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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Para tener en cuenta

Retiro forzoso

No es urgente, pero si es importante, entender el acelerado envejecimiento que vive el país. Se estima un pico poblacional global en 2064 de 9.630 millones. En Colombia, esto ocurrirá antes, en 2060 tendremos 55,4 millones de habitantes. El bono demográfico donde la proporción de la fuerza laboral productiva supera la de menores de 18 años y mayores de 65, que empezó en 2002 se prevé acabe en 2047, según Naciones Unidas. Si se dice que los colombianos se vuelven dependientes cinco años antes, a los 60 años, se recorta el bono 20 años, a 2027, según USAID. Hay que aprovecharlo, de ahí en adelante es nadar contra la corriente, obligar a la gente a retirarse antes de que quiera hacerlo, no tiene sentido. 

Con el ingreso de la mujer a la fuerza laboral, la tasa bruta de natalidad bajó de 46,35 entre 1950 y1955 a 15,03 entre 2015 y 2020, según investigadores de la U. de Antioquia. Con este colapso de natalidad, de acuerdo con el DANE, en 2023 los adultos mayores de 60 años fueron 7.4 millones y sobrepasaron el 14,4% de la población. Más gente laborando hace más fácil el progreso económico, la lucha contra la pobreza y la prestación de servicios sociales. Si tomamos la decisión de decir que una persona se vuelve dependiente a los 60 años, el problema se vuelve urgente porque al bono demográfico le quedarían solo tres años. Debe haber un incentivo económico para que se siga trabajando, son personas que tienen mucho que contribuir a la sociedad para desecharlos.

 

Cuando el presidente Carlos Lleras fijó la edad de retiro forzoso en 65 años, en 1968, la expectativa de vida en Colombia era 60.87 años. Pero las mejoras en salud, hacen que los 70s de hoy sean hasta más saludables que los 60s de la época. Aún con un ajuste en 2016 que subió la edad de retiro a 70 años, dada la expectativa de vida publicada por el DANE en 2024 de 74 años, el ajuste es insuficiente. Tendría más sentido, si fuéramos consistentes con la lógica de Lleras, un retiro forzoso a los 75 u 80 años para garantizar que se mantenga por encima de la expectativa de vida.

Nuestro sistema pensional causa una mayor desigualdad en el país, donde después de pagar pensiones, somos más desiguales. El quintil más próspero en Colpensiones recibe el 50,8% de los subsidios, mientras el quintil más pobre solo logra el 4,3%. La reforma pensional que cursa en el Congreso, busca corregir esta injusticia con un sistema de pilares donde los subsidios cubran un mínimo vital para que después los cotizantes pasen a los fondos de pensiones. Entre más bajo sea el mínimo vital, de manera más positiva, la reforma va a impactar la equidad. El Congreso debe reflexionar en cómo la reforma pensional impacta las decisiones laborales, el trabajo voluntario es algo para incentivar.

El envejecimiento de la sociedad es un hecho cultural, así como económico. Si en los últimos 55 años los colombianos tienen una esperanza de vida de 14 años más, solo ese logro habla de una sociedad más próspera, más justa y menos violenta. Si aquellos nacidos en la década de los 60s siguen contribuyendo al país, será un largo periodo de creciente riqueza, si no les damos su importancia, el bono demográfico se nos acabará pronto. Los que queden produciendo serán menos que los que tienen que sostener.   

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El Niño

En círculos energéticos es el tema central de discusión, su intensidad y duración es lo único que genera discrepancias entre expertos. Con el tiempo, dada la gravedad de los pronósticos, un grupo más amplio se suma a la conversación. Las medidas impuestas por la saliente Min Minas aumentaron la vulnerabilidad frente a un racionamiento. Para muchos sorprendieron positivamente las primeras declaraciones del nuevo Min Minas, mostrándose pragmático y técnico. Su mandato se caracterizará por la manera como enfrente el riesgo energético durante el primer trimestre de 2024. Parte de su éxito o fracaso, vendrá de lo que coseche durante 2023, la CREG y Min Minas son los actores principales.

El fenómeno de El Niño es un evento climático de aumento de temperaturas superficiales del mar, en Colombia se asocia a un largo periodo de sequía. Aunque ocurre cada 2 a 7 años, usualmente cada 4 fenómenos, hay uno de especial intensidad. Esta sequía es grave por su impacto en la agricultura y desastres naturales, pero traumática en la generación eléctrica. La matriz energética nacional es cerca del 70% hidroeléctrica. Si los embalses pierden agua, no se puede generar electricidad, por lo cual se activan las plantas que el país mantiene apagadas, si alcanza sube el precio, si están no alcanzan hay apagón.

