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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Paz total

«La decisión del ELN de retornar al secuestro puede afectar al proceso de paz» Iván Cepeda

El senador Iván Cepeda en entrevista para Confidencial Colombia confiesa que, aunque el reto de convencer al ELN para que abandone la práctica del secuestro es difícil, quienes conforman la delegación de paz por parte del Gobierno harán un nuevo esfuerzo por convencerlos de lo necesario que es para que los diálogos de paz gocen de confianza en la ciudadanía.

Nota relacionada: Preocupación de España por el retorno del ELN al secuestro

 

Preocupación de España por el retorno del ELN al secuestro

España, Alemania, Suecia y Suiza, países acompañantes en las negociaciones de paz entre la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la delegación del Gobierno de Colombia, han mostrado este martes su preocupación por la decisión del ELN de poner fin a la suspensión de los secuestros con fines económicos tras denunciar la «poca voluntad» de las autoridades en las negociaciones.

«(Los cuatro países) toman nota con gran preocupación del comunicado de la dirección nacional del ELN sobre la terminación de la suspensión llamadas por este grupo ‘retenciones económicas’, que según el Derecho Internacional Humanitario en tanto que detención ilegal o toma de rehenes constituyen una violación grave», reza un comunicado conjunto compartido por la Embajada española en Colombia en su cuenta de la red social X.

 

En ese sentido, han expresado que la protección de la población «no es negociable» y que no se puede vincular la suspensión de esta práctica con el incumplimiento de una parte del acuerdo como es la creación de un fondo multidonante para financiar el proceso de paz.

Estos países también han mostrado su esperanza de que ambas partes se pongan de acuerdo en el séptimo ciclo de negociaciones y de que finalmente salga adelante el mencionado fondo.

En la víspera, el ELN emitió un comunicado anunciado que de forma unilateral había decidido reiniciar la práctica del secuestro con fines económicos, y la mesa negociadora del Gobierno apuntó que la promesa de crear dicho fondo nunca se dio como «contraprestación» a la suspensión del secuestro, de cualquier otra actividad delictiva, u otra acción específica como el alto el fuego.

En febrero, durante el sexto ciclo de negociaciones que tuvo lugar en La Habana, ambas partes acordaron la creación de dicho fondo a cambio de que la guerrilla renunciara a las «retenciones económicas», tal y como define el secuestro.

A pesar de este último revés, el ELN ha asegurado que cumplirá con el alto el fuego decretado en agosto de 2023 y prorrogado durante 180 días en enero, mostrando su disposición a «retomar y acordar» nuevos pactos para solucionar el conflicto.

Gobierno rechaza decisión del ELN de retomar el secuestro

La delegación del Gobierno de Colombia que negocia la paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha advertido este martes a la guerrilla de que se «se equivoca gravemente» si cree que puede seguir con los secuestros tras anunciar que los retomaría ante la «poca voluntad» de hallar nuevas fuentes de financiación.

«Se equivoca gravemente el ELN si cree que puede secuestrar colombianos porque al margen de incumplir los acuerdos firmados (…) la sociedad colombiana no acepta un secuestro más», ha señalado José Félix Lafaurie, uno de los integrantes de la mesa negociadora del Gobierno.

 

Lafaurie ha rechazado que exista una relación entre el fondo que reclama la guerrilla para financiar el proceso de paz con dejar de lado la práctica del secuestro. Colombia no acepta, la sociedad colombiana no acepta secuestrar y al mismo tiempo dialogar con un grupo en armas», ha advertido.

En la víspera, el ELN emitió un comunicado anunciado que de forma unilateral había decidido reiniciar la práctica del secuestro con fines económicos debido a la «falta de voluntad» del Gobierno para crear un fondo para financiar las labores y la organizaciones de quienes integran la guerrilla y negocian la paz.

Tras el anuncio, la mesa negociadora del Gobierno apuntó que la promesa de crear dicho fondo nunca se dio como «contraprestación» a la suspensión del secuestro, de cualquier otra actividad delictiva, u otra acción específica como el alto el fuego.

«Siempre se le ha dejado en claro al ELN que el comercio con seres humanos no tiene ninguna clase de justificación y su eliminación no es objeto de ninguna transacción por parte del Estado colombiano», zanjó la Delegación de Paz.

En febrero, durante el sexto ciclo de negociaciones que tuvo lugar en La Habana, ambas partes acordaron la creación de dicho fondo a cambio de que la guerrilla renunciara a las «retenciones económicas», tal y como define el secuestro.

