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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

El Colapso de ECOPETROL: Cómo el Gobierno Petro Desmantela el Futuro Energético de Colombia

En Colombia, todos los ciudadanos—hombres, mujeres, adultos mayores y niños—somos dueños de ECOPETROL. No solo quienes han adquirido acciones en el mercado, sino todos, porque cerca del 90% de la compañía pertenece al Estado Colombiano, cuya administración debería garantizar la protección de nuestros intereses. Sin embargo, los pésimos resultados recientes de ECOPETROL no son simples desaciertos administrativos, sino el producto de una política sistemática impulsada por el actual gobierno desde antes de asumir el poder.

Esta crisis no puede atribuirse a mala gestión, como muchos ingenuamente creen, sino a un plan metódico para desorientar estratégicamente la empresa. La «Desorientación Estratégica» se manifiesta en la elección de personas menos competentes y más ideologizadas para dirigir a ECOPETROL hacia el fracaso. La conformación de una Junta Directiva, en su mayoría afín al gobierno y contraria a la extracción, ha socavado la autonomía y eficacia del gobierno corporativo.

 

Ejemplos recientes incluyen la inexplicable decisión de rechazar la participación en el proyecto CrownRock, una oportunidad clave para aumentar las reservas del país. Esta decisión, aunque parece incomprensible desde una perspectiva empresarial, encaja perfectamente con la tendencia destructiva impuesta por la presidencia de ECOPETROL y su Junta Directiva, alineados con las instrucciones del gobierno actual.

El deterioro de ECOPETROL no solo amenaza con acortar la vida de la empresa, sino que también pone en riesgo la soberanía energética de Colombia. La caída de las utilidades, el aumento en los costos de producción y la pérdida de oportunidades estratégicas reflejan una falta de interés en el negocio natural de la compañía. Además, la pérdida de talento humano bajo el proyecto Átomo y el ambiente de desazón que se ha creado, contribuyen a la dilapidación de nuestro patrimonio.

No podemos quedarnos callados. Como ciudadanos, debemos exigir que se tomen medidas urgentes para revertir este daño antes de que sea irreversible. Es momento de activar todos los mecanismos constitucionales y legales para proteger lo que es de todos los colombianos: el futuro energético de nuestra nación.

Alejandro Ospina

Geometría sostenible: De lo linear a lo circular

Aproximadamente la mitad de las emisiones globales de CO2 están vinculadas a la producción y el consumo de bienes como alimentos, empaques, edificios y textiles. Acelerar la descarbonización requerirá que repensemos los materiales y servicios obtenidos de los proveedores, la distribución y el uso de productos por parte de los clientes, y lo que sucede con los productos al final de su vida útil.

Los miles de millones de dólares que los fondos de capital de riesgo han venido invirtiendo en startups que desarrollan productos, o servicios, que buscan contribuir a mitigar el cambio climático en muchos casos apuntan a solucionar los efectos del mismo que a realizar los cambios que nos han traído hasta este punto.

 

En este marco, la economía circular ha emergido como una respuesta necesaria a los desafíos ambientales y económicos del siglo XXI. A diferencia del modelo económico tradicional, que opera bajo un esquema lineal de “tomar, hacer, desechar”, los modelos circulares tienen como objetivo optimizar el uso de los recursos materiales en las organizaciones, lo que ayuda a reducir las emisiones de carbono y a mitigar la presión sobre los sistemas naturales. A pesar de sus ventajas convincentes, los negocios circulares siguen siendo poco comunes, en gran parte debido al desafío de identificar y operacionalizar modelos adecuados que se alineen con la estrategia y las capacidades generales de una empresa. En el artículo de la revista MIT Sloan Management Review, Find a circular strategy to fit your business model, se explican cuatro rutas diferentes hacia la circularidad y las consideraciones clave para implementarlas de manera efectiva.

Extender la vida útil del producto. La reutilización, reventa, reparación o renovación son algunas de las tácticas de uso prolongado que ayudan a las empresas a maximizar la vida útil de los productos, reduciendo tanto el desperdicio como el consumo de nuevos recursos. El desafío para las empresas que siguen este enfoque es preservar los beneficios que los clientes obtienen de los productos recién fabricados. Algunas formas de operacionalizar esto incluyen: diseñar productos para la longevidad, establecer capacidades de reparación y renovación, y aprovechar los datos y la digitalización.

Recuperar y regenerar recursos. Para las empresas que siguen el enfoque de reutilizar para capturar valor de los materiales de desecho, la distinción entre recursos técnicos y biológicos es clave. Estos dos requieren diferentes enfoques. Así que, remanufacturar o reciclar materiales técnicos, convertir el desperdicio en ingresos, diseñar productos pensando en el reciclaje, y establecer sistemas de logística inversa y asociaciones.

Maximizar el uso del producto. En muchos casos, los consumidores pueden no sentir la necesidad de poseer un producto. Las empresas pueden vender acceso en lugar de propiedad; enfoques basados en compartir, alquilar y en servicios pueden reemplazar la venta de productos. Estos modelos impulsan la circularidad al aumentar la utilización de los activos y alinear los incentivos para alentar a los clientes a adquirir menos, usar por más tiempo y reutilizar. El enfoque de uso diferente también puede ampliar el acceso a productos que de otro modo estarían fuera del alcance de algunos consumidores. Para esto, las organizaciones necesitan: diseñar servicios basados en las tareas que el cliente necesita realizar, aprovechar las plataformas digitales y alinear los incentivos.

Minimizar el uso de recursos. Descubrir cómo usar menos de cualquier recurso siempre debe ser una prioridad cuando la conservación es el objetivo. Con este fin, las organizaciones pueden pensar de manera amplia sobre cómo pueden minimizar el uso de energía, materiales y agua en sus operaciones. Las organizaciones necesitan enfocarse en: eficiencia, diseñar para evitar el desperdicio y aprovechar el análisis de datos.

Esta transformación, no solo promueve la sostenibilidad, sino que también abre un vasto campo de oportunidades para el emprendimiento, permitiendo que las startups se posicionen como actores clave en la transición hacia un sistema económico más resiliente y equitativo debido a su agilidad y capacidad para innovar. Al centrarse en la economía circular, los emprendedores pueden crear valor económico a la vez que responden a la creciente demanda de soluciones sostenibles por parte de los consumidores y las empresas.

Actualmente, existen numerosos ejemplos de emprendimientos que han adoptado con éxito los principios de la economía circular. Un caso destacado es el de Pentatonic, una startup que fabrica muebles y accesorios a partir de residuos reciclados, incluyendo plásticos y textiles. Pentatonic no solo transforma residuos en productos útiles y de alta calidad, sino que también permite a los consumidores devolver sus productos al final de su vida útil, para ser reciclados de nuevo, creando un ciclo cerrado.

Otro ejemplo es Circular Systems, que utiliza residuos agrícolas y textiles para producir nuevas fibras sostenibles para la industria de la moda. Su tecnología Agraloop convierte desechos de cultivos, como el tallo de banano y la paja de arroz, en fibras textiles, reduciendo la dependencia de materias primas vírgenes y minimizando los residuos.

Un caso de estudio interesante de maximizar el uso del producto es la plataforma Hello Tractor, que permite a los agricultores alquilar equipos a otros pequeños agricultores que pueden utilizar la maquinaria para mejorar el rendimiento de sus cosechas y que podría ser implementada en varias regiones de América Latina.

Estas startups demuestran que la economía circular no es solo un ideal sostenible, sino rentable, convirtiéndose en un motor viable de innovación y crecimiento económico. Sin embargo, para que estas iniciativas prosperen, es esencial contar con un marco regulatorio que promueva y facilite la adopción de prácticas circulares como el que viene adelantando la Unión Europea desde 2015.

