La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) firmaron memorando de entendimiento para fortalecer la protección de los páramos de Sumapaz y Chingaza y promover un ecoturismo sostenible y responsable.
Esta alianza abarca estos dos de los ecosistemas más importantes del país, esenciales para la regulación hídrica y el equilibrio climático.
Con esta iniciativa se fortalecerán las estrategias de manejo sostenible, ordenamiento territorial y gestión de riesgos climáticos, a la vez que impulsarán programas de educación ambiental, participación ciudadana y negocios verdes en la región. Así, se beneficiarán tanto los ecosistemas como las comunidades locales que dependen de ellos, demostrando el compromiso de ambas instituciones con la conservación y la transformación territorial en Cundinamarca y el país.
“Una alianza que nos va a permitir trabajar de manera articulada por nuestro páramo de Sumapaz, el más grande del mundo, así como por el páramo de Chingaza. Vamos a adelantar procesos de gestión del conocimiento, intercambios de sistemas de información y de buenas experiencias de una entidad emblemática como lo es Parques Nacionales que hoy ha logrado un estado de conservación de cerca del 98% en un ecosistema tan importante como Chingaza”, afirmó el director general de la CAR, Alfred Ballesteros.
El acuerdo girará en torno a la protección y conservación de la biodiversidad; el ordenamiento territorial; la gestión de riesgo y cambio climático; ecoturismo y negocios verdes y educación ambiental y participación social.
Por su parte, el director general de Parques Nacionales Naturales, Luisz Olmedo Martínez Zamora resaltó que, “hemos consolidado esta alianza de trabajo con la CAR porque tenemos un propósito conjunto: mirar al futuro en perspectiva de tener un mejor ecosistema que soporte las necesidades ambientales de toda la región y para eso es importante fortalecer el conocimiento, trabajar con las comunidades y tener una visión de convergencia con el fin de proteger la vida.”
Parques Nacionales Naturales de Colombia publicó el informe de áreas protegidas donde asegura que Colombia culmina el 2023 con 1.552 áreas protegidas, equivalentes al 23,84 % del Territorio Nacional.
De acuerdo con el informe del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP, esas áreas equivalen al 49’358,639.15 hectáreas, distribuidas de la siguiente forma:
19’090,818.63 hectáreas terrestres, equivalentes al 16.72 % de la superficie terrestre del País.
30’267,820.52 hectáreas marinas, equivalentes al 32.59 % de la superficie marina de la Nación.
Según la RUNAP, 239.314 hectáreas protegidas pertenecen a Reservas Naturales de la Sociedad Civil y 740.707 a Parques Naturales Regionales.
Tal como lo había anunciado el expresidente, Iván Duque, Colombia superó la meta de protección de áreas para 2022, la cual estaba fijada en el 30%. El exmandatario había anunciado la integración de más áreas marítimas y terrestres al sistema del RUNAP.
“Es un día en el que vamos a hacer historia. Hoy, gracias al trabajo articulado con la Academia, podemos decir que tenemos el 37 % de nuestro territorio marino declarado como área protegida. También es un día maravilloso porque Colombia llega al 31 % de su territorio continental declarado como área protegida. Es la más grande conquista de la conservación que ha logrado nuestro país. Estamos hablando de un 34 % del territorio colombiano que hoy podemos llamarlo área protegida y lo hicimos antes del año 2030. Es una labor realmente titánica, una labor con gran rigor”, aseguró Duque.
Este importante avance en materia ambiental fue gracias a la cooperación internacional. Un ejemplo son los montes submarinos, conocidos como la Cordillera Beata, que se encuentra en el mar Caribe central y es compartida entre Colombia y República Dominicana.
Otro hito importante de preservación de especies marinas se logró entre Los mandatarios de Colombia, Ecuador, Costa Rica y Panamá al declarar la ampliación de las áreas marinas protegidas del archipiélago de las Galápagos en 60.000 kilómetros cuadrados.
El pasado 6 de abril la Procuraduría General de la Nación, gracias al interés del recientemente nombrado Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, expidió la Directiva 006 de 2022 orientada a enfatizar el cumplimiento de los deberes de quienes ejercen funciones públicas relacionadas con la protección de los Parques Nacionales Naturales y los Parques Naturales Regionales, así como de quienes desde otras instituciones públicas, tienen relación con el control a las actividades propias y derivadas de la ganadería.
