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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

Violencia de género digital

Las cuarentenas de la pandemia del COVID-19 trajeron como secuela también un aumento de la violencia de género digital. Al digitalizarse las relaciones sociales, muchos jóvenes y adultos normalizaron el intercambio de videos y fotografías íntimas como alternativa al contacto físico reducido a su más mínima expresión. Pronto llegaron las tutelas a la Corte Constitucional sobre esta forma de violencia contra las mujeres      y personas con orientación sexual e identidad de género diversa, pero también hombres.

Mediante sentencia T-280 de 2022, la Corte Constitucional exhortó al Congreso para sancionar penalmente la violencia de género digital que por ahora permanecerá sin regulación en Colombia.  En respuesta, con la senadora Ana María Castañeda  y      la participación de organizaciones de mujeres y de      derechos humanos en el ámbito digital     presentamos dos proyectos que fueron acumulados, debatidos y aprobados en tres debates sucesivos en Senado y Cámara.

 

De paso a su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, 18 organizaciones de mujeres hicieron llegar a cada congresista un comunicado cuestionando el alcance y la capacidad del proyecto a partir de muchas incomprensiones y solicitando su archivo. Dada la calidad de las organizaciones y su colaboración sustancial al avance del proyecto, con el ponente optamos por no culminar su trámite y volver a la pizarra para presentarlo nuevamente -mejorado- en la próxima legislatura.

El proyecto que se frustró comprendía tres elementos interrelacionados: (i) un mandato al gobierno para elaborar una política pública comprensiva para la prevención, protección y reparación de la violencia de género digital; (ii) la sanción penal de la creación y distribución de “material íntimo y/o sexual” como una vulneración al derecho de intimidad con varios agravantes; y (iii) una plataforma específica integrada al Sistema Nacional  de  Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género creado en el Plan Nacional de Desarrollo y que actualmente coordina el Ministerio de la Igualdad. 

Particular preocupación para autores y ponentes de esta iniciativa ha sido el señalamiento       que el delito  denominado “distribución de material íntimo y/o sexual sin consentimiento”      perdió el enfoque de género y, según una columnista,     podría utilizarse para encubrir “políticos corruptos” o lo que es peor beneficiaría, por el principio de favorabilidad, a los condenados por pornografía infantil. El tipo penal fue redactado por especialistas en derecho penal, atendiendo las recomendaciones del Consejo de Política Criminal. La glosa cae sobre la acepción “material íntimo y/o sexual” que bien pudo aclararse en la ponencia o mediante proposición durante el debate.

Por una parte, frente a la similitud señalada entre la conducta penal que sanciona el proyecto y el delito vigente de pornografía infantil, la jurisprudencia es diáfana al determinar que dicho delito se configura sólo     con fines de explotación sexual o cuando el material ha sido obtenido con violencia o engaño. En contraste, el proyecto de ley proponía agravar la pena cuando los afectados fueran niños o niñas. Esto se aplicaría exclusivamente a la difusión o creación de material íntimo realizado sin consentimiento y motivado por razones de género, orientación sexual o identidad género diversa.

De otra parte, la alusión a que el nuevo delito permitiría coartar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico no corresponde al texto. La jurisprudencia constitucional ha establecido los linderos entre los derechos a la intimidad y a la libre expresión y el proyecto de ley mantiene la protección de ambos, cada uno en su ámbito, sin extender el marco de aplicación a donde no corresponde.

Son todas inquietudes válidas que el proyecto no descuida. Bien por la vigilancia de la sociedad civil. Sin ella es difícil acertar. Volveremos sobre estos temas, haciendo claridades y mejorando los textos. De lo que sí estamos claras es que la violencia digital de género requiere regulación urgente para la adecuada protección, prevención y reparación frente al delito de violencia de género digital que está haciendo estragos en la sociedad.

Clara López Obregón

Regular el uso de los celulares desde el Manual de Convivencia

Lo bueno de prohibir los Celulares en el Aula

Mejora de la Concentración y Atención: La prohibición de celulares ayuda a eliminar distracciones, permitiendo que los estudiantes se concentren en las actividades del aula. Según el neurocientífico Stanislas Dehaene, la atención sostenida y selectiva son esenciales para el aprendizaje efectivo, y el uso de celulares interfiere significativamente con estas capacidades.

 

Fomento de la Interacción Social: Sin celulares, los estudiantes tienden a interactuar más entre sí y con los profesores, lo que puede mejorar las habilidades sociales y la cohesión del grupo.

Mejor Rendimiento Académico: Estudios del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) muestran que los estudiantes que usan menos el celular tienen un rendimiento académico superior, con mejores resultados en matemáticas y lectura.

Lo malo de prohibir los Celulares en el Aula

Resistencia y Descontento: Los estudiantes y algunas familias pueden mostrar resistencia a la prohibición, argumentando que los celulares son necesarios para la comunicación y el aprendizaje.

Desafíos en la Implementación: Hacer cumplir la prohibición puede ser difícil y requerir recursos adicionales, como la vigilancia constante por parte de los profesores, lo que puede distraer a los educadores de otras responsabilidades pedagógicas.

Exclusión Tecnológica: En una era digital, limitar el uso de celulares podría ser visto como un impedimento para el desarrollo de habilidades tecnológicas que son relevantes y necesarias en el mundo moderno.

Lo feo de prohibir los Celulares en el Aula

Evasión y Rebelión: La prohibición estricta puede llevar a algunos estudiantes a buscar formas de evadir las reglas, lo que genera un ambiente de desconfianza y conflicto entre estudiantes y autoridades escolares.

FOMO (Fear of Missing Out): La ansiedad por no estar al tanto de lo que sucede fuera del aula puede afectar negativamente la salud mental y emocional de los estudiantes, generando estrés y distracción.

Impacto en Situaciones de Emergencia: En situaciones de emergencia, la ausencia de celulares podría complicar la comunicación rápida y efectiva entre estudiantes, familias y autoridades escolares.

Incorporación de Políticas en el Manual de Convivencia

Para mitigar estos efectos no deseados, se deben incluir políticas claras sobre el uso de celulares en el Manual de Convivencia Escolar. Estas políticas deben basarse en las directrices establecidas por la Ley 115 de 1994, el Decreto 1965 de 2013 y la Ley 1620 de 2013 que promueven un ambiente escolar seguro y propicio para el aprendizaje.

Columna no. 1 acerca de la Prohibición de los Celulares

Propuestas de Regulación

Prohibición del Uso de Celulares en Clase: Establecer una prohibición estricta del uso de celulares durante las clases, excepto cuando sean necesarios para actividades educativas específicas.

Zonas Libres de Celulares: Designar zonas específicas dentro de la escuela donde el uso de celulares esté permitido y otras donde esté completamente prohibido.

Educación sobre el Uso Responsable de la Tecnología: Incluir programas de educación sobre los efectos negativos del uso excesivo de celulares y estrategias para manejar el FOMO.

Formación para Profesores y Estudiantes: Capacitar a los profesores en estrategias para integrar de manera efectiva la tecnología en el aula y educar a los estudiantes sobre el uso responsable de los dispositivos digitales.

Políticas Claras y Consecuencias: Definir claramente las políticas sobre el uso de celulares y las consecuencias por su incumplimiento en el Manual de Convivencia Escolar.

Regular el uso de celulares en las escuelas es crucial para mejorar el rendimiento académico y la calidad del aprendizaje. La inclusión de políticas claras y efectivas en el Manual de Convivencia Escolar, basadas en las leyes y decretos vigentes, puede ayudar a crear un entorno educativo más centrado y libre de distracciones, beneficiando así a toda la comunidad escolar.