En conclusión, la economía circular representa un cambio paradigmático que está redefiniendo la forma en que concebimos la producción y el consumo. Las startups y empresas que adopten este modelo no solo estarán contribuyendo a la sostenibilidad del planeta, sino que también se posicionarán como líderes en un mercado global que valora la innovación responsable. Con el apoyo de un marco regulatorio robusto y una creciente demanda de productos sostenibles, el futuro del emprendimiento circular es prometedor, y aquellos que lideren esta transición estarán en el centro de la economía del mañana.

Raúl Arce

Misión remesas

Las remesas son el fenómeno económico más importante del país, pero no se sabe mucho de ellas. En 2023, alcanzaron los US$12.347 millones, lo que representa un aumento de 12,47% frente al año anterior.  Hace una década, esta cifra era US$4.183 millones, una tercera parte. Con una capilaridad que llega a todos los rincones de Colombia, las remesas construyen reactivación económica con equidad. Al 19 de julio de 2024 seguía su disruptivo crecimiento de 11,27%, alcanzando los US$7.596 millones, cifra cercana al 65% del total de la inversión del presupuesto nacional. Este dividendo es más grande que el que aporta cualquier industria necesita mas explicación.

Muchos analistas de manera simplista explican la triplicada de remesas en los últimos diez años como un tema del narcotráfico. Y aunque es innegable la existencia del fenómeno, siempre ha sido una constante en las cuentas macroeconómicas del país. A pesar del crecimiento de hectáreas sembradas, la influencia de los carteles mexicanos y el auge del fentanilo sugieren que, en realidad, podrían estar ingresando menos recursos, como refleja la caída del 60% del precio de la hoja de coca. El narcotráfico no explica el crecimiento de remesas.

 

Durante la pandemia, los estímulos de protección social en los países donde habitan los emigrantes colombianos, especialmente en EEUU, fueron masivos. Cheques enviados de manera generalizada y sin restricción fueron comunes. Entre 2019 y 2022 crecieron las remesas 9,4% anualmente, impresionante, pero después del COVID las remesas crecieron aún más rápido.  

Es posible que exista un incremento permanente de emigración, para 2020 se estimaba en 5 millones la diáspora nacional. Tras finalizar la pandemia, la tasa anual promedio de emigrantes de 250 mil por año, se duplicó en los años posteriores. La exportación masiva de mano de obra sin duda influye en las cifras de remesas del país. Aunque esto explica en parte el incremento de remesas, no abarca por completo el fenómeno.

El teletrabajo, fomentado en la pandemia, expandió el mercado laboral digital, desde chicas webcam a programadores de software. De acuerdo con GitHub, el número de programadores en el país alcanzó los 663.000, un crecimiento del 33%.  Esto, sin hablar de otros sectores, como diseñadores gráficos y contadores, que también pueden ofrecer sus servicios de manera digital. Aunque los balances anuales de este año muestran incremento de US$100 millones en flujos de servicios tecnológicos y US$50 millones en servicios profesionales, la tentación de evadir IVA y renta, disfrazando esos ingresos como remesas, es considerable.

Este fenómeno no es exclusivo de Colombia. Según la OMC, el 54% de todos los servicios globales se entregan de manera digital, con este comercio digital creciendo de manera continua al 8.1% durante las últimas dos décadas. El FMI está considerando modificaciones metodológicas para reflejar en la contabilidad la posibilidad que muchas remesas en esencia sean servicios digitales. Para Colombia, entender este fenómeno, que podría ser tan significativo como el narcotráfico y el café, es crucial. Planeación Nacional debería hacer una misión para abordar esta realidad es probable que este año superemos los $50 billones. 

Simón Gaviria

El triste final de UNE

Esta semana, el Concejo de Medellín decidirá sobre la privatización de UNE, la principal empresa de telecomunicaciones de la ciudad. Aprobado ya en primer debate, se espera que la decisión se tome con el respaldo mayoritario que posee el alcalde Federico Gutiérrez. No obstante, el proyecto ha enfrentado significativos cuestionamientos, principalmente por la ausencia de una valoración actualizada y transparente de la empresa. Se está instando al Concejo a aprobar una venta sin determinar su valor real. En esencia, el Concejo está a punto de otorgar un cheque en blanco a la administración.

El origen de esta situación se remonta a la controvertida decisión de 2013 de fusionar UNE con la multinacional Millicom. Pese a las advertencias emitidas en aquel momento, el Concejo de entonces desoyó los llamados ciudadanos para prevenir la privatización y la cesión del control de la compañía. El tiempo nos ha dado la razón: Millicom ha demostrado ser un socio desastroso. Aunque EPM retuvo la mayoría accionaria, se quedó con una posición minoritaria en la junta directiva, una combinación peculiar que ha tenido consecuencias nefastas para el patrimonio público. En 2023, la empresa estuvo al borde de entrar en patrimonio negativo y ser liquidada debido a una década de malas decisiones por parte de Millicom que erosionaron completamente el patrimonio de la sociedad.

 

Nos enfrentamos a lo que podría ser el peor negocio en la historia de Medellín. A medida que reportaban pérdidas crecientes, los directivos de Millicom incrementaron la deuda, vendieron torres de la empresa, despidieron a cientos de trabajadores, se otorgaron bonificaciones millonarias y hasta se dieron el lujo de construir un opulento edificio en Medellín. La calidad del servicio decayó notablemente y nunca reportaron beneficios para la ciudad. Quienes en su momento defendieron la fusión como un gran logro, hoy permanecen en silencio ante el desastre manifiesto.

Lo que acontecerá esta semana es la culminación de este proceso de privatización. La estocada final será propinada por los concejales aliados a Federico Gutiérrez en un debate apresurado que se desarrollará en apenas una semana. Se llevará a cabo sin la participación de la academia y en un contexto de garantías insuficientes para la oposición. Prevalece la incertidumbre sobre el destino de los recursos, con indicios claros de que se convertirán en dinero al alcance de la mano para financiar los proyectos emblemáticos de la Alcaldía de Federico Gutiérrez. Quedará registrado en la historia que EPM poseía una empresa de telecomunicaciones rentable, competitiva y ejemplar para el país, pero se diluyó bajo la retórica neoliberal que aboga por privatizarlo todo.

Juan Carlos Upegui

¡Ya era hora! Una defensora para el Pueblo

Tomó más o menos tres semanas, la discusión de la elección de quién dirigirá la Defensoría del Pueblo y tres mujeres llegaron a la recta final. ¡Es la hora de las mujeres, la gran cosecha de la siembra Feminista! Y aunque no todas las mujeres que están en altos cargos de elección popular o de denominación sean feministas, lo cierto es que este cambio sí se debe al movimiento Feminista. La presión social se ha hecho inminente y el reto para las mujeres en este patriarcado no solamente es hacer las cosas bien y mejor, sino de manera transparente e impoluta; y allí es donde también se nota la desigualdad pues no vemos como ante estos nombramientos a un hombre le vayan a señalar la manera de ejercer el cargo, la transparencia y además el hecho de ser hombre.

La terna fue constituida por las tres abogadas Iris Marín Ortiz, Jomary Ortegón y Dora Lucy Arias y este viernes la abogada Marín se convirtió en la primera mujer Defensora del Pueblo en los 32 años de historia de esa entidad. Se posesionará a partir del 1 de septiembre y es un hecho significativo porque por primera vez, desde que la entidad fue creada por la Constitución de 1991, sera dirigida por una mujer.

 

La Defensoría del Pueblo es un organismo autónomo que ha ido adquiriendo capacidades con el correr de los años, no sólo en materia del impulso procesal de las violaciones y atropellos contra los DDHH, sino que ha desarrollado la capacidad de crear el sistema de alertas tempranas para monitorear las situaciones de riesgo de violaciones masivas de los DDHH en las regiones del país.

