Con el insistente interrogante ¿dónde está la plata? el analista financiero Vicente Calvo puso el dedo en la llaga sobre el incumplimiento sistemático de las EPS de la principal condición habilitante para su funcionamiento: la constitución y actualización de las reserva técnicas y su inversión en activos líquidos que garanticen el pago oportuno de las obligaciones de las EPS con las IPS, que son las clínicas, hospitales, laboratorios y demás servicios de apoyo a la garantía del derecho de la salud de sus afiliados y afiliadas.
Por tratarse de una condición habilitante para el aseguramiento en salud, la principal función de las EPS, su incumplimiento es de suma gravedad. Pero más grave aún es que los informes de la Superintendencia de Salud muestran que desde 2016, la mitad de las EPS vienen incumpliendo.
Pues bien, el 21 de diciembre pasado, el contralor general en funciones, Carlos Mario Zuloaga, dio unas primeras respuestas a los interrogantes planteados desde varios la sociedad civil y el gobierno sobre el destino de los dineros públicos que por valor superior a los 80 billones de pesos manejan las EPS. Dichas respuestas provocaron la presentación de una inusual acción popular por parte del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en salvaguarda del patrimonio público, la moralidad administrativa y el derecho a la salud.
Y no es para menos. Los hallazgos preliminares de la Contraloría permiten concluir que los fondos de la Unidad por Capitación (UPC) parecen haber sido utilizados por algunas EPS para aumentar el patrimonio de sus dueños en vez de garantizar la salud de sus afiliados. En otros casos, previa autorización administrativa, el gobierno les ha permitido pagar deudas antiguas en vez de atender pacientes, como fue caso del Decreto 995 de 2020, dictado durante la pandemia. Veamos los hallazgos del análisis técnico de quince EPS realizado por la Contraloría:
El plan de inversiones de las reservas técnicas de dichas EPS asciende a apenas $4.9 billones, menos de una tercera parte de los $15.6 billones que exigen los requisitos de habilitación financiera.
Algunas EPS han girado anticipos, léase préstamos sin intereses, a IPS de propiedad del propio grupo empresarial, grave indicio de desvío de fondos en función del conflicto de intereses que constituye la integración vertical.
También han utilizado las reservas en rubros no autorizados como el pago de multas impuestas por la DIAN y la Superintendencia de Salud.
Hay dos casos de grave incumplimiento: Famisanar contrató el 45% de los servicios con su propia red cuando la norma la limita a un máximo de 35% y la Nueva EPS facturó en 2022 servicios por $2.3 billones, pero realizó pagos por $3.8 billones, una suma $1.5 billones superior a lo facturado que será objeto de un proceso de responsabilidad fiscal.
Los hallazgos fiscales que sustentan la acción popular justifican la realización de una auditoría forense de los usos y destinos de los dineros públicos confiados a las EPS y el levantamiento del velo corporativo del complejo andamiaje de los grupos empresariales que las agencian. Solo uno de estos registra ganancias en sus distintas empresas por $600 mil millones en 2022, pero paradójicamente, la EPS que paga las cuentas de las IPS con las que está integrada verticalmente, perdió $200 mil millones. Sin lugar a duda, debemos preguntar con el ministro de Salud y la acción popular, ¿dónde está la plata? y la Contraloría prestar su plena colaboración a la justicia para esclarecer el interrogante.
Se necesita talante, compresión, decisión, perseverancia, compromiso y una importante dosis de optimismo y creencia en la posibilidad real de que, nuestra sufrida sociedad será capaz algún día, no lejano, de salir de décadas de oscuridad, violencia, injusticia, impunidad y corrupción, para seguir persistiendo en la construcción de la paz y en la superación definitiva de las causas que originan tan lamentable situación. Poco a poco se van encontrando soluciones a los problemas y tropiezos que, emergen o se presentan, en una estrategia de paz que parecía no tener futuro, y a pesar de las acciones de quienes continúan asesinando líderes y lideresas sociales, y firmantes del acuerdo de paz, en cometer masacres y toda clase de crímenes contra la población civil y en desarrollar campañas mediáticas de desprestigio a los esfuerzos de paz y reconciliación.
Los diálogos de paz, por lo menos con las dos estructuras guerrilleras existentes en el país, están dando frutos que van cogiendo forma y que, seguramente pronto maduraran. Con el ELN se volvió por la senda de la confianza y la búsqueda de soluciones, que parecía estarse estrechando y debilitando, para darle paso, a acuerdos y acciones que harán posible que el ejercicio de construcción de la propuesta de participación ciudadana tome forma lo más pronto posible. Seguramente con el inicio hoy, de una nueva ronda de conversaciones, y bajo la dirección de Vera Grabe, se avanzará en el fortalecimiento del Cese al Fuego y los protocolos necesarios para evitar toda acción violenta contra la población civil, haciendo posible que, se avance en la solución definitiva de la confrontación armada y se pacte un acuerdo que le ponga fin a las causas que la originaron.
Con el llamado Estado Mayor Central de las FARC, organización disidente de las antiguas FARC-Ep, es muy loable la labor que desarrolla el equipo negociador encabezado por Camilo González P; equipo que no desfalleció, a pesar del acumulado de acciones que indicaban que esta organización no tenía mucho interés en avanzar en la solución dialogada del conflicto, o que al menos, le faltaban algunas condiciones propias que respaldaran su reconocimiento como organización política armada. La persistencia es el camino, la seguridad de que una sociedad puede solucionar dialogando, aún sus problemas más difíciles, el convencimiento de que se pueden encontrar soluciones pensando en el interés supremo de la vida con dignidad, han hecho posible que hoy se cuente con un nuevo acuerdo que reconoce principalmente la importancia de la participación ciudadana, de las organizaciones sociales y del respeto al DIH y los Derechos Humanos.
Por supuesto que falta camino, que se tiene que avanzar en los diálogos para el acogimiento o sometimiento a la justicia de otras organizaciones armadas, que no tienen carácter político. Los máximos cabecillas de estas estructuras criminales y todas sus expresiones territoriales, deben alinearse con el querer de la sociedad y decidirse por el camino de los diálogos, suspender, como gesto de paz, toda acción contra la población civil y toda confrontación con el estado y la fuerza pública. No se puede continuar por el camino de la violencia, el pueblo está sufriendo las graves consecuencias que esta confrontación, y el presente y futuro de la niñez y la juventud, sigue minándose de incertidumbre, muerte y desolación.
Todos estos avances y oportunidades del proceso de paz, seguramente no fueran posibles, si la mayoría de la sociedad colombiana no hubiera tomado la decisión de respaldar con su voto y su voluntad, la propuesta de gobierno del Presidente Gustavo Petro, y si el Sr. Presidente, una vez electo, hubiera incumplido su palabra empeñada en el programa de gobierno, en la plaza pública y especialmente en su actuación coherente de hombre de paz; de allí, la importancia inaplazable de que, además de los diálogos establecidos con los actores armados, y los que se establecerán en adelante, la sociedad en todas sus expresiones, hayan o no respaldado la candidatura del hoy primer mandatario, avance por el camino de la construcción de un gran acuerdo nacional por la paz, que determine un marco amplio de acción política, social, y económica, para la reconstrucción de la patria.
Un acuerdo que haga posible adelantar una profunda reforma que modernice la política y la democracia, que reconozca la importancia de la descentralización de la mano del fortalecimiento del poder ciudadano, una reforma a la justicia para superar los altos niveles de impunidad y un acuerdo alrededor del fortalecimiento de la producción y la economía interna en armonía con la naturaleza, que haga posible iniciar el camino para superar la pobreza y la injusticia social, entre otras consideraciones.
Este pacto no será posible si la ciudadanía, las organizaciones sociales, los gremios económicos y de la producción, los partidos políticos, no toman la iniciativa y propician escenarios de diálogo y construcción de acuerdos. Diálogos que deben cubrir el ámbito nacional y territorial, que sean el escenario propicio para desatar un proceso amplio, con proyección en el tiempo y garantías a todas las partes, de tal forma que, además de una agenda y una metodología, se participe con el convencimiento de que podemos reencontrarnos y pactar las reglas que guíen, en el marco de la Constitución Nacional, el presente y el futuro de la Colombia en la que quepamos todas y todos.
