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Etiqueta: Paz total

Los exparas que aceptaron ser gestores de paz

El grupo de 18 antiguos paramilitares colombianos que fueron designados como gestores de paz por el presidente del país, Gustavo Petro, ha informado este jueves de que han aceptado el nombramiento, sumándose así a la iniciativa del mandatario de implementar una ‘paz total’ con los grupos armados del país.

«Con este acto, nos sumamos a la agenda de paz que usted lidera, señor presidente, y que interpreta mientras el mundo se aboca a un conflicto nuclear, la voluntad mayoritaria del pueblo colombiano de transitar a un Colombia próspera y en paz», ha manifestado los exparamilitares en una misiva dirigida a Petro.

 

El presidente colombiano anunció hace un par de semanas el nombramiento de cerca de una veintena de antiguos líderes paramilitares como gestores de paz por un periodo de seis meses. El Gobierno señaló que esta gestoría se centrará en revisar el acuerdo de los exparamilitares durante el Gobierno de Álvaro Uribe.

Entre las figuras más destacadas se incluyen antiguos líderes de las ya disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’; Hernán Giraldo, alias ‘El Taladro’; Carlos Mario Jiménez, conocido como ‘Macaco’; o Hevert Veloza, conocido por su alias ‘HH’, entre otros.

Antes de todos ellos, el Gobierno ya había designado en julio de 2023 como gestor de paz al jefe de las AUC, Salvatore Mancuso, quien llegó en febrero de este año a Colombia después de dos años en un centro de detención mientras se resolvía su extradición tras cumplir una condena por delitos de narcotráfico en Estados Unidos.

Mancuso, conocido como ‘Triple Cero’ durante su pasado armado, fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre de El Aro –ocurrida en octubre de 1997, cuando fueron asesinadas 15 personas y un número indeterminado tuvo que abandonar sus hogares–, aunque no la llegó a cumplir por sumarse al mecanismo Ley de Justicia y Paz, promovido por el expresidente Uribe para desmovilizar a paramilitares.

ELN y Gobierno retomarán diálogos en enero de 2025

Foto: AFP

La delegación de paz del Gobierno de Colombia ha anunciado anunció que retomará la mesa de negociación con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en enero de 2025, después de la reunión de la semana pasada para reactivar un diálogo que había permanecido congelado varios meses.

 

«Concluimos con la decisión de dar nuevos alcances a esta tarea de la mesa de diálogo», señala el comunicado, en el que no se precisa en que lugar se celebrará este nuevo encuentro.

Sí hace hincapié en que este nuevo encuentro tendrá como objetivos evaluar el desarrollo de los acuerdos, «introducir correctivos», evitar que se repitan acciones que debiliten el proceso, retomar la agenda de México, evaluar y definir un alto el fuego, así como desarrollar la participación de la sociedad.

El comunicado también destaca los cerca de 30 acuerdos que se han alcanzado hasta ahora, «un acumulado nunca antes logrado en la historia de las conversaciones con esta organización armada rebelde».

«Han sido logros en medio de grandes dificultades», ha dicho el Gobierno que, no obstante, ha reprochado al ELN que haya continuado llevando a cabo ataques tras el fin del alto el fuego que ha costado la vida a «jóvenes soldados» y «a integrantes de la guerrilla», además de todos los problemas que genera a las poblaciones locales.

«Somos conscientes del cansancio de la violencia y del clamor que estos diálogos avancen con mayor celeridad y eficacia (…) sin embargo, esa imperiosa necesidad no debe llevarnos a ceder a la tentación de producir resultados a toda costa (…) nuestra voluntad en persistir en construir el acuerdo más completo», ha apuntado.

Lea también: Gustavo Petro abre la puerta a un nuevo cese al fuego con el ELN

El anuncio del Gobierno se produce poco después de un atentado con explosivos contra un destacamento militar en la localidad de Puerto Jordán, en Arauca. A la espera de determinar si el ELN está detrás de estas acciones. La semana pasada, cinco militares murieron en un ataque atribuido a la guerrilla en Antioquia

Un ataque del ELN en septiembre que se saldó con la muerte de dos soldados y dejó una treintena de heridos precisamente motivó al presidente colombiano, Gustavo Petro, a congelar las negociaciones con la guerrilla.

En los últimos días, Petro se ha mostrado dispuesto a retomar un alto el fuego bilateral a fin de poder avanzar en la negociación y evitar así que sigan muriendo «a mansalva más jóvenes con uniforme del Ejército de la Constitución e hijos de trabajadores del país».

Se conforma disidencia de la Segunda Marquetalia

Los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, dos facciones guerrilleras que hasta ahora han aceptado formar parte de Segunda Marquetalia, han confirmado este miércoles su ruptura con el líder de esta disidencia de las FARC, Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’.

