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Etiqueta: Paz total

«Mientras las disidencias continúen con actividades ilícitas no habrá diálogos de paz», dice el primer mandatario

Al rechazar los atentados en Popayán (Cauca) y Jamundí (Valle del Cauca), el presidente Gustavo Petro advirtió a las disidencias que mientras continúen estos ataques y ellos no desistan de las economías ilegales, los diálogos de paz se mantendrán en el congelador.

«El Estado Mayor Central, EMC, en el Cauca, vive de la exportación de cocaína. Por eso quería un cese al fuego sin dejar de matar y controlar la población», escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

 

Dijo además que la orden dada a la Fuerza Pública y a la Policía es la defender a la ciudadanía, mientras los grupos ilegales no desistan de las economías ilícitas que ejercen en territorios como el Cauca y el Valle del Cauca.

«Mientras no decidan desmantelar las economías ilícitas no habrá conversaciones de paz y la ofensiva del ejército será total. La orden es neutralizar el EMC en el Cauca y el Valle», puntualizó.

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Gobierno Petro abre una tercera mesa de paz, esta vez con la Segunda Marquetalia

Las delegaciones del Gobierno del presidente Gustavo Petro y de la disidencia de las extintas Farc, conocida como Segunda Marquetalia liderada por alias Iván Márquez, anunciaron la instalación de la mesa de negociaciones en Caracas, Venezuela el próximo 24 de junio, luego de sostener una serie de reuniones para lograr los acercamientos.

Los puntos que se dialogarán según la agenda acordada son en primer lugar, el desescalamiento del conflicto y alistamiento de los territorios de paz; reparación a las víctimas; convivencia pacífica y por último, implementación y verificación.

 

El primer ciclo de negociaciones se realizará entre el 25 y el 29 de junio. Los ciclos tendrán una duración de una semana y se podrán prorrogar por mutuo acuerdo con intervalos no superiores a 30 días.

El Gobierno Nacional sostiene negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional y con el Estado Mayor Central. De concretarse un proceso con la Segunda Marquetalia, se estaría conformando un tercer proceso.

Y los ricos, ¿qué papel juegan en la paz de Colombia?

Un país con profundas desigualdades sociales como Colombia, marcado por el conflicto armado interno más prolongado del mundo, lo que a su vez genera polarización y debate, genera inevitablemente preguntas sobre el papel que cumplen o deben cumplir los ricos en la construcción de la paz y, por ende, en la superación de la pobreza y las inequidades. ¿Pueden ser los ricos aliados o enemigos en la construcción de una paz integral, duradera y estable?

No se puede negar que algunos ricos-ricos, muy pocos para mi gusto, pertenecientes al pequeño círculo de empresarios y de capital financiero, han contribuido con las intenciones de los gobiernos en la construcción de la paz. Sin embargo, aunque han apoyado con la inversión de capital y la implementación de proyectos en algunas zonas tradicionalmente afectadas por la exclusión y la pobreza, estas iniciativas han estado más enfocadas en los intereses del empresario que en las necesidades de las comunidades.

 

En la mayoría de los casos, la participación activa de las personas del común en las decisiones de la planificación y ejecución de los proyectos, o en la identificación de planes de responsabilidad social empresarial, que son fundamentales para la construcción de paz territorial y estabilidad social, ha sido periférica y en ocasiones nula. Limitándose exclusivamente al interés de la empresa en obtener una licencia ambiental.

Ahora bien, ante la profundidad del fenómeno de la violencia armada, ante la crisis de producción local y generación de empleo, como resultado de políticas económicas (cargas impositivas altas, escaso o nulo acompañamiento, respaldo y desarrollo tecnológico, etc.) que no distinguen a la hora de respaldar, promover o incentivar la economía, entre pequeñas y medianas empresas creadas por la clase media (alta, media o baja) y las creadas por los grandes capitalistas o el capital golondrina, y ante la crisis de las políticas económicas heredadas, que ha conducido a la exclusión y el empobrecimiento de millones de compatriotas, se requieren nuevas estrategias económicas y sociales que hagan posible una mayor certidumbre de quienes desde la iniciativa local promueven empresa y crean empleo.

El país demanda una política de generación de empresas (rurales y urbanas) inclusive para participar en la implementación de políticas públicas, más ligadas a la iniciativa colectiva, solidaria y popular, de la mano de las y los profesionales jóvenes y dueños de capital criollo, y requiere, de aquellos que se reconocen, por tradición y estatus heredado, como empresarios tomadores de decisiones, más compromiso, más generosidad, más oportunidades, menos espíritu monopolista, aunque esto represente, a corto plazo, una tasa de retorno de inversión más lenta o menos ganancias que las proyectadas.

