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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

Soldados de Salamina

Recuerdo a la perfección el día que murió Hugo Chávez, en aquel entonces yo vivía en mi Barranquilla querida y frecuentaba con mis hijos el parque de Venezuela, un delicioso parque que escondía miles de atracciones para niños, de esas que hacen ruido, te aturden la cabeza y te dejan seco el bolsillo. Todo un martirio para padres.

Dos días después de nuestra última visita murió el pájaro y yo, madre despiadada, les dije a mis hijos que el parque estaba de luto y que lo habían cerrado porque había muerto ese señor. La vida quiso que nunca volviésemos, a cambio me regaló muchos amigos de ese país cálido de alma caribeña.

 

Las ilusiones de recuperar la democracia pronto quedaron mermadas, en aquel entonces aún había dinero para mantener el régimen, engañar a los pobres y darles falsas esperanzas, además, la oposición era caótica y desorganizada. Diez años de narcodictadura comunista, de delirios de un chandalero que veía en los pajarillos a su amigo muerto, diez años de éxodo hacia países fronterizos, hacia países hermanos, diez años de sandeces retransmitidas en televisión, narcotizando a un pueblo cada vez más pobre en recursos, en derechos, en democracia.

Diez años ha tardado en organizarse la oposición y plantar cara al régimen y aunque lo de Juan Guaidó fue un simulacro, poco respaldado por Europa y el resto de Occidente, parece que por fin hay un rayo de esperanza. Al menos, la oposición está aunada y ha podido hacerse con las actas de las votaciones y ha demostrado que ha ganado las últimas elecciones – siempre nos quedará la duda de cuántas elecciones habrían ganado si desde el principio hubieran luchado juntos -.

Un huracán con nombre de mujer

Vetada en el último momento, habiéndose recorrido su país de punta a punta, hablando con todos, de todo. Una huracán astuta y femenina, María Corina Machado, le planta cara al autócrata, al dictador que vive en su fortaleza y que desde hace un mes se agarra a ese asiento presidencial de un modo indigno, ruin, rapaz.

Ella es la que ha sabido aunar a todos. Proponer a un presidente – Edmundo González, felicidades Edmundo que hace días cumpliste años- y la que día a día, desde su refugio alienta a los soldados de la Salamina venezolana a que resistan el embiste de la bestia que no quiere dejar el poder y devolver la democracia al pueblo.

Esa bestia que lleva un mes usando la fuerza y la sinrazón para detener, torturar, secuestrar, encarcelar a todo el que se le oponga a ella. Como Perkins Rocha, abogado y asesor del huracán Corina, amigo personal, coordinador jurídica y compañero de la causa por la libertad de Venezuela. Pero también han desaparecido Luis López, Jean Carlos Rivas, Juan Iriarte, Freddy Superlano, Biagio Pilieri y su hijo Jesús, y como todos ellos, cientos, miles de personas valientes que son arbitrariamente hechas presas de este régimen perdedor, que tiene como ministro de interior al narcotraficante Diosdado Cabello, buscado por EE.UU, cuya cabeza cuesta la nada despreciable cifra de diez millones de dólares. Pero aun así y con todo el viento en contra María Corina Machado no pierde la esperanza y junto a ella están la mayoría de los venezolanos, los que luchan desde dentro y los que desde fuera se hacen eco y desean volver a su país para volver a hacerlo grande.

España apesta como Maduro

Un mes después de las elecciones presidenciales, los países amigos del régimen han pasado de felicitar al dictador a querer mediar en una transición democrática. Colombia, Brasil, México…  empiezan a tomar posiciones distantes de esa izquierda venezolana, ya arruinada y apestada, y como si se les fuera a pegar la mugre exigen al narcodictador que entre en razón, que reconozca los resultados, que deje la violencia abierta en las calles, la arbitrariedad de las detenciones.

La ONU, Chile, Estados Unidos… Reconocen el fraude de Maduro y España, hermana mayor de Venezuela, se llena de vergüenza al no ser capaz de sostener, ni alentar, ni refrendar la voluntad del pueblo venezolano.

No logro entender si ese silencio gubernamental se debe a la torpeza de la izquierda, de toda la izquierda, o si es fruto de la complicidad que hay entre Nicolás y la pandilla de pusilánimes que nos gobiernan en este momento, con Rodriguez Zapatero a la cabeza.

A lo largo de los últimos diez años hemos sabido que ideólogos de izquierda comunista y socialista españoles han dado aliento y agitado el fuelle para que la narcodictadura de Venezuela siguiera adelante. De esas relaciones están nuestros tabloides llenos de portadas y los juzgados tienen alguna que otra “maleta” de documentos a la espera de diligencias.

Es terrible la complicidad de la izquierda en este asunto, patético el silencio de nuestros políticos progresistas, del gobierno entero que no sólo no sabe reconocer que ha perdido el comunismo, el socialismo venezolano, sino que carece de moral al no condenar la violencia que hoy sufre el pueblo venezolano.

Toca recordar a nuestros gobernantes que España es voz de toda Hispanoamérica en Europa y que, si se producen injusticias y se callan, si nadie dice nada, Europa guarda silencio, no se posiciona y la presión internacional sobre el dictador disminuye y no se verá obligado a deponer el poder, a trasladarlo a su legítimo dueño, el pueblo, representado en Edmundo González y pasará como ya pasó, que el dictador impondrá su voluntad a base de más violencia.

Al gobierno español se le está pegando la mugre, los aires de dictadura, la imagen de arbitrario y poco capaz. Menos mal que el gobierno pasa y que el pueblo español, el de bien, sigue un mes después invadiendo las redes con mensajes de apoyo a sus amigos, hermanos y familiares, pues entre los españoles podemos contar que cerca de medio millón son venezolanos y nosotros sí nos posicionamos, del lado de la verdad y la libertad de Venezuela.

Almudena González

El ACPM más caro es contra toda Colombia

Como si fuera un gran aporte a la producción nacional, al empleo y la reducción de la pobreza –en medio del astuto silencio de Gustavo Petro–, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que aumentará en seis mil pesos el galón de ACPM. Incrementos que se harían de a dos mil pesos, hasta, con descaro, ponerlo por encima del precio internacional –el de Estados Unidos–, cuando a Ecopetrol le cuesta bastante menos producirlo.

Así, harán más pobres a los sectores populares cuando compran una panela, un pan y una camisa o pagan un pasaje de bus y adquieren un ladrillo o lo que sea, al encarecerles todo. Porque el ACMP mueve la casi totalidad de la carga de Colombia y el transporte masivo de pasajeros, tanto urbano como intermunicipal.

 

Encarecer el ACPM les hace daño además a 108 de las 109 actividades que mide el Dane, es decir, a casi todos los negocios de todos los tipos y tamaños, perjudicando la creación de riqueza y empleo. Y, como es obvio, les dará un mazazo a los transportadores porque el diésel es entre el 31 y el 41 por ciento del costo operativo de camiones, buses y volquetas, sector en el que el 97 por ciento son propietarios de menos de tres vehículos. Y los pasajes en bus representan entre 10 y el 25 por ciento del gasto de las familias.

Con el encarecimiento del galón que pretende Petro –otra vez haciéndole caso al FMI–, el costo anual del ACPM pasará de 21 a 34 billones de pesos, lo que significa que otros 13 billones por combustibles saldrán del bolsillo de los colombianos y de los negocios urbanos y rurales.

El alza del ACPM también aumentará la inflación y, con ella, las tasas de interés de los créditos, golpeando, otra vez, no solo a las personas, sino también a la industria, el agro y todo, que así podrán competir menos con las importaciones que les hacen daño –acero y leche, por ejemplo– y hacer más difíciles o imposibles las exportaciones.