«La decisión unánime y autónoma de quienes hoy suscribimos este comunicado es continuar el tránsito por el camino hacia la paz con dignidad social para todas y todos (…) Nos deslindamos del nombre de la Segunda Marquetalia y, en adelante, no utilizaremos esta sigla», han dicho en un comunicado..

 

Asimismo, han reiterado su compromiso de continuar con el proceso de negociación abierto con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, mientras que también han criticado la carta remitida a los países garantes por ‘Márquez’ en la que éste desautorizaba el papel del jefe negociador de la guerrilla José Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza’, en las negociaciones de paz.

«De manera unilateral, el comandante Iván Márquez manifiesta que la reunión prevista para el 16 del presente mes con la delegación del Gobierno (…) es un claro rompimiento con el mecanismo de coordinación y unidad que veníamos consolidando en búsqueda de la paz (…) Decisión que respetamos, pero no compartimos», han agregado.

En este sentido, han afirmado que «la paz, los cambios democráticos y la reconciliación de los pueblos no pueden girar alrededor de una persona o personas». El comunicado hace referencia así a la carta de ‘Márquez’ que criticaba el encuentro que se produjo en Puerto Asís, Putumayo, el pasado sábado entre ambas delegaciones negociadoras.

Petro destacó el domingo que las divisiones en los grupos armados, como es el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el frente Comuneros del Sur o el caso del Estado Mayor Central de las FARC con las disidencias de alias ‘Calarcá’, se debe a que hay alas dispuestas a avanzar en los procesos de la «paz total».

«Esas fracturas se dan alrededor de si hacer la paz con este gobierno o profundizar la acción bélica que cada vez más se dirige al traqueteo y contra el pueblo mismo de las regiones del conflicto en Colombia. Esta división en los grupos violentos es un avance en la paz», resaltó.

Gobierno reconoce que diálogos con el ELN podría fallar sino se aplican en 2025

El comisionado para la Paz, Otty Patiño, ha reconocido que si no comienzan a aplicarse los acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para 2025 se habrá «fallado», por eso pide a la guerrilla que el resto de demandas puedan negociarse «sin el fusil en las manos».

«El proceso de diálogos puede ser infinito y eso es lo que no quiere este Gobierno, pero por eso hemos dicho que si el proceso de implementación no empieza en 2025 habremos fallado», ha dicho Patiño.

 

En ese sentido, Patiño ha explicado que ante la complejidad del proceso es preciso ponerse en marcha cuanto antes ya que el plan se divide en la transición a la vida civil de los combatientes, la transformación de los territorios y la desescalada del conflicto.

Asimismo, ha señalado que ya el presidente, Gustavo Petro, ha trasladado a la guerrilla que todas sus demandas pueden ser analizadas, pero «sin el fusil en la mano apuntándole a quien sea», de ahí la necesidad de desmovilizar a los combatientes para elevar al grado político las negociaciones.

Este martes arranca una nueva mesa de diálogo en Venezuela, después de que hace dos semanas el Gobierno de Colombia y el ELN acordaron retomar la negociación tras quedar suspendida desde septiembre en respuesta del presidente Petro a un ataque de la guerrilla contra una base militar en Arauca que dejó dos muertos y 20 heridos.

Gestores, pero de guerra

Nunca nos dijeron que la “Paz Total” constituiría un sinnúmero de privilegios para quienes han delinquido en el país y se han caracterizado por infundir terror a sus anchas por las regiones de Colombia.

Esta semana causó indignación la designación de 18 exparamilitares de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, como “gestores de paz”, mediante la resolución 453 de 2024. Sus prontuarios recogen homicidios, masacres, abuso sexual de menores de edad, torturas, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento, narcotráfico y la lista de delitos puede ser interminable.

 

Esta decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, pone nuevamente en evidencia que quienes delinquen tienen privilegios y están amparados bajo un gobierno que se autodenomina del cambio. Lo anterior, representa un pésimo mensaje para la sociedad colombiana. Lejos de generar un consenso frente a la búsqueda de soluciones a la violencia enquistada por décadas, revive profundas heridas y muchas dudas sobre la búsqueda de verdad, justicia y reparación.

Todos los mensajes que envía este gobierno son de impunidad, acrecentando la inconformidad ciudadana frente a un jefe de Estado que deja de lado a las víctimas y se hace el de la vista gorda justificando lo injustificable. Petro no puede seguir lavándole la imagen a cuanto delincuente existe en Colombia.

Estos criminales, premiados como regalo anticipado de navidad, han incumplido en el pasado a Justicia y Paz y se han burlado vilmente de las víctimas, por lo tanto, no es posible creer que ahora la historia será diferente, pues ellos solamente han sido gestores, pero de guerra.

Sin embargo, según Petro, no se trata de beneficios jurídicos y quien acepta ser “gestor de paz” está dispuesto a resarcir a las víctimas, una fantasía que solo es posible creer en su imaginario. Aquí lo que hay detrás es una complacencia con los bandidos y una camuflada intención de permitir que cada día ganen más terreno para sus actividades ilícitas. Colombia ya suma la vergonzosa cifra de 253 mil hectáreas de área sembrada de coca, solo por dar un ejemplo.

