Etiqueta: Opinión

¿Dónde está Timochenko?

Escrito por Oscar Sevillano en Jun 30, 2024. Publicado en Opinión.

Los más interesados en que el acuerdo de paz firmado entre los exfarc y el Estado deberían ser los mismos exfarc, especialmente su líder, y presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido también como Timochenko.

Poco se le ve a Timochenko exigiendo al Estado el debido cumplimiento de unos Acuerdos de Paz que le costó tiempo, sudor y lágrimas al país entero firmarlos, como para que se los deje morir por cuenta del poco interés de la institución para implementarlos y el silencio de quien se supone lidera la causa de todos los firmantes.

De nada vale quejarse en estos momentos por el poco empeño de Iván Duque para implementar los acuerdos durante su período presidencial. Se sabía desde el 7 de agosto de 2018 que el gobierno del Centro Democrático haría todo lo posible por desbaratar todo lo que sonara a paz.

Lo que sí no se esperó es que un gobierno liderado por un presidente que viene de un proceso de paz como Gustavo Petro, no haga lo posible por acelerar la llegada del Estado a los territorios que se priorizaron para implementar los acuerdos de paz.

Mucho menos se esperó que la persona que los exfarc escogieron para que los representara en las instancias políticas y gubernamentales, se decidiera por el camino de la pasividad.

A los firmantes de paz no solo los están matando, también los están desplazando de los territorios donde decidieron establecerse una vez se firmó la paz y Timochenko no ha dicho nada, es como si no le importara su gente.

Tampoco se le conoce una postura frente a la absurda idea de Gustavo Petro de acudir al poder constituyente dizque para hacer cumplir los acuerdos de paz y tampoco ha dicho nada en lo que respeta a los procesos de paz con la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, grupos ilegales que no deberían tener estatus de beligerancia.

Timochenko es quien debería exigir el debido cumplimiento de lo firmado, al fin de cuentas, fue el quien lideró la delegación de las Farc durante el ciclo de conversaciones en la Habana, Cuba. Además, tuvo que desgastarse durante días enteros en medio de unos diálogos que tuvieron momentos de fuertes tensiones, y que culminaron en la firma de una paz, que hoy se ve desgastada por la falta de norte del gobierno Petro.

No es posible que quien se supone debería tener el mayor interés en el debido cumplimiento del Estado con una paz que costó firmarla, haya tomado el camino de la pereza y el desentendimiento del tema.

¿Tendrían razón quienes se retiraron del Partido Comunes porque no estaban de acuerdo con que Timochenko manejara los destinos de la colectividad?

Oscar Sevillano

Un mundo sin etiquetas moviliza el desarrollo sostenible

Escrito por Columnista en Jun 30, 2024. Publicado en Opinión.

En octubre de 2019, José Daniel tomó una decisión que cambiaría sus días para siempre. Fue el momento de expresar que no era feliz, que no estaba conforme con su vida, con su forma de vestir, con lo que veía en el espejo, incluso con su nombre, y con esas convenciones en que transcurría su vida. Una vida en que debía ser mujer.

En su interior, allá adentro donde no es posible negarse a sí mismo, sabía que existía un hombre que desde pequeño buscaba su libertad, y que incluso por sobre sus miedos y tabúes era el momento de cambiar sus documentos, de dar las conversaciones que correspondieran y de someterse a los procesos médicos que fueran necesarios para, al fin, renacer siendo aquel que siempre fue en su corazón.

Pero para José Daniel, que para entonces era direccionador en una de nuestras sucursales, un temor más ocupaba sus noches: el miedo a perder su empleo.

No era un miedo carente de fundamento: de acuerdo con el Dane, solo 4 de cada 100 personas trans en Colombia tiene empleo formal. La discriminación laboral prevalece, limitando las oportunidades de empleo y llevando a un gran número de personas pertenecientes a esta población a trabajos informales relacionados con los servicios sexuales y la labor de peluquería.

El panorama no es más alentador en relación con las oportunidades de estudio de la comunidad trans, y para seguir ofreciendo una dimensión ajustada a su realidad, solo 57,89% de las mujeres trans y 57,14% de los hombres trans en la capital colombiana completan el bachillerato. Adicionalmente, solo 7,89% de las mujeres trans en esa misma ciudad acceden a la universidad, mientras que 14,29% de los hombres trans lo hace. Son datos de la Dirección Nacional de Planeación (2021) que hablan de una sociedad que cierra puertas a aquellos cuya única contravención es querer ser quienes sienten que son.

Estas cifras deben decirnos algo a quienes de una u otra manera hacemos parte del engranaje que mueve a las empresas en Colombia. En una burbuja de comodidad en la que se corre el riesgo de evitar las conversaciones adecuadas y necesarias, podríamos convertirnos muy fácil en multiplicadores de los errores que por años han dejado de lado a talentos realmente enriquecedores para nuestro quehacer, se los aseguro, no importa la industria.

Y es que, en contravía de las cifras anteriormente expuestas, otras hablan de las inmensas retribuciones que entrega a nuestros equipos de trabajo, a nuestros negocios y al desarrollo sostenible de nuestro país eliminar las etiquetas a la hora de emplear talentos diversos.

De acuerdo con McKinsey & Company, citado por la Cámara de la Diversidad, las empresas comprometidas con promover la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) “estimulan 111% más la participación y la alineación con objetivos corporativos por parte de sus empleados”.

De la misma manera, afirma Sintec, “las empresas con estrategias DEI tienen 1,7 veces más probabilidad de ser líderes de innovación en sus mercados”. Tener una visión diversa abre entonces las posibilidades de ser más creativos, cercanos y contundentes en relación con las verdaderas necesidades de las personas.

Gallup, por su parte, anota que los ambientes laborales incluyentes aumentan 39% la satisfacción del cliente, y no existe un mejor ejemplo que nuestro empleado, José Daniel, a quien su jefe inmediato decidió acompañar incondicionalmente para que fuera, al fin, lo que quería ser, tocando las puertas de nuestra Dirección de Diversidad, Equidad e Inclusión, y haciendo lo que fuera preciso para que él pudiera realizar su trabajo con seguridad y tranquilidad.

Hoy, José Daniel ha evolucionado en su carrera profesional y es asesor comercial. Su talento, conocimiento y capacidad para relacionarse con los demás le han otorgado un nuevo lugar en una de nuestras sucursales. Su rendimiento y sus aportes han venido enriqueciendo los resultados de su equipo, pero además se ha convertido en un multiplicador del mensaje de que vale la pena incluir en la estrategia corporativa el indicador de diversidad, equidad e inclusión como una manera de seguir movilizando el desarrollo sostenible en nuestro entorno.

Gracias, José Daniel, por tu confianza, por abrirnos tu corazón y permitirnos contar tu historia. Gracias, porque tu experiencia prepara el camino para acompañar a otras personas que posiblemente estén pensando realizar un tránsito similar en nuestra organización. Gracias por permitirnos ver nuestra labor con otros ojos y, sobre todo, gracias por hacernos parte de tu decisión de vida.

María Isabel Acosta, directora de Diversidad, Equidad e Inclusión de Bancolombia

Me quito el sombrero

Escrito por Edgar Martinez en Jun 27, 2024. Publicado en Opinión.

Nunca me quitaré el sombrero para enaltecer a un personaje con un pasado violento y asesino con su ‘pueblo’. Les juro escrito en tablas de mármol -como hacen los mismísimos políticos en campaña- quitarme ese icónico accesorio ante la presencia desde el más humilde como María Segunda Fonseca, famosa por sus 60 años alimentando comensales de toda estirpe a punta de ‘pelanga’ hasta Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, con su apoteósica obra, Cien Años de Soledad, traducida en 48 idiomas y que excita el interés a millones por la lectura a través del ‘realismo mágico’. Ellos son patrimonio y símbolo de Colombia.

