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Para el periodo legislativo que comienza este 20 de julio, el Gobierno Nacional, al parecer, radicará ante el Congreso de la República el proyecto de ley que establece el marco jurídico para el sometimiento a la justicia de estructuras armadas de alto impacto. Se trata de una iniciativa largamente esperada, fundamental para el desarrollo de la política de Paz Total, que debe buscar el desmantelamiento de las redes del crimen organizado, combatir las economías ilegales y avanzar en la protección de la vida y los derechos en los territorios.

Su presentación debió haberse dado desde el mismo momento en que se aprobó la Ley 2272 de 2022, que le dio sustento normativo a la Paz Total, habilitando así una arquitectura legal más completa para atender de forma simultánea los distintos frentes del conflicto armado y la criminalidad. La demora ha tenido costos, se ha generado incertidumbre jurídica, debilitado la capacidad de negociación del Estado y ralentizado los avances en materia de sometimiento colectivo.

A pesar de ello, el proyecto sigue siendo clave para el presente inmediato y para el futuro de los procesos de paz y la consolidación del Estado en los territorios. Colombia no puede seguir enfrentando el crimen organizado solo con las herramientas de la acción armada o la represión penal selectiva. Necesita una estrategia integral, con una base legal robusta, que permita desarticular las estructuras armadas ilegales y reconstruir el tejido social desde la justicia restaurativa.

Uno de los puntos más importantes es que el proyecto establece de manera clara que no se trata de una negociación política, sino de un sometimiento a la justicia condicionado al desmantelamiento total de las organizaciones, la entrega de bienes ilícitos, la reparación a las víctimas y el compromiso con la verdad. No habrá reconocimiento de estatus político ni concesiones ideológicas. Este no es un diálogo con insurgencias, sino una salida jurídica para estructuras delincuenciales que debe beneficiar a las comunidades afectadas.

Asimismo, se contempla un enfoque de justicia restaurativa, con penas reducidas y beneficios jurídicos sujetos al cumplimiento efectivo de condiciones verificables. Se abre la puerta a una posible amnistía económica condicionada, que permitiría al Estado acceder a activos ilícitos y destinarlos a programas de reparación y fortalecimiento institucional en los territorios.

Sin embargo, algunos articulados generan dudas legítimas. Uno de ellos es la excesiva discrecionalidad que se otorga a la Fiscalía General de la Nación para suspender órdenes de captura o facilitar beneficios sin controles suficientes. Si bien es importante que el Ejecutivo y la Fiscalía coordinen acciones, la falta de límites claros puede abrir espacios a arbitrariedades o negociaciones poco transparentes.

Otro elemento importante y polémico es que el proyecto incluye la posibilidad de someterse de manera individual, lo que da mayor flexibilidad al Estado para desarticular estructuras armadas y permite adaptarse a las realidades diversas de grupos con distintos niveles de cohesión interna, pero genera incertidumbre sobre posibles beneficios a individuos que no hacen parte de estructuras criminales claramente definidas.

También preocupa el tratamiento a terceros civiles y financiadores de estructuras criminales, quienes podrían recibir beneficios jurídicos desproporcionados si no se establecen mecanismos rigurosos para garantizar que contribuyan efectivamente a la verdad y la reparación. La impunidad para los poderes económicos y políticos que han respaldado la violencia sería un golpe a la legitimidad del proceso.

Otro aspecto crítico es la baja participación que se da las víctimas y a la sociedad civil en el diseño del proceso. La centralidad de las víctimas no puede limitarse al discurso. Es imprescindible que existan canales de veeduría ciudadana, control social y participación directa en los mecanismos de seguimiento y evaluación del cumplimiento.

El proyecto representa un paso necesario y una oportunidad para dotar al país de una política de sometimiento seria, coherente y ajustada a estándares de justicia y derechos humanos. El Congreso tiene ahora la responsabilidad de debatir con altura, corregir los vacíos, promover la participación de múltiples sectores, blindar los mecanismos de transparencia y fortalecer los derechos de las víctimas.

Colombia no puede renunciar a la búsqueda de la paz integral. Es hora de que los grupos armados escuchen el clamor de los territorios, reconozcan esta valiosa posibilidad que se les brinda y respondan de manera decidida al anhelo profundo de paz que une a millones de colombianos y colombianas. Romper la cadena de ilegalidad que une el crimen con sectores económicos y políticos, y recuperar el control institucional de los territorios exige valentía, fortalecimiento de la seguridad, diálogo, justicia y decisiones legislativas responsables. El proyecto de sometimiento puede abrir un nuevo capítulo en la historia de la paz y la justicia en Colombia.

Luis Emil Sanabria D.