Petro también se equivoca al creer que nombrando a estos exparamilitares como “gestores de paz”, se sentarán a dialogar de forma transparente. Sumado a esto, no hay claridades para la sociedad colombiana sobre el papel que estos delincuentes desempeñarán. ¿Se tratará de un compromiso de campaña adquirido bajo el llamado Pacto de la Picota?

Entre tanto, el gobierno que cree tener superioridad moral, será cuestionado precisamente por eso. Por un lado, se escandalizan con canciones como +57, que valga la claridad también rechazo, pero no se ruborizan en lo más mínimo con el nombramiento de delincuentes en cargos inventados para su complacencia. Francamente, no se entienden las constantes concesiones hacia violadores de los derechos humanos que tienen procesos judiciales. Lo de Petro, definitivamente, es impresentable.

Andrés Barrios Bernal

Petro extiende cese el fuego con tres estructuras del Estado Mayor Central

El Gobierno Nacional decidió prorrogar por seis más el cese al fuego con las estructuras del Estado Mayor de los bloques comandante Jorge Suárez Briceño, comandante Gentil Duarte del Magdalena Medio y el frente Raúl Reyes de las FARC, que se encuentran dialogando en el marco de la paz total.

Según el Gobierno Nacional, esto se hace para fortalecer el proceso de paz con estos grupos ilegales, la protección de la población civil, la profundización de las transformaciones territoriales y el reemplazo de las economías ilícitas, la protección del ambiente y la participación de la sociedad.

 

El decreto firmado por el presidente de la república, Gustavo Petro, enfatiza que no se suspenderán las acciones que desarrolla la Fuerza Pública en contra de las economías ilegales.

Gobierno analiza si extiende el cese al fuego con el Estado Mayor Central

El Gobierno Nacional estudia la posibilidad de extender el cese el fuego bilateral que acaba el próximo 15 de octubre con tres grupos de las disidencias de las Farc.

Estos tres bloques pertenecen al Estado Mayor Central con quienes el Gobierno inició este viernes en Bogotá el sexto ciclo de diálogos de paz con varios puntos en la agenda. Los bloques son, el llamado Estado Mayor Central (EMC), al que pertenecen los bloques de Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes.

 

En este ciclo se hablará además sobre temas ambientales. El acto de inicio de los nuevos ciclos de conversaciones estuvo acompañado por la ministra de Medio Ambiente Susana Muhamad, quien dijo a las delegaciones que «es un proceso que es necesario que entre en una aceleración de resultados» porque el Gobierno entra en el segundo tiempo de su mandato y esto supone que debe llegar el momento de «consolidación del trabajo».

Gustavo Petro propone reactivar proceso de paz con las AUC

En medio de un acto de entrega a campesinos víctimas del conflicto de 8.430 hectáreas de tierras, dentro de las cuales hay 7.916 pertenecieron a los entonces jefes paramilitares alias ‘Macaco’, alias ‘Nico’ y alias ‘Cuco Vanoy’, el presidente Gustavo Petro propuso la reactivación de la mesa de paz con los exjefes paramilitares.

“Porque el proceso no ha terminado, dado que no se han entregado los bienes que ustedes les entregaron a la justicia, a las víctimas de la violencia», dijo el primer mandatario.

 

Añadió que “esos mismos que los aplaudieron los pusieron en un avión encadenados, esposados, y se los llevaron a una justicia extranjera. Los traicionaron y la paz no se hace con traiciones», y recalcó: “La paz se hace con la palabra puesta sobre la mesa».

Consideró que “usaron el proceso con los paramilitares para que la tierra pasara de dueño, no en manos de las víctimas, sino de unos cuantos politiqueros y politiqueras. El señor fiscal (Francisco) Barbosa se negó a dar la lista de los bienes de extinción de dominio de narcotraficantes, porque han pasado a manos de políticos, de familiares de los políticos y de familiares de los dueños del Estado».

Es por eso –dijo– que existen dificultades “hoy para encontrar los caminos de la verdad. De nuevo se quiere repetir la historia del despojo como si el pueblo colombiano no estuviera cansado ya del despojo».

A los exjefes paramilitares, manifestó, “los aplaudían, considerándolos los héroes, los senadores, los representantes a la Cámara, los grandes propietarios de la tierra en Colombia, los grandes empresarios del país, los cacaos y ciertos medios. Los aplaudían como héroes, como salvadores, porque ustedes eran capaces de demostrar que a partir de la sangre podían extirpar la rebeldía».

En el acto estuvo presente el exlider paramilitar, Salvatore Mancuso, quien reiteró su disposición para trabajar en pro de la paz y la reconciliación.

