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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

La SAE entrega 15 propiedades en Antioquia para los servicios sociales

El gobierno del Cambio, a través de La Sociedad Especial de Activos Especiales (SAE), reafirma su compromiso con la recuperación de bienes obtenidos por la mafia, el narcotráfico y el paramilitarismo, después de varios intentos, el 22 de marzo se logró desalojar la casa “museo” de Pablo Emilio Escobar Gaviria, ubicada en el barrio el Poblado en Medellín.

Dicha propiedad continuaba estigmatizando a Colombia, al ser un espacio dedicado a exaltar los crímenes y la inseguridad generados por el Cartel de Medellín. Su recuperación representa un paso significativo en la lucha contra el legado del crimen organizado y contribuye a la construcción de una imagen positiva del país, enfocada en la legalidad, la seguridad y el respeto por el Estado.

 

El gobierno a través de la SAE tiene como objetivo transformar el “museo de la violencia” en una casa cultural llamada «La Otra Historia», con la intención de resignificar el espacio, destacando la lucha del Estado Colombiano contra la economía ilícita, la corrupción, logrando la transición entre la muerte y la vida.

Por otro lado, la SAE entregó cinco (5) propiedades en Urabá, específicamente en el municipio de Necoclí, Antioquia, en apoyo a diversas organizaciones sociales, víctimas del conflicto armado, comunidades animalistas y entidades gubernamentales. Estas propiedades consisten en una finca de 114 hectáreas otorgada a la Organización Coofurtuna, finca de 388 hectáreas destinada al Consejo Comunitario Afrobobal, una finca de 46.4 hectáreas asignada a la Organización Unidos por lo Nuestro, una casa de 117.04 metros cuadrados cedida al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Migración Colombia.

Es importante resaltar la entrega de terrenos que realizó la SAE al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a Migración Colombia. Este acto constituye uno de los grandes avances del país en favor de los migrantes. En 2022, más de 248,000 personas emprendieron la peligrosa travesía a través del Tapón del Darién. Para 2023, se estima que esta cifra aumentó a 520,085 personas, de las cuales 406,905 eran adultos y 113,180 eran niños, niñas y adolescentes, lo que representa un incremento del 110% en comparación anual.

Con este terreno, se espera establecer un sitio de paso que brinde asistencia a los migrantes que atraviesan la selva en condiciones precarias, enfrentando robos, extorsiones y violencia sexual, proporcionando un refugio seguro, una oportunidad para mejorar la situación humanitaria de miles de personas en tránsito.

Esta iniciativa representa un paso significativo hacia la reconstrucción y el fortalecimiento de las comunidades afectadas por el conflicto, así como un apoyo vital para las instituciones encargadas de brindar servicios sociales y de asistencia. El Gobierno del Cambio, a través de la SAE, sigue cumpliendo con su compromiso hacia el pueblo, especialmente con los más vulnerables y olvidados durante décadas. Esta acción marca un cambio en la historia de un país afectado por la violencia. Mis felicitaciones al Director de la SAE, José Enrique Moncaleano, y a nuestro presidente, Gustavo Petro Urrego, por su liderazgo y dedicación en esta importante labor.

Alejandro Toro

Jugando con candela

Como buenos pirómanos, a los uribistas y a la derecha dura les gusta jugar con candela. Pero esta vez “se están pasando de piña”, como se dice popularmente en el Caribe. Porque está bien que se comporten como fuerzas opositoras y ejerzan los derechos y reclamen las garantías que tal condición merece en toda democracia. Lo que no es aceptable es que la oposición se utilice para desplegar una estrategia de bloqueo institucional como la que pretenden adelantar actualmente en el Congreso de la República.

En gracia de discusión, podríamos considerar legítimo que se hayan plantado, desde el inicio del gobierno Petro, como expresiones políticas contrarias a las reformas que por décadas fueron reclamadas por amplios sectores de la población y por regiones históricamente excluidas, expresadas más recientemente en el paro nacional del 2019 y el estallido social del 2021 y recogidas en el programa del Gobierno del Cambio y el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida aprobado mayoritariamente en el Congreso. Podríamos aceptar el triunfo de estas fuerzas y los intereses privados y corporativistas que representan, con el hundimiento de la reforma a la salud, aunque hay quienes la consideran una victoria pírrica toda vez que al negarse a una concertación con el gobierno alrededor de la ponencia alternativa, justificaron el uso de las amplias facultades de las que goza el ejecutivo para reformar por decreto el sistema de salud.

 

Ahora, ante la posibilidad de que se apruebe en cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes una necesaria reforma pensional que goza de un amplio consenso en la sociedad y en el Congreso, que se apruebe un compromiso histórico con el campesinado consignado en el Acuerdo de Paz con la ley estatutaria de Jurisdicción Agraria, que se avance en el Congreso de la República en la creación de Ecominerales como empresa pública para entregarle al Estado la renta de la explotación minera y garantice una actividad minera compatible con las exigencias de la crisis climática, que se apruebe una urgente ampliación del cupo de endeudamiento, o que se eleve la educación a derecho fundamental; los áulicos de Uribe, Vargas Lleras, Pastrana y Cesar Gaviria han mostrado de nuevo las uñas.

Han radicado una avalancha de mociones de censura a cinco ministros del gabinete en la Cámara con el propósito de que el tiempo restante de la legislatura, hasta el 20 de junio, solo se ocupe de los debates que han solicitado. Ellos saben que no existe ninguna posibilidad numérica ni hay méritos o argumentos para tumbar al mismo tiempo a los Ministros de Salud, Minas, Igualdad, Interior y Defensa. Pero esta ráfaga, sin antecedentes en la historia reciente del Congreso, si prosperase les permitiría atravesarse como vaca muerta en el camino de reformas a punto de convertirse en leyes de la república.

Como si fuera poco, el Centro Democrático instauró con pocas probabilidades de éxito ante la Jurisdicción del Contencioso Administrativo, una acción popular que busca, aprovechando oportunistamente el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, la suspensión inmediata del trámite legislativo de las reformas sociales presentadas por el Gobierno a consideración del Congreso. Olvidan que la acción popular no es un instrumento de oposición, sino más bien una acción constitucional dispuesta en el artículo 88 de la Constitución como mecanismo de protección de derechos colectivos. Olvidan que su jefe vitalicio Uribe Vélez siendo presidente de la Republica en el 2006, cuando sus congresistas comparecían ante la Corte Suprema de Justicia por la parapolítica, les suplicaba “que mientras no estén en la cárcel, voten”.

Esta misma derecha que bloquea institucionalmente al Gobierno en el Congreso, meten terror con una posible Constituyente que el propio presidente por fortuna acaba de desestimar. Esta misma derecha sabrá que en los regímenes parlamentarios estos bloqueos se resuelven con mecanismos excepcionales como la anticipación de elecciones generales. Y esta misma derecha está en serio riesgo de que jugar con candela los llevaría a una nueva quemada en el 2026.

Antonio Sanguino

La implementación del capítulo étnico en el 8 informe del Instituto KROC

Estos informes del Instituto KROC de la Universidad de Notre Dame, han servido para analizar el procesos de implementación en su integralidad con datos cuantitativos y cualitativos sistematizados en la Matriz de Acuerdos de Paz que analiza 34 Acuerdos de Paz en el mundo. Esto permite un ejercicio de análisis comparativo de avances y retrocesos de nuestro proceso de paz, a 7 años de su firma.

Se resalta la estrategia del KROC de desarrollar barómetros regionales en las subregiones PDET para ahondar en el análisis y seguimiento a la territorialización de la implementación, siendo el primer barómetro Urabá y Chocó (https://peaceaccords.nd.edu/barometer/colombia-reports?lang=es).

 

A nivel general el informe arroja que los Puntos 3 (Fin del Conflicto) y 6 (Implementación, Verificación y Refrendación) tuvieron mayores niveles de implementación; en contraste, los Puntos 1 (Reforma rural Integral) y 2 (Participación Política) que tuvieron menores niveles de aumento. En lo que se refiere a los Puntos 4 (Solución al Problema de las Drogas Ilícitas) y 5 (Acuerdo sobre Víctimas), se ubicaron dentro del promedio dentro del estado general del proceso de implementación. El informe analiza 578 disposiciones o compromisos y se cruzan don diferentes variables en una matriz.

