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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

Mal de agua

Pareciera que el país se salvo del racionamiento de energía, no es tan claro que nos salvemos del de agua. Gracias a una mesa organizada por la Procuraduría en abril, se conoció que 267 municipios presentan afectaciones por desabastecimiento mientras que 58 ya están racionando. Aunque naturalmente lo visible es Bogotá, en riesgo hay 602 municipios en 25 departamentos. De manera preocupante embalses en Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Valle del Cauca, ya están por debajo del 30%. Ninguna alerta prendió el sistema, la institucionalidad del agua debe repensarse, no se puede ver como un tema de gestión del riesgo es estructural.

Es normal que El Nino disminuya las reservas de agua, lo grave es que no hicimos nada para conservar hasta que ya era muy tarde. Ahora si bien la institucionalidad energética aumento tarifas, tomo las medidas a tiempo para ahorrar el agua con la que se genera. Mientras tanto para los responsables del agua, el mismo fenómeno los sorprendió. Nadie alzo la mano, ni plantearon inversiones para soluciones estructurales. Sin duda, el manejo del agua se esta viendo afectado por el cambio climático y tiene que cambiar.

 

En casos como el de Bogotá, si bien, de manera excéntrica, Diego Bravo cancelo el proyecto de Chingaza II por conversación con indígenas de la Sierra Nevada, alguien de la sabana cundiboyacense en los 12 anos posteriores debió haber hecho prevaler las decisiones técnicas. La responsabilidad compartida entre Corporaciones, Min Vivienda, y prestadores no esta saliendo bien, especialmente si Min Ambiente se escapa de responsabilidades negando todo porque tiene algún impacto ambiental. Se requiere una política publica integral que permita una visión nacional mas lejos que una sumatoria de POMCA’s.

Entendiendo el buen espíritu del gobierno de invertir en acueductos veredales en las zonas mas apartadas del país, las inversiones criticas de embalses y tratamiento donde viven la mayoría de colombianos, no ocurren. Con coberturas por encima del 90% en acueducto, se tiene que avanzar mas en alcantarillado. Especialmente solo el 52% del agua del país pasa por una planta tratamiento de aguas residuales. Se requiere repensar el modelo de agua, el reúso de agua es fundamental, especialmente, si la construcción de embalses no es una opción.  

Ya México, Perú, y Chile reúsan el agua tratada, inclusive México recicla 60% de estas aguas. Adicionalmente, con la ejecución presupuestal en tan solo 0.7% en Min Vivienda, mientras logran ejecutar proyectos en veredas, se podrían ejecutar macro-proyectos estructurales que nos adapten al cambio climático. Según el Conpes 4004, Min Vivienda debe empezar a entregar proyectos estructurados en el 2025, ojalá esta tarea no se haya olvidado.

Sin una visión definida de largo plazo, el grueso de inversiones es de corto plazo en gestión del riesgo, pero no funcionan. La UNGRD utiliza su régimen excepcional privado de contratación en emergencias para licitaciones ordinarias, espectacularmente, se robaron el agua de los niños de La Guajira. Esta entidad no se debe encargar ni de la erosión costera, ni los embalses de agua, no tiene ni la capacidad técnica, no deberían estar entregando contratos a dedo. Su régimen privado debe ser exclusivo a temas de emergencias. No dejemos que lo urgente mate lo importante.  

Simón Gaviria

La amenaza del Lawfare

La democracia en el país siempre ha estado bajo amenaza. Durante el siglo XIX, diferentes guerras civiles impidieron que los primeros momentos después de la independencia consolidaran una institucionalidad democrática que permitiera expresar pacíficamente las diferencias políticas. En el siglo XX, la misma dinámica enfrentó en graves conflictos armados a diferentes sectores políticos, y el narcotráfico terminó agravando la situación en una escalada sin precedentes que ocasionó una terrible catástrofe humanitaria. Es innegable que la guerra ha marcado profundamente nuestra historia política.

Hoy, la democracia en el país vive tiempos paradójicos, pues por primera vez se ha elegido un presidente con un programa de izquierdas. Cualquiera podría decir que esto representa un avance democrático importante, teniendo en cuenta que todos los candidatos presidenciales de izquierda que habían estado cerca de ganar fueron asesinados. Sin embargo, un análisis del contexto actual nos muestra que el conflicto político está sobrepasando las instituciones.

 

La amenaza de un golpe blando o lawfare está llevando al país a la incertidumbre. Aún faltan dos años para finalizar el mandato presidencial y el ambiente está cada vez más tenso y enrarecido. La posibilidad de que se materialice una interrupción del periodo constitucional bajo el cual fue elegido el gobierno amenaza la voluntad popular. Hay razones de peso para pensar que el país está entrando en un escenario de guerra judicial que podría crear un quiebre democrático sin precedentes.

El lawfare ha afectado varios gobiernos progresistas en los últimos años. Acabó con el gobierno de Portugal liderado por Antonio Costa y recientemente llevó al presidente de España, Pedro Sánchez, a contemplar su renuncia. En Latinoamérica, los golpes blandos han afectado a muchos países. La instrumentalización de la justicia con fines políticos cada vez se hace más frecuente como una estrategia de élites políticas y económicas para tumbar, desestabilizar o desgastar gobiernos que no son de su agrado.

Esta estrategia, combinada con noticias falsas y ataques mediáticos, representa la mayor amenaza a la democracia no solo en Colombia sino en el mundo. Ante este panorama, es crucial que la ciudadanía esté alerta y se movilice para defender su voluntad. De la misma manera, los poderes públicos deben actuar con máxima responsabilidad. Hay que tomar nuestra historia como ejemplo, cuando las instituciones son incapaces de tramitar con imparcialidad las diferencias políticas, el resultado siempre ha sido el aumento de la violencia. Las guerras jurídicas se pueden volver fácilmente guerras civiles.

Juan Carlos Upegui

¿Abolir los subsidios del DPS? mitos y realidades

La propuesta del actual Director del Departamento de Prosperidad Social – DPS, adscrito a la Presidencia de la República, Sr. Gustavo Bolívar, de abolir algunos subsidios y promover los emprendimientos, entendiendo que en Colombia desde hace varios lustros, se vienen instalando propuestas económicas en el marco de lo que se conoce como Estado de Bienestar, cuyo objetivo ha sido, reducir los impactos sociales que tiene el modelo económico, lo cual, es determinante, para dar el paso de una economía atrasada, a una economía desarrollada en el marco del libre mercado, pensando por su puesto, en hacer efectivo un modelo político socialdemócrata.

La oferta de Bolívar, plantea un enfoque radical para abordar los retos económicos y sociales en Colombia. Esta propuesta desafía la noción convencional de que el Estado debe proporcionar subsidios para garantizar el bienestar de sus ciudadanos, y en su lugar, aboga por un enfoque centrado en el fomento del espíritu empresarial y la creación de empleo como medios para impulsar el desarrollo económico y reducir la dependencia del Estado, para lo cual, seguramente, todo el entramado económico y social en Colombia, debe acondicionarse y cambiar, para  acoger y  desarrollar los nuevos proyectos económicos.

 

Un análisis crítico de esta propuesta, a mi modo de ver, revela diversas consideraciones que deben ser tomadas en cuenta, para evitar su pronto fracaso y para impedir que entusiastas emprendedores populares, pierdan el optimismo y se dejen llevar por el camino de la desesperación, al momento de enfrentar la competencia leal y desleal en una economía de mercado. En primer lugar, abolir los subsidios sin medidas de apoyo adecuadas podría tener consecuencias devastadoras para aquellos que dependen de ellos para cubrir necesidades básicas, de allí la importancia, como se ha afirmado por Bolívar, de mantener los subsidios para aquellos sectores poblacionales que lo requieran estrictamente, debido a su real incapacidad de generar proyectos productivos.