Tatucos elenos a la paz total

Delirante y condenable. La acción del “Frente de Guerra Oriental” del ELN con una volquetada de explosivos tipo “tatucos”, ocurrida el pasado 17 de septiembre contra la base militar de Puerto Jordán entre los municipios de Tame y Arauquita (Arauca), que dejó como saldo 2 soldados muertos y 27 heridos, no solo dinamita el proceso de paz con esta organización insurgente y la deja en cuidados intensivos, sino que estalla en el corazón de la política de paz total.

Es el hecho más grave cometido por los elenos 45 días después de terminado formalmente el cese al fuego pactado con el Gobierno Petro y cuatro meses después, desde mayo de este año, de suspendidos los diálogos en medio de acusaciones mutuas de incumplimiento de lo hasta ahora acordado en la Mesa de Conversaciones, sumiendo la negociación en una grave crisis.

 

 Según Carlos Velandia o Felipe Torres, ex comandante, ex vocero del ELN y Gestor de Paz, el ELN en estas seis semanas ha realizado tres ataques a la Fuerza Pública en el Catatumbo que dejaron un soldado muerto, seis ataques en Arauca con dos policías y dos soldados muertos y nueve voladuras de oleoductos, seis al de Caño Limón-Coveñas y tres al Bicentenario, sembrando nuevas dudas sobre su voluntad real de paz.

La naturaleza política del ELN y su reivindicación como guerrilla de izquierdas hace aún más incomprensible e inverosímil su actuación. No solo porque le dispara a un gobierno con el que en teoría comparte el mismo campo ideológico, sino porque se atraviesa como vaca muerta a la posibilidad de que sea en cabeza de la propia izquierda que se logre una negociación del final del conflicto político armado con el mayor y mas cualificado proceso de participación ciudadana y popular, abordando incluso  asuntos relacionados con el modelo económico y social, tan negados en las paces anteriores.

La paz con el ELN es fundamental en la política de paz total, porque es el proceso más típicamente político de todas las conversaciones en curso. Mientras las otras ocho mesas de negociaciones con actores armados de diversa naturaleza podrán avanzar en  desarmes, reincorporaciones, sometimientos a la justicia y modestas acciones de transformación territorial en donde estos hacen presencia, con el ELN es posible incorporar nuevas transformaciones que le den mayor alcance a la agenda de cambios que hoy, no sin dificultades y resistencias del establecimiento, quiere abrirse paso en la sociedad colombiana.          

El ELN, si conserva su vocación de proyecto político transformador debe saber leer que la Paz Total es un imperativo para el país hoy gobernado por las izquierdas. Petro recibió como herencia de Duque, un deterioro de las condiciones de seguridad producto de la reconfiguración de las violencias, la actividad criminal y las economías ilícitas. Duque cerró su gobierno con un Clan del Golfo expandido a 241 municipios, mientras las disidencias de las Ex Farc comandadas por el entonces “Gentil Duarte” hacían presencia en 119 y la Segunda Marquetalia de Iván Márquez en 61 municipios. En otras palabras, según fuentes como Indepaz y Pares, Duque entregó a Petro, un país con 420 municipios con presencia de grupos armados, el 37% del territorio nacional. Construir la paz y el desarrollo común en semejante escenario sigue siendo una prueba de fuego de la capacidad de las izquierdas para ofrecer además de prosperidad y derechos sociales, convivencia y seguridad.    

Hay que salvar la paz política, corazón de la paz total, que es el proceso con el ELN. Con un espacio político mas estrecho y el sol a las espaldas, el Gobierno Petro debe hacer todos los esfuerzos para descongelar prontamente la negociación, pero a los elenos le corresponde la mayor cuota de responsabilidad con el país y con el mundo progresista al que dicen pertenecer.  Que la historia no les cobre su incapacidad de entender el clamor de los colombiano por la paz y los cambios que ofrece el gobierno del presidente Petro.

Antonio Sanguino

El golpe a la estrategia de la paz total

La construcción de una paz duradera en Colombia requiere de un enfoque integral y coordinado. Para alcanzar la Paz, no basta con avanzar en acuerdos parciales o segmentados; es necesario dialogar con todos los actores armados de manera simultánea. Este es un proceso complejo que, aunque desafiante, debe avanzar con firmeza y con una clara orientación hacia la consecución de resultados que realmente beneficien a la población. En un país donde el conflicto ha dejado profundas cicatrices, el diálogo es la herramienta más poderosa para la reconciliación.

En este contexto, la reciente suspensión de la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) representa un duro golpe a la estrategia de paz total que ha sido promovida por el gobierno actual. Este proceso, que ya había mostrado avances significativos en las conversaciones con este grupo insurgente, es crucial para la estabilidad y el bienestar de las comunidades más afectadas por el conflicto. La mesa de diálogo con el ELN, como parte de un enfoque integral, no es un fin en sí mismo, sino un medio para generar condiciones de vida dignas y seguras para millones de colombianos.