Más allá de lo estrictamente económico en términos de inversión de capital y generación de plusvalía, se requiere que tanto los ricos más ricos colombianos o con inversiones en Colombia (casi todos asentados en el extranjero), los ricos emprendedores y la franja de profesionales creativos, que se enfrenta día a día al poder monopolistas de los primeros y a las condiciones adversas que el Estado y el entorno le imponen, tomen la decisión, sin ambages, ni mezquindad, de participar en los escenarios que se abren a propósito del Plan de Participación acordado para sacar adelante el proceso de paz con las guerrillas del ELN. Allí se podrá opinar y proponer nuevas iniciativas de carácter político, tributario o económico que hagan posible el fortalecimiento de la economía criolla. No hay que tenerle miedo a la democracia directa y menos a la democracia participativa.

Las condiciones de inestabilidad social y política, las equivocadas decisiones de una oposición poco reflexiva, que considera a la paz como una bandera del gobierno a la que hay que oponerse sin consideración, requieren por parte del sector productivo y empresarial en todas sus expresiones, una actitud responsable con la sociedad, involucrando un verdadero y genuino compromiso político con la justicia social y la equidad; esto incluye necesariamente, su vinculación a la construcción, mediante un diálogo abierto y honesto, de un Gran Acuerdo Nacional que fortalezca la democracia, la justicia y el establecimiento de un sector empresarial robusto en términos de calidad, diversidad y cantidad.

Es urgente adelantar una cruzada nacional y territorial contra la corrupción privada y pública en todas sus expresiones, con ejercicios de rendición de cuentas sobre los recursos públicos que maneja el sector privado, una unidad de acción contra el contrabando, el lavado de activos, la evasión de impuestos, el narcotráfico, la minería ilegal y depredadora, el tráfico de especies y la trata de personas.

La implementación de soluciones a las problemáticas internas, no es una tarea solo del pueblo y de las clases medias tradicionalmente víctimas de las violencias. Los grandes y privilegiados tomadores y tomadoras de decisiones empresariales, que también dominan parte del escenario político y de medios de comunicación, así como velan con todo su derecho, por mantener vivas a sus empresas, también deben velar por la democracia y la participación ciudadana. No está bien que exijan compromisos a la nación mientras algunos son señalados de financiar campañas políticas para luego constreñir veladamente la independencia del Congreso de la República y, por esta misma vía, intervenir el poder ejecutivo y judicial.

La paz y la democracia claman por la implementación de la Reforma Rural Integral que haga productivo el campo, que armonice la labor del productor agropecuario con los intereses de los campesinos y campesinas; el país reclama más y mejores políticas de bienestar que garanticen salud y educación adecuadas para quienes habitan los cinturones de miseria en campos y ciudades; por más y mejor investigación científica que haga posible la soberanía nacional y el mejoramiento tecnológico y productivo de las empresas nacionales. El país requiere transitar hacia la producción de energías limpias amigables con el ambiente, apoyándose en el potencial hidrográfico de nuestros territorios.

La promoción de la inclusión social y el apoyo a políticas públicas que reduzcan las desigualdades, son pasos indispensables para el logro de la Paz. En momentos de crisis permanente como la que vive nuestra Colombia, solo el diálogo, el encuentro sincero y transparente podrán hacer posible que los fusiles se silencien. Unamos nuestras voces para construir país, rompamos los abismos que nos separan y hagamos posible una nueva democracia para que las deliberaciones amplias iluminen el oscuro salón donde se reunen la pobreza, la componenda y la corrupción.

Luis Emil Sanabria D.

Unir nuestras voces, para descalificar las violencias

El 20 de mayo pasado, se cumplieron 60 años del envío de la carta de paz que los habitantes de la zona de Marquetalia (Tolima), en límites con Cauca y Huila, liderados por Manuel Marulanda Vélez (Pedro Antonio Marín), enviaron al entonces presidente de la República, Guillermo León Valencia (abuelo de Paloma Valencia). En esa carta, además de pedir inversión social, construcción de vías, escuelas y centros de salud, se solicitaba el retiro de las tropas del Ejército Nacional, que días antes habían ingresado a la región a sangre y fuego, en respuesta a las reivindicaciones campesinas acumuladas por años de violencia y abandono. La respuesta a la carta de un puñado de colombianos y colombianas fue la represión, el bombardeo, la guerra y la muerte. Este pasaje de la historia se enmarca en los orígenes de las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Una decisión que privilegió el uso de la fuerza y de la guerra, en lugar de la respuesta oportuna, dialogada y eficaz del Estado, nos condujo, hasta la fecha, a más de sesenta años de violencia guerrillera (que no debió nunca suceder), confrontación social y polarización del país. Seis décadas de dolor que pudieron evitarse si quienes ostentaban el poder no hubieran preferido, bajo el amparo de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional (que algunos exmilitares y políticos se resisten siquiera a evaluar), el camino de la guerra, en lugar de la reconciliación y el reconocimiento de las diferencias.

 

Algunos grupos armados, que se reivindican como FARC, alejados de la voluntad de paz del acuerdo firmado en 2016, quisieron recordar aquellos hechos dolorosos de mayo de 1964. Nada más distante de la lucha por los derechos sociales y políticos de los sectores populares que pretender que la toma a sangre y fuego de poblaciones, el asesinato y las amenazas contra poblaciones indígenas, afrodescendientes, obreras y campesinas, el uso del terror y el miedo, y estar vinculados a los negocios ilícitos de narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de especies, o la extorsión a los mineros tradicionales y ancestrales, pueda considerarse parte de la lucha por un mejor país, y menos aún, una conmemoración en memoria de los y las campesinas rebeldes asesinadas en medio de la violencia conservadora-liberal y los planes de pacificación del Frente Nacional.