Sin embargo, para aquellos grupos o sectores, a los cuales se les desmotarán los subsidios a cambio de apoyos para la generación de empresas, se debe contemplar, además de la necesaria capacitación asociativa, técnica, tecnológica, financiera y de comercio, la implementación de programas de transición o alternativas viables, por lo menos hasta que los nuevos emprendimientos alcancen el punto de equilibrio económico y se hagan sostenibles en medio de la competencia, so pena de exacerbar la pobreza y la desigualdad en lugar de mitigarlas. Es crucial asegurar que la abolición de los subsidios no deje atrás a los más vulnerables de la sociedad, intentando, adicionalmente, reducir la desigualdad y garantizar un nivel básico de vida para todos los ciudadanos, con un especial énfasis en la protección social.

Por otro lado, promover los emprendimientos, como se ha probado y fracasado en algunos proyectos de reinserción o reincorporación de excombatientes, para sustituir los subsidios, plantea interrogantes sobre la accesibilidad y la equidad en el entorno empresarial. ¿Tienen todos los ciudadanos el mismo acceso a recursos y oportunidades para iniciar y hacer crecer sus negocios? ¿O corremos el riesgo de perpetuar desigualdades económicas si solo unos pocos pueden beneficiarse de estas políticas? Es esencial garantizar que haya un acceso equitativo a la financiación, la capacitación y el apoyo empresarial para que todos tengan la oportunidad de prosperar, lo cual plantea nuevos retos en el marco de la globalización y los Tratados de Libre Comercio. ¿El Estado va a asumir la comercialización de los productos? ¿se va a implementar una política proteccionista, lo que implica revisar los TLC o la oleada de nuevos pequeños empresarios se van a arrojar a la libre competencia ligada al mercado interno y a las exportaciones? ¿cuál es el porcentaje de éxito previsto?

Es crucial considerar la viabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de promover los emprendimientos como, parte fundamental de una estrategia económica y social, para superar la pobreza y la inequidad. ¿Es realista esperar que todos los ciudadanos jóvenes merecedores de subsidio se conviertan en emprendedores exitosos? En ese sentido, es sano pensar, como lo manifiesta el Director del DPS, en lograr un enfoque equilibrado que combine el fomento del espíritu empresarial con políticas sociales sólidas que protejan a los más vulnerables y promuevan la igualdad de oportunidades, de tal forma que la presión social no se incline sobre un programa naciente de nuevos empresarios y empresarias, para que las cargas de nuevas responsabilidades que se depositarán seguramente en la familia, no terminen ahogando al bebé antes de nacer.

Es evidente que la promoción de los emprendimientos no debe desviar la atención de la responsabilidad del Estado en proporcionar servicios básicos y protección social. Si bien el espíritu empresarial puede ser un motor importante para el crecimiento económico, el Estado sigue siendo responsable de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de salud, educación, vivienda y protección social. La abolición de los subsidios no debe ser una excusa para recortar los gastos sociales ni para abandonar a aquellos que más los necesitan, por el contrario, si el programa es exitoso, como seguramente las y los colombianos queremos, el Estado liberará recursos y recaudará nuevos impuestos, los cuales pueden fortalecer programas sociales que siguen siendo débiles, en especial aquellos relacionados con la reparación integral a las víctimas de la violencia.

De otro lado, en Colombia existe una variable no controlada para la proyección real de la economía, me refiero al ingreso a la economía legal, de dineros provenientes del narcotráfico, el tráfico ilegal de fauna silvestre, la explotación y comercio ilegal de oro, la trata de personas, el tráfico de armas y municiones, la extorsión y el secuestro, que minan la sana competencia y arrojan constantemente a los nuevos emprendimientos a la quiebra. ¿Cómo controlar esta realidad que afecta todos los renglones de la economía y blindar su producción y comercio de los dineros mal habidos? ¿Tendrá nuestra sociedad que recurrir, como lo ha expresado el Presidente de República, a la construcción de un Gran Acuerdo Nacional que incluya un pacto contra las economías ilegales y promueva la transparencia en la justicia? Seguramente no existe otro camino, de tal forma que, en un Acuerdo de esta naturaleza, se incluya, en la voluntad consensuada de quienes queremos un presente y un futuro mejor, la promoción de la industrialización y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

El nuevo enfoque, planteado en la propuesta de Gustavo Bolívar de abolir algunos subsidios y promover los emprendimientos, como una nueva política del cambio, hace parte de las promesas de campaña del Presidente Gustavo Petro U, en el marco del Estado de Bienestar, lo que plantea importantes desafíos y oportunidades. Si bien el fomento del espíritu empresarial puede ser una herramienta valiosa para impulsar el desarrollo económico y reducir la dependencia del Estado, es crucial implementar medidas complementarias para garantizar la protección social y la equidad, como se plantea en la reforma a la salud, la reforma educativa, la reforma pensional y laboral, así como en el nuevo enfoque de luchas contra el narcotráfico y la búsqueda de acuerdos para ponerle fin al conflicto armado interno en todas sus manifestaciones.  La clave está en encontrar un equilibrio entre la promoción del emprendimiento y la preservación de los principios fundamentales del Estado de Bienestar como parte esencial del Estado Social de Derecho.

Luis Emil Sanabria D

El cruce entre ESG y política es América Latina

En los últimos años, América Latina ha sido testigo de avances significativos en el fomento de un entorno empresarial más responsable, marcado por la implementación de marcos locales y globales e iniciativas de colaboración destinadas a promover la sostenibilidad y el gobierno corporativo. Para mejorar la transparencia y fomentar prácticas comerciales sostenibles, la Bolsa de Valores de Colombia colaboró con el Global Reporting Initiative y lanzó conjuntamente la Guía para la Elaboración de Informes ESG para Emisores en Colombia en julio de 2020. La Guía sirve como un instrumento para fomentar la divulgación de la sostenibilidad, informes alineados con estándares internacionales (Regina Lopez, Thomson Reuters, diciembre 2023)

América Latina no se escapa de la ola de ESG en el mundo. Tal como lo ha hecho la Bolsa de Valores de Colombia, recientemente, la CVM (Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil) reforzó la agenda de informes no financieros al lanzar una resolución que obliga a las empresas que cotizan en bolsa a publicar informes a partir de 2026. Además, el crecimiento significativo de las regulaciones y las iniciativas voluntarias en todo el mundo ha llevado los informes de sostenibilidad a la vanguardia.

 

En Chile, Codelco concluyó exitosamente el proceso de licitación pública de energías renovables desarrollado durante 2023, en el que participaron más de 50 empresas nacionales e internacionales, donde resultaron adjudicatarias Atlas, Colbún e Innergex, por un total de 1,8 teravatios hora al año (TWh/año), lo que representa el consumo equivalente de aproximadamente 222 mil hogares (ESG News, febrero 2024).

Igualmente, desde Panamá, SGP BioEnergy (“SGP”) anuncio un compromiso de capital de $250 millones USD de Global Emerging Markets (GEM), un grupo privado europeo de inversión alternativa, para apoyar el desarrollo de la Biorrefinería Golden City en Colón, Panamá y sentar las bases para la transformadora operación Zero- Ecosistema de residuos (ESG News, febrero 2024).

Como estas hay muchas noticias, que hacen tener fe en el futuro de ESG, no solo con sus criterios, sino en sus inversiones. Mostrando que esta tendencia global ha calado profundamente en la region, y el sector empresarial se está moviendo en esta dirección para seguir siendo competitivo a nivel global.

Sin embargo, también nos encontramos con noticias como:

Un nuevo informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), Dividiendo el Amazonas, expone cómo las empresas de aceite de palma y cacao están impulsando la deforestación en la Amazonía peruana mientras cometen ilegalidades con la complicidad del gobierno. El aceite de palma producido por algunas de estas empresas ingresó a las cadenas de suministro de importantes empresas multinacionales como Kelloggs, Nestlé y Colgate. El aceite de palma también se comercializaba con empresas con sede en Bélgica (vandemoortele) y España (Lipsa) que producen bienes para el mercado de la Unión Europea (UE), al mismo tiempo que pone en vigor una nueva ley, el Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR), que prohíbe las importaciones de productos provenientes de cualquier deforestación ilegal, así como aquellos provenientes de puestos de deforestación legal. (ESG. News, febrero 2024).