 

La suspensión no solo pone en riesgo los avances logrados hasta ahora, sino que también genera incertidumbre sobre el futuro de la estrategia de paz total. Las comunidades, especialmente en zonas históricamente vulnerables, necesitan ver resultados tangibles que muestren el compromiso del Estado y de los grupos armados en la construcción de una paz sostenible.

En estos momentos difíciles, nuestra obligación como sociedad es rodear el proceso de paz, fortalecer el respaldo a las negociaciones y mantener una postura firme en la exigencia de garantías reales para las comunidades afectadas. Es indispensable que el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional refuercen su compromiso con la paz y aseguren que las conversaciones no se queden en promesas vacías. Exigir compromisos claros de los armados, en términos de cese al fuego, respeto a los derechos humanos y efectivo compromiso con la superación de la violencia armada, debe ser una prioridad.

Este proceso requiere de paciencia, pero también de una voluntad decidida por parte de todos los actores involucrados y de la población civil. No podemos permitir que retrocesos como la suspensión de una mesa de diálogo empañen el horizonte de la paz total. Es crucial que las negociaciones con el ELN se retomen. Que se revise uno a uno los acuerdos logrados, los avances y las dificultades en la implementación y se evalúe el impacto en las regiones.

Al final, la paz no puede ser un pacto entre élites ni un simple acuerdo en papeles. Debe reflejarse en la vida cotidiana de la gente, especialmente de aquellas comunidades más afectadas por la guerra. El desafío de coordinar múltiples frentes de diálogo no debe ser visto como una barrera, sino como una oportunidad para construir una paz verdadera, inclusiva y justa.
El Acuerdo #28 logrado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre la participación es crucial para garantizar que la voz de las comunidades más afectadas por el conflicto sea escuchada y valorada. Este acuerdo no solo establece el compromiso de las partes para promover la paz, sino que busca crear mecanismos reales de inclusión, donde las decisiones sobre el futuro del país se construyan de manera colectiva. Las comunidades han sido históricamente excluidas de los espacios de toma de decisiones, y en muchas regiones, son precisamente ellas las más afectadas por el conflicto armado. Implementar este acuerdo significa abrir espacios para que campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes y otros sectores puedan influir en la construcción de políticas públicas que atiendan sus necesidades.

El Acuerdo sobre la participación de la sociedad, no es solo un paso más en las negociaciones, sino una base fundamental para la paz duradera. Si las comunidades sienten que tienen el poder de incidir en su futuro, se genera un ambiente de confianza y reconciliación. El ELN, al comprometerse con este acuerdo, también reconoce que la paz solo es posible si es construida desde abajo, con la gente.

Implementar los acuerdos de participación es, por tanto, una urgencia. No podemos esperar a que las condiciones sean perfectas o que otros factores se alineen. La paz se construye día a día, y la participación de las comunidades en los procesos de transformación del país es la garantía de que esa paz será inclusiva, justa y duradera.

Luis Emil Sanabria D.

Gobierno Petro abre un nuevo frente de paz

El presidente Gustavo Petro abrió un nuevo frente de diálogo de paz, esta vez con el frente Comuneros del Sur, que antes pertenecía al Ejército de Liberación Nacional en el departamento de Nariño.

En la resolución se delega a Carlos Erazo como jefe negociador y en también se nombra a la excongresista Ángela María Robledo, lo mismo que a Andrei Giovani Gómez, Clemencia Carabalí y Pablo Francisco Pardo en el grupo de acompañantes por parte del Gobierno Nacional.

 

«La mesa de diálogos de paz estará dirigida a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto de los derechos humanos, el cese de hostilidades y afectaciones a población civil y el pacto de acuerdos de paz tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización y el tránsito a la paz del grupo armado en mención”, dice la resolución.

Un llamado a la coherencia y al respeto si queremos construir paz

En el delicado proceso de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las recientes declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y del comandante Antonio García del ELN han generado preocupaciones legítimas sobre la dirección de las negociaciones. Si bien es comprensible que existan diferencias en un proceso tan complejo, las posturas públicas de ambos líderes parecen estar contribuyendo a la erosión de la confianza mutua y al estancamiento de las conversaciones. Siguen pesando más las posiciones que el interés en respetar el anhelo de paz del pueblo colombiano y avanzar en el proceso.

Otty Patiño, en su calidad de Alto Comisionado para la Paz, tiene la responsabilidad de liderar un proceso que aspire a ser inclusivo y que busque soluciones duraderas a un conflicto que ha dejado una profunda huella en Colombia. Sin embargo, sus declaraciones recientes, que en ocasiones han mostrado una rigidez y una falta de empatía hacia las posiciones del ELN, han sido motivo de preocupación. La paz no se puede construir desde la confrontación verbal ni desde la imposición unilateral de condiciones, sino desde el reconocimiento de la legitimidad de las preocupaciones del otro y desde la búsqueda de puntos comunes, no solo con la contraparte, sino con las víctimas que este conflicto sigue produciendo.