 

La primera actividad en la cual debe concentrarse Min Minas es la de finalizar los nombramientos de la CREG. Desde abril, la Entidad está sin comisionados en firme para tomar decisiones. Es fundamental que las personas designadas sean técnicas, no que lleguen a aprender. Hay demasiadas decisiones pendientes a que se formalicen estos nombramientos.

Aunque estamos ya tarde, debe crearse un grupo especial de seguimiento para acelerar el ingreso de proyectos, considerando que varios de ellos se encuentran frenados por trámites. Cada molécula de energía va a ser útil durante 2024, deben entrar proyectos, aunque estén a prueba. Se debe prever un plan de abastecimiento de combustibles, así como de mantenimiento de la infraestructura logística de gas. Se podría inclusive pensar en promover la autogeneración en áreas especiales, donde la energía se liquide como si estuviera conectada detrás de la frontera de usuarios, otorgando los beneficios de generación. Hay muchas ideas por revisar, pero hay que empezar.

Existe una oportunidad para revisar el rol de la demanda. Para empezar, con hidrología extrema, se debe suspender la exigencia de consumo mínimo a grandes consumidores, dado que su objetivo de garantizar la expansión de cobertura, pierde sentido cuando el sistema está bajo estrés. Lo más innovador sería habilitar a consumidores para ofertar su desconexión en el despacho de corto plazo, incluyendo el mercado de restricciones. Se debe promover la agremiación de pequeños consumidores hasta el punto que ciudades enteras se puedan desconectar y recibir el correspondiente pago económico.

Por encima de cualquier tema, el sector energético necesita un capitán que maneje el barco, es clave entender que, además de la transición energética, tenemos que pasar el huracán que se avecina con El Niño. Con la holgura de capacidad instalada que existe hoy, puede que Colombia no se apague, pero el palo no está para cucharas, y el país no aguanta incrementos radicales en la tarifa.

Simón Gaviria

 

Tampoco se puede

No es imposible, pero si es muy difícil para Colombia reemplazar económicamente los hidrocarburos. Cerca de 3.3% del PIB, 40% de las exportaciones y casi $7.5 billones de ingresos fiscales, depende de la actividad petrolera. Aunque suena lindo para la galería argumentar que se reemplaza con alguna actividad benéfica, la verdad es que en el corto plazo el candidato realista para reemplazar el petróleo es el cobre. Este es un metal verde requerido para la transición energética, para el cual un proyecto pequeño empieza desde US$500 millones de inversión. A pesar de sus bondades ambientales y su impacto económico, en Colombia explotar cobre tampoco se puede.

Así como el peso colombiano se correlaciona con el precio del petróleo, para Chile y Perú sus monedas bailan con el precio del cobre. En nuestra región, Chile es de lejos el principal productor del mundo, Perú es el segundo, Panamá el octavo, mientras Colombia es el 37. Siempre se ha pensado que la misma formación de Los Andes que le da cobre a estos países, debería darle el preciado mineral a Colombia. Efectivamente, departamentos como Córdoba, Antioquia, Putumayo, La Guajira y el Cesar cuentan con excelente prospectiva. Desafortunadamente, el proceso integral de licenciamiento más el orden público, han hecho imposible que despegue el sector.

 

Al comienzo de la década se pensaba que la producción colombiana se podría multiplicar por diez para 2025, esos sueños de 100 mil toneladas anuales no se van a lograr. En el proyecto de Córdoba, no se logró la aprobación del Plan de Trabajos y Obras por discrepancias menores al 0.5% en el monto de reservas con la Agencia Nacional Minera; en Antioquia, la Anla negó dos veces la solicitud de licencia ambiental, y los demás proyectos no despegan. Ni en esta ni en la anterior administración ha sido posible explicar que hay metales verdes necesarios para lograr la transición energética. No tiene sentido oponerse a toda la minería por filosofía, hay que distinguir entre minerales.

Durante los últimos 20 años, el cobre para Chile ha significado el 13,1% de sus ingresos fiscales. En Chile representó en 2021 el 56% de las exportaciones; en Perú el 31%, y en Panamá el 80%. El proyecto de Antioquia, con 5 millones de toneladas de cobre en reservas, que pagan 5% de regalía al precio actual, retribuiría, solo por ese concepto, $8.7 billones. Existe el rumor que en esa zona hay 14.6 millones de toneladas, sin incluir metales asociados como oro y plata, significa casi tres veces el valor económico de regalías mas otros impuestos y encadenamientos. A Colombia todavía le falta mucho desarrollo económico para olímpicamente desechar estas oportunidades.

