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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

¿A qué está jugando Hugo Ospina?

Los bogotanos no podemos caer en el juego de una persona como Hugo Ospina que un día dice apoyar a los cerca de 100 mil comerciantes, empresarios y emprendedores de varios sectores que vienen adelantando la campaña «Súmate» asegurando que está preocupadísimo por la economía de la capital del país y se toma la foto con ellos, para luego convocar a un paro de taxis amenazando a la ciudad de paralizarla sino le hacen caso a sus exigencias.

Sorprendido quedé al verlo en la mesa sentado junto a los empresarios del sector textil, del calzado y de bares y restaurantes, prometiendo estrategias para impulsar la economía de la capital del país durante la temporada de diciembre y diciendo además que no permitiría que el gremio de taxistas promoviera jornadas de protestas.

 

Hoy vemos que sucede todo lo contrario porque el señor Hugo Ospina está invitando a todos los taxistas en Bogotá a una nueva protesta, dando a entender que harán bloqueo de vías, especialmente en la Avenida El Dorado.

Desde hace mucho llegó a mi cabeza la idea de que el señor Ospina no es sino una persona que en su afán de protagonismo busca llamar la atención a como dé lugar, y poco le importa los métodos para conseguir su objetivo de hacerse popular.

No puede ser que los bogotanos permitamos que un sujeto que utiliza un lenguaje provocador y amenazante para llamar la atención nos amenace con paralizarnos y volvernos la vida de cuadritos el día que se le antoje.

He tenido la oportunidad de dialogar con algunos taxistas acerca del tema, quienes me han dejado claro que si el señor Ospina desea parar los dos o tres taxis que están a su nombre, bien puede hacerlo, pero que ellos no, entre otras, porque hoy por hoy, quienes conducen los vehículos amarillos en la mayoría de casos no son sus propietarios sino personas que deben no solo conseguir su sustento diario sino además tiene que pagar una cuota a los dueños del carro, a quienes poco les importa las razones que tiene don Hugo para protestar.

Si hay inconformidades bien sea con el Distrito o con el Gobierno Nacional, y si estos no atienden ni abren canales de diálogo, bienvenida la protesta siempre y cuando sea pacífica y no afecte el normal funcionamiento de toda una ciudad, pero, que un sujeto que busca afanosamente popularidad nos amenace con volvernos la vida de cuadritos no se puede permitir, y en eso el llamado que hace la alcaldesa Claudia López a la Fiscalía para que actúe, es totalmente válido.

@sevillanoscar

Impuesto Predial

El viejo IGAC mantenía tan desactualizados los catastros que la demora en cada actualización repartía el descontento entre diferentes zonas del país. Es probable que, si las actualizaciones catastrales si hicieran al mismo tiempo, fuera políticamente imposible hacerlas. Independiente de la tarifa del impuesto, al subir tanto el valor del predio desactualizado, el monto a pagar se podía multiplicar varias veces. Por ello, no hay que satanizar la propuesta del gobierno, hay que estudiarla y si es responsable fiscalmente, le ofrece un alivio al contribuyente, y es esencial para la formalización de los predios rurales, el Congreso está en su deber de darle trámite.

El impuesto predial no es del orden nacional sino municipal, los concejales fijan la tarifa acorde con un marco de ley, pero lo que cambia es que ahora la valuación de la tierra ya solo no la hace el IGAC. Con años de atraso, pero también de progreso económico, al actualizar el valor de los predios en Colombia se va a disparar el monto de pagos de impuesto predial. Con tantos municipios en proceso de actualización, gracias a que no tienen que esperar al gobierno central, el descontento no va estar aislado sino más bien generalizado.

 

La antigua Ley 44 de 1990 simplemente decía que, de un año a otro, a un contribuyente no le podían incrementar el predial más del 100%. La Ley 1995 del 2019 actualizó el cálculo del incremento, creando un tope de 50% para predios de valor menor a 135 salarios mínimos. El reto que deja la ley es que para los inmuebles cuyo valor es superior a esos $157 millones, los incrementos por pago de predial podrían alcanzar el 1.000%. Un incremento claramente inviable de pagar en este contexto de desaceleración económica.

El proyecto de ley crea una senda para moderar los radicales aumentos de predial que se vienen: predios menores a 135 smlv con tope de 50% de incremento, predios entre 135 y 250 smlv con tope de 100% de incremento, y así gradualmente hasta los predios que valgan más de 500 smlv tope de 300% incremento.

Si bien están autorizando incrementos, estos no son alzas de impuestos sino tienen su razón de ser en la actualización de la base catastral. El congreso puede determinar si la senda propuesta puede ser moderada. Si un municipio considera que estos son muy altos, estos concejos municipales que están recién electos son autónomos para disminuir tarifas si así lo consideran. La no aprobación del proyecto en zonas como Bogotá, Medellín o Cartagena entre muchas sería mucho peor.

Ejemplos como el de Barranquilla que en vez de depender del IGAC o los catastros de otros municipios construyo capacidades propias. En parte, su mayor eficiencia catastral explica la fortaleza financiera que tiene Barranquilla. Como tiene plata, puede invertir. También se facilita que, al estar actualizando permanentemente el catastro, los ciudadanos no sienten cambios tan bruscos como el que viene.

Es ineficiente que paguen pocos impuestos los predios de alto valor. La paquidermia estatal por un tiempo permitió impuestos artificialmente bajos, el ajuste debe manejarse, pero no se debe parar. Se requiere mejorar los ingresos propios de las entidades territoriales.  Muchos alcaldes ya han mostrado que, con recursos para inversión, se puede avanzar con el desarrollo.

Simón Gaviria

Una mala y otra buena

Amylkar D. Acosta M1

El niño no es un juego

 

El mes de noviembre se nos vino con dos noticias de gran impacto para el sector energético del país, una mala y otra buena. Comencemos por la mala. Esta corrió por cuenta del Instituto de Hidrología, meteorología y estudios ambientales (IDEAM), oficializando el advenimiento del fenómeno de El Niño. Así lo dejó establecido su directora Ghisliane Echeverri, al advertir que “se cumplen los criterios técnicos para esta declaratoria oficial”2, aunque se sabía que se venía gestando desde el mes de mayo.

Como es bien sabido El Niño se asocia con el verano, la sequía, por ello causa desconcierto que dicho anuncio coincida con lluvias torrenciales que causan inundaciones en gran parte del país. Según el subdirector de meteorología del IDEAM, “el territorio nacional está afectado por otros fenómenos meteorológicos que causan precipitaciones en el corto plazo”3.

Esta aparente paradoja nos lleva a precisar el concepto del Cambio climático, que por muchos años se caracterizaba como el calentamiento global. Si bien es cierto, como lo reveló el Panel de expertos de las Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés), creado en 1988, existe una estrecha correlación entre las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI), de los cuales el dióxido de carbono (CO2) representa el 80%, cuyas emisiones se atribuyen a las energías de origen fósil y la temperatura global, la cual se ha elevado hasta xxx con respecto a la era preindustrial. En los último años se ha venido superando un record tras otro y se pronostica que este año se batirán todos los records desde que se tienen mediciones meteorológicas (¡!).

En rigor debería hablarse más bien de variabilidad o desorden climático, pues nada impide que se presenten sequías y altas temperaturas mientras transcurre la Niña y temporadas de pluviosidad, acompañadas de bajas temperaturas en medio del Niño. Estos fenómenos extremos de la Niña y el Niño revisten tres características, de las cuales hay que tomar nota, a saber: no son cíclicos o estacionales, son impredecibles, son cada vez más recurrentes y por último son cada vez más fuertes y duraderos. Eso sí, ningún Niño se parece a otro

Niño y ninguna Niña se parece a otra Niña, cada cual tiene sus propias peculiariedades.

Después de la Niña de 2010 – 2011, acaba de registrarse una más prolongada, que duró tres años (2021 – 2023). En efecto, según el más reciente reporte del IDEAM, la probabilidad de que esta vez el fenómeno de el Niño sea fuerte se ubica entre el 75% y el 85%. Se espera que se prolongue hasta el mes de junio de 2024, siendo los meses de noviembre de este año hasta enero del año entrante el período de su mayor intensidad. Tiene toda la razón la Ministra de ambiente y desarrollo sostenible Susana Muhamad al aseverar que el Niño no es un juego!

¡El precio en bolsa a la baja!

La otra noticia, la buena tiene que ver con el desplome del precio de la energía en Bolsa. Después de superar el precio de escasez, según XM, la empresa que administra el mercado mayorista, su cotización pasó de $1.479,18/KWH el 24 de octubre a $371,72/KWH el 29 del mismo mes.

