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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Palacio de Justicia

Fiscalía acusa a 9 oficiales del Ejército por hechos relacionados con la toma y retoma al Palacio de Justicia

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación contra nueve exintegrantes del Ejército Nacional por su presunta participación en los actos de tortura contra civiles, que equivocadamente fueron señalados como ‘sospechosos’ durante los hechos del Palacio de Justicia ocurridos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, en Bogotá.

Los militares en retiro llamados a juicio como coautores impropios del delito de tortura agravada son: mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, quien para la época era coronel y se desempeñaba como director del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI); coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, entonces comandante de la Unidad de Inteligencia (B-2) de la Brigada XIII del Ejército Nacional; coronel (r) Fernando Blanco Gómez, exsubcomandante del B-2; el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez y los sargentos (r) Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Gustavo Arévalo Moreno, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Bernardo Alfonso Garzón Garzón, exintegrantes del B-2.

 

Los ofíciales estarían involucrados en el trato cruel y degradante que recibieron 11 personas que fueron trasladadas a la Casa del Florero, a instalaciones militares y de la Policía Nacional, con el supuesto de que estarían vinculadas a la toma al Palacio de Justicia.

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Entre las víctimas hay dos estudiantes de derecho de una universidad privada de la ciudad que visitaban la sede judicial.

Otro de los civiles torturados era un funcionario de obras públicas que se desplazaba en un bus rumbo a Zipaquirá (Cundinamarca). Este hombre fue interceptado en un retén, tildado como guerrillero, conducido a la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, golpeado y trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá donde permaneció detenido durante 15 días.

Presidente del Congreso pide reforzar la seguridad en las edificaciones de Gobierno de la Plaza de Bolívar

El presidente del Congreso Efraín Cepeda solicitó a la Fuerza Pública reforzar las medidas de seguridad no solo en el Palacio de Justicia, sino además en las instalaciones del Congreso de la República, de la Alcaldía de Bogotá, del Palacio Arzobispal y de la Presidencia de la República.

La solicitud del congresista se hizo luego de conocer los informes de inteligencia que indican que se estaría planeando un atentado al Palacio de Justicia en Bogotá.

 

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Alerta en Bogotá por posible atentado contra el Palacio de Justicia

La Policía Nacional reforzó las medidas de seguridad en el centro de Bogotá, luego de que se conociera de un plan para atentar contra el Palacio de Justicia.

En las últimas horas fueron incautadas 16 bolsas con explosivos, presuntamente pólvora negra, aluminio y nitrato de potasio (R1), 68 cartuchos calibre 5.56 y un chaleco arnés de uso privativo de las Fuerzas Militares y una maqueta que sería la del Palacio de Justicia, en una bodega ubicada en el barrio Mochuelo de la localidad de Ciudad Bolívar.

 

La Fiscalía General indaga sí destrás de estos hechos estaría algún grupo ilegal. Por el momento se sabe de la captura de cuatro personas en el barrio El Cortijo y se investiga sí tendrían algún vínculo con este hecho.

Expulsado el general Jesús Armando Arias Cabrales de la JEP

El 6 y 7 de noviembre de 1985, el Ejército colombiano retomó el control del Palacio de Justicia masacrando a más de 100 personas y desapareciendo a muchas otras. Las víctimas de los hechos ocurridos llevan cerca de 40 años buscando la plena satisfacción de sus derechos a la verdad y la justicia. La semana pasada se avanzó un paso más hacia ese objetivo tan anhelado con la decisión del 16 de marzo de 2023 de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de excluir de su competencia al general retirado Jesús Armando Arias Cabrales. La decisión, aunque tardía, es justa y esperada.

Recordemos los antecedentes: el 24 de septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 35 años de prisión al general Arias Cabrales por la desaparición forzada de Luz Mary Portela León, Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández y David Suspes Celis.  Encarcelado, el General se sometió a la JEP en calidad de agente del Estado e integrante de la Fuerza Pública, con el fin de resolver su situación jurídica con el proceso y condena de la Corte Suprema de Justicia, es decir, con el fin de buscar beneficios jurídicos y evitar cumplir la sentencia. La Sala de Decisión de la JEP profirió la Resolución 1571 del 15 de mayo de 2020, con la cual aceptó el sometimiento de Arias Cabrales, y le concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada.