Es evidente que falta mucho por avanzar. Pero las empresas no lo pueden hacer solas. Necesitan del Estado para que regule y acompañe estos esfuerzos. No sirve de nada si en Perú se sigue deforestando, o gobiernos como el de México promueven la sostenibilidad, pero apoyan iniciativas como el tren maya, que destruye la selva yucateca.

Implementar criterios de ESG en los países latinoamericanos implica varios desafíos y obstáculos únicos. Estos pueden variar según el país y su contexto socio-político específico, pero aquí hay algunos obstáculos comunes que enfrentan los gobiernos en la región:

• Marcos regulatorios: Muchos países latinoamericanos tienen marcos regulatorios que están desactualizados o carecen de especificaciones sobre criterios ESG.

• Inestabilidad política: La inestabilidad política, los frecuentes cambios de gobierno o la corrupción pueden obstaculizar la planificación a largo plazo y la implementación de estas iniciativas. El enfoque en las ganancias políticas a corto plazo suele eclipsar las prácticas sostenibles.

• Restricciones económicas: La inestabilidad económica o las limitaciones en los presupuestos gubernamentales pueden llevar a una priorización del crecimiento económico inmediato sobre las prácticas sostenibles.

• Desafíos sociales: América Latina tiene significativas disparidades sociales, incluyendo altos niveles de pobreza, desigualdad y agitación social. Abordar estos problemas mientras se implementan criterios ESG puede ser un acto de equilibrismo político que puede llevar a crisis.

• Falta de conciencia y educación: A menudo hay falta de conciencia o comprensión de los principios ESG entre los legisladores, las empresas y el público en general.

• Barreras culturales: Diferentes actitudes culturales hacia la gobernanza, los negocios y el cuidado ambiental pueden suponer barreras para adoptar criterios ESG.

• Limitaciones de infraestructura: Implementar criterios ESG a menudo requiere infraestructura moderna, que puede estar ausente en algunas regiones. Esto puede afectar la capacidad para gestionar recursos de forma sostenible, reducir el impacto ambiental o asegurar prácticas laborales justas.

• Desafíos ambientales: América Latina es rica en recursos naturales, pero esto también significa que existe presión para explotar estos recursos. Los gobiernos enfrentan el desafío de equilibrar los beneficios económicos de los recursos naturales con la necesidad de sostenibilidad ambiental.

• Participación limitada del sector privado: Las iniciativas ESG a menudo dependen de la colaboración entre gobiernos y sector privado. Si las empresas no están completamente comprometidas con los principios ESG, puede ser difícil lograr avances significativos.

• Apoyo y cooperación internacional limitados: Aunque existen marcos y acuerdos internacionales que apoyan los principios ESG, los países latinoamericanos pueden enfrentar desafíos para acceder a financiamiento, experiencia o apoyo internacional para implementar estos criterios.

Para enfrentar estos desafíos, es necesaria la presión pública, acuerdos internacionales que empujen a los gobiernos a adaptar nuevos marcos regulatorios, evidenciar el impacto visible del cambio climático (ya hay racionamiento de agua en Bogotá, Colombia), y las consecuencias de la desigualdad social en la región (el coeficiente Gini en Colombia en 2022 fue de 0,556). La divulgación de estas situaciones es clave para presionar a los gobiernos a adoptar de manera profunda las medidas ESG, con un rol vital de la empresa privada, y sin contradicción ni dudas.

Una vez más, en nuestro continente el cambio y avance, pasa por las decisiones como ciudadanos, incluso, el crecimiento empresarial (ligado a ESG) pasa por la elección de lideres que lleven a la región a esas metas, dejando esa política personalista y caudillista, que solo muestra progresos para quienes están cerca a los presidentes.

Señores/as empresa privada, una ciudadanía que vota bien, les beneficia más, que financiar campañas o hacer lobby.

Juan Camilo Clavijo

El “efecto carrotanques”

No hay derecho. Lo que parecía una solución anunciada por el propio presidente Gustavo Petro en el marco de la declaratoria de emergencia de la Guajira, terminó en un doloroso y vergonzoso fiasco. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- precipitó en septiembre y octubre del 2023, en plena campaña electoral local, la compra de 40 carrotanques para llevar agua a los compatriotas del departamento guajiro. Y no era para menos; cifras oficiales registraban en los últimos 8 años la muerte de 294 niños por falta de agua y alimentación en este territorio, mientras que en el 2013 se reportaron 2.000 casos de inseguridad alimentaria severa que desembocaron en la pérdida de 95 vidas.

Lo que empezó como una investigación periodística ha terminado en un gran escándalo político y judicial que afecta a las cabezas de la UNGRD y del Congreso de la República. Las informaciones de prensa señalaban un posible sobrecosto de hasta 20 mil millones de pesos y la inutilidad, por las condiciones del terreno o por la falta de planeación de la UNGRD, para llevar agua a la sedienta población de la península. Imágenes de camiones estacionados pintados macondianamente con la silueta del director de la entidad Olmedo López, mientras niños y población en general esperaban el prometido líquido, inundaron periódicos, noticieros y portales. Olmedo y su compinche subdirector de la entidad, el exótico Sneyder Pinilla, luego de ser separados de sus cargos por el presidente Petro en febrero pasado cuando el escándalo estalló, después de meses de silencio han reconocido que el sobrecosto se debió a una grotesca operación de corrupción con pagos de comisiones con maletas de dinero en efectivo circulando entre contratistas y servidores públicos.

 

Olmedo López y Sneyder Pinilla, en su petición de un principio de oportunidad a la fiscalía general de la Nación, en una versión poco creíble se han querido presentar ahora como mansas y obedientes palomas en este entramado criminal afirmando que ellos “solo hicieron caso”, es decir que cobraron las coimas, transportaron el dinero y lo entregaron a terceros sin embolsillarse un solo peso. En una hábil estrategia mediática y jurídica han venido soltando información a cuentagotas de los supuestos detalles de esta operación de corrupción. Han mencionado en este episodio al presidente de la Cámara de Representantes el liberal Andrés Calle y a dos integrantes de la Alianza Verde, Iván Name presidente del Senado y Sandra Ortiz la renunciada Exconsejera Presidencial para las Regiones.

El debate público y al interior del Partido Alianza Verde, como era apenas previsible, no se hizo esperar. A ningún miembro de una fuerza política que ha sido abanderada de la lucha contra la corrupción y que promovió una consulta popular sobre este sensible tema votada por 12 millones de colombianos, no se le es permitido que terminen comprometidos en hechos como estos. Algunos han cuestionado que el Verde tenga representación en el Gobierno del Cambio. Olvidan o ignoran que aquí o en Cafarnaúm las coaliciones corresponden a una modalidad de conformación de los gobiernos que suponen acuerdos programáticos y representación en el ejercicio del poder político. Los Verdes mayoritariamente apoyaron electoralmente a Petro, se declararon como partido de gobierno y en consecuencia hacen parte legítimamente de Él.

Otras voces han aprovechado este episodio que solo compromete a una persona del Partido Verde en el gobierno, la Exconsejera Ortiz, para atizar su pretensión de que el Verde se retire de la coalición de gobierno y se declare en independencia, como una manera de legitimar el papel opositor que rabiosamente han cumplido en el Congreso o en las redes sociales. Olvidan o ignoran deliberadamente que es precisamente Iván Name junto al energúmeno senador Pulido Hernández alías “JotaPe”, quien más vehementemente ha pedido la denominada independencia. Incluso se ha comportado como una vaca muerta atravesada en el camino de las reformas del gobierno Petro. No ha caído bien en el mundo verde la metáfora agresiva y desafortunada de quienes dicen que el Partido Alianza Verde está “secuestrado” por los sectores progresistas que mayoritariamente acompañan con lealtad al gobierno y su agenda.