Ello se explica por dos factores: el primero de ellos la entrada en operación otras dos unidades, para completar cuatro de ocho del megaproyecto de generación de HIDROITUANGO y la repotenciación de TERMOCANDELARIA. Estas dos nuevas turbinas en operación, en el primer caso, le incorporan la Sistema interconectado nacional (SIN) 600 MW de potencia adicionales. Por su parte TERMOCANDELARIA amplió y modernizó sus plantas, las cuales pasaron de 2 unidades de ciclo simple a 3 en ciclo combinado, elevando su eficiencia del 34% al 53% (¡!). Ello se tradujo en la incorporación de 252 MW adicionales al SIN. Sumados, estamos hablando de una mayor oferta de energía de 852 MW, lo cual permite contar con una capacidad instalada de generación total de 19.929 MW de potencia.

Esta mayor oferta de energía viene a aliviar el stress al cual está sometido el SIN por cuenta del atraso en la ejecución de múltiples proyectos de generación y ello ha venido presionando al alza los precios de la energía en Bolsa. De hecho, en 2023 sólo ha entrado en operación el 16% de la nueva generación de energía que se proyectó. Deberían haber entrado 6.608 MW de nueva capacidad, pero hasta la fecha sólo se han conectado 1.062 MW. Bien dijo la Gerente del Mercado de energía de XM Cecilia Maya que “las estadísticas no ayudan” 4 . Hoy por hoy, gracias a la entrada en operación de esa mayor capacidad de generación el margen de maniobra entre oferta y la demanda pasó del 2.7% al 5%. A propósito, conviene recordar que, en 2015, cuando estuvimos a punto del racionamiento de energía por cuenta de El Niño se

tenía una holgura del 6.39% y sólo nos pudo salvar el ahorro del 5% del consumo gracias a la campaña, que resultó exitosa de “apagar paga”. De modo que hay que precaverse de no caer en la trampa de la autocomplacencia.

El segundo factor que explica la caída en picada de los precios de la energía en Bolsa radica en el comportamiento de las precipitaciones con lluvias torrenciales en el último mes y el subsiguiente aporte hídrico a los embalses. Según las declaraciones del director ejecutivo de la Asociación Nacional de empresas generadoras (ANDEG) Alejandro Castañeda, “mientras que en septiembre y en los primeros días 15 días de octubre veníamos con unas lluvias que correspondían más o menos a 53% de la media histórica. Es decir, si se saca el promedio de los últimos 50 septiembres, estábamos a 50% de ese promedio, entonces estábamos muy bajitos. Hoy en día subió y estamos como a 75%, entonces digamos que está llegando un poco más de agua a los embalses y los agentes hidráulicos lo que hacen es aflojar los precios y comenzar a disminuir el valor del precio en la bolsa«5. Si algo caracteriza el precio en Bolsa es su volatilidad y a ella nos tendremos que atener, qué le vamos a hacer, lo que hay que tratar de contener es la espiral alcista.

1 Miembro de Número de la ACCE

2 Caracol – radio. Noviembre 4 de 2023

3 Ídem

4 El Tiempo. Noviembre, 4 de 2023

Bogotá, noviembre 8 de 2023

www.amylkaracosta.net

Deudas de la política de paz total e integral

Ya va terminando el año y al parecer la implementación de algunas propuestas de gobierno, necesarias para complementar las acciones que permitirán la transformación compleja e integral del conflicto armado y de las violencias que alrededor de este orbitan o se derivan, siguen siendo aplazadas, lo que desincentiva que importantes sectores de la sociedad, se sientan convocados y entusiasmados con la construcción de la paz total e integral.

Comencemos por destacar, como lo expresé en la columna de opinión del 1° de octubre, la falta de compromiso de la instancia de gobierno responsable en convocar la renovación del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, que hace parte también de los acuerdos pactados con las FARC-Ep, su instalación oficial y la designación de responsabilidades claras en relación con su papel en el marco de los diálogos de paz. Sería bueno que el Gobierno Nacional evaluara con suficiente profundidad este mecanismo y decidiera realmente su presente o su futuro, de no ser así, lo más recomendable es avanzar en la derogatoria de la Ley 434 de 1997 y el decreto ley 885 de 2017, de tal forma que, cesen las expectativas de la sociedad en relación con su participación en estos escenarios.

 

Una de las primeras propuestas de la sociedad civil organizada que trabaja por la paz en nuestro país, encaminada a desarrollar una cultura de paz, es la Ley 18 de 1990. Esta Ley, olvidada por casi todos los gobiernos bajo presión seguramente de las grandes cadenas de almacenes y los importadores legales e ilegales de juguetes, prohíbe expresamente la fabricación, importación, distribución, venta y uso de juguetes bélicos en el territorio nacional. Esta iniciativa debería ser parte fundamental de la pedagogía y la sensibilización alrededor de la convivencia y de la estrategia para lograr la paz total e integral, más aún, si se tiene en cuenta que vivimos en un escenario de permanente violencia y confrontación que naturaliza los asesinatos y las masacres, y en donde las niñas y los niños son constantemente asediados con mensajes de violencia armada.

La Ley 18 de 1990, considera claramente como juguetes bélicos, todos aquellos objetos y réplicas que imiten cualquier clase de armas de fuego, sean cortas, largas, arrojadoras o arrojadizas, de puño o de corte o de asta, y de guerra, tanques, aviones de combate o barcos armados utilizados por las fuerzas armadas, la policía y los organismos de seguridad del Estado. La ley también prohíbe los videojuegos, so pena de sanciones monetarias o prisión de hasta cinco años. Sin embargo, como ya lo estamos viendo en calles, almacenes de cadena y San Andresitos, los anaqueles se están llenando de este tipo de juguetes, sin que la autoridad competente, en este caso la superintendencia de industria y comercio y las entidades responsables de la política oficial de paz, hagan algo al respecto.

En relación con la Ley 2272 de 2022 que llenó de optimismo a las organizaciones de la sociedad civil, pues esta incluye algunas de las iniciativas y propuestas que se vienen ambientando desde hace décadas, es necesario precisar, que si bien en correspondencia con los diálogos de paz, el Gobierno Nacional ha realizado importantes esfuerzos y las mesas establecidas siguen avanzando -aunque con las dificultades propias de estos procesos-, algunos componentes importantes de la Ley siguen sin desarrollarse.

Ojalá entre en ejecución en los primeros meses de 2024, el programa de servicio social para la paz, que hará posible que una importante cantidad de jóvenes tengan opciones diferentes al servicio militar, para aportar a la sociedad y que, de ser bien aplicado, pueda hacer emerger una generación de paz que ayude a construir un país decente y democrático. Muchas organizaciones sociales recibirían con los brazos abiertos a las y los jóvenes de este programa para que, desarrollen la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos, la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ayudar en la protección de la naturaleza, la biodiversidad, las fuentes hídricas, los ecosistemas estratégicos, la riqueza ambiental y forestal del país, promover la paz étnico-territorial, respetando el derecho de autodeterminación, la autonomía, usos y costumbres de las comunidades étnicas, entre otras actividades.

Otro componente de la Ley de Paz, que esperamos sea implementado con mucha creatividad, involucrando a los gobiernos locales que se estrenarán el 1 de enero, es el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, mediante el cual se espera que toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de manera voluntaria, entregue al Departamento de Control y Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) o a quien el Ministerio de Defensa delegue, armas de fuego fabricadas, hechizas, artesanales, legales o irregulares, de uso privativo de la fuerza pública o traficadas, así como sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, con independencia del estado de conservación que tengan. Hay que comenzar a sacar de circulación, los aproximadamente cinco millones de armas de fuego ilegales y sus municiones que, están en poder de civiles.

Seguramente un programa de esta naturaleza, como se ha demostrado en otras oportunidades, hará disminuir las tasas de violencia urbana, de violencia intrafamiliar, de violencia contra las mujeres, los niños y las niñas. Las administraciones locales, tendrán que ser convocadas para servir de aliados fundamentales en esta titánica labor que complementada con campañas de cultura ciudadana que hagan énfasis en los deberes, los derechos, los valores, la convivencia y la reconciliación, harán germinar mejores relaciones de convivencia y procesos de reconciliación. No hay claridad acerca de quien o quienes liderarán el programa o las campañas tendientes a instalar en el imaginario colectivo, la Cultura de Paz y Noviolencia, que motive en las grandes mayorías, a través de acciones pedagógicas, comunicativas, artísticas, simbólicas y de movilización, el compromiso ciudadano con la paz y el respaldo a las transformaciones de las causas estructurales y las consecuencias que motivan y retroalimentan la violencia social y política armada.