El país vive una situación diferente a la vivida durante las convulsionadas décadas de los años sesenta y setenta, cuando se conformaron los grupos guerrilleros revolucionarios de ideología de izquierda, tanto comunistas como socialdemócratas, indigenistas o socialistas. La sociedad colombiana tiene una Constitución Política (1991), más garantista e inclusiva, diferente a la vetusta y conservadora constitución de 1886 impuesta con dolor y muerte, que debe ser desarrollada y aplicada a cabalidad. Se cuenta, por primera vez en la historia, con un gobierno de transición progresista, no ligado a las tradicionales esferas de poder. Se plantean inversiones sociales en educación, salud e infraestructura que beneficien a las comunidades y se comienza a desarrollar la eternamente aplazada Reforma Rural, que forma parte de las causas estructurales que originaron el conflicto armado interno.

Lo más revolucionario, en toda la amplitud y generosidad que esta palabra encierra, es comprender que la sociedad colombiana clama, suplica, resiste y lucha para que la paz sea una realidad. Más allá del apellido que se le ponga a la paz, sea este la Justicia Social, Total, Integral, Transformadora, Territorial, etc., lo que la gente quiere es la paz que finalmente silencie los fusiles; la paz para poder hablar, para poder dialogar, para concertar y ejecutar las políticas, los planes, programas y proyectos que hagan posible una Colombia nueva, pacífica, democrática, incluyente y justa, para que nunca más, por ningún motivo, a un compatriota se le ocurra apuntar o disparar un arma contra otro compatriota.

El pueblo caucano, así como algunos habitantes de Nariño, Valle, Chocó, Putumayo, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander y Arauca, sufren a mayor escala el rigor de una confrontación impuesta por los mercaderes de la muerte, por los dueños de las economías ilegales ligadas a la minería del oro y al narcotráfico, por quienes, bajo el pretexto de las difíciles condiciones de pobreza y exclusión impuestas por el modelo privatizador y la economía de mercado, se empeñan en sostener una violencia armada demencial y profundamente dolorosa, ya sea para mantener privilegios económicos o como estrategia política.

El Gobierno Nacional y los gobiernos locales deben hacer uso de todas las herramientas políticas que hagan posible la construcción de la paz. Nada puede ser subestimado o desechado cuando se trata del bien preciado de la vida; en estas regiones es claro que se deben co-construir acuerdos de territorialidad para la paz, vinculando a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, los cuales deberán quedar contemplados en Pactos por la Paz y la Vida, en donde se conjuguen estrategias claras que comprometan a la sociedad civil, ligadas a acuerdos de inversión estratégica en materia de salud, educación e infraestructura vial. Para ello se requiere una mayor coordinación interinstitucional, estrategias territoriales para la superación de las economías ilícitas y la instalación de cadenas productivas y de crecimiento económico que beneficien a todos y todas, unido a la generación de una cultura de paz, derechos humanos, reconciliación y protección a la vida, a partir de estrategias pedagógicas, comunicativas, de autocuidado y autoprotección, que fortalezcan los valores, los derechos y los deberes de la ciudadanía.

No estoy proponiendo con esto que el Estado renuncie al uso legítimo de la fuerza para proteger la vida y los bienes públicos y privados, labor que se hace más necesaria en tiempos de crisis y de ataques indiscriminados que infringen el Derecho Internacional Humanitario. Al igual que muchos y muchas, estoy convencido de que la sola estrategia de fortalecimiento del pie de fuerza, buscando vencer a los grupos armados por la vía militar o el sometimiento a la justicia, ya hace rato se comprobó, que no nos conduce a la paz. Puede que estas estrategias instalen un superficial clima de tranquilidad, como en otras ocasiones ha ocurrido; sin embargo, la llama de la violencia seguirá encendida, hasta que vuelvan a darse las condiciones para perpetrar otros ataques armados y la muerte violenta vuelva a transitar por campos, veredas y calles.

Las comunidades queremos la paz, pero esta no emergerá si no nos comprometemos a construir las condiciones para que eso ocurra. Hay que juntarnos, unir nuestras voces, movilizarnos, dialogar y construir compromisos posibles y realizables a corto, mediano y largo plazo, para descalificar las violencias. El Gobierno Nacional y los gobiernos locales deben continuar por la ruta de la participación con poder de decisión y avanzar hacia una estrategia territorial más sostenible e incluyente, más deliberativa y democrática, a todos los niveles y con todos los actores sociales, para hacer posible la ampliación y el fortalecimiento del tejido social y político que resiste, persiste e insiste en la Paz.