La defensora fue elegida por la plenaria de la Cámara de Representantes para un periodo de cuatro años, a partir de una terna que elabora el presidente. Cómo ya se mencionó  la candidata elegida fue Iris Marín Ortiz, en cuyo nombramiento tal vez incidió el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el cual señaló que el cargo siempre había sido ocupado por hombres y pidió una terna de candidatas femeninas para “garantizar la participación de las mujeres en cargos directivos” y reconocer “el rol de liderazgo que estas deben jugar en las instituciones estatales” lo cual influyó, pues hoy en día la variable género tiene peso ante la opinión pública.

Se postularon 73 personas y se eligieron estas 3 mujeres. Iris Marín Ortiz es abogada experta en justicia transicional y magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Trabajó en su momento con entidades relacionadas a los procesos de paz como la JEP, la Unidad de Víctimas, el programa de mujeres de las Naciones Unidas y la Comisión de la Verdad. En su experiencia destaca también su presencia en los comités asesores del proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, al cual llegó después de su tarea como promotora de la ley de víctimas y restitución de tierras. Si bien no se le puede asociar directamente a una corriente política, sí es verdad que su paso por el gobierno de Santos y su cercanía con las instituciones derivadas del Acuerdo de Paz, la hacen cercana al bloque Santista y cercana al gobierno de Gustavo Petro. Frente a las propuestas para la Defensoría, Marín enfatiza en la necesidad de legitimar la institucionalidad y generar puentes entre diferentes sectores de la burocracia estatal con la población para la defensa de sus derechos. La defensora electa no hace énfasis en propuestas modificatorias de sanción y persecución, no promete mayores transformaciones dentro del aparato institucional, ni se atisba la promoción de algún proyecto que amplíe o modifique sus funciones. El mensaje es claro y sencillo: con lo que hay es suficiente, concentrémonos en hacerlo bien y usar tanto las medidas de garantía de derechos como el del sistema de alertas tempranas.

De las tres candidatas, ninguna propuso una transformación profunda de la Defensoría, y es que esta etapa está mediada por el factor político; y como ya lo dijimos anteriormente, quien la elige es la plenaria de la Cámara y allí la novedad aparte de la elección de nuevas mesas directivas, son los escándalos en los que los congresistas Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Juan Pablo Gallo Maya, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Esther Bitar Castill, Karen Astrith Manrique Olarte y Julián Peinado Ramírez quienes son presuntos implicados en la corrupción de la Ungrd, que además serán investigados por la Corte Suprema de Justicia y por solicitud de la Fiscalía, lo cual supone que afinar relaciones con la fiscalía y tocar estos temas no es lo más deseado para la deliberación de la plenaria.

Así las cosas, Iris Marín Ortiz, quien gracias al coletazo Santos, la U, los liberales, los alternativos y claramente parte del voto de la derecha, quedó elegida.  Esperamos que la defensora recoja las propuestas de sus competidoras y defienda los derechos de las mujeres, pues de acuerdo con las proyecciones del DANE, en 2024 Colombia tiene 52.7 millones de habitantes siendo 26.98 millones de mujeres (51.2%) y 25.72 millones de hombres (48.8%), es decir somos casi el 52% de la población.

Las cifras de violencia de género de la Procuraduría General de la Nación muestran un panorama preocupante: En 2022 se registraron 47.771 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, cifra que, en comparación con el 2021, presentó un aumento de 7.713 casos. El reporte de exámenes medicolegales por presunto delito sexual en mujeres aumentó en 3.650 casos en el 2022, frente a lo reportado en el 2021. En el 2023, se registraron 3.483 casos de violencia intrafamiliar y 1.516 exámenes medicolegales efectuados por presunto delito sexual. Solo el 32%de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la Nación por feminicidio han terminado en una sentencia condenatoria, mientras que el 35% sigue en etapa de indagación. En lo que va corrido del año, fueron notificados al INS, a través de los registros en instituciones prestadoras de servicios de salud, un total de 66.621 casos de violencia de género y las cifras de violencia de género en Colombia indican que el 75% de los casos registrados en 2024 son contra mujeres.

Si el 51.2% de las personas de Colombia son mujeres y sobre ellas alarma la vulneración de sus derechos, se hace inminente la construcción de un sistema de indicadores con perspectiva de género, para el sistema de alertas tempranas, así como el acercamiento con la fiscalía general de la nación para reducir la impunidad y la revictimización, fortalecer la periferia y los territorios donde todavía el conflicto armado toma como herramienta de guerra los cuerpos de las mujeres y donde La Paz no avanza.

Por último, la Defensoría del pueblo tendrá que exponer públicamente la situación de las y los migrantes en nuestro país y lo que se requiere y esperamos para bajar esta bandera roja, que sea garante del derecho a la salud y que con sus investigaciones nos ayude a fortalecer una reforma donde ésta sea verdaderamente un derecho y no un negocio ni una cuenta por saldar. Somos ciudadanos y ciudadanas de un estado constitucional de derecho, ahora estamos en el ojo, en la mira del iris… del iris de Iris Marín Ortiz.

Marcela Clavijo

La suerte está echada

El sector de los hidrocarburos no pasa por su mejor momento. Tanto la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez como el actual Ministro Andrés Camacho han seguido a pie juntillas la directriz del Presidente Petro de no abrir nuevas rondas para la asignación de nuevas áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Sin fórmula de juicio y desatendiendo las recomendaciones de la Comisión de expertos integrada por el anterior Gobierno, tomaron la determinación de apagar los dos pilotos en marcha, los cuales tenían por finalidad establecer la viabilidad o no de utilizar la técnica del fracking en el país. El país se quedó sin saberlo, a sabiendas del enorme potencial de recursos que posee en el país en yacimientos no convencionales, cuyo desarrollo podría llegar a duplicar sus actuales reservas de hidrocarburos.
Y la Ministra de Ambiente y desarrollo sostenible Susana Muhamad fue más lejos al radicar el proyecto de ley que lo prohibía, el cual fue archivado por tercera vez. Pero, no da su brazo a torcer y, según ha anunciado, por quinta vez lo radicará nuevamente. Estos pasos en falso han terminado por desalentar la inversión y la actividad en el sector, lo cual ha repercutido en la caída de las reservas tanto de petróleo, cuya relación reservas/producción cayó hasta el 7.1, como del gas, que tuvo una mayor caída, hasta el 6.1%.

 

No obstante, aunque a regañadientes, se ha mantenido la Inversión con la que se asoció ECOPETROL y OXY para explotar un yacimiento no convencional (YNC), el PERMIAN, en los EEUU, utilizando la técnica del fracking, que hoy por hoy es el negocio más rentable con que cuenta la estatal petrolera. Su producción es de 100 mil barriles/día, de los cuales 49% corresponden a ECOPETROL. Al respecto manifestó el Presidente de ECOPETROL Ricardo Roa que “es satisfactorio reportar estos logros operativos en el marco de actividades seguras, apoyada en procesos innovadores, con tecnologías confiables, tanto técnico como ambiental y dentro de los más altos estándares”. Cabe preguntarse si ello es posible en el territorio estadounidense por qué no lo es en territorio colombiano.

Llama poderosamente la atención que mientras el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla proyecta llevar la producción de petróleo hasta un millón de barriles al día, cuando cada día que pasa Colombia se aleja más y más de dicha meta, la que alcanzó en los años 2014 y 2015. El tope de la producción de crudo sigue sin superar los 800.000 barriles/día. Y no es para menos, porque no se puede pretender aumentar la producción de manera sostenible si al mismo tiempo no se le incorporan barriles a las reservas y ello sólo será posible cuando se desactive el freno de mano por parte del Gobierno. Estamos en presencia de una dicotomía, pues al tiempo que se descarta la firma de nuevos contratos de exploración y producción, el Ministro, desesperado por el desfinanciamiento del presupuesto, presiona para aumentar la producción de crudo, su principal fuente de financiamiento.