En lo relacionado con el enfoque étnico, se mantienen rezagos en la dinámica de la implementación general. De las 80 disposiciones con enfoque étnico, no se había iniciado el 13% a noviembre de 2023. Se encontró en estado mínimo el 61%. En estado intermedio se ubicó el 14% y sólo el 13% se había completado.
Se resalta que a la fecha se adjudicaron para licenciamiento 68 emisoras étnicas.

El bajo nivel de implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz (AFP) se evidencia en que de 13 compromisos que los componen, según la metodología del Instituto, dos no habían iniciado, ocho estaban en avance mínimo, dos en estado intermedio y solamente se completó uno. Esta es una tendencia similar en las otras 67 disposiciones del enfoque étnico y durante 2023 no se evidenciaron cambios cuantitativos con relación a 2022.

Así mismo, el Informe señala los hallazgos de la Contraloría General de la República con relación al bajo nivel de asignación de recursos para el enfoque étnico. Señala que entre 2018 a 2022 se destinó el 4,1% del total de recursos del Presupuesto General de la Nación al AFP. El Instituto insiste en “la necesidad de articular los instrumentos de planificación territorial” con el AFP, de manera integral.

Es de resaltar que sigue siendo clave el papel de la comunidad internacional para poder concentrar el respaldo político y financiero de la cooperación internacional en la implementación en acciones que fortalezcan la territorialización del principio de integralidad, mediante la formación de capacidades locales, de modo que la formulación y ejecución de los planes de desarrollo territoriales estén alineados con el Acuerdo Final. Esto es clave para territorializar la implementación en su integralidad, como quedó contemplado en el Acuerdo.

Finalmente, es clave señalar que los 8 conflictos territoriales que el Instituto señala afectan en gran medida a los pueblos étnicos y a la implementación en los territorios. De alguna manera la declaración de estado de cosas inconstitucional frente a la no implementación del Acuerdo le da un impulso a la implementación en estos territorios. Seguiremos luchando por que se cumpla lo pactado.

Pedro Baracutao

El uso de los celulares y el FOMO

Síndrome FOMO o “Fear of Missing Out”, siglas en inglés, (en español, el “Miedo a Perderse Algo”, a la sensación de ansiedad y preocupación por perderse experiencias, eventos o momentos importantes en la vida de otros.

Los celulares se han convertido en una extensión de la mente y las emociones, a través de ellos se logra el acceso inmediato a información y comunicación. Sin embargo, su omnipresencia también ha traído desafíos significativos, especialmente dentro de las aulas de clase. Los datos y cifras recientes sobre el uso de los celulares y el rendimiento académico, ponen lupa en una preocupación creciente: el impacto negativo del uso de los celulares en la atención, la calidad educativa y por relación directa, en la relevancia de la escuela como escenario para el aprendizaje.

 

Frecuencia de Uso de los Celulares y su relación con el Rendimiento Académico

Recientemente, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos en inglés Programme for International Student Assessment, más conocido por sus siglas y resultados, PISA, reveló una asociación negativa predominante entre la frecuencia de uso de los celulares y el rendimiento académico. De acuerdo con los datos PISA del 2022, los estudiantes que usan sus celulares más de tres horas al día fuera del horario escolar tienen un rendimiento académico significativamente inferior, con una diferencia de hasta 45 puntos menos en matemáticas y 36 puntos menos en lectura en comparación con aquellos que limitan su uso a menos de una hora diaria.

Además, se encontró que los estudiantes que utilizan sus dispositivos móviles en clase tienen un 30% más de probabilidades de distraerse, lo que afecta su capacidad para concentrarse y retener información crucial para el aprendizaje.

Atención y retención de la información

Stanislas Dehaene es un neurocientífico cognitivo que ha investigado extensamente como el cerebro procesa y mantiene la atención, y cómo estas capacidades son esenciales para el aprendizaje y el cómo aprendemos. Para realizar una relación de la atención y la retención de la información es necesario comprender que hay tres elementos de la atención que son afectados con el uso continuo y dependiente de los celulares:

Atención Selectiva: La capacidad del cerebro para enfocarse en información relevante y filtrar estímulos irrelevantes.

Ejemplo en el Aula: En una clase de matemáticas, el profesor está explicando un nuevo concepto de álgebra, como la factorización de polinomios. Durante la explicación, algunos estudiantes están enviando mensajes de texto y otros están viendo notificaciones en sus teléfonos. Un estudiante con un desarrollo de atención selectiva será capaz de ignorar las distracciones de los dispositivos móviles de sus compañeros y centrarse en seguir el paso a paso de la factorización.

Atención Sostenida: La habilidad para mantener el foco en una tarea durante un período prolongado.

Ejemplo en el Aula: Durante una evaluación sobre comprensión lectora, los estudiantes deben leer varios retazos de textos y responder preguntas relacionadas. Un estudiante con desarrollo de atención sostenida podrá concentrarse en la lectura y en las preguntas durante toda la prueba, siendo claro que, la evaluación se convierte después de unos minutos en una prueba monótona que contiene desafíos no esperados.

Redes de Atención: La interacción entre varias redes neuronales que facilitan la focalización, el mantenimiento y el cambio de atención.

Ejemplo en el Aula: En una clase de inglés, los estudiantes están practicando su pronunciación. Primero, escuchan y comprenden cómo lo hace la profesora (focalización). Luego, utilizan el vocabulario con la pronunciación marcada, replicando con otros este ejercicio (mantenimiento de la atención). Finalmente, emplean la pronunciación del vocabulario en una situación del día a día (cambio de atención).

Disminuye la atención, falla la retención de la información

El 25% de los estudiantes se distrae por otros estudiantes que están usando dispositivos digitales durante las clases, esto significa que el uso frecuente de celulares afecta la atención selectiva de los estudiantes. Los celulares constantemente generan estímulos que compiten con la información relevante que se enseña en clase, por ejemplo, las notificaciones, mensajes y aplicaciones distraen a los estudiantes, impidiendo que su atención sostenida pueda mantenerse, re-iniciando una y otra vez.

Imaginen este problema en una conferencia: Una persona está hablando acerca de los efectos de la pandemia en el aprendizaje y cada 5 minutos o menos, alguien en el público le interrumpe para hablar de su perro, del almuerzo, del viaje del próximo año, de la celebridad que no llenó el estadio o para que comente la serie que empezó el sábado en la noche.

La persona que es conferencista, no podría seguir el hilo de la misma, se debe detener y su atención de dirige al público que parece más interesado en otros temas. Empieza nuevamente con el objetivo de retomar el control de la conferencia.

Así es una clase, todas las clases. Se asiste a la escuela con esta inmensa dificultad.

«En Colombia, el 64% de los estudiantes NO apaga las notificaciones antes de dormir, afectando su calidad del sueño, disponibilidad y preparación para el aprendizaje del día siguiente»

Aprendizaje profundo y FOMO

Según Dehaene, la atención requiere la supresión de distracciones externas. La constante tentación de revisar el celular rompe esta capacidad de mantener el foco durante largos períodos, afectando la habilidad de los estudiantes para comprender y retener la información, esto es conocido en educación como aprendizaje profundo. Si no hay este aprendizaje, es muy probable que los estudiantes olviden por completo, eliminando todo rastro de lo que pudieron aprender.

«En Colombia, el 1% de los estudiantes obtuvo una puntuación de Nivel 5 o superior en lectura (promedio de la OCDE: 7 %). Estos estudiantes pueden comprender textos extensos, manejar conceptos abstractos o contrarios a la intuición y establecer distinciones entre hechos y opiniones, basándose en señales implícitas relacionadas con el contenido o la fuente de la información»*

Enlace texto anterior:

Qué significa el 1%? En un grupo de 25 adolescentes de grado noveno, con 15 años en promedio, el 1% de 25 estudiantes es el 0,25%. Es decir, ni un solo estudiante logra comprender textos complejos. 

Interferencia en la atención

La multitarea, como el uso simultáneo de celulares y el intento de participar en actividades académicas, perturba. La alternancia rápida entre tareas de diferente naturaleza (revisar un mensaje de texto y luego intentar resolver un problema matemático) impide la consolidación de información en la memoria a largo plazo, disminuyendo el rendimiento académico. Teniendo esto claro, se plantea el problema del FOMO «fear of missing out», es decir, «miedo a perderse algo».

Mientras están sentados en clase, los estudiantes se preguntan muchas veces, sin tener conciencia de que se lo están preguntando: qué están haciendo los demás, de qué me estoy perdiendo, qué estará pasando en el mundo fuera del salón de clase.