Luis Emil Sanabria

Delegaciones del Gobierno y del ELN cierran primer punto de acuerdo de paz

Las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), firmaron un acuerdo sobre la participación ciudadana en la construcción de los acuerdos de paz.

“Este ya es un consenso para la mesa de diálogos y, por ello, en la búsqueda de la mayor participación posible para las transformaciones necesarias. Adelantamos un proceso histórico sin precedentes”, aseguró Rodrigo Botero, integrante de la delegación del Gobierno.

 

El pacto destaca la conformación del Comité Nacional de Participación (CNP), que llevó a cabo 78 preencuentros y encuentros , con la participación de 8.565 representantes de organizaciones sociales de 30 sectores, así como 3.217 organizaciones en todas las regiones del país.

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Se desarrollaron además se desarrollaron los ejes de diálogo sobre régimen político, modelo económico, política ambiental, educación y cultura.

Vera Grabe, destacó el cierre de este acuerdo porque -consideró- no es fácil encontrar «el camino a la paz» y de la «superación de tantos años de guerra, de violencia». Pablo Beltrán por su parte, señaló que la mesa de diálogo quiere aportar a los cambios que «urgen» en Colombia, 

«La decisión del ELN de retornar al secuestro puede afectar al proceso de paz» Iván Cepeda

El senador Iván Cepeda en entrevista para Confidencial Colombia confiesa que, aunque el reto de convencer al ELN para que abandone la práctica del secuestro es difícil, quienes conforman la delegación de paz por parte del Gobierno harán un nuevo esfuerzo por convencerlos de lo necesario que es para que los diálogos de paz gocen de confianza en la ciudadanía.

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Preocupación de España por el retorno del ELN al secuestro

España, Alemania, Suecia y Suiza, países acompañantes en las negociaciones de paz entre la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la delegación del Gobierno de Colombia, han mostrado este martes su preocupación por la decisión del ELN de poner fin a la suspensión de los secuestros con fines económicos tras denunciar la «poca voluntad» de las autoridades en las negociaciones.

«(Los cuatro países) toman nota con gran preocupación del comunicado de la dirección nacional del ELN sobre la terminación de la suspensión llamadas por este grupo ‘retenciones económicas’, que según el Derecho Internacional Humanitario en tanto que detención ilegal o toma de rehenes constituyen una violación grave», reza un comunicado conjunto compartido por la Embajada española en Colombia en su cuenta de la red social X.

 

En ese sentido, han expresado que la protección de la población «no es negociable» y que no se puede vincular la suspensión de esta práctica con el incumplimiento de una parte del acuerdo como es la creación de un fondo multidonante para financiar el proceso de paz.

Estos países también han mostrado su esperanza de que ambas partes se pongan de acuerdo en el séptimo ciclo de negociaciones y de que finalmente salga adelante el mencionado fondo.

En la víspera, el ELN emitió un comunicado anunciado que de forma unilateral había decidido reiniciar la práctica del secuestro con fines económicos, y la mesa negociadora del Gobierno apuntó que la promesa de crear dicho fondo nunca se dio como «contraprestación» a la suspensión del secuestro, de cualquier otra actividad delictiva, u otra acción específica como el alto el fuego.

En febrero, durante el sexto ciclo de negociaciones que tuvo lugar en La Habana, ambas partes acordaron la creación de dicho fondo a cambio de que la guerrilla renunciara a las «retenciones económicas», tal y como define el secuestro.

A pesar de este último revés, el ELN ha asegurado que cumplirá con el alto el fuego decretado en agosto de 2023 y prorrogado durante 180 días en enero, mostrando su disposición a «retomar y acordar» nuevos pactos para solucionar el conflicto.

Gobierno rechaza decisión del ELN de retomar el secuestro

La delegación del Gobierno de Colombia que negocia la paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha advertido este martes a la guerrilla de que se «se equivoca gravemente» si cree que puede seguir con los secuestros tras anunciar que los retomaría ante la «poca voluntad» de hallar nuevas fuentes de financiación.

«Se equivoca gravemente el ELN si cree que puede secuestrar colombianos porque al margen de incumplir los acuerdos firmados (…) la sociedad colombiana no acepta un secuestro más», ha señalado José Félix Lafaurie, uno de los integrantes de la mesa negociadora del Gobierno.

 

Lafaurie ha rechazado que exista una relación entre el fondo que reclama la guerrilla para financiar el proceso de paz con dejar de lado la práctica del secuestro. Colombia no acepta, la sociedad colombiana no acepta secuestrar y al mismo tiempo dialogar con un grupo en armas», ha advertido.

En la víspera, el ELN emitió un comunicado anunciado que de forma unilateral había decidido reiniciar la práctica del secuestro con fines económicos debido a la «falta de voluntad» del Gobierno para crear un fondo para financiar las labores y la organizaciones de quienes integran la guerrilla y negocian la paz.

Tras el anuncio, la mesa negociadora del Gobierno apuntó que la promesa de crear dicho fondo nunca se dio como «contraprestación» a la suspensión del secuestro, de cualquier otra actividad delictiva, u otra acción específica como el alto el fuego.