En este contexto sorprendieron las renuncias al partido de Antanas Mockus y Claudia López. Claro que es una baja sensible para los Verdes, tanto por la fuerza simbólica del profe Mockus, como por la potencia del liderazgo y las posibilidades presidenciales de la Exalcaldesa. Todos esperaban que ellos hubiesen ayudado en cambio a enfrentar este momento desafiante para el partido y sus dirigentes. El Verde tendrá que superar este abandono, como lo hizo en el pasado cuando sobrevivió exitosamente a las renuncias de Lucho Garzón, Sergio Fajardo o Enrique Peñalosa.

El camino del Verde no puede ser otro que su reafirmación como proyecto político alternativo y progresista, acompañando sin perder su voz propia, la agenda de cambios y transformaciones en curso. Debe asumir su responsabilidad política por el involucramiento de dos de sus miembros separando inmediatamente de sus filas a Name y Ortiz. El Verde debe además colaborar con la Fiscalía y la Corte Suprema de Justica para que las investigaciones concluyan eficaz y rápidamente con sus castigos correspondientes. Es la mejor manera de controlar el “efecto carrotanques” sobre su bien ganada imagen y respetabilidad.

Antonio Sanguino

Bolsa de empleo Gloria Inés Ramírez

La ministra del Trabajo de Colombia, Gloria Inés Ramírez, tiene la obligación de darle explicaciones al país. La escudera del presidente Gustavo Petro, quien pregona a diestra y siniestra que el gobierno debe sacudir la corrupción, es un claro ejemplo de quien predica, pero no aplica.

Resulta inaudito que la gestión de Ramírez esté caracterizada por el nepotismo y, mientras tanto, el presidente de la República se hace el de la vista gorda. Desde el año pasado han surgido denuncias sobre el tráfico de influencias de la ministra para hacer que sus familiares sean nombrados en otras entidades.

 

Aquí me quiero detener y denunciarlo públicamente. Uno de sus hijos está nombrado actualmente en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y, esta semana, salió a la luz que otro de sus hijos tiene un contrato de prestación de servicios en el Ministerio de Cultura.

La señora Ramírez sigue usando su puesto para el clientelismo y para favorecer a su círculo cercano. Trabajo sí hay, pero para los allegados de la ministra. En ese sentido, cabe preguntarse, ¿Quién la investiga?

Entre tanto, el DANE reportó que en el país subió el desempleo por segundo mes consecutivo. Marzo cerró con la preocupante cifra de 2.881.000 ciudadanos desocupados. El panorama es desastroso.

Volviendo a los hijos de la ministra: Diego Alejandro Restrepo Ramírez, está nombrado como jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Minciencias con un salario básico mensual de más de 10 millones de pesos, sin incluir prima técnica. Este mismo señor ya había sido designado en 2023 en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, donde se ganaba casi 8 millones de pesos.  

El otro hijo de la ministra, Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez, tiene un contrato por más de 127 millones de pesos en Mincultura. Justamente, uno de esos contratos que la ministra llama “basura” y que prometió acabar desde que llegó al gobierno.    Ramírez, como titular de la cartera del Trabajo, está obligada a dar ejemplo, dejar su cinismo y doble moral. Esto que está sucediendo refleja la hipocresía de quienes nos gobiernan.

Asimismo, se debe poner la lupa sobre el intercambio de favores entre titulares de carteras, en este caso Ciencia y Cultura. Recordemos que en el primero hay denuncias de acoso laboral y en el segundo, señalamientos de maltrato en algunas de sus entidades adscritas.

“Este país tiene que cambiar”, dijo la ministra Gloría Inés en la marcha del pasado 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Tal vez es en lo único que concuerde con ella, pues en Colombia no podemos seguir permitiendo la cultura del amiguismo y el enchufe en la administración pública.

Andrés Barrios Bernal

La chabacanería

La llamada industria del entretenimiento, por cierto, muy industriosa, mueve billones de dólares alrededor del mundo, se ha convertido en uno de los sectores más importantes de la sociedad; al punto que, la educación ha decaído frente a esta industria. Se estima que en Colombia por cada $100 pesos, los colombianos destinan el 20,8% para entretenimiento y bienestar, muy por encima de la educación, al cual destinan sólo el 4,5%, (Fuente: El Colombiano, 24VI2023). Entretener no es otra cosa diferente a mantener a alguien ocupado mientras pasa el tiempo, sin tener ningún beneficio a cambio. El entretenimiento va de la mano con lo que en esta época de hiperderechos se ha denominado derecho al ocio, en otras palabras, derecho a no hacer nada y a no estar obligado a hacer algo. El individuo se entretiene mientras llega el tiempo para hacer algo necesario o productivo. El entretenimiento, per se es innecesario, pero los actores económicos lo han vuelto necesario.

Si entretenerse es necesario, bien valdría la pena que en ese acto hubiese arte, gusto y mérito estimable. Preocupa el hecho de que hoy por hoy, el entretenimiento ha caído en la chabacanería, término definido por la RAE en su diccionario como “Falta de arte, gusto y mérito estimable”. Ser chabacán vende, factura, como diría la famosa cantante barranquillera, es motivo de halago y de exaltación. Para el caso colombiano, destaca un programa televisivo nacional, si bien es cierto, el emprendimiento privado es libre, al menos debería haber un mínimo de respeto por la inteligencia del televidente. Espectáculo horario triple A, en el que todas las noches desde hace un par de meses, por dos horas diarias, exhiben a un grupo de famosos, según el nombre del programa, mejor aún “famosos” a quienes sólo conocían unas cuantas personas en su parroquia, y su mayor mérito social es ser declarados “famosos” por un canal de televisión.

 

Estos “famosos” durante 24 horas diarias exhiben lo más chabacán, desde su conducta poco apropiada, sus valores, donde todo se vale, la ordinariez, lo ruin y lo vulgar como regla a expensas de publicidad y rating. Honestamente, ¿Qué responsabilidad ética recae sobre las directivas de la casa productora por la emisión de ese show televisivo? tan parecido a la antigua televisión peruana de antena parabólica de finales de los ochenta.

Alarma no sólo lo chabacán del contenido del programa que nada positivo aporta al televidente, también las decisiones del público que mediante votos define qué participante debe permanecer en el concurso según el nivel del morbo o de escándalo, o por lo menos, eso hacen pensar los realizadores del programa, empero, no se conoce certificado oficial de una firma auditora sobre la veracidad de los resultados de las votaciones que hacen los seguidores. Entre más grosero, vulgar, ordinario, mal hablado y soez sea el participante, tendrá más oportunidades de permanecer en el juego porque la chabacanería se ha malinterpretado como originalidad y autenticidad. No resulta difícil pronosticar quiénes llegarán a la final en ese concurso. Alarma también que ese contenido sea emitido todo el día vía streaming por la teleproductora, lo que permite pensar que hay consumo permanente de ese producto.

La iniciativa privada es un derecho, pero debe haber un límite ético, o al menos, debería exigirse que en la industria del entretenimiento hubiere un estándar mínimo educativo y ético. La ordinariez, el mal gusto y la chabacanería no pueden ser piedras de toque y modelos a seguir en una sociedad ávida de justicia y educación. No existe justificante válido para que personas sin formación para la convivencia pudieran ser referentes de “famosos” y modelo a seguir en la sociedad y, sobre todo, colocar a su servicio los medios de comunicación y hordas de televidentes con limitadas opciones televisivas. Mañana serán los likes que hoy eligen “famosos” los que mal elijan gobernantes y avalen políticas públicas. ¡Que la chabacanería no sea la regla y el patrón social, será mucho pedir, por favor!