Redactado con IA

Alexandra Parra
Neuropsicólogo y Pedagoga

Momentos

Una de las grandes preocupaciones de los seres humanos cuyo ego les abate, es la trascendencia. Permanecer más allá de la muerte, ¿Cómo permanecer en este plano cuando el cuerpo haya sucumbido y degradado?, ¿Qué será de quien fuimos? Trascender, así sea en el nombre de una edificación, en una estatua, una pintura, un legado artístico o benéfico, o por medio de la recreación de la conciencia al través de la inteligencia artificial, o de la prole en la mayoría de los casos. Algunos trascienden en objetos que terminan siendo carga sin interés para los descendientes de la tercera y siguientes generaciones; los objetos más afortunados terminan en el olvido en un museo o una biblioteca, e incluso, en una librería o tienda de artículos usados.

Trascender es la memoria, la memoria de los amados en tanto aquellos existen. Razón tenía Borges, “Ya somos el olvido que seremos”, no en vano, la vida también es memoria, momentos y sucesos. La vida no es más que una sucesión de momentos plasmados en el presente eterno que será memoria. No hay pasado, no hay futuro: Tan sólo el ahora. El aquí y el ahora. Preocupaciones siempre las habrá y la hubo, así como hubo y habrá compañía y soledad que marchan de la mano al vaivén de los tiempos. Momento es lo que hay, lo que se valora y curiosamente siempre se atesora.

 

¿Por qué afanarse por el mañana si siempre se está en el presente? El mañana no existe y, menos para quien deja de ser. Las necesidades se satisfacen en el ahora. Nadie puede satisfacer el hambre, ni la sed, ni el frío o el calor del mañana. El problema del mañana aún no llega y no siempre llegará. ¿Por qué ha de ocuparse por algo que no se sabe si sucederá? o por algo que probablemente no suceda jamás. Preocuparse es ocuparse de algo que no ha llegado y probablemente jamás llegará.

La vida es como un hilo que va de a poco uniendo entretelas del corazón; cada entretela es un momento, al final, la cadena que forma el hilo es la vida. La existencia humana es una sucesión de momentos. Algunos a penas inician a hilar momentos, otros ya están por cerrar la hilada de momentos. Al final, sólo al final, el corazón termina por atesorar momentos, momentos avenidos en recuerdos sollozantes o alegrantes: La memoria. Al fin y al cabo, se trata de momentos, nada más que momentos.
Se pasa por alto que, siempre se estará en el momento indicado, oportuno y justo para cada quien. Lo que ha de ser, será y es.

El momento llega siempre en presente, al punto que muchas veces se deja de estar y ser en el momento, por quedarse en algo que ya sucedió y se esfumó: La nada. No importa la hilada total, sino el momento, la cuenta que se hila. De hecho, se va la vida en el pasado, y por pensar en el mañana se olvida el presente. El momento es el presente, lo que se hace ahora y no lo que se hizo o se hará.

No se trata de vivir el momento por el momento. Se trata de ser plenamente consciente del momento. Se es plenamente consiente cuando los ciento y pico de sentidos están allí en el momento. No es sólo el oler, el ver, el sentir, el saborear o el escuchar, es también sentirse y ser consciente con el ahora. Muchas veces se cree estar pero, no es así, porque se está absorto en otros menesteres, en tanto la mente divaga. Oye pero no escucha, prueba pero no saborea, toca pero no siente, mira pero no ve, desea pero no ama, come pero no nutre, anhela pero no valora.

Momentos. La vida está pletórica de momentos, aciagos o felices, cálidos o fríos, oscuros o diáfanos, geniales y vanales. El humano y sus momentos, por eso el humano es momentáneo y temporal. Este es un momento. El humano es pasajero del momento. Solo El Eterno es quien es antes, ahora y después, permanente.

León Sandoval

La caída de Rodolfo Hernández y la hipocresía política en Colombia

En un país asolado por la corrupción política, donde los líderes prometen luchar contra este flagelo, pero terminan sucumbiendo a sus tentaciones, la condena impuesta al ex candidato presidencial Rodolfo Hernández ha dejado al descubierto la hipocresía que permea la esfera política colombiana. Un político que se presentaba como el paladín de la moral y la honestidad, solo para convertirse en uno de los más corruptos de la nación.

La noticia de su condena a seis años de prisión puede parecer insuficiente para muchos. Después de todo, Hernández no es solo un caso aislado, sino un reflejo de un sistema corroído por la corrupción. Sin embargo, es el escarnio público y la mancha indeleble que ha dejado en su reputación lo que quizás tenga un impacto más duradero en la percepción de aquellos que alguna vez lo apoyaron.

 

Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Federico Gutiérrez, JP y su ex fórmula vicepresidencial Marelen Castillo, quienes en algún momento respaldaron a Hernández, se enfrentan ahora a un dilema moral. ¿Cómo justificar su apoyo a un político que resultó ser todo lo contrario de lo que afirmaba ser? ¿Cómo explicar su confianza en un hombre cuya promesa de luchar contra la corrupción fue solo una cortina de humo?

En estos momentos, quienes lo apoyaron enfrentan un desafío crucial: asumir su responsabilidad y rendir cuentas ante sus seguidores. La ciudadanía merece explicaciones claras y convincentes sobre su apoyo a Hernández, y es hora de que estos líderes muestren su verdadero carácter ético y moral.

No obstante, la historia política de Colombia está plagada de casos similares. Líderes que, bajo el manto de la honestidad, prometen un cambio radical, solo para caer en las mismas prácticas corruptas que criticaban. Esta condena es un recordatorio doloroso de la profunda crisis moral que afecta a nuestra clase política.

Esperemos que este episodio sirva como un llamado de atención para que la sociedad exija una verdadera rendición de cuentas y transparencia en el ámbito político. No podemos permitir que la hipocresía y la corrupción sigan minando nuestras instituciones y socavando la confianza de los ciudadanos.

La condena de Rodolfo Hernández no es solo una sentencia, sino un símbolo de la necesidad de un cambio real en la forma en que se ejerce el poder en Colombia. Es hora de que los políticos cumplan sus promesas y sean verdaderos agentes de cambio, en lugar de perpetuar una realidad marcada por la deshonestidad y la corrupción.

En última instancia, la caída de Hernández es una oportunidad para reflexionar sobre el papel de la ciudadanía en la construcción de un futuro más justo y transparente. La verdadera lucha contra la corrupción no solo recae en manos de los líderes políticos, sino en la voluntad colectiva de exigir responsabilidad y promover un cambio real. Solo así podremos aspirar a una Colombia libre de la sombra de la corrupción.

Ricardo Garzón

¿Bogotá camina segura?

En los últimos años, Bogotá ha sido testigo de una transformación notable en términos de seguridad urbana. Sin embargo, detrás de las cifras y los informes oficiales, persisten realidades complejas que demandan una mirada profunda y comprometida por parte de las autoridades competentes locales e incluso nacionales.

La realidad en la percepción de inseguridad del ciudadano de a pie, sigue siendo una preocupación constante, existe un continuo enfrentamiento con desafíos significativos; La delincuencia común, los hurtos y la violencia interpersonal todavía representan amenazas palpables para la calidad de vida y el desarrollo económico y social de los capitalinos.

 

Es claro que existe una discrepancia significativa entre los informes con cifras oficiales y la percepción pública, siendo que, por ejemplo, según informe de la Policía Metropolitana de Bogotá presentado a través de la gestión realizada en los primeros 100 días de trabajo del alcalde Carlos Fernando Galán se ha realizado la captura de 8.302 personas, de las cuales 136 estaban relacionadas con homicidios, 2.973 por hurto, 1.562 por tráfico de estupefacientes y 340 por porte ilegal de armas de fuego y entre otras cifras que a grandes rasgos muestran al tenor de júbilo y regocijo la disminución porcentual en diferentes categorías delictivas.