Otro esfuerzo muy importante, será garantizar en los Planes de Desarrollo Territoriales, que se deberán aprobar en los primeros meses del próximo año, un componente de Paz que refleje como lo ordena la Ley 2272, el compromiso de los gobiernos locales con el Plan Nacional de Desarrollo. Será una ambiciosa tarea, armonizar el Plan Nacional de Desarrollo, la ley 2272 de 2022 y los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales, de allí la importancia de que la sociedad civil se involucre con su incidencia, garantizando no solamente la inclusión de programas, sino también los recursos para financiar o cofinanciar iniciativas. Sería bueno que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, destaque un importante equipo profesional para asesorar este proceso.

Finalmente, y no menos importante, está la deuda que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República tienen, en relación con la llamada Ley de Sometimiento a la Justicia, para facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley y las organizaciones criminales de alto impacto, conforme se definió en la Ley 2272 de 2022 y terceros relacionados con actividad de la organización. Este marco jurídico es de extrema importancia, si se quiere continuar de forma ágil en los diálogos con estos grupos armados, involucrar a otras bandas delincuenciales como el llamado Clan del Golfo, e intentar clausurar el abordaje complejo de la transformación de un conflicto armado que ya arriba a los sesenta años, generando muerte y dolor.

Luis Emil Sanabria D.

Hay un café más urgente, presidente

El café concertado entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe para destrabar el proyecto de  reforma a la salud parece cargado de mal sabor.

Fue el propio Uribe, en calidad de congresista, el artífice de la cuestionada Ley 100, y porque como presidente y jefe político del primer Santos y de Duque, se encargó de convertirla en el sistema de salud que hoy conocemos, lleno de “Palatinos”, tutelas para acceder a cualquier tratamiento y EPS expertas en integraciones verticales e intermediaciones financieras abusivas y corruptas.

 

Si el mandato que recibió Petro fue garantizar la salud como un derecho fundamental, resulta poco probable que ello se logre con quien representa a los poderosos negociantes de la salud de los colombianos. Este encuentro ocurre además, en momentos en que Uribe recibe graves señalamientos del Ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial de Paz, por su participación en la masacre del Aro y otros crímenes.

Le he dicho en mi cuenta de X al presidente Petro qué hay un café mucho más urgente. El que debe tomarse con las fuerzas progresistas y democráticas del país que se la jugaron para que hoy sea el mandatario de los colombianos.

La reforma a la salud puede ser una oportunidad de oro para que Petro recomponga su coalición de gobierno y le imprima un indudable sello progresista.

Ello pasa por alinear y cohesionar su propia bancada del Pacto Histórico, afectada seriamente por decisiones del Consejo de Estado que ha dejado por fuera del Congreso a varios experimentados parlamentarios.

Implica también una conversación con todas las expresiones y sectores de la Alianza Verde, hoy por hoy su principal fuerza aliada. Supone convocar a En Marcha, Dignidad y Compromiso y la Alianza Social Independiente para identificar coincidencias y diferencias sobre la agenda gubernativa. Y construir un diálogo colectivo con las bancadas del Partido Liberal acudiendo a la tradición reformista de este Partido.

Un núcleo duro con estas fuerzas puede desempantanar la reforma a la salud y viabilizar el paquete de reformas pendientes. Puede derivar en un mayor apoyo interno a la política exterior que con acierto conduce el presidente y sería un excepcional escenario para discutir la urgente reingeneria que reclama la política de paz total.

Petro tiene la oportunidad de ensayar un modelo de coalición progresista que tome distancia de la negociación al detal con  aquellos congresistas insaciables cuyo ADN solo responde a la mermelada. Congresistas fabricados en las casas de los clanes regionales que han actuado exactamente igual con todos los gobiernos, desde el Pastrana del Cagüan hasta el Uribe de la Seguridad Democrática y los “falsos positivos”; desde el Santos de la Paz con las FARC hasta el Duque de las objeciones a la JEP y el estallido social.

Petro puede proponer como columna vertebral de dicha coalición el paquete de reformas que la gente votó mayoritariamente en el 22. Petro tiene la histórica posibilidad de liderar una especie de Revolución En Marcha 2.0, como lo hiciera en su momento Alfonso Lopez Pumarejo en la década del 30 del siglo pasado.

Es lo habitual en las democracias parlamentarias. Lo acaba de hacer Pedro Sánchez para la investidura como presidente del gobierno español, reagrupando a su propio partido y pactando una agenda con fuerzas políticas afines, incluyendo sectores independentistas y progresistas catalanes.

Contribuye además a aclarar las aguas de la política colombiana tan turbia por transacciones por debajo de la mesa. Ayuda a que la gente sepa que fuerzas gobiernan y cuales ejercen la oposición.

Sería un legado de Petro que elevaría la calidad de nuestra democracia. Un café para avanzar en esa dirección tendría un sabor reformista y un aroma más ciudadano.

Por: Antonio Sanguino

El ministro de minas lidera proyecto de comunidades energéticas

El pasado fin de semana se lanzaron por parte del Ministerio de Minas las comunidades energéticas que son una estrategia del gobierno del cambio para constituir en colectividad servicios energéticos, estas agrupaciones podrán “generar, comercializar o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables -(FNCER)-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos”.

Esta estrategia que ya completa casi mil inscritos en una semana, busca la dignificación de las comunidades al mejorar la cobertura y garantizar el acceso a poblaciones vulnerables a partir de la participación de los usuarios, esto permitirá sin duda descentralizar la generación, el almacenamiento y el consumo de la energía, pero en especial será el punto de partida para generar energías más limpias y para proveerle mejores condiciones económicas a las comunidades por el uso de la energía.

 

Desde esta curul que es de todas y todos los antioqueños celebramos esta iniciativa que han definido de una manera hermosa como un abrazo colectivo para organizarnos y unidos crear la energía del cambio, por eso quiero invitar a los colombianos a acogerse ingresando a la página del Ministerio y postularse, pero especialmente al departamento de Antioquia -el cual representó- quiero ponerle a disposición mi equipo de trabajo para que juntas y juntos desarrollemos la economía local y territorial en el marco del desarrollo sostenible.

Por años he visitado los lugares más apartados de Colombia, los lugares donde tradicionalmente no han llegado y he visto las necesidades y dificultades que pasan aquellos territorios en los que la energía es un lujo, en donde el abandono estatal ha sido a tal punto que pueden contar con el servicio por mucho una o dos horas al día, así que este tipo de iniciativas de verdad representan un abrazo para las comunidades y una esperanza para mejorar su calidad de vida.

El gobierno del cambio sigue cumpliendo y sigue desarrollando soluciones pensadas para los territorios y su población. Seguiremos imparables por Antioquia y Colombia.

Alejandro Toro

Un balance del arboricidio en Bogotá

Por Diego Cancino

La alcaldesa Claudia López durante sus cuatro años de gobierno autorizó un arboricidio sin precedentes en Bogotá.

 

Durante su campaña para la alcaldía de Bogotá, Claudia López prometió “reverdecer Bogotá”. La propuesta se centró en implementar medidas para mejorar la sostenibilidad ambiental de la ciudad. La alcaldesa Claudia López presentó este plan con el objetivo de aumentar las áreas verdes, reducir la contaminación y promover prácticas más ecológicas en la capital colombiana.

El balance al día de hoy de esta propuesta es negativo si contemplamos las cifras de tala de árboles en la ciudad de Bogotá en sus tres categorías: 1. Emergencia, 2. Manejo y 3. obras, obtenemos un total 60.788 árboles autorizados para tala durante la alcaldía de Claudia López. Mientras que la cifra total durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, en las mismas tres categorías, fue de 54.215. Así que Claudia López autorizó en total un 12% más árboles talados que los permitidos por Enrique Peñalosa.

Esto se hace más evidente si analizamos las cifras de tala de árboles autorizada por razón de la realización de obras, Mientras Peñalosa autorizó la tala de 19.206 árboles para obras en sus 4 años, Claudia López autorizo talar 34.534 árboles por razón de la realización de obras. Es decir que Claudia López autorizó talar 80% más árboles por obras que Enrique Peñalosa. Un contraste muy decepcionante si tenemos en cuenta que estas cifras nos muestran una preferencia por las obras, la cementación y el asfaltado de superficies, para remplazar el espacio que antes ocupaban los árboles.

Este arboricidio autorizado por la Administración lo comprueban cifras dadas por la propia Secretaría de Ambiente en respuesta a derecho de petición. Así que el arboricidio en Bogotá no es un mito, es una lamentable realidad. Si cada árbol que ha autorizado talar la alcaldesa tuviera exactamente 10 años de vida, la alcaldesa habría talado a hoy algo así como 607.880 años de vida forestal. Que la historia lo recuerde, acá no se reverdeció Bogotá, se ordenó un arboricidio sin precedentes.