Símbolos como nuestra Bandera, Escudo e Himno Nacional por los siglos de los siglos son y serán los merecedores de todos nuestros honores. De Hecho, que nos sigan haciendo erizar la piel cuando los vemos y oímos con todos los menesteres en galas, premiaciones o eventos internacionales, en los que para envidia de muchos, los autores de esos sentimientos patrios vienen del esfuerzo corporal y sudor de la frente de cientos de atletas ungidos por las mieles de la gloria, casi siempre paridos en las condiciones de extrema pobreza y desatendidos por cada gobierno de turno hasta nuestros días. Siempre me les quitaré el sombrero.

Patrimonio cultural de mis tiempos deben ser declarados los maestros Jorge Veloza, que con sus carrangueros boyacos ‘levantaron la bata’ de criollos y gringos convirtiéndose en nuestro primer ‘made in Colombia’ en presentarse en nada más y nada menos, en su momento, en el mítico Madison Square Garden, escenario de las grandes figuras de la orbe de entretenimiento. ¡Se les había olvidado! A mi no! Porque desde ese momento muchos se dieron cuenta de nuestra fortuna musical muchas veces escondido por aquellas pendejadas de nuestra historia conquistada por extraños ibéricos. Esas ondas musicales y tropicales desencadenaron una oferta brutal de los Grupo Niche, Joe Arroyo, Carlos Vives, Shakira, Juanes, Entre otros grandes y me quedo corto en el recorderis…me les quito el sombrero

Este espinoso tema del sombrero me lleva a pensar que somos consecuencia de muchos símbolos y patrimonios culturales en exceso de relevancia interna, pero manchados por un legendario cumulo de errores siempre cercanos a la disputa verbal sin altura, luego a la personal y finalmente, siendo sinceros, a la escena del crimen sin dolientes familiares o estatales. Precisamente por eso debemos coronar nuestras cabezas con los sombreros: Aguadeño, Vueltiao, Suaceño, Wayuu, Topochero, Misak, Sandoná, en su gran mayoría tejidos a mano por nuestros coterráneos, siempre olvidados por la gran mayoría de una sociedad sin dolientes e interesada por un bienestar personal, económico y en esto caóticos momentos POLÍTICO. Por esto último, nunca me quitaré el sombrero.

Quiero retroceder el tiempo para ‘quitarme el sombrero’ ante mi fallecida madre porque es símbolo y patrimonio de ejemplo para todas esas cientos de mujeres cabeza de familia que por cosas de este cruel destino les toco afrontar los avatares de la vida. Ellas nunca atentaron contra la vida de un semejante por obra y gracia; por el contrario escribieron en su mármol familiar con puño y letra que la vida se enfrenta trabajando, estudiando y respetando.

“No es un símbolo nacional. Para mí, termina siendo un fetiche dada la situación económica y social muy delicada que vivimos en el país. No tiene por qué estar en la Casa de Nariño, allá está la espada de Simón Bolívar y es lo que corresponde por historia, es el símbolo de la libertad de la patria. No es respetuoso con el país, con la historia, la memoria de los colombianos que haya otro tipo de símbolos distintos a los que acogimos como nación”, Dice Everth Bustamante, exsecretario de relaciones internacionales del M-19.

Edgar Martínez Méndez

Después de todo, solo quedan las palabras

Escrito por Edwin Arcos Salas en Jun 27, 2024. Publicado en Opinión.

Recordamos a esos seres que ya no deambulan entre los vivos porque, para bien o para mal, nos marcaron. A veces, los evocamos con el mismo pretexto de un poema de Jorge Luis Borges: “Mi corazón insiste en que regresarás, / mi corazón insiste en que no estás muerto, / y si estoy sin dormir es porque creo / que aún duermes y no quieres despertar.” Tratamos de recordar cada rasgo que los hacía únicos: cada mancha o arruga en su rostro, su forma de caminar, el tono de su voz, sus aficiones, sus cuitas, sus maneras de vestir. Con cada detalle distintivo, se despiertan en nuestra memoria acontecimientos, lugares, canciones, sentimientos, olores, personas, películas, fracasos, libros y pequeñas alegrías o triunfos. Por masoquismo o nostalgia, deseamos volver a esos lugares donde transitamos junto a ellos. Si tenemos la oportunidad de regresar, nos sorprende que todo siga igual, y lo que realmente ha cambiado en nuestra existencia.

Mi existencia ha cambiado porque ahora encuentro sosiego en cosas pequeñas y a la vez sublimes: acostarme en el sofá viendo una película, jugar con mis hijos después de los deberes del día, escuchar música de antaño, tomar un café o un té verde mientras leo a un autor descubierto recientemente, comer algo sano en la tranquilidad de la noche. He cambiado porque a estas alturas da abulia emprender nuevas aventuras y conocer nuevos rostros. He cambiado porque me sobresalto cuando alguien llama a mi celular o a mi puerta después de las ocho de la noche. He cambiado porque me despierto antes de que suene la alarma del celular y porque ya hago parte del uno por ciento de las personas que ya sienten hartazgo por las redes sociales. He cambiado porque, para tomar una decisión, me tomo el tiempo que sea necesario, incluso sin la decisión no es trascendental. ¿Y qué decir de las aglomeraciones? Huyo cuando, en fechas especiales, coincido con otras miles de personas en un mismo sitio.

Sin embargo, lo que realmente asusta es cuando, cualquier día, aparece una dolencia en alguna parte del cuerpo, porque se piensa que es el indicio de una muerte inevitable. En ese momento, tratamos de aferrarnos a momentos significativos para llevarnos algo hacia la otra vida o hacia la nada. Si la dolencia persiste durante una o dos semanas, pensamos en algún dios, y a ese dios le pedimos una muerte certera, rápida, sin la posibilidad de pensar que estamos agonizando. Pienso en una frase de François Fénelon: “La muerte solo será triste para los que no han pensado en ella”. Pero no basta la anterior frase para tranquilizarme. La idea de no dejar a mis herederos experiencias escritas me atormenta, porque, como decía Samuel Beckett: “Las palabras son todo lo que tenemos”.

Concluyo diciendo que el tiempo se encarga de que no recordemos con claridad a los que se fueron, mientras que las palabras perdurarán por los siglos de los siglos, aunque no deambulemos entre los vivos y aunque nadie recuerde lo que nos hacía distintivos.

Edwin Arcos Salas

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Doña Segunda: la instrumentalización de la ética relativa

Escrito por Rafael Fonseca en Jun 26, 2024. Publicado en Opinión.

En los últimos días ha habido una nueva ola de polarización alrededor del cierre por tres días del negocio de doña Segunda, una fritanguería famosa que queda en el barrio12 de octubre de Bogotá que lleva 6 décadas en el mercado.

De la misma forma la DIAN había cerrado por tres días otros 18 negocios, como Jumbo (¡sí, Jumbo!!) del centro comercial Santa Fé, pero esa no era una noticia explotable políticamente hablando. En cambio, la de doña Segunda sí: una pobre mujer vieja a la que la DIAN estaba abusando; en realidad ella no es pobre desde hace tiempo, pero luce como tal y su imagen se puede explotar para tal efecto. El año pasado se cerraron 3300 establecimientos y este año ya llevan 119 (Morales, 2024).

El cierre, dijo la DIAN, es por no haber cumplido con el procedimiento de facturación electrónica (Valencia,2024), que ya le tocaba tener expidiendo las facturas electrónicas. “Los cierres de la @DIANColombia son el resultado de un proceso que agota cada una de las instancias en los tiempos establecidos por la norma, los cuales están sujetos a un riguroso sustento jurídico y probatorio” (DIAN, 2024). Nada excepcional, sino un procedimiento estándar, siguiendo un debido proceso: el establecimiento fue visitado el año pasado “para ver cómo estaba facturando y explicarles que debían implementar la factura electrónica, en una especie de capacitación. Como no lo hizo, el negocio fue sancionado…” (Salinas, 2024)

Pronto empezaron los medios a hacer su magia. Salió entrevistada con dolor, sorpresa e indignación. Habló de atropello, que ella ayudaba a mucha gente que dejaron sin trabajo; según ella no había hecho nada malo, que no le estaba quitando nada a nadie, que ella pagaba impuestos y tiene en orden todo (lo correspondiente a lo que le exige la ciudad para ese tipo de negocios).