 

Las víctimas se opusieron a la resolución de la JEP y apelaron. Pero el 21 de julio de 2022, el órgano de cierre de la JEP la confirmó y aceptó el sometimiento de Arias condicionado a la realización de un aporte pleno a la verdad. Además, le concedió la libertad, y ordenó a la Sala de Decisión que lo citara a una audiencia de aporte a la verdad para evaluar las contribuciones y ejercer un juicio de prevalencia jurisdiccional orientado a determinar si el compareciente satisfacía las exigencias para mantenerse en la JEP y avanzar en el trámite de beneficios transicionales.

Fue así que el 5 de agosto de 2022, Arias Cabrales fue convocado con su abogada a la audiencia única de aporte a la verdad, en el marco del proceso dialógico con la participación de los intervinientes especiales, para que suministrara los aportes efectivos y definitivos a la verdad. Esta se realizó el 17 y 18 de enero de 2023, de manera pública, con la participación presencial y virtual de las víctimas, sus representantes legales y la delegada del Ministerio Público. La audiencia tenía por objeto establecer si el General debía continuar en la JEP,  o por el contrario, dada la actitud hasta entonces contumaz de Arias Cabrales de no decir la verdad, el proceso debería ser remitido a la justicia penal ordinaria para que continúe la ejecución de la condena a 35 años de prisión.

La JEP le concedió la palabra a las víctimas a fin de requerir al General sobre la verdad.  Sandra Beltrán Hernández, hermana de Bernardo Beltrán Hernández, trabajador de la cafetería del Palacio de Justicia, le dijo: […], hoy me encuentro y me pregunto cómo ha podido usted vivir casi 38 años, con el conocimiento de lo ocurrido con nuestros familiares, en cuanto a su retención, tortura, desaparición y posteriormente asesinatos, señor Arias hoy le vamos a contar y a refrescar algo que el mundo entero ya conoce, una verdad demostrada judicialmente (…)”.  Se refería a la sentencia del 14 de noviembre de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia que declaró la responsabilidad del Estado colombiano por haber incurrido en la violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Seguidamente María del Pilar Navarrete Urrea, esposa de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, empleado de la cafetería del Palacio de Justicia, lo requirió: “(…) señor Arias Cabrales esperamos la verdad, 38 años, 38 años esperando que usted nos diga la verdad, (…) él (Héctor Jaime)  tenía 4 hijas, de 5, 3 y 2 años, y una que tenía tan solo 7 meses en el momento de la desaparición (…), con apenas 20 años tuve que asumir la búsqueda por lugares que jamás nadie se va a imaginar, todos los días en medicina legal, todos los días buscando a Héctor Jaime Beltrán y a sus compañeros de trabajo por 32 años, hasta que encontraron algunos de sus restos, (…)”

El representante de las víctimas, Eduardo Carreño Wilches, del Colectivo de Abogados/as José Alvear Restrepo, manifestó que en “los videos que se aportaron al proceso y que revelan cómo salen vivos, magistrados, los trabajadores de la cafetería, son absolutamente contundentes”. Le hizo ver al General que “esta es la última oportunidad que tiene para que diga la verdad, pero la verdad íntegra, de lo que pasó”. Le recordó que en el proceso ordinario, se encuentran las grabaciones incidentales de los militares en las que se advierte que Arias Cabrales emitía las órdenes a sus subalternos.