La tala indiscriminada de árboles en Bogotá ha suscitado críticas y preocupaciones por parte de la comunidad y de los defensores del medio ambiente. Esta práctica ha generado una serie de impactos negativos, incluyendo la pérdida de biodiversidad, la reducción de los espacios verdes urbanos y la disminución de la calidad del aire. La degradación del entorno natural afecta directamente a la salud de los ciudadanos y contribuye de manera negativa al cambio climático. Además, la tala sin un adecuado plan de reforestación y sin considerar el equilibrio ecológico pone en peligro la estabilidad de los ecosistemas locales.

Resaltamos la necesidad urgente de adoptar prácticas más sostenibles, de promover la conservación de los recursos naturales, si se busca garantizar un futuro más saludable y equilibrado para Bogotá.

Seguimos acercando el Estado a las comunidades

Desde la curul de representante a la Cámara que ostento gracias al Acuerdo Final de Paz y como chocoano enamorado de cada uno de los rincones de este bello departamento, he venido adelantando una serie de encuentros entre la institucionalidad y las comunidades con el firme objetivo de erradicar el centralismo y volver el Estado más cercano a la gente. En este sentido realizamos un encuentro de Consejos Comunitarios y Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, el pasado 4 de noviembre del presente año. 

Es en ese propósito de  tejer puentes convoqué a dicho encuentro en la ciudad de Quibdó con los Consejos Comunitarios mayores de  Villaconto, Unión Panamericana «COCOMAUPA», Río Baudó y sus afluentes “ACABA” y CÉRTEGUI, «COCOMACER», la Viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, Lilia Clemencia Solano Ramírez y el Director Nacional de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, Victor Hugo Moreno Mina.  Este encuentro fue un avance en la búsqueda de soluciones a una serie de dificultades que tienen los Concejos Comunitarios para definir sus autoridades y representaciones jurídicas.

 

Muchas reflexiones deja este espacio que sin lugar a duda reafirma que la comunidad afrodescendiente en Colombia ha sido reiterativamente excluida y  que en su mayoría viven en condiciones de marginalidad, por eso la figura de Consejos Comunitarios sigue siendo una herramienta generadora de desarrollo social, que permite mantener viva la historia común que los une, las prácticas tradicionales alrededor de la producción y el carácter colectivo.

La jurisprudencia colombiana reafirma que los Consejos Comunitarios son la autoridad étnica encargada de administrar los Territorios Colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, por ende sin titubeo alguno deben ser reconocidos por todas las entidades  públicas nacionales y sobre todo porque este reconocimiento no es producto del azar del destino sino que obedece a la incansable lucha de hombres y mujeres negras, raizales y palenqueras para la reivindicación de sus derechos.

Han pasado 30 años desde la promulgación de la Ley 70, sin embargo falta mucho camino por recorrer para garantizar no solo el  reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural, sino la participación efectiva de las comunidades negras y sus organizaciones en las decisiones que afectan a sus territorios sin detrimento de su autonomía. Muy pertinente fue este encuentro donde se insiste que en el gobierno del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez se promuevan los espacios necesarios para que las comunidades étnicas participen de manera activa en la construcción de la política de la Paz Total, más aún cuando en el departamento persiste la presencia de grupos armados y los  liderazgos sociales se juegan cotidianamente la vida y la permanencia en el territorio por la agudización del conflicto armado.

Una de las conclusiones más importantes de este espacio es que este gobierno como ningún otro persiste en tener presencia en los territorios, por ello en cabeza de la Viceministra se liderará una reunión amplia en el departamento donde participarán todos los vinculados a las dificultades expresadas por los 4 Concejos Comunitarios, adicionalmente el 16 de noviembre se tendrán respuestas concretas a algunas de sus inquietudes.

Sigo convencido que el diálogo para dirimir cualquier dificultad es la ruta más viable, he caminado el Chocó antes con el fusil al hombro, hoy lo hago con una maleta cargada de sueños y la palabra empeñada para que las comunidades de este departamento vivan en dignidad. Insistiré en que el gobierno y el ejecutivo cumplan con su deber constitucional y que los chocoanos y las chocoanas sientan que el gobierno del cambio dará pasos agigantados para que el Chocó sea potencia de la vida. 

Pedro Baracutao

Trazas culturales

Por: León Sandoval

 

En mi reciente columna sobre cultura política escribí que la vida humana no debe instrumentalizarse. Las vidas de los hermanos indígenas congregados en minga están siendo instrumentalizadas, así como lo fueron en el siglos pasados, la historia se repite con diversos actores como si se trasase de una traza cultural.

La palabra minga tiene su origen en la palabranquechua Mink’a, cuyo significado es compromiso o convenio para un trabajo entre el trabajador y la persona que necesita sus servicios (Diccionario SIMI TAQUE Academia Mayor de la Lengua Quechua, 2º Edi., Cusco, 2005). La esencia de la Minga es el trabajo comunitario; el esfuerzo personal que no busca una remuneración o dádiva, sino un beneficio común, el beneficio de todos. La minga fue un modelo productivo incaico en el que prevalecía el bien común y la satisfacción de los mingados, presente en muchas de las comunidades nativas de la Cordillera de los Andes, desde Chile hasta el sur colombiano; en términos de economía política el modelo de minga se asemejaría más a un modelo productivo colaboracionista que explotacionista.

La minga del siglo XXI es muy diferente a la figura comunitaria ancestral, ha mutado desde su forma original, abandonó su esencia de organización de trabajo comunitario para convertirse en un modelo de acción política operado por grupos de interés previo a los procesos electorales. Lo que explica la participación de la minga en vías de hecho como bloqueos, paros y el papel parapolicial de la denominada guardia indígena que colocan su cuota de afectación al sistema económico productivo, la libre movilización de los conciudadanos y el daño al patrimonio cultural que no los identifica, cuando lo creen pertinente como medio de presión política y social, avalado por algunos grupos de interés.

¿Todos los mingueros pertenecen originariamente a las comunidades indígenas que dicen representar? Llama la atención que sean algunas personas ajenas a la minga las que toman los micrófonos en los encuentros de los mingueros para elevar arengas reivindicacionistas. Tras de ellos, muchas veces van crédulos que romantizan la minga como un acto cultural de cariz étnico vindicatorio de derechos, y no como lo un instrumento político de movilización ciudadana de minorías étnicas. La minga como institución antropológica agonizaba, según algunos académicos, porque muchos de los miembros de las comunidades indígenas se negaban a aportar al trabajo comunitario sin un jornal de por medio, aspecto documentado en investigaciones como la realizada por el Profesor Óscar López Cortés de la Universidad Libre de Colombia (2018).

La minga se reinventa en instrumento ideológico para ser impuesto como modelo de acción política y económica por parte de los retóricos de las nuevas ciudadanías. En efecto, hay quienes señalan que la minga ya no debe quedarse solo en la movilización indígena, sino que debería ser la minga del pueblo colombiano, este tipo de expresiones lo que logran es instrumentalizar un fenómeno cultural exclusivo de algunas regiones del País. La minga debería conservar el natural devenir de la cultura a la que pertenece, no debe ser instrumentalizada, ni impuesta. La minga no forma parte de la cultura de muchas regiones del país como por ejemplo, para algunas lo es el cooperativismo que ha cimentado profundas raíces en el nororiente andino colombiano. La Insurrección Comunera de 1781 tuvo motivos fiscales, no pretendió derrocar al rey, fue precursora de los hechos iniciados en 1810 que desencadenaron las primeras brasas de lo que sería la independencia. En suma, pensar y opinar diferente no ha de ser inconveniente, feliz día amigo lector.

Un juego pragmático y soberano

Por Juan Camilo Clavijo Martín

El viernes 20 de octubre se llevaron a cabo manifestaciones en apoyo de Gaza y condenando el bombardeo israelí del enclave asediado en todo el mundo árabe, incluso en países que han normalizado relaciones con Israel. En Egipto, donde las reuniones públicas fueron prohibidas después de que los militares tomaron el poder en 2013, decenas de miles de personas salieron a las calles de El Cairo y otras ciudades mientras las autoridades intentaban controlar la ola de ira pública. (Le Monde, octubre 20).

 

La reacción del mundo árabe (a pesar de no ser una masa uniforme, y con sus características individuales) se ha hecho sentir, y ha tenido eco en otras grandes capitales del mundo. El rechazo a la guerra y demanda de un cese al fuego inmediato, han hecho que gobiernos como el de Francia, Alemania o incluso Estados Unidos, cuyo secretario de estado ha viajado por todo oriente medio buscando apoyos para acciones humanitarias, manifiesten (así no sea en un tono enérgico) también la necesidad de soluciones a la crisis humanitaria.