Y las editoriales amplificaron el mensaje con frases altisonantes contra la DIAN; un ejemplo: “la pusieron a llorar… show mediático… no tener facturación electrónica no significa evadir impuestos… la prefieren llorando que haciéndole el acompañamiento… esas lágrimas de doña Segunda casi que son las lágrimas de los cientos de emprendedores… lo que se necesita es un plan de choque económico ¡claro! duro muy, duro con los pequeños empresarios…” (Gómez, 2024). En forma convincente, la periodista vuelve a doña Segunda una víctima y a la DIAN un ente victimario monstruoso. Usa cinco falacias lógicas en su discurso: la DIAN no puso a llorar a la señora; el show mediático realmente es el de los medios; no tener facturación electrónica no significa evadir impuestos es algo que la periodista no sabe; casi que son las lágrimas de los cientos de emprendedores… una generalización que no tiene cómo sustentar; lo que se necesita es un plan de choque económico, hubiera tenido que cumplir el mismo procedimiento así estuviéramos en una bonanza económica; ¡claro! duro muy, duro con los pequeños empresarios, el mismo procedimiento se le había aplicado a negocios muy grandes como Jumbo, pero le permite hacer un cierre que despierte rabia. En el mismo medio aparece una entrevista a doña Segunda, la que el periodista prácticamente le dice a la señora qué decir para que luzca dramática (Barragán, 2024). El meollo no es otro sino criticar al Gobierno al que le hacen oposición, no importando si se usan argumentos falaces.

Ya de estos medios se conoce su habilidad para intentar manipular a la opinión pública. Pero la enfermedad contagió hasta profesores universitarios que hacen una defensa al incumplimiento de la ley; un ejemplo: “Que triste el papel de la DIAN y del gobierno persiguiendo a personas vulnerables que trabajan día a día para salir adelante. Infame” (Jaramillo, 2024) quien es economista y administrador, director del Centro de Gerencia y Empresa de una prestigiosa universidad y columnista de un diario importante; la tristeza es que, con su trino, falaz también, hace implícitamente una apología a saltarse la ley porque es una persecución del Gobierno (que nuevamente, es el objeto de la publicación) … ¿que entenderán sus estudiantes y qué aprenderán con su ejemplo?

De exactamente la misma forma el director de Fenalco salió al ruedo solidarizándose con la señora, porque “la ausencia de la factura electrónica no puede ser vista ni tratada como evasión”, asunto que ya vimos que no puede saber un opinador sobre el caso, argumentando que “una persona de la tercera edad (dramatizando), que genera empleo y paga impuestos (mientras no lo demuestre con documentos no puede saberlo y por tanto, no puede usarlo como argumento) merece un trato digno (exigir el cumplimiento de una disposición legal no puede ser considerado como indigno), como miles de colombianos que luchan día a día por sacar adelante a su familia (dramatizando) (Cabal, 2024).

Lo primero que hay que recordar es que la facturación electrónica fue aprobada en el anterior Gobierno, y que la DIAN es una institución del Estado colombiano y no del Gobierno de turno. Por lo tanto, los ataques se basan en argumentos falaces para mostrar a la DIAN de Petro como la mala del asunto, perdiendo completamente la perspectiva: el que no cumple con lo dispuesto en las leyes es el malo de este tipo de casos. Vergonzoso viniendo de gente tan ilustrada e importante.

Como doña Segunda es (o se parece) a una vieja pobre y llorosa e indefensa es una buena víctima para llevar un mensaje de ataque al Gobierno Petro. Esto recuerda la frase de Nietzsche: “…Si matas a una cucaracha eres un héroe. Si matas a una mariposa eres malo. La moral tiene criterios estéticos” (Dominguez, 2022). La instrumentalización de doña Segunda para servir a un propósito diferente al drama que ella misma se propició, está basado en la que la ética se aplica con relatividad estética: a nadie conmovería que se hiciera todo este despliegue mediático con opinadores tan ilustrados luciendo indignados, si el caso fuera el de Jumbo.

Esta reflexión, y no una sonsa defensa a este Gobierno, es lo que nos ocupa: la ética se relativiza según se necesite por personas que, por tanto, no son éticas.

Es parte de la doble moral que nos caracteriza a los colombianos en todo lo que alegamos (generalizando). Y eso que no hemos traído la mejor “razón” de todas: “para qué pagar impuestos si se los roban” (de la (no)sabiduría popular).

Los que no pagan impuestos hacen que los que sí pagan, paguen más y, por lo tanto, aunque no les estén robando directamente, sí los están perjudicando de hecho. ¿Con base en qué razón ética tendríamos que defender esta posición? A no ser que seamos del grupo de los evasores y corruptos, o de los que son capaces de instrumentalizar a una señora de edad para hacerle oposición al Gobierno, oficio en el cual, la ética es desconocida.

Rafael Fonseca Zarate

La Sostenibilidad Empresarial: Impactos de las Directivas CSRD y CS3D en América Latina

Escrito por Raúl Arce en Jun 26, 2024. Publicado en Opinión.

La Unión Europea (UE) ha sido un referente mundial en la reglamentación de la sostenibilidad empresarial, recientemente ha dado pasos significativos en la integración de la misma en la gobernanza y la información corporativa a través de dos directivas cruciales: la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CS3D). Estas normativas buscan mejorar la responsabilidad y transparencia corporativas en temas sociales, ambientales y de gobernanza. A medida que estas directivas comienzan a aplicarse, su influencia se extiende más allá de Europa, afectando a las empresas latinoamericanas que operan en, comercian con, o son proveedores de empresas de la UE. Este artículo examina cómo las directivas CSRD y CS3D pueden impactar a estas empresas y las oportunidades y desafíos que presentan.

Primero un poco de contexto, la CSRD, adoptada en 2021, amplía y profundiza los requisitos de informes de sostenibilidad para las empresas europeas. Se aplica a todas las grandes empresas y las que cotizan en mercados regulados, excluyendo a las microempresas. Las empresas deben realizar divulgaciones detalladas sobre factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y obtener garantías de terceros sobre su gestión, que viene siendo como una especie de auditoría. Por otro lado, la CS3D, adoptada en el segundo trimestre de 2024, complementa a la CSRD enfocándose en la diligencia debida (due diligence) en sostenibilidad. Requiere que las empresas identifiquen, prevengan, mitiguen y rindan cuentas de los impactos adversos en derechos humanos y el medio ambiente en sus operaciones y cadenas de valor. Además, establece sanciones por incumplimiento y exige que las consideraciones de sostenibilidad se integren en las políticas y sistemas de gestión corporativos.

Las directivas CSRD y CS3D están diseñadas para trabajar de la mano, creando un marco cohesivo que mejora la responsabilidad corporativa hacia la sostenibilidad empresarial. La CSRD se centra en la transparencia de los impactos de sostenibilidad, mientras que la CS3D enfatiza la prevención y mitigación de estos impactos a través de la diligencia debida. Los requisitos de diligencia debida de la CS3D proporcionan la base para las divulgaciones requeridas por la CSRD, lo que asegura que las empresas no solo informen sobre sus impactos, sino también demuestren cómo los están abordando.