Estas áreas protegidas están enmarcadas en un principio legal que las hace inembargables, imprescriptibles e inalienables. En consecuencia, no pueden ser objeto de gravámenes hipotecarios o embargos, son de dominio público y están por fuera del comercio (Sentencia C- 649 de 1997).
Independientemente de la necesidad de revisar con prontitud el marco legal, que a todas luces ha sido insuficiente para cumplir el rol de protección a perpetuidad del patrimonio natural y cultural que albergan estas áreas protegidas, se hace necesario dar aplicabilidad urgente y prioritaria a la Directiva en un área protegida, tal vez la más importante en términos de la viabilidad de genética de la biodiversidad colombiana: el Parque Nacional Natural Tinigua, ubicado en el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta.
Tal como lo planea la citada Directiva, es necesario suspender y cancelar el registro sanitario de predios pecuarios, a través del cual se entiende legal la actividad ganadera, retomar acciones para inventariar las cabezas de ganado en su interior, interponer las medidas preventivas del caso, definir las áreas deforestadas y quemadas, activar medidas de seguimiento por las procuradurías delegadas, así como diseñar medidas de trazabilidad que permitan identificar el origen del ganado que aumenta progresivamente en esta área protegida.
Pero nada es más necesario que poner nuevamente en marcha y con carácter urgente el numeral sexto de dicha Directiva, que insta a Parques Nacionales a buscar acuerdos con las familias campesinas ahí asentadas, en el marco del artículo 7 de la Ley 1955 de 2019. Esta Ley es el mismísimo Plan Nacional de Desarrollo vigente, cuyo artículo 7º establece textualmente que “las autoridades ambientales, en coordinación con otras entidades públicas y en el marco de sus funciones podrán celebrar acuerdos con población campesina en condición de vulnerabilidad, que habite, ocupe o realice usos tradicionales asociados a la economía campesina en áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, que deriven su sustento de estos usos y que puedan ser reconocidos por las entidades que suscriben los acuerdos con una relación productiva artesanal y tradicional con el área protegida, con el objeto de contribuir a la atención de los conflictos de uso, ocupación y tenencia que se presenten en estas áreas”.
La intención de este marco legal es acordar con las familias campesinas “alternativas de uso compatibles con los objetivos de conservación del área, ordenar y regular los usos asociados a la economía campesina, para mejorar el estado de conservación de las áreas, definir actividades productivas acordes con los objetivos de conservación del área protegida y las condiciones de vida de la población, garantizando sus derechos fundamentales”, sin que ello implique modificar el régimen de propiedad de la tierra o de protección de estas áreas.
En consecuencia, mientras se dan cambios de fondo en la regulación de las áreas protegidas y en el régimen de tierras, que por demás son urgentes y necesarios, debe avanzarse en la búsqueda de acuerdos con las familias campesinas que habitan este Parque Nacional, que se encuentran en condición de vulnerabilidad y que por tanto son sujetas de una protección especial por parte del Estado. Para el Departamento Nacional de Planeación DNP, (Una aproximación a la vulnerabilidad; DNP/ 2007), esta condición de vulnerabilidad se presenta cuando una familia se encuentra en contextos de riesgos naturales o ambientales, de salud, educación, socio políticos y económicos, requiriendo por tanto una acción positiva del Estado con el fin de lograr una igualdad real y efectiva.
Parque Nacional Tinigua | Foto: Emilio Rodríguez
No todos quienes habitan este Parque Nacional tienen esta condición de vulnerabilidad, pero sí deben reactivarse los acercamientos y la búsqueda de acuerdos que permitan avanzar hacia mitigar los riesgos en los que esta población está inmersa, sustituir y reconvertir paulatinamente los usos no acordes con el área protegida, y avanzar en un mecanismo de gobernanza que facilite un manejo concertado y diferente al actual, en el que la comunidad participe efectivamente.