Por ejemplo, en octubre 18, según Al Jazeera, miles de personas se manifestaron en países de Medio Oriente y África del Norte para protestar contra un ataque a un hospital en la Franja de Gaza que mató a casi 500 personas, según funcionarios palestinos. Tras los llamados a un “día de ira”, la población del Líbano, Jordania, Yemen, Egipto, Túnez y la ocupada Cisjordania salieron a las calles para denunciar el ataque al hospital árabe al-Ahli y expresar su solidaridad con los palestinos en Gaza.

Esas manifestaciones han puesto a los gobiernos de estos países en una posición muy difícil. Varios de ellos habían comenzado la normalización de las relaciones con Israel con los “Acuerdos de Abraham”, pero este nuevo panorama presenta un nuevo obstáculo. Esto es especialmente cierto en Bahréin y Marruecos, donde protestas generalizadas, en solidaridad con Palestina y contra la ofensiva israelí en Gaza, también han pedido el fin de la normalización de las relaciones con el Estado judío.

Según Elonora Ardemagni, Investigadora Senior de ISPI:

Esto es especialmente cierto en el caso de Bahréin. Desde 2020, han estallado manifestaciones ocasionales frente a la embajada de Israel en Manama, así como en el caso de la guerra entre Hamás e Israel. Entre los bahreiníes, el sentimiento popular hacia Israel parece todavía frío. Según una encuesta de 2022 encargada por un grupo de expertos estadounidense, sólo el 23% de los bahreiníes cree que los Acuerdos de Abraham están teniendo un impacto positivo en Oriente Medio. Por el contrario, la mayoría de los bahreiníes cree que el acuerdo ha producido un impacto regional negativo (36%) y muy negativo (37%). Curiosamente, esta percepción es compartida entre chiítas y suníes bahreiníes, así como entre las generaciones mayores y más jóvenes. En ese marco, la guerra entre Hamás e Israel no va a mejorar el ánimo de los bahreiníes sobre este tema”.

Los líderes de Egipto y Jordania, los dos países árabes con las relaciones diplomáticas más duraderas con Israel, son cada vez más conscientes de las dificultades para equilibrar las relaciones con Tel Aviv (y los tradicionales aliados occidentales), por un lado, y el apoyo popular a los palestinos, por el otro. El Cairo como Ammán temen los efectos desestabilizadores de la guerra, particularmente en términos de la posible afluencia de nuevos refugiados.

Por otro lado, en el norte de África, al capitalizar los sentimientos populares antiisraelíes en Túnez y arremeter contra los socios occidentales del país, el presidente Saied busca consolidar aún más su popularidad y legitimidad.

A diferencia de gran parte del mundo árabe, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos no se han visto hasta ahora sacudidos por la ira de sus ciudadanos: el espacio limitado para la disidencia y una percepción popular cada vez menos hostil hacia Israel en los últimos años parecen explicar, al menos en parte, la ausencia de movilizaciones masivas en estos países.

Según Carnegie Endowment for International Peace, al entrar a la sexta semana de la guerra Israel – Hamás, algunos Estados árabes del Golfo han tratado de utilizar su influencia regional e internacional para poner fin a las hostilidades. Catar se ha convertido en un intermediario fundamental entre Israel y Hamás, aprovechando sus sólidas relaciones con los aliados occidentales de Israel, así como con los propios funcionarios de Hamás. Si bien Doha desea aprovechar esta oportunidad diplomática, la mediación no está exenta de peligros, especialmente cuando el emirato intenta distanciarse de la acusación de albergar a grupos terroristas.

El encuentro clave ocurrió el 11 de noviembre, donde Arabia Saudita recibió a decenas de líderes en una cumbre árabe-islámica (primer viaje de un líder iraní a Arabia Saudita en 11 años, después de que los dos países restablecieran las relaciones diplomáticas en marzo pasado), donde emitieron un comunicado conjunto pidiendo un alto al fuego inmediato y acusando a Israel de crímenes de guerra, a pesar de las múltiples diferencias entre cada uno de los países. Hay un consenso en la presente crisis.

Sin embargo, los esfuerzos recientes en la región se han centrado casi por completo en los Acuerdos de Abraham y en la falsa impresión de que la paz es posible en la región sin llegar a un acuerdo con los palestinos bajo ocupación. Ese mito se ha acabado con la actual guerra.

Además, esta vez la situación es diferente. La comunidad internacional se enfrenta a un gobierno israelí radical que no está interesado en ningún compromiso, a un liderazgo palestino ineficaz que se ha visto aún más debilitado por los acontecimientos actuales y a una administración estadounidense preocupada por las elecciones presidenciales del próximo año.

Lo anterior evidencia que Estados Unidos ya no tiene la misma influencia de años anteriores. Lo más destacado últimamente, fue su rol como promotor de los “Acuerdos de Abraham”. Sin embargo, no tiene el liderazgo para encontrar salidas humanitarias entre la radicalización de Israel, las protestas en países del medio oriente, y la independencia de los gobiernos de oriente medio.

Por ende, los países con países islámicos (con sus excepciones como Irán), han entendido bien su rol dentro de este conflicto, encabezados por Catar, como mediadores, y promotores de acciones humanitarias que atiendan las necesidades más básicas y urgentes de la población gazatí, acudiendo al consenso sobre cese al fuego inmediato y acusando a Israel de crímenes de guerra, del pasado 11 de noviembre.

Los países de oriente próximo están tomando agencia de su región, y buscando soluciones a una crisis que los afecta no solo a nivel de seguridad, sino económico y social. Estos gobiernos (guardando sus posiciones particulares) están izando las banderas de su autonomía, sin afectar los intereses comerciales y de crecimiento. Haciendo de sus relaciones internacionales un juego pragmático y soberano.   

Nubarrones económicos

El año 2023 luce menos dinámico que 2022 en términos de crecimiento económico, y lo más preocupante es que 2024 no pinta nada bien. En el primer trimestre de 2023 la economía se desaceleró a 3.0% y en el segundo trimestre el crecimiento fue solo un 0.3%. Esto obedece a la disminución de demanda interna, la inversión como porcentaje del PIB colapso a 16.9% en el primer semestre, el nivel más bajo desde 2005 (excluyendo anomalías de pandemia). Ya muchos países nos están tomando ventaja, por ejemplo, EEUU con tasa de renta corporativa de 21%. Si no se dan pasos para facilitar la inversión, el panorama económico se puede deteriorar materialmente en 2024. No se está sembrando para cosechar si hay hambre, el gobierno está avisado.

Existe un ciclo económico observado donde los salientes mandatarios locales tienen su máximo nivel de ejecución su último año, después hay un freno cuando llegan los nuevos gobernantes, quienes empiezan a diseñar su plan de desarrollo. Se espera que en 2023 este fenómeno sea menos pronunciado, ya que el gobierno nacional optará por frenar esquemas de cofinanciación con regiones que no gobierna la izquierda, la gran mayoría. Para 2024 el gobierno debe pasar la página, trabajar con todas las regiones del país, la venganza no da resultados.

 

Los actuales motores de crecimiento, remesas e inversión minero-petrolera, se deben a factores externos. Si se mantiene el actual ritmo, es probable que ambos factores logren estar cerca de los $50 billones para 2023. Buenos precios del petróleo atraen inversión, no importa la hostilidad regulatoria, igualmente robustos mercados laborales en EEUU y España tienen un impacto en remesas. El deterioro de la demanda interna debería ser algo a lo que el equipo económico le haga seguimiento.

Una actitud de “yo no me opongo a la inversión privada” no es suficiente, se deber pensar en cómo promoverla. El fenómeno de El Nino no es culpa del gobierno, pero el hecho que, según XM a octubre soló haya entrado el 16% de la capacidad de generación eléctrica prevista, por lo menos debe hacer reflexionar al gobierno. Esos 5.546MW ausentes en el peor de los casos nos salvarían de un apagón, pero como mínimo su ausencia hará más cara la energía para la industria y los hogares en el primer semestre de 2024.

Con proyecciones de crecimiento entre el 0.8% y – 1.5% para 2023 y cifras de desempleo del 9.3%, hay una de dos opciones: o las mediciones de mercado laboral del DANE están equivocadas o hay una caída sustancial de productividad. Puede que haya un fenómeno de medición de mayor emigración de colombianos, el regreso de venezolanos y un aumento de tele-trabajo. Si confiamos en las cifras del gobierno, el aumento del empleo con bajo crecimiento, por mera matemática significa baja productividad. El impacto se verá en una disminución en el incremento del salario mínimo.

James Carville decía que, si pudiera reencarnar en algo, le gustaría ser el mercado de deuda para hacer intimidar a todo el mundo. Déficits masivos durante la pandemia salvaron a la economía colombiana, pero nos dejaron sin mucho margen en este momento. El crecimiento del futuro, si viene, necesita inversión privada. Si empieza un deterioro en las cifras sociales, el margen de maniobra del gobierno será cada vez más estrecho.  

