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Etiqueta: Paz total

No solo de discursos vive la gente

“Hay que seguir en la búsqueda de la Paz con todos los grupos armados, porque de lo contrario, nadie finalmente, va a dejar de echar bala”, “el Gobierno Nacional debe sentarse a negociar con todos los grupos que hay en la zona, o autorizar comisiones de líderes y lideresas sociales, alcaldes y concejales, para que dialoguen con los grupos que aquí hacen presencia”. Propuestas como estas se escucharon en el pre encuentro por la paz, de carácter autónomo, que se realizó el pasado viernes 5 de abril, en el municipio de Morales, convocado por la Mesa de Paz del Sur de Bolívar, en el marco de las actividades que desarrolla el Comité Nacional de Participación, creado por la Mesa de Diálogo del Gobierno Nacional y el ELN.

Cerca de ciento cincuenta personas, provenientes de todos los municipios de la región de los dos ríos, con sus propios recursos y gracias al apoyo logístico del alcalde de Morales, el Sr. Ecequiel Salcedo C, apoyó la iniciativa, participó del evento y alentó la deliberación y el compromiso por la Paz, en una región azotada por la violencia durante decenas de años, y en donde hacen presencia, no solamente le ELN, con quien el Gobierno Nacional mantiene el Cese Al Fuego Bilateral, sino también, las disidencias autodenominadas Estado Mayor Central de las FARC y el recién rebautizado, Ejercito Gaitanista de Colombia  EGC.

 

La presencia de las iglesias cristianas, católica y evangélicas, de concejalas y concejales, secretarios de gobierno de otros municipios, ex alcaldes, lideresas y líderes de todos los sectores sociales, étnicos y comunitarios, llenó el recinto y nutrió la deliberación y las propuestas, que serán entregadas en el Encuentro Regional del Magdalena Medio, a realizarse el fin de mes en Barrancabermeja, dándole cumplimiento al cronograma pactado en la Mesa de Diálogo y que buscará, a finales de mayo del presente año, luego de realizar un encuentro nacional, entregar una propuesta metodológica de participación de la sociedad, y con la cual se espera, desatar una gran movilización participativa, capaz de construir un documento que contenga propuestas de soluciones a las causas estructurales que dieron origen y que alimentan este conflicto armado.

“Estamos cansadas de la violencia”, “queremos que nuestros hijos e hijas, puedan vivir en paz, estudiar y labrarse un futuro mejor”, fueron otras de las frases mas repetidas de las mujeres y hombres de este rincón de Colombia, ubicado en su corazón geográfico, pero excluido de derechos tan fundamentales como la salud y la educación. Una región rica en recursos naturales, que pudiera ser un excelente destino turístico para los amantes de la naturaleza y la biodiversidad, que hace decenas de años, no conoce, ni sabe, lo que es vivir en paz entre los seres humanos, y también con la naturaleza, en especial el Río Magdalena, sus ciénagas, afluentes y la hermosa serranía de San Lucas.

A quienes quieren que los esfuerzos de paz de la sociedad y el gobierno fracasen, y así anotarse unos puntos, en el juego politiquero por el control del país, que todo lo mide por encuestas de opinión ficticias, por votos comprados o por la llamada opinión pública, y que no reconoce ni incorpora en sus análisis, la voluntad de la ciudadanía que se expresa en la realidad local, lamento informarles que los pre encuentros y encuentros territoriales y sectoriales, programados en el marco de este proceso de paz, están siendo respaldados con presencia y propuestas de las organizaciones sociales y los gobiernos locales, a pesar de las dificultades que genera la falta de recursos económicos adecuados y el miedo que imponen otros actores armados. Que a pesar del interés evidente de sectores de la oposición política, por arrebatarle al pueblo esta nueva oportunidad de paz, las comunidades y las organizaciones siguen insistiendo en que, la única salida que tienen, para construir y gozar el territorio, la democracia, la justicia social y la vida, es que se avance con más entusiasmo y decisión, por el camino de las soluciones dialogadas a las múltiples expresiones del conflicto armado.

Lamentablemente, y aquí viene lo incomprensible, el Gobierno Nacional en ninguna de sus instancias, se hizo presente en este evento. Parece que, cuando se habla de fortalecimiento de las organizaciones, de la generación de ciudadanías constituyentes, de movilización y procesos asamblearios, estas fueran responsabilidades, única y exclusivamente, de las organizaciones populares o de algunas organizaciones no gubernamentales, y como ocurría en algunos tiempos pretéritos en donde no se tenía gobierno, “cada uno defiéndase como pueda”. El Gobierno de Gustavo Petro, no logra comprender la necesidad de brindar garantías efectivas a la vida de líderes, lideresas y a la permanencia en el territorio, a la movilización, al fortalecimiento organizativo, y la importancia de reconocer y coordinar con las organizaciones sociales y populares, lo que implica dialogar, concertar, desarrollar consensos y acuerdos, para avanzar hacia la superación de las inequidades, la corrupción y la pobreza.