Imponer precios como si Colombia no fuera productora de petróleo, gasolina y ACPM y no existiera Ecopetrol, es un engaño y un abuso de Petro contra los colombianos y el progreso del país, grave error que no se subsana porque el gobierno –este o cualquiera, pero neoliberal– así engorde el presupuesto nacional para otros asuntos.

Muy equivocado, porque el ACPM y la gasolina deben ser los más baratos posibles, en beneficio de toda la economía y de todos los colombianos. Pero no en exceso –y esto no puede olvidarse–, que le impida a Ecopetrol prosperar y que no le aporte sumas significativas al presupuesto nacional, como ocurre en otros países productores de petróleo.

No es que Petro, la cúpula petrista y los neoliberales sean incapaces de entender estos argumentos, de evidente gana-gana para el país. Lo que ocurre es que prefieren golpear a Ecopetrol y dejarle al próximo gobierno, con toda irresponsabilidad, la olla raspada, en provecho de su caudillismo y sus clientelas. Y justificar su politiquería de falso ambientalismo, calculado para engañar a quienes no tienen la suficiente ilustración sobre el cambio climático y la correcta transición energética que debe hacerse.

Jorge Enrique Robledo

A 70 años del voto femenino en Colombia persisten los retos

El libro El país de las mujeres de la escritora nicaragüense Gioconda Belli es un relato que explora el rol de las mujeres en la sociedad y la política a través de una visión feminista y utópica. Belli imagina una sociedad en la que las mujeres toman el poder y desafían la estructura patriarcal tradicional. En una parte de su libro, menciona:

«La participación de las mujeres en el poder y en la construcción de una nueva sociedad no es un capricho, sino una necesidad para la transformación verdadera. Al asumir roles de liderazgo, las mujeres no solo llevan consigo su experiencia, sino también una visión renovada sobre la justicia, la igualdad y la convivencia. Es fundamental que las mujeres se ubiquen en el centro de la toma de decisiones para cambiar la estructura del poder que históricamente ha sido dominada por hombres. Las mujeres tienen una capacidad única para generar un cambio profundo y duradero, que transforme las estructuras sociales y políticas en algo más equitativo.»

 

Esta bella utopía que Belli plantea en su libro tuvo un hito destacado en Colombia el 25 de agosto de 1954, cuando la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el voto femenino, marcando un hito en la historia de la igualdad de género. Este evento emblemático condensó el valor de las luchas y sacrificios de las mujeres pioneras que allanaron el camino para la participación política de todas las colombianas. A 70 años de este logro histórico, es esencial reflexionar sobre los avances alcanzados, los desafíos persistentes y el crucial papel que seguimos desempeñando en la política y la sociedad.

Las primeras discusiones sobre el voto femenino en Colombia fueron impulsadas por mujeres valientes como la activista Ana Restrepo del Corral y la educadora y política María de los Ángeles González. El reconocimiento formal de este derecho fue el resultado de una batalla persistente en el ámbito político. El 25 de agosto de 1954, el Capitolio Nacional vivió uno de los debates más emocionantes al acoger y escuchar las voces de Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda. Estas dos mujeres, provenientes de distintas vertientes políticas, defendieron con firmeza la necesidad de aprobar el voto femenino. Su presencia en ese escenario político fue el resultado de más de una década de lucha feminista que, paradójicamente, coincidió con la dictadura del militar Gustavo Rojas Pinilla. En este trasegar de lucha es importante reconocer la lucha sufragista de María Currea Manrique, primera mujer electa como Concejala de Bogotá y que en su honor el edificio nuevo del cabildo distrital lleva su nombre.

Este derecho adquirido ha sido un proceso que, aunque ha enfrentado dificultades, ha logrado posicionar y llevar una agenda política orientada a la construcción del Estado y las políticas públicas en el país. Hasta el día de hoy, Colombia ha logrado avances significativos en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. La ratificación de tratados internacionales y la promulgación de leyes clave, como la Ley 1257 de 2008 y la Ley 1719 de 2014, han sido pasos importantes hacia la protección de los derechos de las mujeres y la garantía de una vida libre de violencia. Además, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011 y los Lineamientos de la Política Pública para la Equidad de Género de 2012 han consolidado un marco sólido para avanzar en igualdad de género.

Sin embargo, la plena aplicación de estas normas enfrenta desafíos persistentes. La violencia de género sigue siendo un grave problema. En el primer semestre de 2024, se han contabilizado 412 feminicidios. A pesar de que Colombia declaró una emergencia por violencia machista hace un año, las medidas adoptadas hasta ahora parecen insuficientes para salvaguardar a las mujeres en el país. Según la Procuraduría General de la Nación, cada 18 horas una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer, y la mayoría de los crímenes son cometidos por sus parejas o exparejas. Los departamentos con mayores índices de estos delitos son Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Bogotá y Atlántico.

En el ámbito de los derechos reproductivos, la reciente despenalización parcial del aborto en Colombia, que permite la interrupción del embarazo hasta las 24 semanas de gestación, ha sido un avance significativo en la garantía de derechos para las mujeres. Esta reforma, que surge como respuesta a años de movilización y demanda por parte de organizaciones feministas y de derechos humanos, representa un paso crucial hacia la autonomía reproductiva. No obstante, la implementación efectiva y el acceso equitativo a estos servicios siguen siendo desafíos importantes, especialmente en regiones más alejadas y en comunidades con recursos limitados.

Además, las mujeres que participan en la política y en movimientos sociales enfrentan una creciente violencia política. Esta violencia se manifiesta en agresiones físicas, amenazas y ataques verbales que buscan silenciar y desalentar su participación activa. Este fenómeno no solo limita la representación femenina en la esfera política, sino que también perpetúa un ambiente de hostilidad y exclusión. Adicionalmente, la violencia derivada del conflicto armado sigue afectando desproporcionadamente a las mujeres, especialmente a aquellas pertenecientes a grupos étnicos indígenas y afrocolombianos. A pesar de los esfuerzos para incluir un enfoque de género en el acuerdo de paz de 2016, la implementación completa de los indicadores de género sigue siendo un desafío.

En términos de participación política, hemos visto avances, logrando un 29,2% de representación en el Congreso para el período 2022-2026, en el caso particular del Senado la distribución de las mujeres por partido político, la mayor cantidad y mayor proporción de mujeres hace parte del Pacto Histórico, que obtuvo en total 20 curules, de las cuales 10 son mujeres,. Este porcentaje es un testimonio de la creciente influencia femenina en el ámbito legislativo. Sin embargo, a nivel territorial, la representación femenina sigue siendo baja: solo el 17,5% en Asambleas Departamentales y el 12% en alcaldías. Esta representación desigual refleja las barreras estructurales y culturales que continúan limitando la participación efectiva de las mujeres en la política, y subraya la necesidad de implementar acciones como las listas paritarias para todos los cargos de elección popular, como lo han propuesto varias fuerzas políticas y que el Pacto Histórico hizo realidad en las últimas elecciones.

Uno de los retos más significativos que enfrentamos es la ausencia de una mujer en la presidencia de Colombia. A pesar de los avances logrados, la falta de una presidenta representa una brecha importante en la igualdad de género en el más alto nivel de poder político. La elección de una mujer presidenta no solo simbolizaría un avance crucial hacia la equidad de género, sino que también podría traer consigo una serie de beneficios transformadores. Una presidenta podría influir directamente en la formulación de políticas públicas con un enfoque más inclusivo y equitativo, y podría servir como un poderoso modelo a seguir para futuras generaciones de mujeres en Colombia.