León Sandoval

Un autogolpe como su única vía

Muchos teníamos la esperanza que, con su llegada a la presidencia, Gustavo Petro moderaría sus delirios de persecución que tanto acusó cuando fue alcalde de Bogotá, pero, todo lo contrario. Todo indica que lo único que sabe hacer como presidente es dar discursos incendiarios, obstinados y enfocados a aumentar la polarización del país.

Próximo a cumplirse la mitad de su gobierno y con un pobre avance de su legado: altos niveles de polarización, pésima ejecución del presupuesto de las instituciones y varios escándalos de corrupción similares a los que atacaba en el pasado con vehemencia. Así las cosas, la actitud de Petro es cada vez más preocupante para los que creemos en mantener un sistema democrático con muchos ‘vicios’, pero con otras tantas garantías para mantener la senda del desarrollo país.

 

Insiste en repetir como propaganda política que habrá un golpe blando, que más bien parece ser la única ruta que tiene para salir de la presidencia, en el mejor de los escenarios, como un mártir. Queda claro que la personalidad del presidente es la de un hombre que solo le gusta la confrontación, el discurso pomposo y vacío, además de las eternas excusas para evadir la responsabilidad de sus actos. Así fue como militante de un grupo guerrillero, así fue como alcalde y así ha sido como presidente.

Es probable que veamos un Petro más quejoso, más sensible y más ‘víctima’ que siempre, todo para excusar los profundos vacíos que deja su manera de gobernar. Al presidente se le agota el tiempo para convertir su historia en la de ese mártir: incomprendido, vulnerado y atacado por las élites que le odian.

Petro es consciente que ya no tiene los votos que lo llevaron a la presidencia. Hoy la democracia no es una opción para volver a ganar: ni él, ni la de otros seguidores de su desgobierno. Con este panorama, el caos y la revolución es el camino más viable para mantenerse en el poder o para intentar limpiar su falta de liderazgo como gobernante.

Serán días de mucho cuidado y de alerta permanente para todas las instituciones y los mecanismos que ayudan a mantener la estabilidad del país. El Presidente no perderá oportunidad, ni discurso, para hablar del ‘golpe blando’, porque sabe que es la única vía que le funciona ante la posibilidad de quedar como uno de los mayores fiascos políticos del siglo XXI.

Luis Carlos Martínez

En defensa a Israel

Golda Meir, ex primera ministra de Israel, argumentaba que, si los enemigos de Israel bajaran las armas, habría paz en el Medio Oriente, pero que, si Israel hiciera lo mismo, los judíos serían exterminados. En el documento de fundación de Hamas de manera explícita, se busca este genocidio “del río al mar”. Es peculiar que las violaciones de mujeres, el encarcelamiento de bebés, y el asesinato de abuelos judíos no haya generado la indignación del gobierno colombiano, ni si quiera, se hizo un llamado a Hamas para liberar los 133 secuestrados. Aun estando en desacuerdo con Netanyahu o pensando que la respuesta al atentado terrorista es desmesurada, romper relaciones con Israel es equivocado.

La superioridad moral con la cual el gobierno Petro juzga a Israel es simplemente sesgada. Es reprochable que una sola familia musulmana haya tenido que mudarse con la creación del estado de Israel, pero el tema no es tan blanco y negro. Para aquel momento 863 mil judíos vivían en países árabes, hoy a duras penas suman cuatro mil. Sitios como Belén, que tuvieron mayorías cristianas en Palestina, fueron hostilizados a irse. Hay que ver ambos lados de la moneda.

 

Pocas civilizaciones son exentas de culpa, por eso el intento de dividir la humanidad entre colonizadores y colonizados, depende mucho del prisma del tiempo. Esta acusación de hoy a Israel, es la misma que se les haría a los ejércitos del imperio otomano o a los invasores musulmanes del siglo VI. Por eso, al final de la segunda guerra mundial, después de un verdadero genocidio contra el pueblo judío, se creó un estado en su hogar ancestral para que vivieran sin temor a la persecución. Desde este momento, cada vez que son atacados, han respondido con ferocidad. Los intentos para compartir el territorio en 1947, 1993, 1995, 1998, 2000 y 2008 han sido rechazados, nadie ha permitido la paz.

Acusar a Israel de genocidio es desconocer la manera como trata los musulmanes palestinos en su territorio: estos tienen derecho a ciudadanía, son 21% del pais, incluyendo representación y partidos en su congreso; gozan de igualdad de género, las mujeres se pueden vestir como quieran, ejercen la profesión de su escogencia; ningún miembro de la comunidad LGTBIQ es ejecutado por su preferencia sexual; hay libertad de expresión, incluyendo la posibilidad de criticar a Israel; cualquier tipo de discriminación es castigada por ley; el ingreso per cápita de palestinos en Israel es 8.1 veces más que sus pares en Cisjordania, casi 32 veces que los de Gaza. Si bien no todo es perfecto, bajo la ley israelí, cuentan con los mismos derechos que los demás ciudadanos. Cuentan hasta con más derechos que sus pares en países aledaños, los derechos recíprocos de judíos en estos dejan mucho que desear.   

Expresiones de dirigentes israelís inspiradas en el dolor del terrorismo suenan terribles al ser traducidas. La estrategia militar de Netanyahu podría ser optimizada como sus aliados, incluyendo EEUU, han exigido. Por eso hay que trabajar en una solución de paz que incluya un estado soberano para Palestina, los insultos no contribuyen. La decisión temporal del actual gobierno de Colombia, será reversada en el próximo gobierno al ser minoritaria en la comisión asesora, y no reflejar el sentir del pueblo colombiano que aprecia a Israel y al pueblo judío.  

Simón Gaviria

La Chiquita Brands y el financiamiento del paramilitarismo en Colombia

Esta semana que pasó, en un Tribunal del sur de La Florida, Estados Unidos, inició el juicio contra la multinacional Chiquita Brands Internacional por las víctimas que causó su financiación al paramilitarismo en Colombia entre 1997 y 2004. La justicia norteamericana en 2007 ya había condenado a la multinacional por la entrega de 1.7 millones de dólares a grupos paramilitares.

En el juicio de 2007, la multinacional llegó a un acuerdo con la Fiscalía norteamericana para pagar 25 millones de dólares, en 5 cuotas. Según el juez federal Royce Lamberte, quien llevó el caso, más de 100 pagos fueron aprobados por directivos de alta jerarquía de la empresa con sede en Cincinnati – Ohio. La multinacional, históricamente defendida por los gobiernos norteamericanos, aceptó a regañadientes la multa              que se quedó en Estados Unidos, pues las víctimas en Colombia no vieron un solo peso.

 

En tribunales colombianos el jefe paramilitar Salvatore Mancuso confesó que las AUC recibían de las multinacionales del guineo 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada, ganancias que eran distribuidas entre paramilitares, cooperativas de vigilancia conocidas como Convivir y mandos militares. Además de esta declaración, otro hecho comprobado fue una reunión privada en Medellín entre Carlos Castaño, líder paramilitar, y un alto ejecutivo de Banadex, la filial más rentable de Chiquita Brands en Colombia en ese momento.

Pero ¿de dónde viene La Chiquita Brands? Fundada originalmente en 1871 como United Fruit Company (la misma empleadora en la masacre de las Bananeras de 1928), cambió su nombre en la década del setenta a United Brands y, posteriormente en 1990, adquirió su actual nombre Chiquita Brands Internacional. Su presencia en Latinoamérica ha estado impregnada por la violencia y el autoritarismo. Durante el siglo XX inventó la categoría de “repúblicas bananeras” e impuso sus intereses en la política interna de al menos 10 países de la región, donde tenía sus filiales. Por ejemplo, en 1954 apoyó el golpe militar en Guatemala contra el presidente electo democráticamente, Jacobo Árbenz. En Cuba, puso dos buques de su “gran flota blanca” para el intento de invasión de Cuba en el desembarco de la bahía de Cochinos en 1962. En Honduras, hacia 1975, sobornó al presidente, Oswaldo López Arellano, para frenar una subida de impuestos a la compañía.