Mantener, defender y desarrollar un gobierno de carácter popular, ampliar su poder basado en la soberanía popular, los Derechos Humanos, la democracia participativa, y la acción movilizadora para la construcción progresiva de equidad, justica social y paz, requiere de estrategias, planes o programas definidos, con un fuerte componente pedagógico sobre los derechos y los deberes ciudadanos, y sobre los acuerdos construidos con la gente. Elementos estos, que a casi dos años del gobierno del cambio, no se han desarrollado y no se vislumbran en el futuro próximo. No solo de discursos vive la gente, las palabra pronunciadas por el Presidente, que representan, en muchas ocasiones, una idea clara de lo que gran parte de la sociedad, en especial los empobrecidos y excluidos quieren, deben transformarse en acciones coordinadas desde el alto gobierno, para superar las  ejecuciones erráticas y excluyentes en el territorio.

No se trata solo de realizar eventos masivos, que pueden tener un gran impacto propagandístico y de promoción de la unidad de acción. Lo que la gente reclama en el Sur de Bolívar y en casi todas las regiones del país, es que su voz sea escuchada, sus propuestas incorporadas consensuadamente a la acción de gobierno y a la implementación efectiva de las acciones del Plan Nacional de Desarrollo. Lo que el pueblo reclama es la posibilidad de ser parte efectiva de la identificación de soluciones y la ejecución de las mismas. El gobierno no puede seguir ninguniando los liderazgos regionales y nacionales, colectivos e individuales, construidos a través de años de resistencia y persistencia, que sobreviven al exterminio sistemático programado por los actores armados. Es también, con las organizaciones y redes territoriales y nacionales, que se garantizará los cambios progresivos que el país necesita.

No todo se reduce a la acción parlamentaria o a las capacidades de uno u otro ejecutivo. El país, la sociedad, las transformaciones progresivas irrenunciables y necesarias para alcanzar la paz, exigen una verdadera alianza con la ciudadanía que garanticen la continuidad de los cambios, y que vaya más allá de las instrumentalizadas convocatorias a las movilizaciones. No todo se podrá lograr en un gobierno de cuatro años, es necesario priorizar lo verdaderamente posible de realizar, potenciar la democracia directa, la movilización y la organización, para que, sobre los hombros del pueblo repose la dirección de la gobernabilidad y el poder constituyente sea garante de continuidad, de la paz, la convivencia y la reconciliación.

Luis Emil Sanabria D

Insólito: Comisionado Para la Paz, Otty Patiño, da la bienvenida a la reorganización del Estado Mayor Central

El Alto Comisionado Para la Paz, Otty Patiño, durante una rueda de prensa dijo estar de acuerdo con una reorganización interna del llamado Estado Mayor Central, según él, «porque esto podría contribuir a un mayor respeto por los derechos humanos de la población civil».

Patiño dio la bienvenida a la decisión del grupo armado ilegal, «Creo que están agrupando bloques de los frentes que a veces cada cual hace lo que quiere sin que haya una responsabilidad más centralizada, pues bienvenida sea esta nueva reorganización de esos bloques», afirmó.

 

La paz del EPL, reafirmaciones pertinentes

El primero de marzo pasado, se cumplieron 33 años del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y el desaparecido Ejército Popular de Liberación – EPL, dirigido por el clandestino Partido Comunista de Colombia (Marxista-Leninista). Esta organización, que predicaba la lucha armada y de masas para derrocar al Estado capitalista, tenía presencia en casi todo el territorio nacional, con especial énfasis en zonas de desarrollo agrícola, energético, minero y en los centros urbanos más importantes. Era la guerrilla más grande que existía en el país, y que conformó, en la década de los 80 del siglo pasado, junto con otras organizaciones armadas, la llamada Coordinadora Nacional Guerrillera “Simón Bolívar”.

El PCC (m-l), y todos sus frentes políticos y armados, habían propuesto, años antes del acuerdo de paz, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que profundizara la democracia, reconociera la soberanía popular y sirviera de preámbulo a la construcción de una sociedad justa y democrática. Estas propuestas y la responsabilidad de coordinar el movimiento guerrillero, desató una ola de asesinatos a sus dirigentes destacados para el proceso de paz y a los responsables de la conducción del EPL, es así como se asesina a Oscar William Calvo, en compañía de Ángela María Trujillo y Alejandro Arcila, en pleno centro de Bogotá y se persigue, captura y asesina, también en Bogotá, al Comandante Ernesto Rojas (Jairo de Jesús Calvo).

 

A pesar de las persecuciones a los líderes y lideresas de su propuesta democrática electoral, llamada Frente Popular y su exterminio en todo el país, tanto el PCC (m-l), el EPL y sus estructuras políticas, tomaron la determinación mayoritaria de avanzar hacia la paz, recogiendo los esfuerzos realizados en el gobierno de Belisario Betancourt, continuando con los esfuerzos en el gobierno de Virgilio Barco y finalmente concretando la firma de paz en el gobierno de Cesar Gaviria, bajo la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que promulgaría, en el mismo año de la desmovilización, una nueva carta política para la sociedad colombiana. Lamentablemente, pese a los esfuerzos de quienes firmaron la paz, y a contar con una nueva Constitución, la violencia desatada por quienes se han opuesto al desarrollo del Estado Social de Derecho, produjo una gran ola de violencia que cobró la vida en menos de cinco años, a más de setecientos firmantes del acuerdo de paz del EPL.