La sociedad debe recuperar su iniciativa, su capacidad de movilización, y en especial su fuerza organizativa y deliberativa para construir escenarios nacionales y regionales, que le muestren a quienes hoy se encuentran vinculados a las organizaciones armadas, que existe un compromiso, no solo del gobierno nacional y seguramente de las mayorías de los gobiernos locales, en propiciar todas las condiciones, para que nunca más, por ningún motivo, se vuelva a recurrir a la violencia armada para propiciar cambios políticos o para superar la pobreza o la exclusión.
Muy buena labor continua realizando la Mesa Nacional de Interlocución Social para la Paz – MENISP, en donde se encuentran cerca de treinta organizaciones nacionales, y las mesas y espacios locales para la paz que se están instalando y fortaleciendo en diferentes regiones del país; Sin embargo, esta iniciativa debe ser complementada con un mayor reconocimiento e interlocución de parte del gobierno nacional y con puntos de encuentro con otras expresiones sociales, gremiales y políticas, en el interés de propiciar los diálogos sociales que requiere el acuerdo nacional para la paz. Fortalecer lo que existe es necesario, pero no suficiente, hay que romper las barreras que nos desencuentran y poner por encima del interés particular de cada sector, el interés de Colombia entera.
A la hora de determinar la viabilidad medioambiental de un proyecto, cualquiera que él sea y, si así lo requiere, de expedir la Licencia ambiental para el mismo, es pertinente evaluar no solo el impacto de la ejecución del mismo sino el impacto de no ejecutarlo.
Este es el caso: con este proyecto de El Canal del Dique se busca restaurar ambientalmente el Sistema del Canal que lleva su mismo nombre por medio de impactos positivos que buscan el bienestar de las comunidades y sus prácticas tradicionales y evitar de paso las recurrentes inundaciones que, como las de los años 2010 y 2011, a causa del fenómeno de La Niña, fueron arrasadoras.
De otro modo se paralizarían en el país todas las obras de mitigación que, como en el caso de La Mojana, se vienen adelantando por la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), a la espera de la Licencia ambiental para actuar, mientras los damnificados esperan con el agua al cuello.
Coincido con el Alcalde del Distrito de Cartagena Dumeck Turbay cuando afirma que exigirle a este Proyecto Licencia ambiental entraña una contradicción y con el Gobernador de Bolívar Yamil Arana cuando pone el grito en el cielo y exclama: “que un proyecto de recuperación ambiental, el más importante de Latinoamérica, requiera licencia ambiental es un chiste”. Por su parte el Gobernador del Atlántico Eduardo Verano, quien además de Constituyente fue Ministro de Ambiente, pone de manifiesto que este es “un proyecto que contempla una inversión cercana a dos billones de pesos. Tiene un componente ambiental y social, así como un manejo de las poblaciones para tratar de mejorar las condiciones de su economía”.
Este es mi tercio en la polémica suscitada, en auxilio de la postura del Alcalde de Cartagena y de los gobernadores de Bolívar y Atlántico, cuyas declaraciones, a modo S.O.S, deben suscitar el respaldo de toda la región Caribe. Unidos somos más y más fuertes!
¿Porque somos tan parroquiales? fue la pregunta que se hizo con acierto la profesora y ahora directora de relaciones internacionales de la Alcaldía de Bogotá, Sandra Borda. Un parroquialismo al que se acude con frecuencia para negarse al acatamiento de principios universales en materia ambiental, derechos humanos o estándares democráticos. Y quien mejor ha hecho gala de esa especie de deformación en nuestra tradición política, es la oposición de derecha al gobierno del Presidente Petro. Exhiben un parroquialismo que combina ignorancia académica, inocultable envidia y torpeza política.
La pregunta de Sandra Borda cobra relevancia por lo que hemos visto en lo que va del actual gobierno. En esta semana que termina, la primera gira internacional del Presidente Petro en el 2024 suscitó una destemplada reacción de distintas voces de la derecha política. Algunos se apresuraron a mentir desconociendo o minimizando la visita inmediata de Petro al Chocó luego de la tragedia que cobró medio centenar de victimas en la maltrecha carretera que comunica a Quibdó con Medellín. Otros, aparentando un tono más “serio” cuestionaron el costo del inmueble arrendado en Davos (Suiza) para promocionar el país en el marco de la Cumbre Económica Mundial. Hubo quienes ignoraron deliberadamente las razones de la visita al Vaticano, como si una reunión del Presidente con un líder de la talla del Papa Francisco no resultase importante para cualquier gobierno y Estado del mundo. Y no faltaron quienes lanzaran piedras por el papel de Colombia en la protección de la democracia guatemalteca y Centroamericana, a propósito de la posesión saboteada por la derecha, del Presidente Bernardo Arévalo.
Desde este anacrónico “ombliguismo” que consiste en que Colombia se mantenga obsesionado con su ombligo, se busca justificar una actitud de aislamiento internacional o de arrodillamiento a los intereses y la política exterior de Estados Unidos, característica de nuestra diplomacia desde la abrupta pérdida de Panamá a comienzos del siglo XX. Les da pavor que un Presidente colombiano en ejercicio proponga con altivez una revisión a la política antidrogas que se nos ha impuesto desde el norte. Les produce urticaria que en las Naciones Unidas o en las conferencias sobre el clima o en el foro económico mundial Colombia juegue un papel de liderazgo proponiendo iniciativas que comprometan a los Estados del mundo en acciones para enfrentar la crisis climática del planeta. Se burlan de la búsqueda de otros horizontes en nuestras relaciones internacionales como lo ha venido haciendo la Vicepresidenta, Francia Márquez, con los países africanos. Y les parece que el papel de Colombia en la mediación en conflictos internos de países del vecindario latinoamericano, es un asunto de vanidad del Presidente de la República.
Esta derecha es la expresión más atrasada de unas elites políticas que nos sometieron a una fracasada, costosa y violenta guerra contra las drogas. La misma que nos incorporó a la megatendencia de la globalización económica, celebrando a diestra y siniestra Tratados de Libre Comercio, sin adoptar medidas que protegieran y consolidaran nuestro aparato productivo. La misma que se rasgas las vestiduras con los informes de organismos internacionales de derechos humanos sobre Colombia. La misma que considera inaceptable que La Paz de Colombia acate el Estatuto de Roma y cuente con una permanente vigilancia, acompañamiento y apoyo de la comunidad internacional. La misma derecha que se niega a la transición energética y que puso el grito en el cielo por la aprobación en el Congreso de la República del Acuerdo de Escazú, el único acuerdo continental en materia ambiental hasta ahora expedido.
Es una derecha que no oculta su envidia del liderazgo internacional de Colombia bajo un gobierno alternativo, mientras que su líder más destacado es cuestionado política y judicialmente por graves violaciones a los derechos humanos. Pero sobre todo es políticamente torpe porque se estrellan contra un mundo globalizado en todos los terrenos. No quieren darse cuenta que no estamos solos en nuestra parroquia y que la humanidad de la que hacemos parte implica inevitables estándares que aseguran la supervivencia de la especie y del planeta.
En Davos, en su conocido populismo ambientalista, Petro insistió en la línea que echó en Dubái: he “decidido no contratar más exploraciones de petróleo, gas y carbón”, lo que lo confirma como el único presidente de país productor de combustibles fósiles del mundo que se atreve a tamaño desatino, haciendo además un ridículo internacional.
Si en esos eventos nadie contradice a Petro, es por cortesía diplomática, pero qué dirán en privado y cómo suena de duro en su contra el silencio de los países latinoamericanos petroleros dejándolo solo en su disparate, entre otros, Brasil, México, Venezuela, Guyana, Ecuador y Argentina.
Algún petrista caritativo debería decirle a Petro cómo es de incoherente que en sus viajes busque inversionistas extranjeros y que, al mismo tiempo, aparezca gobernando al país con tanta estulticia y arbitrariedad, ¡en el sector que aporta más de la mitad de las exportaciones nacionales! Y qué tal que conocieran lo que pasa en Ecopetrol, la primera empresa de Colombia, convertida en club de su clientela y abusando de ella porque pueden manejarla con normas del derecho privado, como si fuera un negocio de bolsillo.