Ya lo decía Pablo Neruda refiriéndose a la UFC que, cuando Dios creó el mundo y lo repartió entre las grandes multinacionales estadounidenses, “la Compañía Frutera se reservó lo más jugoso, la costa central de mi tierra, la dulce cintura de América”. En efecto, en el cultivo de guineo, la empresa no dudó en amenazar, maltratar y matar. Y si un gobierno latinoamericano se rebelaba ante esto, se cambiaba al gobierno.

En el nuevo juicio que se adelanta contra la compañía, los demandantes -entre los que se encuentran campesinos y ganaderos de Urabá y el Magdalena- argumentan que, al haber financiado grupos paramilitares, la Chiquita Brands “patrocinó” homicidios, masacres, desplazamientos forzados, despojo de tierras, entre otros. La esperanza es que el jurado de la Florida tome la decisión en la que, además de una condena contundente contra la empresa, sean indemnizadas las familias de las víctimas asesinadas por los paramilitares en Colombia.

Maylor Caicedo

La eternidad es un lugar

Decía la semana pasada José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de España, que al partido socialista español le importa mucho la familia, la del presidente actual, y las familias diversas. Rabiaba al hablar decía que la derecha no entiende de diversidad, ni de familias diversas.  ¿No es la familia una institución previa a la sociedad, a la política y a la política de izquierdas? ¿Acaso la izquierda está buscando de nuevo apropiarse de un concepto, en este caso el de familia? ¿Son ellos los abanderados de ese cambio de paradigma social? ¿Los salvadores del individuo y sus familias? Creo que se quieren apuntar el tanto, como ya lo hicieron con la democracia, la justicia social, los derechos de las mujeres y tantos otros más…

Lo cierto es que ya han puesto al menos dieciséis apellidos a la familia: especial, biparental con hijos, sin hijos, homoparentales, reconstruidas, monoparental, de acogida, adoptiva, intercultural… No sólo  España,  la OMS definió en su día más tipos de familia atendiendo a múltiples variables: edad, procedencia, sexo de los cónyuges… Un concepto que se va agrandando en función de la casuística. Una estrategia  fruto del bienquedismo actual, de hacer que todos se sientan parte de algo, cuando en el fondo lo que se pretende es desdibujar el concepto para crear una nueva realidad, a la medida del hombre.

 

Todas esos apellidos no son más que maquillaje. La familia moderna, esa de la OMS y del socialismo, no es ideal, ni deseable pues nace viciada y acaba provocando un vacío profundo en el individuo  – sino miren los datos de rupturas familiares y las consecuencias para todos los miembros de la familia – . 

El hombre y la mujer, el ser humano, está hecho de eternidad y si no busca el todo, el para siempre en sus relaciones más  íntimas éstas acabarán por romperlo. Pero eso no se entiende en la política ni de izquierdas, ni de derechas y lejos de apostar por familias sólidas y fuertes e incentivar las relaciones libres, maduras, sanas… se apuesta y se pone en valor el fracaso, aderezado de modernidad, de libertad, de poderío.

Amor blandito

Sea como sea la familia está herida; por la ideología, por la falsa concepción de la libertad – la universal y  la individual- y por esa idea de amor que se maneja en todos los ámbitos, cultural, psicológico, social… y hace que se nos quede corto, superficial y blandito, parecido al regusto de un helado de fresa que promete mucho, pero te deja un gran vacío tras probarlo.

Ese amor de hoy no alcanza a cubrir la magnitud del corazón humano porque se ha quedado ensimismado. Y eso lo hace pequeño, débil, fofo, sin vida, muy temporal.

El amor de la familia, de esas fuertes y robustas, el que edifica y transforma, es el amor duradero, valiente,  a veces, incluso, áspero porque en ocasiones duele, pero a la vez  es cálido y tierno y sobre todo eterno, pues sólo la familia trasciende y ahí se te quiere por anticipado y hasta el final. Es ahí, en esas familias sólidas, donde un aprende a amar y a ser amado.

Para siempre, ese anhelo universal

Dice Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado español,  “que la monogamia para toda la vida, impuesta a macha-martillo, como un sacramento es un sindios”, ella que ya ha intentado dos veces que le salga bien, porque dos veces, al menos, ha firmado los papeles, y cuando uno firma es porque quiere dejar constancia de algo importante. Para pasar el rato no hay que firmar nada.

Como buena socialista no sabe de lo que habla porque lo cierto es que la monogamia para toda la vida, la fidelidad a otra persona, sí es posible, es querida y deseable, pero no es fácil. Lo que merece la pena casi nunca lo es y los que se rinden por el camino no logran alcanzar la belleza de esas vidas vividas por otro y en otro, con visos de eternidad.

Cuesta creer a Carmen, y a las Cármenes del mundo, que logran ser fieles a perfumes, marcas e incluso partidos políticos, aún cuando la política y las ideas nada tengan ya de los inicios románticos que te animaron a afiliarte. Modernas, feministas, mujeres de bandera que de tanto repetirse una mentira logran esconder esos anhelos, los que te llevan a querer un amor que trascienda, a formar una familia sólida y para siempre. Como la fidelidad de Carmen al PSOE.

Y cuando todo pase, vendrán otros

Imaginen una tarde de fin de semana. Toda la familia reunida en una sala, los restos del café aún sobre la mesa. Una  tarde de esas en las que no pasa nada, pero pasa de todo. Imaginen una tarde de abuelos, primos, hermanos. Una tarde de familia.

Los abuelos tiene un lugar fijo; ese asiento que es más cómodo, bien centrado en la tertulia, frente a frente, para mirarse y mirarnos con la ternura de siempre. Aunque  algunos abuelos no estén, de algún modo siguen presentes, viven en la risa, en ese gesto o en la coletilla que alguno utiliza.

Los pequeños van y vienen: uno pide agua, otro ver un video… Sueñan la vida y la pintan de colores. Viven el ahora, porque no adelantan preocupaciones, esas ya se las traerá el tiempo cuando sean mayores, cuando todos nos hayamos ido y continúen ellos este lío.

La tele suena de fondo. El alboroto le sirve de nana, silencia la preocupación y por un momento alguien descansa. ¡Anda, échale una manta!, normalmente es la abuela la que en todos depara.

Pasa un rato y luego otro, y en un segundo fugaz se han puesto todos a navegar; unos viajan, otros sueñan, alguno busca algo para comprar. El silencio dura un suspiro: uno de los pequeños busca asilo en un regazo; un primo le ha quitado un sitio, un caramelo o le ha dado un pellizco en el brazo.

No hay afán, ni secreto, ni ansiedad que un beso largo o un abrazo de la familia no logre aliviar. ¡Ea, ea, mi niño, mi futuro, mi heredad!

La familia es lo más parecido a un lugar en la eternidad.

Almudena González

La explosión de la inteligencia artificial

Hace menos de una década, la Inteligencia Artificial (IA) era vista con cierto escepticismo. Los avances eran pocos y no había mucho entusiasmo. Sin embargo, en un giro sorprendente, el campo comenzó a transformarse, alcanzando hitos que revolucionaron esta disciplina. El surgimiento de técnicas de aprendizaje computacional como las redes neuronales permitieron crear un punto de inflexión. Estas estructuras inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano permitieron avances significativos en el reconocimiento de patrones y el procesamiento del lenguaje natural. La victoria de AlphaGo sobre el campeón mundial de Go demostró el potencial de la IA para dominar juegos complejos, desafiando incluso a las mentes más brillantes.