«Siempre se le ha dejado en claro al ELN que el comercio con seres humanos no tiene ninguna clase de justificación y su eliminación no es objeto de ninguna transacción por parte del Estado colombiano», zanjó la Delegación de Paz.

En febrero, durante el sexto ciclo de negociaciones que tuvo lugar en La Habana, ambas partes acordaron la creación de dicho fondo a cambio de que la guerrilla renunciara a las «retenciones económicas», tal y como define el secuestro.

A pesar de este último revés, el ELN ha asegurado que cumplirá con el alto el fuego decretado en agosto de 2023 y prorrogado durante 180 días en enero, mostrando su disposición a «retomar y acordar» nuevos pactos para solucionar el conflicto.

ELN anuncia su retorno al secuestro extorsivo

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) suspendió el cese de secuestros con fines económicos, según lo expresaron en su comunicado, «por el incumplimiento con la creación del Fondo Multidonante».

“A la fecha, 3 de mayo de 2024, el Fondo aún no está constituido, el Gobierno muestra poca voluntad para avanzar en este campo. Dado lo anterior, el ELN da por terminado su oferta de suspensión unilateral de retenciones económicas”, dice el grupo subversivo en el documento.

 

El Gobierno por su parte respondió a través de su delegación en la mesa de diálogos con esta guerrilla, que jamás se pactó un acuerdo en este sentido, “Siempre ha dejado en claro al ELN que el comercio con seres humanos no tiene ninguna clase de justificación y su eliminación no es objeto de ninguna transacción por parte del Estado colombiano».

En el comunicado el ELN dice estar dispuesto a continuar en la mesa de diálogos con miras a lograr un acuerdo de paz.

¿Qué pasó con el posconflicto?

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos el país se movió en torno al proceso de paz con las extintas Farc y se planteó la idea de que Colombia transitara a una etapa de posconflicto y se difundió la idea de que este sería la cura para los miles de problemas que padecen cientos de municipios y veredas.

Esta etapa de posconflicto llegaría con la firma de la paz con el grupo guerrillero, y aunque la firma llegó, el anhelado posconflicto no apareció ni por las esquinas y aunque suene extraño, el primer culpable de que esto no sucediera fue la persona más interesada en que el país hiciera tránsito a esta etapa, es decir: Juan Manuel Santos, quien no quiso escuchar a quienes le aconsejaron no insistir con su plebiscito por la paz y el resultado de su terquedad, fue el habilitar y envalentonar al uribismo quien no solo le ganó con un No a la paz sino además puso en el Palacio de Nariño a su candidato presidencial, es decir, Iván Duque.

 

Por supuesto Iván Duque, siguiendo las órdenes de Álvaro Uribe restó importancia a la implementación de los acuerdos de paz con las Farc e hizo todo cuanto pudo por retrasarla, entre otras, por su evidente desconocimiento del país.

Superado el nefasto período presidencial de Duque y con la llegada de Gustavo Petro muchos pensaron o creyeron que se volvería a retomar el concepto de posconflicto y que los planes y programas que se trazaron con la firma de la paz con las Farc retomarían la importancia perdida, pero no fue así.

Increíblemente un hombre que viene de un proceso de paz como lo es el primer mandatario, no ha sabido conducir al país por el camino de la paz y más bien lo que ha sucedido es que la mala situación en la que Duque dejó al país en materia de orden público, con Petro empeoró, lo más preocupante es que no tiene reversa.

De nada va a servir el famoso conclave entre el primer mandatario y sus ministros, cuando la situación en materia de orden público no tiene como remediarse porque Gustavo Petro no solo dio reconocimiento de beligerantes a los grupos disidentes, sino que además paralizó a las Fuerzas Militares, quienes no han combatido con todo el rigor que se requiere.

Hoy los territorios que requerían mayor atención del Estado donde se supone los planes de consolidación llegarían con mayor fuerza, han vuelto a ser lugares de confrontación no solo con la fuerza pública sino además entre los grupos irregulares, siendo estos los de mayor intensidad, según consta en los estudios de ONGs como INDEPAZ y la Fundación Ideas Para la Paz.

Todo lo anterior hizo que la palabra posconflicto, que estuvo muy de moda durante más de cuatro años, desapareciera del todo. Hoy nadie la recuerda, ni siquiera Juan Manuel Santos su mayor promotor, y por supuesto el gran responsable de que esto no se consolidara.

Podría también culpar a Iván Duque, pero hay que entender que el llegó al Palacio de Nariño no a dar órdenes sino a obedecerlas. Esperé que Gustavo Petro corrigiera el rumbo, pero, al contrario, lo ha empeorado tanto que dudo que en el futuro inmediato se pueda volver a hablar de posconflicto.