 

Patiño, al no mostrar la flexibilidad necesaria para entender las raíces históricas y sociales del conflicto con el ELN, corre el riesgo de entorpecer un proceso que requiere sensibilidad y una disposición genuina para escuchar. Es fundamental que el Alto Comisionado se enfoque en fortalecer los canales de diálogo, en lugar de cerrar puertas con discursos que alimentan la desconfianza. La mayor responsabilidad de recomponer los diálogos le corresponde al Estado colombiano en cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, y no al grupo guerrillero que claramente se declara en rebeldía y desarrolla acciones que infringen el Derecho Internacional Humanitario, y que en ocasiones se pueden calificar, por su forma e impacto, como terroristas.

Por su parte, Antonio García, uno de los líderes más visibles del ELN, ha mantenido un discurso que, si bien puede reflejar la frustración acumulada por décadas de lucha armada, también parece estar más orientado a justificar la continuidad del conflicto que a encontrar una salida pacífica. Por supuesto que en Colombia hay injusticias, que nuestra democracia es imperfecta, que la soberanía popular no se hace efectiva, que la corrupción carcome nuestras instituciones, pero se debe avanzar en un proceso que nos entregue acuerdos para ser cumplidos a corto, mediano y largo plazo, a la par que se desactiva la confrontación armada, que evidentemente aporta una gran cuota al estado de cosas injustas. Su postura rígida, que a menudo critica sin ofrecer alternativas viables, amenaza con mantener al país en un ciclo interminable de violencia.

La Sociedad, el ELN, al igual que el gobierno, debe reconocer que el diálogo es el único camino hacia una paz real. Persistir en una estrategia de confrontación armada y verbal no solo prolonga el sufrimiento, sino que también desvía la atención de los logros ya alcanzados en las mesas de negociación. García tiene la oportunidad de ser un líder que contribuya a un cambio histórico, pero para ello debe abandonar la retórica que perpetúa la desconfianza y empezar a construir puentes, con todos los sectores sociales, incluido el empresariado, que nos lleven hacia una reconciliación verdadera.

A pesar de las diferencias y las dificultades inherentes al proceso de paz, es crucial que tanto el gobierno como el ELN reconozcan los avances logrados hasta ahora y trabajen para superarlos. Los logros obtenidos no son insignificantes y representan pasos importantes hacia la paz y la reconciliación del país. Sin embargo, estos avances pueden verse amenazados si las partes continúan con un discurso de confrontación y descalificación mutua.

Es en este contexto que la sociedad civil colombiana debe levantar su voz. No podemos permitir que el proceso de paz se vea truncado por la falta de voluntad o por la obstinación de sus líderes. La sociedad civil tiene el poder y el deber de exigir avances concretos, de demandar respeto a la vida y a las opiniones de todos los colombianos, de exigir el cumplimiento de los acuerdos hasta ahora pactados, en especial el primer punto de la agenda sobre participación de la sociedad y de promover un diálogo que verdaderamente aspire a poner fin a décadas de conflicto.

La paz en Colombia no es solo responsabilidad de los actores armados o del gobierno; es un esfuerzo colectivo que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Es el momento de que la sociedad civil se movilice para exigir que se respeten los acuerdos alcanzados, que se avance en las negociaciones y que se ponga en el centro del debate el respeto por la vida y por las opiniones diversas. La Semana por la Paz número 37, que se celebrará durante el mes de septiembre, llama al diálogo y a la unidad para avanzar en la construcción de un nuevo país, llamado que todos y todas debemos escuchar.

Luis Emil Sanabria D.

Un esfuerzo necesario ante una guerrilla aferrada a sus posiciones

Ha pasado casi desapercibida la importante propuesta que el presidente Gustavo Petro le envió de manera confidencial a la guerrilla del ELN. No se trata solo de utilizar un mecanismo que es muy útil en momentos de crisis, como es la confidencialidad en la búsqueda de salidas posibles a los estancamientos o dificultades de los diálogos entre partes enfrentadas; se trata también de una valiosa idea en términos de participación, que seguramente incorporaría un actor y un nivel diferente y decisivo a la hora de buscar salidas prácticas a este largo conflicto.

La propuesta confidencial del presidente Gustavo Petro al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para dialogar con los empresarios sobre la política económica del país representa un esfuerzo audaz para superar décadas de conflicto armado en Colombia. Esta necesidad, que se planteó por sectores sociales en los preencuentros y encuentros de participación promovidos por el Comité Nacional de Participación, es un intento genuino de integrar a todos los actores relevantes en la construcción de una paz duradera, pero también plantea importantes interrogantes sobre la disposición del ELN para participar en un diálogo constructivo que priorice los intereses populares.