Siempre se ha dicho por parte de los dos titulares de la cartera de Minas y Energía, para justificar la posición del Gobierno, que con los contratos ya firmados se garantizaba el autoabastecimiento del país, que no se requería más. Sin embargo, el Presidente Gustavo Petro en el marco de la Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático, la COP28, fue más lejos y firmó el Tratado de no proliferación de los combustibles fósiles, mediante el cual comprometió a Colombia a frenar en seco la actividad exploratoria y de producción de hidrocarburos en el país.

Y más recientemente el Ministro Camacho, frente a la opción de retomar la firma de nuevos contratos, manifestó, como disculpa, que hay “espacio suficiente para explorar en los contratos vigentes y por tanto, hacer más eficiente la exploración y explotación, por lo que contemplar extender la frontera exploratoria no es necesario”. Es muy diciente los pasos que se han venido dando, distrayendo a la ANH, que hasta el nombre le cambiaron, de sus fines misionales y a su Director encargado como Experto comisionado de la CREG.

Con estas señales, no es de extrañar la desaceleración de la actividad exploratoria en el país. Como afirmó el Vicepresidente de Estrategia y asuntos regulatorios de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) Andrés Bitar, “muchos de los inversionistas son internacionales y es difícil explicarles que todo está transcurriendo como venía transcurriendo en los años anteriores, cuando cada vez que puede, el Presidente Petro vuelve y replica el mensaje de que no quiere hidrocarburos”.

Las cifras son elocuentes: según la Cámara Colombiana de petróleo, gas y energía (CAMPETROL) venimos con una actividad de taladros baja, tanto es así que desde noviembre de 2022 hasta abril de este año cayó 30.3%. Este mes de julio había 110 equipos de perforación operativos, una caída de 45 equipos frente a noviembre de 2022. De allí que, como afirma Andrés Bitar, “si la baja actividad de perforación persiste, es probable que la producción de petróleo caiga a mediano y largo plazo, incluso mayor que el reportado tras la pandemia, del cual el país no se ha recuperado”. Ello explica también el mediocre desempeño del sector de minas y canteras, el cual, según el más reciente reporte del DANE cayó – 3.3% en el segundo trimestre de este año, el peor de todos. Definitivamente, en este Gobierno la suerte está echada!

Amylkar Acosta

Muy mal en acero, petróleo y gas

Alguien debe explicarle al economista Gustavo Petro que país que no crea riqueza, en especial en la industria y en el agro, y que además importa en exceso, tiene un futuro de subdesarrollo, desempleo, informalidad y pobreza. Agregarle que la mejor distribución de la riqueza también depende de su creación. Y decirle que en la base de todos los problemas de Colombia está que el producto por habitante es de apenas 6.657 dólares (2022), cuando los países desarrollados están por encima de 30 mil, hasta cien mil y más dólares.

Recordarle lo anterior porque, por su culpa, Colombia está inundada de acero importado de Rusia, China y hasta de Perú y que, desde octubre de 2023, hay reclamos de las siderurgias colombianas para que, según la ley, el gobierno actúe, aumentando los aranceles a esas compras para disminuirlas, y nada se ha hecho. En contraste, hay decisiones de protección contra las importaciones rusas y chinas en Estados Unidos, México, Brasil y Chile.

 

Y son 12 billones de pesos y 45 mil los empleos, entre directos e indirectos, los que pueden perderse si se quiebran las siderurgias, con la certeza además de que sí desaparecen, el acero importado se encarecerá.

De otra parte, desde febrero pasado, Ecopetrol venía en conversaciones con la OXY para, asociados, ampliar el negocio que ya tenían de producir petróleo en la cuenca del Permian, en Estados Unidos, diálogos que concluyeron a finales de mayo, cuando acordaron que Ecopetrol accedería a otros 65 mil barriles de petróleo al día. Pero Petro, insistiendo en manejar a Ecopetrol como si fuera una tienda de su propiedad y contando con la alcahuetería de Ricardo Roa, utilizó el peso de su poder y desbarató la operación acordada, causándole un gran daño económico y reputacional a la petrolera colombiana, como puede constatarlo quien conozca el irritado reclamo de Vicki Hollub, CEO de la trasnacional, por la irresponsable reculada que Gustavo Petro le impuso a Ecopetrol.

Se confirmó además que Colombia tendrá que aumentar sus importaciones de gas desde 2025, a precios que superan lo que cuesta la producción nacional, gas que no llegará de Venezuela –porque ni gasoducto hay–, sino seguramente de Estados Unidos. Una importación que estaba anunciada desde hace años y que Petro no intentó detener promoviendo una mayor producción de gas en el territorio nacional.

La última noticia sobre el gas es la decisión de Susana Muhamad, ministra de Ambiente, de parar el proyecto Komodo 1, de Ecopetrol, para producirlo en el subsuelo del mar Caribe colombiano, parálisis que no se sabe cuánto durará. Porque Gustavo Petro es el único presidente de país petrolero del mundo que ha sido capaz de afirmar: “bienvenidas las trasnacionales a Colombia, mientras no sea a petróleo” –y a gas, porque van juntos–, otra expresión de su infantilismo de izquierda que nada positivo nos genera a los colombianos y sí nos hace mucho daño.

Como los economistas neoliberales, Petro también debe alegrarse de que su título de la universidad no sea revocable. Porque si la economía colombiana creciera al 3,5 por ciento por habitante al año, cosa que no sucede, pasarían cuarenta años para llegar a 30 mil dólares, un producto también bastante bajo para ese momento.

Jorge Enrique Robledo

Terca mediación

Maduro juega con el tiempo y con candela. Al autoproclamado presidente venezolano le puede fallar la aritmética si piensa que dilatar y apaciguar la crisis política, al final de los días normalizará su permanencia en el poder.

Más bien, la tozudez, soberbia y sordera ante las exigencias de la comunidad internacional aumentan su aislamiento en el vecindario latinoamericano y en el mundo, aunque mantenga el respaldo de tres grandes jugadores en el concierto mundial como China, Rusia e Irán. Respaldo para nada despreciable, pero que no alcanza para superar el aislamiento inevitable ante la imposibilidad de demostrar un triunfo electoral limpio en las pasadas elecciones del 28 de julio y el uso de la represión oficial contra la oposición política y la protesta callejera.

 

Tampoco alcanza para detener el incremento de la movilización ciudadana que dentro y fuera del país reclama el triunfo para Edmundo Gonzales, lo que supondría el relevo en el poder y la terminación del poschavismo en la grotesca versión Maduro/Diosdado. Como resulta insuficiente para frenar el creciente malestar en las fuerzas chavistas que acusan factores de resquebrajamiento en el oficialísimo y en el régimen que podría precipitar desenlaces impredecibles y violentos. En el frente interno y en el contexto externo Maduro se revela como un gobernante cada vez más acorralado contra las cuerdas.

Esta situación tiene una doble implicación. Un régimen que aceleradamente consolida sus rasgos autoritarios le hace un enorme daño a una izquierda latinoamericana que encontró en la lucha por la democracia un arsenal sobre el que descansa su legitimidad y viabilidad.

Las izquierdas en el continente, en sus diversas expresiones incluidas las armadas, surgieron y se extendieron ofreciendo un modelo de sociedad anticapitalista y en marcha al “socialismo realmente existente” de aquellos tiempos. Pero en el caso cubano y centroamericano, y posteriormente en el cono sur, las revoluciones fueron invocadas en la lucha contra las feroces dictaduras militares que desmantelaron los experimentos de democracias liberales en esta porción del mundo.