Ni las exigencias de las víctimas, ni el recordatorio del abogado, hizo que Arias Cabrales contara la verdad. Fue tan evidente el incumplimiento, que el 19 enero de 2023, la Procuradora Judicial conceptuó ante la JEP solicitando la revocatoria de la aceptación de sometimiento “[…] ante la clara y evidente falta de compromiso con los fines del Sistema Integral de Paz y, en particular, con los derechos de las víctimas a conocer la verdad.” La JEP compartió en su decisión del 16 de marzo pasado lo  conceptuado por el Ministerio Público, referente a la actitud “indolente con las víctimas e indiferente con el objetivo de la diligencia”, y que “sus respuestas lejos de hacer aportes a la verdad, resultaron en varias ocasiones revictimizarles y ofensivas con las víctimas.”

La JEP consideró que no hubo un sincero compromiso con el esclarecimiento pleno de la verdad por parte del general Arias, al negar su responsabilidad en direccionar y liderar las acciones de las unidades desplegadas en el Palacio de Justicia para retomar el control y garantizar el orden público en ese sector de la capital. Se mostró ajeno al seguimiento y control de las instrucciones impartidas al personal de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINTE,  en la operación. Ignoró las sentencias en su contra que lo señalan en todo momento de ejercer el mando de las operaciones desarrolladas al interior del Palacio de Justicia y de los lugares aledaños como la Casa del Florero.  Estas fueron dirigidas por sus subalternos, los tenientes coroneles Edilberto Sánchez Rubiano e Iván Ramírez Quintero, oficiales de menor rango y jerarquía militar al general Arias Cabrales, quienes en virtud del “Plan Tricolor 83” le debían respeto, subordinación y acatamiento de sus órdenes. Por lo anterior, tenían el deber mantenerlo informado de lo que se hacía en la Casa del Florero.  Por último,  Arias Cabrales no dio información sobre la responsabilidad de otros militares, agentes de la Policía Nacional y civiles.

Dadas estas circunstancias, la JEP expulsó de su jurisdicción especial al general Jesús Armando Arias Cabrales ya que “no realizó aportes plenos, exhaustivos, francos y detallados sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985”. Decisión esperada por los familiares de las víctimas, sus representantes, la sociedad colombiana y la comunidad internacional. Ahora, la JEP pasará la actuación al Juzgado 15 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá́, para que el general Arias Cabrales cumpla el resto de su condena. Para las víctimas, queda pendiente la verdad del General, pero está en firme un cierto grado de justicia.

Adenda: El 15 de marzo de 2023, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 40 años de prisión impuesta el 13 de octubre de 2021 por el Tribunal Superior de Bogotá al coronel Edilberto Sánchez Rubiano, el mayor Óscar William Vásquez Rodríguez, y los sargentos  Ferney Ulmardin Causayá Peña, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Luis Fernando Nieto Velandia, integrantes del B-2 de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército Nacional en Bogotá, comandada por el general Jesús Armando Arias Cabrales. Contra esta decisión no procede ningún recurso. El Tribunal Superior de Bogotá deberá hacer efectiva la privación de libertad de los cinco condenados. El único que pide pista en la JEP, por ahora, es el mayor Vásquez Rodríguez. Veremos qué pasa.

Encuentre aquí más artículos de Rafael Barrios Mendivil

 

Mi consuegra, Margarita Dawson

Conocí a la jurista conservadora Margarita Dawson, especializada en derecho contencioso administrativo, a mediados de 1980.  No era integrante de mi organización, el Colectivo de Abogadas/os, José Alvear Retrepo, CAJAR. Sin embargo, trabajamos juntos la demanda de reparación directa contra la Nación que fue producto de la tragedia de Armero, Tolima, ocurrida la noche del 13 de noviembre de 1985, cuando la avalancha del volcán Nevado del Ruiz arrasó con sus pobladores, porque el Estado no la evacuó a tiempo. Eso a pesar de que científicos y expertos alertaron sobre el tema desde 1984, y emitieron alertas tempranas frente a una catástrofe anunciada.

A las 11:20 de la mañana del 6 de noviembre de 1985, Margarita estuvo en el primer piso del Palacio de Justicia, donde estaba ubicada la secretaria del Consejo de Estado. El día anterior recibió una llamada de la secretaria del Consejero de Estado, Jaime Betancourt Jaramillo, para que se acercara a la edificación a notificarse de una sentencia de un caso que ella litigaba contra la Nación por tortura. Era la época del Estatuto de Seguridad, del expresidente Julio César Turbay Ayala, donde la tortura era pan de cada día.