Y ni Petro ni ninguno de sus jefes se han atrevido a presentar esta posición absurda de falso ambientalismo con más un par de frases, porque saben que si intentan sustentarla en detalle, serán destrozados en el debate.
Constituye además otra falacia plantear que pueden reemplazarse las exportaciones de petróleo y carbón por más turistas extranjeros. Porque nos les dan las cuentas y porque es una bobería innecesaria ese remplazo. Que Petro aprenda de México, que produce y exporta más petróleo que Colombia y recibe más turistas.
Repasemos otras verdades.
Es cierto que hay un problema de cambio climático y que debe hacerse una transición energética, transición, no un salto brusco, porque se revienta la economía del mundo, aún muy dependiente de la energía de los combustibles fósiles –petróleo, gas y carbón–, energía que en su totalidad no puede reemplazarse con las bienvenidas del viento y el sol. Es por esto que todos los países llevan 30 años prometiendo reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), y estas han aumentado. E incumplen nada menos que Estados Unidos –primer productor mundial de petróleo– y los demás países industrializados, a pesar de sus inmensas capacidades para asumir esa tarea.
Quien le crea a Petro pensará que los colombianos le aportamos tanto al problema del cambio climático, que debemos sacrificarnos por la humanidad. Y nada más lejano a la verdad: si Colombia destruye su economía y su sociedad para reducir sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) –las de la quema de los combustibles fósiles–, en absolutamente nada se solucionará el lío global.
Porque solo aportamos el 0,2% del total del CO2 del mundo por ese consumo, prácticamente nada, dado que Colombia es un país tan subdesarrollado que ni CO2 produce. Y esto lo saben Petro y los jefes petristas pero lo ocultan, una manera de mentirle al país, que algunos les alcahuetean por temor al látigo presidencial.
Coletilla: otras graves decisiones contra Colombia confirman el populismo de Petro. Su gobierno le acaba de hacer otro homenaje al robo de la espada de Bolívar con el que el M-19 anunció que se alzaba en armas contra el Estado. El primero había sido el 7 de agosto, en su posesión como Presidente.
Y como todos los alzamientos guerrilleros fueron errores garrafales, muy dañinos para el país, que ahora Petro los embellezca es muy equivocado para el proceso de paz y da pie a que el día de mañana otros los repitan.
La publicación del martes de archivos de la demanda de Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell incluyó transcripciones completas de declaraciones con Maxwell y el propio Epstein, y testimonio jurado de Sarah Ransome, otra presunta víctima de la red de tráfico sexual del financiero, que revela nuevas acusaciones contra figuras de alto perfil de toda la sociedad (todos los enumerados han negado cualquier sugerencia de irregularidad). (Forbes España, enero 10, 2024)
Se había hablado de la presencia de grandes personalidades del mundo en las famosas fiestas de Jeffrey Epstein o las visitas a su isla, donde delitos sexuales eran cometidos. Sin embargo, para aclarar bien este caso, es necesario saber de qué se trata la famosa lista.
Según El País de España, la lista de Epstein no es en realidad una lista. Al menos, no una lista de clientes, ni de quienes viajaron a su isla. Aunque hay algunas enumeraciones de nombres, en la mayoría de los casos las personas aparecen mencionadas en los documentos en contextos heterogéneos.
Junto a personas que cometieron actos sexuales con algunas de las víctimas, hay otras que aparecen solo de forma tangencial, porque se pregunta por ellas o porque son víctimas o empleados. En la inmensa mayoría de los casos, no hay indicios de conductas reprobables, aunque la mera aparición de un nombre se haya mostrado tóxica para su reputación, en medio de la desinformación que circula sin freno por las redes sociales, donde también han aparecido numerosas listas falsas.
Los nombres aparecen en más de 900 páginas sobre los que levantó este miércoles el secreto de sumario Loretta Preska, la jueza que se ha hecho cargo del caso de la demanda por difamación que presentó en 2015 una de las víctimas, Virginia Giuffre, contra la que fue amante y socia de Epstein, Ghislaine Maxwell. Es un primer lote de documentos al que seguirán otros.
Sin embargo, más allá de los detalles de cómo o en que contexto estos nombres fueron nombrados, está claro que con solo la presencia del nombre de una figura pública en esta lista se cuestiona todo su reputación y prestigio. Por ejemplo, el príncipe Andres, Bill Clinton o Donald Trump, de quienes ya se conocían algunos escándalos, y que, a juzgar por sus espectáculos anteriores, no es de extrañarse que estén en esta lista. Pero en este articulo me quiero centrar en Stephen Hawkins y Oprah Winfrey (quien según los documentos, no aparece como un cliente), quienes también aparecen mencionados.
Los buenos
Es el caso de Oprah. Esta mujer, cuya vida de niña no fue nada fácil, supo superar una infancia traumática y convertirse con el tiempo en una brillante comunicadora. Nacida el 29 de enero de 1954 en la localidad estadounidense de Kosciusko, en el estado de Misisipi, su abuela la cuidó hasta que cumplió los seis años. Pasó entonces a vivir con su madre y se vio abocada a un entorno infernal: sufrió abusos y maltratos físicos y psíquicos que convirtieron su día a día en un calvario. La insoportable situación determinó que a los trece años decidiera escaparse; pensó que cuando la detuvieran la llevarían a casa de su padre en Nashville, como efectivamente ocurrió.
Por otro lado, Stephen Hawkins un físico teórico británico, que a pesar de sus discapacidades físicas y de las progresivas limitaciones impuestas por la enfermedad degenerativa que padecía, es probablemente el físico más conocido entre el gran público desde los tiempos de Einstein. Luchador y triunfador, a lo largo de toda su vida logró sortear la inmensidad de impedimentos que le planteaba el mal de Lou Gehrig, una esclerosis lateral amiotrófica que le aquejó desde que tenía veinte años. Hawking fue, sin duda, un caso particular de vitalidad y resistencia frente al infortunio del destino.
De eso tan bueno no dan tanto
Incluso los más ovacionados de la historia han tenido comportamientos perversos o se han visto inmersos en situaciones absolutamente inmorales. Este es el caso Mohandas Karamchand Gandhi, más conocido como Mahatma Gandhi, abogado, activista y político indio que fundó el movimiento de la no violencia y consiguió la independencia de la India con métodos pacíficos.
Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Gandhi estuvo en contacto con los regímenes fascistas de Benito Mussolini en Italia y de Adolf Hitler en Alemania. En 1931, Gandhi participó en unas conversaciones de paz entre los gobiernos británico e indio que se organizaron en Londres. De regreso a la India, el gobierno de Mussolini lo invitó a visitar Italia, donde lo invitaron a asistir a un desfile de las juventudes fascistas italianas. En el caso de Hitler, hace algunos años salieron a la luz unas cartas en las que Gandhi se dirigía al Fuhrer como “su más sincero amigo”, un formalismo de despedida en inglés.
Igualmente, a los 36 años, Gandhi decidió hacer voto de castidad y no practicar más el sexo para alcanzar una plenitud espiritual. Por extensión, aquella decisión afectó también a su mujer, aunque ella no pudo opinar sobre el tema. Sin embargo, como el propio Gandhi explicaba, solía dormir desnudo con niñas para poner a prueba su voluntad.
Según su filosofía, un hombre capaz de contener sus impulsos en una situación así sería incapaz de mentir o herir a nadie. Sin embargo, en la sociedad actual un comportamiento así sería intolerable y Gandhi sería acusado de pedofilia, un trastorno psiquiátrico en el que los afectados se sienten atraídos sexualmente por menores.
En América Latina también hemos tenido este tipo de personajes. Rigoberta Menchú nació el 9 de enero de 1959 en Chimel, un pueblo del municipio de Uspántan, Guatemala. Al contar su historia, ella afirma que muchos miembros de su familia fueron torturados y asesinados por los militares y la policía. Su padre murió entre un grupo de campesinos que se encerraron en la embajada de España como un acto de protesta, en la confusión la policía incendio el edificio mientras ellos seguían dentro del mismo, junto a empleados de la Embajada. Menchú fue presentada a activistas de Derechos Humanos de Europa, que la catapultaron como vocera de los pueblos indígenas. El libro titulado “Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia” fue clave para promover su candidatura para recibir el Premio Nobel de la Paz en 1992. Llego a ser designada por las Naciones Unidas como “Embajadora Especial para asuntos indígenas”.