Las izquierdas contemporáneas escogieron la combinación de la movilización popular y de multitudes, con la disputa electoral para empujar cambios y transformaciones desde pactos constituyentes y ejercicios del gobierno. El liderazgo internacional de esta izquierda republicana se debió en una gran proporción a la defensa y el respeto a la voluntad popular. Ha sido una bandera desplegada para enfrentar los golpes blandos promovidos por la derecha continental e interrumpir o acorralar el ejercicio del poder legitimado en las urnas.

Gabriel Boric de Chile, Lula da Silva de Brasil, Lopez Obrador de Mexico, Gustavo Petro de Colombia, Bernardo Arevalo de Guatemala, Xiomara Castro de Honduras y Luis Arce de Bolivia, quienes representan la más reciente ola de gobiernos de izquierda, asi lo han entendido. En distintos tonos han reprochado la opacidad del sistema electoral venezolano controlado por la dupla Maduro/Diosdado y se han negado a reconocer el triunfo del oficialísimo. Saben que un genuino proyecto de izquierdas que busque representar a las nuevas mayorías no se puede sostener sobre el ahorcamiento de los más elementales principios de la democracia. A riesgo de ser juzgados como ingenuos o traidores por las ortodoxias que aún añoran las “dictaduras del proletariado”, estos representantes de la orilla progresista de la política latinoamericana parecen decirle al poschavismo que las izquierdas o son democráticas o no son izquierdas.

La segunda implicación tiene que ver con el papel que les corresponde cumplir en este desafiante momento para salvar la estabilidad política del vecino país que es el clima que requieren nuestros gobiernos progresistas y para proteger el legado y el futuro de las izquierdas en este pedazo del planeta.

Quienes mejor lo han entendido son Petro y Lula. Por ello, desoyendo los ataques que por igual reciben de las derechas y sectores de “centro” en sus respectivos países, mantienen un dialogo fluido y discreto con Maduro y la oposición para ensayar fórmulas que aseguren una transición pacífica y democrática al otro lado de nuestra frontera binacional. Papel que cuenta con él para nada despreciable apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Sus detractores han cargado de nuevo contra ellos porque no pareciera tener eco la propuesta de gobierno de transición compartido y nuevas elecciones que plantearon en los últimos días, pero seguramente insistirán en nuevas e innovadoras fórmulas.

Esa terquedad en su papel mediador es el más valioso aporte que estos dos líderes le hacen a la democracia y a las izquierdas del continente. Bienvenida la terquedad.

Antonio Sanguino

¿Cuál es el negocio que hay detrás de Distrito Verde?

La reciente intervención en el Humedal Salitre El Greco, bajo la fachada del proyecto «Distrito Verde«, revela un peligroso patrón de destrucción y financiarización de estos ecosistemas estratégicos. Lo que se presenta como una iniciativa de desarrollo sostenible, de progreso y de bienestar, es, en realidad, una amenaza para nuestro medio ambiente y para la vida comunitaria que debe ser denunciada con fuerza.

El Humedal Salitre El Greco es un ecosistema que alberga una rica diversidad de flora y fauna. Entre las especies más destacadas encontramos plantas como los juncos, lengua de vaca, helecho de agua y sombrilla de agua y aves como el Mosquero Cardenal, Garza Blanca y el cucarachero de pantano, especies que dependen de este hábitat para su supervivencia. A pesar de su importancia ecológica, OCESA que no es más que una gran promotora de eventos, con un musculo financiero capaz al parecer, de pasar por encima de los intereses de la comunidad y del ambiente, es la empresa promotora del Distrito Verde, que viene avanzado con intervenciones sin contar con las licencias urbanísticas necesarias, violando abiertamente la estructura ecológica principal definida en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

 

Las entidades responsables, como el IDRD, La Secretaria de Planeación y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, han confirmado que OCESA no presentó ninguna solicitud de intervención ante el Comité Director del Plan Maestro del Parque Simón Bolívar, del cual los predios intervenidos hacen parte. Este hecho, sumado a la omisión de la licencia urbanística requerida, constituye una violación grave de las normativas ambientales y urbanísticas vigentes en Bogotá.

El Distrito Verde es un ejemplo claro de cómo la financiarización de los ecosistemas estratégicos amenaza con convertir espacios vitales en mercancías. La lógica de maximizar el valor económico de la tierra a costa de su valor ecológico y comunitario es un grave error que trae consigo la gentrificación, desplazando a las comunidades locales y destruyendo la riqueza natural que tanto necesitamos preservar.

Este proyecto, que se promociona como un avance en infraestructura verde, es en realidad una maniobra para transformar un humedal en un espacio comercial, sin considerar el impacto social y ambiental que esto conlleva. La comunidad alrededor del Humedal Salitre El Greco ha sido ignorada durante todo el proceso. No ha habido un diálogo social real ni una evaluación honesta de las afectaciones que estas obras están causando en su entorno. La ausencia de transparencia y la falta de consulta previa reflejan un desprecio por los derechos de los ciudadanos y por el medio ambiente.

Es imperativo que la ciudadanía y las autoridades, específicamente el Ministerio de Ambiente, exijan la suspensión inmediata del proyecto Distrito Verde. Debemos detener este proceso de financiarización de nuestros ecosistemas antes de que sea demasiado tarde. No estamos en contra del desarrollo, pero el desarrollo no puede significar la destrucción de lo que hace que Bogotá sea una ciudad verde y viva. Los humedales son esenciales para la regulación hídrica, la purificación del aire y el sustento de numerosas especies. Su desaparición no solo afectaría a la biodiversidad, sino que también tendría consecuencias devastadoras para la calidad de vida de los bogotanos.

Lo ocurrido con el Distrito Verde en el Humedal Salitre El Greco es un recordatorio alarmante de la necesidad de proteger nuestros ecosistemas y de luchar contra la financiarización de la naturaleza. La ciudadanía  exige al alcalde Carlos Fernando Galán  que exija el respeto de las normas ambientales, que se consulte a las comunidades afectadas y que se privilegie la vida sobre los intereses económicos. No podemos permitir que proyectos como este sigan adelante sin resistencia, porque lo que está en juego es el futuro de nuestros humedales, de nuestras comunidades y de nuestra ciudad.

Quena Ribadeneira

La paz integral en Colombia: ¿seremos capaces?

Es hora de que la sociedad colombiana, en su mayoría, tome una decisión firme y colectiva: avanzar hacia la construcción de una paz que no solo ponga fin a la violencia armada, sino que aborde las raíces de las desigualdades y los conflictos cotidianos. Para ello, es crucial superar, entre otros, seis grandes obstáculos: la corrupción, el narcotráfico, la privatización de servicios esenciales, la violencia armada, la minería ilegal y la dependencia económica y tecnológica. Estos males no solo perpetúan la violencia, sino que también minan la posibilidad de un desarrollo justo y equitativo.

La corrupción es quizás el mayor enemigo de cualquier proceso de paz y desarrollo. Ha permeado todos los niveles de la sociedad colombiana, desde las instituciones estatales hasta el sector privado, afectando gravemente la confianza del ciudadano en el Estado. Es necesario implementar una reforma política que ataque la corrupción de raíz, mediante mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y el fortalecimiento efectivo del poder disuasivo y judicial del Estado. Fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública es fundamental para garantizar que los recursos destinados a la paz y al desarrollo no sean desviados ni mal utilizados.

 

El narcotráfico es otro de los grandes flagelos que ha alimentado la violencia en Colombia e impide el desarrollo económico sostenible. Este fenómeno ha financiado tanto a grupos armados ilegales como a redes de corrupción, creando un círculo vicioso difícil de romper. Es urgente seguir avanzando en una reforma rural integral que ofrezca alternativas económicas viables a las comunidades campesinas que hoy dependen del cultivo de coca, profundizar el desmantelamiento de las mafias dedicadas al lavado de activos, y ejercer un control efectivo sobre los insumos utilizados en la producción de cocaína, como la gasolina, el cemento, la maquinaria y los productos químicos importados.