El nuevo pronóstico de Bancolombia para Colombia es de tan solo el 0.6% de crecimiento para 2023. El nombramiento de Andrés Camacho, cuota política de las FARC, pero miembro de la UTL de una senadora del Pacto Histórico, en la ANH es diciente: no se va a incentivar producción adicional de petróleo. La posibilidad de aliviar la carga fiscal es requerida. Para producir un MW de energía eólica se requiere 3.6 toneladas de cobre y para MW solar entre 4-5 toneladas de cobre. Aunque sea solo para salvar al planeta, se debería incentivar la explotación de cobre, y si en el camino se alivia la pobreza, aún más.

 Simón Gaviria Muñoz

Inteligencia artificial

Los dividendos tecnológicos tienden a tomar más tiempo de lo previsto. El internet, el computador personal o los celulares, durante su infancia, no ofrecieron los avances en productividad prometidos. Más bien la tecnología tiene un prontuario masivo de burbujas financieras y falsos profetas, solo en esta última década han coronado los cryptoactivos, el blockchain, la realidad virtual, la realidad aumentada y los Non-Fungible Tokens (NFTs).  A pesar de tantos mesías, por lo menos hasta ahora, la inteligencia artificial pareciera que va a tener el mayor impacto en el mercado laboral. Llamados de regulación para evitar una distopia tecnológica tienen el respaldo de voces calificadas, pero la regulación que debe sacar Colombia es más inmediata.

Los impactos de la tecnología son imprevistos, nadie hubiese imaginado que el humilde invento del aire acondicionado cambiaría los patrones de inmigración hacia las costas o que el zoom adaptado en pandemia impactaría tanto a la industria aeronáutica. La clave para entender el fenómeno de estos Modelos Masivos de Lenguaje (MML) de inteligencia artificial es que su impacto inmediato es la disrupción de profesiones que requieren memoria. Son los abogados y los contadores, más que los taxistas, quienes deben comenzar a prepararse.

 

Funcionalidades como ChatGPT en esencia se alimentan de cantidades masivas de datos para aprender a darle significado. Entre más datos, van mejorando su funcionalidad y ampliando su conocimiento. Este aprendizaje de máquinas podría evaluar la jurisprudencia específica de un juez y de manera posterior identificar los argumentos de un caso más aptos para convencerlo. Esto mismo aplica para la preparación de una declaración de renta, una nota periodística sin análisis o algunos tipos de diagnóstico médico. Puede que se haga un primer buen resumen, pero la calidad del trabajo depende de la calidad de la información de la cual se alimenta.

Asumir que el internet o las redes sociales son la verdad revelada es una equivocación. Están llenas de racismo, sexismo, noticias falsas y excéntricas teorías de la conspiración. Si los MML consumen esta información van a responder con estos filtros para probablemente dar respuestas equivocadas. En la esfera técnica, como la composición química de un producto, no hay tanto riesgo, sin embargo, al entrar a otros temas se requiere muchos más que un grano de sal; en tecnología es como un Google mejorado, que arroja el resultado que hay no el que es.

Existen temores en las áreas creativas donde ChatGPT dibuja, escribe y compone como un artista. La clave es que la inteligencia artificial no compone como Beethoven o Drake, sino más bien que los copia supremamente bien. No solo el público debe conocer cuándo una canción o un cuadro son desarrollados artificialmente, sino que debe desarrollarse tecnología para proteger los derechos de autor de los creadores copiados. En esencia, es la inteligencia de copiar muy bien, por ahora no hay ninguna creación original.

De igual manera, en otras áreas se debe transparentar el uso de aplicaciones que usen MMLs para dar respuestas. En algunos casos el gobierno debe proteger qué tipo de datos se pueden utilizar en los modelos, no queremos que información personal ingrese, quedarían individuos sujetos a manipulación y expuestos a casos de delincuencia informática. Igualmente, hasta mostrar mayor confiabilidad no deberían ser válidas sus recomendaciones en algunas profesiones, por ejemplo, en medicina. Lo que sí es evidente, es que el nuevo petróleo son los datos y eso hay que protegerlo.

¿Fin del GEA?

Acabó de manera tan sorpresiva como empezó, la telenovela de las OPAs para comprar el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). La alianza de Abu Dhabi con los Gilinski se queda con 87% de Nutresa, consorcio de alimentos, mientras el enroque tradicional paisa retuvo los conglomerados financieros y de infraestructura con Sura y Argos. Pendiente de algunas aprobaciones regulatorias, los siguientes pasos de Nutresa parecen claros hacia una expansión internacional o una rentable venta a una empresa global. Lo que es menos evidente es el futuro del GEA, lo único claro es que como esta no se debe quedar.