Estos acuerdos deben partir del reconocimiento mutuo, de la necesidad de discutir acerca de los derechos de los campesinos y los de la naturaleza, de poner en marcha acciones productivas sostenibles que incluyan restauración productiva y herramientas de manejo del paisaje (entre otras), las cuales generan beneficios para la biodiversidad y la comunidad, y especialmente hacia construir conjuntamente elementos socio jurídicos que deberían servir de soporte a un nuevo régimen legal de las áreas protegidas en Colombia.
Un mecanismo de control social acordado como parte de un sistema de gobernanza diferente al actual, puede seguramente aportar a disminuir progresivamente el daño y regular la llegada de nuevos colonos al área protegida. El recientemente adoptado Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES- de Áreas Protegidas ya incorpora el concepto de la equidad en el manejo de estas áreas, buscando que se retribuyan adecuadamente los beneficios a las poblaciones vulnerables que aportan a su cuidado, lo cual hace más positivo el panorama para este diálogo
La posibilidad de mantener la conectividad natural entre los Andes y la Amazonía pasa por la voluntad política del gobierno nacional para reactivar instancias que faciliten la búsqueda de acuerdos con las familias campesinas del Parque Nacional Tinigua. Esta área protegida, fue creada para contribuir al mantenimiento de la conectividad ecosistémica en un gradiente altitudinal que inicia en el páramo hasta la zona basal amazónica y orinocense, con el fin de propender por la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de flujos de materia y energía y la prestación de servicios ecosistémicos, todo lo cual está hoy en entredicho por la pérdida persistente de sus áreas boscosas. Tinigua es punto estratégico de esa conexión natural y de vecindad que comparte con los Parques Nacionales Naturales Cordillera de Los Picachos, Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete.
La Directiva de la Procuraduría es tal vez una última oportunidad para salvar Tinigua por medio de la oportuna acción institucional ambiental y agraria, de la mano con el diálogo abierto con las familias campesinas de la zona. Mucho se habla de esperar a soluciones que plantee el nuevo gobierno. Tal vez aquí pueda que sea demasiado tarde. ¿Por qué esperar?
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, realizará la actualización catastral de doce municipios y dos parques nacionales naturales en el marco del convenio de cooperación suscrito entre los gobiernos de Colombia y el Reino Unido. Este convenio tiene como objetivo prevenir la deforestación de ecosistemas naturales, a través de la implementación del catastro multipropósito en áreas ambientalmente protegidas o afectadas por altas tasas de deforestación.
El Reino Unido aportó 29 millones de dólares no reembolsables que se destinarán a la actualización catastral de 20 municipios y dos parques nacionales naturales. El IGAC entregará los insumos técnicos para la elaboración del proceso de selección del operador, apoyará la evaluación y hará seguimiento a su ejecución en 13 municipios: Tame (Arauca); Mesetas, La Macarena, Puerto Concordia, Vista Hermosa, Uribe y Mapiripán (Meta); Puerto Rico (Caquetá); Leguízamo (Putumayo) y El Retorno, San José del Guaviare, Miraflores y Calamar, (Guaviare), además del Parque Natural Nacional Puinawai, ubicado en Guainía.
Los 7 municipios restantes son Puerto Guzmán (Putumayo) San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Solano (Caquetá), que están realizando el proceso para escoger de manera autónoma el gestor catastral, en tanto que los tres restantes pertenecen a territorio antioqueño -Segovia, El Bagre y Zaragoza-, a cargo del gestor catastral de Antioquia, responsable además del proceso de actualización del Parque Nacional Natural Paramillo.
El catastro multipropósito permite disponer de información actualizada y completa sobre las condiciones físicas, jurídicas y económicas de los territorios, de tal manera que se convierte en herramienta fundamental para la planeación, la toma de decisiones y la adopción de políticas públicas que permitan una planificación sostenible y protejan los ecosistemas estratégicos.
La directora del IGAC, Ana María Aljure, indicó que en municipios habitados por comunidades étnicas, se adelantará un proceso parcial de levantamiento de información, mientras se realiza la debida consulta previa.
“En los 13 municipios a cargo del IGAC adelantaremos el proceso de actualización catastral, cubriendo 10 millones de hectáreas en zonas ambientalmente estratégicas y protegidas y afectadas por una alta deforestación”, concluyó la funcionara.