En este aniversario, es crucial que celebremos los logros y reconocimientos obtenidos, pero también debemos abordar con firmeza los desafíos que enfrentamos. Las mujeres hemos demostrado ser agentes de cambio fundamentales en la política colombiana, impulsando transformaciones y leyes que han mejorado la vida de muchas personas. Es necesario que nuestra voz sea escuchada en todos los ámbitos del país y que se tomen medidas concretas para superar las barreras que aún nos limitan. La igualdad de género no debe ser un objetivo lejano, sino una realidad cotidiana en todos los aspectos de la vida colombiana. En estos 70 años del voto femenino en Colombia, celebramos los avances logrados, pero también debemos enfrentar los desafíos persistentes con determinación y compromiso.

Quena Ribadeneira

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad por primera vez  en Colombia

Por primera vez, Colombia recibirá a líderes de todo el mundo para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP16: 2024, el espacio de discusión y negociación más importante del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, que por años se ha realizado en países como Alemania, Polonia, Argentina y Marruecos, esta vez se llevará a cabo en Cali – Valle del Cauca.

Este es un logro significativo para el país, resultado del trabajo del Gobierno del Cambio en la preservación y conservación de la biodiversidad, es una oportunidad histórica para visibilizar los esfuerzos en torno a la protección de la naturaleza e impulsar desde nuestro territorio la agenda climática global, con el objetivo de cumplir los compromisos del Marco Mundial de Biodiversidad adoptado en la COP15. 

 

Por ello, el Presidente ha puesto en marcha una iniciativa significativa para asegurar el éxito de la conferencia mediante la directiva presidencial «Gobernanza para la organización de la Decimosexta reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica – COP16». Esta directiva tiene como objetivo formalizar el trabajo del comité organizador y coordinar los esfuerzos necesarios para garantizar una planificación integral y la efectividad del evento.

Además, a  través de diversos Ministerios, se han implementado medidas para garantizar que todos los aspectos del evento estén debidamente atendidos. En particular, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se están llevando a cabo acciones específicas para facilitar los trámites migratorios de más de 5 mil personas que asistirán a la conferencia.

En cuanto a la seguridad, el Ministerio de Defensa presentó el 27 de agosto ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes la estrategia para salvaguardar la seguridad de la COP16, que se llevará a cabo entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre del presente año. En atención al control político al que fue citado, el Ministro Iván Velásquez  destacó que más de 11 mil uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional estarán a cargo de la seguridad de los más de 18 mil asistentes.

En términos de capacidades tecnológicas desplegadas, el Ministro manifestó que se instalarán 1.540 cámaras de seguridad, se utilizarán 12 drones y estarán en funcionamiento 3 equipos especiales SWAT, conformados por 120 policías. Estos recursos vigilarán la ciudad las 24 horas, reforzando  así la presencia de las Fuerzas Militares y la Policía en la capital vallecaucana. Además, se estima que habrá 4 mil uniformados adicionales en las áreas urbanas y 1.600 soldados desplegados en las zonas rurales para garantizar una cobertura integral y efectiva en todo el territorio.

Durante el debate de control político, quedó demostrado que el gobierno y el Ministerio de Defensa han llevado a cabo un trabajo impecable para garantizar la seguridad durante la COP16. Se han implementado medidas preventivas para enfrentar cualquier eventualidad que pudiera alterar el normal desarrollo del evento en el país, un logro se atribuye al presidente de la República, quien eligió a Cali, la capital del Pacífico colombiano, con el objetivo de mostrar la belleza del país y de sanar heridas históricas. La intención es sellar un pacto social y atraer la atención mundial hacia el Pacífico, sus regiones y los conflictos que las han afectado.

Alejandro Toro

Las drogas no son “progresismo”

En los últimos tiempos nos han querido vender la historia de que las drogas no son un veneno, que no destruyen vidas, que llevan a la felicidad y otra sarta de falsedades. Hay quienes incluso se atreven a decir que representan “progresismo”, el siglo XXI, el libre albedrio y la garantía de derechos. 

Sin embargo, y ante todas estas falacias que nos han querido imponer en la sociedad, debemos reaccionar con contundencia y proteger a los niños, niñas y adolescentes, quienes son los que mayores riesgos corren. Tenemos a un gobierno nacional que es permisivo, en el que lo malo es bueno y lo bueno es malo. A través de este tipo de discursos se engaña a diario a cientos de personas, incluso por medio de la televisión pública.

 

Tan es así que las cifras no mienten y lo llevo al plano de Bogotá. Aquí tenemos alarmantes casos de menores de edad afectados por las drogas y el alcohol. Como consecuencia hay hogares destruidos, en búsqueda de ayuda y luchando por rescatar a esos seres queridos que han caído en estos venenos.

La ciudadanía debe saber que entre el 2020 y lo que llevamos de este 2024 se han registrado 10.686 atenciones a menores de edad en servicios de salud del distrito por trastornos relacionados con consumo de sustancias psicoactivas. Localidades como Kennedy, Puente Aranda, Bosa, y Fontibón son las que reportan mayor número de casos. 

Recientemente conocí el testimonio de una madre que lucha por sacar a sus dos hijos del abismo de la drogadicción, pues en un abrir y cerrar de ojos fueron envueltos por supuestos amigos que los sumergieron en ese mundo.

Y es que en la capital del país los jóvenes entre los 14 y los 17 años son los que reciben el mayor número de atenciones por consumo de drogas o alcohol. Ante esta realidad, que no se puede tapar o esconder, insisto en que en los entornos escolares se deben brindar garantías. El Distrito tiene la enorme responsabilidad de enfrentar a los jíbaros, de mejorar la seguridad en este tipo de espacios y de brindar jornadas de sensibilización. 

Sin embargo, siento gran preocupación al constatar la falta de voluntad y desidia que muestra una secretaría como la de Educación a la hora de incorporar programas pedagógicos. No han querido sacar adelante una Semana de Prevención al Consumo, a diferencia de otras entidades que sí tienen las ganas y reconocen la problemática que tenemos. Tampoco asisten a las mesas de trabajo que se les convoca para hablar de estos asuntos.

No se trata de un capricho, hay es que aceptar la realidad. En Bogotá hay menores de cinco años de edad que deben ser atendidos por consumo de alcohol, las subredes de salud reportan 1.483 atenciones de este tipo en los últimos cinco años. Es escandaloso.

Recientemente, desde el Distrito anunciaron el programa “Entornos Escolares Inspiradores”, pues bien, yo los invito a que prioricen los temas de consumo de drogas y alcohol que precisamente son cada vez más frecuente en esos espacios. Hay que ponerse la camiseta, ya que el gobierno que dice ser del cambio no tiene el más mínimo interés en afrontar este problema.

Andrés Barrios Bernal

Un llamado a la coherencia y al respeto si queremos construir paz

En el delicado proceso de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las recientes declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y del comandante Antonio García del ELN han generado preocupaciones legítimas sobre la dirección de las negociaciones. Si bien es comprensible que existan diferencias en un proceso tan complejo, las posturas públicas de ambos líderes parecen estar contribuyendo a la erosión de la confianza mutua y al estancamiento de las conversaciones. Siguen pesando más las posiciones que el interés en respetar el anhelo de paz del pueblo colombiano y avanzar en el proceso.

Otty Patiño, en su calidad de Alto Comisionado para la Paz, tiene la responsabilidad de liderar un proceso que aspire a ser inclusivo y que busque soluciones duraderas a un conflicto que ha dejado una profunda huella en Colombia. Sin embargo, sus declaraciones recientes, que en ocasiones han mostrado una rigidez y una falta de empatía hacia las posiciones del ELN, han sido motivo de preocupación. La paz no se puede construir desde la confrontación verbal ni desde la imposición unilateral de condiciones, sino desde el reconocimiento de la legitimidad de las preocupaciones del otro y desde la búsqueda de puntos comunes, no solo con la contraparte, sino con las víctimas que este conflicto sigue produciendo.