Posteriormente estos reconocimientos fueron puestos en entredicho por el Antropólogo y experto en Cultura Maya David Stoll, quien escribió el libro “Rigoberta Menchú y la historia de todos los guatemaltecos pobres”. Durante una década el señor Stoll realizo más de 100 entrevistas a conocidos y parientes de Menchú. Este autor llego a la conclusión “que el libro de Menchú es un fraude, no puede ser el testigo que pretende, porque describe experiencias que simplemente no vivió”.
Entre muchas otras inexactitudes esta que Rigoberta Menchú no aprendió a hablar o escribir español hasta la edad adulta, cuando la verdad es que estuvo becada para ser educada en el internado de las monjas belgas en la capital. Ya que era “inusualmente brillante y despierta”. De sus 6 hermanos Rigoberta se enorgullecía de niña porque corregía a los demás su torpe castellano y les decía que era “la única en la casa que sabía leer y escribir”. En otra parte narra que un hermano menor murió de desnutrición, pero se descubrió que este hermano nunca existió. Esto fue confirmado por Rosa y Nicolás Menchú, hermanos de Rigoberta, que niegan que algún miembro de su familia haya muerto de hambre.
No hay nadie absolutamente bueno ni malo
Hawkins, Winfrey, Ghandi y Menchú, nos demuestran que no hay nadie absolutamente bueno, y que, en las condiciones y con los detonadores perfectos, el ser humano puede llegar a participar de aberraciones como las reuniones de Epstein, o fundar el movimiento Indio de la no violencia. Ttodos estamos sujetos a ser los mejores o peores, dependiendo de las circunstancias en que nos encontremos en determinado momento. Somo un producto de estas.
Por eso, el o la que crea que es absolutamente bueno como Ghandi, tenga en cuenta que incluso él tuvo su lado oscuro. Para esto no hay que cometer ningún crimen o asistir a las reuniones de Epstein, solo creerse el cuento de la bondad y la superioridad moral.
Poder enviar y recibir pagos y transferencias electrónicas desde y hacia cualquier banco donde la persona o comercio tenga su cuenta, de manera fácil, inmediata, barata y 24/7 debe ser un objetivo de política pública, por las ventajas que trae para las personas y las empresas.
Esto es, que no necesite abrir un producto aquí, porque con este pago en la tienda y otro allá, porque con este le paso dinero a mi familia: el movimiento de dinero electrónico debe ser tan fácil como pasar el dinero de un bolsillo a otro, sin los riesgos e incomodidades del efectivo y sin que importe la entidad financiera desde y hacia dónde van los recursos
Las autoridades colombianas están en esa tarea y el 2024 será crucial, por ahora, al nuevo sistema de pagos le decimos el SPI (Sistema de Pagos Inmediatos) pero, luego detallo el por qué, pronto tendremos una marca que lo identifique y que esperamos se vuelva un referente para los colombianos. El SPI busca que las transacciones electrónicas ocurran sin importar, para el usuario, qué entidades financieras o autoridades están detrás de la operación.
Les digo por qué la marca es importante. En Brasil lograron tener un sistema como el que queremos, los brasileños no transfieren dinero, ellos “hacen un Pix” y eso es pagar o transferir a cualquier persona, comercio o entidad pública. Pix revolucionó la relación de los usuarios con los pagos: es fácil, inmediato y de bajo costo. En sus 3 años, ha reducido el uso del efectivo y la informalidad, impulsado la bancarización y para 2023 se convirtió en el principal instrumento de pago en Brasil con el 35% del total de transacciones, superando a las tarjetas débito y crédito.
Colombia ha avanzado mucho en sus soluciones de pago y transferencia electrónicas, pero hay importantes oportunidades de mejora para impulsar la digitalización, la inclusión financiera y el acceso al crédito formal de la mayoría de la población y los negocios. Por esto, todos debemos apoyar y cruzar los dedos para que nuestro Pix avance en 2024 y pueda nacer, finalmente, en 2025.
Para ser buen periodista hay que ser buena persona: dijo el maestro del periodismo Ryszard Kapuscinski y para promocionarse un defensor de los derechos humanos, con mayor razón hay que cuidar la imagen y la reputación. Estas dos ideas tienen que ver con el periodista y actual subgerente de televisión de RTVC Hollman Morris, quien ha estado envuelto en polémicas durante su paso por cargos públicos (gerente de Canal Capital, concejal de Bogotá y ahora en el Sistema de Medios Públicos de Colombia).
No soy militante de ningún partido político y tampoco tengo interés en pertenecer a alguno. Tampoco orquesto ningún plan para desprestigiar a quien me dio la oportunidad de ejercer mi profesión de periodista en el año 2012 en Canal Capital. Sin embargo, quiero contar mi percepción luego de año y medio de trabajo en dicho medio, que parece ser igual a la que narra Silvana Orlandelli, directora de Señal Colombia, en su carta dirigida a la gerencia de la Entidad.
El ambiente que se vivía en torno al liderazgo de Morris era de tensión, hostilidad y sigilo. Su llegada a los espacios de trabajo interno era con escoltas y rapidez, dando un aire a la cultura traqueta del patrón intocable que está en riesgo todo el tiempo.
Se mostraba desconfiado y con algo de desprecio hacia lo que no era parte de su séquito. Daba la sensación de que su gestión era el ‘alfa y omega’ de la Entidad al desconocer logros de otras administraciones. Había una tensión latente con los contratos laborales cada tres meses y la renovación de estos, pues todo dependía del nivel de cercanía que se tuviese con el gerente, sin importar las capacidades técnicas de las personas. También, hubo contratación de personal femenino cuyas funciones eran bastante limitadas y su salario abultado, en comparación a los que teníamos otros periodistas de la redacción del noticiero.
Además, existía un afán desmedido por romper la programación y extender las trasmisiones, sin importar las parrillas y los otros espacios. También era complaciente con comportamientos y actitudes agresivas de personas cercanas a él (en una ocasión tuve un cruce de palabras desobligantes con uno de estos jefes). Incluso, recibí un trato irrespetuoso y despectivo antes de salir del canal.
En agosto del 2013, fui llamado a las 10 de la noche para firmar mi contrato de prestación de servicios por los siguientes tres meses, era lunes y yo estaba de descanso, pues había trabajado el fin de semana. Cuando me reintegro el siguiente miércoles, me dicen que tengo prohibida la entrada al canal, la televisión más humana de la época, debido a que el gerente no quería saber de mi presencia.
Sin explicación alguna debí salir antes de que el señor Morris me viera por los pasillos. No obstante, el contrato firmado alcanzó a surtir el trámite en control interno y a los 8 días me llamó la jefe de emisión de ese momento porque tenía que regresar a cumplir con las obligaciones firmadas y no tener problemas legales. Debí volver y estar tres meses más cumpliendo mis funciones. Antes de irme le manifesté en su oficina, mi malestar por el trato recibido.
Doce años después reconozco que fue una conducta desobligante de acoso e irrespeto hacia una persona que empezaba su carrera profesional y que sobre todo tenía necesidad de trabajar. Como yo, muchos otros colegas y compañeros recibimos tratos que iban en contravía (como el nombre de su productora) de la filosofía que promovía el canal para ese momento. Había conversaciones recurrentes y rumores de hostigamientos de manera permanente durante el tiempo que estuve trabajando allí.
Por estas razones, creo que se debe prestar atención a las peticiones e incomodidades de la señora directora de Señal Colombia, porque son válidas y merecen ser revisadas, más cuando el espectro de poder de este grupo político administra las riendas del país. Siempre se requiere del control y la veeduría a las prácticas de todos los funcionarios; Hollman Morris y su liderazgo de la televisión pública del país no están exentos de la crítica y más cuando esta viene del grupo interno de trabajo.