Es innegable que la reducción de ciertos tipos de delitos ha sido notable. La implementación de estrategias como la vigilancia electrónica, la ampliación de la cobertura policial y la rehabilitación urbana han contribuido significativamente a esta tendencia positiva. No obstante, la percepción ciudadana sobre la seguridad en Bogotá dista mucho de reflejar una plena tranquilidad, entonces ¿Qué se debe hacer?

El análisis de la seguridad urbana no puede limitarse a la disminución de indicadores específicos de delincuencia, la sensación de inseguridad se nutre de una multiplicidad de factores sociales, económicos y culturales que trascienden la mera acción policial. La desigualdad económica, la segregación espacial, la falta de oportunidades educativas y laborales, entre otros, conforman un entramado complejo que repercute directamente en la percepción de seguridad de los ciudadanos.

Los desafíos de Bogotá en materia de seguridad exigen una estrategia integral y holística. Esto implica no solo fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad, sino también implementar políticas públicas que aborden las raíces estructurales de la violencia urbana. Invertir en programas de inclusión social, promover la cohesión comunitaria y mejorar la calidad de vida en los sectores más vulnerables son pasos fundamentales hacia una ciudad más segura y equitativa. Además, es crucial fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad, que, a día de hoy, son desvirtuadas constantemente teniendo en cuenta aspectos como: el uso adecuado de la fuerza por parte de las autoridades, la transparencia en las investigaciones criminales y el acceso efectivo a la justicia.

Abordar la seguridad en Bogotá requiere un enfoque multidimensional que trascienda los enfoques simplistas y estadísticos, es crucial fortalecer la capacidad institucional y la coordinación entre las diferentes entidades responsables de garantizar la seguridad pública; es claro que, aunque las cifras disminuyan, la preocupación sigue siendo una constante latente en el sentir de los Bogotanos y esto deja un mensaje que va mucho más allá de cualquier informe con cifras de gestión, que a fin de cuentas, lleva a preguntarse ¿Bogotá camina segura?

Cesar Amaya

Izquierda Iliberal

Mas allá de los temas partidistas, el liberalismo tiene como un precepto central el respeto de las ideas ajenas. El derecho al disenso y escepticismo del poder, marcan las personas de pensamiento liberal. La incomodidad del pensamiento diferente es fundamental en la búsqueda de la verdad. Por eso, la intolerancia de sectores de izquierda que encuentran permanente ofensa en pensamientos contrarios, pero que vienen ganando influencia en el gobierno, limita la posibilidad de un acuerdo nacional. La dificultad aumenta sustancialmente, si por sectarismo, se vetan personas coincidentes en ideología, pero libres en criterio. Para la izquierda iliberal, solo la lealtad al gobierno sirve. Fue esta la advertencia de Darío Echandía a los liberales, inclusive por ser un hombre libre, el partido comunista no apoyó a Gaitán.

Es normal que cada torero traiga su cuadrilla, un nuevo gobierno trae nuevos funcionarios. En este caso, no ingreso ningún ministro que no haya votado por Petro, aunque sea en segunda vuelta. En entidades jurídica e históricamente apolíticas como son las fuerzas militares, la masacre laboral se extendió hasta 50 altos mandos. La “colaboración” como un mecanismo de servicio a la patria no funcionó. Personas como Alejandro Gaviria, Cecilia López, o José Antonio Ocampo que pensaron posibles los acuerdos intermedios, rápidamente fueron acusados de traidores y “neoliberales.”

 

El más reciente ejemplo de este talente, lo vimos en la elección de rector de la Universidad Nacional, donde a pesar que la ley 30 establece la independencia universitaria, se quiere imponer línea política del gobierno. Min Educación se dedicó a imponer su rector de bolsillo con las documentadas irregularidades de la sesión extraordinaria, pero no lo hizo por ser de derecha o por ser incompetente, sino por no hacer caso. El punto no es que sea ilegal, sino que es iliberal.

Caso parecido es lo que viene ocurriendo con una de las principales instituciones del país, la Federación Nacional de Cafeteros. En esta elección, el gobierno tiene la mitad de los votos. Con el apoyo de Min Hacienda eligieron a Germán Bahamón, si era el mejor candidato o no habrá diversas opiniones, el hecho es que, una vez elegido, ese es. La amenaza que no se va a trabajar con los cafeteros de Colombia si no eligen un gerente afín al gobierno es anti-democrático en espíritu. Igualmente lo son las demandas electorales, por parte de Min Ambiente, contra los directores de corporaciones autónomas de otras líneas de pensamiento. Nada de esto es ilegal, nuevamente es iliberal.

Los amigos del gobierno dirán que muchos gremios nombraron a amigos de Santos o de Uribe, ahora es el turno de ellos. No sería la primera vez que grupos económicos complacen al gobierno con tal de ganar influencia, pero lo que ocurre es diferente. Las intervenciones del reciente sancionado, Luis Guillermo Pérez, contra cajas de compensación desde la Super de Subsidio Familiar tienen tufillo de política. Tocará esperar las investigaciones para saber si hubo sustento técnico en las intervenciones de salud. Esta actitud genera miedo, difícil en estas condiciones lograr un acuerdo nacional. Hay que recordar que en dos meses llegamos a mitad de periodo presidencial, de ahí en adelante empieza estar el sol a las espaldas.   

Simón Gaviria

10 años de un nuevo reinado

Tengo un bloqueo. Siento que la actualidad política, la española y la europea me supera. No sé si es que la táctica de Pedro Sánchez logra ejercer hastío también sobre mí; me confunde, me aturde y a veces me cuesta seguir el hilo de los hechos.

Hace una semana el PSOE perdía las elecciones europeas, otras más, y lejos de hacer examen o análisis DAFO sus líderes siguieron mirando pa´lante con la poca vergüenza que les caracteriza.

 

A los pocos días, el rey Felipe VI sancionaba, esto es, dejaba su rúbrica en la ley de Amnistía, esa que elimina de un plumazo los delitos del golpe de estado que dieron los catalanes en 2017: El poder judicial no se pone de acuerdo en cómo aplicarla y a la vez, muchas voces empiezan a levantarse en contra de la Monarquía que tenemos porque dicen unos que el rey no guarda la Constitución, y otros que la República es la mejor forma de gobierno. Estaba claro que iba a pasar; una vez más los socialistas de ahora, los cortoplacistas y aplaudefocas, se ponen de perfil, cuando los republicanos alzan sus voces y banderas en contra de la única Institución del Estado que parece funcionar bien y con dignidad: la Monarquía. Es una pena que sea meramente representativa, porque España necesita un líder como el Rey que aúne y no divida. Preparado y que su verdadera razón de ser sea representarnos a todos sin ideologías o egocentrismos autoritarios y de evolución totalitaria.

Este domingo las voces de la izquierda republicana más radical, esa que arremete contra todo lo establecido se alzaban optimistas ante la concentración que habían organizado en pro de una república española. Cuatro gatos trasnochados, oiga. Pero ya se sabe, según a quién usted lea de dirán que fueron más. Las niñas de Podemos a la cabeza. Esas que no son nada y siempre quisieron ser princesas.

En el fondo creo que estas niñas y sus deseos republicanos son la mejor de las garantías para mantener la Monarquía, pues no hay mejor campaña a favor de Sus Majestades que escuchar y leer la cantidad de sandeces que dicen en sus manifiestos. Cada vez que hablan hay conversos a la Monarquía Parlamentaria.