 

Patiño, al no mostrar la flexibilidad necesaria para entender las raíces históricas y sociales del conflicto con el ELN, corre el riesgo de entorpecer un proceso que requiere sensibilidad y una disposición genuina para escuchar. Es fundamental que el Alto Comisionado se enfoque en fortalecer los canales de diálogo, en lugar de cerrar puertas con discursos que alimentan la desconfianza. La mayor responsabilidad de recomponer los diálogos le corresponde al Estado colombiano en cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, y no al grupo guerrillero que claramente se declara en rebeldía y desarrolla acciones que infringen el Derecho Internacional Humanitario, y que en ocasiones se pueden calificar, por su forma e impacto, como terroristas.

Por su parte, Antonio García, uno de los líderes más visibles del ELN, ha mantenido un discurso que, si bien puede reflejar la frustración acumulada por décadas de lucha armada, también parece estar más orientado a justificar la continuidad del conflicto que a encontrar una salida pacífica. Por supuesto que en Colombia hay injusticias, que nuestra democracia es imperfecta, que la soberanía popular no se hace efectiva, que la corrupción carcome nuestras instituciones, pero se debe avanzar en un proceso que nos entregue acuerdos para ser cumplidos a corto, mediano y largo plazo, a la par que se desactiva la confrontación armada, que evidentemente aporta una gran cuota al estado de cosas injustas. Su postura rígida, que a menudo critica sin ofrecer alternativas viables, amenaza con mantener al país en un ciclo interminable de violencia.

La Sociedad, el ELN, al igual que el gobierno, debe reconocer que el diálogo es el único camino hacia una paz real. Persistir en una estrategia de confrontación armada y verbal no solo prolonga el sufrimiento, sino que también desvía la atención de los logros ya alcanzados en las mesas de negociación. García tiene la oportunidad de ser un líder que contribuya a un cambio histórico, pero para ello debe abandonar la retórica que perpetúa la desconfianza y empezar a construir puentes, con todos los sectores sociales, incluido el empresariado, que nos lleven hacia una reconciliación verdadera.

A pesar de las diferencias y las dificultades inherentes al proceso de paz, es crucial que tanto el gobierno como el ELN reconozcan los avances logrados hasta ahora y trabajen para superarlos. Los logros obtenidos no son insignificantes y representan pasos importantes hacia la paz y la reconciliación del país. Sin embargo, estos avances pueden verse amenazados si las partes continúan con un discurso de confrontación y descalificación mutua.

Es en este contexto que la sociedad civil colombiana debe levantar su voz. No podemos permitir que el proceso de paz se vea truncado por la falta de voluntad o por la obstinación de sus líderes. La sociedad civil tiene el poder y el deber de exigir avances concretos, de demandar respeto a la vida y a las opiniones de todos los colombianos, de exigir el cumplimiento de los acuerdos hasta ahora pactados, en especial el primer punto de la agenda sobre participación de la sociedad y de promover un diálogo que verdaderamente aspire a poner fin a décadas de conflicto.

La paz en Colombia no es solo responsabilidad de los actores armados o del gobierno; es un esfuerzo colectivo que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Es el momento de que la sociedad civil se movilice para exigir que se respeten los acuerdos alcanzados, que se avance en las negociaciones y que se ponga en el centro del debate el respeto por la vida y por las opiniones diversas. La Semana por la Paz número 37, que se celebrará durante el mes de septiembre, llama al diálogo y a la unidad para avanzar en la construcción de un nuevo país, llamado que todos y todas debemos escuchar.

Luis Emil Sanabria D.

Un Gobierno intransigente: La sombra sobre el sector transportador colombiano

Desde la UTIPEC, mantenemos nuestro compromiso de no obstrucción y de respeto a los derechos de todos. Hoy, más que nunca, sentimos la profunda preocupación que embarga al sector transportador colombiano ante la inflexible decisión gubernamental de incrementar el precio del ACPM.

Contrario a las afirmaciones del Ministerio de Hacienda, este aumento, que afecta un costo esencial en todas las actividades productivas del país, tendrá repercusiones inflacionarias, socavará la competitividad de la producción nacional y reducirá la demanda de transporte de carga. Este escenario pone en peligro la supervivencia de numerosos pequeños y medianos transportadores en Colombia.

 

Aunque es posible debatir sobre la pertinencia de los subsidios en este combustible, lo cierto es que el principal objetivo del gobierno no parece ser la estabilidad económica. En cambio, su interés radica en aumentar la capacidad de recaudo, financiando iniciativas mal gestionadas, muchas de ellas marcadas por escándalos de corrupción que el país ya conoce bien.

Está claro que esta medida no tiene un propósito social, sino que busca asfixiar al sector privado, un sector que genera riqueza, empleo, y sostenibilidad en el tiempo. Es una maniobra recurrente en los regímenes socialistas del siglo XXI, que han llevado a la pobreza a varias naciones vecinas.

Por todas estas razones, los trabajadores de la industria petrolera colombiana expresamos nuestra solidaridad con el legítimo reclamo de los empresarios y trabajadores del sector transportador. Nos unimos a su voz, haciendo un llamado a la sociedad a no caer en la trampa del divisionismo ni en la lucha de clases que el gobierno pretende imponer, simplificando el debate al señalar esta causa como exclusiva de un sector privilegiado.

Al mismo tiempo, instamos a los líderes transportadores a que sus protestas legítimas se desarrollen con un respeto absoluto por los derechos de todos los colombianos, evitando convertirse en herramientas que sirvan a los propósitos del gobierno de profundizar las divisiones internas y desencadenar efectos irreversibles en nuestra economía.

En cualquier caso, es claro que el único responsable de las consecuencias adversas que podamos enfrentar como sociedad es el propio gobierno, que parece decidido a agravar la situación hora tras hora.

Alejandro Ospina

¡Por fin!

Despertó gran expectativa el anuncio por parte del Presidente de la República Gustavo Petro, desde San Basilio del Palenque, el pasado 23 de los corrientes, de una alocución por los canales de televisión, grabada en un barrio estrato 2 de la ciudad de Cartagena, en la cual, según explicó, se referiría a “lo que va a suceder con las tarifas de energía eléctrica”.

Pero, cuál sería nuestra sorpresa cuando pudimos constatar que en su intervención no fue más allá de lo que ha venido manifestando, atribuyéndole las altas tarifas y las desproporcionadas alzas de las mismas al hecho de que “unas pocas empresas en manos de unos pocos pueden fijar precios que benefician sus propios intereses y no los de la gente”. Sin mencionar la fuente, arremetió contra las empresas generadoras y afirmó que a los generadores de energía les cuesta el kilovatio $1.000 y lo “puede vender, digamos a $5.000, entonces se gana $4.000”. Con razón en días pasados, espetó en una declaración a los medios que “Pablo Escobar palidecería de la rentabilidad de ese negocio”. Nos quedamos sin saber “lo que va a suceder con las tarifas de energía eléctrica”.

 

Pero lo que causó más asombro entre los entendidos fue su afirmación, en medio de su confusión entre los costos, los precios y las tarifas de la energía, en el sentido que “Colombia es el único país de Latinoamérica en donde el Estado no regula el costo de la energía”. Lo cierto es que el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos lo pueden prestar “el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares” y enfatiza en que “el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia”. Este precepto fue desarrollado por la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, creando las comisiones de regulación para tal efecto.

De no existir la regulación en Colombia no se entendería la Resolución 701 063 que acaba de expedir la Comisión de regulación de energía y gas (CREG), fechada el 29 de los corrientes, “por la cual se adoptan ajustes regulatorios para la reducción de las tarifas de energía eléctrica para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del SIN”. Y la expidió “en ejercicio de las atribuciones legales” que le han sido conferidas por la Ley.