Para las empresas en América Latina que tienen relaciones comerciales con la UE, las nuevas directivas representan un desafío significativo. Adaptar sus prácticas para cumplir con los nuevos estándares de transparencia y responsabilidad implicará desarrollar sistemas de informes detallados y robustos, así como implementar procesos de diligencia debida que aborden los riesgos ambientales y de derechos humanos a lo largo de sus cadenas de valor. Esto puede generar costos adicionales, como la adopción de nuevas tecnologías, capacitación de personal y obtención de verificaciones independientes. Sin embargo, también ofrece una ventana para mejorar su competitividad en el mercado global. Al alinearse con los estándares de sostenibilidad de la UE, las empresas no solo cumplen con los requisitos regulatorios, sino que también fortalecen su reputación y atractivo ante consumidores cada vez más conscientes de la sostenibilidad.

Para las startups en América Latina, el cumplimiento de las directivas CSRD y CS3D puede ser particularmente desafiante debido a sus recursos limitados. Desarrollar sistemas de informes detallados y establecer procesos de diligencia debida puede resultar costoso y complejo, desviando recursos de áreas críticas como la innovación y la expansión de mercado. Sin embargo, estas directivas también presentan oportunidades únicas. Al adoptar prácticas de sostenibilidad y diligencia debida desde el principio, las startups pueden diferenciarse en un mercado global que valora cada vez más la sostenibilidad. Esta alineación con los estándares europeos puede atraer a inversores y clientes interesados en apoyar empresas rentables, responsables y sostenibles.

Las empresas, por su parte, deben integrar la sostenibilidad en su estrategia central y desarrollar sistemas robustos de información que capturen todas las métricas relevantes. Establecer procesos eficaces de diligencia debida que cubran toda la cadena de valor es crucial para identificar, evaluar y mitigar riesgos relacionados con derechos humanos, medioambientales y de gobernanza. La exigencia beneficiará la calidad de los procesos que se desarrollan en América Latina, obligará a la implementación de los más altos estándares de transparencia y prácticas sostenibles. Fortalecer la gobernanza corporativa y proporcionar capacitación regular a los empleados sobre la importancia de la sostenibilidad también es vital.

La CSRD y la CS3D son pilares complementarios del marco de sostenibilidad de la UE, y su implementación tendrá un impacto significativo en las empresas de América Latina. La normatividad que empieza a regir para las más grandes empresas tendrá un efecto multiplicativo, a medida que las obligaciones se van ampliando a cada componente de las cadenas productivas. Estamos hablando de que la red de comercio internacional empezará a jugar un papel a favor de la sostenibilidad. Alinear las obligaciones de información y diligencia debida permitirá un sector corporativo más sostenible y resiliente, contribuyendo a objetivos ambientales y sociales más amplios.

Raúl Arce

El sur de Asia avanza, pero no en ESG

Escrito por Juan Camilo Clavijo en Jun 26, 2024. Publicado en Opinión.

Se ha forjado una asociación histórica entre Standard Chartered Bank y Watershed Organization Trust (WOTR) para lanzar una profunda iniciativa titulada «Proporcionar seguridad hídrica para el consumo, los medios de vida rurales y la agricultura resistente al clima en regiones propensas a sequías severas de Marathwada, Maharashtra». En los últimos años, Marathwada ha estado en el epicentro de una creciente crisis del agua, que afecta la agricultura, la salud pública y las estructuras sociales. Esta crisis constituye el telón de fondo de la colaboración, que busca brindar alivio inmediato y resiliencia a largo plazo a las comunidades afectadas (ESG. News, octubre 2023).

Acciones como la anterior están avanzando en el sur de Asia (Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka), teniendo a India como su mayor exponente y la economía más grande de la región. Esto es muy positivo, dado que estamos hablando de una de las partes más pobladas del planeta.

Sin embargo, según Fitch Sustainable, el enfoque ESG en el sur asiático aún se encuentra en una etapa temprana en relación con los mercados desarrollados globales. No obstante, en los últimos años, las cuestiones ESG han ido ganando prioridad, con un marcado aumento en la conciencia y la adopción de políticas y métricas relacionadas con ESG en toda la región.

Miremos el caso particular de Bangladesh. Uno de los países con mayores maquilas del mundo, así como una situación socioeconómica muy difícil, pero en franca mejoría desde hace varios años. Bangladesh cuenta con una historia notable de reducción de la pobreza y desarrollo. De ser una de las naciones más pobres al nacer en 1971, alcanzó la categoría de ingresos medianos bajos en 2015, y está en camino de salir de la lista de Países Menos Desarrollados (PMA) de la ONU en 2026.

Además, los resultados en materia de desarrollo humano mejoraron en muchas dimensiones, como la reducción de la mortalidad infantil y el retraso del crecimiento, y un aumento de las tasas de alfabetización y del acceso a la electricidad. A pesar de estos avances, la desigualdad se ha reducido ligeramente en las zonas rurales y se ha ampliado en las urbanas.

Sin embargo, el camino ESG no se ve tan próspero. En Bangladesh, la presentación de informes ESG aún se encuentra en una etapa incipiente, pero la tendencia es ascendente. Organizaciones de diferentes industrias han comenzado a informar sobre su desempeño ESG y los organismos gubernamentales también han tomado iniciativas para promover y fomentar la presentación de informes ESG.

La BSEC (Bangladesh Securities Exchange Commission) ha hecho obligatorio que las empresas que cotizan en bolsa incluyan informes ESG en sus informes anuales de acuerdo con las Directrices para la presentación de informes de sostenibilidad (SRG), y el Banco de Bangladesh ha emitido directrices para la gestión de riesgos ambientales y sociales (ESRM) y los informes de sostenibilidad para todos los bancos e instituciones financieras que operan en Bangladesh.

Además, las ONG de Bangladesh informan voluntariamente sobre el desempeño ESG; a veces la presentación de informes está impulsada por la mayor demanda de transparencia y rendición de cuentas por parte de las partes interesadas, incluidos donantes, beneficiarios y socios.

Lo anterior son pequeños pasos que el país está dando hacia la aplicación de ESG, pero deberá acelerar porque en la economía actual, estos criterios cada vez más determinan dónde y cómo invierten las empresas. Por eso, la región debe moverse rápidamente para cumplir con esto.

Desde tierras del gigante, India, los ESG no están regulados por una sola ley o estatuto; sin embargo, están sujetos a varias legislaciones, como la Ley de Sociedades de 2013, las Regulaciones de la Junta de Bolsa y Valores de la India (Obligaciones de cotización y requisitos de divulgación) de 2015 (Regulaciones de cotización), entre otras.

La Ley de Sociedades permite a las empresas con cierta facturación o patrimonio neto formar un comité para supervisar diversas actividades y políticas de la empresa relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Además, el artículo 149 de la Ley de Sociedades exige que determinadas clases de empresas tengan una directora.

En el año 2012, SEBI introdujo el Informe de Responsabilidad Empresarial (BRR), por lo que las 100 principales empresas que cotizan en bolsa por capitalización de mercado tienen la obligación de presentar el mismo con el fin de evaluar los factores ESG. Esto fue reemplazado en 2021 con Informes de Sostenibilidad y Responsabilidad Empresarial (BRSR) que amplían el Informe de Responsabilidad Empresarial anterior.

A pesar de estos cambios, el caos en cuanto a leyes y responsables hace difícil navegar para las empresas los caminos burocráticos y de regulaciones para poder aplicar los ESG. Esto está afectando el compromiso del sector privado con estos criterios, por lo cual, muchas compañías deciden no invertir recursos ni esfuerzos en esto.

A nivel general, la implementación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) enfrenta varios desafíos específicos de la región. Aquí hay algunos de los retos más destacados:

Regulaciones y Cumplimiento

Normativas Inconsistentes: La falta de regulaciones uniformes y consistentes e dificulta la implementación y el cumplimiento de prácticas ESG.

Cumplimiento Deficiente: Incluso donde existen regulaciones, la ejecución y el cumplimiento pueden ser insuficientes debido a la corrupción, la falta de recursos y la supervisión inadecuada.