Por eso, para la mayoría de los sobrevivientes de este grupo, que acompañaron los esfuerzos del Pacto Histórico, desde diferentes agrupaciones políticas y sociales, no cayeron bien las palabras del Sr. Presidente Gustavo Petro, escritas en un mensaje de la plataforma “X” (Twitter) y reproducidos luego en otras plataformas virtuales, cuando afirmó: “…Los gritos libertarios se apagaron, el movimiento estudiantil fue asesinado, la universidad de Córdoba pasó a manos paramilitares. Los liberales y conservadores se volvieron uribistas y hasta el EPL, antes guerrillero, y ahora desarmado se pasó en gran parte al bando paramilitar”.

Entre Córdoba y Urabá, emergieron los Frente Jesús María Alzáte, Bernardo Franco y Fabio Vázquez Villalba, que aglutinaban más de mil combatientes, todos comprometidos con el proceso de paz, que hicieron dejación de armas frente a los Integrantes de la Veeduría Internacional, con el acompañamiento de la Iglesia Católica, la Prensa Nacional e Internacional, y frente al pueblo que se volcó de forma masiva a presenciar ese hecho inédito para la región y el país. El gobierno estaba representado  por los señores Ricardo Santamaría,  Rafael Pardo, Jesús «Chucho» Bejarano y el ministro del interior Horacio Serpa, frente a los Cuáles se hizo públicamente la dejación de armas desde el primer  Comandante hasta el último combatiente uno a uno hasta terminado el acto ceremonial; una vez  se hizo la dejación  de armas, los nuevos ciudadanos, se trasladaron al casco urbano de Apartadó para cerrar con un acto público presenciado por más de ciento cincuenta mil personas. Actos parecidos se realizaron en diferentes partes del país, en donde se habían concentrado los diferentes frentes, combatientes y los principales líderes y lideresas políticas del PCC (m-l) y el Frente Popular.

Como en todos los procesos de paz adelantados en nuestro país, luego de la dejación de armas, se hicieron evidentes la falta de Garantía a la vida, el incumplimiento del Estado para cumplir los pocos compromisos territoriales pactados y la falta de oportunidades para la reincorporación social, económica y política. Rápidamente, algunos combatientes y mandos medios de estos y otros frentes, se rearmaron, aduciendo falta de claridad en el proceso, bajo el estímulo de las organizaciones que seguían en la lucha armada, como las FARC-Ep y el ELN, quienes en un principio los recibieron y protegieron. Sin embargo, pronto florecieron en Urabá y Córdoba, contradicciones frente al dominio territorial, la influencia política, y las propuestas sociales.

Así surgió y se fortaleció, entre 1991 y 1996, una disidencia, alimentada por dirigentes políticos nacionales del PCC (m-l) que no participaron del proceso de paz, y que, luego de varias acciones guerrilleras y de persecución a los desmovilizados del EPL, en medio de cercos de aniquilamiento desatados por las Farc y la Fuerza Pública, decidieron cambiar de brazalete y pasarse a las fuerzas paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Fue así como, a los sobrevivientes de este experimento fracasado de disidencia, los recogieron en varios helicópteros, según los relatos de la población, por los lados del Municipio de Tierralta cerca a la represa de Urrá, para ser transportados hasta la finca Cedro Cosido en el bajo Sinú, y luego vincularse a los paramilitares que comandaba la casa Castaño.

Luego del proceso de paz, el grueso de la organización que abandonó la lucha armada, algunos bajo el nuevo partido legal, llamado Esperanza, Paz y Libertad y/o haciendo parte de la Alianza Democrática-M19, continuaron actuando en la arena política, legal, amplia y transparente, a pesar de que el Estado Colombiano, les arrebatara la personería jurídica meses después de firmado el acuerdo de paz, y que han recuperado hace apenas un año, gracias a una fuerte lucha legal y jurídica, que llevó al reconocimiento con condiciones, por parte del Consejo Nacional Electoral, y que hoy se reconoce como Esperanza Democrática, integrante del Pacto Histórico.

Firmantes de este acuerdo de paz han hecho parte de varias organizaciones y tendencias políticas legales y comprometidas con la democracia, como el PDI, el PDA, UD, Partido Liberal, Colombia Humana, Partido Verde, y en el Pacto Histórico, entre otras. Algunos de sus integrantes han sido o son ediles y edilesas, concejales y concejalas, alcaldes, diputados y diputadas, representantes a la cámara y senadores. Otros han ocupado importantes cargos en gobiernos municipales, departamentales o nacional, incluido el actual gobierno nacional.

Todos los miembros de la dirección nacional del desaparecido PCC (m-l) y de la comandancia del desmovilizado EPL, que firmaron el acuerdo de paz, unos con más entusiasmo que otros, siguen trabajando por la paz, la democracia, la justicia social y la equidad, como fue su compromiso individual y colectivo, en el marco de la Constitución fruto de la Asamblea Nacional Constituyente que promovieron y en la cual participaron. Haciendo honor a los compromisos pactados, centenares de hombres y mujeres “esperanzadas”, durante muchas décadas han encabezado importantes organizaciones sociales, culturales, comunales, étnicas, de mujeres, de población LGBTIQ+, con discapacidad, de víctimas del conflicto, ambientalistas, constructoras de paz y defensoras de Derechos Humanos, han sido reconocidos académicos, investigadores sociales, funcionarios públicos, etc.