Las mamás, los papás y en general los cuidadores, aunque bien intencionados son parte de esa interferencia. Llaman, escriben y solicitan a sus hijos e hijas respuestas durante el tiempo que están en clase. Inclusive, desarrollan ansiedad al no conocer qué pueden estar haciendo, por qué no contestan y aumentan la cantidad de mensajes. En algunos casos, al conocer qué no tendrán acceso a los celulares en el aula de clase, les obsequian relojes inteligentes para que puedan seguir en contacto.

El FOMO no es un malestar exclusivo de los niños, niñas y adolescentes, también está presente en los adultos. La necesidad de estar conectados y al día, exige que se esté disponible para atender, interactuar y consumir contenido. Una dinámica incompatible con las experiencias que puede crear la escuela.

Intentar competir contra la recompensa y el estímulo visual que genera Tik Tok es especialmente difícil en áreas del conocimiento que son complejas de explicar y requieren una atención sostenida y profunda.

¿Interferencia digital?

Datos Clave

El 30% de los estudiantes reportaron distracción utilizando dispositivos digitales.

En promedio, el 30% de los estudiantes en escuelas con prohibición de celulares reportaron usar su celular varias veces al día.

La preparación de los profesores para integrar dispositivos digitales en la instrucción tiene poca relación con la distracción de los estudiantes.

La implementación de estrategias efectivas para mitigar los efectos negativos del uso de los celulares en el aula requiere un enfoque multifacético. Políticas claras sobre el uso de dispositivos tanto dentro como fuera del aula, psicoeducación sobre el FOMO y la renovación de las prácticas docentes, pasos fundamentales. Sin embargo, estas medidas deben coexistir con una realidad ineludible: en Colombia, muchos niños reciben su primer celular a los cinco años. Los estudiantes de padres separados dependen del celular para mantenerse en contacto, y las madres solteras que trabajan fuera de casa lo necesitan para celumaternar, monitorear y acompañar a sus hijos e hijas.

Las razones para regular el uso del celular en los colegios y escuelas son claras y necesarias, pero también lo son las realidades de las familias y la conveniencia del uso del celular. Exigir que los profesores actúen como policías de los celulares debido a prohibiciones en los manuales de convivencia, adicional, es una carga injusta.

¿Cómo podemos equilibrar la necesidad de una educación centrada y sin distracciones con las demandas de una sociedad cada vez más conectada?

Alexandra Parra

Neuropsicólogo y pedagoga

Al son de Petro

Está visto que el presidente Gustavo Petro está dispuesto a hacer todo lo que se le ocurra para que el país gire alrededor suyo, no importa si para esto se deban descuidar los asuntos que son urgentes e importantes a la vez.

No es extraño que proponga la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, aun si los tiempos no dan para que esta se realice durante su periodo presidencial sino cuando este haya terminado. Petro sabe muy bien que durante todo ese tiempo su nombre estará en el centro de ese debate.

 

Hoy todo el país habla de Gustavo Petro y sí es cierto que quiere convocar a una Asamblea Nacional Constituyente valiéndose del acuerdo de paz que se firmó con las Farc, aun sabiendo que este no es el paso indicado, todo cuanto se haga y se diga va a girar en torno a su nombre, tal como parece ser su deseo.

Petro sabe muy que aun logrando que esa convocatoria para una Constituyente se haga realidad, esta no arrojará resultados que les sean favorables sino todo lo contrario, porque durante estos dos años de gobierno se ha dedicado a destruir las esperanzas de quienes vieron en su candidatura las posibilidades para que sus luchas sean escuchadas en la Casa de Nariño.

En lugar de demostrar a sus opositores y al país entero que estaban equivocados al estar tan prevenidos ante la llegada de la izquierda al poder, Petro se ha dedicado a darles la razón, no solo al demostrar incapacidad para juntar un ladrillo con otro y así concretar planes y proyectos, sino además con escándalos de corrupción protagonizados por personas que hacen parte de su circulo familiar y con personajes que forman parte de su entorno político como Armando Benedetti, por ejemplo.

 Llegue a pensar que su difícil paso por la Alcaldía de Bogotá le había hecho madurar políticamente y entender que una cosa es hacer control político y otra gobernar, pero veo que no fue así, porque aún sigue pensando que para manejar un país como Colombia basta con salir al balcón y declamar un discurso que puede sonar muy bonito y promover aplausos y hasta mover corazones, pero que no se logra llevar a la realidad de la noche a la mañana y que para esto se requiere consensos y establecer acuerdos, algo que con Petro parece imposible.

En cambio, lo que sí está consiguiendo es que se promueva una oposición bastante fuerte que bloquee sus iniciativas y de paso le cierre el camino a quienes desde el Pacto Histórico deseen continuar al frente del país.

Increíblemente logró algo nunca antes había sucedido y es que el grupo de expresidentes de Colombia se pongan de acuerdo y se unan en un solo propósito, que en este caso es el defender la actual Constitución Política de Colombia.

No creo que la propuesta de la senadora Isabel Cristina Zuleta de reelegir a Petro sea una idea que venga únicamente de su cabeza. Así mismo surgió la iniciativa en el uribismo para cambiar la norma y promover la reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez, y recuerdo además que en su momento fue negada por el entonces primer mandatario y solo se pronunció y manifestó su deseo de continuar en el cargo una vez la Corte Constitucional habilitó el cambio.

Nota relacionada: Idea de reelegir a Petro divide al Pacto Histórico

Los pasos para cambiar la Constitución Política en Colombia están dados y parecen repetirse una vez más, esta vez no al son de Álvaro Uribe Vélez, sino al son de Gustavo Petro.

Oscar Sevillano

Inevitable recorte presupuestal

Los bajos niveles de ejecución nos están salvando de una crisis financiera. Mientras el recaudo del primer trimestre en términos reales disminuyó 1.2%, la expectativa de gasto para 2024 es de $502 billones aumentando $79 billones. El Banco de Bogotá señala que, gracias al nivel de ejecución del 27.6%, el monto más bajo desde que existen mediciones, la expansión de desembolsos del primer trimestre aumentó 22%. Si la ejecución fuera la promedio, el crecimiento de los desembolsos seria de 40%. Sin capacidad de ejecutar los recursos, el gobierno NO DEBE AUMENTAR IMPUESTOS NI TOMAR MÁS DEUDA sino hacer un recorte presupuestal de aproximadamente $10-14 billones.

En materia de forma, el mal trámite de la reforma tributaria está obligando a la Corte Constitucional a declarar inexequible varios impuestos. En el fondo, la reforma tributaria, más la incertidumbre regulatoria desestimuló la economía. En el primer trimestre, la Dian estuvo corta en su meta de recaudo en $4.7 billones. Aunque no se consideran ingresos ordinarios, la DIAN generó la esperanza de $14 billones en conciliaciones judiciales que no se materializaron, en esencia, porque fracasaron en el tramite del Congreso. También estamos esperando la supuesta lucha frontal contra las mafias del contrabando.

 

Grave escuchar las versiones que señalan que el director de la DIAN y el Min Hacienda no se hablan hace meses y se dedican a rumorología palaciega. A pesar de la poderosa evidencia, la narrativa de la DIAN es que el colapso en recaudo se debe al ciclo económico y que pronto se va a recuperar. Hay tiempo para redes sociales, lo demás se dará por sí solo. Incomodan también los rumores de auditorías exhaustivas a sectores en contravía ideológica del gobierno. En salud, minería, petrolero y servicios públicos hay muchas anécdotas.

Mientras tanto la estrategia de fondeo por crédito público está llegando al borde del abismo. Según el mismo informe del Banco de Bogotá, los depósitos del tesoro nacional en el Banco de República, históricamente cerca de $25 billones, colapsaron en el primer trimestre a tan solo $3 billones. Agotando depósitos y con emisiones estimadas durante el primer trimestre en $17.8 billones, ya por concepto de la regla fiscal no hay más espacio de deuda. La mala práctica de disfrazar deuda forzando el pago de deudas con TES ahora se computa, ya no se puede utilizar.

El ajuste debe ser real, por lo menos entre el 0.6% y el 1.0% del PIB. Violar la regla fiscal no solo traería consecuencias disciplinarias para los funcionarios sino tendría consecuencias fiscalmente calamitosas. Si no se entiende esto, insistir en no recortar el gasto con la excusa de impulsar la economía, nos llevaría a una espiral de baja actividad económica, bajo recaudo, mayor deuda y planes de choque inocuos. Crear gasto sin tener fuente de pago es un peligro para el país. La estabilidad macro-económica es un derecho fundamental de todos los colombianos.