 

El despacho del doctor Betancourt Jaramillo quedaba en el cuarto piso, por lo que a Margarita le tocó esperar en el primero, mientras  el magistrado  autorizaba  que subiera  a su despacho.  A las 11:30 de la mañana irrumpió por el sótano de la edificación, de manera violenta, el comando Antonio Nariño del movimiento guerrillero M-19 y se dirigió a los pisos superiores.

Fue así que Margarita resultó ser una de las primeras personas en salir del Palacio de Justicia, como se evidencia en la foto de El Espectador, que la capta al costado derecho de la entrada principal. Detrás de ella, al fondo y con gorra, está el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada XII del Ejército Nacional y del operativo de retoma del Palacio. Ese retardo providencial de diez minutos la salvó a Margarita de quedar atrapada entre los rehenes del Holocausto. Su versión sobre lo sucedido quedó registrada en el Tribunal Especial de Instrucción Criminal, creado por el expresidente Belisario Betancur mediante facultades de Estado de Sitio (Decreto 3300 del 13 de noviembre de 1985), para “investigar” los hechos del Palacio de Justicia. Paréntesis: en realidad, ese tribunal sólo cumplió una función de coordinación administrativa, porque quienes realmente investigaron fueron los juzgados de Instrucción Criminal y el Juzgado Superior.

En los 80’s y 90’s, integrábamos el CAJAR, una media docena de abogadas/os “toderos”, que asumíamos casos penales, laborales, disciplinarios, contencioso administrativos e internacionales. La jurista Margarita me guió en el litigio en los casos de reparación directa ante la justicia administrativa para obtener la reparación de perjuicios. Con el caso de Armero, aprendí el formato y la técnica jurídica en demandas ante esa jurisdicción. Esta escuela me sirvió para asumir casos estratégicos de ese tipo, más lo penal e internacional como el Palacio de Justicia.

Ante la insistencia de los familiares de los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco, la fiscalía general de la Nación en 2015 inició una investigación por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas el 6 y 7 de noviembre de 1985. Culminó con la condena a 35 años de prisión contra el general Jesús Armando Arias Cabrales, entre otros, el 24 de septiembre de 2019 por la Corte Suprema de Justicia.

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, producto del acuerdo de paz de 2016 con las FARC, está revisando en la actualidad esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia, por solicitud del general Arias Cabrales, quien compareció ante ella y se encuentra en libertad. Hoy en día ningún militar está preso por los gravísimos hechos del Palacio de Justicia. Hay impunidad total. El general Arias Cabrales, el 17 de enero de 2023, delante los familiares de los empleados de cafetería, visitantes ocasionales, magistrados, y la guerrillera Irma Franco, se presentó como víctima de persecución porque resultó incriminado y condenado por el holocausto del Palacio de Justicia por la justicia ordinaria. Con sus palabras indignantes, nuevamente agredió y revictimizó a las verdaderas víctimas. Se requiere que diga la verdad. De lo contrario, la JEP lo debe excluir del procedimiento.

En lo internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 14 de noviembre de 2014, condenó al Estado colombiano por estos gravísimos hechos en el caso Rodríguez Vera y Otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia). Pero como es ampliamente conocido, la Corte IDH no investiga ni juzga a personas. Se encuentra en supervisión de sentencia, a la espera de lo que pueda pasar en la JEP.

Las vueltas que da la vida. La hija menor de mi colega Margarita y mi hijo mayor se conocieron cuando estudiaban derecho en una universidad de Bogotá. Se casaron hace 13 años y tienen una hija y un hijo encantadores, que son las fresas en el pastel de los abuelos. Hoy Margarita y quien escribe, hacemos parte de una linda familia ampliada que celebramos con amor y cariño.