Un profesor de la Universidad Harvard bromeaba, destacando la excepcionalidad antioqueña, que Colombia era Venezuela más el departamento de Antioquia. El GEA nace de la necesidad de proteger las empresas paisas de ser compradas por no-antioqueños. En el contexto global del momento, los conglomerados estadunidenses lideraban y los keiritsu japoneses emergían; la estrategia no era atípica. Con el tiempo, se hizo evidente que el compás estratégico no podía ser simplemente ser de Antioquia. Una restructuración liderada por ellos mismos los reformo en los 90s: internacionalización del grupo, venta de activos no esenciales y creación de las tres verticales actuales. No actualizar su estructura corporativa desde aquel momento llevó a que un tercero los forzara.

 

El fin de los conglomerados como General Electric, Johnson & Johnson o Toshiba nace de lo complejo que es ser experto en múltiples temas. Cuando están listados en bolsa, se añade la complejidad que tranzan a un descuento de la sumatoria de sus partes, por ejemplo, un fondo de energía que le guste Celsia, no quiere invertir en alimentos, bancos y cemento. Esto, en conjunto con el fenómeno colombiano de descuento por baja liquidez, hizo que el GEA fuera aún más vulnerable ante las pretensiones de Gilinski.

Si el propósito del GEA es mantener su antioqueñidad, las OPAs ya asumieron el costo de absorber el grueso de las acciones de terceros en bolsa. Simplemente, pueden de-listar de la BVC para volverse privados, manteniendo el trenzado de prominentes familias para protegerse de la venta de un tercero. Igualmente, se podría desenlazar Argos de Sura listando un nuevo bloque de acciones en una bolsa pública. Aun manteniendo dueños similares, las empresas se podrían especializar en maximizar valor para sus accionistas. De esta manera, también se resolvería el problema del descuento por conglomerados.

Lo más interesante sería una fusión de Argos con Sura, integrándose a través de un fondo privado a la Blackstone o Blackrock. Un reto para la inversión hacia Colombia es la falta de proyectos de gran escala con suficiente calidad de estructuración, para someterse a un comité de inversiones en Londres o Nueva York. El GEA, como nadie, cuenta con los equipos gerenciales, capital, conocimiento y disciplina para armar proyectos de la correcta escala. Permitir capital de terceros ingresar podría no solo potenciar el capital existente, sino traer conocimiento sectorial. Aunque este esquema requiera la desinversión de algunas divisiones, permitiría manejar diferentes divisiones sin caer en la trampa de conglomerado. Sería lo mejor no solo para Antioquia, sino también para Colombia y para los actuales accionistas.

 

Ronda de Renovables

Dicen que se hace campaña en poesía, pero se gobierna en prosa. El gobierno se posesionó con uno de los discursos ambientales más radicales del mundo, uno basado en el ataque más que en resultados. Tras prohibir la exploración de hidrocarburos en Ecopetrol y frenar un sin número de licencias ambientales, no hay ningún logro palpable en transición energética, ni siquiera se ha presentado la hoja de ruta anunciada para mayo de 2023. El poder simbólico del “No” es didáctico, pero por sí solo no salva el planeta. La decisión de Enel de suspender el proyecto Windpeshi de renovables al mismo tiempo que el país bate records en el primer trimestre de 2023 de inversión extranjera minero-energética, no era la rima esperada. Sin resultados a la vista, le va a tocar al gobierno trabajar más duro, crear rondas de inversión de renovables.

En La Guajira chocaron dos principios del gobierno, lograr extraer más beneficios económicos para comunidades y descarbonizar la matriz energética. Se impuso la primera, matando la gallina de oro. Ni siquiera es que hubiese problema con que la comunidad estuviera exigiendo sus derechos, el reto era que cada vez que todo estaba acordado, había otro paro para pedir más. Es probable que, frente a la imposibilidad del diálogo efectivo y el aumento de secuestros y extorsiones, otros de los 59 proyectos de renovables en La Guajira también cierren. Ni siquiera la línea de transmisión logra salir adelante con 45 consultas previas requeridas.