 

El conflicto armado en Colombia ha estado profundamente arraigado en desigualdades socioeconómicas y en la exclusión social, fenómenos que se han exacerbado bajo políticas económicas neoliberales. Estas políticas, que priorizan la liberalización del mercado, la privatización y la reducción del gasto público, han beneficiado a sectores privilegiados mientras que han marginado a amplias capas de la población. Dialogar sobre estas políticas permite abordar las causas estructurales del conflicto, proporcionando un camino hacia la equidad y la justicia social, que son esenciales para la paz duradera.

La conversación entre el ELN, el Gobierno y los empresarios, en la cual se involucraría a las organizaciones ciudadanas, es una oportunidad para repensar el modelo económico colombiano, buscando uno que no solo favorezca el crecimiento económico, sino que también promueva la inclusión social y el desarrollo equitativo. Un modelo económico más inclusivo puede integrar las demandas de los sectores más vulnerables y asegurar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos, reduciendo así las tensiones sociales que alimentan el conflicto. Un avance en este sentido fortalecería la democracia y la capacidad popular para avanzar en futuras transformaciones.

Las políticas neoliberales han generado una gran polarización en la sociedad colombiana, donde sectores enteros se sienten excluidos del proceso de desarrollo. Este sentimiento de exclusión ha sido uno de los motores del conflicto armado. Si las partes involucradas en el diálogo logran consensuar una política económica que considere las necesidades de todos, se podría reducir significativamente la polarización, creando un clima más propicio para la reconciliación y la paz.

Un acuerdo en este sentido hará posible multiplicar los beneficios de la implementación de un acuerdo de paz, no solo en términos económicos, sino también en materia política y social. Cerrar filas conjuntamente entre empresarios, gobierno, población civil y futuros firmantes de paz podría aportar sustantivamente a superar fenómenos como la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos, la minería ilegal o el cambio climático.

Los intentos de negociación con el ELN han estado marcados por la desconfianza mutua y la rigidez ideológica de la guerrilla, que ha mantenido un discurso de confrontación contra las élites económicas. La propuesta del presidente Petro busca romper este ciclo al invitar a los empresarios al diálogo, un gesto que reconoce la importancia de un consenso económico amplio para la construcción de una paz sostenible. Este enfoque integral es innovador y necesario, ya que sitúa la economía en el centro del proceso de paz, algo que ha sido largamente ignorado en negociaciones anteriores.

La importancia de este diálogo radica en su capacidad para abordar las causas estructurales del conflicto, pero para que tenga éxito, el ELN debe mostrar una apertura real al cambio. No basta con sentarse a la mesa; es necesario que la guerrilla reconozca la necesidad de un modelo económico que equilibre las demandas de justicia social con el crecimiento y la estabilidad económica. La pregunta es si el ELN está dispuesto a hacer concesiones en esta dirección o si continuará aferrándose a su agenda política y económica.

Por otro lado, los empresarios colombianos tienen ahora la oportunidad de jugar un papel proactivo en la construcción de la paz. Si bien la propuesta de Petro les invita a la mesa de negociación, también los coloca en una posición incómoda, obligándolos a enfrentar sus propias responsabilidades en la perpetuación de las desigualdades que han alimentado el conflicto. Su participación es crucial, pero también debe ser crítica, reflexiva y generosa, asegurando su disposición en la construcción de una sociedad más justa.

Los elenos deberían reconsiderar su posición, escuchar más a las comunidades y considerar la invitación que hace la Semana por la Paz – 2024, cuando pone al centro de su accionar el lema “Uniendo Voces Construimos País”. Solo en el diálogo, el logro de acuerdos y el cumplimiento de estos, estará la salida para avanzar en la paz integral. Descongelar las conversaciones, revisar el cumplimiento de lo acordado sin otra pretensión diferente a la búsqueda de la paz, retomar el Cese al Fuego Bilateral y la agenda de la participación, seguramente nos llevará a puerto seguro.

Luis Emil Sanabria D.

Fiscalía levanta las ordenes de tres miembros del Clan del Golfo

La Fiscalía General de la Nación levantó las órdenes de captura de tres de los principales cabecillas del ‘clan del Golfo’ y un disidente del ‘Estado Mayor Central’ de las Farc, atendiendo la solicitud del Gobierno Nacional para adelantar los diálogos de paz con los grupos ilegales a los que estos pertenecen.

La medida acoge a Orozman Orlando Ostén Blanco, alias Rodrigo Flechas; Elkin Posada Casarrubia, alias Joaquín, y Luis Armando Pérez, integrantes del Clan del Golfo. Por el lado de las disidencias de las Farc, se pidió levantar los requerimientos judiciales contra Carlos Eduardo García, alias Andrey,

 

La suspensión de las órdenes de captura del ‘clan del Golfo’ las pidió el gobierno del presidente Gustavo Petro el pasado 15 de agosto.

La paz integral en Colombia: ¿seremos capaces?