La Resolución tiene como objetivo fundamental regular el traslado de los beneficios a los usuarios, resultantes de la financiación para el pago de los saldos de opción tarifaria e incentivar la renegociación de los contratos bilaterales de energía con destino al mercado regulado. De esta manera se habilita el acceso de las empresas comercializadoras a recursos de crédito con tasa de interés compensada dispuesta por FINDETER. Se trata de que se ajuste la fórmula tarifaria de tal suerte que esta refleje tal beneficio y se ajusta también la tasa de interés para aplicable.

Pero, como la Nación debe honrar su compromiso de asumir la deuda de la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3, que asciende a los $2.8 billones aproximadamente, se deberán dar los pasos conducentes al reintegro de dicho monto a las comercializadoras, para que estas dejen de cobrársela al usuario. Como lo ha anunciado el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el Gobierno presentará próximamente al Congreso para su aprobación el proyecto que lo faculte para que disponiendo del recurso apropiado se le pueda condonar la deuda con FINDETER que están contrayendo las comercializadoras.

Con respecto a la renegociación de los contratos bilaterales de energía, esta es de carácter voluntario ya que se “buscará” su modificación en procura de una rebaja del precio pactado y hasta ahora solo 3 generadores (EEPPP, ISAGEN y CELCIA) han mostrado su disposición a un descuento temporal del 10%, al cual deberá aplicársele  el 35% que representa el cargo por generación (G) en la fórmula tarifaria (CU = G + T + D + C + PR + R), razón por la cual su impacto en la tarifa al usuario final será muy limitado. Esta medida reedita la que dio lugar en el 2022 al decepcionante Pacto por la Justicia tarifaria, el cual se tradujo en una pírrica baja del 2.8%, frente a un  alza promedio a nivel nacional del 24% y en la región Caribe por encima del 40%.

Otro aspecto que contempla esta Resolución es el atinente al indexador que se aplica en los contratos entre generadores y comercializadores, que en el pasado contribuyó y de qué manera a la espiral alcista de las tarifas, toda vez que el Índice de precios al Productor (IPP), que era el utilizado, se disparó pasando de 4.7% entre los años 2018 y 2019 al 33.25% en 2022. Se trata, entonces, de llegar a una fórmula intermedia para su redefinición, el cual, según reza la Resolución “podrá” ser usado en lo sucesivo.

En plata blanca con esta Resolución lo único seguro sería la rebaja atribuible a lo que paga el usuario por concepto de la deuda de la opción tarifaria, que oscila entre el 5% y el 20%. Ello, frente a un incremento del 32% de la tarifa entre junio de 2023 y junio de 2024. Lo demás está condicionado al “podrá” del indexador y el acuerdo entre las partes (distribuidoras y generadoras), que es voluntario. 

Finalmente, tenemos que decir que resulta inexplicable e insólito que teniendo en sus manos a la CREG con su poder regulatorio, hayamos tenido que esperar dos años para que ella actúe, debido a su inoperancia e interinidad, a la falta de quorum, por el empecinamiento del Gobierno de no nombrar en propiedad a los 6 expertos comisionados de la CREG, a pesar de los requerimientos de la Procuraduría y la orden impartida por el Consejo de Estado y el Tribunal contencioso administrativo de Cundinamarca, en donde cursa en este momento un incidente de desacato contra el Presidente de la República y el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho.  

Amylkar Acosta

Ahora si Escazú

Sucedió el 10 de diciembre del 2019, hace casi 4 años y 8 meses. El entonces y liviano Presidente Ivan Duque, a la salida de una pomposamente instalada Mesa Ambiental en medio del Paro Nacional de finales de ese año, prometió que Colombia suscribiría el Acuerdo de Escazú, “se conversa y se actúa”, remató con tono de mandatario en la respectiva rueda de prensa en Palacio. 

La firma del Escazú había sido uno de los reclamos del movimiento ambiental en las masivas y multicolores protestas en todo el país, y Duque, después de responder violentamente con la fuerza pública a los manifestantes había convocado a una “Conversación Nacional” para atender los reclamos.

 

La operación tortuga desplegada por la retrograda derecha en el Congreso de la República contra Escazú, tenía el inocultable propósito de convertirla en un enorme conejo por parte del anterior Presidente.

En efecto, luego del anuncio en medio del paro del 19 y calmadas las aguas, el Gobierno Duque radicó, después del inicio de la legislatura del 20 de julio del 2020, en el Congreso de la República el proyecto de ley para la ratificación del Acuerdo de Escazú, luego de reiteradas solicitudes de organizaciones ambientalistas de Colombia y el continente, congresistas alternativos y organismos internacionales. Pero el Gobierno lo dejó morir deliberadamente, mientras sus congresistas desplegaron todo tipo de artimañas para que se ahogara sin que se surtiera ningún debate del mismo.

La presión del movimiento ambiental que reiteró esta demanda en el estallido social del 2021 y las solicitudes de sectores académicos y comunidad internacional obligó a que Duque presentara de nuevo el Proyecto ante el Congreso en octubre de ese año. Pero de nuevo, la coalición duque/uribista le puso de nuevo freno de mano al proyecto para repetir su hundimiento. 

Duque y sus aliados no tuvieron éxito. Los ponentes en representación de las fuerzas alternativas y progresistas Iván Cepeda, Feliciano Valencia y yo radicamos la pronuncia positiva desde febrero del 2022 y debimos hacer uso del estatuto de oposición para obligar a la mesa directiva de la Comisión Segunda del Senado para agendar su debate y oposición. Aun así, los opositores a Escazú se ausentaron tratando infructuosamente de romper el Quorum. El Acuerdo de Escazú pudo sortear las maniobras del uribismo y lograr su aprobación en primero y segundo debate en el periodo que culminó en julio del 2022. Ello permitió que el gobierno del Presidente Petro y las nuevas mayorías del Congreso de la República culminaran rápidamente y sin mayor dificultad su tramite, logrando su aprobación definitiva en octubre del 2022. Sin embargo, debimos esperar dos largos años más para que la Corte Constitucional, como ocurre con todo tratado internacional, ratificara esta semana que pasó su aprobación e incorporación a nuestra Constitución Política, convirtiendo a Colombia en el catorceavo de 33 países que deben hacerlo.

La importancia de Escazú radica no solo en que sea el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, sino que además es el único en el mundo que contiene disposiciones específicas que obligan a los Estados en la protección de la vida y la actividad de los líderes ambientales.

En especial para Colombia calificado como el país de mayor riesgo para quienes ejercen un liderazgo en defensa de la naturaleza y la vida. “Colombia es el mayor cementerio mundial de defensores de la tierra” tituló con dolorosas cifras el País de Madrid el 13 de septiembre del 2023.

Escazú, cuyo nombre del tratado se lo debemos a la población costarricense del mismo nombre en la que los Estados latinoamericanos suscribieron su acuerdo de creación el 4 de marzo del 2018, tiene como propósitos la garantía y compromiso de los países que lo ratifiquen al acceso a la información de la ciudadanía y la participación pública de la misma en la toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia en asuntos que impliquen afectaciones a la vida y el ambiente, y como ya se ha dicho, proteger  efectivamente la vida de quienes defienden estas causas.

Vendrá ahora una tarea de implementación de las disposiciones emanadas de este Acuerdo. El compromiso del Gobierno y el Estado será posible si hay una sociedad movilizada que ponga la vida y el planeta por encima de cualquier otra consideración. Es la única garantía de evitar las pretendidas trampas de los negacionistas de derecha.

Antonio Sanguino

Carta abierta al artículo: Educar hijos en casa

Carta abierta al artículo: Educar hijos en casa sin que vayan al colegio, una conversación y regulación pendiente por Paula Casas Mogollón para el periódico El Espectador.