 

En febrero, según Colfecar, en Colombia se presentaron 2.6 bloqueos viales diarios. Ahora que no solo las comunidades Afros e Indígenas, sino cualquier campesino pueda exigir consulta previa, como pretende el gobierno, la posibilidad de adelantar infraestructura para el progreso se va a volver imposible. Lo óptimo sería que el interés general prime sobre el particular. En Perú, las obras nacionales están exentas de consulta previa y tienen licenciamiento más expedito. Aunque esto no es posible en Colombia, si haría mucho bien definir al principio de un proyecto el costo económico de la consulta previa en inversión o participación de utilidades.

Es lamentable sacrificar la transición energética en el altar del diálogo interminable y el paso glacial de la agencia nacional de licencias ambientales. La ironía es que mientras las inversiones verdes no llegan al país por su complejidad, llueve la inversión extranjera minero-energética. A pesar del alza de impuestos y la hostilidad administrativa, el negar nuevas licencias hace más escasas y valiosas las existentes. Con corte a abril, la inversión extranjera directa en Colombia creció un 20% frente al 2022 a US4,791 millones. La inversión extranjera distinta a la minero-energética cayó un 37% sobre el mismo periodo. Si se sigue en este camino, seremos más dependientes que antes en el sector extractivo sin avanzar en descarbonizar la economía.

Una de las pocas cosas que el Estado hace mejor que el sector privado es el proceso de licenciamiento. Utilizando mapas solares y de viento, Min Minas podría identificar zonas de alto potencial en renovables para encargarse de cualquier requisito de licencia o consulta. Esto, junto con una mejor expansión de las líneas de transmisión, podría lograr los tres propósitos: comunidades en mejores condiciones, diversificación del modelo extractivos y transición energética.

 

La energía barata

El gobierno quiere reducir precios de energía, una meta loable, pero si es mal implementada tendría consecuencias nefastas. Las alegrías del presente, pueden ser las pesadillas del mañana. Casi siempre congelar precios acaba con escasez de producto, falta de modernización y mal servicio. En energía, un ejercicio populista fácilmente nos puede llevar a un racionamiento. Aun con la decisión del Consejo de Estado, el presidente nombrará tres delegados mas el vice de energía tendrá mayoría en la Comisión de Regulación de Energía (CREG). Ojalá las voces técnicas sean escuchadas.

Bajos precios de energía alivian el bolsillo de los hogares, mientras que incentivan producción estimulando empleo. El reto de la transición energética es que la justicia social no siempre está alineada con la sostenibilidad ambiental. La transición energética requiere de inversión: hay que instalar paneles solares, molinos de viento y fábricas de hidrógeno. Si por precios los proyectos no son rentables, simplemente no se hacen, hay que mantener un balance. Elevar el estándar ambiental cuesta más, hay que hacerlo, pero con transición. Promover la oferta y mejorar la vigilancia nos puede dar la misma reducción en precios, pero sostenibles en el largo plazo.

 

El fracaso de la resolución de la Creg y Min Minas en octubre no debe llevar a acciones equivocadas. Fácilmente se podría revisar la exportación de energía a Ecuador que reduce la oferta disponible entre 4-5% o revisar el precio de exportación para proteger la tarifa nacional. Es como si Hidroituango se hubiera construido para atender a Ecuador y su energía no entrara para la demanda colombiana.

Según XM, operador del mercado colombiano, el año pasado se realizaron vertimientos equivalentes a 17% de la demanda energía. Las hidroeléctricas, en vez de tener agua disponible para generar, la vertieron, con lo cual disminuyó la oferta de energía barata de hidro. Esto implica el despacho de otras energías más costosas, se debería sancionar generadores de hidroeléctricas que desembalsan por razones comerciales, como mínimo cobrar el desembalse.

Igualmente, en el espíritu de las alianzas público populares, se podría sustituir los subsidios perdidas de energía, por la constitución de prestadores solares comunitarios. Estos reducirían los subsidios que actualmente se reconocen, tendrían a las juntas de acción comunal como accionistas con el arduo trabajo del control social de no pago. Actualmente, en las costas, esto podría ser entre el 14% y el 20% de la demanda como 400 MW. Es convertir un subsidio en un activo permanente.

Hay muchas cosas por ver: recalcular el costo de capital, flexibilizar el esquema de garantías e inversiones, ajustar la definición del índice de precios al productor, acelerar las metas de medición inteligente, créditos blandos temporales, entre muchas cosas. Para empezar, se le deben dar facultades más robustas de vigilancia a la Super de Servicios.

Una decisión de congelar precios nos solo conduciría hacia un racionamiento, sino que mataría la esperanza de transición energética. No se nos puede olvidar que este año hay niño y los precios de carbón están por el cielo. El ambiente de inversión está en deterioro, si se suma la mala regulación, las consecuencias serían terribles.

Simón Gaviria