Oscar Sevillano

Sin egoísmos o posturas mesiánicas

La transición de una sociedad que padece un Conflicto Político Armado Interno con más de sesenta años de existencia, degradado y alimentado por fenómenos delincuenciales como la corrupción, el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de especies, el tráfico de armas y municiones, la trata de personas y el lavado de activos, entre otros, hacia una sociedad pacífica, democrática, transparente, justa y equitativa, debe contemplar, además de una acción coordinada del Estado y los gobiernos para erradicar las causas estructurales que le dieron origen y lo retroalimentan, un profunda y decidida estrategia de Estado que instale en la conciencia y los corazones de la gente, una cultura de paz que nos conduzca a la reconciliación, el reconocimiento, la protección y la defensa de los Derechos Humanos.

A buena hora, las organizaciones de la sociedad civil y algunas entidades de gobierno que trabajan por la paz, dinamizadas por la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, decidieron convocar y organizar la Cumbre Nacional de Experiencias de Pedagógicas de Paz. Un hermoso acontecimiento, en este mar de violencias y señalamientos, que pasó desapercibido para los medios de comunicación y seguramente para las y los tomadores de decisiones sobre el presente y el futuro del país. Del 24 al 26 de abril, se dieron cita en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación de Bogotá, más de 100 experiencias locales y nacionales de organizaciones e instituciones que a diario y sin descanso, han tomado en sus propias manos e iniciativa, la construcción de pedagogías, de didácticas, y de acciones que hacen posible que la paz, más allá de las definiciones académicas, sea una vivencia de las comunidades.

 

Delegaciones de casi todos los departamentos del país, artistas y académicos reconocidos de diferentes partes de América y Europa, juntaron sus experiencias, para que, en un futuro cercano, se fortalezca, como es necesario, un programa nacional de Cultura para la Paz. Delegaciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de población LGBTIQ+, de población con discapacidad, de comunales y campesinos, de firmantes de los acuerdos de paz, expusieron sin el más mínimo asomo de egoísmo o de posturas mesiánicas, sus propuestas, sus avances, sus dificultades y lo profundamente solos que se sienten, en medio de una sociedad que prefiere voltear la cara y olvidarse de la importancia de construir un nuevo ser humano para la vida y la armonía.

Me atrevo a afirmar, luego de escuchar y observar las diferentes propuestas y de resaltar la decisión final de mantenerse coordinados en una plataforma pedagógica nacional para la paz, que existe entre las experiencias una inquebrantable decisión por instalar una amplia y generosa acción pedagógica que, anide en los corazones de las colombianas y los colombianos, el amor, la solidaridad, el respeto a la vida, la dignidad, la justicia y la equidad, que hagan posible que emerja un torrente arrollador de voluntades, capaces de transformar las violencias en convivencia y convertir el dolor en alegría, la tristeza en felicidad y la angustia en esperanza.

Decididos a recrear los sueños, recuperar la creatividad y convocar desde la fragilidad de la esperanza a la utopía de un mundo mejor, este colectivo, que no representa a todas las experiencias pedagógicas de paz que transversalizan el país, pero si una importante muestra, manifestó en todas las conversaciones, algunas más optimistas que otras, la disposición de declararse, desde la fuerza de los corazones descalzos, en desobediencia transformadora frente a los formatos y las competencias individualistas. Han reafirmado que, saldrán a cantar con toda su fuerza, enredados con los hilos del amor, como tercos sinsontes, para que su poesía sea escuchada en todos los rincones, para que su mirada sea aceptada y sus abrazos recibidos.

A pesar de las dificultades logísticas, producidas por la escasez de recursos y otras consideraciones, me atrevo, con las disculpas anticipadas a la cumbre, a afirmar que en general la asistencia se comprometió en mayor o menor medida a:

a)            Promover nuevas pedagogías que hagan posible la inclusión, el amor, el respeto y la dignidad, reconociendo la importancia de la otredad, la diversidad étnica, cultural y espiritual, para construir, un acuerdo nacional de vida que haga posible la felicidad en el territorio;

b)            abrazar la noviolencia para generar didácticas, metodologías y procesos ciudadanos, que coadyuven a la construcción de una sociedad sin violencias físicas, económicas, sexuales, sociales, psicológicas o políticas;

c)            acompañar, ampliar y fortalecer, con sus experiencias y pedagogías, los procesos ciudadanos que quieran comprometerse con la construcción de un país en paz, respetuoso de la vida, la diversidad y los Derechos Humanos;

d)            poner a disposición de la sociedad, del Estado y los gobiernos, todas sus capacidades y recursos materiales e inmateriales, para poner fin a las violencias que nos afectan, en especial, aquella que se ejerce en contra de las niñas, los niños y adolescentes;

e)            promover la democracia y el poder ciudadano para generar las transformaciones pacíficas de los conflictos sociales, políticos, económicos y culturales, colocando al centro el diálogo y la escucha, que construye soluciones y crea compromisos;

f)            aportar a la construcción de una cultura de paz libre de armas, promoviendo el rechazo social al uso de la violencia armada y al armamentismo en Colombia y el mundo;

g)            acompañar los procesos de diálogo social y político para la construcción de paz integral, y las estrategias de vinculación de los y las firmantes de paz, a la vida social, política y económica.

h)            fortalecer los procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, desde un enfoque psicosocial, de memoria transformadora, verdad y justicia, para fortalecer el tejido social golpeado por las violencias.