Ser responsable fiscalmente es lo correcto, hace parte de una tradición de más de 200 años de pagar los compromisos de la nación. Una cacería de brujas entre el equipo económico para llevar a la hoguera al funcionario “neoliberal” que hace aritmética para evidenciar que las cuentas no cuadran, no conduce a ningún cambio.

Simón Gaviria

Marruecos: de quién es la tierra de nadie

En la región del Sahara Occidental se libra una guerra en diferendo por la soberanía sobre el territorio.

El Sahara, una vez declarado colonia española en la conferencia de Berlín de 1885 -cuando los países europeos se repartieron a regla los derechos coloniales en África-, fracturó la unidad de Marruecos que ejercía soberanía en el territorio. Socavó también «la Siba», un término árabe que se refiere a una situación de autonomía o gobierno local en el que vivían las tribus saharauis antes de la colonia.

 

A finales de la década de los 60, surge el Movimiento Nacional de Liberación Saharaui como un acuerdo entre varias tribus locales por la descolonización. Frente a la represión militar del movimiento por parte de la Legión española del gobierno de Francisco Franco, en 1973 se conforma el Frente Polisario con vocación independentista y principios socialistas, inspirándose en la guerra de independencia de Argelia. Siguiendo el modelo de guerra de guerrillas contra el gobierno colonial, el Polisario instaura el Ejército de Liberación Popular Saharaui como su brazo armado, con la dotación armamentística de la Libia de Gadafi.

En octubre de 1974, Marruecos remite el tema del Sáhara Occidental a la Corte Internacional de Justicia, que emite una opinión consultiva no vinculante favorable a Rabat, basada en “vínculos históricos» entre Marruecos y las tribus que habitan la región. Al año siguiente, debido a la presión internacional, por un lado, y a los ataques militares del Polisario, por el otro, España finalmente declina su administración del Sahara Occidental en 1975. Con el Acuerdo de Madrid, El Sahara occidental quedaba repartido entre Marruecos y Mauritania, convirtiéndose estos en el nuevo adversario del Polisario en su camino independentista. De esta manera se desató una guerra en rebeldía, iniciando así un conflicto armado contra Marruecos y Mauritania conocido como “La Guerra de las Arenas”, enarbolando el derecho a la autonomía de los pueblos.

El control territorial por parte de Marruecos, durante el reinado de Hassan II en 1975, se hizo primero de manera civil, con la Marcha Verde en la que durante cinco días peregrinaron 350.000 ciudadanos en una serie de movilizaciones auspiciadas por Estados Unidos y Francia; luego de manera militar, con operativos tierra y aire que dieron lugar al éxodo y exilio de miles de personas, auspiciadas por el Frente Polisario, quienes finalmente terminarían estableciendo los campamentos de refugiados en Tinduf, en Argelia.

Por otra parte, el 26 de febrero de 1976 el Polisario proclama la constitución de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Poco tiempo después, Mauritania reconoce que no está en condiciones de mantener una presencia institucional y control de la seguridad en los territorios, y desiste de sus pretensiones, firmando el Acuerdo de Argel con el Frente Polisario en 1979. De esta manera, el Polisario comienza una carrera diplomática, en aras de lograr legitimidad mediante el reconocimiento de la RASD por otros Estados, incluso es admitida en la Organización para la Unidad Africana (OUA).

La Guerra de las Arenas recibió su nombre debido al terreno desértico en el que se desarrollaron muchas de las batallas. Marruecos utilizó su fuerza militar para avanzar en el territorio saharaui, mientras que el Frente Polisario respondió con tácticas de guerrilla y resistencia. La presencia y control territorial por parte de Marruecos se fue consolidando entre 1980 y 1987, en numerosos enfrentamientos armados y tensiones a lo largo de la frontera entre Marruecos y el territorio reclamado por el Frente Polisario, y con la construcción de un muro de arena que delimitaba las posiciones ganadas, dejando 5 puntos de paso controlados por el ejército marroquí para garantizar el flujo de bienes comerciales y gente.

Esta dinámica de ocupación, control, repliegue, y combates se extendió hasta el año 1991, fecha en la que se logró un alto al fuego con una propuesta de la Organización para la Unidad Africana, que fuera retomada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Con este acuerdo, entre otras cosas, se constituyó la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) con dos propósitos: i) preparar una consulta ampliada sobre los intereses de los pobladores del Sahara Occidental y, ii) supervisar el alto al fuego.

La cuestión parece elemental, pero el diablo está en los detalles. La propuesta del referéndum, en principio aceptada por Marruecos y por el Polisario, nunca llegó a celebrarse por no poder lograr un acuerdo entre quiénes deben participar, es decir, con qué censo se debe convocar. La postura de Polisario es emplear el censo español de 1974, y la de Marruecos es que se debe censar el total de los habitantes del Sahara Occidental en el momento del referendo. A esto se suma la disputa por el papel que deben jugar (y la capacidad de representación legítima) las autoridades tribales, o la constitución de facto una institucionalidad burocrática en los campamentos de Tinduf, que ejercen un tipo de gobierno estatal.

Aquí se hace necesario diferenciar entre el Frente Polisario y el pueblo saharaui, ya que varias narrativas han intentado asumir tendenciosamente lo uno por lo otro. El Polisario es un movimiento político y armado que reclama la independencia del Sáhara Occidental, mientras que el pueblo saharaui se refiere a todos los habitantes de esta región, que pueden tener opiniones políticas diversas, incluso, pueden ni siquiera vivir allí, pero tener sus orígenes en la región. Al fusionar las dos entidades, existe el riesgo de generalizar y estigmatizar a la población saharaui.

La situación actual es de estancamiento político, con el Frente Polisario controlando parte del territorio del Sahara Occidental y Marruecos ejerciendo control sobre la mayor parte de la región. Según la ONU, el territorio controlado por el Frente Polisario no es reconocido como una entidad soberana, sino que es considerado como una zona de “no man’s land» o tierra de nadie.

En el año 2020, con ocasión de un debate en el Consejo de Seguridad de la ONU acerca de si renovar o no el papel de la MINURSO, el Polisario dinamiza una serie de movilizaciones en uno de los pasos de extramuros, en Guerguerat. El gobierno de Marruecos, en la madrugada del 13 de noviembre, realiza un operativo para reprimir el bloqueo causado por unos 50 manifestantes. Finalmente, el Polisario da por terminado el alto al fuego y decreta el «estado de guerra en todo el territorio”. Así hasta el sol de hoy.

Así las cosas, el espectro de resolución del conflicto versa entre reconocer o no la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, o reconocer la independencia o no de la República Árabe Saharaui Democrática, y de ahí, la respectiva delimitación de fronteras. La propuesta por parte del Estado de Marruecos es constituir un espacio de gobierno autonómico sin secesión, un a modelo medio camino entre un Estado centralista y uno federal, a la usanza en España con las Comunidades Autónomas, por ejemplo, en que comunidades históricas (como Cataluña y País Vasco) tienen un margen de autodeterminación y autogestión sobre ciertos aspectos de gobierno, bajo unos parámetros nacionales. Pero las propuestas no son en blanco y negro: asumir el modelo de comunidades autónomas y el de la constitución de un Estado independiente (propuesta que se desdibuja en la práctica) requiere desarrollar las instituciones y el modelo económico; el planteamiento de políticas fiscales, sociales, y hasta culturales; discutir el esquema de seguridad y defensa, los Asuntos Exteriores, etcétera.

Santiago Sánchez

La corrupción, una enfermedad en búsqueda de una cura

De acuerdo al documento de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción del 2004, en su prefacio la define como “una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.

En esta columna se intentará realizar un corto recorrido de los principales actos de corrupción que ha tejido la historia de Colombia. No se abordarán en su totalidad, ya que estos nos daría para escribir varios tomos de la corrupción.

 

Un recorrido por la historia colombiana: De la Colonia a la actualidad

Año 1602, Santa fe de Bogotá:

Como lo menciona el reconocido periodista Juan Gossain, en su columna del tiempo publicada en 2017, el primer caso de corrupción en nuestro país se originó por parte del “presidente de la Real Audiencia, don Francisco de Sande, cuyo cargo equivale a lo que será en el futuro la Presidencia de la República”

La corona española le entregó al señor Francisco de Sande, cinco mil pesos oro en efectivo, que se suponía deba ser consignados en la tesorería del virreinato, pero como arte de magia ese dinero desapareció. Si quieren saber más sobre este caso, como lo indiqué en líneas anteriores, pueden consultar la columna en el siguiente enlace https://shorturl.at/MpuO3
1778-1810, Corrupción en la Renta de Tabaco del Virreinato de Nueva Granada.