10 años de FelipeVI

Es todo muy oportunista pues esta semana, el día 19 de junio, se cumplirán 10 años de la proclamación de Felipe VI como Rey de España, después de que su padre abdicara y se marchara – por imperativos de la izquierda envidiosa – a Oriente Medio y se convirtiera en un rey mago de la noche a la mañana (pues aparece y desaparece en fecha señaladas, principalmente familiares).

10 años de un reinado nada tranquilo, bastante movido y políticamente agitado.

Hemos visto a Su Majestad recibir a más de 25000 personas en audiencia, ha presidido 4000 actividades y 3190 audiencias, ha recibido a 269 jefes de Estado y autoridades internacionales, ha realizado 197 viajes al extranjero… Y desde 2017 le hemos visto dejar de sonreír en presencia de Sánchez. Se le nota a Su Majestad, se le enfría el gesto delante de Pedro, el mismo que se rasca la entrepierna, llega tarde para evitar el abucheo, se mete la mano en los bolsillos y se salta el protocolo. Sánchez ansía un palacio, pero en el fondo vive desubicado cuando está dentro de él y ya se sabe, lo que naturaleza no da, Salamanca no presta.

Palabra de Rey

El Rey cerró su primer discurso citando a don Quijote : “no es un hombre más que otro si no hace más que otro”. Diez años después podemos afirmar que Felipe VI, sigue haciendo más que otros.

En aquel 19 de junio de 2014 se comprometió a adaptarse a los retos del presente refiriéndose particularmente a la necesidad de reforzar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y de preservar la convivencia y el entendimiento por encima de las diferencias. Subrayó la necesidad de observar una “conducta íntegra, honesta y trasparente” pues sólo así podría ganarse el respeto y confianza de los ciudadanos.  Los Reyes han sabido sintonizar con el sentir español y han mostrado su lado más humano, no sólo como autoridades, sino también como padres de la futura heredera al trono, la Princesa de Asturias, y eso gusta. Nos gusta.

De momento la Monarquía es de las pocas Instituciones del Estado que cumplen lo que prometen y espero que le dejen tiempo y futuro para seguir cumpliendo, pues es el único espejo de lealtad y honor en el que los españoles se pueden mirar ya que sus representantes políticos, esos a los que se les llena la boca de democracia, de elección y representatividad, dejan mucho que desear.

Me despido esta semana invitándoles a la exposición “Felipe VI: Diez años de la Historia de la Corona de España” preparada por Patrimonio Nacional y la Fundación Cultural de la Nobleza Española con motivo de este aniversario. Tiene lugar en el Palacio Real de Madrid y está programada hasta el 20 de septiembre.

Almudena González

Avance reformista

La reforma pensional se ha convertido en la primera reforma social aprobada por el Congreso durante este gobierno nacional. Aunque contiene algunos elementos que aún generan debate, especialmente la capacidad de Colpensiones para comenzar su implementación en 2025, es innegable que aborda uno de los grandes problemas del modelo anterior: la desigualdad en el acceso y los exorbitantes subsidios a las megapensiones. También es relevante el bono pensional que se otorgará a los adultos mayores que no lograron alcanzar una pensión, como medida de equidad social necesaria ante el abandono histórico de esta población.

Quedan pocos días para el cierre del periodo legislativo y, aunque la aprobación de esta reforma representa un avance significativo en la agenda de cambio planteada para este cuatrienio, otras iniciativas enfrentan dificultades para avanzar. Tal es el caso de la reforma a la educación, rechazada tajantemente con sus enmiendas por las organizaciones sindicales que representan a los maestros; su futuro es incierto debido a la falta de consensos. Algo similar ocurrió con la reforma a la salud, que terminó archivada en medio de una crisis cada vez más profunda por el colapso sistemático de las EPS; la incertidumbre y el miedo han ido creciendo día a día entre los usuarios.

 

El balance de esta legislatura influirá en gran medida en la narrativa que se ha instalado en algunos sectores sobre la necesidad de llevar a cabo un proceso constituyente que permita realizar los cambios estructurales consignados en el programa de gobierno que ganó las elecciones, pero que, con excepción de la reforma pensional, aún están pendientes de ser aprobados por el Congreso.

Lograr avances reformistas que beneficien al conjunto de la ciudadanía y permitan al país resolver las deudas históricas con las poblaciones históricamente condenadas a la exclusión y la violencia, consolidará la democracia y la legitimidad institucional.

Colombia se encuentra en un momento crucial de su historia, y ya es un gran avance que la discusión pública gire en torno a los principales problemas sociales. Décadas de conflicto armado impidieron que se pudiera hablar de una agenda de derechos sociales y económicos, pero de materializarse en todos los segmentos poblacionales, podría desatar el potencial necesario para el desarrollo de la nación.

Juan Carlos Upegui

La Agencia Nacional de Tierras le cumple a el Aro

Hace 27 años sucedió uno de los episodios más trágicos de la historia del departamento de Antioquia y del país. El 27 de octubre de 1997 incursionó un grupo de aproximadamente 150 paramilitares miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá al corregimiento de El Aro, en el municipio de Ituango, donde actuando como jueces y verdugos torturaron y asesinaron a 12 personas, desplazaron a otras de 1.472, quemaron 42 de 60 casas que tenía el pueblo, se robaron 1.200 reses de los campesinos y secuestraron a los que les ayudaron a llevar el ganado.

Tanta atrocidad, justificada por un supuesto apoyo de los habitantes de El Aro a grupos guerrilleros, fue cometida con el beneplácito de la Gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez según las afirmaciones del exparamilitar Salvatore Mancuso y del misteriosamente asesinado exparamilitar Francisco Enrique Villalba Hernández.

 

Por omisión y participación en la Masacre de El Aro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en el 2006 al Estado Colombiano a proveer justicia, a reparar a la víctimas en lo económico, lo psicológico y lo social y en general a tomar medidas para resarcir el daño causado a la comunidad de El Aro. No obstante, el Estado ha fallado en su tarea de reparación.

Por eso es histórico lo sucedido esta semana con la Agencia Nacional de Tierra. Este jueves se les entregó a 35 familias víctimas de lo ocurrido hace 27 años el título de propiedad de 809 hectáreas para que se puedan dedicar a trabajar su tierra, a cultivar maíz, arroz, plátano y fríjol, a tener las reses que les fueron robadas por los paramilitares, en fin, a poder dedicarse a vivir luego de la tragedia.

Es histórico porque ningún otro Gobierno había ido nunca a El Aro a entregar títulos de propiedad de la tierra para las víctimas de la masacre. Tal como lo dijo Tulio Mejía, líder comunitario del corregimiento, la importancia de la visita del Gobierno se da porque la mayoría de quienes viven en El Aro no cuentan con título de la tierra en la que viven, lo que dificulta que lleguen los proyectos productivos al territorio.

Es histórico porque desde el 2006 el Estado Colombiano tiene la obligación de reparar a las víctimas de la masacre por una providencia de la CIDH, han pasado tres gobiernos desde entonces y ninguno se había preocupado en asegurar que las víctimas pudieran gozar el derecho de ser las dueñas legales de la tierra en la que viven, de poder reclamar propiedad sobre una tierra de la que fueron expulsados de forma vil y con la presunta complacencia de una Gobernación de Antioquia en cabeza de Álvaro Uribe.

Ahora esperamos que con los títulos de propiedad entregados lleguen todas las entidades del Gobierno del Cambio con la oferta institucional para las víctimas, para que la tierra recibida se traduzca en soberanía alimentaria y dignidad.