En el artículo, se abordan temas fundamentales sobre la educación en casa, una práctica que está en auge en muchas partes del mundo y que, sin duda, genera un debate necesario en Colombia. Sin embargo, es crucial matizar la conversación con argumentos que reflejen la diversidad de opiniones y la realidad de quienes optan por educar a sus hijos en casa.

 

El homeschooling, en su esencia, no es un rechazo a la educación formal, sino una alternativa consciente y legítima que busca lo mejor para el desarrollo integral de los niños, bajo los principios y valores de cada familia.

Es importante diferenciar entre la educación en casa y otras modalidades, como la educación virtual, que sí requieren de un marco regulatorio más estricto, especialmente en niveles de primaria, básica y media, debido a las dificultades inherentes en la supervisión de estos programas y la calidad de los mismos.

En lugar de imponer más restricciones al homeschooling, sería más pertinente centrarse en garantizar que las opciones de educación virtual en Colombia estén bien reguladas, asegurando la calidad de la enseñanza y el bienestar de los estudiantes. De esta manera, podemos ofrecer a las familias la libertad de elegir la modalidad educativa que mejor se adapte a sus necesidades, sin comprometer la educación de los niños.

La educación es un derecho fundamental, pero también debe ser un espacio de libertad. Regular el homeschooling como si fuera una amenaza es un enfoque que no reconoce la realidad de quienes lo practican de manera admirable. Por el contrario, centremos nuestra energía de transformación de la realidad educativa del país en mejorar y regular aquellas áreas de la educación que realmente lo necesitan.

Además, es preocupante cómo el artículo confunde conceptos clave y sugiere un enfoque que podría quitar derechos a las familias. Mientras tanto, cientos de niños, niñas y adolescentes que sí necesitan ser escolarizados no pueden acceder a una educación de calidad debido a la falta de regulación en la educación virtual. La prioridad debería ser garantizar que estos estudiantes no queden desatendidos por la ausencia de normativas que aseguren su derecho a una educación adecuada.

Alexandra Parra

Pedagoga

Y ¿a dónde quedaron las enseñanzas de la pandemia?

Pareciera que nunca hubiera ocurrido y, sin embargo, sí que pasó.  La pandemia por Covid-19, no solo dejó más de 140 mil compatriotas fallecidos, sino que aún vemos sus consecuencias en múltiples dimensiones de nuestra realidad cotidiana, por ejemplo, en la recuperación de las coberturas de vacunación del Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI) o, el menor crecimiento económico del 80% de los países en la Tierra, comparado con el periodo pre-pandémico, según lo ha dicho el Banco Mundial.

Casi como un síndrome postraumático, nos resistimos a recordar aquellos días aciagos, de encierro, incertidumbre, miedo y desesperanza. Pero, lo queramos o no, es necesario aprender y recordar algunas lecciones de ese episodio de nuestra historia reciente, máxime cuando aparecen brotes infectocontagiosos como el actual por MPox —antes, conocida como viruela símica—, declarado en semanas recientes, como emergencia de salud pública de importancia internacional.

 

Pero, ¿qué tipo de lecciones de la pandemia son las que debemos tener presentes, más allá del coloquial uso o no del tapabocas? —recuerdo con cierta jocosidad la obsesión que llegamos a tener sobre su obligatoriedad por esos momentos en los que estuve en el Gobierno Nacional participando en la regulación del tema—. Bueno, una de las más importantes es que la globalización es un hecho inexorable, que interconecta a los seres humanos más que nunca y dificulta aún más la tarea de lograr la contención de brotes epidémicos.  Hagamos una suerte de comparación rápida sobre el cierre de fronteras durante el Covid, en donde creo que, como sucede en casi todo en la vida, los extremos siempre terminan siendo perjudiciales. Mientras que hubo países con una política de frontera abiertas desde muy temprano como Estados Unidos, aún estando en una fase de crecimiento de casos muy acelerada, hubo otros que tomaron la postura de “Covid cero,” como China.

Para el caso de Estados Unidos, las consecuencias fueron muy severas en número de casos y muertes, provocando el desborde de servicios de salud en ciudades como Nueva York.  Por el otro lado, la política de China también provocó el desborde la capacidad hospitalaria pero casi dos años después; mientras que el resto de la población mundial tenía un alto grado de inmunidad natural —porque “les dio Covid” — o por la masiva vacunación, en ese país, ni lo uno, ni lo otro, así que cuando el Covid terminó retornando al país en donde comenzó —paradójico ¿no? — y fue evidente el fracaso de dicha política, existía una enorme población en la cual el virus pudo diseminarse.  Para hacer la situación todavía más compleja, el brote tardío de China generó millones de replicaciones virales que pudieron terminar en alguna de las famosas variantes que agregaban complejidad al abordaje de la enfermedad.  Finalmente, éste último episodio del gigante asiático, cerró sus enormes y estratégicos puertos, causando traumatismos en la economía global, justamente cuando el mundo comenzaba a consolidar una leve recuperación.

Entonces, ¿cuál fue la verdadera lección de todo esto? La respuesta —como casi todo en salud— es un poco compleja. De una parte, es necesario reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica y respuesta ante epidemias locales que deben tratarse de contener de manera inmediata; por el otro, debe mejorar la coordinación de una respuesta internacional ante aquellos que se van a salir de ese primer momento, a ejemplo el de MPox que estamos viviendo.  En otras palabras, tenemos que prepararnos para los dos escenarios, uno donde sea imperativo el control oportuno, muy exhaustivo y una repuesta dura local —como sucede en los brotes de Ébola— y, otro, donde sabemos que las medidas domésticas no serán suficientes y nos preparemos para la internacionalización de la epidemia.

¡Ojo! El segundo escenario no significa no hacer nada, todo lo contrario.  Implica afinar y reforzar la vigilancia epidemiológica, entrenar y reentrenar al personal de salud y hacer mucha, pero mucha comunicación del riesgo, entre otros. Como me gusta la Historia, quiero hacer un símil a uno de los momentos más decisivos de la Segunda Guerra Mundial, el día D. Los alemanes sabían que la creación de un segundo frente por Europa occidental era inminente —una invasión anfibia—, lo que no sabían era, desde dónde llegaría, así que afinaron su red de espionaje y cayeron “redonditos” en la trampa de los aliados —por fortuna—, quienes les hicieron pensar que ésta se daría por el Paso de Calais y no en Normandía, donde finalmente ocurrió —valga decir que esto no quiere decir que la tuvieran fácil los aliados, pues sigue siendo el desembarco anfibio más grande de la historia y uno de los más sangrientos—.  Utilizando, pues, este ejemplo, debemos afinar nuestra red de inteligencia en salud —los sistemas de vigilancia epidemiológica— y colocar todas las baterías antiaéreas y fuerzas —instituciones prestadoras de salud, tecnologías, medicamentos, vacunas, talento humano— lo más estratégicamente posible para cuando llegue el “enemigo” —virus, bacteria, hongo—.

Ahora bien, existe otra gran lección que, al parecer; no la hemos aprendido del todo bien: la responsabilidad con nosotros mismos —autocuidado— y con los demás.  Para salirnos del trillado tema —aunque, no menor— del tapabocas, aventurémonos al terreno de la conducta humana, esta vez, en lo relacionado al brote presente de dengue —el más grande en la historia de las Américas—. En los países tropicales, es virtualmente imposible eliminar el zancudo transmisor pues, al final, estamos rodeados de selvas y bosques; sin embargo, algo que sí podemos hacer, es modular su reproducción en los sitios cercanos a donde vivimos.  En mis visitas a campo con nuestros equipos comunitarios —hemos hecho más de 14 mil inspecciones a hogares, una cifra que no deja de sorprenderme y por la cual me siento muy orgullo de los funcionarios de la Secretaría Distrital de Salud de Cali—, he presenciado en una gran proporción de ellos, la existencia de recipientes con agua almacenada y o estancada en patios, lavaderos, baldes, materas, etc., a pesar del trabajo de pedagogía que se ha hecho desde hace décadas para evitar que esto suceda.  Las razones para que siga pasando son múltiples y enredadas —sociológicas, socioeconómicas, culturales, en fin—, pero llegamos al mismo punto: el cuidado y la responsabilidad con nosotros mismos, las personas que viven en ese hogar y los que nos rodean.

