el proyecto de ley ante el Congreso de la República; pero la propuesta no obtuvo los resultados esperados, las mayorías hombres no lo aceptaron, pero estas heroínas no se rindieron y en vísta de la actualidad política y con mucha astucia se pegaron a la propuesta del General Rojas Pinilla con quien encontraron una oportunidad única para presentar la iniciativa ante la Asamblea Nacional Constituyente que pretendía reelegirlo hasta 1957.  Así Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda se convirtieron no solo en la voz que representaba a las mujeres, sino que fueron nombradas como constituyentes, fueron las primeras en la historia, una por el Partido Conservador y la otra por el Partido Liberal, y el 3 de agosto, la asamblea reeligió a Rojas Pinilla como presidente y ellas radicaron el proyecto de ley del voto femenino, prueba de la posibilidad que tenemos las mujeres de negociar y hacer alianzas que saquen adelante la causa común así pensemos distinto.

El 25 de agosto algunos hombres asambleístas apoyaron la iniciativa, y el sufragio femenino fue aprobado con 60 votos a favor y cero en contra. El resultado no fue una decisión unánime, ya que los opositores se salieron del recinto con la voluntad de dejar sin quórum la votación, para que vean que la infame práctica de romper el quórum tiene trayectoria. Así se consagraron todos los derechos políticos de la mujer y muchas de ellas fueron a votar libres y a conciencia, otras fueron a votar siguiendo a sus maridos, como lo mandaba la Iglesia en el sagrado matrimonio, y lo cierto es que por fin las mujeres llegaron a las urnas masivamente. En 1957 las mujeres votaron el plebiscito del Frente Nacional, un pacto que buscaba ponerle fin a décadas de violencia entre liberales y conservadores alternando el poder durante 16 años. 

Mientras las mujeres ejercieron plenamente su ciudadanía, con ello se aprobó el pacto que condicionó y aprobó la exclusión de los derechos electorales de muchos sectores políticos, el famoso frente nacional y asi con la aprobación del voto femenino, las mujeres defendieron su derecho, y empezaron a ganarse un espacio en la política. Esmeralda Arboleda fue la primera mujer elegida que llegó al Congreso de la República y Josefina Valencia fue ministra de Educación.

Hoy, 70 años después, recordamos que fue gracias al trabajo de las sufragistas y su articulación que nosotras somos reconocidas como ciudadanas que pueden elegir y ser elegidas. Sin embargo, hoy en día persiste la brecha de desigualdad en la representación política de las mujeres en Colombia, según datos de la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral en su más reciente balance sobre la participación de las mujeres en el mapa del poder político local y regional para el periodo 2024-2027, si bien se han logrado algunos avances, comparados con otros países de América Latina en términos de representación efectiva en cargos de elección popular, han sido unos avances menores.

En nuestro país hoy en pleno siglo 21 apenas llegamos a un 20% en representación combinada de alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas, y recordemos que ya hace 70 años, los periódicos y medios de comunicación registraron este acontecimiento histórico y gracias a las sufragistas en ese escenario político fue que se dio el resultado de los años de la lucha feminista.

Por más de una década, centenares de mujeres buscaron su ciudadanía completa y, paradójicamente, la consiguieron hasta que subió al poder el militar Gustavo Rojas Pinilla, a quien han querido atribuir el voto feminista, pero esa afirmación no solo es equivocada, sino que desconoce y resta la importancia de la lucha de las mujeres en el país. No fue un regalo del General es el resultado del movimiento internacional feminista que se da también en Colombia. La lucha continúa, la paridad es el reto, pero la paridad no es la frontera, para romper esos techos de cristal necesitamos que los hombres cedan espacios y los cedan a las mujeres que en realidad queremos hacer política, no hay de otra, ceder el poder y tomar las riendas del cuidado, invertir los roles y nivelar la cancha. No es una cuota, aunque ayuda, es la voluntad de cambio la que permitirá que ocupemos esos cargos, los de elección popular y por ende los de administración pública.

Hoy la política pública para las mujeres da solución a seis dimensiones concertadas; la educación, la salud, la autonomía económica, la paz, la participación social y política, a la de seguridad para una vida sin violencias. Y esto también lo celebramos, aunque lo que más queremos celebrar es que no nos sigan matando. 

Marcela Clavijo