El Cristo del Palacio de Justicia fue declarado ‘Bien de Interés Cultural’

Durante un acto simbólico que contó con la presencia de los magistrados que conforman la Sala Plena y los presidentes del Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, la ministra de Cultura, Patricia Ariza, se formalizó la declaratoria como Bien de Interés Cultural del ámbito nacional del Cristo del Palacio de Justicia.

Esta escultura sobrevivió a los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia, entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. La pieza se encontraba en la Sala de Audiencias, ubicada en la esquina sur occidental del Palacio, contigua a la cafetería. El Cristo fue alcanzado por las llamas del segundo de los incendios que afectaron a la edificación, y fue posteriormente rescatado por el magistrado Hernando Baquero Borda, quien la conservó en su casa para luego retornarlo a la corporación.

 

Actualmente, el Cristo del Palacio de Justicia preside la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y se ha convertido en un símbolo permanente del deber de memoria y de un trabajo perseverante por la paz y la justicia en el país, cambiando su significación de lo devocional a un objeto de memoria histórica.

«Muy emocionante porque no solo es el Cristo que lo declaramos patrimonio, es este edifico, el lugar y son ustedes también porque este es un lugar donde se han realizado muchos actos de justicia y también de injusticia. Esperamos que esto no vuelva a suceder. Quiero desde acá saludar a todas las víctimas y sobrevivientes y a toda Colombia porque esto que sucedió es parte de la memoria histórica», afirmó la ministra de Cultura, Patricia Ariza.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Aroldo Quiroz, aseguró que el Cristo es muy importante para el poder judicial, para sus 30.000 funcionarios, pues tal y como lo establece la resolución, es un “símbolo de resistencia, supervivencia y renacimiento; invita a sobreponerse al horror, el Cristo invita a reflexionar sobre el conflicto en Colombia y desde allí pensar y trabajar por una Nación en paz».

 

Mi Vida y el Palacio: Construyendo memoria alrededor de nuestra historia

Relato sobre la toma del Palacio de Justicia

Helena, recoge tus cosas y ve a la secretaría que tu mamá te vino a buscar –es lo que recuerdo haber oído  sorprendida de no haberme ganado un regaño y de que mi mamá estuviera en la escuela, pero a la vez contenta por irme antes de tiempo. Me levanté, salí del salón de clase y después del edificio donde estaban los cursos medios. Atravesé el patio donde se estacionaban los buses, hasta llegar a otro edificio donde quedaba la secretaría de la escuela. Nosotras las estudiantes, rara vez íbamos allí.

 

Mi mamá alcanzó a verme entrando por la puerta que comunicaba con el interior del colegio, al otro lado de un amplio pasillo, ubicado al otro extremo y me siguió con su mirada hasta que estuve frente a ella.

Su rostro estaba tenso.

De repente, mis hermanas, Anahi y Maireé, se nos unieron.

Entonces mi mamá dijo: “El papá me llamó a decirme que las venga a buscar al colegio, porque hay unos disparos en el primer piso del Palacio de Justicia”.

Eso fue todo lo que dijo mi madre y salimos sin hablar del colegio. Una de las monjas a cargo de la secretaría, llamó un taxi que nos recogió en la salida de la carrera 9ª y nos llevó hasta la calle 72 para después tomar la carrera quinta hasta el barrio La Macarena, a casi seis kilómetros de distancia, donde vivíamos.

No hablamos en todo el recorrido. Mi mamá transpiraba angustia. Yo estaba muda y quizá desde ahí decidí no volver a decir mucho para protegerme de sentir. Tenía mucho miedo. Me desconecté del trayecto, de mis hermanas y de mi madre y no volví a hablar por muchos meses más.

El taxi subía con dificultad las calles empinadas sobre los cerros del lado oriental de Bogotá; perdía fuerza, se colgaba hasta lograr lentamente llegar a la cima de la pendiente, entonces retomaba la velocidad inicial. No hacía mucho que mis padres habían vendido el Renault 4 comprado justo en nuestra llegada a Colombia y con el que habíamos recorrido y conocido gran parte del país. Ahora teníamos un jeep de marca LADA. Era un carro con fama de ser resistente, fabricado en la URSS, que ese día mi papá había parqueado en los sótanos del Palacio de Justicia, y en el que nunca llegaríamos a viajar. Finalmente llegamos a nuestro apartamento en la carrera quinta con calle 27. Ya era poco más del medio día.