La privatización de servicios esenciales, como la salud, el agua potable, la energía eléctrica, y el debilitamiento de la educación pública, han exacerbado las desigualdades. La falta de acceso equitativo a estos servicios ha generado un profundo resentimiento en amplios sectores de la población, alimentando el conflicto social. El Estado debe recuperar su papel como garante de estos derechos, asegurando que los recursos públicos se utilicen para beneficiar a toda la población, construyendo verdaderas alianzas con sectores sociales y privados. Estas alianzas deben fomentar la iniciativa de la gente, vinculándola al desarrollo sostenible de forma transparente y justa, en lugar de perseguirla.

La minería ilegal es otra de las problemáticas graves que enfrenta Colombia, no solo por el daño ambiental que causa, sino también porque alimenta la violencia armada y la corrupción. Las regiones ricas en recursos naturales se ven atrapadas en un ciclo de explotación que no beneficia a las comunidades locales. Es necesario continuar fortaleciendo, como se ha venido haciendo, la regulación estatal y la presencia institucional, impidiendo que la minería ilegal siga devastando ecosistemas y perpetuando la violencia. Es esencial promover alternativas económicas sostenibles para las comunidades afectadas, de manera que puedan salir del ciclo de dependencia de la minería ilegal.

Colombia debe promover la diversificación económica que permita a las comunidades rurales y urbanas acceder a fuentes de ingresos legales y sostenibles. Esto incluye el fortalecimiento del sector productivo agrícola, el apoyo a pequeñas y medianas empresas urbanas, y la promoción de proyectos de desarrollo local que sean inclusivos y respetuosos del medio ambiente. De ahí la importancia de modificar la Ley 101 de 1993, que establece un mecanismo de inversión obligatoria en el sector agropecuario. Con las medidas complementarias necesarias para no afectar al ahorrador o al cliente bancario, se deben ampliar los beneficios de esta ley a sectores de la economía popular, cooperativa y solidaria, que hoy requieren créditos blandos y ágiles.

La violencia armada sigue siendo una realidad dolorosa en Colombia. La sociedad en general, con el apoyo del Estado, debe hacer entender, mediante la movilización, la deslegitimación, la construcción de territorialidad, la participación política, la cultura de paz, el diálogo local y nacional, entre otras formas, a los grupos armados con reconocimiento político, a los herederos del paramilitarismo y a las bandas delincuenciales de acción urbana, su firme decisión de avanzar por el camino de la paz para construir la paz. Por su parte, el Estado debe implementar políticas de seguridad que vayan más allá de la militarización y continuar fortaleciendo la justicia, la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos de paz. La construcción de la paz no será más lenta mientras el miedo siga siendo una constante en la vida de miles de colombianos y colombianas.

Es el momento de que la sociedad colombiana, una sus voces, tome una decisión valiente y avance hacia la construcción de una paz verdadera y duradera. La historia de Colombia ha demostrado que los cambios significativos solo son posibles cuando existe una voluntad colectiva de transformar la realidad. Hoy, más que nunca, es necesario que esa voluntad se materialice en acciones concretas y sostenibles.

Luis Emil Sanabria D.

Colombia es tercera pontencia turística en América Latina

El Gobierno del Cambio, liderado por el presidente Gustavo Petro, continúa cumpliendo de manera efectiva con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, logrando posicionar a Colombia como la tercera potencia turística de América Latina, desarrollando una de las propuestas centrales de su campaña electoral, el turismo como un pilar fundamental.  Según el informe emitido por el DANE en 2023, el sector turístico registró un valor agregado de $33,2 billones, lo que representa un notable incremento del 12,8% en comparación con 2022.

El crecimiento del turismo en Colombia durante el primer semestre de 2024 ha sido notable, especialmente en regiones como Antioquia, Bolívar y Risaralda. Antioquia destacó con un aumento del 25,8% en la llegada de turistas, seguida de Bolívar con un 17,6% y Risaralda con un 7,9%. Estos resultados posicionan a Antioquia como una de las regiones preferidas por los visitantes, alcanzando un 27,6% del total de turistas que llegaron al país durante este período.

 

Este avance no solo refleja la atracción turística de estas regiones, sino también el impacto positivo que tiene en la economía nacional. En los primeros tres meses del año, la inversión extranjera directa en los sectores de turismo, restaurantes y hoteles alcanzó los 526 millones de dólares, lo que representa un aumento del 21,3% en comparación con el mismo período del año 2023. Además, los ingresos generados por el turismo internacional fueron significativos, sumando 2.536 millones de dólares solo en el primer trimestre de 2024, un 19% más que en el mismo período del año 2023.

Estos logros son el resultado de la gestión del Gobierno. En 2023, se llevaron a cabo más de 50 proyectos que permitieron realizar inversiones en 123 municipios para la implementación de programas de desarrollo con enfoque territorial. Se destinaron $67.672 millones de pesos, de los cuales $42.104 millones se asignaron a infraestructura turística, $4.087 millones a la promoción del mercado turístico y $16.442 millones para impulsar la competitividad turística. Además, se aprobaron $4.248 millones para la línea de inversión en territorios turísticos de paz, con el objetivo de promover el desarrollo económico y social en las zonas más afectadas por la violencia.

Regiones como Antioquia, Bolivar, Caquetá, Cesar, Chocó y Córdoba han experimentado una transformación significativa, mejorando la percepción y reduciendo el estigma asociado a la violencia. Este cambio ha sido clave para atraer inversiones y turistas. Hoy en día, Antioquia y Bolívar se destacan como destinos turísticos preferidos, un cambio radical que contrasta con la antigua connotación de conflicto armado y violencia que históricamente se asociaba a estas regiones y al país en general.

Los resultados no solo destacan el impacto positivo de las políticas gubernamentales en la economía nacional, sino que también reafirma el compromiso del Gobierno con la promoción y fortalecimiento de sectores clave para el desarrollo sostenible del país. Además, confirma el esfuerzo continuo por consolidar a Colombia como referente de belleza y riqueza natural, no solo en América Latina, sino en el mundo entero.

Por otro lado, en sectores clave como educación, medio ambiente, laboral, defensa, tierras y energía, el Presidente ha demostrado avances significativos. Programas como “Puedo Estudiar” han eliminado barreras de acceso, beneficiando a más de 800 mil estudiantes de pregrado y permitiendo la incorporación de 42.666 nuevos estudiantes en instituciones públicas, con una inversión de 4 billones de pesos en gratuidad. En el ámbito ambiental, la deforestación se redujo al nivel más bajo en 23 años, con una disminución del 36% en 2023 respecto a 2022, y un 54% respecto a 2021, superando las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Además, en política de tierras se logró involucrar más de 12 millones de hectáreas.

Estos avances positivos demuestran a los colombianos que el Gobierno progresista está cumpliendo, en dos años de transformación bajo el proyecto del cambio, se ha logrado sacar de la pobreza a 1.6 millones de colombianos y avanzar significativamente en la reforma pensional, garantizando los derechos fundamentales de más de 3 millones de adultos mayores. Además, se ha logrado transformar positivamente a la Fuerza Pública; hoy, 244,000 veteranos reciben mesada 14, la mortalidad infantil por desnutrición ha disminuido y las inversiones en turismo han catapultado a Colombia como la tercera potencia turística de América Latina, consolidando este sector como el segundo más importante de nuestra economía.

Estos logros no solo ratifican el progreso alcanzado, sino que también inspiran a continuar trabajando por la transformación del país. Gracias, Presidente Gustavo Petro.

Alejandro Toro

¿Cuál Potencia Mundial de la Vida?