Infraestructura y Capacidades Limitadas

Infraestructura Inadecuada: Las infraestructuras deficientes en términos de transporte, energía y saneamiento dificultan la implementación de iniciativas ambientales sostenibles.

Falta de Conocimiento y Capacitación: Las empresas y organizaciones a carecen del conocimiento y la capacitación necesarios para implementar y gestionar prácticas ESG efectivas.

Condiciones Socioeconómicas

Pobreza y Desigualdad: Altos niveles de pobreza y desigualdad pueden hacer que las prioridades inmediatas se centren en el crecimiento económico a corto plazo, en lugar de en la sostenibilidad a largo plazo.

Trabajo Informal: Gran parte de la fuerza laboral opera en el sector informal, lo que dificulta la implementación de estándares laborales y de derechos humanos.

Cultura y Mentalidad Empresarial

Resistencia al Cambio: Las empresas tradicionales pueden mostrar resistencia a adoptar nuevas prácticas debido a la percepción de costos elevados y la falta de comprensión de los beneficios a largo plazo.

Falta de Transparencia: La cultura empresarial puede ser menos transparente, con menos presión por parte de los stakeholders para revelar información relacionada con ESG.

Desafíos Ambientales Específicos

Contaminación y Degradación Ambiental: Los problemas graves de contaminación del aire, agua y suelo requieren soluciones integrales que son difíciles de implementar debido a la falta de recursos y coordinación.

Cambio Climático: El sur de Asia es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, como inundaciones, sequías y ciclones, lo que complica aún más la planificación y la implementación de estrategias ESG.

Inversiones y Financiación

Acceso a Financiamiento: Las empresas y proyectos sostenibles a menudo enfrentan dificultades para acceder a financiamiento adecuado, en parte debido a la percepción de riesgos más altos y la falta de incentivos financieros.

Inversiones a Corto Plazo: Existe una tendencia a enfocarse en ganancias a corto plazo en lugar de en inversiones a largo plazo que incorporen criterios ESG.

Educación y Conciencia Pública
Bajo Nivel de Conciencia: La conciencia pública sobre la importancia de la sostenibilidad y las prácticas ESG puede ser baja, lo que reduce la presión sobre las empresas para que adopten estas prácticas.

Falta de Educación: Los sistemas educativos no están lo suficientemente enfocados en la sostenibilidad y en la formación de líderes conscientes de ESG.

Estos desafíos requieren una respuesta coordinada y holística, que incluya mejoras en las políticas públicas, mayor inversión en infraestructura y educación, y un cambio cultural hacia una mayor conciencia y compromiso con los principios ESG.

Juan Camilo Clavijo

Obsolescencia programada

Escrito por Simón Gaviria en Jun 25, 2024. Publicado en Opinión.

Yo sufría mucho con la duración de la pila de mi celular, después aprendí que Apple, en una demanda de 2017 conocida como “Battery Gate,” admitió que intencionalmente diseñaba las actualizaciones del IPhone para que los teléfonos operaran más lentos y que la batería durara menos. En lo que sería una innovación en el derecho del consumidor, la senadora Laura Fortich busca proteger al consumidor colombiano de esta terrible práctica. Hay que prohibir que los productores artificialmente limiten la vida útil de productos a través de fallas tecnológicas deliberadas o la no disponibilidad de servicios o repuestos. Iniciativas como esta, hay que apoyarlas.

Batallas contra los gigantes del comercio son casi que quijóticas cuando una senadora se enfrenta contra intereses económicos de esta magnitud, no es solo el mercado colombiano, el precedente internacional es importante. Es verdad que en la agenda existen temas de polémica nacional, pero también se necesita solucionar los problemas del día a día de los ciudadanos. No puede ser que, a pesar de los grandes avances científicos en tecnología y materiales, la Universidad de Bonn haya documentado que para los principales electrodomésticos la tasa de defectos aumentó del 3.5% al 8.3% dentro los primeros cinco años, entre 2004 y 2012. Se vuelve tan eficiente la producción que, con tal de mantener ventas, hay que inducir fallas.

Es verdad que la competencia del mercado castiga las marcas que practiquen la obsolescencia programada, pero la práctica se mantiene en mercados oligopólicos. Se puede fomentar la disminución de la vida útil, si las empresas tienen que tener claro que el consumidor tiene poca variedad o donde existe lealtad con la marca como es el caso de celulares. Solo de esta manera se puede explotar la asimetría de saber cuánto podría durar el producto, si, por ejemplo, el consumidor se acostumbra a cambiar de producto en un tiempo programado. Efectivamente no hay que renovar teléfono inteligente todos los años.

En muchos casos la obsolescencia programada se refleja no en el producto, sino en su servicio. Lo que causó la indignación en Francia, país que fue el primero en legislar en la materia, fueron los cartuchos de impresora. Contra la firma Epson, se demostró que, aunque la impresora estaba funcionando perfectamente, la impresora “anuncia” falsamente que no puede imprimir por falta de tinta o que el cartucho como tal dice no tener tinta, a pesar que la tiene. De esta misma manera, una firma puede volver obsoleto un producto sin fallas acabando sus repuestos, mantenimiento o haciéndolo no compatible con un nuevo sistema operativo.

Desde 1923 un cartel de productores de bombillos conscientemente frenó el avance tecnológico de las luminarias. La ley en trámite de congreso: vuelve vinculante la vida útil, obliga al fabricante a anunciar su compromiso con respuestas y servicio, añade protecciones para los productos, genera multas, define conductas y procedimiento para proteger derechos. Adicionalmente, le da la instrucción a Colombia Compra Eficiente de considerar la obsolescencia programada en las compras del Estado. Estos son cambios que necesita el país. Todo esto sin mencionar el beneficio ambiental de evitar millones de toneladas de desechos para el medio ambiente.

Simón Gaviria

Tragedia en la educación

Escrito por Juan Carlos Upegui en Jun 24, 2024. Publicado en Opinión.

Se ha discutido mucho sobre la necesidad de poner la educación en el centro de la agenda de desarrollo. Por ello, el hundimiento de la reforma educativa es una mala noticia para el país. Claramente, era preferible que se hundiera tras los «micos» que le introdujeron en la comisión primera del Senado. Sin embargo, es una tragedia que el país se quede en esta legislatura sin una agenda de transformación en uno de los sectores más estratégicos y necesitados de cambios.

La calidad del sistema educativo colombiano es una de las más bajas del mundo. Nuestros estudiantes obtienen resultados deficientes en todas las pruebas internacionales, sin que la tendencia muestre mejoría a lo largo de los años. Más grave aún es que son los estudiantes de más bajos recursos económicos quienes tienen peores niveles de desempeño, profundizando las graves desigualdades sociales que vive el país.

Aquí radica la discusión central. El proyecto se hundió por las diferencias en cuanto al rol del Estado en la financiación y promoción de la educación privada y pública. El modelo actual ha incentivado el aumento de cobertura en la educación pública sin un respaldo financiero que permita mejorar su calidad. Mientras tanto, las políticas públicas de gobiernos anteriores privilegiaron la transferencia de recursos a la educación privada a través de préstamos. La reforma que se hundió mantenía la misma receta fallida.

En un mundo con cambios cada vez más acelerados y con herramientas digitales cada vez más potentes, la educación ciertamente no podrá ser la misma que tuvimos en el siglo XX. La inteligencia artificial pondrá a disposición de cada persona un asistente educativo personalizado para acompañar sus procesos de aprendizaje. Colombia no puede permitir que el modelo educativo siga rezagado por los intereses de unas élites que lo usan para mantener las brechas sociales. Democratizar la educación y el conocimiento debe convertirse en el principal objetivo de la próxima legislatura.

Juan Carlos Upegui

Envenenados por las drogas

Escrito por Andrés Barrios en Jun 23, 2024. Publicado en Opinión.