Entré y me fui a mi cuarto. Era muy amplio, de hecho era el más grande de toda la casa y el único que daba hacia el patio del edificio, así que era el menos ruidoso de todos. Me senté en la cama por un momento. Mi cama estaba separada de la de Maireé, por una mesita de noche en la mitad. Yo compartía cuarto con mis hermanas menores. La menor, que seguía siendo una bebé, a veces dormía con nosotras en su cuna, a veces con mis padres. Anahi, que ya entraba en la adolescencia, tenía un cuarto para ella sola, algo más pequeño.

Recuerdo que el cuarto era frio, sobre todo en las noches y por eso para dormir me metía entre las cobijas de lana, evitando las sabanas heladas. Había muñecas por todos lados. Mis hermanas jugaban con ellas. A mí, en cambio, nunca me habían gustado mucho.

En el cajón de la mesita de noche guardaba mis lápices, borradores de colores de olor a fresa. Lo que más cuidaba eran las hojitas con impresiones de muñequitos japoneses y garabatos que nos gustaban a las niñas de mi colegio y que por alguna razón llamábamos esquelas. Abrí el cajón y revisé que estuviera todo en su lugar, como buscando asegurar mi pequeño mundo. Lo volví a cerrar y fui a la sala.

Mi mamá ya no estaba. Había vuelto a salir a recoger a la menor de las hermanas al jardín infantil. Había tenido que tomar un taxi nuevamente.

En la sala de la casa las ventanas iban de extremo a extremo y se podía ver toda la ciudad. En una de ellas mi papá había pegado un poster con un dibujo de una paloma blanca que simbolizaba la paz. Hacía un año que se había firmado un acuerdo de paz entre el gobierno y varios grupos guerrilleros como las FARC o el M19.

Las ventanas tenían unas cortinas delgadas para opacar un poco la luz que entraba al salón de forma directa desde el mediodía y durante toda la tarde. Corrí una cortina hacia un lado y me metí entre ella y la ventana, y ahí me puse a mirar el horizonte. De repente, y como en una película, vi acercarse y pasar delante de mis ojos, por la carrera quinta en dirección sur, un tanque de guerra,  uno de esos monstruos pesados, diseñados en los países del norte para las guerras que se libran en el sur . Iba listo para el combate, listo para matar. Iba en dirección hacia donde se encontraba mi papá. Sentí mucho miedo pero no comenté nada a nadie.

Los segundos y minutos pasaban y yo permanecí ahí mirando hacia afuera, sintiéndome como elevada, por encima de lo real, como inexistente dentro de lo que acontecía, mi cerebro no podía ir a la velocidad del momento, ni entender qué pasaba. No lograba ordenar lo que oía, o lo que veía, yo era insignificante, todo pasaba, pero yo no podía actuar.

¿Un tanque de guerra pasando por mi casa, hacía donde estaba mi papá? ¡No podía ser verdad! Solo el pavor me parecía real. Pero no dije nada, me lo guardé para mí. Me guardé todo el ruido, me guardé todo el espanto que viví y todo se fue poniendo más duro dentro de mí.

Muchos años después, cuando finalmente hablé de aquél recuerdo, supe que ese no había sido el primer tanque que había ido a parar al Palacio de Justicia y que Anamaría también había visto algunos sobre la Carrera Séptima poco antes, cuando iba camino a mi colegio.

Nota relacionada: El Palacio de Justicia: 35 años de silencio e impunidad

Cuando mi mamá regresó a la casa con la menor de las hermanas,  ya sabía que el M-19 se había tomado el Palacio de Justicia y libraba una batalla con las Fuerzas Armadas en pleno corazón de la justicia de Colombia. A medida que fueron pasando las horas y la situación dentro del Palacio se ponía peor comenzó a llegar a nuestra casa más y más gente.