En la supuesta Potencia Mundial de la Vida que el gobierno de Gustavo Petro se ufana en proclamar a diestra y siniestra, lo que verdaderamente sucede es que se siembra muerte. De no ser así, el gobierno no hubiera emitido esta semana una reglamentación que garantiza el aborto hasta la semana 24.

Lo anterior, se hizo a través de una circular emitida por la Superintendencia de Salud con directrices para las EPS, IPS y entidades territoriales, argumentando su sustento en sentencias de la Corte Constitucional. 

 

Ahora bien, la realidad es que según Stanford Medicine, un feto de 24 semanas de gestación ya es capaz de sobrevivir fuera del útero de la madre. No estamos hablando de células, sino de vidas humanas ya formadas. Esta regulación desconoce por completo el mandato de proteger el derecho fundamental a la vida desde la concepción. 

Pero la situación es aún más preocupante. Esta circular de la Supersalud prohíbe a las entidades prestadoras del servicio oponerse a la práctica del aborto por razones de conciencia. En este sentido, ¿dónde queda esa misma libertad de conciencia que nuestra Constitución Política protege?

Ya en Argentina tuvimos el caso del médico Leandro Rodríguez Lastra, quien en 2019 fue sentenciado por negarse a practicar un aborto dos años antes. Tuvo que pagar una condena en prisión y este año recobró su libertad señalando que trabajará en el sector privado, pero de tener un caso similar actuaría de la misma manera.  

El hecho de obligar a los centros de salud, y por ende, a los médicos y demás personal de la institución, no solo viola su derecho a la libertad de conciencia, sino que también los obliga a faltar a su juramento hipocrático de respetar siempre la vida humana.

Este es un vivo ejemplo de que esta decisión del gobierno de Gustavo Petro, el de la supuesta vida, pisotea la autonomía de las instituciones y obliga a los médicos y enfermeras a participar en prácticas que van en contra de sus principios y valores.

Y como si esto fuera poco, la regulación excluye al padre de la decisión. En este sentido, ¿dónde está el derecho del papá a participar de estas determinaciones que también le competen? En el año 2020 en Colombia tuvimos el caso de un padre de 25 años que acudió a la justicia para impedir que su novia de 22 años con siete meses de embarazo abortara. En ese momento se hizo popular el clamor “Salvemos a Juan Se”, pues el niño iba a ser nombrado Juan Sebastián. Pese a todos los esfuerzos del padre, la mujer decidió abortar.

Esta determinación del gobierno es promovida por el exconcejal de Bogotá y actual superintendente, Luis Carlos Leal, quien no es padre de familia y por lo tanto desconoce a qué se puede ver sometido un padre al que le violan sus derechos.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, un instrumento jurídico vinculante para Colombia, establece en su artículo 4.1 que «toda persona tiene derecho a que se respete su vida» y que este derecho «estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción».

Pero además, las cosas como son. Se llama aborto. En los últimos años se ha desatado una batalla cultural por el lenguaje, en la que con eufemismos se pretende dibujar lo malo como bueno y viceversa.

Qué quede claro: interrupción no es igual a terminación. Explico esto diciendo que la interrupción deja latente la posibilidad de reanudación. Pero la vida si termina no tiene posibilidad de reanudación, es decir: aborto, que se traduce en terminación violenta inducida provocando la muerte del neonato.

Concluyo diciendo que, en el caso de Bogotá, entre 2017 y 2022 se realizaron 53.987 abortos en las diferentes instituciones prestadoras de servicios tanto públicas como privadas. Y ahora, con esta circular el panorama seguramente será peor. Un bebé inocente no puede pagar las consecuencias de las decisiones de sus padres. Es nuestro deber proteger a los más vulnerables y alzar nuestra voz como promotores de la vida y de la familia.

Andrés Barrios Bernal

Un verano para creer

Necesitaba un tiempo de calma. Y ahí, instaurada en la pausa he podido priorizar lo mío. Ya saben queridos lectores, que a mí lo que me enloquece es la tiranía del tiempo; que te lleva a rastras, de los pelos y a toda prisa por los días, completando años y lustros, hasta que te llena de canas, te salen alas de murciélago y ya ni las pesas pueden poner remedio.

En ese rincón donde el mar te mece y el sol acaricia la piel salada, la mía con urticaria, he logrado olvidar lo que me angustiaba y ahora que he vuelto a lo de siempre, al norte, a ese más al norte de los Pirineos – todo veraneo se acaba- esa angustia se ha convertido en paz; ya saldrán las cosas que no dependen de uno mismo, y saldrán genial, seguro. Pero hay que dejarlas en buenas manos, yo en las manos de Dios, aunque oigan, que cada uno que las deje en las manos de quien quiera y crea conveniente.

 

De la Eurocopa a Paris

Tal vez lo que me pase es que el algoritmo de las redes y el de mi vida real sólo me muestran las virtudes de esas manos tan poderosas, o que como estoy algo más centrada, calmada, pausada sólo veo su mano paternal a mi alrededor, como cuando uno quiere comprar un coche y empieza a verlo por todos lados, curioso… Dejen que me explique:

Mi veraneo – concepto de vacacionar en verano por un largo período de tiempo- comenzó el día que España ganaba a Alemania en la Eurocopa. Imaginen… el chat de amigos alemanes echaba chispas. La selección española que durante la Eurocopa ha ido ganando adeptos y pegándonos a los televisores, volviéndonos a unir a todos – un milagrito si tenemos en cuenta que España anda más dividida que nunca- acaba ganando el ansiado trofeo. En medio del entusiasmo el seleccionador nacional, De la Fuente, se hace viral por contestar a una periodista que persignarse -hacer la señal de la cruz- no es una superstición, sino un gesto de fe, pues él es un hombre profundamente creyente, aclaró en la ronda de preguntas.  Y volvió a declarar su fe en público cuando otro periodista insistió sobre el tema. Sin miedo, con total naturalidad.

Se sosiega al ansia y la alegría de la Selección y los eventos deportivos del verano dan paso a las Olimpiadas de París 2024.

He de confesarles que no vi la inauguración en directo- al parecer blasfema, muy blasfema y soez y paleta- con un toque de belleza que puso sobre todo una espectacular Celine Dion. Un despropósito para deportistas que lejos de vivirlo en un gran estadio olímpico se quedaron con las ganas, navegando por un río infesto, donde no pudieron disfrutar de estar juntos; cada uno en su barquita. Por originales, los parisinos se cubrieron de mierda.

A Dios toda la Gloria

Teorías conspiranoicas a parte lo que París mostró un siglo después de los famosos Carros de Fuego de las Olimpiadas de 1924 fue que está infectada del virus woke que quiere meter mano en todo. Y parece que esta vez el tiro le ha salido por la culata. La respuesta de los deportistas creyentes ha sido espectacular, pese a que el reglamento olímpico prohíbe las manifestaciones políticas, religiosas o raciales en su artículo 50, y las redes sociales no han hecho más que de altavoz de todas y cada una de las manifestaciones de fe que han hecho los laureados en oro, plata y bronce. Así desde el oro en tenis, Novak Djokovic, que sacó su preciosa cruz ortodoxa y dedicó a Dios toda la gloria, se siguieron las brasileñas Rebeca Andrade o la skater Rayssa Leal que en leguaje de signos manifestó que Dios es Camino, Verdad y Vida. A ella la siguieron Caio Bonfim y Larissa Pimienta, la judoca. Los guatemaltecos Adrian Ruano y Jean Piere Brol también mostraron su profunda fe. Tal vez la foto más viral y espectacular la protagonizara el surfista, medalla de bronce, Gabriel Medina que posteaba en redes “Todo lo puedo en cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13) y así en claim de una camiseta, en la declaración a prensa tras recibir un oro, o un bronce, un pequeño gesto de mirada al cielo o en el secreto corazón de una atleta, como la alemana Yemisi Ogunleye, que rezaba esto antes de hacer su último lanzamiento de peso: “ Dios, ahora es el momento, muestra al mundo que eres real y que contigo todas las cosa son posibles”  y tras rezar, no sólo consiguió oro sino que hizo récord mundial. De este modo, y después de la cagada de inauguración Dios ha estado más presente que nunca, o eso al menos me dice el algoritmo.