Tengo agradecimiento con Hollman, porque me dio la oportunidad de trabajar y aprender sobre mi profesión, pero eso no me hace perder el sentido crítico y sensato para cuestionar el poder y las actuaciones, no del periodista hábil para hacer televisión y documentales, sino del funcionario que debe mostrar respeto por las instituciones, sus equipos de trabajo y el presupuesto que maneja. Ya son múltiples las denuncias sobre diferentes abusos y comportamientos que sobre él posan. Incluso, varios de los colegas de su generación tomaron distancia de Hollman por su personalidad y sectarismo.
Y aunque su círculo cercano insista en replicar y promover el mensaje de Morris acerca de su perpetua persecución, muy adentro de su personal de confianza habrán de reconocer la conducta de alguien que genera tensiones, dudas y polémicas de manera repetida. Además, el patrón es sistemático: una vez culmina su ciclo como jefe, aparecen los señalamientos que antes no lo hacían por miedo a perder su trabajo.
Tengo plena certeza de que esto no es un plan de desprestigio, sino de personas que les harta el discurso incluyente, pluralista y progresista de alguien que no es coherente y que aprovecha los recursos públicos para disfrazar sus ínfulas de ‘Salvador y vocero de los más pobres’.
En los 90´s, Medellín fue la ciudad más peligrosa del mundo, la describían en titulares como «Metrallín», donde «nacían muchos y se criaban pocos». Dominada por la mafia, la ciudad se sumergió en una violencia alimentada por ajustes de cuentas, actos de terrorismo y una cultura en la que se normalizaba cometer un asesinato por motivos tan pendejos como robarse una gorra o unos tenis, o simplemente por una mirada que no le gustó a otro, o peor aún por «probar finura»( matar a otro porque si). Medellín había tocado fondo.
30 años después, la ciudad se ha transformado, la violencia ha disminuido significativamente; sólo bajo el mandato del alcalde Daniel Quintero, se logró una reducción del 38% en los homicidios, ubicándola como una de las ciudades con menos violencia en Colombia, además hoy cuenta con el índice de desempleo más bajo entre las principales ciudades colombianas, situándose en un 8.6% en 2023, Medellín se enorgullece de una economía envidiable en Latinoamérica. La ciudad experimenta un auge en sectores como turismo, transporte masivo, educación superior e inversiones, así como el epicentro del género urbano y los grandes conciertos del continente, una Medellín de restaurantes y bares espectaculares, así como edificios con arquitectura espléndida.
Sin embargo, esta evolución no ha erradicado los viejos problemas. En años recientes, Medellín ha cambiado de «patrones». La corrupción de las élites en proyectos como Hidroituango y la cartelización del cemento, generaron capitales que les permitieron comprar medios de comunicación y periodistas, así como las conciencias de políticos antes considerados alternativos. A esto se suma la segregación de las clases populares, afectando a quienes estudiaron en universidades públicas, viven en comunas pobres o no están alineados con el Grupo Empresarial Antioqueño( GEA). Con la llegada de Federico Gutiérrez al poder, se observa un regreso a prácticas pasadas, como el nombramiento de secretarios de despacho mayoritariamente de universidades privadas o vinculados al GEA, mientras los medios de comunicación callan por temor a represalias de quienes pautan. Esta división entre ricos y pobres fue el caldo de cultivo para el auge mafioso en los 70’s y empujó a los pelados de los barrios hacia la ilegalidad en búsqueda de emular la riqueza de los más privilegiados.
El desafío actual para Medellín es superar esta segregación y construir una sociedad más inclusiva y justa. La tarea es tanto económica como social y ética. Se necesitan líderes y lideresas en Medellín que comprendan la importancia de cerrar estas brechas, y una ciudadanía comprometida en forjar un futuro donde cada habitante tenga igualdad de oportunidades. El progreso de la Medellín que amamos no debe medirse sólo por sus logros económicos, sino también por su capacidad para ofrecer igualdad y justicia a todos sus ciudadanos. Solo entonces, la ciudad podrá realmente superar su pasado y avanzar hacia un futuro más próspero y equitativo.
Es común encontrar a funcionarios públicos en Colombia que, en el marco de su oficio, se dediquen a hacer campaña política para aspirar a cargos de elección popular. El caso de Francisco Barbosa es más que diciente. Desde la posesión del presidente Gustavo Petro no ha hecho más que intentar subir su perfil (aunque con sus actuaciones y declaraciones termina bajándolo) con miras a ser un alfil de la derecha en la campaña presidencial de 2026.
Pensé, en un inicio, que era una percepción errática la que me sesgaba al ver al Fiscal como un agente desestabilizador de la institucionalidad y en campaña presidencial; sin embargo, la reciente columna de Ana María Bejarano “El micrófono de narciso”, el editorial del domingo de El Espectador “Un fiscal general en campaña política” y los premonitores trinos de la Senadora María José Pizarro me dejan claro que no es una cuestión mía, subjetiva, sino que ponen de presente el interés personalista que abruma a Francisco Barbosa.
No ha sido una Fiscalía con grandes réditos. Al contrario, los constantes escándalos mediáticos en los que se ha visto involucrada la Vicefiscal, Martha Mancera -bastión de Barbosa y quien seguramente lo reemplace mientras llega la nueva Fiscal-, han opacado los eventuales logros. Ha sido una Fiscalía que dedicada a deslegitimar el gobierno en el marco de declaraciones politizadas que más que afectar a Petro, lo han fortalecido institucionalmente.
Lastimosamente, la Fiscalía General de la Nación en el último periodo se convirtió -debido al actuar irresponsable de Francisco Barbosa- en un escenario político donde priman las opiniones inquisitivas sobre los debates jurídicos de política criminal. Son varios los retos que se le avecinan a la nueva Fiscal, quien todavía no ha sido seleccionada por la Corte Suprema de Justicia. Entre otros, recuperar la imagen de la entidad como una institución autónoma e independiente, revivir varios de los procesos de corrupción y narcotráfico que no salieron avante en la actual administración, establecer un entendimiento con el gobierno nacional en el marco de la Paz Total y asumir una posición inequívoca que refuerce al ente acusador con la reforma a la justicia.
La Comisión de regulación de energía y gas (CREG) levantó una polvareda con la expedición el 18 de diciembre pasado, para comentarios hasta el 15 de este mes, de la Resolución 701 028, mediante la cual “se adoptan reglas transitorias en el precio de bolsa del Mercado de energía mayorista durante el período del Fenómeno de El Niño”, asumiendo que este se prolongará hasta el mes de abril, cuando según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) se podría prolongar hasta el mes de junio. Como antecedente es muy importante recordar que el Presidente Gustavo Petro anunció en la clausura del XXIV Congreso de ANDESCO en septiembre de 2022 la intervención de la CREG y asumir sus funciones en respuesta al brote alcista de las tarifas de energía que venía despertando protestas e inconformidad entre los usuarios de este servicio tan esencial.
Según manifestó el Presidente Petro “si no se anuncia un porcentaje de reducción significativa en las tarifas de energía por parte de las empresas, el Gobierno tomará medidas más radicales…Si vemos que no hay voluntad suficiente de estas empresas, otras decisiones serán tomadas”. A renglón seguido la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez anunció al país que “cumpliendo con lo que el Presidente Gustavo Petro dijo hace ocho días, hoy anunciamos al país que antes de finalizar el año los colombianos verán una reducción en su tarifa de energía.
De la amenaza se pasó a la concertación con las empresas auspiciada por la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, dando lugar al denominado Pacto por la Justicia tarifaria, tendiente a reducir las tarifas, que se firmó en Medellín en la sede principal de ISAGEN, el cual destacó la Ministra como algo “inédito”. Al final dicho Pacto fue un fiasco total, la rebaja no superó los 4 puntos porcentuales, atribuible en gran medida a la suspensión temporal del cobro de la deuda de los usuarios por concepto de la opción tarifaria que ya supera los $5 billones4. Concluyó el año 2022 con un alza de la tarifa del 22.4% en promedio a nivel nacional y en la región Caribe entre 26.28% y 37.19%, en contraste con el 13.12% del Índice de precios al consumidor (IPC). De poco sirvió el tal Pacto por la Justicia tarifaria.