¿Qué tan fácil es que nuestros niños tengan acceso a las drogas? La realidad es alarmante. En el 2023, la Secretaría de Educación, por medio del Sistema de Alertas, registró 6.431 casos de consumo de sustancias psicoactivas por parte de niños, niñas y adolescentes en Bogotá. En el primer trimestre de este año, la cifra fue de 1.034 casos.

Causa gran preocupación que sea en los entornos escolares donde los menores resulten más expuestos a estar cerca del veneno de las drogas. Esta semana revelé el dramático testimonio de un padre de familia quien saca a la luz que profesores de tres colegios distritales de Ciudad Bolívar, han sido amenazados o se han visto obligados a pedir traslados por temor a represalias tras denunciar la situación al interior de las instituciones. Los jíbaros los tienen azotados y, en algunos casos, se valen de los estudiantes para la venta de estupefacientes al interior de las aulas. Esta es una problemática que está presente en todos los sectores y localidades de la ciudad.

Pero, ¿cómo actuar ante esta realidad? En los casi seis meses que ya completa esta administración, no se ha expedido el decreto para reglamentar el consumo en parques y entornos escolares, pese a que se le había prometido a la opinión pública. Es por esta razón que, como padres, ciudadanos y desde nuestras dignidades políticas, debemos exigir el cumplimiento del decreto 825 de 2019 que se mantiene vigente.

Sumado a eso, la Corte Constitucional, en una de sus más recientes sentencias, la T-004 de 2024, hace un llamado a padres de familia y autoridades escolares para evitar el consumo de sustancias psicoactivas en los colegios. Agrega la Corte que se requieren estrategias coordinadas con el fin de abordar esta problemática y sus causas. Este llamado fue hecho al resolver el caso de Camila, una estudiante quien había sido sancionada con educación extramural por la supuesta fabricación, promoción y venta de brownies con marihuana. Sobre este hecho, la Corte advirtió que “prima el interés superior de la adolescente y que es deber del Estado, la familia y la sociedad evitar riesgos prohibidos, como es la disponibilidad y el consumo de sustancias psicoactivas”.

Ante este pronunciamiento, cuyo mensaje es claro, debemos seguir insistiendo en acciones que eviten que los niños, niñas y adolescentes caigan en el abismo a las drogas. Actualmente, la marihuana es la sustancia que los estudiantes manifiestan que pueden conseguir con mayor facilidad (20,5%), seguida del Popper (12,0%), la cocaína (7,5%), el basuco (7,3%), el éxtasis (5,1%) y Dick, Ladys y Fragancia (4,9%). Esto lo que nos demuestra es que el acceso a drogas en espacios donde los menores permanecen es amplio y no está siendo controlado de forma eficiente el consumo, porte y distribución de estas. Para hacer frente se requiere el trabajo articulado entre las secretarías de Seguridad, Educación y Salud, sobre todo, en los 92 entornos escolares que indicaron que priorizarán.

Asimismo, es necesario que las acciones estén encaminadas a concientizar mediante la pedagogía, pues desde la entrada en vigencia del Decreto 825 de 2019, se han impuesto un total de 167.510 comparendos; sin embargo, cabe preguntarse si esta medida ha sido efectiva o por el contrario es un saludo a la bandera, pues solo han sido pagados 2.597, eso equivale únicamente al 1,5% del total.

Concluyo diciendo que es realmente preocupante el aumento de consumo en menores entre los 6 y los 11 años, que llega a un 37%. Pero lo más grave es que la pasividad frente a este tema le está generando a la ciudad, la prevalencia de unos derechos sobre otros, y lastimosamente, no son los de los menores de edad.

Andrés Barrios Bernal

No sumarle un error a otro error

Escrito por Jorge Enrique Robledo | Opinión en Jun 23, 2024. Publicado en Opinión.

El 7 de agosto de 2022, en su acto de posesión como presidente de la República de Colombia, con la plaza llena y con trasmisión de todos los medios a todo el país, Gustavo Petro le rindió homenaje a la espada de Simón Bolívar. Unos meses después, el ministro de Cultura, con el respaldo de Petro, celebró los 50 años de la creación del M-19. Luego, en un colegio de Zipaquirá, Gustavo Petro encumbró a esa organización y esta semana convirtió el sombrero de Carlos Pizarro, quien fuera jefe del M-19, en un símbolo nacional.

Quien no sepa que el M-19 se robó la espada de Bolívar para anunciar que con violencia se tomarían el poder, pensará que esa organización y sus dirigentes le hicieron grandes y positivos aportes al progreso de Colombia en el campo de la ciencia, la educación, la salud, las artes, el deporte, el sindicalismo, la economía o la política, razón por la cual el presidente Petro decidió convertirlos en ejemplo a seguir para todos los colombianos.

Pero el M-19 fue una organización armada que durante 16 años robó, secuestró y mató, les hizo un daño enorme a las ideas democráticas y afectó negativamente el empleo y la generación de riqueza en Colombia. Y Pizarro fue comandante en jefe de esa guerrilla y responsable de incontables actuaciones repudiables.

Por razones obvias, si el Presidente de Colombia encumbra a la guerrilla del M-19, por qué no hacerlo con las otras organizaciones que se alzaron en armas con los mismos fines, incluidas las que siguen disparando. Y alguien podría proponer tomar igual decisión con las organizaciones que se enfrentan a bala con los guerrilleros, con las unas y la otras haciendo “justicia por su propia mano”, aunque de justicia no tenga nada.

Aunque los registros son incompletos, el horror de estas violencias ha sido inconmensurable. Sumaron 700 mil las víctimas mortales entre 1964 y 2019. Entre 1985 y 2016 hubo 450 mil homicidios y 121 mil desapariciones forzadas, 50.770 secuestros entre 1990 y 2018 y más de ocho millones de desplazados entre 1985 y 2013 (1). Cuán dolorosos han sido los dramas de madres, padres, hijos y amigos sobrevivientes que provocaron con estos excesos.

Unas violencias que unos pocos justifican, pero que el país sabe que han sido por completo estériles, como bien lo resumió el padre Francisco De Roux, profundo conocedor de esta tragedia, cuando dijo que ese horror “no arregló nada y lo empeoró todo”, según puede demostrarse hasta la saciedad.

Acertó el M-19, vencido por los hechos, al entregar las armas y renunciar a la violencia. Pero ha sido un gran error de Gustavo Petro no haber reconocido públicamente la equivocación que cometieron ni haberles pedido perdón a Colombia y a las familias de las víctimas por las desgracias que provocaron. Y es el colmo que ahora, abusando de su poder, intente imponernos a los colombianos aplaudir una historia que es un ejemplo de lo que no debe hacerse.

Y por otras razones, es repudiable que el presidente de Colombia ande ensalzando al M-19. Porque así no estimula a las organizaciones armadas que actúan en el país con fines políticos a ponerse en modo de firmar un acuerdo paz, desmovilizarse y renunciar a la violencia. Porque su desatino puede estimular nuevas declaratorias de guerra al Estado colombiano, pensando que ahora sí van a tomarse el poder a bala. Y porque es un dislate notable, además contrario a la Constitución, utilizar las violencias de Colombia, las peores de América Latina, para envenenar el ambiente político nacional y profundizar la división entre los colombianos.

Jorge Enrique Robledo

La CREG y el desacato del Gobierno

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Jun 23, 2024. Publicado en Opinión.

Venció el último plazo para que el Gobierno Nacional le dé cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, para que se procediera a nombrar en propiedad a los restantes expertos comisionados de la Comisión de regulación de energía y gas (CREG). Recapitulemos:

El 9 de septiembre de 2022, en su discurso de clausura del XXIV Congreso de ANDESCO el Presidente Gustavo Petro amenazó con intervenir la CREG para detener la espiral alcista de las tarifas de energía eléctrica.

El 16 de febrero de 2023 el Presidente Petro expidió el Decreto 227 asumiendo las funciones y competencias de la CREG.
El 2 de marzo de 2023 el Consejo de Estado acoge los argumentos de la demanda contra dicho Decreto y suspende su vigencia como medida cautelar.