Luis Emil Sanabria D

Estado Mayor Central anuncia que seguirá en la mesa de diálogos

Uno de los miembros de la delegación negociadora de la guerrilla del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Andrey Avendaño, ha asegurado que se mantendrán en la mesa de negociación a pesar de la reciente crisis abierta con el Gobierno y la suspensión del alto el fuego pactado en tres departamentos.

«Haríamos mal en retroceder en lo que se ha avanzado, nuestros comandantes y el Gobierno deben hacer el esfuerzo por mantener los diálogos».

 

Avendaño se ha referido también a la polémica desatada por el supuesto apoyo de la guerrilla a la campaña presidencial de Gustavo Petro. «Las FARC no apoyamos con dinero la campaña de Petro. Nosotros no apoyamos esa campaña, ni ninguna, con dinero… Nosotros no hemos financiado la campaña de Petro, cuando las comunidades nos preguntaron cuál era la mejor opción para ser presidente de Colombia, nosotros respondimos que nos parecía que la opción idónea era Petro, pero de ahí a afirmar que financiamos la campaña hay mucho de diferencia», ha explicado.

Petro ha arremetido esta semana contra el líder del EMC, alias ‘Iván Mordisco‘, a quien le dijo, entre otras cosas, que era un «traqueto (narcotraficante) vestido de revolucionario» e incluso lo comparó con Pablo Escobar. En respuesta, ‘Iván Mordisco’ argumentó que cuando le apoyaron en campaña no eran «traquetos».

El Gobierno de Colombia anunció el pasado domingo la suspensión del alto el fuego pactado con el EMC de FARC en tres departamentos colombianos en respuesta al ataque armado indiscriminado de miembros de esta guerrilla contra un grupo de comuneros indígenas nasas en el municipio de Toribío, Cauca, en el que murió la lideresa del proceso de mujeres del pueblo nasa de Toribío, Carmelina Yuli Paví, y resultaron herido Rodrigo Ul Musique y otros comuneros.

Clan del Golfo o Ejercito Gaitanista: Un ‘reencauche’ con cara de negociación

Ejercito Gaitanista de Colombia fue el nombre que recientemente adquirió el Clan del Golfo. El cambio de “chapa” no es fortuito. Obedece a una estrategia de la organización ilegal para presentarse ante el país con un perfil político y embarcarse a una negociación con el gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa llamó la atención del presidente al punto que ayer abrió la posibilidad de reanudar acercamientos con esta organización criminal; quizás el cártel de droga activo más grande en el país.

El Clan del Golfo ha presentado una expansión creciente y alarmante. Disputas territoriales a lo largo de la costa del Pacífico y cerca de la frontera con Venezuela. Extorsiones a empresarios y ganaderos a cambio de “protección”. Normas de control y violencia contra poblaciones vulnerables. Reclutamiento de viejos combatientes paramilitares, guerrilleros y exsoldados. Una estructura disciplinada “que opera con la precisión de una empresa multinacional”. Es decir, no son unas ‘peritas en dulce’ con las cuales se puede iniciar cualquier tipo de negociación.

 

Para limpiar su nombre, el Clan del Golfo publicó un comunicado el pasado 18 de marzo en el que, además de presentarse ante el gobierno como Ejercito Gaitanista de Colombia, señalan que ellos no crearon economías ilícitas en los territorios y que se dedican al “impuesto al gramaje” en el caso de la cocaína. También afirman no tener ninguna relación con el tráfico de personas por el Tapón del Darien. Menos mal el pueblo colombiano y las instituciones que imparten justicia son conscientes que esta estructura es la mayor exportadora de cocaína del país, con vínculos transnacionales con el cartel de Sinaloa y que controla el flujo migratorio entre Colombia y Panamá por el Darien.

El escenario político que se está fraguando es favorable para los acercamientos entre el Estado colombiano y el, ahora llamado, Ejercito Gaitanista de Colombia: Inicialmente, Salvatore Mancuso, postulado por el gobierno nacional como Gestor de Paz y quien se reunirá el próximamente con Gustavo Petro en la Casa de Nariño, manifestó que conoce a alias ‘chiquito malo’ (cabecilla del Clan del Golfo) y que existe voluntad de acogerse a la paz total por parte de la estructura criminal. La misión de Mancuso es clara: servir de intermediador entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo.

En segundo lugar, uno de los seis puntos del documento “Proceso Constituyente ABECÉ” presentado el pasado martes por la Presidencia de la República es “establecer un dialogo en torno al fin de la violencia en Colombia y la reconciliación”. Se abre así la posibilidad para que organizaciones que estén en negociación política o en acercamiento para sometimiento a la justicia, eventualmente, tengan alguna participación en el proceso constituyente. En tercer lugar, la Paz Total se ha visto encaminada en los últimos días a acercarse a organizaciones ilegales como el Clan del Golfo, el ELN, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, los locos jam y el RSP en Quibdó y a enfrentar militarmente a las disidencias de las FARC (Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia).