Es hora de que la sociedad colombiana, en su mayoría, tome una decisión firme y colectiva: avanzar hacia la construcción de una paz que no solo ponga fin a la violencia armada, sino que aborde las raíces de las desigualdades y los conflictos cotidianos. Para ello, es crucial superar, entre otros, seis grandes obstáculos: la corrupción, el narcotráfico, la privatización de servicios esenciales, la violencia armada, la minería ilegal y la dependencia económica y tecnológica. Estos males no solo perpetúan la violencia, sino que también minan la posibilidad de un desarrollo justo y equitativo.

La corrupción es quizás el mayor enemigo de cualquier proceso de paz y desarrollo. Ha permeado todos los niveles de la sociedad colombiana, desde las instituciones estatales hasta el sector privado, afectando gravemente la confianza del ciudadano en el Estado. Es necesario implementar una reforma política que ataque la corrupción de raíz, mediante mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y el fortalecimiento efectivo del poder disuasivo y judicial del Estado. Fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública es fundamental para garantizar que los recursos destinados a la paz y al desarrollo no sean desviados ni mal utilizados.

 

El narcotráfico es otro de los grandes flagelos que ha alimentado la violencia en Colombia e impide el desarrollo económico sostenible. Este fenómeno ha financiado tanto a grupos armados ilegales como a redes de corrupción, creando un círculo vicioso difícil de romper. Es urgente seguir avanzando en una reforma rural integral que ofrezca alternativas económicas viables a las comunidades campesinas que hoy dependen del cultivo de coca, profundizar el desmantelamiento de las mafias dedicadas al lavado de activos, y ejercer un control efectivo sobre los insumos utilizados en la producción de cocaína, como la gasolina, el cemento, la maquinaria y los productos químicos importados.

La privatización de servicios esenciales, como la salud, el agua potable, la energía eléctrica, y el debilitamiento de la educación pública, han exacerbado las desigualdades. La falta de acceso equitativo a estos servicios ha generado un profundo resentimiento en amplios sectores de la población, alimentando el conflicto social. El Estado debe recuperar su papel como garante de estos derechos, asegurando que los recursos públicos se utilicen para beneficiar a toda la población, construyendo verdaderas alianzas con sectores sociales y privados. Estas alianzas deben fomentar la iniciativa de la gente, vinculándola al desarrollo sostenible de forma transparente y justa, en lugar de perseguirla.

La minería ilegal es otra de las problemáticas graves que enfrenta Colombia, no solo por el daño ambiental que causa, sino también porque alimenta la violencia armada y la corrupción. Las regiones ricas en recursos naturales se ven atrapadas en un ciclo de explotación que no beneficia a las comunidades locales. Es necesario continuar fortaleciendo, como se ha venido haciendo, la regulación estatal y la presencia institucional, impidiendo que la minería ilegal siga devastando ecosistemas y perpetuando la violencia. Es esencial promover alternativas económicas sostenibles para las comunidades afectadas, de manera que puedan salir del ciclo de dependencia de la minería ilegal.

Colombia debe promover la diversificación económica que permita a las comunidades rurales y urbanas acceder a fuentes de ingresos legales y sostenibles. Esto incluye el fortalecimiento del sector productivo agrícola, el apoyo a pequeñas y medianas empresas urbanas, y la promoción de proyectos de desarrollo local que sean inclusivos y respetuosos del medio ambiente. De ahí la importancia de modificar la Ley 101 de 1993, que establece un mecanismo de inversión obligatoria en el sector agropecuario. Con las medidas complementarias necesarias para no afectar al ahorrador o al cliente bancario, se deben ampliar los beneficios de esta ley a sectores de la economía popular, cooperativa y solidaria, que hoy requieren créditos blandos y ágiles.

La violencia armada sigue siendo una realidad dolorosa en Colombia. La sociedad en general, con el apoyo del Estado, debe hacer entender, mediante la movilización, la deslegitimación, la construcción de territorialidad, la participación política, la cultura de paz, el diálogo local y nacional, entre otras formas, a los grupos armados con reconocimiento político, a los herederos del paramilitarismo y a las bandas delincuenciales de acción urbana, su firme decisión de avanzar por el camino de la paz para construir la paz. Por su parte, el Estado debe implementar políticas de seguridad que vayan más allá de la militarización y continuar fortaleciendo la justicia, la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos de paz. La construcción de la paz no será más lenta mientras el miedo siga siendo una constante en la vida de miles de colombianos y colombianas.

Es el momento de que la sociedad colombiana, una sus voces, tome una decisión valiente y avance hacia la construcción de una paz verdadera y duradera. La historia de Colombia ha demostrado que los cambios significativos solo son posibles cuando existe una voluntad colectiva de transformar la realidad. Hoy, más que nunca, es necesario que esa voluntad se materialice en acciones concretas y sostenibles.

Luis Emil Sanabria D.