Alejandro Toro

De racionamiento en racionamiento

Nos encontramos en el octavo ciclo de racionamiento de agua en Bogotá, dos meses ya han pasado desde que el alcalde Carlos Fernando Galán anunció la restricción y, vale la pena preguntarse, ¿qué tanto ha servido esta medida? y ¿cuál es el impacto?

El agua no es eterna, y muchos lo sabemos. Por eso, desde que se anunció que los niveles de los embalses estaban en puntos críticos y nunca antes vistos, incorporamos en nuestros hogares estrategias como tener baldes en la ducha, bañarnos en menor tiempo (hasta con temporizador), lavar la ropa cada quince días, entre otras medidas. En definitiva, no nos quedamos de brazos cruzados.

 

En su balance de los primeros 45 días de racionamiento, el alcalde indicó que se habían ahorrado más de 7 millones de metros cúbicos de agua, el equivalente a 2.913 piscinas olímpicas (miden 50 metros de largo por 25 metros de ancho y tienen una profundidad de 2,7 metros).Galán, agregó que, sumado a las lluvias,la estrategia ha resultado en un aumento de 15 puntos porcentuales en el nivel de los embalses de Chuza y San Rafael, que componen el Sistema Chingaza, los cuales nos proveen el 70% del líquido que consumimos en Bogotá.

Sin embargo, expertos han señalado que el aumento en los embalses responde a la llegada de las lluvias y no necesariamente a las medidas de racionamiento adelantadas.

Un dato no menor, en este primer corte del racionamiento, en solo una ocasión la ciudad alcanzó la meta del consumo que se planteó. En ese sentido, se hace necesario repensar si las decisiones tomadas hasta la fecha han sido eficaces.

Bogotá y Colombia entera deben optar por incorporar campañas de cultura ciudadana. Y digo el país porque hoy la crisis la afrontamos en la capital, pero mañana podría llegarle el turno a otro.

Vale la pena preguntarse si estas medidas restrictivas que hasta el momento se han determinado generan una cultura del ahorro o si por el contrario lo que logran es el efecto contrario, pues motivan a la gente a la acumulación de agua. Un ejemplo claro frente a lo anterior se observa en las propiedades horizontales con los tanques de reserva. Estos son llenados el día antes de la restricción para su uso en el racionamiento y posteriormente vuelven a ser llenados, causando un gasto adicional.

También, es momento de empezar a incorporar estrategias como las incluidas en el Plan de Desarrollo. Una de ellas consiste en brindar incentivos no económicos a quienes ahorren. También, implementar mecanismos y programas de educación ambiental en los colegios, además de llevar a que la ciudad tenga un consumo diario que alcance los 15 metros cúbicos por segundo.

Según la Organización Mundial de la Salud y la Fundación Aquae gastamos en promedio 100 litros de agua en una ducha de cinco minutos; Comparativamente, es lo mismo que se puede tomar una persona en 50 días.

Y este dato no es menor, la OCDE estableció que Colombia es el país que más extrae y consume agua cada año. De forma aún más preocupante, según un informe del Centro de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de la Sabana, desperdiciamos cerca del 43% del agua potable. Es decir, ya va siendo hora de pensar una Política de Estado, para el ahorro de agua en el territorio nacional.


Por último, cuando las alarmas se prenden hay que escucharlas y atenderlas. Hace diez años, estando Gustavo Petro de alcalde, el estudio “Metabolismo hídrico de Bogotá, D.C.” de la Universidad Central advertía que en treinta años la pérdida del líquido había aumentado en un 60 por ciento y que para el 2025 llegaría a un 70 por ciento. ¿Qué se hizo? la respuesta está en la realidad actual. Con discursos y carreta no es cómo se soluciona ni se hace frente a las problemáticas medioambientales. En ese entonces, el alcalde y hoy presidente de Colombia, tenía  que actuar.

Andrés Barrios Bernal

El debate de las reformas pensional y de educación: cambios y desafíos

Se aprobó la Reforma Pensional, un acuerdo que intenta ponerle fin a las inequidades de un sistema pensional que afecta a las mayorías de colombianos y colombianas, en especial a quienes nunca fueron vinculados a un régimen que les garantizara una vejez en condiciones de dignidad y buen vivir. Qué bueno que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República se hayan comprometido a fondo con este anhelo del pueblo trabajador y de la sociedad en general. Hay que festejar esta reforma que se constituye en un paso seguro hacia la consolidación de la paz y la reconciliación nacional.

Ojalá recapaciten quienes se resisten a las soluciones que benefician a los más necesitados y podamos enfrentar los desafíos profundos que amenazan la sostenibilidad y la equidad de las jubilaciones. La reforma pensional ha sido una propuesta recurrente en la agenda política buscando abordar problemas como la cobertura insuficiente, la informalidad laboral y la desigualdad en la distribución de beneficios. Esta nueva ley puede abrir el camino a un Gran Acuerdo Nacional que nos permita avanzar con menos incertidumbre hacia un Estado Social de Derecho fortalecido.

 

El sistema pensional colombiano caracterizado por una dualidad entre el Régimen de Prima Media (RPM) administrado por Colpensiones y el Régimen de Ahorro Individual (RAI) gestionado por fondos privados, ha generado varias ineficiencias y profunda desigualdad, pues solo alrededor del 25% de los adultos mayores reciben una pensión. La cobertura baja se debe en parte a la alta informalidad laboral que impide a muchos trabajadores contribuir consistentemente al sistema.

La estructura actual beneficia desproporcionadamente a quienes reportan altos ingresos, y pueden aportar más y, por ende, recibir a futuro pensiones más altas. Esto perpetúa las desigualdades socioeconómicas en lugar de mitigarlas. El RPM, basado en un esquema de reparto, enfrenta presiones demográficas debido al envejecimiento de la población. La relación entre cotizantes y pensionados se ha deteriorado, poniendo en riesgo la viabilidad a largo plazo del sistema.

Una de las aspiraciones fundamentales de la reforma es ampliar la cobertura del sistema pensional. En Colombia, lamentablemente una gran parte de la población no tiene acceso a una pensión en su vejez, especialmente en lo que se conoce como el sector informal; en ese sentido, la reforma busca integrar a más trabajadores al sistema, asegurando que una mayor cantidad de personas puedan acceder a beneficios pensionales.

La nueva reforma introduce mecanismos para crear un sistema más equitativo, redistribuyendo los recursos de manera más justa, favoreciendo a los trabajadores de menores ingresos y a los más vulnerables, como las mujeres y los trabajadores informales. Paralelamente se busca garantizar que el sistema sea viable a largo plazo. Esto incluye ajustes en la edad de jubilación, modificaciones en las tasas de cotización y cambios en la fórmula de cálculo de las pensiones, lo que ayuda a equilibrar los ingresos y egresos del sistema; sin embargo, ese llamado largo plazo se podrá ver reducido si Colombia se enruta por el camino de la producción, fortaleciendo las empresas grandes, medianas y pequeñas, lo cual exigirá abordar soluciones al dilema, tecnologías versus mano de obra, o visto de otro modo, aumento de la producción y la competitividad, vía adopción de la automatización, versus, detrimento de la generación de empleo o reducción del horario laboral, etc.

Uno de los pilares en que se apoya a reforma es el pilar solidario que asegura un ingreso básico para aquellos que no logran cumplir con los requisitos mínimos para una pensión, proveyendo una red de seguridad que aporta a la disminución gradual de la pobreza en la vejez. Esto es crucial en un país con altos niveles de informalidad laboral, de inequidad y de empobrecimiento. Al promover y establecer beneficios más accesibles y justos, la reforma incentiva que los y las trabajadoras informales legalicen sus actividades laborales al ver un sistema pensional que les ofrece una seguridad real.