El Presidente Petro volvió a la carga y expidió el Decreto 0227 fechado el 16 de febrero de 2023, a través del cual “se reasumen algunas de las funciones presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios”. A poco andar el Consejo de Estado suspendió como medida cautelar los efectos del mismo por considerar que tales funciones, especialmente las atinentes al régimen tarifario, están sometidas a reserva legal, habida cuenta que Las leyes 142 y 143 de 1994 se las atribuyó a la Comisión de regulación de energía y gas (CREG).
El zaperoco de la CREG
Después del fallido intento por parte del ejecutivo de arrogarse las funciones propias de la CREG, el mismo Consejo de Estado que se le atravesó en su intentona, anuló el nombramiento de varios de los expertos comisionados que hacen parte de la misma, quedándole servida en bandeja de plata al presidente Petro. Pero, increíblemente, en lugar de integrarla nombrando en propiedad a sus reemplazos optó por designarlos en encargo, con lo que la Comisión entró en interinidad, perdiendo de paso la autonomía que le reconoce la Ley, luego se daría una especie de apagón regulatorio debido a que carecía de quorum reglamentario para tomar decisiones y así entramos en un limbo prolongado perdiendo un tiempo precioso en el cumplimiento de sus funciones y competencias.
Inaudito, después que se quiso intervenir a la CREG y se intentó sin éxito, ahora que por un hecho fortuito quedaba en sus manos, el Gobierno no supo qué hacer con ella. Esta situación se prolonga, porque de los 6 expertos comisionados sólo se han nombrado 4 y sólo uno de ellos en propiedad (¡!). Entre tanto el año anterior el aumento de la tarifa de la energía, una vez más, superó el 20%, más del doble del IPC, que registró el 9.28% (¡!).
En medio de este zambapalo, el 13 de junio de 2023 la CREG expide la Resolución 101018, dizque para controlar las ofertas de precios de los generadores mediante “un esquema de vigilancia que permitiera detectar el posible ejercicio de poder de mercado”, al que el Superintendente la atribuía la escalada alcista de los precios de la energía en Bolsa y de la tarifa de energía a los usuarios finales. Y si ello venía dándose, no se entiende por qué no se apeló al artículo 126 de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, el cual prevé que las fórmulas tarifarias “excepcionalmente podrán modificarse en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, cuando sea evidente que se cometieron graves errores en su cálculo, se lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa”. ¡Sin embargo, con esta Resolución, como diría el poeta, todo pasó sin que pasara nada!
En el mes de julio del año anterior se produjo el relevo en el Ministerio de Minas y Energía y asumió Andrés Camacho, quien con las mismas razones que se esgrimieron para expedir la Resolución anterior y se amagaba con meterle la mano a la formación del precio, se procedió a intervenir el mercado mayorista de energía, luego que los precios en Bolsa se elevaron escandalosamente, superando el precio de escasez, trepándose por encima de los
$1.500 el KWH7. Con tal fin, al cierre del año anterior, se expidió la Resolución a través de la cual se estableció un tope de $532 el KWH al precio en Bolsa, cambiando las leyes del mercado por unas “reglas transitorias” que, a la postre en lugar de beneficiar al usuario final lo perjudica.
Se trata, como lo afirma la Directora ejecutiva de Asociación de grandes consumidores de energía ASOENERGÍA Sandra Fonseca “de una intervención híbrida al precio de Bolsa, que mezcla un esquema marginal para plantas variables (hidro, solar y eólicas) y uno de costos (térmicas). Que, a propósito de estas últimas, al fijar el precio en Bolsa de $532 por KWH, se asume por parte de la CREG que, como lo acota el Director ejecutivo de la Asociación Nacional de empresas generadoras (ANDEG) Alejandro Castañeda, “el precio de generación con gas natural nacional, el cual sólo representa el 3% de la energía en firme del país, dejando al 70% de las plantas térmicas subremuneradas, sin posibilidad de recuperar el capital invertido y sin rentabilidad”, atentando contra uno de los principios rectores de esta actividad, según lo reconoce la Ley de servicios públicos, el de las suficiencia financiera, que va de la mano con el de los costos eficientes.
Y ello en momentos en los que, merced al fenómeno de El Niño el parque de generación térmica ha pasado de un 15%, en promedio, de participación en la generación de electricidad en condiciones normales, al 45% y de contera en vísperas de la apertura de una nueva subasta de expansión de Cargo por confiabilidad, pues esta es una pésima señal para los eventuales inversionistas, generando un riesgo de desabastecimiento de energía en el mediano y largo plazo, estropeando de refilón la Transición energética, que, dada la intermitencia de le energía eólica y la solar – fotovoltaica, no es viable si no se cuenta conel respaldo de la energía térmica y la hídrica, de las cuales no se podrá prescindir a la bulla de los cocos.
Los usuarios serán los paganines
Según el Ministro Camacho, “ninguna de las medidas tomadas va a afectar negativamente las tarifas de energía. Nosotros venimos, desde que arrancó el Gobierno, con el propósito de bajar las tarifas de energía y todas las medidas que estamos tomando buscan cumplir ese propósito”. Y añadió, “la medida que se está adoptando tiene unas condiciones que buscan aplicar en uno de los segmentos de la cadena que es la generación”. Él está pensando con el deseo. El quid del asunto está en que la adopción de tales condiciones “que busca aplicar en uno de los segmentos de la cadena”, terminan por afectar a los otros segmentos de la misma cadena y al final no sólo puede hacer nugatorio lo que se propone sino que lo puede tornar contraproducente. Y este es el caso.
De aplicarse la disposición prevista en esta Resolución que le establece un techo al precio en Bolsa, este sólo impacta, en promedio, al 20% de la energía transada, lo cual limita su efecto, traduciéndose en una reducción en uno de los cargos de la fórmula tarifaria, el de la generación (G), que podría representar una baja entre $60 y $100 el KWH. Pero, concomitantemente, como lo afirma el Director ejecutivo de Óptima consultores Alejandro Lucio, “la resolución de intervención pone a cargo de la demanda, a través del componente de restricciones, el diferencial entre el costo de la generación térmica y el nuevo precio de bolsa intervenido. Este costo sin duda debe ser reconocido, pero claramente asociado al componente que lo genera, no ahondando la bolsa de costos escondidos inherente a este componente tarifario”. Ello se traducirá en un incremento en la tarifa al usuario final de $350 por KWH, aproximadamente, a través del cargo por restricciones (R) de la fórmula tarifaria. Si descontamos de este la disminución en el cargo por generación (G), el saldo neto en contra del usuario un incremento entre el 25% y el 30% en su factura de electricidad.
Por lo demás, como lo acota el experto Alejandro Lucio, la cifra de $530 por KWH, que sale del magín de la CREG, es “un valor completamente arbitrario. En esencia, se les limita su margen (a las hídricas), pero no se les acaba. Percibir ese valor puede ser un costo de oportunidad, pero no dejan de percibir rentas interesantes cuando venden su energía”. Y para rematar “además, y acá está la paradoja, se les está techando el precio que deben pagar por aquella generación que no puedan producir, justo cuando no la van a producir. Al final se les hace un favor” al generador hídrico a expensas de los usuarios, que es al que, según el Ministro Camacho, se busca proteger de los abusos de posición dominante en que incurran los generadores.
A todas las críticas que desde distintos flancos le han llovido a la Resolución de marras, el Ministro Camacho se ha limitado a afirmar, pero sin ningún sustento técnico, que “los
impactos que esto pueda tener en otros segmentos, como en las restricciones o en la comercialización y distribución, los estamos evaluando y tomando medidas para cumplir el propósito de bajar tarifas”13. Y repite la cantinela de que “todas las medidas están orientadas a bajar las tarifas y tener costos eficientes y justos para la gente”14. Pero los hechos son tozudos, como lo sostiene la Directora ejecutiva de ASOENERGÍA, “la gran mayoría de los colombianos podrían estar pagando alrededor de 2,4 billones de pesos más en sus facturas de energía entre enero y abril del 2024 en caso de materializarse el proyecto de resolución”.
Están en juego la confiabilidad y firmeza del SIN
Esta medida, de aplicarse tal cual como está proyectada, agudizaría la tendencia inercial al alza de la tarifa de energía y de paso acarreará, como lo sostiene el experto Alejandro Lucio, “mayores costos por confiabilidad, asumiendo que esos requerimientos de firmeza se consigan completar en la próxima subasta de cargo por confiabilidad (si es que ante esta intervención algún inversionista de un proyecto térmico se anima a participar en la misma) o en el peor de los casos, un no muy lejano déficit de energía firme que en el próxima sequía, y por qué no en la que estamos viviendo, nos lleve al apagón”.