Y el teléfono no paró de sonar…

Sobre Helena:

Nació en Lovaina, Bélgica, en 1975, hija de madre uruguaya y padre colombiano. Estudió Ciencias Políticas en Colombia y Maestría en Estudios Latinoamericanos, Lingüística y Medios en Hamburgo, Alemania. Se ha desempeñado en campos como la investigación, la cooperación al desarrollo, el periodismo, la promoción de la paz, la memoria y la democracia, la defensa de los derechos humanos y como asesora parlamentaria del Bundestag Alemán.

Ha colaborado como columnista de la Revista Cambio, el diario El Espectador y El Diario.es. En 2020 presentó su libro: Mi Vida y el Palacio, Ed. Planeta; un relato político autobiográfico desde la mirada de una niña de 10 años sobre la peor tragedia institucional de violencia política en la historia de Colombia: la toma del Palacio de Justica; la experiencia del exilio para una niña y el peso de la impunidad.

Extracto del libro:

Mi Vida y el Palacio: 6 y 7 de noviembre de 1985

Autora: Helena Urán Bidegain

https://www.planetadelibros.com.co/libro-mi-vida-y-el-palacio-6-y-7-de-noviembre-de-1985/322327

 

Twitter: @HelenaUranBideg

 

La opinión de Diana Noguera: Sin Olvido

Ayer 6 de noviembre se conmemoraron 32 años del Holocausto del Palacio de Justicia. Aunque en el momento de la toma y retoma del Palacio yo solo tenía 2 años, crecí conociendo de cerca los hechos y tratando de entender cómo ocurrieron y preguntándome como muchos de ustedes ¿dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia?.

 

En dichos hechos se reconoció inicialmente la muerte de 98 personas, las cuales presuntamente murieron en el fuego cruzado y en el incendio, y digo presuntamente porque por ejemplo, Carlos Horacio Urán Rojas, Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado, salió con vida del Palacio y fue encontrado asesinado con un tiro de gracia, en la morgue de Medicina Legal, su cuerpo fue lavado previamente y sus efectos personales aparecieron en una bóveda en el Cantón Norte, su billetera, que siempre tenía en su saco, tenía una perforación por arma de fuego, consistente con la herida que le causó la muerte.

Pero hubo 12 personas de las que, hasta ahora estamos conociendo su paradero, a pesar de que en los videos de los medios de comunicación de la época se ve salir a muchos con vida. Carlos Augusto Rodriguez Vera, David Suspes Celis, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Norma Constanza Esguerra, Bernardo Beltrán Hernández, Lucy Amparo Oviedo, Hector Jaime Beltrán, Luz Mary Portela, Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarin, Gloria Anzola de Lanao e Irma Franco Pineda fueron declarados como desaparecidos.

Los restos, y cuando digo restos me refiero a pedazos de sus cuerpos, de Lucy Amparo Oviedo, Ana Rosa Castiblanco, Luz Mary Portela y Cristina del Pilar Guarín fueron encontrados en fosas comunes, mientras que los restos de Hector Jaime Beltrán aparecieron en la tumba de Julio Cesar Andrade (Magistrado Auxiliar) quien ahora es uno más de los desaparecidos y los de Bernardo Beltrán, fueron encontrados el 1 de septiembre de este año en la tumba de Jorge Alberto Echeverry Correa (Magistrado Auxiliar) de quien ahora tampoco se conoce su paradero.

La aparición de los restos de los desaparecidos del Palacio, más que traer luces sobre lo que pudo ocurrir aquel 6 y 7 de noviembre de 1985 levanta muchas más dudas. Personas como Bernardo Beltrán, a quien claramente se ve salir con vida en videos y fotos, bajo el control de la Policía y el Ejército Nacional, quien fue conducido a la Casa del Museo del Florero y de quién hasta el 1 de septiembre de este año no se supo de su paradero, son una muestra de la impunidad y falta de justicia en este país.