En respuesta a los cambios demográficos, en una sociedad en donde se evidencia el envejecimiento de la población, es apenas necesario ajustar las edades de jubilación y las tasas de cotización para asegurar que el sistema pueda soportar la carga futura de pensionados; si bien, toda reforma trae consigo desafíos y resistencia, los beneficios aprobados en estos cambios podrían tener un impacto positivo significativo en la calidad de vida de los futuros pensionados colombianos.

Por otro lado, mientras se aprobaba la Reforma Pensional, en un claro paso hacia delante en materia de equidad, desarrollo y paz, FECODE prendió las alarmas sobre algunos componentes regresivos planteados en el proyecto de Ley de Educación. Al parecer, artículos importantes del proyecto son contrarios a los anhelos de cambio y justicia social de las mayorías y no contribuyen a la construcción de la paz y el desarrollo humano sostenible.

El proyecto de ley propone componentes que, podrían facilitar la participación del sector privado en la gestión y financiación de las escuelas públicas, lo que conduciría a una mercantilización de la educación. Las instituciones educativas públicas, especialmente en áreas rurales y marginadas, podrían verse desatendidas mientras que los recursos se desvían hacia iniciativas privadas. Esto contraviene el principio de equidad en la educación y puede exacerbar las brechas socioeconómicas, aumentando la pobreza e incentivando la deserción escolar.

El proyecto introduce nuevos criterios de evaluación y desempeño para los docentes, que FECODE considera punitivos y descontextualizados. Evaluar a los docentes de manera uniforme sin tener en cuenta las condiciones en las que trabajan, especialmente en un país azotado por la violencia armada, podría resultar en sanciones injustas y desmotivación, afectando negativamente el desempeño educativo general. No se hace énfasis, como se requiere, en la necesidad de asumir por parte del Estado, el mejoramiento de las capacidades pedagógicas, temáticas y logísticas de los educadores.

Finalmente, entre otras consideraciones el proyecto de ley no garantiza una financiación adecuada y sostenida para el sistema educativo, lo que podría afectar la calidad de la enseñanza y las condiciones laborales de los docentes. La falta de recursos adecuados podría llevar a un deterioro en la infraestructura educativa, materiales didácticos insuficientes y salarios inadecuados para los docentes.

Ojalá se reconozca la importancia que tiene para el presente y el futuro una reforma educativa acorde a las necesidades reales del país que beneficie principalmente a los y las estudiantes. Sin una reforma educativa profunda, democrática, progresista, que haga posible el surgimiento de un ser humano nuevo, capaz de comprometerse con la paz y la justicia social, el sueño de un mejor país se aleja cada día más.

Luis Emil Sanabria D

Muy ha lugar en el mes de la Diversidad e Inclusión en Colombia… Parte 2

Gracias al Decreto 1421 de 2017 los niños, niñas y adolescentes en Colombia cuentan con un marco que garantiza la educación inclusiva en el aula. No obstante, cuando se revisa detenidamente su implementación, se evidencian dificultades asociadas a la conjunción de diagnósticos, la extensión de los documentos que se deben diligenciar para hacer la planeación solicitada, el desconocimiento de cómo abordar los desafíos de cada una de las disCAPACIDADES y la masividad agudizada por la cobertura que el Estado ha impulsado. Este decreto incluye la distinción entre barreras y ajustes en el entorno de los estudiantes, aumentando la importancia de implementar herramientas para la comprensión, la participación y el acceso.

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¿Qué es una Barrera?

Una barrera es cualquier obstáculo que impide o dificulta el acceso y la participación de los estudiantes en el entorno de aprendizaje. Estas barreras pueden ser de diversos tipos, incluyendo físicas, sensoriales, cognitivas, comunicativas, sociales, metodológicas y actitudinales.

¿Qué es un Ajuste Razonable?

Un ajuste razonable se refiere a la flexibilización y adaptación que se realiza para disminuir la barrera identificada que está afectando el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, son sujetos de ajuste: la metodología de enseñanza, los recursos didácticos y el sistema evaluativo. Los ajustes razonables son específicos a las necesidades individuales de cada estudiante y deben ser proporcionados sin que ello suponga una carga desproporcionada o indebida para los profesores.

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Ejemplos de Barreras y Ajustes Razonables en el Aula

Barreras Físicas: Escaleras para subir a los pisos más altos de la institución educativa.

Dificultad: Los edificios no son accesibles.
Ajuste uno: Instalar rampas y ascensores para estudiantes con movilidad reducida.
Ajuste dos: Ubicar a los estudiantes del mismo grado en el primer piso para garantizar su movilidad y socialización con sus pares.

Barreras Sensoriales: Ruido en las aulas y en el entorno escolar.

Dificultad: Las aulas no son insonorizadas.
Ajuste uno: Realizar la adecuación de las aulas de clase para que tengan vidrios, puertas o paredes con reducción de ruido.
Ajuste dos: Asignar audífonos o reductores de sonido a los estudiantes.

Barreras Cognitivas: Las clases son orientadas en inglés.

Dificultad: La comunicación y los recursos didácticos son en inglés.
Ajuste uno: Utilizar recursos visuales y gráficos para explicar palabras clave.
Ajuste dos: Individualizar el aprendizaje considerando que barrera es del entorno y se debe elegir el colegio considerando que su PEI no sé modificará.

Barreras Comunicativas: Evaluaciones escritas con límite de tiempo.

Dificultad: Pruebas extensas diseñadas para la operatividad.
Ajuste uno: Generar la prueba con una extensión de tiempo.
Ajuste dos: Generar la prueba con opción de múltiple respuesta.

Barreras Sociales: La familia ejerce sobreprotección.

Dificultad: La familia es la que transita en el colegio las ideas, pensamientos y situaciones de lo que ocurre en la jornada escolar.
Ajuste uno: Incentivar en las familias la confianza y autonomía para que puedan transmitir la información a sus hijos y estos a su vez, con sus profesores.
Ajuste dos: Generar un diario de pensamientos entre profesores y estudiante, para tranquilidad de la familia, este puede ser leído por ellos.

Barreras Actitudinales: Los profesores no han recibido capacitación en neurodiversidad.

Dificultad: La existencia de prejuicios y estigmas hacia los estudiantes con discapacidad.
Ajuste uno: Capacitar a los profesores y al personal escolar sobre la importancia de la educación inclusiva y la eliminación de prejuicios y estigmas.
Ajuste dos: generar un plan de mínimo de 3 años en la implementación de educación inclusiva.

Barreras en la Evaluación: Rúbrica estandarizada de evaluación

Dificultad: Usar una sola rúbrica de evaluación para medir el aprendizaje de los estudiantes.
Ajuste uno: Generar una rúbrica flexibilizada acorde a las necesidades de los estudiantes.
Ajuste dos: Generar rúbricas cualitativas y sustituir las cuantitativas.

Barreras en el Acceso a la Información: La letra de los textos por el costo de la impresión es pequeña.

Dificultad: No es legible para todos los estudiantes el texto por el tamaño de letra.
Ajuste uno: Proveer dispositivos tecnológicos como tablets o computadoras con software adaptado para facilitar el acceso a la información y el aprendizaje.
Ajuste dos: Realizar el uso de textos más cortos y complejos con un tamaño de letra más grande para todos.

Barreras en la Participación en Actividades Extracurriculares: Las competencias deportivas están diseñadas bajo los estándares del nivel deportivo neurotípico.

Dificultad: No existen deportes con ajustes o acomodación para la participación de todos.
Ajuste uno: Asegurar que las actividades extracurriculares sean accesibles y estén adaptadas para incluir a todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades.
Ajuste dos: Modificar las reglas de los juegos deportivos o actividades para incluir en el juego a todos los estudiantes.