Entre 1778 y 1810, la administración principal de Santafé se convirtió en un epicentro de malversación, donde funcionarios y estanqueros se enriquecían ilícitamente a costa del erario público.

La apropiación indebida de fondos era una práctica común entre los estanqueros. Se quedaban con parte de las ganancias de las ventas de tabaco, sin registrarlas en los libros contables. Un caso emblemático fue el de Manuel Rodríguez, quien desfalcó las arcas reales, El monto exacto robado debido a esta malversación es difícil de determinar con precisión debido a la falta de registros detallados y la opacidad en la administración colonial. Sin embargo, se estima que las pérdidas fueron significativas y tuvieron un impacto negativo en la economía y las finanzas del virreinato.

Para encubrir sus fechorías, los estanqueros recurrían a la falsificación de documentos. Alteraban los registros de ventas o creaban documentos falsos para justificar faltantes de dinero o tabaco. Juan Bautista Pérez, un hábil falsificador, logró evadir la detección de sus fraudes durante varios años, causando un daño de 30.000 pesos a la Real Hacienda.

1904- caso de la concesión Pertuz

El caso de la concesión Pertuz fue un episodio importante en la historia política de Colombia. José Vicente Concha era el presidente de Colombia en ese momento, el cual otorgó una concesión otorgada a Rafael María Pertuz para la construcción de un ferrocarril en la región del Magdalena Medio.

La concesión Pertuz fue objeto de controversia debido a acusaciones de corrupción y favoritismo hacia la empresa de Pertuz. Se alegó que el presidente Concha había recibido sobornos a cambio de otorgar la concesión a Pertuz, en detrimento de otras empresas que también estaban interesadas en el proyecto.

La Era de Álvaro Uribe: Casos de corrupción que marcaron su Gobierno

Durante la presidencia de Álvaro Uribe en Colombia, entre 2002 y 2010, el país experimentó avances significativos en términos de seguridad y estabilidad económica. Sin embargo, su mandato también estuvo marcado por una serie de escándalos de corrupción que empañaron su legado y generaron controversia en la opinión pública.

El escándalo de la parapolítica
La parapolítica en la Casa de Nariño
El escándalo de la Yidispolítica
Las chuzadas del DAS
Agroingreso seguros
Caso de Carimagua

Iván Duque y sus desastres

Desde que asumió el cargo en 2018, la presidencia de Iván Duque en Colombia ha estado plagada de controversias y escándalos de corrupción que han desafiado su liderazgo y generada desconfianza en las instituciones del país.

Aquí alguno de sus casos más sonados de corrupción y que fueron destacados por sus altos índices de impunidad, son los siguientes:

PROSPERIDAD SOCIAL – DPS: $22.000 millones fueron desembolsados a al menos 50.000 personas fallecidas, o que no estaban inscritas en el Sisbén.

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES- SAE: arrendamiento de millonarios bienes con un valor reducido

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN- UNP: uso delincuencial de vehículos de protección, blindajes falsos, ausencia de sanciones a contratistas.

AEROCIVIL: falsas licencias a pilotos en los últimos tres años, irregularidades en contratación, presuntos vínculos con el narcotráfico.

Corrupción en el actual gobierno

En la actualidad Colombia está viviendo otro capítulo más, de este entramado de la corrupción. Dentro de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Desastre) que literalmente es un desastre.

Carlos Carrillo director de la UNGRD, en una entrevista concedida a Blu Radio, indicó que la corrupción “lamentablemente, está enquistada en la sociedad colombiana; en lo público y en lo privado, en la derecha, en la izquierda y en el extremo centro, sigue habiendo personas inescrupulosas que quieren llenarse los bolsillos con el dinero del Estado.

El entramado de la UNGRD, es el escándalo más grave que ha sacudido el gobierno del actual presidente Gustavo Petro, pues el anterior director Olmedo López junto con sus secuaces Sneyder Pinilla y congresistas como el presidente del senado Iván Name y Andrés David Calle, fueron nombrados por recibir dineros, sacados de esta Unidad. El tema centra de este capítulo fue la compra de 40 carrotanques, con un sobre costo de 20 mil millones de pesos. Estos iban a ser utilizados para llevar agua a la guajira.

Para concluir, es mi deber realizar proponer las siguientes consideraciones para acabar con este problema de raíz.
La lacra de la corrupción ha carcomido las entrañas de nuestro país por muchos años. Esto no es un mal fortuito, al contrario, es la consecuencia de un sistema político corrompido, podrido y plagado de instituciones débiles, llenas de impunidad galopante, que lo único que se fortalece es el clientelismo que caracteriza a la clase política tradicional.
Debemos crear leyes y reformas más contundentes en contra de todos esos ladrones de cuello blanco que saquen las arcas del Estado, para embolsillarse grandes cantidades de dineros y pasar ante la sociedad, poco vigilante, como seres transparentes e impolutos.

Es Necesario levantar la voz y exigir cuentas claras a nuestros gobernantes. Debemos dejar de lado la apatía y convertirnos en protagonistas de nuestro propio destino. La lucha contra la corrupción no es solo responsabilidad del Estado, sino un compromiso que debemos seguir peleando todos nosotros como ciudadanos para el algún momento llegar a estar en el país ideal, sin corrupción

La corrupción no se puede permitir como un acto normalizado dentro de nuestra sociedad, No podemos acostumbrarnos a las mordidas, los contratos amañados y el descarado desvío de fondos. Cada acto corrupto es una bofetada a la dignidad de un pueblo que anhela un futuro mejor.

Ricardo Garzón

Reactivación económica

La economía colombiana ha mostrado indicadores positivos, pero también algunos signos de alarma. Existe una tensión evidente entre el gobierno y el Banco de la República. El Presidente considera responsable seguir reduciendo las tasas de interés ante el comportamiento a la baja de la inflación, que se ubica en el 7,5%, y la necesidad de estimular la inversión. Sin embargo, el Banco de la República ha sido conservador y mantiene las tasas de interés en 11,75%.

Actualmente, los análisis macroeconómicos están influenciados por las mismas disputas ideológicas con las que se evalúa el primer gobierno progresista en la historia. Ya está claro que la idea de un colapso económico resultó ser un fantasma para crear miedo. Sin embargo, hay muchas áreas que podrían mejorar. Si bien el precio del dólar y la inflación tienen tendencias favorables, la tasa de crecimiento económico no es la esperada. La apuesta por transformar la vocación del país hacia el turismo, la agricultura y la economía del conocimiento ha generado grandes controversias. Estos sectores han crecido, pero la debilidad de la matriz industrial y la baja ejecución de recursos públicos en el gobierno, sumado a la postura del Banco de la República sobre las tasas de interés, están creando la sensación de que nos dirigimos hacia el estancamiento.

 

El contexto internacional tampoco ayuda: la guerra en Ucrania y Gaza, además de crear graves tragedias humanitarias, desestabilizan las relaciones entre las economías regionales y desconcentran a la humanidad en el esfuerzo de hacer la transición hacia una economía más sostenible y menos dependiente de fuentes de energía que generan gases de efecto invernadero, los cuales están calentando la atmósfera y aumentando la temperatura global. La sensación de turbulencia económica, política y social se está apoderando de las principales economías del mundo.

El país tiene un gran potencial de crecimiento que no ha explotado. El esfuerzo por llevar a cabo una reforma agraria y distribuir la tierra es un gran acierto que ningún gobierno se había atrevido a hacer en décadas. El turismo, de la misma manera, ha sido un motor importante desde la firma de los acuerdos de paz y tiene sentido considerarlo como una ruta para aumentar la oferta de divisas en el territorio y generar empleos de calidad. También es un hecho que no hemos sabido conectarnos con las oportunidades de la revolución tecnológica; mientras el mundo está en una carrera por el desarrollo de capacidades de cómputo y algoritmos cada vez más inteligentes, nuestro país no ha sido capaz de crear una agenda estratégica alrededor de la tecnología y sus oportunidades.