El Gobierno Nacional procedió a nombrar a varios de los expertos comisionados, pero en calidad de encargados, contrariando lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 143 de 1994 y el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, en sentido que ellos tienen un periodo fijo de 4 años y son de dedicación exclusiva. La CREG entra en un largo letargo debido a su interinidad.

La Procuradora General Margarita Cabello, mediante Oficio 678 del 10 de octubre de 2023 le hace el requerimiento al Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho para que procediera al nombramiento en propiedad de los 6 expertos comisionados que integran la CREG. La Procuraduría fue reiterativa en ello, recibiendo la callada por respuesta.
El 21 de febrero de 2024 se pronuncia la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-048, mediante la cual deja claramente establecido que los expertos comisionados de la CREG no son subalternos del Gobierno, tienen periodo fijo de 4 años y son de dedicación exclusiva. Con ello se busca preservar el carácter autónomo e independiente que por ministerio de la Ley debe tener la CREG.

En igual sentido se manifestó el Consejo de Estado el 29 de febrero de 2024, al admitir la demanda contra el encargo como experto Comisionado del señor José Medardo Prieto.

En respuesta a la demanda interpuesta por el Departamento administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), el Tribunal Contencioso administrativo de Cundinamarca sentenció el 25 de enero de 2024 que “el deber jurídico de integrar la CREG con seis expertos en asuntos energéticos, de dedicación exclusiva y por periodos de 4 años, fue estipulado por el legislador de forma expresa, y lo asignó al presidente de la República». Le ordenó, en consecuencia, nombrar en propiedad a los 6 expertos comisionados de la CREG, dándole un plazo perentorio de 30 días.

Esta decisión fue apelada por el DAPRE ante el Consejo de Estado y este profirió su Sentencia el 2 de mayo de 2024, confirmando y ratificando la orden dada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, dejando en firme su Sentencia. El alto Tribunal le dio al Presidente de la República un nuevo plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación, para cubrir las vacantes de los expertos comisionados de la CREG, nombrándolos en propiedad. Y esa fecha se cumplió!

De no hacerlo, la Presidencia de la República se podría enfrentarse a una acción de desacato y a sus implicaciones legales.

Amylkar Acosta

La movilización de Fecode frenó una estatutaria de educación tergiversada

Escrito por Alejandro Toro en Jun 23, 2024. Publicado en Opinión.

La Ley Estatutaria de Educación fue una de las iniciativas más trascendentales que se discutió en la Cámara de Representantes. Una Ley de suma necesidad para el país que garantice a todos los colombianos, especialmente a aquellos más vulnerables, el goce de la educación en todas las etapas de la vida en su calidad de derecho fundamental.

Pero mientras que en la Cámara los 187 congresistas que la componemos logramos llegar a consensos, poniendo siempre como prioridad la noción de que la educación como derecho fundamental significa que no puede estar puesta al beneficio de unos pocos, en la Comisión Primera de Senado un grupo reducido de senadores de oposición tergiversaron el texto que habíamos aprobado en Plenaria de Cámara, pasando por encima de la deliberación democrática que se había realizado en la Cámara de Representantes, donde se dio un ejemplo de debate entre Congreso, Gobierno y sociedad civil.

Fue tal la manera de trastocar lo acordado que se vio el magisterio obligado a convocar un paro rechazando de forma tajante el Proyecto de Ley Estatutaria si quedaba aprobado como lo proponía la oposición en el Senado. Y los motivos para un rechazo tan férreo son claros, porque se pasó de una ley donde se dejaba claro el carácter de la educación como derecho garantizado por el Estado a uno donde se cumplía el sueño que siempre ha tenido el Centro Democrático de que esta sea, ante todo, un negocio.

A esto se suma el irrespeto que se estaba teniendo con el SENA, agrupándolo bajo la figura de “educación terciaria” con instituciones que no están ni cerca de tener la trayectoria e importancia que ha tenido esta institución para el país, desconociendo además su naturaleza al ser una entidad que no está ni siquiera adscrita al Ministerio de Educación sino al Ministerio de Trabajo.

Por estas y muchas razones más FECODE organizó a los maestros del país, de todos los territorios, para dejar claro a los senadores que con la educación de las y los colombianos no se juega. Una vez quedó clara la efectividad que tiene la movilización popular para ejercer presión, los congresistas del Centro Democrático y la oposición creyeron que podían hacer sus jugaditas en puerta cerrada sin contar con que hay una ciudadanía y unas organizaciones sindicales siempre atentas y puestas para defender sus derechos.

Es momento de generar nuevos consensos, de que en conjunto con FECODE y con el Gobierno Nacional repitamos ese trabajo abiertamente democrático que se realizó en la Cámara de Representantes y así cumplir con la deuda histórica que se tiene con la educación en Colombia.

Alejandro Toro

Y envenenaron la Estatutaria de Educación

Escrito por Antonio Sanguino en Jun 23, 2024. Publicado en Opinión.

Aunque Fecode lo celebró como un triunfo, la derecha uribista se salió con la suya. Y no es que la poderosa federación sindical de los maestros no tuviera razón al convocar un paro nacional indefinido hasta que la Ley Estatutaria de Educación tal como llegó a la plenaria del Senado no gozara de feliz sepultura en las postrimerías de la legislatura. Sino que fue la derecha del Congreso, la que desde la radicación del proyecto de Ley por parte del Gobierno Petro en septiembre del 2023, se propuso atravesarse como vaca muerta al reconocimiento pleno, sin esguinces, ni ambigüedades de la educación como un derecho fundamental.

En efecto. Petro quiso cumplir la promesa de la Ley General de Educación (Ley 115 del 94) que desde hace 30 años estableció en su articulo 9 que “el desarrollo del derecho a la educación se regirá por una ley especial de carácter estatutario”. Promesa nacida en el artículo 67 de la Constitución del 91 y reiterada por la Corte Constitucional en diversas sentencias que ordena aclarar y reforzar la naturaleza de la educación como derecho fundamental, que supedite su condición de servicio publico y obligación constitucional del Estado.

Al mismo tiempo el proyecto de Ley del “Gobierno del Cambio” cumplía compromisos internacionales de Colombia como la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuyo artículo 26 establece que “toda persona tiene derecho a la educación”, y “que la educación debe ser gratuita…” o el Pacto internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, o la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros.

Pero, sobre todo, el Proyecto de Ley Estatutaria recogía luchas históricas de los maestros y maestras y del movimiento estudiantil colombiano que ha reclamado el derecho a la educación desde comienzos del siglo XX. Mas recientemente, dicho reclamo retumbó en las calles de todo el país en el paro nacional del 2019 y en el maravilloso y multicolor estallido social del 2021, que alimentaron la agenda de la bancada alternativa y de oposición a Duque en el periodo anterior del Congreso de la Republica con la presencia del propio Gustavo Petro.

Una inmensa puerta abría la Ley Estatutaria de Educación: la corrección del enorme daño que al derecho a la educación y a la ley general de educación del 94 le hicieron los Actos Legislativos 01 del 2001 y 04 del 2007 que reformaron el Sistema General de Participaciones en tiempos de Álvaro Uribe Vélez y que le propinaron una traicionera puñalada a la financiación de la educación. En efecto, estas reformas constitucionales han significado recortes al presupuesto de educación del orden de los 172.5 billones de pesos entre los años 2002 y 2018, suma que ya está rondando los 200 billones de pesos. El proyecto de Ley estatutaria, además de la financiación estatal de este derecho desde el grado cero hasta la educación superior, técnica y tecnológica, protegía pilares democráticos como la libertad de catedra y la autonomía escolar y universitaria.