Simón Gaviria Muñoz

Nadie nos llama, nadie nos dice nada, como si no existiéramos

Hablar del secuestro o como lo llaman las guerrillas “retenciones económicas”, vuelve a ponerse sobre el debate público. Las cifras son alarmantes y demuestran que algo tanto en el proceso de paz como en las políticas de seguridad no está funcionando o no está siendo efectivo a corto plazo. Según diferentes fuentes el número de secuestros ocurridos en 2023 sobre pasa la cifra de las 80 personas, muchas de ellas con paraderos aún desconocidos.

Aunque el secuestro nace en Colombia mucho antes de la aparición de las guerrillas de izquierda, si es muy claro que luego del surgimiento de estas en 1964, el fenómeno empieza a tomar mayor relevancia, tanto en los llamados secuestros políticos, como en los secuestros con fines económicos; sin embargo, fue solo con el Mandato Nacional Por la Paz de 1997, donde más de diez millones de personas se manifestaron en contra de este y otros delitos, y con la llamada marcha del No Más en 1999, que se evidenció el dolor y los daños que el secuestro causa a la sociedad, la economía y principalmente a la víctima y sus familiares.

 

Más allá de las cifras, el secuestro afecta profundamente la salud mental y espiritual de los seres queridos y de quien lo padece directamente. La incertidumbre frente a la situación de su familiar, el sentimiento de impotencia, la espera día y noche de una llamada o un mensaje, el traslado de un sitio a otro principalmente en horas de la noche, el miedo frente a posibles combates, etc., consume profundamente, de forma silenciosa a quienes esperan algo de piedad estando secuestrados, y a los familiares y amigos más cercanos.

Con las denuncias públicas frente al secuestro del Sr. Díaz, empecé a recibir llamadas de personas que querían revelar el secuestro de sur ser querido o amigo, pues a pesar de los esfuerzos, los nombres de la mayoría pasan desapercibidos para la sociedad, los medios de comunicación y los gobiernos, principalmente para los alcaldes y gobernadores, que nada o poco hacen para ayudar a controlar el delito o para brindar acompañamiento a las víctimas.

Una de esas llamadas terminó siendo el clamor de una amiga de juventud. Cuando sonó el teléfono, y aunque evidencié que el número en la pantalla era desconocido, sentí que por alguna razón debía aceptar la llamada. Al responder con el cauteloso y cortante ¡alo!, me habló afanosamente una mujer. Hola Lucho, ¿cómo estás?, era una voz que me inspiraba confianza por la familiaridad de sus palabras y el tono con el que me habló. Soy Mildred Quintero[1], no sé si te acordás de mí, estudiamos juntos en el colegio. No fue fácil retroceder el tiempo, de esa época ya pasaron más de cuarenta años. Era una amiga de esas difíciles de olvidar, por su extrovertida forma de ser y las señales que en menos de dos minutos me refirió. Necesito hablar urgente con vos, hoy te vi en TvSanJorge – el canal comunitario de Ocaña- y hablaste del secuestro y quiero que me orientes sobre un caso. Establecimos una cita en su casa, hablamos de muchas cosas, hasta que finalmente me atreví a poner el tema para el que había sido citado. Del patio de la casa, salió una señora joven, con los ojos hinchados seguramente de llorar, y un caminar lento, comprendí inmediatamente que un ser muy cercano a ella era víctima de secuestro. Con las presentaciones de rigor y la cautela que el tema amerita, la señora comenzó a narrar el dolor tan inmenso que estaba padeciendo con el secuestro de su hijo, era la primera vez que lo hacía con alguien que no

fuera su círculo familiar cercano. Con el llanto entrecortado, la mirada perdida, el celular en una mano y con la otra aferrada al mueble, como si estuviera siempre dispuesta a salir corriendo frente a cualquier llamada, comenzaron a salir de su boca más que frases de relato, algunas preguntas ¿por qué secuestraron a mi hijo, si yo no tengo plata y mi hijo tampoco? ¿qué le digo a los niños, mis nietos, que todo el día preguntan por él? Nunca imaginé que esto nos pudiera pasar a nosotros, el papá también está como loco, no sabe que hacer y ya llevamos casi un mes en esta incertidumbre, nadie llama, nadie dice nada, no sabemos nada.

No era fácil responder. Lo primero que se me vino a la mente, además de escuchar detenidamente, fue tratar de consolarla, por lo que le hice una señal a Mildred para que la abrazara y se sentara a su lado ¿Ha recibido alguna ayuda o acompañamiento de la alcaldía o de alguna autoridad? le pregunté; su respuesta, que es la misma que se repite en muchos casos fue negativa. El Gaula de la Policía, solo me informó cómo, según ellos, habían ocurrido los hechos, y por donde se los habían llevado, pero nada más. Ni el alcalde, ni el gobernador, ni el presidente, nadie nos llama, como si no existiéramos, como si mi hijo no valiera nada, me dijo. Luego de darle algunos consejos, más relacionados con su salud mental y de ponernos de acuerdo para realizar un acto simbólico en el parque principal de Ocaña y una misa, le sugerí que visitara al obispo y solicitara su intermediación para intentar conocer en manos de quien estaba el hijo, y que buscara ayuda profesional para ella y para el papá del joven secuestrado, que al parecer estaba en un estado mayor de afectación.

Este lamentable y doloroso episodio, y a riesgo de ser vetado o estigmatizado, me llevan a proponer que los diálogos de paz deben, de manera urgente abordar el tema de ponerle fin al secuestro, y otros asuntos que tienen que ver con el Derecho Internacional Humanitario. Revisar sin ambages la cuestión de la manutención de los combatientes involucrados en el proceso de paz, de tal forma que esta deliberación, pueda también llevarnos casi automáticamente a evaluar la posibilidad de que las estructuras guerrilleras se ubiquen en zonas específicas, y los protocolos de cese al fuego bilateral, se puedan aplicar y monitorear de forma más efectiva.

No es la primera vez que, en el caso de la mesa de diálogo Gobierno Nacional-ELN, se anticipan elementos del quinto punto de la agenda, esto demuestra la madurez del proceso, los avances y el compromiso de las partes. Es el momento de responder positivamente al clamor ciudadano y buscar fórmulas expeditas para que las guerrillas abandonen el secuestro y devuelvan a todas las personas que se encuentran en su poder, hechos que, por supuesto no deberían suceder en la guerra, ni mucho menos en medio de un diálogo que busca la paz. Es el momento, de estudiar fórmulas para posibles ubicaciones territoriales temporales o permanentes de las estructuras insurgentes, para que la implementación de los acuerdos a corto plazo, se pueda adelantar incluso con la participación de guerrilleros desarmados.

Ya vendrán otros temas o preguntas que seguramente causarán desacuerdos, pero que, con el compromiso sólido en la búsqueda de la transformación de las causas que originan el conflicto y sus consecuencias, se podrán abordar y solucionar. Me atrevo a anticipar algunas: ¿Qué hacer con las armas y municiones, se entregan o no a la comunidad internacional para su destrucción? ¿Se hace o no dejación de armas y municiones a la firma del acuerdo o luego de su implementación total? ¿Seguirán en tregua bilateral o esta pasará a ser multilateral, de forma permanente, hasta la implementación de todo lo acordado? ¿La reincorporación de excombatientes, se empezará a dar cuando se entreguen todas las armas y municiones o antes, en la medida en que se vaya aplicando lo acordado?

Por el bien de Colombia, por la vida y la reconciliación, todos los diálogos de paz deben continuar. El Estado Mayor Central-FARC, debe volver a la mesa y debatir en esta, las inconformidades que expresa públicamente, y que antes de acercar a las partes, motiva reacciones políticas y sociales que hacen más difícil la construcción de acuerdos. No es el momento de la confrontación, ya la sociedad lo ha demostrado de múltiples formas. Hoy lo más revolucionario que un grupo insurgente puede hacer, es transitar por el camino de la paz, ponerle fin al conflicto armado e involucrarse en la lucha democrática por las transformaciones que las mayorías exigen.

Luis Emil Sanabria D.


[1] He cambiado el nombre para evitar señalamientos.

Una columna de opinión, no una carta

Durante los últimos días se volvió viral en redes sociales una columna-carta de la periodista, María Jimena Duzan (@MJDuzan), al presidente, Gustavo Petro en la que palabras más, palabras menos, le recomienda diplomáticamente acepte su presunta adicción a sustancias alucinógenas y tome ‘cartas’ en el asunto por el bien de su liderazgo nacional.