No existe crimen más atroz que la desaparición forzada y aún más cuando es un crimen de Estado. Aunque presumo la muerte de todos los desaparecidos del Palacio de Justicia, el hecho de no saber dónde están, ni poder tener la certeza de cómo fueron asesinados, no permite darle un cierre a ese capítulo de nuestra historia. En el caso del Palacio no ha habido verdad, ni justicia. A pesar de que en 2015 el Presidente Juan Manuel Santos, atendiendo a una Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció la responsabilidad del Estado y pidió perdón a los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia este fue un evento meramente protocolario.

Seguimos sin saber qué pasó con los desaparecidos, seguimos sin saber dónde están sus restos, seguimos esperando que se juzgue a los responsables. Mientras que en noviembre de 2015 Santos pedía un perdón protocolario en diciembre del mismo año, a 30 años de los hechos del Palacio, el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, era absuelto por los mismos hechos porque para la Corte Suprema de Justicia las órdenes emitidas por el Coronel en comunicación con los otros comandantes del operativo de retoma, o los testimonios presentados por la fiscalía y los abogados de los familiares de los desaparecidos, no era suficiente para determinar su implicación en los hechos, aunque muchas de estas mismas pruebas si fueron suficientes para condenar al General (R) Jesús Armando Arias Cabrales.

Testimonios como los de Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, estudiantes de Derecho de la Universidad Externado para la época de los hechos y que se encontraban en el Palacio por casualidad el día de la toma, nos dan luces sobre el nivel de violencia que los militares ejercieron contra las personas que consideraban “especiales”, un eufemismo barato que quería decir guerrilleros del M-19 y a quienes torturaron sin piedad.

Hoy, pasadas más de tres décadas de estos hechos, los colombianos seguimos pidiendo verdad, justicia y reparación y no dejaremos de preguntarle al Estado ¿DÓNDE ESTÁN LOS DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA?

NOTA: Esta columna, más que un recuento de los hechos del Palacio es un homenaje a las familias que llevan 32 años buscando la verdad. Que sepan que no están solos y que existen colombianos que los acompañan en su búsqueda y que los llevan acompañando 32 años. Muchas personas han muerto en la búsqueda de esta verdad como es el caso de Eduardo Umaña, también es un homenaje para él, su familia y sus amigos. SIN OLVIDO.

TwitteR: @Diana_Noguera

En tumba de Magistrado hallan a desaparecido del Palacio de Justicia

A la izquierda, una de las tanquetas que el Ejército utilizó en la operación contra la toma del Palacio de Justicia; a la derecha, una persona herida es retirada del lugar.

 


Los restos mortales de Bernardo Beltrán, uno de los desaparecidos durante la toma del Palacio de Justicia de Bogotá por parte de la extinta guerrilla del M-19 hace ya más de 30 años, han sido encontrados en la tumba donde se creía que estaba sepultado el magistrado Jorge Alberto Echeverry, han informado las autoridades colombianas.

El Instituto de Medicina Legal confirmó que se trata de Beltrán, que tenía 24 años y trabajaba como camarero en la cafetería del Palacio de Justicia cuando se produjeron los hechos. Ahora, es Echeverry quien figura como desaparecido.

El pasado 2 de junio, ocurrió algo similar. Los forenses anunciaron el hallazgo del cadáver de Héctor Jaime Beltrán, otro camarero desaparecido, en el sepulcro donde debía estar el también magistrado Julio César Andrade, clasificado desde entonces como desaparecido.

El 6 de noviembre de 1985 guerrilleros del M-19 asaltaron el Palacio de Justicia, ubicado en la céntrica plaza Bolívar de Bogotá, a lo que militares y policías respondieron con un operativo que duró 27 horas, prolongándose hasta el día siguiente.

En total, 98 personas murieron y 11 desaparecieron, aunque en los últimos años se han ido reduciendo. Las investigaciones de la Fiscalía revelaron en 2005 que los civiles desaparecidos salieron con vida de la sede judicial bajo custodia de la Fuerza Pública. Hasta ahora, han sido detenidos tres militares por estos hechos.