En abril del 2024, el país y sobre todo la juventud, celebró con optimismo la aprobación del proyecto de ley estatutaria de educación en la plenaria de Cámara de Representantes por una aplastante mayoría. El optimismo alcanzaba para pensar que la iniciativa no tendría mayores tropiezos en el Senado. Pero la operación tortuga y el saboteo del Uribismo y Cambio Radical no se hicieron esperar en la Comisión Primera del Senado. Con maniobras de poca monta, la derecha envolvió a una perpleja Ministra de Educación y a una ingenua coalición de gobierno en un acuerdo expresado en una ponencia positiva que fue votada unánimemente por la Comisión. Y ahí fue Troya. Porque el cacareado acuerdo traía el esperpento de incluir en la evaluación docente los resultados de las pruebas de Estado de los estudiantes, elevar a rango constitucional la financiación de la educación privada con recursos públicos y mantener las restricciones que hoy tienen las universidades publicas en la elección de sus rectores. Vaya sorpresa: un acuerdo más regresivo que la ley general de educación de 1994, que destrozaba la columna vertebral de lo que el gobierno y los sectores progresistas habían ganado en Cámara.

En tales circunstancias, con las mayorías de la Cámara en contra, los estudiantes y maestros en las calles pidiendo sepultar el Frankenstein, el proyecto llegó moribundo a la plenaria del Senado. Todos los que hemos luchado por la educación pública tuvimos que pasar el trago amargo de una derecha de plácemes con la coronación de su mezquindad. La celebración de Fecode no tiene el sabor de una victoria. Tiene más bien el sentimiento de resignación de tener que esperar otro año en esta imprescindible batalla por la educación como derecho fundamental. Por ahora, no ganó el país y perdieron nuestros jóvenes.

Antonio Sanguino

Atacar la construcción de paz, un acto de perfidia

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jun 23, 2024. Publicado en Opinión.

Es innegable que la construcción de paz en Colombia no transita, como algunos deseamos, por una alfombra roja pletórica de buenos momentos, de aplausos y de abrazos. Seguramente, porque no se está dialogando con hermanitas de la caridad, buscando apoyar una casa de acogida para niños y niñas huérfanas, sino con hombres y mujeres alzadas en armas, entrenados para combatir, capaces de arriesgar su vida y de quitar vidas.

Mujeres y hombres, nacidos y criados en Colombia, en entornos sociales que, en la mayoría de los casos, se han naturalizado la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la corrupción, la falta de oportunidades educativas, el narcotráfico y otras expresiones de violencias. De allí la importancia de la paz dialogada, de la paz concertada, incluyente, transformadora, integral, la paz con todos los grupos armados, la paz con la naturaleza y la paz entre todos y todas.

La historia de Colombia ha estado marcada por décadas de conflicto armado, violencias y sufrimientos, por decenas de acuerdos de paz y de amnistías, la mayoría incumplidas. Sin embargo, a pesar de las dificultades, muchos y muchas seguimos soñando con ver surgir de nuestras voluntades una Colombia en paz y reconciliada. Los últimos esfuerzos de paz nos llevaron a la firma del Acuerdo con las FARC en 2016, hecho que se convirtió, en un hito histórico, que debemos seguir acompañado, respaldando y cumpliendo.

Miles de hombres y mujeres excombatientes de las FARC se la juegan en campos y ciudades para rehacer su vida, y a los cuales hay que brindarles más y mejores oportunidades. La reforma agraria avanza, no con la velocidad y la profundidad que quisiéramos, pero si con la certeza de que ese es un camino indispensable para la paz. Los valiosos mecanismos de justicia transicional han aportado profundamente a superar la impunidad y a reparar a las víctimas.

El gobierno de Colombia está inmerso en negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las dos disidencias de las FARC, y aunque un poco descuidados, se mantienen escenarios para la paz urbana en Medellín, Cali y Buenaventura, todas en el marco del proceso de Paz Total. Son seis mesas de diálogo que seguramente desactivarán la violencia armada en importantes ciudades regiones del país, pero no suficientes si queremos gozar a plenitud, la inmensidad de nuestro país.

Las negociaciones vigentes son esenciales para el presente y el futuro, pero deben complementarse lo más pronto posible con la instalación de otros procesos. Debemos hacer todos los esfuerzos políticos y jurídicos, para que los grupos herederos del paramilitarismo como las ahora autodenominadas Ejército Gaitanista de Colombia y los Conquistadores de la Sierra Nevada, se encaucen por el camino de la negociación de paz.

Sin embargo, es necesario recordar que el concepto de Paz Total o Paz Integral, va más allá de la firma de acuerdos. Se trata de una visión que busca profundizar en las raíces del conflicto y construir soluciones. La Paz Total no se centra solo en desarmar a los grupos armados, sino también en transformar las condiciones sociales, económicas y políticas que han perpetuado el conflicto y esa es la “magia” que hay que entender, reconocer y respaldar, aspiración que algunos critican porque su mezquindad no les permite pensar generosamente.

Las negociaciones de paz son el camino más efectivo para reducir la violencia. La historia ha demostrado que la confrontación militar perpetúa el ciclo de muerte y destrucción. Dialogar políticamente con el ELN y las disidencias de las FARC, establecer diálogos socio jurídicos con los grupos herederos del paramilitarismo y las bandas criminales, puede conducir a un cese al fuego multilateral y, eventualmente, al fin de las hostilidades. Esto no quiere decir, que automáticamente desaparezcan todos los grupos armados y bandas delincuenciales de nuestro territorio, pero si, que se desactiven los principales focos de confrontación.

La paz es un requisito indispensable para el desarrollo económico y social, para la profundización de la democracia, la participación ciudadana y la soberanía del pueblo. Las regiones antes afectadas por el conflicto pueden comenzar a construir o implementar planes de vida a largo, mediano y corto plazo, mejorar su infraestructura, ofrecer oportunidades de empleo y educación, mejorar el servicio de salud, promover la minería responsable, legal y tradicional, proteger el medio ambiente y generar energías limpias.

La paz permite que las víctimas reciban reparación integral y justicia. La verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto es esencial para sanar las heridas y construir una sociedad reconciliada. Las negociaciones deben seguir incluyendo mecanismos de justicia transicional para balancear la justicia y la paz. El proceso debe retomar su sentido, promover la acción ciudadana, llamar al respeto del Derecho Internacional Humanitario y defender sin ambages los Derechos Humanos.

Aunque el Estado no debe ni puede renunciar al uso de la fuerza legítima, su prioridad debe seguir siendo la defensa de la vida, el cuidado de la ciudadanía y la acción integral en el territorio. Esto implica un trabajo de gobierno coordinado y sostenido a nivel regional, con más y mejor inversión social, promoviendo el encuentro permanente de la ciudadanía para construir mediante diálogos regionales, los acuerdos, los planes y programas que permitan superar la exclusión y la pobreza extrema. Diálogos en los cuáles deben participar los empresarios interesados en promover la producción y generar riqueza, si verdaderamente tienen interés en construir paz.

Para que el proceso de Paz Total sea exitoso, es fundamental contar con el apoyo de toda la sociedad colombiana, movilizándose y actuando en campos y ciudades. Es increíble que mientras las comunidades, las organizaciones sociales y el gobierno nacional hacen esfuerzos hacia la paz, algunos sectores políticos, económicos y sociales, amplificados por algunas empresas de comunicaciones, se dediquen a buscar y magnificar las fallas del proceso y exacerbar con sus relatos la violencia y la polarización. Optan por la perfidia y la traición al pueblo, buscando solo su beneficio económico o la defensa de posiciones dogmáticas.

Debemos unirnos en torno a la causa de la paz. La Paz Total no es un sueño inalcanzable, sino una meta que, con esfuerzo y compromiso, puede convertirse en realidad. Colombia merece la oportunidad de vivir en paz, y todos debemos ser parte de este gran esfuerzo que se teje a diario con mano ciudadana.

Luis Emil Sanabria D.