Con el cambio climático, la mayor demanda y producción agropecuaria, y la globalización como catalizadores de más infecciones zoonóticas y humanas, los ciclos entre pandemias serán, con seguridad, más cortos. Si no logramos transformarnos, veremos mucho sufrimiento traducido en carga de la enfermedad, muertes, inestabilidad socioeconómica y política, hambre.  Queda en todos poderlo hacer. Desde los gobiernos, con mayores capacidades institucionales de sus sistemas sanitarios, portuarios y de protección social; desde las personas, con el cambio de los comportamientos propios, enfocados en la responsabilidad que nos asiste hacia nuestra vida y la de los demás; y desde la academia, con conocimiento útil para la toma de decisiones informadas.

Germán Escobar Morales

La Jurisdicción Agraria: un paso firme hacia la paz

Se radicó el proyecto de ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria, “por medio del cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”. Primero se aprobó el Acto Legislativo que crea la Jurisdicción Agraria y el Acto Legislativo que reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional.

Este esfuerzo legislativo de los últimos dos años abre un horizonte de esperanza para la implementación integral del punto 1 del Acuerdo de Paz. Al Acuerdo sus finanzas le fueron saqueadas (12 billones de las Regalías OCAD-PAZ). Este gobierno y la voluntad política de nuestra bancada abren una ventana de oportunidad para solucionar el problema agrario como la causa estructural del conflicto social y armado. Se trata de un anhelo de más de 90 años para llevar justicia al campo.

 

Es que hablamos del derecho a una justicia agraria pero también del derecho a una vida digna para la población campesina. Con este proyecto se dan herramientas judiciales, el campesino va obtener justicia en su lucha por el derecho a la tierra, a la semilla, y a la vida digna en sus territorios. Es justicia social en un país que le ha dado la espalda al campesinado, generando ciclos de guerras que han afectado a millones de familias campesinas, y a comunidades que habitan la ruralidad como son los pueblos étnicos.

En medio del escándalo por los 12 billones robados de las Regalías OCAD Paz en el Gobierno Duque, en el Gobierno del Cambio hay muchos avances que hoy celebramos. Hacer justicia con el campesinado históricamente excluido es motivo de celebración. Esta ley por fin dispone de una institucionalidad judicial para la población rural y poder resolver conflictos agrarios de manera pacífica y desde la legalidad.

La jurisdicción agraria va a garantizar entonces el derecho de acceder de manera rápida y ágil a la justicia, un paso hacia la modernización del campo colombiano. ¡Jueces Agrarios para el campesinado es cumplir el Acuerdo de Paz!

Pedro Baracutao

Semana Por La Paz

El pasado jueves 22 de agosto nos reunimos en el centro de memoria paz y reconciliación de Bogotá 36 organizaciones, y más de 600 activistas defensores y defensoras de los derechos humanos que le apuestan al mandato por La Paz.

Un trabajo que se ha hecho tejido en Red con las comunidades y con cientas instituciones cumple ya 37 años. Lo que empezó siendo una semana ahora desborda el mes de septiembre con cientos de actividades a lo largo de todo el territorio. Resulta muy interesante ver cómo el enfoque diferencial se toma la semana por la paz y dentro de las actividades las diferentes poblaciones impulsan su presencia.

 

Desde el canto inocente del coro de los hijas e hijos de La Paz, obras de teatro, rituales de armonización, conferencias, cine foros, canelazos y ollas comunitarias son las actividades que construyen la agenda de esta semana por La Paz. Una semana que inició con el firme propósito de promover y visibilizar los esfuerzos por firmar La Paz y la dejación de las armas, así como desmotivar la participación en el conflicto armado.

La Paz simbolizada en una palomita se ha trasformado en miles de voces que juntas continúan trabajando por la promoción y cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país. Las y los firmantes de paz, comprometidos con este proceso expondrán sus proyectos productivos en una gran feria en la plaza de Bolivar alrededor de un concierto el 20 y 21 de septiembre con grandes artistas de todo el país, y un gran arropamiento al palacio de justicia.

Una mujer negra mayora menudita es la promotora de este acto, ella se llama Virgelina Chara, que con toda la fuerza de su voz canta y cose la memoria de las y los que no pueden quedar en el olvido.  No podemos olvidar que pasó en el Palacio de Justicia, no puede quedar en el olvido que este país ha crecido y avanzado hacia un cambio y ha costado muchas vidas.

La guerra tiene sus estrategias, pero La Paz es el camino. Dar a conocer estas historias permite que no solo su lucha no sea en vano, sino que se recuerde y mantenga viva la historia de lo que sucedió, porque realmente se vivió el dolor en los campos, en esa Colombia profunda donde solo llega el camión de la cerveza, porque le ha tomado casi doscientos años al estado llegar, y es que hasta ahora está llegando.

Son grandes los retos de la agenda de la paz y el compromiso debe ser de todos, todas y todes, el enlazamiento debe ser fuerte y duradero y este tipo de proyectos no solo nos motiva, sino que nos lleva a hacer parte de esta memoria. Resulta desafiante y feliz poder incidir para que esta semana sea un proceso educativo formativo y cultural que motive un hecho político, la paz, y aunque la programación ya está pactada yo te hago una invitación, reúne tu gente tu cuadra tu barrio y motívate a hablar de esa paz para que sea contigo.

Que suenen los acordes que se iluminen los escenarios que nos vistamos de muchos colores porque esta paz es entre distintos, esta paz es entre contrarios, que vamos trasformando la palabra y respetando el sentir del uno y del otro para poder hacer llegar a cada colombiano a cada colombiana la necesidad de estar presente y en armonía para cumplir la palabra, dejar la guerra, no olvidar y sobre todo no repetir.

La no repetición es el compromiso que tenemos, es el que nos garantiza de manera positiva la creación de un estado nuevo, estamos viviendo una transición estamos aprendiendo ya se tiene el gobierno, ahora falta el poder, ¿para que?  para que en nuestro país la injusticia cese y se cumplan los acuerdos.

¿Y tú qué compromiso tienes para la semana por La Paz?

Marcela Clavijo

Inversiones forzosas

El anuncio de incrementar las inversiones forzosas es una salida en falso, que como la “Constituyente,” se anuncian sin detalles. Podría ser un esfuerzo por dirigir la economía hacia propósitos loables, una estrategia para desviar un incomodo ciclo noticioso, o un intento por forzar a los bancos, cuyos propietarios tienen medios de comunicación, a negociar un acuerdo. También es un reconocimiento de no lograr mover la maquina de lo “público” para ahora privatizar esfuerzos. Además, muestra un desconocimiento de herramientas como Fogafin que lograrían lo mismo propósito sin traumatismo. Lo que sea, causar incertidumbre gratuita solo contribuye a lastimar el empleo y la inversión.

Muchos interpretamos el anuncio del gobierno asumiendo la definición técnica de inversiones forzosas. En otras palabras, el gobierno selecciona unos sectores que quiere privilegiar con crédito más barato. Para lograr esto, los bancos privados tienen la opción de comprar títulos emitidos por el gobierno, el cual ofrecería crédito subsidiado sectorial o colocar los créditos que ofrece el gobierno en las mismas condiciones. Sería interesante saber si hubo un estudio técnico para definir estos sectores o simplemente son las prioridades del gobierno de turno.