El gobierno tiene claro que el Clan del Golfo es una estructura armada organizada de crimen de alto impacto, con la cual pueden realizar acercamientos y conversaciones para lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento. Con esta estructura armada no puede adelantar negociaciones de carácter político en los que se pacten acuerdos de paz, según lo establece la ley de Paz Total (ley 2272 de 2022). Sería un error estratégico darle status político a esta organización terrorista.

Petro no puede caer un limbo jurídico como el que cayó Álvaro Uribe Vélez cuando quiso brindarle el carácter de sedición a las Autodefensas Unidas de Colombia, error que fue enmendado por la sentencia C-370 de 2006 cuando la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 71 de ley de Justicia y Paz que pretendía considerar a los paramilitares como sediciosos. El pueblo colombiano eligió al presidente Gustavo Petro para que salvaguarde los intereses del país; es por esto que solo el sometimiento a la justicia es la vía para la desmovilización y reincorporación a la vida civil del Clan del Golfo.       

Posdata: En entrevista realizada por El Espectador a Ricardo Giraldo, abogado del Clan del Golfo, dice que el sometimiento a la justicia no es la solución. Afirma, también, que no son paramilitares, que tienen una estructura jerárquica, línea de mando “poderosa”, reivindicaciones ideológicas en torno a Jorge Eliecer Gaitán, entre otros aspectos que quieren mostrarlos como organización política. Sin embargo, como dice el adagio popular “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”.

La pelota está en el lado del gobierno que debe presentarle al país una propuesta seria de conversaciones con esta estructura ilegal.

Maylor Caicedo

Clan del Golfo acepta dialogar con Petro

El Clan del Golfo dio a conocer a través de un comunicado divulgado en las redes sociales, su intención de dialogar con el Gobierno Nacional con la idea de establecer una paz duradera.

“Nos permitimos comunicar que aceptamos la invitación hecha por el señor presidente, en el sentido de sentarnos a negociar las condiciones políticas que permitan las transformaciones sociales”, dice el comunicado.

 

En el texto niegan su participación en el tráfico ilegal de personas a través del Tapón del Darién y aseguran además que no son narcotraficante y que, según ellos, «solo participan de esta renta ilícita cobran un impuesto de gramaje».

Petro pone fin al cese al fuego con el Estado Mayor Central

El presidente Gustavo Petro puso fin al cese al fuego bilateral pactado con la disidencia de las Farc que lidera alias ‘Iván Mordiscos’ conocida como Estado Mayor Central.

La decisión fue tomada por el primer mandatario tras comprobarse que el grupo armado ilegal fue el responsable de un ataque indiscriminado contra una comunidad indígena en Toribio, Cauca, que dejó varios heridos, dentro de los que destaca guardia y lideresa del proceso de mujeres del Pueblo Nasa de Toribío Carmelina Yuli Pavi, y al comunero Rodrigo Ul Musique.

 

A través de su cuenta de X, el presidente Petro calificó el hecho como una violación al cese el fuego bilateral con el Gobierno, «Una vez la minga salió de puerto resistencia en Cali del diálogo conmigo y desde donde se lanzaron las propuestas de comités municipales de fuerzas populares para desatar el proceso constituyente, fue atacada a fuego en Toribío, Cauca, por el Estado Mayor Central. Con este hecho el EMC del Cauca viola el acuerdo de Cese al fuego«.

Audiencia Pública Cultura de Paz: el arte de la participación ciudadana y popular

Este viernes 15 de marzo, en el municipio de Bello (Antioquia) realizaremos una Audiencia Pública para poner en diálogo al sector cultural con las entidades competentes. El objetivo es escuchar y dialogar con las distintas expresiones del movimiento cultural de Antioquia en la perspectiva de generar rutas de articulación que permitan la construcción de la cultura de la paz, reconociendo que el arte y las expresiones culturales son herramientas poderosas para el bienestar, la reconciliación y el reconocimiento intercultural.

En este espacio se espera que el Ministerio de las Artes, los Saberes y las Culturas exponga la oferta institucional y las apuestas territoriales para el sector en el marco del Plan de Desarrollo “Colombia Potencia de la Vida”. La cultura como tejedora de la paz es un eje central en la agenda del gobierno del cambio.

 

El territorio antioqueño es rico en expresiones culturales, pero adolece de políticas que estructuren y descentralicen una oferta cultural que llegue a los lugares más apartados en condicione dignas y de calidad. Históricamente se ha asumido la cultura como un adorno, una ambientación o un espectáculo. Su potencial transformador está siendo desperdiciado: miles de bibliotecas comunitarias sin quien las dinamice y vistas solo como guardadero de libros, perdiendo su potencial creativo e integrador de otras artes y ejercicios de integración comunitaria. Lo mismo sucede con museos en diferentes municipios, con los bienes y  patrimonios arqueológicos descuidados y con las casas de la cultura destartaladas.

Escogimos a Bello porque este territorio es un epicentro de la cultura y las expresiones artísticas en el Valle de Aburrá. Su movimiento social, ambiental, artístico y cultural ha forjado una resistencia alrededor de la defensa del patrimonio artístico y cultural del municipio, así como por la protección de sus bienes ambientales. Por eso estamos convocando allí a este ejercicio de participación ciudadana y popular que es la Audiencia Pública «Cultura de paz» en esta ciudad que tiene todo para ser «potencia de la vida».