Barreras en la Metodología de Enseñanza: Los profesores no han sido capacitados en discapacidad

Dificultad: La elaboración del PIAR es incompleta por falta de información.
Ajuste uno: Implementar metodologías de enseñanza diversificadas, como el aprendizaje cooperativo y el uso de proyectos, que atiendan a diferentes ritmos de aprendizaje.
Ajuste dos: Generar un plan de formación, capacitación y entrenamiento de mínimo 3 años para la implementación adecuada de la inclusión educativa.

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Alexandra Parra
Neuropsicólogo y pedagoga

El Poder Constituyente y el Poder Constituido

“Es decir, que, si deciden violar el voto popular en Colombia del año 2022, se instaura en Colombia el poder constituyente, de una vez, a través de la movilización masiva del pueblo colombiano”. Gustavo Petro.

¿Puede existir una frase más veintejuliera, desafiante y falsa en la historia reciente de nuestra república? La respuesta es depende, hay otra comparable, pero si es más o menos, depende desde que orilla del rio estes, esta dice; “El estado de opinión es la fase superior del Estado de Derecho”, expresada por Álvaro Uribe Vélez.

 

Estas expresiones populistas, son pan de cada día en las maltrechas democracias hispanoamericanas y por supuesto en otras latitudes del mundo, en la Norte América de la era Trump, en la Europa del este de Lukashenko, Putin o Duda y en el Asía de Erdogan o Duterte, es un síntoma que viene “in crescendo” en diferentes territorios de la órbita global.

Por supuesto en lo que nos atañe, es curioso ver este tipo de frases y expresiones siendo utilizadas por las dos caras de la misma moneda, la izquierda y la derecha, el uno, queriendo olvidar, o por lo menos, asumiendo que todos olvidamos que somos ya un poder constituyente, que generamos por mandato intrínseco de nuestra soberanía ese poder constituido del cual goza el señor presidente.

Es gracias a esa capacidad jurídica que nos da nuestra naturaleza humana y nuestra ciudadanía que hoy él tiene un micrófono para poder expresar sus ideas y desarrollar su mandato legítimamente constituido gracias a que a nosotros el soberano pueblo constituyente, así nos pareció, hayamos o no votado por él.

Vanamente utiliza estas expresiones de “instaurarlo”, como si por una parte no lo estuviera ya, de ser así no habría república, por lo tanto, no tendríamos necesidad de un presidente; Por otra parte, no es él, quien podría instaurarlo, sino, nosotros, solitos como autónomamente lo somos, porque cerebro, lenguas y paticas tenemos.

Además, no recuerdo yo haberle dado poder al constituido presidente para que me represente, debe echarse una leída a la constitución, para que por fin se entere que los presidentes no representan al pueblo, al constituyente primario, la figura presidencial tan solo es una expresión de la voluntad de aquellos, es el funcionario contratado para ejecutar la Ley y punto.

Cuanta coincidencia encuentro ahora que leo esta alucinante y megalómana frase con aquella no menos tiránica de que el Estado de opinión es “una fase superior al Estado de Derecho”, pronunciada en el contexto, por otro megalómano que por estar con 82 u 85% de popularidad, pretendía con ello justificar mandar a diestra y siniestra por encima de las reglas constitucionales, garantías que tenemos los soberanos, el pueblo en síntesis.

Con ese frenesí, con esa petulancia, pretendían hacernos creer que, como la opinión mayoritaria, aquella no corroborada técnicamente, lo consideraba el mejor presidente, por ello entonces podía hacer “ochas y panochas”, expedir decretos o suscribir tratados internacionales, suprimir o fusionar entidades y desvincular funcionarios sin control alguno de la Corte Constitucional o Consejo de Estado.

Podía entrometerse en el poder legislativo a punta de Yidis y Teodolindos, en el Banco de La Republica o en el poder judicial, condenar y hacer conducir causas penales a quienes estuvieran en su contra, o sea, contra el estado superior de la opinión ya que a los porcentajes de su popularidad solo le competían “Salserin” o “RBD”, es decir, Luis XIV al decir “L´État, c´est moi”, se le quedó pequeño al príncipe de Salgar con su “Estado de Opinión”.

Cuanta arrogancia, cuanta irresponsabilidad en los dos bandos radicales que quieren, con tal de ganar unas elecciones, llevar al país a una guerra civil nuevamente, los bandos son conscientes que ese es el resultado en un país bien experimentado en el arte de la guerra, si insisten los unos en “tumbar” a un presidente o los otros en hacer lo opuesto e ir más allá, no solo no dejando que lo tumben, sino entronizándolo.. más, más y más..¡

Una y otra vez debemos insistir desde estas modestas letras en enviar un mensaje claro y contundente a quienes puedan leernos, no caigan en esos cantos de sirenas, son extremistas que todo lo ganan con nuestra perdida, la guerra entre hermanos y hermanas; bravucones de redes, porque en los clubes y pasillos del congreso, conciertos y parrandas, se les vé tomando whiskey de lo lindo, abrazados y concertando Dios sabe que cosas.

Los hombres y mujeres demócratas, somos los que pondremos los muertos, siempre ha sido así y siempre lo será a menos que maduremos cívicamente y entendamos que a los presidentes que ganaron se les deja gobernar, si nos equivocamos, entonces nuestra constitución posee una garantía, una regla en la que el periodo del cargo es por un tiempo determinado, para bien o para mal, se cumplirá el plazo y se irá, pero no se les tumba, eso es de cobardes.

Los demócratas sabemos que es en el ardor de la lucha de las ideas donde está la victoria, eso sí es ser berraca, eso es ser valiente, lograr convencer a millones con la verdad, con la inteligencia, pero eso de salir a tumbar dirigentes a través de golpes blandos, suaves o duros, lo mismo da, eso es ser tonto, abyecto; Los demócratas conquistan el poder, no se lo roban y menos haciéndolo como los matreros, lanzando la piedra y ocultando la mano.

Los demócratas, no se quedan en el poder con excusas vanas, badulaquerías o leguleyadas, los hombres y mujeres demócratas, ganan las elecciones limpiamente y cumplen con la palabra empeñada, hacen su mayor esfuerzo por dejar una huella indeleble en la conciencia colectiva y trascienden en la historia, no se atornillan ilegalmente al cargo y sobre todo, no motivan o se vuelven cómplices de los derramamientos de sangre por egos personales o de grupos.

Juan Camilo Castellanos

El año definitivo

Este año cambiará el mapa de la política mundial. En los últimos días, hemos visto los resultados de las elecciones en la Unión Europea, México e India. En total, alrededor de 4 mil millones de personas están llamadas a las urnas en diferentes países, y sus decisiones serán trascendentales para el futuro de la humanidad. En el segundo semestre del año se esperan los comicios en Estados Unidos, Reino Unido, y las elecciones parlamentarias que acaban de ser convocadas por el presidente Macron tras el avance de la ultraderecha francesa en el Parlamento Europeo.

Los primeros análisis de las elecciones del Parlamento Europeo señalaron el crecimiento de los partidos y líderes de derecha, nacionalistas y euroescépticos. Las sensaciones que recorren el viejo continente no son positivas debido a los debates sobre la migración y el apoyo económico y militar a Ucrania en la guerra contra Rusia. El conflicto en Gaza también ha generado divergencias entre los alineados con la OTAN y quienes piden reconocer a Palestina como estado y buscar un cese al fuego definitivo en la franja.