Finalmente, resalto las afirmaciones y el llamado de la cumbre, para que los gobiernos locales, las instituciones del Estado y el Gobierno Nacional, apoyen y respalden con recursos económicos, logísticos y garantías a la vida, los planes, programas y proyectos pedagógicos que buscan, desde la comunidad, construir una sociedad en paz, garante de los Derechos Humanos y reconciliada. Ojalá se continue por este camino, y que la cooperación internacional vea en estos colectivos, el germen que hará posible a largo plazo y en constante articulación con los programas que buscan superar las causas estructurales del conflicto, el surgimiento de una paz estable y duradera.

Luis Emil Sanabria D

Delegación de paz pide a Gustavo Petro ser claro con el proceso del ELN

La delegación de paz del Gobierno en la mesa de diálogos con el Ejército Nacional de Liberación pidió claridad sobre el futuro de este proceso.

De manera pública, los integrante del equipo de negociación del Gobierno manifestaron sus dudas sobre la viabilidad de un proceso de paz con un grupo ilegal a nivel nacional y al tiempo realizar uno más con una facción territorial de esta guerrilla.

 

«Solicitamos al presidente, como jefe de Estado, tomar la decisión que considere en torno a continuar desarrollando los trabajos de la Mesa Nacional de diálogos con el ELN, o adelantar una mesa de diálogo con la estructura de Nariño, o determinar que dicha estructura ha dejado de ser parte de la organización con la que se está negociando a nivel nacional para desarrollar con ella un proceso autónomo», expresó la Delegación. 

La delegación espera que se de un pronunciamiento en este sentido, una vez finalice el conclave del presidente de la república y sus ministros.

Paz incompleta

El fin del conflicto armado de Colombia se da por pedazos, pero tras cada proceso de desarme se avanza. Los esfuerzos realizados con el M-19, EPL, los carteles de Medellín, Cali y Norte del Valle, las Auto-defensas, las FARC y otros ayudan, pero el hecho es que el conflicto persiste. Los espacios territoriales liberados por cada proceso requieren de fortaleza estatal. Se puede lograr el desarme de los grupos al margen de la ley, pero mientras no exista control del territorio, continúen las rentas extraordinarias, y no se avance en la reconciliación, la paz no será definitiva, solo transitoria.

Al analizar las cifras, sorprende el incremento del 11% de hombres en armas, documentado por Mauricio Vargas en su columna. Según su escrito, durante el primer semestre de 2023, el clan del golfo aumentó el pie de fuerza en 23%, las disidencias de Farc en 9%, Segunda Marquetalia en 6% y ELN en 5,3%. Es impactante que, en el momento del inicio del proceso de paz en 2012, según Min Defensa, las FARC no superaba los 6.700 efectivos y el ELN no alcanzaba los 1.500. La falta de control territorial significa que hoy hay 43,6% más miembros de guerrillas que antes del proceso de paz con las Farc. No solo hubo cambio de brazalete sino nuevo reclutamiento.

 

El actual proceso, a pesar de lo ambicioso, no ha progresado mucho. Según inteligencia militar, los efectivos han aumentando: ELN 6.158, disidencias de las FARC 3.860, Segunda Marquetalia 1.761, Clan del Golfo 5.000, Autodefensas Sierra Nevada 500, BACRIM Medellín 12.000 (Oacp), BACRIM Buenaventura 1.700 (Oacp), y BACRIM Choco 500 (Oacp). En total, hay 31.479 miembros de organizaciones criminales en procesos de negociación, 11.779 de guerrillas y 19.700 de diferentes tipos de BACRIM. Este desarme sería un éxito sin antecedentes, pero las negociaciones están crudas.

Se estima que tanto las FARC como AUC, en sus picos, llegaron a superar individualmente los 30 mil efectivos. Lograr de manera pacífica el desarme siempre es valioso, como dice Sun Tzu “la mejor victoria es vencer sin combatir” pero el problema es que la paz nunca es definitiva, hay que cuidarla. Puede ser fácil conseguir una desmovilización sin verdad, ni reparación a las víctimas, sin promesas de no repetición y sin cárcel. El problema es que esto generaría semillas para el próximo conflicto, especialmente si los factores de financiación siguen estando presentes.

Avanzamos con procesos de paz, pero la falta de control de territorio produce una aceleración del reclutamiento, el orden público esta en franco deterioro. Durante 2023 se incrementaron en 6,5% las masacres en el país. Expertos como Daniel Rico estiman que cada 8 hectáreas de coca financian la actividad de un miembro de grupos ilegales. Si bien esta relación temporalmente se suspendió durante el proceso de paz con las Farc, esta volviendo a su tendencia histórica.

En 2022, el aumento de siembra de coca fue del 61%, para llegar a 230 mil hectáreas. Los rumores de extorsión por doquier y sicariato en todo el país, inclusive en las zonas más seguras de Bogotá, van en línea con una esperada siembra de coca que puede llegar a las 300 mil hectáreas. Con otras fuentes como la minería ilegal y la trata de personas financiando el conflicto, creer en la buena voluntad de cabecillas es claramente insuficiente.