Yo lo compro porque estoy convencida de que se vienen nuevos tiempos para la fe y porque la historia nos muestra que no son las grandes tormentas sino la acción constante y silenciosa del mar la que moldea la costa, la roca.

Y ahora que el hombre ha perdido toda cordura y anda despendolado con sentimientos engañosos, que provocan tormentas en su ser y le ocasionan desasosiego y vacío, lo que necesita es la calma y el suave baño del agua del mar.

Almudena González

A Luchar 2.0

Las historias escuchadas este fin de semana en el centro de memoria paz y reconciliación del movimiento A Luchar, desde su fundación el 28 de mayo de 1984, hasta su disolución, integrado por miembros de diferentes movimientos sociales, de sindicalistas, estudiantes y líderes campesinos, grupos políticos de izquierda, algunos clandestinos, en especial en el Nororiente de Colombia, Antioquia,​ Valle del Cauca, Bogotá, Huila y Arauca, me hace reflexionar acerca de la situación política actual.

Esta retrospectiva me hace pensar en que la necesidad de un frente amplio democrático ya existía desde entonces en las inquietudes de la juventud, las mujeres lideresas y los hombres del cambio.

 

Qué importante era la construcción del hombre nuevo, la reconstrucción de un discurso y práctica democrática, la definición de un país pluralista, de un país territorial, una descentralización del poder, y una corriente viva que dice el pueblo habla el pueblo manda.

¡Qué gran herencia que gran honor que suerte!

Esta historia de luchas llena de afectos, también nos lleva a pensar en el compromiso de la recuperación de la memoria, en los archivos, en la historia viva y en la necesidad de consignar de manera disciplinada y escrupulosa las evidencias de nuestro proceso. También en el camino jurídico que se requiere para que saber la verdad de nuestros muertos y desaparecidos.

Y digo nuestros por qué este fin de semana recibí el cariño y la aprobación de sentirme parte de y para mí hoy es un orgullo poder decir que hoy soy de a luchar 2.0

El compromiso de este grupo de idealistas, de estrategas, de filósofos, de pensadores y pensadoras, por qué ante los cambios de estas cuatro décadas también se siente el cambio de la perspectiva de género, el reclamo de las mujeres a sus espacios y la necesidad de autocrítica de algunos de ellos.

La autorregulación, la mesura, la ponderación de la palabra y la distribución de roles, la insistencia del respeto incide mucho en la apuesta de esta nueva versión, así como el soñar juntos y mirar hacia el futuro.

Un frente amplio, una unidad democrática, una corriente alternativa, un país plural, el trabajo visto desde el proceso desde el equipo desde el colegaje, desde la construcción de acuerdos y desde el reconocimiento de la palabra.

¿Hacia el futuro que viene? Fortalecer lo vivido alrededor de 3 estrategias, la Casa de la Memoria, Centro de documentación e investigación, y Escuelas de formación y centro de pensamiento, para contar la verdad y reparar a nuestras víctimas y recordar a nuestros muertos.

En este a luchar 2.0 no tendrá cabida la guerra, ¡No mataras! ¡No robarás! En este periodo nos preocuparemos también por la distribución de la tierra y de la riqueza, pero surgirán con más fuerza las agendas de las mujeres, las y los jóvenes y por supuesto la agenda ambiental, el cuidado del agua como mínimo vital que nos dice somos todo y hacemos parte de un todo.

Fotos, recuerdos, alegrías, abrazos, sonrisas y reconocimientos que suman esperanza. Afortunada de este legado afortunada de esta trova, del compartir, de despertar la física quantica y recordar a Toño Lopez, a Hernando, a Pacheco y por supuesto sonreír a lágrimas a Manuel Ernesto Manotas Pardo. Qué grande fue, cambiaste nuestra vida y juntaste nuestros corazones. ¡Gracias a la vida que me ha dado tanto!

Este tipo de hitos no pueden quedar en el olvido, son muchos los procesos de memoria de rigor de disciplina y afecto los que vienen. ¡La fuerza de la historia nos acompañará, la fuerza del cariño, del amor eficaz, del amor de Camilo! A luchar a vencer vamos es por el poder.

Marcela Clavijo

El medio tiempo

A mitad del periodo presidencial no hay mucho cambio: no hay logros económicos, ni reformas institucionales, el fracaso para el gobierno en elecciones regionales fue contundente, y la creciente inseguridad se está saliendo de las manos. Más grave aún, la narrativa de superioridad moral se está desvaneciendo. Todo el mundo puede tener un mal comienzo, la inexperiencia frente a las riendas del Estado es compleja y solo se aprende haciendo. El equipo de gobierno no contaba con las hojas de vida para gobernar, es todavía increíble que no encuentren gente para ser miembros de la CREG. Lo más grave es que para el segundo tiempo, la fórmula va a ser más de lo mismo. El cambio de gabinete trae caras frescas (algunas bien recicladas) pero no complementa puntos de vista ni trae nuevos apoyos. Colombia si necesita urgente un cambio, pero parece que va a tener que esperar unos años mas.

Hasta ahora el enfoque de gobierno tiene una alta unilateral retorica filosófica, no existe genuino debate, aunque si esporádicos cruces de insultos, cuando se entra en la carpintera del detalle se esfuman el “exactamente que se quiere lograr” para quedar en nada. Es importante que el gobierno redacte un documento técnico de cómo quiere lograr sus propósitos, para ver si hay margen parcial de acuerdo, aterrizar en algo sus propuestas.

 

El grandilocuente propósito de cambiar modelos como salud, educación, productivo, entre otros, muchas veces se reduce a eliminar o disminuir el papel del sector privado, esto parece es el propósito de la reforma de servicios públicos. Tan progresivo como pueda aparecer esto para muchos, es meramente volver a las tesis estatistas de los 70s que recientemente fracasaron estruendosamente en Argentina y Venezuela. El peligroso anuncio de inversiones forzosas para el sector privado va en la misma línea. La paz total sin ningún defensor por fuera del Pacto Histórico se ve especialmente compleja. La insistencia sin ninguna modificación de la reforma a la salud sin ningún cambio es un error.  

Las intervenciones del gobierno pareciesen revanchismo institucional, difícil buscar consenso con una pistola en la cabeza. En materia ambiental no se propuso nada audaz ni que facilitara el cambio climático, la transición energética esta muriendo en el altar de los mandos medios de la ANLA. También hubiera sido interesante una expansión de derechos para minorías sexuales, religiosas, y étnicas. Para tanta retorica es sorprendente tan poca propuesta de reforma.

Al gobierno se le debe abonar la responsabilidad en lo macro-económico, si bien no se fortaleció la libertad económica ni el crecimiento, estamos en un meseta prolongada, tampoco hay una crisis. Aunque tan pobre ejecución presupuestal hace daño, los funcionarios se dejan llevar por la tentación de horas de argumentación infructuosa en redes sociales, en vez del trabajo de oficina. Se requiere que el presidente personalmente lidere estos procesos, el esquema de la última década dondese les delega la agenda a las secretarías generales, ya se agotó. Muchos ministros justificaron sus nombramientos, en privado, como el “sacrificio” para limitar el daño que puede hacer el gobierno. También hay que entender que cuatro años de nada también hacen daño, sería mejor una conversación sincera.

Simón Gaviria