 

En el continente americano, las elecciones ganadas por Claudia Sheinbaum consolidaron el proyecto progresista en México por seis años más. Es significativo que se haya elegido a la primera presidenta en su historia. En Estados Unidos, el ambiente para las elecciones de finales de año ha estado marcado por la condena a Donald Trump debido a delitos relacionados con un soborno a una actriz porno, condena que no parece mermar sus posibilidades ya que las encuestas muestran una reacción de apoyo de sus bases. Biden, mientras tanto, intenta navegar las complejidades geopolíticas actuales y los procesos migratorios en la frontera sur.

El factor común en todos los procesos electorales es el aprovechamiento de los malestares sociales, políticos y económicos que viven las sociedades contemporáneas por parte de liderazgos cada vez más radicales, que prometen romper el statu quo. El desencanto de grandes sectores de la población que sienten que el sistema los ha dejado de lado, las perspectivas poco alentadoras en la economía internacional, la crisis climática, las disrupciones tecnológicas y la incertidumbre respecto a la posibilidad de que los conflictos militares actuales puedan escalar en el futuro, dibujan el contexto sobre el que miles de millones de personas decidirán con sus votos el futuro de la humanidad.

Juan Carlos Upegui

Dar ejemplo no es parte de la lucha contra la corrupción

«Educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única» (frase atribuida a Albert Einstein) que no necesita mayor argumentación, debido a que prácticamente todos hemos experimentado en algún momento de la vida la efectividad de lo que significa. Pero parece no tener cabida en la lucha contra la corrupción.

Esta semana salió el informe de Transparencia por Colombia de lo sucedido entre 2016 a 2022 en materia de corrupción (Así se movió la corrupción en Colombia entre 2016 y 2022! Radiografía de los Hechos de Corrupción en Colombia) que elaboraron con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Para quienes prefieren escuchar, la presentación de Roberto Pombo en su podcast es muy buena (¿es posible acabar con la corrupción?). Pero también hay menciones en casi todos los medios. El del Espectador recuerda los números clave que citaré aquí (Entre 2016 y 2022 se perdieron $21,28 billones por corrupción en Colombia).

 

Con las cifras publicadas se puede estimar que el 15% de la contratación del Estado se va en corrupción. Señala que de los 1.243 hechos de corrupción el 32.26% ocurrieron en el Gobierno Nacional, el 28.48% en las Alcaldías y el 11.56% en las Gobernaciones; visto desde los sectores, el 21% en Defensa, 10% en Judicial, 9% en Educación, 8% en Vivienda, 8% en Salud y 7% en Transporte. Pero, hay que señalar, que estos % están referidos al número de hechos y no a los montos; es muy posible que cambie el ordenamiento en tipos de entidades y sectores si se hace por los montos, subiendo el % de las Alcaldías, donde se sabe que el flagelo es de proporciones enormes.

En el podcast de Pombo se añade un dato que hemos escuchado desde hace años: la Auditora de la Nación estima en 50 billones anuales el problema de la corrupción en el país; la primera vez que se dijo lo hizo la Contraloría, hace unos años. Esta cifra es mucho más grande a la del informe, lo que da indicios de que el problema pueda ser más grande, sin quitarle ninguna credibilidad al importante trabajo que hace Transparencia y su aliado universitario, basado en casos publicados; seguramente faltan muchos que no se saben ni están publicados.

Las propuestas de solución para el gravísimo problema de la corrupción en la contratación pública (aunque es en todos los sectores, en todo el país) han apuntado al castigo a través del endurecimiento de la ley y mayores penas; aun así, hasta el momento, no se ha mellado en nada y su tendencia sigue creciente, muy creciente.

La conclusión que expone Pombo en su análisis es un poco paradójica: solo se requiere que haya voluntad política para arreglar el problema. Fácil conceptualmente, pero como sabemos, toda reforma que conduzca a este tipo de solución pasa por el Congreso, es decir, por los políticos, muchos de los que muy lamentablemente han estado envueltos en los escándalos de corrupción en la contratación pública, y que por lo tanto va a ser difícil, sino imposible, que exista esa voluntad política. No les conviene, aunque sea una traición a sus electores y al país, puesto que priorizan su bolsillo ilícitamente. “Entrampados” como dice el entrevistado Humberto de la Calle ante esta situación.

Como no se puede cambiar lo necesario en la ley entonces hay que endurecer las penas. Las propuestas normalmente están orientadas a combatir la corrupción con el castigo, con aumentar los castigos, pero no incluyen la prevención como eje central. En artículos anteriores hemos explicado cómo, si el ejecutivo quisiera, podía reparar una vena rota, prohibiendo que los recursos públicos se ejecuten sin cumplir lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 en los convenios interadministrativos por medio de los cuales las Alcaldías y Gobernaciones ejecutan recursos del Gobierno central (pero con régimen privado, saltándose en la práctica la citada ley sin el debido control) (La estrategia anticorrupción que sí serviría).

Portarse bien por decreto

Un intento de prevención en el Gobierno es el tipo de documento, como el del Ministerio de Vivienda, llamado el CODIGO DE INTEGRIDAD al estilo de un procedimiento (de manual de calidad) que tiene por objeto lograr su adecuada implementación e interiorización y cuya fuente es el Departamento de la Función Pública (DAFP). Hay dos curiosidades en este documento: la primera, es que se pretende lograr un comportamiento ético de los funcionarios “por decreto”, lo cual resulta, cuando menos, ingenuo, y lo segundo, es que además este procedimiento no establece el requisito de que los jefes den ejemplo. Los jefes, son por supuesto, el presidente, los ministros, los directores, etcétera; sin tratar de invalidar ni menospreciar el esfuerzo de Función Pública, es como si el Código estuviera orientado a que los funcionarios intermedios y bajos en las estructuras organizacionales de las entidades públicas se portaran bien pese a que sus jefes no tengan que comportarse de manera íntegra, y dar ejemplo.

Lo que tristemente sí da ejemplo en nuestro país, todos los días, es la impunidad (el secretario de la Transparencia de la Presidencia recordaba (2023) que el 96% de los casos en Colombia termina impune). En Colombia los corruptos se salen con la suya y son muy pocos los casos que se descubren, y menos los que llegan a ser castigados, y prácticamente ninguno en el que se logran recuperar los recursos públicos robados.

Sin salida

Estamos en una sin salida. No habrá voluntad política mientras no haya políticos íntegros en el ejecutivo y en el congreso; y la precaria educación política de nuestros electores no permite elegirlos bien en las elecciones. ¿Qué nos queda? Primero, evidenciar la corrupción por todos los medios posibles, desde denunciarla hasta hacer estudios para mostrarla, y llenar a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, que aunque contaminadas por el mismo mal, no puedan tener excusas para no saber de los cientos de casos que suceden; segundo, comportarnos decididamente con integridad en nuestra vida cotidiana e influir positivamente en nuestro círculo de relacionados a través del propio ejemplo, comprendiendo bien lo que precisa el filósofo Hegel: “El Estado es la expresión moral de un pueblo; si el  espíritu de un pueblo ha alcanzado un grado superior entonces el Estado y sus gobernantes serán virtuosos; si el pueblo posee una moral escasa, el Estado  será corrupto”; tercero y en la misma línea, educarnos políticamente y educar a nuestros relacionados recordándole a cada ciudadano quejoso la acertada frase (del discutible político teórico conservador Joseph de Maistre): “cada nación tiene el gobierno que se merece” y más allá, el corolario que le sacó André Malraux a la frase anterior: “no es que cada nación tiene el gobierno que se merece, sino que la gente tiene los gobernantes que se le parecen”. No sobra aclarar que la corrupción no ha sido exclusiva en este Gobierno.

Rafael Fonseca Zarate