La cultura de paz será el verdadero pegamento de la reconciliación y la herramienta para la reconstrucción del tejido social en los territorios. Les esperamos este viernes desde las 8:00 A.M. en el Parque de Artes y Oficios de Bello (Calle 46 # 45-29).

Pedro Baracutao

La Paz dialogada avanzará si todos y todas la rodeamos

El proceso de conversaciones entre el Gobierno Nacional y e E.L.N. sigue su camino, a pesar de las adversidades y de los esfuerzos fallidos de quienes, desde las trincheras políticas y sociales, hacen todos los esfuerzos para que estos diálogos fracasen y nuestra sociedad, en especial los más empobrecidos y excluidos, vean nuevamente truncado sus anhelos de paz territorial y nacional.

El Comité Nacional de Participación- CNP, instancia conformada mediante acuerdo de la mesa de conversaciones, sesionó esta semana en la ciudad de Bogotá. Durante dos días, casi 80 delegados y delegadas de más de 30 sectores sociales y económicos, bajo la coordinación de la comisión de diálogo del Gobierno, encabezada por la Sra. Vera Grabe y el Senador Iván Cepeda, y la gestoría de paz del ELN, dirigida por el Sr. Juan Carlos Cuellar, intercambiamos opiniones e ideas, y asumimos compromisos para elaborar un mecanismo expedito de participación social, que aporte a la transformación de los conflictos y causas que alimentan la confrontación armada.

 

La jornada transcurrió de forma fluida y amena, pero como es apenas previsible, se generaron interrogantes en relación con el hecho de que aún las conversaciones de la Mesa de Diálogo siguen suspendidas, razón por la cual la delegación del ELN no estuvo presente en este evento. También, se escucharon diversas opiniones, frente a los alcances políticos del CNP, y otras consideraciones relacionadas directamente con los compromisos pactados, tales como el cese al fuego bilateral y en relación con la confrontación que el ELN mantiene con otros grupos armados. Tampoco se hicieron esperar las exigencias, tanto a la organización guerrillera como al Gobierno Nacional, sobre las garantías a la vida y a la participación de líderes, lideresas sociales y de las personas que integran el Comité Nacional de Participación.

Dos días de un fructífero intercambio de opiniones y de propuestas, en donde, además de la excelente disposición de las partes que coordinan el Comité, se hizo evidente la determinación y los aportes de las y los delegados de los diferentes sectores, siendo destacado el papel de las mujeres, no solo en cantidad, sino indiscutiblemente, en la calidad de sus aportes. Lamentablemente la delegación de los pueblos indígenas no se hizo presente, lo que privó a la sociedad colombiana y a la deliberación sincera y constructiva que se dio, del punto de vista, la experiencia y las consideraciones del los pueblos ancestrales; ojalá, las organizaciones indígenas valoren este espacio, que seguramente no elaborará una propuesta para ser acogida o sobrepuesta a las tradiciones indígenas, pero  que sí requiere de su palabra y su sabiduría, para construir una ruta que haga posible la reconciliación nacional.

Indiscutiblemente, la sociedad colombiana, el Gobierno Nacional y el ELN, deben valorar positivamente este esfuerzo por avanzar en la construcción de una propuesta, lo suficientemente amplia e incluyente que permita la participación del más copioso torrente de colombianas y colombianos, capaz de hacer posible un acuerdo que beneficie preferiblemente a los más excluidos y violentados, una propuesta tan generosa y atractiva, que se convierta en un laboratorio de experimentación social, de lo que pudiera ser, el embrión de una reforma política que, equilibre el poder y la soberanía del pueblo expresado a través de la democracia directa, con la democracia representativa, haciendo posible, como lo expresa el artículo 3º de la Constitución, el sueño de contar con una verdadera democracia participativa.

El CNP definió los lineamientos que guiarán la propuesta de participación y retomó la construcción de un cronograma de convocatorias a los pre-encuentros ciudadanos zonales, y a los encuentros sectoriales y territoriales, buscando concitar el interés de líderes y lideresas de todas las expresiones sociales, y buscando su participación efectiva. Estos pre-encuentros y encuentros, finalizarán con un gran encuentro nacional a finales de mayo de este año, en donde, se revisará y aprobará el documento central que guiará la convocatoria y la participación social, en todo el país, de todos los sectores, para construir soluciones al conflicto armado, sus causas y consecuencias

La idea es que con una metodología consensuada y construida participativamente, nos sintamos convocados y partícipes, a elaborar las propuestas y a tomar las decisiones que hagan posible, la construcción de un documento en donde se expresen las transformaciones que, a corto, mediano y largo plazo, se deben implementar para superar las causas y consecuencias de la confrontación armada. Las y los colombianos, tendremos la oportunidad, por diferentes medios y en diversos espacios, de proponer soluciones, de intercambiar opiniones y de consensuar los acuerdos que serán entregados a la mesa de diálogo y que deberán convertirse en el eje central alrededor del cual gire el acuerdo de paz que nos lleve al fin de la confrontación armada entre el Estado y esta organización guerrillera.