Esta alza en la tarifa de energía se vendría a añadir a la que se derivará del cobro a partir de la factura de enero de este año, como lo dispuso la Resolución 101 029 del 24 de noviembre de 2023 expedida por la CREG, de la deuda, con sus intereses causados, que por concepto de la opción tarifaria tienen todos los usuarios con las empresas prestadoras del servicio de energía que, como es bien sabido sobrepasa la suma de los $5 billones, cuyo impago las había puesto en calzas prietas, al punto que el Gobierno tuvo que abrirles un crédito en FINDETER para solventarlas y evitar así un apagón financiero de las mismas. Esta es la cereza del pastel envenenado de la espiral alcista de las tarifas de energía, la cual tiene su principal catalizador en el déficit en la oferta de energía, debido al atraso y al aplazamiento de importantes proyectos, tanto de generación como de transmisión, con un margen de maniobra que no supera el 5%, manteniendo al Sistema interconectado nacional (SIN) en el máximo grado de stress.
Suena en mi cabeza “a perfect day” de Lou Reed. Esta es la primera canción que, después del tradicional vals, bailé con mi marido el día de mi boda. Pese a lo que muchos piensan es una canción de amor maravillosa.
Sí, Lou se la dedicó a la heroína, su droga favorita. Sí, tal vez no sea éste el amor perfecto al que todos aspiramos.
Yo tengo la osadía de cambiar el sentido de la letra y adjudicarme todo ese amor y ese día perfecto que canta Reed a mi vida, porque si algo bueno tiene la música, y el arte en general, es que podemos personificarlo, es decir, hacerlo nuestro. Darle en cada ocasión un nuevo sentido, conforme a lo que nos trasmite en ese momento.
No sé porqué les cuento esto estando el mundo como está; cesiones a la derecha catalana que ponen más distancia entre españoles, listas de hombres y mujeres poderosos que visitaban con más o menos frecuencia la Isla de Epstein, el hartazgo de los granjeros y agricultores alemanes ante la retirada de ayudas a su sector – por cierto qué amables son los agricultores en sus protestas: nos regalaron patatas a todos los vehículos que nos pilló por sorpresa su paro-, retirada del libro del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto para la Doctrina de la Fe,… Pareciera que el mal está desbocado. Ante tanto mal, ponga yo un granito de amor: les regalo una receta para el día perfecto.
El tiempo sin sentido, la prisa
Mi día perfecto hoy no es beber sangría en el parque hasta que oscurezca, ni dar de comer a los animales, ni siquiera es no tener problemas, como el día que narraba Reed en esa canción de mi banda sonora.
Mi día perfecto es lograr hacer bien todas las tareas del día, meterme en la cama y saber que no echo nada en falta.
La vida es rutina. Cada día, con pequeñas variaciones, el común de los mortales repetimos los mismos actos una y otra vez. Las rutinas llenan nuestras horas, nuestros días. La clave está en vivir la pausa, lejos de la prisa. El gran lujo de hoy es vivir con salud y sin prisas.
Cuando dejo que la prisa de adueñe, acaba arruinándolo todo: el humor, del ánimo y el resto del día. Esa es la verdadera pobreza de nuestro tiempo; el exceso de prisas, la falta de tiempo, la vida sin pausa. Las prisas nos hacen tener una larga lista de tareas pendientes, de vivencias sin sal, de añoranzas y faltas. Las prisas nos roban el tiempo y ese es el mayor de los desasosiegos, saber que no tienes tiempo para todo lo que quieres hacer. Por eso son importantes los rituales.
Irse feliz a la cama
Desde que me levanto hasta que me acuesto todo tiene un sentido y, o bien rutina, o bien ritual, cada acto tiene un valor en sí mismo que al final del día hace que el todo haya merecido la pena.
Las rutinas, esas que uno hace mecánicamente, sin pensar, sin esperar a que apetezca, sin demasiada historia alrededor son necesarias porque nos organizan, priorizan. Levantarse es la peor de las rutinas, porque nunca apetece. A mi, ¡jamás!
La vida sin pequeños rituales llevaría a cualquiera a la depresión más absoluta. ¿Se imaginan su día a día sin esas perlas de amor a uno mismo que de forma gratuita podemos darnos y mejoran ostensiblemente nuestro día? Esas perlas son los rituales. Esos pequeños actos que hacemos con cariño o plenamente conscientes de ellos o con un especial cuidado. Además, cuando llenamos el día de rituales, ellos nos devuelven ese amor, esa consciencia, ese cuidado alegrándonos el día, haciéndolo algo más perfecto. Me explico:
En mi caso, hacer la cama es un ritual; me gusta hacerla con cuidado, estirando bien todas las sábanas, aireándolas, ahuecando almohadas y almohadones, remetiendo bien las sábanas. A veces incluso la perfumo con aromas. Me chifla saber que cuando vuelva a ella cansada y dispuesta a recuperar la energía que he ido dejando desperdigada por el campo alemán en el que vivo, sus sábanas me van a arropar con la firmeza que necesito, haciéndome sentir que por fin descanso en un maravilloso regazo, como un bebé. Mi cama es gozosa y es el lugar en el que más tiempo paso- más de nueve horas seguidas y me parecen pocas- así que, qué mejor manera de quererse a uno mismo que cuidar sus propios momentos. A esto me refiero.
Lo mejor que tienen los rituales es que en la mayoría de las ocasiones mejoran la vida del que tenemos al lado. Así por ejemplo preparar el café, llevar a los niños al colegio, poner la mesa del almuerzo o sacar a los perros pueden convertirse en rituales si ponemos más amor y consciencia en lo que hacemos, añadimos la pausa. ¿Me siguen? Para eso , para ser más conscientes de ello, necesitamos erradicar por un momento, al menos, la prisa. Estar más presentes y abrazar durante ese tiempo la pausa, la calma. Acariciar el lujo que es hacer algo para uno mismo, o para los demás, con todo el amor y la consciencia que somos capaces.
A mas rituales, más pausa, menos prisas y más cerca estamos del día perfecto y de irnos felices a la cama.
No echar nada en falta
Este es el último ingrediente. Tal vez el más complicado. Se merece mil palabras más. Pero les adelanto que nada mejor que vivir en el agradecimiento para no echar nada en falta.
Hago parte de quienes queremos que Barranquilla recupere la sede de los Juegos Panamericanos. Pero la verdad es que no se ve nada fácil. Porque el Comité Ejecutivo de Panam Sports decidió, “unánimemente, retirar la sede de los XX Juegos Panamericanos”, dados “los innumerables incumplimientos del contrato vigente”. E invitó a inscribirse a las ciudades americanas que deseen reemplazar a Barranquilla, interés que han expresado cinco de ellas. La decisión final se tomará al terminar enero.
Hablan de “incumplimientos” porque el gobierno nacional no cumplió con los cuatro millones de dólares que se comprometió a pagarles al finalizar 2023, además de los otros reclamos que Panam Sports le planteó en agosto y octubre pasado, fallas que rompieron la confianza en un negocio al que Colombia debía invertirle 500 millones de dólares, según el cálculo de la actual ministra del Deporte, Astrid Rodríguez (Ver enlace).
Barranquilla le advirtió al presidente Petro que los incumplimientos del gobierno podían hacer perder la sede de los Juegos y sobre el daño reputacional (Ver enlace). En contraste, una semana antes de posesionarse como ministra del Deporte, María Isabel Urrutia se dirigió a Gustavo Petro poniendo en duda seguir con los Juegos, por ser una decisión del gobierno anterior, por sus altos costos y porque se realizarían cuando él ya no fuera Presidente (Ver enlace). Y Petro no la corrigió, ni siquiera para que lo escuchara Neven Ilic, el presidente de Panam Sports.
Y en marzo de 2023, cuando María Isabel Urrutia salió del ministerio, Neven Ilic hizo saber su inconformidad con lo que ocurría: “No tuvimos un diálogo claro con las autoridades, así que el avance con estos juegos ha sido casi cero”.