Se requiere la articulación de todos los sectores para poder impulsar el crecimiento económico. Los grandes empresarios deben evitar la tentación de provocar pánico y reconocer la importancia de trabajar con el gobierno. Este, a su vez, necesita mejorar rápidamente su capacidad de ejecución y estimular sectores como la construcción de vivienda, que se han visto frenados y son claves en la generación de empleo. La educación debe ampliarse y facilitarse masivamente a través de medios digitales para poder aprovechar las oportunidades en la vertiginosa era de la inteligencia artificial. Se necesita una economía diversificada y, por ello, es importante romper la dependencia del extractivismo, pero la transición debe estar acompañada de estímulos adecuados para que todos los sectores puedan potenciarse entre sí.

Juan Carlos Upegui

De okupas y perdedores

Me despiertan las noticias de la radio: una mujer comenta a cara descubierta – dice la locutora – cómo ha okupado una casa de lujo en la isla de Menorca: Pagó a un señor, éste le dio las llaves y ella entró a vivir con toda su familia a esa casa de la que no paga nada y sobre la que no tiene ni un derecho.

El sistema de okupación, allanar una vivienda, entrar a vivir en ella con total impunidad y disfrutar de un techo sin que le cueste un solo euro al Estado o al okupa, es el paradigma de la España de hoy. Donde la gente de bien queda desamparada ante un sistema que no funciona: un poder que desatiende las políticas de vivienda, una justicia lenta o tal vez saturada, unas leyes que desprotegen la propiedad privada y que en las que los avispados encuentran un modo de vida estilo cigarra; parasitando al propietario, a la buena gente, que vive como una hormiga.

 

Con total desfachatez la señora comenta cómo ha cometido un delito contra la propiedad privada sin que la policía, las autoridades, la saquen de esa casa, porque no pueden actuar sin la denuncia del dueño, y vaya usted a saber dónde está el dueño de una villa de lujo situada en Baleares; tal vez trabajando en Francia o en Madrid o en Alemania, ajeno a la okupación de su casa, cuando se entere empezará su calvario y es que es verdad que mientras uno vive en la ignorancia es feliz.

¿Un conflicto diplomático? Mejor dos

Y siguen las noticias radiofónicas, ya no se habla de la llamada a consultas de la embajadora de España en Argentina, esta es una pataleta de un gobierno sin carácter, con un líder egocéntrico, rodeado de mediocres. Argentina, España te quiere y toca esperar a que se marchen estos señores que gobiernan.

Hoy las relaciones diplomáticas se rompen con Israel. Esta vez son las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz, la comunista, ignorante, pedante y petulante líder de Sumar, que lejos de aportar a su país, lo humilla y lo coloca en el eje geopolítico del mal al declarar que Palestina debe ser libre “desde el río hasta el mar”. Estoy convencida de que esta palurda bien vestida, o quien le hiciera el discurso, pensó que esa frase, también eslogan del terror de Hamas, que busca la aniquilación de Israel, quedaba genial para redondear un alegato en favor del Estado Palestino, pensando, además, que sería una frase de alcance cósmico e intergaláctico porque es preciosa. Desde el río hasta el mar… Ella que ve el horizonte y lo echa de menos, lo tuvo claro.

Lo que no entiende la izquierda patria, ni la mundial, ni los cientos de jóvenes ilusos universitarios que se manifiestan cada semana en algún lugar del mundo- esta semana en Maastricht – es la complejidad del asunto. No es Israel el invasor, el propagador del terror, el causante de todo, es la víctima que se defiende, que está condenada a defenderse siempre porque su persecución no ha cesado nunca. Lo que persigue Hamas es reducirla a la nada y si para ello tiene que sacrificar a su gente, lo hará, como lo viene haciendo, porque a Hamas sólo le interesa lo suyo. Ni la gente, ni el pueblo, ni las infraestructuras, ni la vida. Hamas vive del odio, del terror, de alimentar el monstruo del horror y Hamas es el gobierno de esa Franja de Gaza.

Tensión de rotura

En estos momentos de tanta tensión internacional no se trata de provocar más dolor posicionándose a un lado u otro del conflicto, se trata de sentarse y ver dónde puede haber paz. Desde luego habrá que empezar por soltar rehenes, no porque sean israelíes, sino porque todo empezó así: matando y secuestrando, violando y ejecutando a cientos de israelíes el 7 de octubre de 2023. Y habrá que seguir con el alto al fuego y con tender la mano para rehacer la Franja y respetar los acuerdos de paz que se firmen. Pero lo primero es voluntad y no meter más cizaña desde la tribuna de un Congreso que representa a toda una nación, en la que eres cuarta fuerza, cuarta. Porque Yolanda, estás ahí por estrategia de Pedro, no por tu carisma, ni por tu inteligencia, ni siquiera porque resaltas el perfil bueno de tu amo. En el fondo estás un poco de okupa, como esa señora de Menorca, porque no has acreditado nada meritorio para representarnos a todos. De hecho, ni siquiera Pedro lo ha hecho. Él también perdió las elecciones y por eso estamos como estamos.

Nada de lo que dicen hoy en las noticias encierra una sola política, medida o camino para arreglar un poco la vida de los españoles: ni construcción de viviendas para jóvenes o familias, ni políticas que llenen de vida la España vaciada, o medidas para paliar la epidemia de enfermedades mentales que sufren niños, jóvenes y adultos, ni mejoras para los mayores, ni medidas para bajar la luz o los combustibles o algún impuesto, ni siquiera tienen pensado hablar con expertos y revisar de esa ley de educación que dicen que es un despropósito y que traerá adultos incapaces de gestionar nada, parecidos a los políticos como Yolanda, Pedro o como Belarra, que como tampoco aporta, se dedica a señalar con el dedo a los periodistas que no le gustan, como el portavoz del gobierno, que ignora sistemáticamente las preguntas de la prensa que a él no le gustan, como si en un cargo público se pudiera escoger para quien gobierna o a quién se responde…

Estar por estar

España vive desgobernada, loca, esquizofrénica, como la del muelle de San Blas, y algo polarizada gracias a Pedro y su pandilla que están por estar. Ellos ostentan un poder que no pueden ejercer porque perdieron y la consecuencia inmediata es no tener apoyos suficientes, ni presupuesto, ni política, ni rumbo y… ahora toca sacar apoyos, prometiendo lo que no deben. Así desdibujan España y transforman su democracia que es ya un holograma, una imagen ficticia, una quimera porque el presidente no gobierna y pareciera que lo suyo es reinar, pero no como Su Majestad, Felipe VI, sino de un modo absolutista; para él todo el poder: el poder judicial -al que desacredita cada vez que puede-, tiene manipulado al legislativo, sometido el ejecutivo que es incapaz de hacerle frente, porque cada vez son más sus perros de presa y acorralan y atosigan y parece que la oposición se hubiera cansado. Lo último de Pedro es mandar y ordenar a la presidenta del Congreso, tercera autoridad del Reino de España, que actúe a su favor, cuando lo que escucha en las Cortes le incomoda, como hizo el jueves sin ir más lejos, cuando algo le decía Feijoó y no le estaba gustando…

Empiezo a pensar que el presidente es un romántico y que lo que le gustaría es volver al antiguo régimen, al absolutista, el de clases y poderes, siempre que él esté al frente y quedarse okupando La Moncloa in aeternum. Pedro, cuando la fiesta se acaba, lo inteligente es marcharse. Claro que igual no podemos pedirte tanto, ¿no?

Almudena González

No pueden seguir exprimiendo a los que siempre pagan

La palabra se honra y mi convicción es que no podemos seguir poniéndole más impuestos a los bogotanos. Por eso celebro que anoche, durante las discusiones del Plan Distrital de Desarrollo en el Concejo de Bogotá, fuera retirado el artículo que aprobaba la creación de un nuevo impuesto para el parqueo fuera de vía, es decir los parqueaderos públicos.

Lo anterior golpearía sustancialmente al usuario del carro particular, pues el cobro en los parqueaderos iba a subir aproximadamente $1,600 la hora para vehículos y $480 para motos.

 

Sin embargo, hay que seguir dando la pelea en Plenaria, pues sí fueron aprobados en primer debate los impuestos al alumbrado público y la sobretasa bomberil. Las mayorías respaldaron la intención de la administración distrital y del alcalde Carlos Fernando Galán, de más gravámenes.

Lo digo con claridad, quiero que la ciudad avance pero no con impuestos y más impuestos, sin que se contemplen otras alternativas. Esta Administración tiene la obligación de ser creativa, y de buscar opciones, como atacar la evasión, por ejemplo.