En esa línea, Ernesto Cortes Fierro (@ernestocortes28), Editor General de EL Tiempo, en letras apasionadas y en exceso descriptivas, le redactó una correspondencia digital al futuro administrador de la capital clamando por un “alcalde que se la juegue a fondo por Bogotá” y que en esencia nos saque de la desorganización en la que se encuentra la metrópoli de todas y todos los colombianos.

 

Las cartas, correspondencias, esquelas o epístolas tienen un antecedente memorable especialmente para las ‘viejas generaciones’ porque se convirtieron en el único e íntimo canal comunicacional para describir en letras y párrafos arraigados sentimientos dirigidos a un ser querido o cercano, e incluso, para dejar en evidencia momentos catastróficos de muchas vidas. Ahora, o mejor, en estos dinámicos escenarios digitales son una herramienta estratégica para llamar la atención a famosos o líderes políticos en busca de respuestas a cientos de problemas sociales contra una persona o un nicho en particular.

Esta moda tecnológica tomó fuerza entre el ciudadano de a pie, los generadores de opinión y políticos -en los dos últimos para sacarse los ‘cueros al sol’ o para advertir futuros accionares administrativos o electorales-.

Siendo honestos todo lo anterior es válido en aras de la libre expresión. Todos tenemos derecho a exigir a las figuras públicas elegidas en las urnas resultados urgentes ante las extremas situaciones vividas en un país cada vez más incierto, más dividido, más corrupto, más clientelista, más burocrático, más alejado de la realidad de millones de nacionales –hambre, pobreza, desempleo, oportunidades-. No necesito citar cifras, estudios, datos o historias humanas. Cada colombiano en su interior y sus diarias realidades siente cómo vamos. Cada uno saca sus propias conclusiones porque la verdad, no somos idiotas como se cree en las altas esferas de la ‘cosa política criolla’.

Mi sensación infiere que a un presidente se le debe exigir desde su estatus como funcionario público de primer orden, teniendo presente a esos millones de electores alineados con su ideología y causa programática, pero también a responder por los clamores del resto de colombianos siempre atentos a políticas públicas coherentes con sus realidades económicas, sociales, culturales y políticas. Ese es su deber Constitucional. A un carajo los demonios internos del presidente Gustavo Petro. Si es alcohólico es su problema. Si es dependiente de sustancias prohibidas es su problema. Si tiene problemas psicológicos es su problema. Si se cree líder mundial es su problema. Si fue ex guerrillero es su problema. Él quería ser primer mandatario y se le dio la oportunidad. Su juramento y credencial de primer mandatario esta en cumplir con Dios y con la patria. El Tiempo, la historia, estoy seguro, le pasaran factura.

Igualmente, Bogotá y los bogotanos tenemos prácticamente el mismo dilema. Tener que rogar vía correspondencia digital para que la alcaldesa -en funciones hasta este 31 de diciembre- y el alcalde -electo- tengan la gallardía, el coraje, los pantalones, la seriedad, la honradez y la disposición de generar confianza en aras de sacar adelante a una ciudad en un atasco monumental en todos los frentes de desarrollo, seguridad, movilidad y oportunidades. Acabemos con cifras de percepción y encuestas de favorabilidad. Se necesita un verdadero líder comprometido desde ya con la ciudad y los ciudadanos. Ojalá, Carlos Fernando Galán haga respetar y enaltecer aún más el apellido de su padre con una administración ejemplar en función de quienes le eligieron y de quienes esperamos resultados a corto y mediano plazo y menos ruido en los medios de comunicación tras enfrentamientos con el presidente.

Señor empleado público y futuro gobernante, les advierto que nunca enviaré una carta digital para recordarles sus compromisos locales, regionales y nacionales. Ustedes tienen más poder, más seguidores en redes sociales, más equipos de trabajo y más herramientas para sacar al país y sus territorios adelante. Ustedes desde el mismísimo momento de optar por ser líderes políticos conocían de sus responsabilidades. Es hora de gobernar por la gente y para la gente. Como diría, Juan Lozano (@JuanLozano_R) en su última columna: “Con estos elementos sobre la mesa debemos pedirles, respetuosa pero enérgicamente, a los recién elegidos que se esmeren en gobernar bien, con buenos equipos de trabajo, con directrices claras, con amor por la base popular, con cercanía a la gente y de cara a la ciudadanía. Debemos recordarles que Petro perdió miles de votos de personas que se sintieron defraudadas tempranamente por su gestión, pero que podrán volver a su cuadrante si los recién elegidos salen con un chorro de babas (…)”.

Parzival: ¿Será que a los ‘angelitos del Eln’, les escribimos una carta de regalo de navidad con mensajes clamorosos para que dejen de secuestrar, asesinar, despojar y violar derechos humanos en Colombia?

Edgar Martínez Méndez (

@PrensaArameoSAS

Es Asesor, Estratega, Periodista, Reportero, Redactor Y Especialista En Diversas Formas De Comunicar.

Lugares comunes

Hace pocos días me preguntaron que pensaba de la crisis del proceso de paz total. Traté de dar mi opinión, basándome en los hechos conocidos y en el acceso a la información de la que disponemos en la fundación Pares. Después de leer mi propia opinión me di cuenta de que la paz, al igual que yo y que otros colegas estamos girando alrededor de lugares comunes.  

La verdad es que tenemos poca información de las múltiples agendas que se mueven en los lugares de la geografía colombiana donde persiste la violencia organizada. Lo otro es que estamos midiendo muy mal, tanto los éxitos, como los fracasos y como la propia complejidad de la violencia. Hacemos unas canastas de indicadores de violencia que poco o nada tienen que ver con lo que está viviendo la gente a diario, y sobre esos números establecemos nuestro análisis. Bueno para nuestro ego, malo para el país.  Por eso, voy a reformular mi opinión sobre el estado actual del proceso y algunas ideas que podrían ayudar a volver a darle foco, tratando de hacer énfasis en la imperiosa necesidad de avance de la paz.

 

El primer punto que puede ayudar es aprovechar este momento para parar, observar detenidamente, recolectar información y crear inteligencia colectiva en el sector paz del gobierno. La información está dispersa en mesas, liderazgos y tareas. Medir mejor es fundamental. Los repertorios de violencia no son estáticos y los análisis sobre los mismos tampoco deberían serlo. La realidad es la que debe dictar la acción y no al contrario.  

Lo segundo suena obvio, pero no es sencillo. El gobierno debe reconocer que la gente está sufriendo. Meterles fuerza y debate político a dos o tres cifras distrae a la opinión pública de lo fundamental. La gente está dispuesta a entender que el camino está lleno de baches, pero no a que le digan que esos baches, los que viven, ven, sienten y perciben a diario no existen. Actualmente muchas comunidades y organizaciones sociales con experiencia, dedicación y compromiso en la construcción de paz nos aseguran que no están siendo escuchadas.

Lo tercero es cambiar el foco de los violentos al territorio. Estamos tan llenos de lugares comunes que no somos capaces de ver que la mayor demanda política detrás de la violencia (y tal vez la única que queda en firme) es la presencia de un Estado que atienda las necesidades básicas de la población. Tan simple como eso, pero tan complejo de hacer. Es la promesa que jamás se ha cumplido. Como somos un país profundamente centralista, la rendición de cuentas que la sociedad hace al Estado se va poco a los mandatarios locales y muchísimo al gobierno central.

Lo cuarto es desenredar la pita. El proceso, lleno de procesos está actualmente enmarañado en funciones, dispersión de las mismas, decretos, etc. Ordenar así sea un poco la gestión de la paz en el territorio no es mala idea en absoluto. Por ejemplo, sería deseable recuperar la senda de los PDET en construcción de infraestructura y al mismo tiempo darle un aire serio, renovado, con recursos y capacidad a reconstruir el tejido civil y social que ha sido roto por la violencia. La capacidad que no tienen los gobiernos a nivel local la puede tener la sociedad civil, que en estos momentos se siente aislada. El presidente tiene, además la posibilidad de trabajar con las gobernaciones entrantes. Ojalá volvamos a ponerle el apellido paz a las cosas positivas en las que el Estado está avanzando (reforma agraria, por ejemplo). Y que ese apellido venga con recursos y capacidad humana.

Finalmente viene la cuestión de los armados. Aquí la cosa es de un balance muy delicado, incluyendo por supuesto mantener abiertos canales de diálogo y la oferta de negociación, al mismo tiempo que se continúa avanzando en los cuatro puntos anteriores. Es importante, y esto lo digo con algún conocimiento de años de estudio de grupos armados en Colombia y otros países, salir de la idea de que existe una voluntad real de paz (de unos) y una voluntad falsa de otros. Todos los grupos tienen una parte de sí que quiere negociar y una parte que no. Hasta el final tratan de mantener planes B, balances, y “seguros” por si las cosas salen mal. De lo bien que se hagan las mesas de negociación depende que esa parte que no quiere negociar sea minoritaria.