Pero quizás el avance más llamativo fue el surgimiento de la inteligencia artificial generativa, con modelos como GPT. Estos sistemas pueden generar contenidos que van desde texto hasta imágenes, y se han convertido en el desarrollo tecnológico de mayor impacto en los últimos años. Todas las grandes empresas e incluso países participan ahora de una carrera para el desarrollo de inteligencias artificiales más potentes. Este explosivo crecimiento ha llevado a proyectar la IA como una tecnología con aplicaciones en todos los sectores de la sociedad. Desde la medicina hasta la agricultura, la IA promete revolucionar la forma en que trabajamos, nos comunicamos y vivimos nuestras vidas. En un futuro cercano, podríamos ver hospitales con diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados gracias a la IA en la medicina. En la agricultura, los sistemas de IA podrían optimizar el uso de recursos, aumentando la productividad y reduciendo el impacto ambiental. En el ámbito laboral, la automatización impulsada por la IA podría cambiar la naturaleza misma del trabajo, liberando a las personas de tareas repetitivas para centrarse en actividades más creativas y estratégicas.

 

De continuar esta tendencia en los próximos 10 viviremos transformaciones en la sociedad cada vez más aceleradas. Los asistentes virtuales no solo responderán preguntas, sino que comprenderán nuestras emociones y necesidades con empatía. La realidad aumentada y la realidad virtual estarán integradas en nuestra vida diaria, transformando la forma en que aprendemos, trabajamos y nos entretenemos.

Sin embargo, junto con el entusiasmo por el potencial de la IA, también surgen preocupaciones sobre sus efectos en la humanidad. Nunca habíamos experimentado el desarrollo de una tecnología que tuviera como propósito superar nuestra propia cognición. Las incertidumbres sobre su implementación necesitan de una discusión pública cada vez más informada. Con su explosión en los últimos años es indudable que jugará un rol estratégico para el futuro de la humanidad.

Juan Carlos Upegui

Las marchas y el intento de un acuerdo nacional

Han ocurrido dos movilizaciones importantes en lo que va corrido de los últimos quince días. La primera, acontecida el 21 de abril, convocada por quienes encuentran serias dificultades para sus intereses políticos, económicos o sociales, en el paquete de reformas que impulsa el gobierno nacional, así como a la metodología de diálogo con los Grupos Armados No Estales, su estrategia de lucha contra el negocio ilegal del narcotráfico y su idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente; la segunda fue, la tradicional marcha del 1 de mayo, día internacional de los trabajadores, convocada por las centrales obreras, el gobierno nacional y sectores sociales y políticos, a la cual, por primera vez en la historia de Colombia, se vinculó activamente el Presidente de la República, en donde se puso de presente la necesidad de continuar avanzando en el paquete de reformas para el cambio, en el logro la paz total con todos los grupos armados, implementar el Plan Nacional de Desarrollo y promover un proceso nacional constituyente, entre otras consideraciones.

Es la primera vez que dos acontecimientos en contradicción evidente, se realizan en menos de quince días, sin que estos tengan un desenlace violento, ya sea porque el Estado hubiera hecho alarde de toda su capacidad represiva y violenta, como ocurrió en el estallido social de 2019-2021, o porque las y los manifestantes hubieran tomado la lamentable iniciativa de arremeter contra la infraestructura pública o privada, o contra cualquier funcionario público; esto, por sí solo, es un importante avance que debe ser valorado y correspondido por quienes desde diferentes orillas han promovido las movilizaciones como parte de una estrategia a corto y mediano plazo que busca derrotar, o por lo menos deslegitimar, a los contrarios, y atreverse a pensar en otra ruta que realmente beneficie al conjunto de la sociedad. Es allí en donde, para las actuales circunstancias del país, ambas orillas se pueden estar equivocando.

 

No está bien, que convocantes y participantes de la marcha del 21 de abril, en su legítimo derecho de hacer oposición, recurran a la mentira y la trampa, a la deslegitimación aún más del Estado, al ataque a ultranza en contra la figura del Jefe de Estado y a los deseos legítimos de cambio estructurales que evidentemente se tienen que producir en Colombia; tampoco está bien, que quienes promovieron y participaron, con un nuevo sentido político, en la jornada del 1 de mayo, tengan como estrategia única, derrotar a la oposición, estigmatizar a todo el que de esta hace parte y creer que solo en las calles se logra avanzar en los necesarios cambios estructurales que seguramente las mayorías respaldamos. No se trata de repetir la fallida matriz, exclusión-inclusión-exclusión, experimentada en el Frente Nacional, y que no logró hacer realidad la paz social y política necesaria para, hacer de esta tierra un espacio de vida para todos y todas.

Hoy lo que se pone al orden del día es la convocatoria, real y metódica, a construir un acuerdo nacional por el cambio, en relación con las temáticas que salen a relucir en los diferentes escenarios de debate, tanto en el congreso, como en los círculos sociales, en los encuentros de diálogo territoriales, en las agendas con los grupos armados no estatales, en los medios periodísticos y por su puesto en las movilizaciones.

No hay que tenerle miedo al cambio. Quienes se aferran de forma dogmática o utilitarista a las actuales condiciones, defendiendo lo indefendible o bloqueando al gobierno, solo por mantener privilegios, ganancias excesivas, o negocios ilegales deben comprender que el nivel de conflictividad es tan profundo que, por esa ruta, es posible que prontamente se produzca un nuevo estallido social con un final impredecible. No hay que tenerle miedo al progresismo. Quienes aún alimentan la idea de que los cambios se producirán solo mediante un estallido social o insurreccional, deben comprender que la transición de una sociedad afectada profundamente por los negocios ilegales, la corrupción, la inequidad, la injusticia social, el conflicto armado y la legitimidad de su modelo democrático, hacia una sociedad en paz y con justicia social, requiere de un profundo compromiso dialógico y conciliador.

Un Acuerdo Nacional debería contemplar un ejercicio de habla y escucha, tanto territorial como nacional, en armonía con los procesos de negociación que se adelanten con los grupos armados de carácter político y no político, para lo cual las partes (gobierno nacional y oposición) deberían nombrar un equipo de compromisarios para dialogar y pactar alrededor de por lo menos los siguientes objetivos:

Pacto por la transparencia, para erradicar la corrupción, tanto a nivel de las instituciones públicas como de las privadas, que comprometa al conjunto mayoritario de la sociedad y elimine esta conducta delictiva del imaginario cultural.
Pacto por la democracia, que contemple tanto el fortalecimiento de la democracia directa, como la democracia representativa, que modernice el proceso electoral y erradique sus vicios, que modernice los partidos y les abra las puertas a expresiones política no electorales.

Pacto por el bienestar social, que reconozca las debilidades e injusticias del actual sistema de salud y seguridad social, y logre consensuar unas reformas que pongan al centro los derechos humanos, para que las mayorías accedan, en igualdad de condiciones, al derecho a la salud y garantizando una vejez digna.

Pacto por la vida, para sacar las armas de la política y de la vida cotidiana, que haga posible la superación del conflicto político armado y los demás conflictos violentos, un acuerdo que reconozca la importancia de construir verdades y avanzar hacia la reconciliación.

Pacto por el fortalecimiento de la justicia, que tenga como objetivos, disminuir progresivamente los altos índices de impunidad, que modernice la rama judicial y acoja la justicia restaurativa.

Pacto por los territorios y los pueblos Étnicos, que desarrolle los elementos fundamentales hacia una verdadera descentralización política y administrativa, que reconozca y fortalezca el gobierno propio y la autonomía de los pueblos étnicos.

Pacto por la naturaleza, para acordar los compromisos que hagan posible el desarrollo económico y la transición energética, sin poner en riesgo la vida sobre el planeta, para salirle al paso a la crisis climática y proyectar la recuperación del aire, las selvas, los bosques, los páramos, los mares y ríos. Un pacto que incluya la urgencia de la Reforma Rural Integral.
Pacto contra el delito, para erradicar la producción y tráfico ilícito de cocaína y otras sustancias, la comercialización de vida silvestre, la trata de personas, el tráfico de armas y municiones y la inseguridad urbana y rural.