Es un hecho que la ciudad y el país no están en el momento económico adecuado para más cobros. Según el DANE el PIB creció un moderado 0,7% en el primer trimestre de este año. Lo que quiere decir que el crecimiento de varios sectores de la economía se han ralentizado, e incluso, están estancados. Comercio, industria y construcción, presentan las mayores caídas.

En cuanto al impuesto de alumbrado público y la sobretasa bomberil que propone Galán, estoy en desacuerdo debido a que el primero no tiene estudio técnico y el cobro de energía ya es lo suficientemente alto. Además, no es claro de qué manera ese impuesto va a contribuir a mejorar la seguridad en Bogotá.

Mucho menos respaldo la sobretasa bomberil, no porque no defendamos a nuestros bomberos, sino porque existe un manto de corrupción en esta entidad. Además, deben reducir la contratitis, pues por cada Bombero hay tres contratistas de prestación de servicios.

En plenaria daré la pelea para rechazar estos impuestos. Insisto en que desde el Distrito se tienen que buscar recursos de otra manera y no aumentando el costo de vida para millones de personas.

Andrés Barrios

Materialización de la guerra jurídica y cómo contrarrestarla

América Latina y Colombia vienen siendo el escenario de la estrategia descrita por varios académicos y juristas como guerra jurídica (lawfare en inglés), que consiste en la desviación de formas jurídicas hacia actos coordinados dirigidos al debilitamiento sistemático de la gobernabilidad, fundamentalmente de dirigentes progresistas elegidos democráticamente. Mediante la alianza de dirigentes de la oposición, actores mediáticos y hasta operadores judiciales, se ha propiciado convertir la justicia en un espectáculo, donde algún factor de la oposición funge de fiscal, juez y parte para condenar a uno u otro funcionario con el objeto expreso de deslegitimar al gobierno, restarle gobernabilidad y propinarle un daño reputacional con miras a restarle apoyo popular.

Así ocurrió con el presidente Ignacio Lula da Silva cuando el juez Moro, con apoyo de una gran campaña mediática, logró acusar y dictar medida de aseguramiento privativa de la libertad al entonces candidato presidencial que encabezaba las encuestas en la contienda frente a Bolsonaro. Lula fue finalmente absuelto por la Corte Suprema de Justicia, el juez Moro puesto en evidencia cuando un periodista divulgó las conversaciones de WhatsApp que demostraban su falta de imparcialidad y Lula elegido presidente en el siguiente periodo, pero la dinámica de cambio en Brasil se modificó.

 

Cuando el presidente Petro habla del “golpe blando” lo sindican de exagerar o le contestan como el senador Humberto de la Calle, que “nadie de significación desea tumbar al presidente”. Pero se equivocan. El Gobierno del presidente Petro viene enfrentando un complejo asedio que busca ilegitimar el ejercicio de gobierno, impedir la aprobación de las reformas sociales e incluso se pretende anular su elección. Para ello se viene impulsando un bloqueo institucional que puede derivar en un golpe jurídico concatenado o “golpe blando” como los que afectaron al grueso de presidentes alternativos elegidos desde comienzos de siglo en varios países de Latinoamérica. Allá y aquí se manifiesta una rebeldía antidemocrática de sectores extremistas con la alternancia en el gobierno de presidentes alternativos progresistas.

Son muchos los síntomas de un rompimiento institucional en marcha para no tomarlos en serio. Basta señalar que la senadora y precandidata presidencial del Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, aseveró, en medio de aplaudidas ofensas al Presidente Petro, que “hoy el desafío de nosotros es que Petro no se quede cuatro años”. El entonces presidente de Acore, Cr.(R) John Marulanda habló en una manifestación de militares de la reserva que había que “defenestrar” al presidente Petro y hasta la revista The Economist afirmó en noviembre pasado que, “En Colombia, algunos creen que es poco probable que el gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente abiertamente izquierdista de ese país, dure hasta el final de su mandato en 2026”. Tratándose de una prestigiosa revista especializada en análisis político y económico, con enfoque ortodoxo neoliberal, se puede concluir que las fuentes consultadas para esa nota provienen del establecimiento empresarial, mediático y/o político y que, por su reconocida seriedad editorial, no se trata de fake news.

Una de las premisas esenciales para evitar que en la región se sigan propagando acciones de guerra jurídica es profundizar los sistemas democráticos mediante un gran acuerdo de la sociedad que respete la alternancia en el ejercicio del poder ejecutivo, dejando gobernar a quien legítimamente haya ganado las elecciones. Ese es el sentido del llamado al proceso constituyente del presidente Petro. La antidemocracia debe combatirse con democracia a través de la movilización social y acciones de concientización y de pedagogía ciudadanas, para enfrentar la guerra jurídica y una de sus principales consecuencias, el denominado “golpe blando”. 

Clara López Obregón

COP16, un reconocimiento al gobierno Petro

La COP es un espacio internacional en el que se establecen agendas, compromisos y marcos de acción relacionados con la conservación de la biodiversidad y el medioambiente, así como el lugar en donde se definen las estrategias de lucha contra el cambio climático, la pérdida de hábitats naturales, la sobreexplotación de recursos naturales y demás desafíos en torno a la sostenibilidad del planeta.

Surge del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, tratado internacional adoptado en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 y que entró en vigor en 1993, buscando la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de recursos genéticos, como lo son las semillas de plantas.

 

Es así que cada dos años se organiza la Conferencia de las Partes (COP) del Convenio, en la cual participan representantes de 196 miembros del convenio así como organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, pueblos étnicos, comunidades locales y demás actores relevantes en la conservación del medio ambiente.

Se suponía que Turquía iba a ser la sede de la COP16, pero renunció a su papel como anfitrión a causa del terremoto sucedido en febrero del 2023. Ante este repentino cambio, el Gobierno Nacional a través de la Ministra de Ambiente Susana Muhammad decidió postular a Colombia como sede de la Conferencia, teniendo en cuenta además que el próximo año Brasil será la sede de la COP sobre el clima. De esta manera, queda plasmado el liderazgo de los dos países amazónicos en materia ambiental a nivel regional y mundial. América Latina será por dos años la vitrina de la protección del medio ambiente para el mundo.

Entre el 21 de octubre y el 2 de noviembre la ciudad de Cali será el escenario principal para que gobernantes, sector privado, sociedad civil y movimientos sociales de todo el mundo definan qué se debe hacer para asegurar la protección de la biodiversidad.

Es apenas apropiado que la capital del Valle del Cauca haya sido elegida como la sede de la COP16, teniendo en cuenta que es la ciudad más grande del Pacífico Colombiano, la segunda región más biodiversa del mundo; que el departamento del Valle cuenta con 35 ecosistemas, la mayor diversidad de peces y de aves; que solamente en el área urbana y rural de Cali hay entre 560 y 600 especies de aves, más que en toda Europa.

Con la realización de la COP16 se espera la visita de más de 15 mil personas de todo el mundo. Será una semana que podrá dejar a la ciudad aproximadamente 21 millones de dólares y beneficios en el sector turístico que beneficiarán a más de 5.000 familias. Además, pondrá a la ciudad nuevamente en el centro del escenario internacional de una forma positiva, resaltando las labores que se vienen realizando a nivel local en materia de conservación, prácticas sostenibles, entre otros.

Pero no sólo será Cali la beneficiada; con la realización de la COP16, Colombia podrá posicionarse como referente mundial en materia de gobernanza para el medio ambiente. Es una oportunidad única para demostrar lo que significa poner a la vida como el centro de las decisiones políticas, económicas y sociales, lo que queremos que se logre diciendo que el agua debe ser el eje del ordenamiento territorial; en pocas palabras, es la chance de demostrar por qué Colombia es potencia mundial de la vida.

Alejandro Toro

Unir nuestras voces, para descalificar las violencias

El 20 de mayo pasado, se cumplieron 60 años del envío de la carta de paz que los habitantes de la zona de Marquetalia (Tolima), en límites con Cauca y Huila, liderados por Manuel Marulanda Vélez (Pedro Antonio Marín), enviaron al entonces presidente de la República, Guillermo León Valencia (abuelo de Paloma Valencia). En esa carta, además de pedir inversión social, construcción de vías, escuelas y centros de salud, se solicitaba el retiro de las tropas del Ejército Nacional, que días antes habían ingresado a la región a sangre y fuego, en respuesta a las reivindicaciones campesinas acumuladas por años de violencia y abandono. La respuesta a la carta de un puñado de colombianos y colombianas fue la represión, el bombardeo, la guerra y la muerte. Este pasaje de la historia se enmarca en los orígenes de las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Una decisión que privilegió el uso de la fuerza y de la guerra, en lugar de la respuesta oportuna, dialogada y eficaz del Estado, nos condujo, hasta la fecha, a más de sesenta años de violencia guerrillera (que no debió nunca suceder), confrontación social y polarización del país. Seis décadas de dolor que pudieron evitarse si quienes ostentaban el poder no hubieran preferido, bajo el amparo de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional (que algunos exmilitares y políticos se resisten siquiera a evaluar), el camino de la guerra, en lugar de la reconciliación y el reconocimiento de las diferencias.