Es total responsabilidad del Estado, quién se sienta a negociar en nombre de la paz como derecho fundamental, que entienda esto. Y aquí, en esta crisis no hay otra opción que mantener la mesa salvable – que es la del ELN – lograr aglutinar la presión ciudadana contra el secuestro a favor de la liberación inmediata de todas las personas en poder de esta guerrilla y acelerar con firmeza el paso de los acuerdos. Si en la mesa queda claro que hoy, tanto el ELN como el gobierno y como el país en general tenemos el tiempo en contra, la cosa puede rescatarse. 

Laura Bonilla

La CREG al garete II

Amylkar D. Acosta M1

El fallido intento de toma de la CREG

 

La Comisión de regulación de energía, gas y combustibles (CREG) es el órgano colegiado rector de la regulación del sector energético en Colombia y fue creada mediante la Ley eléctrica 142 de 1994, como parte esencial de la institucionalidad vigente por casi 30 años. El desempeño de esta arquitectura ha merecido las más altas calificaciones del Foro económico mundial (FEM) y gracias a ella el sector eléctrico ha sido capaz de soportar y sortear con éxito tres fenómenos de El Niño sin verse abocado a la necesidad de racionar el servicio de energía. El último de ellos en 2015.

El año anterior, frente a la escalada alcista de las tarifas de energía y en respuesta al descontento y las protestas de los usuarios, el Presidente Gustavo Petro, en septiembre del año anterior, en el marco del Congreso anual de la Asociación nacional de empresas de servicios públicos y comunicaciones (ANDESCO), anunció la intervención de la CREG con el objeto de asumir sus funciones. En efecto, en febrero de este año procedió a expedir el Decreto 0227, mediante el cual “retomó” varias de las funciones y competencias de la CREG, con tan mala suerte que a poco andar el Consejo de Estado lo suspendió, al considerar que las mismas no son delegadas por parte del Presidente, sino que son propias de la CREG por ministerio de la Ley que la creó.

Pese a ello, ha podido más la tozudez y la contumacia, el Ministro insiste y persiste en arrogarse las funciones de la CREG expidiendo resoluciones suplantándola, es el caso de la Resolución 40611 del 11 de octubre “por la cual se adoptan medidas para darle continuidad a la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica durante el período de baja hidrología y eminente (SIC!) llegada del fenómeno del Niño”. Otro tanto ocurre con la Resolución 40619 del 14 de octubre “por la cual se adoptan medidas transitorias para las exportaciones de electricidad durante el fenómeno de El Niño 2023-2024” y el proyecto de Resolución publicado el 26 de octubre para comentarios por medio de la cual “se adoptan medidas de carácter transitorio para otorgar alivios a los proyectos de generación, cogeneración, autogeneración con contratos de suministro de energía y almacenamiento de energía con baterías, ante la inminente llegada del Fenómeno de El Niño y se adoptan otras disposiciones”.

La CREG en manos del presidente Petro

El mismo Consejo de Estado que tumbó el Decreto de marras, posteriormente, terminó anulando el nombramiento que había hecho el presidente Iván Duque de

varios de los expertos comisionados que integraban la CREG, quedando esta prácticamente desmantelada y en manos del Presidente Petro. No obstante, este en lugar de proceder a nombrar en propiedad y por el período de 4 años, como manda la Ley, sus reemplazos, dispuso más bien encargar a funcionarios del despacho del Ministerio de Minas y Energía. Y cuando a estos se les terminó el encargo la CREG quedó sumida en una total interinidad y hasta la fecha sólo a uno de ellos se acaba de reemplazar con el nombramiento de Omar Prías Caicedo.

Lo cierto es que la CREG se tornó inoperante desde el 5 de octubre por no contar con el qüorum suficiente para tomar decisiones. Esta situación llevó a afirmar su Director ejecutivo José Fernando Prada que “tenemos un apagón regulatorio, porque no tenemos capacidad de tomar ninguna decisión”. Ello es muy grave, porque, como se lo hizo saber oportunamente la CREG al Ministro de Minas y Energía Omar Andrés Camacho “la Comisión tiene en proceso de estudio y aprobación varias medidas regulatorias, las cuales consideramos relevantes para el funcionamiento de los sectores regulados”2, sin poder avanzar ni decidir.

Posteriormente, la CREG, a través de un Boletín reiteró la “necesidad de mantener una regulación actualizada y flexible que pueda adaptarse a las demandas cambiantes”3. Y no es para menos, porque como lo sostuvo Prada “la regulación debe ser un habilitador que acompañe el desarrollo de nuevas alternativas sin condicionar o limitar su desarrollo”4. Ni mas ni menos.

La CREG a la deriva

Y para rematar, luego vendría lo peor. El Director ejecutivo de la CREG José Fernando Prada, quien al terminársele su período renunció ante el despacho del Ministerio de Minas y Energía y nunca le contestaron, transcurrido el tiempo dispuesto por la Ley sin que se la aceptaran, apelando al silencio administrativo, hizo efectivo su retiro el día 6 de noviembre por vencimiento de términos. De esta manera, la desmantelada e inoperante CREG ahora quedó acéfala y a la deriva, al garete, desoyendo de paso la alerta emitida por parte de la Procuradora general Margarita Cabello, quien con fecha 10 de octubre, mediante Oficio 678, le hizo el requerimiento al Ministro para que procediera a la mayor brevedad a proveer las vacantes, nombrando en propiedad a los 6 expertos, de los cuales, como ya quedó dicho, sólo ha nombrado a uno de ellos.

Así se ha venido prolongando la parálisis de la CREG, siguen vacantes las otras 5 plazas por cuenta de la desidia y el desdén del Gobierno. En un hecho sin precedentes, la propia CREG se pronunció a través de una circular, cuyo texto más

parece el canto del cisne, “informa que las solicitudes y peticiones mediante las cuales se eleva una consulta y las de interés general o particular…sólo podrán ser atendidas cuando haya al menos 3 expertos comisionados en ejercicio de sus funciones5. Y remata advirtiendo que “en este momento no se cumplen los requisitos para emitir conceptos y responder peticiones de interés general y particular relacionados con la regulación de los servicios públicos”6. Ello es inaudito!

Los usuarios pagaremos los platos rotos

Y todo ello ocurre en momentos en los que el propio Gobierno Nacional, a través del IDEAM, oficializó la semana anterior la llegada de El Niño, cuya amenaza no es menor para el sector energético, urgido de medidas que solo la CREG puede tomar porque son de su competencia, para conjurarla. Las consecuencias de esta abulia gubernamental no se han hecho esperar. Como lo pudo constatar el Contralor General Carlos Mario Zuluaga, al expirar el Pacto tarifario firmado entre el Ministerio de Minas y Energía y las empresas comercializadoras en septiembre pasado, tendiente a pausar las alzas tarifarias, “la ausencia de expertos en la CREG impide tomar decisiones para diferir el impacto por el vencimiento de la opción tarifaria7.

De ello se sigue que las empresas operadoras de red, que son las que prestan el servicio, quedaron con las manos libres para incrementarlas e iniciar la recuperación por esa vía de los saldos por concepto de la opción tarifaria, que ya superan los $5 billones. El proyecto de Resolución de la CREG que contempla un mecanismo alternativo, que procura limitar dichos aumentos, ante la parálisis de la CREG, se quedó en el tintero. En consecuencia seremos los usuarios quienes terminaremos pagando los platos rotos por semejante dislate.

Como lo reveló el Delegado para Minas y Energía de la Contraloría General Germán Castro “al no determinarse ese tipo de ajustes, los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica en promedio y en especial en la costa Caribe puede superar el 15%, afectación que puede volverse incontrolada ya que se pueden incrementar los subsidios a entregar a los estratos 1, 2 y 3 a través del FSSRI, situación al parecer imprevista en el Presupuesto General de la Nación (PGN)”8. Y ello, de contera, pondrá en aprietos a las empresas comercializadoras que verán postergado el reintegro por parte del Gobierno de los subsidios reconocidos y descontados por parte de ellas a sus usuarios en sus facturas.

Y mientras tanto el Ministro, que dice estar “del lado de los usuarios”9, se hace el de la vista gorda, afirmando que “los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal de desarrollo en los últimos años10. Será esta una de esas profecías autocumplidas? Porque, ni el mejor modelo funciona apropiadamente si se opera mal o de mala fe. Por lo demás, no es dable invocar el propio desatino para exculpar su responsabilidad por los estragos causados.

Nota relacionada: ¡La CREG al garete!

Bogotá, noviembre 11 de 2023

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