Aunque el Comité Organizador de los Juegos se constituyó el 4 de agosto de 2022, su primera reunión fue en noviembre de 2023, ¡quince meses después!, confirmando el desgano del presidente Gustavo Petro, desinterés ratificado porque acaba de saberse que la ministra del Deporte nunca tramitó en el Ministerio de Hacienda la plata que tenía que aportar el gobierno nacional.
Ojalá Barranquilla pueda recuperar la sede de los Juegos Panamericanos.
También les ha ido mal a Barranquilla y a la Costa Caribe con las tarifas de la electricidad. Su rebaja, tan anunciada el primer semestre del gobierno de Gustavo Petro, se quedó en demagogia. Pues en 2023, A-ire, y muy parecido ocurrió con Afinia, subió las tarifas en 32,48%, cuando la inflación fue de 9,28, es decir, porcentualmente, aumentaron el triple de la inflación. Un verdadero abuso contra el pueblo caribe.
Este atropello se debe a que el presidente Petro, en vez de cambiarlo, dejó en vigor el Régimen Tarifario Especial que Iván Duque aprobó para la Costa Atlántica. Y también le mantiene en secreto los precios que A-ire y Afinia pagaron por sus partes de Electricaribe, aunque se sabe que es 8,5 veces menos que la suma a la que le aplican la tasa de ganancia, desvergonzado abuso que también eleva las tarifas.
También les ha ido mal a Barranquilla y a la Costa Caribe con la promesa del candidato Gustavo Petro a los sectores populares de que les daría electricidad gratis por energía solar. Porque ya se sabe que los planes de su gobierno son pequeñísimos frente el número de hogares de la región y porque si llega a haber algo gratis, no será “porque el sol es gratuito”, como con demagogia dijo en campaña, sino porque el gobierno lo subsidie, pues quien deje de pagar las facturas de las redes tradicionales se quedará sin el servicio.
Llevamos años agotados por el tráfico de Bogotá. Según la Encuesta de Movilidad Bogotá-Región 2023, los viajes en transporte público en la ciudad promedian una hora y veinte minutos, cifra que se incrementa en los estratos más bajos, y una de las razones que colocan hoy a Bogotá en el lamentable cuarto lugar del ranking de ciudades latinoamericanas con peor tráfico.
Bogotá necesita terminar su infraestructura de transporte, porque la falta de vías adecuadas no solo limita la productividad de la ciudad, sino que también encarece los costos de producción, los precios y dificulta la reducción de los tiempos de desplazamiento, lo que impacta directamente en el crecimiento económico y el empleo. Aún con esto, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que se adoptó en 2021 para Bogotá eliminó el tramo norte de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), una arteria vital para la ciudad, con el propósito de construir la Ciudadela Educativa y del Cuidado. Esta decisión anula años de esfuerzos técnicos y financieros invertidos en los trazados, los diseños y la compra de predios destinados para la construcción de esta importante avenida, presente en el Plan Vial de Bogotá desde hace más de 60 años.
El POT, un instrumento esencial para el ordenamiento territorial debería tener una visión a largo plazo, que facilite el acceso a vías públicas con infraestructura de transporte y priorice el interés general sobre el particular. La administración anterior pasó por alto estos principios y adoptó una perspectiva de corto plazo que no considera el crecimiento de los hogares y la población proyectada para Bogotá y la región. Además, la historia reciente de la ALO plantea dudas sobre la primacía del interés general en el ordenamiento territorial y sobre la transparencia de la administración anterior.
En los últimos meses de 2023, y de manera apresurada con evidentes intereses políticos, la administración anterior adjudicó la construcción de la ciudadela, a pesar de todas las voces de advertencia; un proceso que se caracterizó por la falta de una adecuada planeación contractual y la continua alteración de las reglas de juego que generaron un escenario de incertidumbre.
En primer lugar, la selección de la constructora Las Galias, una empresa con deudas significativas con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo), el operador urbano del proceso se realizó antes de establecer el marco normativo necesario para la actuación estratégica, indispensable para determinar con exactitud los elementos de captura de valor del suelo. En segundo lugar, se realizaron múltiples adendas, incluso el mismo del cierre para presentar propuestas, añadiendo un manto de duda adicional al procedimiento administrativo. En tercer lugar, mediante este proceso licitatorio, y de manera inadecuada en términos legales, se impusieron una serie de competencias a Renobo. En cuarto lugar, los predios de distinta naturaleza, privada, pública y de espacio público, comprados para la construcción de la ALO, siguen bajo la tutela del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), y hoy el proceso no cuenta con el vehículo fiduciario necesario para hacer su transferencia a Renobo. Por último, la falta de indemnización en caso de inviabilidad del proyecto, contemplada en el proceso, agrega más incertidumbre, exacerbando las sospechas sobre la premura con la que se llevó a cabo este procedimiento. Estas irregularidades fueron las que motivaron a la Procuraduría General de la Nación a solicitar la terminación del proceso de construcción de la ciudadela y al alcalde Mayor de la ciudad Carlos Fernando Galán a solicitarle a su equipo revisar el proceso.
Es por todo esto que insisto en la revisión de la eliminación del tramo norte de la ALO en el POT, y del proceso acelerado de adjudicación que a todas luces está cargado de intereses políticos claros y de irregularidades. Los invito a que salvemos la movilidad de Bogotá, preservando el trazado completo de la ALO. Busquemos soluciones. La Ciudadela puede construirse en otro lugar donde también cumpla el propósito de dotar a la ciudad con los mejores equipamientos. Necesitamos defender la ALO para que con las futuras generaciones podamos decir ¡Vivamos Bogotá!
Urabá cuenta con una población de 508,802 habitantes, distribuidos en 11 municipios: Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Turbo, Murindó y Vigía del Fuerte. Esta región es considerada una cuna de talentosos deportistas olímpicos, contribuyendo de manera significativa al panorama deportivo Nacional. En el año 2021, el 15% de los 71 deportistas colombianos que representaron al país en diversas disciplinas eran oriundos de Urabá. Este dato resalta la importancia y el impacto que Urabá tiene en el ámbito deportivo.
Llevar a cabo los Juegos Nacionales 2027 en Urabá sería un merecido homenaje y reconocimiento a su valioso aporte al panorama deportivo colombiano y a la destacada contribución al prestigio del país en el ámbito deportivo internacional. Deportistas notables como Ceiber Ávila, quien no solo representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sino que también se destacó al obtener la segunda medalla para el país, demuestran el potencial que Urabá tiene para producir deportistas de alto rendimiento en diversas disciplinas.
Caterin Ibargüen, reconocida como la mejor atleta del mundo en el año 2018 por la Federación Nacional de Atletismo, es otro ejemplo destacado. Originaria de Urabá, Ibargüen ha dejado una huella imborrable en el deporte colombiano, cosechando medallas de oro en pruebas de salto largo y salto triple. Su éxito no solo ilumina la región, sino que también inspira a las generaciones futuras de atletas locales.
Evento que también contaría con un mensaje profundo de paz, recordemos que los municipios que integran Urabá, eje bananero, han estado envueltos en situaciones de violencia desde 1988, presentándose despojo de tierras, desplazamientos forzados, masacres como consecuencia del conflicto armado que lo azotó durante décadas por grupos como las Autodefensas Campesinas.
Con el desarrollo de los Juegos Nacionales del 2027 no solo buscaría destacar la resiliencia y superación de la región frente a estos desafíos, sino también mostrar la Urabá de pesca, ganadería, agricultura, turismo y su impresionante paisaje costero, elevando su alto potencial económico y cultural.
Una ventaja significativa para Urabá es que la región cuenta con el 70% de los requisitos establecidos por el Ministerio de Deporte para ser la sede de los Juegos Nacionales, según compartió Sergio Roldan, gerente de la candidatura de Urabá 2027. Este aspecto positivo acerca a Urabá al anhelado evento y, entre los proyectos en marcha, destaca la planificación de una sede deportiva para acoger a las 33 delegaciones participantes.
Urabá, con determinación y visión, demuestra que está lista para brillar como anfitriona de un evento que promete no solo deporte, sino también unidad y celebración a nivel nacional.