Un gran reto para el Comité Nacional de Participación, que seguramente sabrá asumir, lo mismo que para el Gobierno, el ELN, y en especial para la sociedad colombiana, pues no se trata solo de lograr un acuerdo entre dos partes antagónicas sentadas en una mesa de diálogo, lo que de por si es bastante complejo e importante, sino especialmente, conquistar el respaldo, el reconocimiento y el apoyo de la mayoría de colombianos y colombianas, quienes finalmente serán las y los beneficiarios de la paz, y los encargados de velar por el cumplimiento de lo acordado, así como de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, y empeñarse para que, los y las futuras excombatientes, cuenten con las salvaguardias necesarias a la vida, la dignidad, la libre expresión y organización.

Todo este andamiaje de participación, repleto de innovaciones y compromisos, seguramente nos llevará a finales del 2025, a la firma de un acuerdo de paz con esta guerrilla que, desde ya, debe estar pensando en cómo seguir el proceso de desescalamiento de la confrontación armada, cómo aclimatar la paz en las regiones en donde tienen su mayor influencia militar, política y social, y como abocarse a abandonar definitivamente el uso de la violencia armada.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos, es claro que la paz de Colombia no solo se logra con un acuerdo entre el Gobierno Nacional y ELN, es también necesario y urgente seguir insistiendo y exigiendo que los demás grupos armados, como las llamadas FARC-Estado Mayor, FARC-Segunda Marquetalia, se mantengan en el proceso de diálogos para la paz, respeten a la población civil, cumplan el compromiso del cese al fuego y suspendan todos los ataques a las comunidades, y que el Clan del Golfo y otros grupos armados herederos del paramilitarismo, se sienten a dialogar con el Gobierno Nacional, sin más dilaciones, para que la Paz y la Reconciliación se logren, con la urgencia y la necesidad que el pueblo lo exige.

Luis Emil Sanabria D.

Disgusto del Gobierno con Antonio García

El comandante del Ejército Nacional de Liberación Nacional (ELN), Antonio García, en su cuenta de X manifestó su molestia porque según él, «el Gobierno quiere montar un show mediático en Nariño», con la supuesta intención de dividir a esta guerrilla en algunos territorios.

“Hoy se sabe que los supuestos guerrilleros de “Comuneros del Sur” con quienes el Gobierno quiere montar un Show mediático en Nariño, están siendo protegidos por la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, UNIPEP. También están protegidas en el entorno por dos unidades de las Fuerzas Militares del Estado”, escribió el comandante en su cuenta de X.

 

El jefe guerrillero fue más allá señalando al Gobierno Nacional de querer ejecutar una falsa desmovilización con supuestos guerrilleros de “Comuneros del Sur”.

De inmediato la delegación de paz del Gobierno Nacional mostró su incomodidad por las declaraciones de alías ‘Antonio García’, a quien pidió respetar al primer mandatario, Gustavo Petro, y a todo su equipo.

Analizan la creación del Ministerio No 20

Congresistas del Pacto Histórico analizan la posibilidad de presentar un proyecto para crear el Ministerio de la Paz, entidad que de ser aprobada se encargaría de manejar los recursos destinados a la implementación de los acuerdos de paz y la reconciliación nacional.

Por ahora los senadores y representantes de la bancada del Pacto Histórico realizan audiencias y conversaciones para analizar el tema y explorar las posibilidades que tendría, en el caso de que sea aprobada la iniciativa y cuál sería su papel dentro del Estado.

 

La senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, expuso que la idea es que los recursos que se destinen para la paz, bien sea los aprobados dentro del presupuesto nacional o que lleguen por la vía de cooperación internacional sean manejados por una sola entidad para de esta manera ejercer un mejor control de los mismos.

Derechos Humanos y Paz Total

El informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, presentado el pasado 28 de febrero, evidenció un aumento en el número de municipios afectados en Colombia durante 2023. Según el Índice de Impacto de la Violencia (instrumento utilizado por ONU-Derechos Humanos que incluye variables como homicidios de personas defensoras de derechos humanos, masacres, asesinatos de excombatientes de las FARC-EP, tasa de confinamiento y tasa de desplazamiento), hay 206 municipios en los que persisten estos hechos de violencia contra la población. Mientras que en 2021 se registraron 156 municipios, en 2022 la cifra ascendió a 180. Los departamentos que concentran el mayor número de municipios afectados con carácter “crítico” o “muy alto” en 2023 fueron: Cauca, Chocó, Nariño, Arauca, Putumayo, Caquetá, Valle del Cauca.

Sin embargo, estos datos no indican que se hayan incrementado los hechos victimizantes en el país, lo que señala es que hay más municipios donde se registran estas afectaciones. La situación obedece, principalmente, a dos factores: i) la expansión territorial del accionar de grupos armados no estatales y organizaciones criminales y ii) la profundización de las estrategias violentas de control social contra la población civil, organizaciones étnico-territoriales y organizaciones de base.

 

Una de las conclusiones más interesantes del informe es que los grupos armados al margen de la ley utilizan las vulneraciones a los derechos humanos en las comunidades para incidir violentamente en la “cooptación de organizaciones sociales” y Juntas de Acción Comunal (JAC). Por ejemplo, el asesinato a personas defensoras de derechos humanos se presenta cuando estos alzan su voz o se convierten en un obstáculo de las dinámicas de control social que ejercen los actores armados no estatales. De igual modo sucede con el asesinato de líderes de comunidades indígenas y pueblos afrodescendientes en los que se pretende afectar su autogobierno, su pervivencia física y cultural.