Simón Gaviria

Caminos comunitarios para la paz

A los ancianos del campo y a los jóvenes de la ciudad los separan cientos de kilómetros de malas carreteras y siglos de desarrollo.

Eric Hobsbawm, Historia del Siglo XX

 

El pasado 3 de abril en sesión ordinaria de la Comisión Sexta se citóa Debate de Control Político al director de Invías y al ministro de Transporte para presentar un informe detallado sobre el avance del programa caminos para la paz total. Desde nuestra curul ayudamos a postular tramos identificados las JAC en municipios de Chocó y Antioquia. La mayor dificultad para los organismos comunales es tener al día su papelería legal. En la idea de poder ayudar en esta gestión hemos desarrollado espacios de capacitación y de socialización de la Ley 2166 de organismos comunales (https://pedrobaracutao.com/cartilla-jac/).

Este programa aunque va lento es una apuesta decidida por implementar el punto 1 del Acuerdo Final (Reforma Rural Integral) y el Plan Nacional de Vías Terciarias que contiene este Acuerdo. En este sentido el PND construyó el programa “Caminos comunitarios para la paz total”, a través del cual se busca el mejoramiento de las vías terciarias de la Colombia rural con el apoyo de las JAC. Hace un año se realizaron las convocatorias para que las JAC identificaran las vías: hay 23 mil tramos identificados y seleccionados para la ejecución. En el 2023 se ejecutaron 234 mil millones de pesos y ya hay firmados 1035 convenios (2 ya se terminaron, hay 9 en proceso de cierre para redondear 11 tramos).

Es una ejecución todavía muy incipiente, pero es comprensible en un modelo que por primera vez vincula decididamente a las JAC. Al momento hay 6100 tramos pendientes de documentación. Este año se van a suscribir 450 convenios más, para un total de 1485 convenios suscritos con las JAC, algo histórico en un país lleno de carteles de contratación y viciado de centralismo. Una dificultad ha aflorado en todo este proceso y es que las JAC carecen de capacitación en temas legales y de gestión, para esto se han realizado 400 reuniones de capacitación a las JAC.

En el caso de Antioquia, el municipio de Frontino ya cuenta con un convenio firmado para intervenir tramos críticos de vías terciarias. Se interviene con placa huella dichos tramos, a los tramos intermedios o en mejor estado se les hace un arreglo superficial y también se intervienen las alcantarillas que permiten drenar este tipo de vías. Sabemos de las dificultades que ha tenido este gobierno en temas de ejecución presupuestal, pero no es por falta de voluntad política sino por trabas al interior del mismo Estado cooptado durante más de 200 años de vida republicana por élites reaccionarias al cambio, fundada justamente en “una de las divisiones agrarias más desiguales del mundo. A comienzos del siglo XXI, el uno por ciento de los terratenientes posee más de la mitad de la tierra cultivable del país” (https://insightcrime.org/es/investigaciones/elites-crimen-organizado-colombia-introduccion/).

Sin embargo, trabajamos diariamente para que el gobierno del cambio llegue a los territorios más olvidados, por eso hemos realizado más de 18 Audiencias Públicas en el territorio nacional, este año 2 en el Urabá antioqueño que busca por fin superar la violencia y la desigualdad estructural que ha padecido, y donde el presidente en el marco del “gobierno con el pueblo” anunció la implementación de una “reforma agraria femenina”. Y es que allí el liderazgo de las mujeres rurales, étnicas y campesinas, es una realidad en el marco del posacuerdo y la esperanza del Urabá como remanso de paz.

El Ministerio de Transporte se comprometió a entregar un informe mensual sobre la ejecución de los convenios para las vías terciarias, tramo a tramo. Por ahora no se abren convocatorias para postular más tramos, sino que se van a generar estrategias de apoyo a las JAC que ya se postularon. Es un desafío intervenir los 23 mil tramos postulados, pero con un ejercicio de gestión, organización y voluntad política se podrá sacar adelante esta apuesta de transformación en la ruralidad, lo cual está consignado también en el Pacto Bicentenario y los Pactos Territoriales que representan la ruta de trabajo conjunta y articulada entre Nación y territorio para los próximos cuatro años en Colombia.

Pedro Baracutao

ELN pide al Gobierno analizar la situación del proceso de paz

Foto:AFP

El Ejército de Liberación Nacional envió una carta la jefa del equipo negociador del Gobierno la delegación del ELN, Vera Grabe, solicitando una reunión extraordinaria para analizar la situación del proceso de paz porque según dicen, «no hay condiciones para instalar los ciclos de conversaciones».

 

La guerrilla del ELN considera que el proceso de paz pasa por un estado crítico y por eso es prioritario examinar los pasos a seguir en estas conversaciones.

El grupo subversivo exige la presencia de los países garantes para la cita que, de darse, sería el próximo 12 de abril, previo al inicio del próximo ciclo que tendrá lugar en Venezuela.