Un diálogo nacional y territorial para un acuerdo nacional a largo plazo y a todos los niveles, en el marco de la Constitución Política Nacional, debe proyectarse más allá de los tiempos de gobierno y más allá de quién nos esté gobernando. Un acuerdo que ayude a “ordenar la casa” y revitalizar el debate político serio, profundo, el debate de las ideas y las propuestas. No será fácil, gran parte de la decisión de diálogo para la construcción de acuerdos está en manos de la oposición y por supuesto, de las garantías que brinde el gobierno nacional y sus partidos.

Luis Emil Sanabria D.

La seguridad debe ser “El Plan”

Bogotá necesita invertir en seguridad, eso para nadie es un secreto. Solo con recorrer las localidades o leer los titulares de prensa, salta a la luz que hay problemáticas reales y de fondo relacionadas con criminalidad. Las estadísticas también lo demuestran. 

Es por esto que, en medio de las discusiones sobre el proyecto del Plan de Desarrollo en el Concejo de Bogotá, tenemos la obligación de revisar con lupa las metas establecidas. Aunque celebro la decisión de la administración Distrital de casi duplicar el presupuesto para seguridad, éste sigue siendo insuficiente para una capital golpeada por la delincuencia.

 

Se habla de un incremento histórico, pero también es histórico que en el último cuatrienio Bogotá tuviera más de 620 mil víctimas de hurto en diferentes modalidades.

Según el Plan de Desarrollo presentado por el alcalde Carlos Fernando Galán, para los próximos cuatro años, se destinarán 3.52 billones de pesos para seguridad, lo cual corresponde al 3.88% del total del presupuesto de inversión, incluso por debajo de cultura, que tendrá una asignación del 3.92 por ciento equivalente a 3.56 billones de pesos.  

Metidos en “el plan”, considero importante la destinación de casi 700 mil millones de pesos para fortalecer el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4. Sin embargo, la administración debe precisar en qué porcentaje estima reducir la criminalidad gracias a esa inversión. Asimismo, se debe garantizar que con estos recursos se hará el mantenimiento correspondiente a las cámaras de videovigilancia, ya que 1.464 no están funcionando.

Genera gran preocupación que, en medio de la intención de recuperar los lazos resquebrajados con la fuerza pública, en el proyecto no se haga referencia a su bienestar. Lo anterior debe presentar una alerta en cuanto a la posición de esta administración en el apoyo a valerosos hombres y mujeres que velan por el derecho a la seguridad de la ciudadanía. Es pertinente recordar que ésta ha sido una recomendación que se ha hecho en reiteradas oportunidades desde el sector y también por parte de quienes integramos la Bancada Pro Fuerza Pública y Veteranos, que creamos en el Concejo pensando en nuestros uniformados.

Del Plan, Bogotá Camina Segura, destaco los valiosos ajustes en cuanto a las recomendaciones de generar metas específicas para la reducción de delitos. Sobre todo, en metas estratégicas en materia de homicidio, hurto común, extorsión, lesiones personales, homicidios a mujeres, hurto a personas en el servicio de transporte público y lesiones personales con víctima mujer.

Aunque los bogotanos anhelamos mayor pie de fuerza, no podemos caer en hipotéticos que luego nos cuesten por falta de planeación. Es importante que la alcaldía de Galán siguiera la recomendación que le hice en debates de control político sobre la cifra de nuevos efectivos de la Policía. Según el documento, se trabajará en una propuesta jurídica y técnica para alcanzar a llegar a los 2.000; sin embargo, a sabiendas de que se necesitan estos uniformados, la meta sigue siendo ambiciosa.

Ante lo anterior, estaremos prestos a realizar el control a dicho cumplimiento, debido a que, en el pasado, Claudia López hizo la misma promesa y el resultado todos lo conocemos: no se cumplió. También se debe garantizar la permanencia de esos uniformados en la ciudad. En este sentido, también es muy importante que le informen a la ciudad la especialidad, pues necesitamos policías para inteligencia, contrainteligencia y seguridad ciudadana.

Galán se eligió con la promesa de que Bogotá caminará segura, por lo tanto, esa será la vara con la que sea medido. Heredó una papa caliente y ahora su misión es cumplirle a la ciudad.

Andrés Barrios Bernal

De marcha en marcha

Marchamos el 21 de abril y el 1° de mayo. Y seguiremos hasta el final de nuestras vidas, estoy seguro, en ese maratónico y masivo ejercicio exigiendo a todos los gobiernos de turno por certeras y reales leyes para mejorar nuestra calidad de vida. Esa será una constante mientras exista el descontento social. No obstante, los colombianos, siento, realizamos ese ritual ciudadano desde el momento en que despertamos y abrimos los ojos para luego vivir largas y conglomeradas caminatas en nuestras complejas vidas cotidianas.

Empecemos por esa divina oportunidad de sentirnos vivos cuando intempestivamente abrimos la visión hacia los techos de nuestros hogares con los lejanos ruidos de las tranquilas madrugadas. Las milésimas de segundos nos presionan la lista de tareas para enfrentar los extensos y pesados jornales en aras de cumplir a todo el mundo. Es decir, una marcha sin o con tropiezos para ganar el primer turno en el baño, otra para levantar a cada integrante de la familia a cumplir con su plan y la personal para salir a las carreras a trabajar formal o informalmente. ¡A marchar se dijo! Nos vemos en la noche, familia…

 

Marcha, circula, transita desde que pone un pie en la calle, el colombiano trabajador, me refiero a ese que va con afanes a conseguir el alimentador que le lleve a uno de los tantos portales atiborrados de miles, quienes acelerados, incluso malgeniados, llegan dispuestos a subirse a  las a ‘malas’ en una ruta cercana a su oficina, empresa, universidad o destino de diligencia personal o familiar. Me refiero, igualmente, al parroquiano dispuesto a coger una de los miles de rutas más apetecidas para su destino, pero encasillado en el paso del tiempo y en los sendos trancones, que le hacen sudar hasta al más desprevenido. Es una verdadera maratón para llegar a sus trabajos formales o tal vez a un punto de encuentro…

¿Y, el informal?  Pior! Un ejemplo, los cientos de vendedores ambulantes y estáticos del tintico, bebida sagrada en el paladar del ‘criollo’ respetable, pero todo un loable trabajo de carpintería para estar a la orden del día. Sus ofertantes deben desde bien madrugados poner a hervir sus cuantos litros de agua para luego ser mezclados con variadas hierbas, incluida la canela, para aumentar el placer de algunos comensales. En sus marcas… a vender tinto se dijo desde las 3:00a.m, según mis cálculos. Otra fuente callejera me afirmó: “a esa hora ya he vendido tres termos”, panita. Como esta historia sin salario fijo y prestaciones sociales se encuentra la del dueño del ‘líchigo’, la del taxista, la del albañil y la de un largo etcétera por la que en honor a la realidad debemos protestar. De verdad, somos marchantes crasos, pero del trabajo.

De esta somera descripción me queda claro que cada trabajador de su compleja historia -somos millones por aquello de la desigualdad. Según, el DANE, el 72,9% de los hogares colombianos vive en pobreza o gana ingresos bajos e inestables- NO tendrá una eminente figura presidencial para promover y publicitar en medios tradicionales y digitales sus batallas para salir a pelear contra viento y  marea la consecución de los recursos para sostenerse en un mercado con carestías en los precios de la canasta familiar, inestabilidad laboral, inseguridad, desempleo, hambre, extremos politiqueros, insatisfacción y nuevamente otro largo etcétera de gruesos problemas, que sin marchas quincenales o mensuales han resuelto, a así sea con pañitos de agua tibia, este cruel panorama nacional.

Una marcha fue de la derecha extrema u oposición, según el Gobierno. A los 11 días, la del Gobierno de Izquierda, según la derecha u oposición. ¡Dos marchas extremistas que esencia dejan en la mitad a quienes mueven este país a punta de marchas…en serio! Somos un país de marcha en marcha. ¿Y las verdaderas soluciones dónde están? ¿En marcha?

#Parzival: ¿Sera qué el presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) izó bandera en el colegio?

Edgar Martínez Méndez