La oficina de la ONU encontró que el control social de los criminales vulnera los derechos humanos de las comunidades y en la gobernabilidad de los territorios. El informe pone el foco en la forma en que los grupos armados no estatales intentan cooptar organizaciones y grupos étnicos. El pueblo Nasa en el Cauca es una de las preocupaciones mas sentidas de la Oficina de Derechos Humanos. Con el asesinato de lideres y lideresas espirituales y guardias indígenas hay una estrategia de destruir liderazgos, desconocer la autoridad indígena en territorio y destruir el tejido social. Lo mismo está sucediendo con comunidades afro en el pacífico, con el pueblo Awa en Nariño.

No es nuevo que los actores armados ilegales intenten cooptar organizaciones sociales y JAC para incrementar su incidencia política local. Lo paradójico es que se esté presentando en el marco de la Paz Total. Y es que en el marco de los procesos de negociación que se están adelantando con el ELN, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, y el avance en el sometimiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, como el Clan del Golfo, se ha evidenciado un incremento en la disputa por el territorio y la cooptación de organizaciones sociales.

A medida que avanzan las negociaciones y los procesos de sometimiento a la justicia se incrementa el poder territorial de los actores armados. Esta es una evidencia clara que presenta el informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Los colombianos guardamos la esperanza de que al finalizar este gobierno se haya cumplido con el sometimiento a la justicia y el cumplimiento de los procesos de negociación en el marco de la política de Paz Total, de lo contrario, quedaremos con grupos armados más fortalecidos a nivel territorial, con organizaciones sociales y étnicas cooptadas por la ilegalidad y una vulneración más expandida de los derechos humanos.    

Maylor Caicedo

Gobierno y disidencias inician la cuarta ronda de negociaciones

El Gobierno y las disidencias del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han comenzado la cuarta ronda de negociaciones para la paz, que durará hasta el 9 de marzo y en la que se tratarán cuestiones como las transformaciones territoriales o la participación social en el proceso de paz.

«En San José del Guaviare (…), fue instalado el IV ciclo de negociaciones de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las FARC-EP. Las delegaciones, que se reunirán hasta el próximo 9 de marzo en este municipio, han acordado una agenda en la que se incluyen, entre otros temas, la discusión y aprobación de acuerdos sobre transformaciones territoriales, participación social, pedagogía y comunicaciones», reza un comunicado del Alto Comisionado para la Paz colombiano.

 

Por su parte, el jefe de la delegación del Gobierno, Camilo González Posso, ha destacado la evolución del número de violaciones del alto el fuego y de los actos violentos, y ha asegurado que, para el próximo ciclo de negociaciones, estas pueden verse reducidas en un 50 por ciento con respecto al año anterior. «La manera en cómo avancemos depende del comportamiento de las dos partes que aquí estamos», ha añadido.

Asimismo, el representante especial adjunto de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Raúl Rosende, ha explicado que «el diálogo, aunque sea a medio y largo plazo, debe ir generando beneficios y resultados concretos».

Esta nueva ronda de negociaciones se está produciendo a pesar de las recientes denuncias de las autoridades colombianas de varias violaciones al alto el fuego por parte de guerrillero del EMC.

El Gobierno se encuentra en diferentes fases sobre la negociación de la paz tanto con el EMC como con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), llevando cierto alivio humanitario a las regiones y comunidades más afectas.

Armando Novoa será el jefe negociador de los diálogos con la Segunda Marquetalia

Foto: Óscar Pérez/El Espectador

El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, será el jefe negociador de paz por parte del Gobierno Nacional con las disidencias de las Farc, Segunda Marquetalia, grupo liderado por Iván Márquez.

 

Novoa estará al frente de las conversaciones de paz con el grupo armado ilegal. Hasta el momento se desconoce la fecha y el lugar para la instalación oficial de los diálogos.

Armando Novoa es un abogado que se desempeñó como director de la Corporación de Estudios Constitucionales Plural, un tanque de pensamiento surgido tras la realización de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Igualmente, es un reconocido analista político que participa en diversos medios de comunicación.

Fue copresidente de la Comisión Especial Legislativa que se conoció con el nombre de “Congresito”, designada por la Constituyente del 91

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra quieren a Mancuso como mediador

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, a través de un comunicado aceptaron las gestiones que pueda ejecutar Salvatore Mancuso en favor de un eventual proceso de paz con el Gobierno Nacional.

El grupo armado ilegal solicitó al exlíder paramilitar, para que intervenga a favor de un eventual diálogo de paz que permita la reincorporación a la vida sin armas de sus integrantes.

 

“Las confrontaciones entre nosotros con las AGC es una situación que sigue generando inestabilidad en los territorios que defendemos y que vamos a seguir defendiendo, estamos en medio de un cruce de combates en La Guajira donde los perjudicados son las comunidades por lo que hacemos una invitación a mediar en este conflicto”, dice el texto.

A su regreso al país, Salvatore Mancuso, afirmó que está dispuesto a colaborar en todo lo que se pueda a favor de la paz y la reconciliación del país.