 

Esta política de inversiones forzosas fue popular en el siglo pasado, pero se desmontó debido a sus malos resultados, que encarecían el margen de intermediación. Estudios del Banco Mundial y Ban Rep estiman que, para Colombia, podrían añadir entre 0.2% y 1.5% de costos adicionales. A pesar de la recomendación técnica, solo se mantuvo la inversión forzosa del sector agropecuario gracias al inmenso poder de este sector en el congreso. Para los demás sectores, se eliminó, permitiendo que la oferta y la demanda fijaran precios.

Una persona con la que hablé, tenía gran afán de sacar sus recursos del país, por temor a que el gobierno pudiera forzar todas las empresas privadas a invertir en lo que ordenara. Otras figuras del acontecer nacional denunciaron un plan del gobierno para “expropiar” el ahorro del público, mientras otras instauraron medidas legales por el delito de “pánico económico.” Hacer el anuncio con detalles sin duda evitaría malentendidos.

En general, es mejor transparentar el costo de una pública, en vez de diseñar opacos esquemas de subsidio. El costo actual de las inversiones forzosas no es cero, para lograr estos propósitos, el resto del crédito se debe encarecer para subsidiarlo. Por ejemplo, para subsidiar el crédito de los grandes ingenios, la clase media debe pagar hipotecas más caras. Sería mucho mejor asignar una línea del presupuesto, definir un monto y subsidiar tasas del sector preferido. También se podría diseñar productos de garantías para disminuir el costo del crédito.

El gobierno quiere volver a las antiguas tesis de política industrial, donde selecciona “sectores estratégicos” para construir campeones nacionales. Dada la estrechez fiscal que las políticas del gobierno han causado, deben tomar medidas menos transparentes fiscalmente para lograr sus propósitos. Independientemente sobre si tienen la razón o están equivocados, lo mejor sería presentar la idea completa en lugar de hacerlo por retazos. Con todo lo que ocurre en el país y el mundo, ya tenemos suficiente incertidumbre.

Simón Gaviria

La voz que mueve el mundo

Escucho la voz de Roro @whoisroro, que me cuenta qué es lo que le apetece a Pablo para comer, su último capricho dulce y su último platillo salado.

Si no conoce aún a Roro, se la presento: es una jovencita mona, arregladita, limpia, de vestidos vaporosos y sinuosos, de escotes generosos, de manos cuidadas – al estilo de Peggy Bundy de Marry with Children-, para mí rasca un poco, pero soy de otra generación y esa estética no es la mía.

 

Roro es ese producto socialmedia que ha mantenido a las feministas más puras rabiando durante todo verano: que, si es una sumisa, que ya no quedan mujeres así, que eso es volver al pleisticeno, que no es ejemplo de nada… A Roro le importa un bledo y sus seguidores aumentan y su negocio, ese producto creado para hacer rabiar a las feas y amargadas, gana. Yo me alegro. No por Roro, que no la conozco, sino porque por fin hay un debate abierto: hay mujeres que se sienten bien cuidando de los suyos. Yo, por ejemplo, pero no soy ejemplo de nada. Y como yo, cientos y miles y millones de mujeres en todo el mundo. Y eso me identifica y me alegra, porque este tipo de mujeres no está de moda, ni son famosas, ni nadie se ocupa de ellas, aunque seamos la mayoría. Tal vez deberíamos alzar la voz, salir a la calle y gritar bien alto: cuidamos de los nuestros porque los amamos y, sobre todo, porque nos da la gana y eso nos hace felices.

Me tienen cansada estas feministas amargadas y talibanas que arremeten contra cualquiera que no está en su onda de amargura y fealdad. Señoras, dejen a la mujer hacer lo que quiera. No tengan miedo de que quiera cuidar a los suyos – que siempre lo ha hecho- y menos aún tengan miedo de que no cobre por ello. Dedíquense a velar por que se cumpla la ley, que se pueda de verdad conciliar- enmienden la ley de paridad lo antes posible-, para que su sueldo sea justo, para que, en caso de separación, maltrato, divorcio la compensación por no haber estado en el mundo laboral sea justa, para que no se vea arrojada a la pobreza – el peligro más cercano- y con esa justicia económica sea capaz de salir adelante, ella y sus hijos, pero sobre todo ella.

Se apaga la voz femenina afgana

Y si eso les parece poco emprendan causas mayores, sueñen a lo grande y vayan a la corte internacional y arremetan contra el régimen talibán afgano, ese al que ustedes se asemejan, porque les encanta mandar y sobre todo prohibir, y denuncien bien alto que la mujer afgana se ha quedado sin voz. Pero no por pasar una noche de farra, no. Se ha quedado sin voz porque vive en la noche más oscura de su existencia en el emirato islámico de Afganistán.

¿Acaso se ha coordinado la internacional feminista para salir en todo el orbe civilizado a protestar en favor de sus “hermanas afganas”? Estoy esperando que alguien se decida en Bruselas, EE.UU, Alemania, España, Colombia… Señoras, que si ya era difícil estudiar, salir en coche o pasear, ahora han prohibido hablar, cantar y recitar en público!!!  Que no es sólo el burka, que eso era el principio…

La voz de la mujer, la niña, la esposa, la madre, la abuela… la voz que trasmite la historia, el cuento, la nana, la dulzura de un poema se ha callado a la fuerza, por la sinrazón del que todo lo prohíbe, por miedo, por ignorancia, porque lo más fácil es prohibir, por lo que sea. ¿Quién va a devolverles la voz? ¿Quién va a sacarlas de allí y les dé de nuevo la fuerza, la luz, la esperanza?

Presiento que no habrá organización alguna que se preste a ello, con la cantidad de dinero que se gasta, porque eso es un gasto, en feminismo talibán y rancio. Hay causas mayores y occidente entero debería luchar por ello. Ésta es una de ellas.

El peligro de los fanatismos

Se nos llena la boca hablando de derechos y a la hora de exigirlos, de pedir cuentas a los países nadie se acuerda de ellos. Hace poco el régimen talibán afgano buscaba el reconocimiento internacional espero que encuentren vacío universal, un enorme agujero negro a su alrededor. No exagere señora, pueden decir ustedes, pero no es exageración si les cuento que hace menos de medio siglo ellas, las afganas, vestían de minifalda, paseaban sus elegantes perros por la calle y se divertían más que las alemanas del este. Y miren dónde las ha llevado la sinrazón talibana, el régimen del fanatismo extremo que no es más que un populismo religioso atemorizante y peligroso. Nada bueno en tan poco tiempo.

Puede que desde la comodidad de nuestro balcón lo miremos de lejos y no veamos que en occidente podemos llegar a algo parecido si dejamos que se acalle la verdad, si criticamos con saña la libertad personal de cada una y si tergiversamos las ideas, los conceptos y la historia para que entren en un discurso favorable al relato que conviene en cada momento. Aquí, de momento, no hay fanáticos talibanes, pero sí tenemos feministas fanáticas, activistas woke y políticos mediocres y un afán por eliminar rasgos primordiales de nuestra cultura en pro de hacernos más integradores que daña el sentido común de los normales. Se nos olvida que no hay nada ni nadie más integrador y feminista que la cultura cristiana, que es la base de Occidente y la que ha ido avanzando y creciendo a la luz de la fe y la razón. Quitemos la fe – algo desgastada en estos tiempos- y quitemos la razón – sustituida por sentimientos- y en unos años tendremos un régimen tan peligroso no sólo para la mujer, sino para todos, como el afgano.

Almudena González