 

Algunos grupos armados, que se reivindican como FARC, alejados de la voluntad de paz del acuerdo firmado en 2016, quisieron recordar aquellos hechos dolorosos de mayo de 1964. Nada más distante de la lucha por los derechos sociales y políticos de los sectores populares que pretender que la toma a sangre y fuego de poblaciones, el asesinato y las amenazas contra poblaciones indígenas, afrodescendientes, obreras y campesinas, el uso del terror y el miedo, y estar vinculados a los negocios ilícitos de narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de especies, o la extorsión a los mineros tradicionales y ancestrales, pueda considerarse parte de la lucha por un mejor país, y menos aún, una conmemoración en memoria de los y las campesinas rebeldes asesinadas en medio de la violencia conservadora-liberal y los planes de pacificación del Frente Nacional.

El país vive una situación diferente a la vivida durante las convulsionadas décadas de los años sesenta y setenta, cuando se conformaron los grupos guerrilleros revolucionarios de ideología de izquierda, tanto comunistas como socialdemócratas, indigenistas o socialistas. La sociedad colombiana tiene una Constitución Política (1991), más garantista e inclusiva, diferente a la vetusta y conservadora constitución de 1886 impuesta con dolor y muerte, que debe ser desarrollada y aplicada a cabalidad. Se cuenta, por primera vez en la historia, con un gobierno de transición progresista, no ligado a las tradicionales esferas de poder. Se plantean inversiones sociales en educación, salud e infraestructura que beneficien a las comunidades y se comienza a desarrollar la eternamente aplazada Reforma Rural, que forma parte de las causas estructurales que originaron el conflicto armado interno.

Lo más revolucionario, en toda la amplitud y generosidad que esta palabra encierra, es comprender que la sociedad colombiana clama, suplica, resiste y lucha para que la paz sea una realidad. Más allá del apellido que se le ponga a la paz, sea este la Justicia Social, Total, Integral, Transformadora, Territorial, etc., lo que la gente quiere es la paz que finalmente silencie los fusiles; la paz para poder hablar, para poder dialogar, para concertar y ejecutar las políticas, los planes, programas y proyectos que hagan posible una Colombia nueva, pacífica, democrática, incluyente y justa, para que nunca más, por ningún motivo, a un compatriota se le ocurra apuntar o disparar un arma contra otro compatriota.

El pueblo caucano, así como algunos habitantes de Nariño, Valle, Chocó, Putumayo, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander y Arauca, sufren a mayor escala el rigor de una confrontación impuesta por los mercaderes de la muerte, por los dueños de las economías ilegales ligadas a la minería del oro y al narcotráfico, por quienes, bajo el pretexto de las difíciles condiciones de pobreza y exclusión impuestas por el modelo privatizador y la economía de mercado, se empeñan en sostener una violencia armada demencial y profundamente dolorosa, ya sea para mantener privilegios económicos o como estrategia política.

El Gobierno Nacional y los gobiernos locales deben hacer uso de todas las herramientas políticas que hagan posible la construcción de la paz. Nada puede ser subestimado o desechado cuando se trata del bien preciado de la vida; en estas regiones es claro que se deben co-construir acuerdos de territorialidad para la paz, vinculando a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, los cuales deberán quedar contemplados en Pactos por la Paz y la Vida, en donde se conjuguen estrategias claras que comprometan a la sociedad civil, ligadas a acuerdos de inversión estratégica en materia de salud, educación e infraestructura vial. Para ello se requiere una mayor coordinación interinstitucional, estrategias territoriales para la superación de las economías ilícitas y la instalación de cadenas productivas y de crecimiento económico que beneficien a todos y todas, unido a la generación de una cultura de paz, derechos humanos, reconciliación y protección a la vida, a partir de estrategias pedagógicas, comunicativas, de autocuidado y autoprotección, que fortalezcan los valores, los derechos y los deberes de la ciudadanía.

No estoy proponiendo con esto que el Estado renuncie al uso legítimo de la fuerza para proteger la vida y los bienes públicos y privados, labor que se hace más necesaria en tiempos de crisis y de ataques indiscriminados que infringen el Derecho Internacional Humanitario. Al igual que muchos y muchas, estoy convencido de que la sola estrategia de fortalecimiento del pie de fuerza, buscando vencer a los grupos armados por la vía militar o el sometimiento a la justicia, ya hace rato se comprobó, que no nos conduce a la paz. Puede que estas estrategias instalen un superficial clima de tranquilidad, como en otras ocasiones ha ocurrido; sin embargo, la llama de la violencia seguirá encendida, hasta que vuelvan a darse las condiciones para perpetrar otros ataques armados y la muerte violenta vuelva a transitar por campos, veredas y calles.

Las comunidades queremos la paz, pero esta no emergerá si no nos comprometemos a construir las condiciones para que eso ocurra. Hay que juntarnos, unir nuestras voces, movilizarnos, dialogar y construir compromisos posibles y realizables a corto, mediano y largo plazo, para descalificar las violencias. El Gobierno Nacional y los gobiernos locales deben continuar por la ruta de la participación con poder de decisión y avanzar hacia una estrategia territorial más sostenible e incluyente, más deliberativa y democrática, a todos los niveles y con todos los actores sociales, para hacer posible la ampliación y el fortalecimiento del tejido social y político que resiste, persiste e insiste en la Paz.

Luis Emil Sanabria

A propósito del informe de reservas y recursos

El panorama del sector de los hidrocarburos, apreciado Juan Sebastián, contrariamente a la visión del Gobierno, lo veo sombrío y te explico por qué.

En su Boletín emitido el día de hoy por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se titula el reporte del Balance reservas/producción diciendo una verdad a medias: “Colombia mantiene un nivel de reservas/producción de petróleo por encima de 7 años”. Lo primero que llama la atención es que se afirme que se “mantiene” el nivel de las R/P de petróleo “por encima de 7 años”, cuando lo relevante es que pasó de 7.5 años en 2023, de por si preocupante, a solo 7.1 en 2024, al pasar sus reservas probadas de 2.073 millones de barriles a 2019, cifra está que no es para celebrar sino para lamentar. Y si eso ocurre con el petróleo, las cifras del gas natural son peores, pues muestran una mayor caída, al pasar su relación reservas/ producción de 7.2 el año anterior a 6.1 en 2024, pasando sus reservas de 2.82 TPC el año anterior a 2.37 TPC ahora, registrando 5.8 TPC menos!

 

Según afirmó el Director de la ANH Orlando Velandia, sin restarle importancia a la caída de las reservas de gas natural, “el comportamiento más crítico fue el del gas. Venimos con un decrecimiento de las reservas desde 2017”.

La reacción del ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, ante estas cifras que muestran una clara tendencia de declinación de las reservas de hidrocarburos se limitó, saliéndose por la tangente a decir que de lo que se trata es de “acelerar y sacar adelante una transición energética justa, que permita aprovechar las oportunidades del país para transformar la energía en desarrollo económico”.

Las cifras no mienten, lo que muestra este informe de la ANH es que en materia de autoabastecimiento de hidrocarburos se está pasando de castaño a obscuro y ello mientras nos sigue rondando el fantasma de la importación de crudo y de mayores importaciones de gas natural.

La única manera de evitarlo es incentivando la exploración mediante la firma de nuevos contratos de exploración y producción, porque la única manera de detener la caída de las reservas es incorporándole más barriles a las de petróleo y más gigapies a las de gas y ello solo es posible con más exploración, no se ha inventado otra fórmula y es lo que vienen haciendo en el resto del mundo todos los países que cuentan con prospectos importantes de hidrocarburos.

Como vamos, el Gobierno Nacional, con su prédica de la Transición energética justa” , sin que siquiera se cuente aún con su Hoja de ruta, nos está llevando con los ojos abiertos camino al precipicio económico, fiscal y social!

Amylkar Acosta