A pesar de este último revés, el ELN ha asegurado que cumplirá con el alto el fuego decretado en agosto de 2023 y prorrogado durante 180 días en enero, mostrando su disposición a «retomar y acordar» nuevos pactos para solucionar el conflicto.

ELN anuncia su retorno al secuestro extorsivo

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) suspendió el cese de secuestros con fines económicos, según lo expresaron en su comunicado, «por el incumplimiento con la creación del Fondo Multidonante».

“A la fecha, 3 de mayo de 2024, el Fondo aún no está constituido, el Gobierno muestra poca voluntad para avanzar en este campo. Dado lo anterior, el ELN da por terminado su oferta de suspensión unilateral de retenciones económicas”, dice el grupo subversivo en el documento.

 

El Gobierno por su parte respondió a través de su delegación en la mesa de diálogos con esta guerrilla, que jamás se pactó un acuerdo en este sentido, “Siempre ha dejado en claro al ELN que el comercio con seres humanos no tiene ninguna clase de justificación y su eliminación no es objeto de ninguna transacción por parte del Estado colombiano».

En el comunicado el ELN dice estar dispuesto a continuar en la mesa de diálogos con miras a lograr un acuerdo de paz.

¿Qué pasó con el posconflicto?

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos el país se movió en torno al proceso de paz con las extintas Farc y se planteó la idea de que Colombia transitara a una etapa de posconflicto y se difundió la idea de que este sería la cura para los miles de problemas que padecen cientos de municipios y veredas.

Esta etapa de posconflicto llegaría con la firma de la paz con el grupo guerrillero, y aunque la firma llegó, el anhelado posconflicto no apareció ni por las esquinas y aunque suene extraño, el primer culpable de que esto no sucediera fue la persona más interesada en que el país hiciera tránsito a esta etapa, es decir: Juan Manuel Santos, quien no quiso escuchar a quienes le aconsejaron no insistir con su plebiscito por la paz y el resultado de su terquedad, fue el habilitar y envalentonar al uribismo quien no solo le ganó con un No a la paz sino además puso en el Palacio de Nariño a su candidato presidencial, es decir, Iván Duque.

 

Por supuesto Iván Duque, siguiendo las órdenes de Álvaro Uribe restó importancia a la implementación de los acuerdos de paz con las Farc e hizo todo cuanto pudo por retrasarla, entre otras, por su evidente desconocimiento del país.

Superado el nefasto período presidencial de Duque y con la llegada de Gustavo Petro muchos pensaron o creyeron que se volvería a retomar el concepto de posconflicto y que los planes y programas que se trazaron con la firma de la paz con las Farc retomarían la importancia perdida, pero no fue así.

Increíblemente un hombre que viene de un proceso de paz como lo es el primer mandatario, no ha sabido conducir al país por el camino de la paz y más bien lo que ha sucedido es que la mala situación en la que Duque dejó al país en materia de orden público, con Petro empeoró, lo más preocupante es que no tiene reversa.

De nada va a servir el famoso conclave entre el primer mandatario y sus ministros, cuando la situación en materia de orden público no tiene como remediarse porque Gustavo Petro no solo dio reconocimiento de beligerantes a los grupos disidentes, sino que además paralizó a las Fuerzas Militares, quienes no han combatido con todo el rigor que se requiere.

Hoy los territorios que requerían mayor atención del Estado donde se supone los planes de consolidación llegarían con mayor fuerza, han vuelto a ser lugares de confrontación no solo con la fuerza pública sino además entre los grupos irregulares, siendo estos los de mayor intensidad, según consta en los estudios de ONGs como INDEPAZ y la Fundación Ideas Para la Paz.

Todo lo anterior hizo que la palabra posconflicto, que estuvo muy de moda durante más de cuatro años, desapareciera del todo. Hoy nadie la recuerda, ni siquiera Juan Manuel Santos su mayor promotor, y por supuesto el gran responsable de que esto no se consolidara.

Podría también culpar a Iván Duque, pero hay que entender que el llegó al Palacio de Nariño no a dar órdenes sino a obedecerlas. Esperé que Gustavo Petro corrigiera el rumbo, pero, al contrario, lo ha empeorado tanto que dudo que en el futuro inmediato se pueda volver a hablar de posconflicto.

Oscar Sevillano

Sin egoísmos o posturas mesiánicas

La transición de una sociedad que padece un Conflicto Político Armado Interno con más de sesenta años de existencia, degradado y alimentado por fenómenos delincuenciales como la corrupción, el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de especies, el tráfico de armas y municiones, la trata de personas y el lavado de activos, entre otros, hacia una sociedad pacífica, democrática, transparente, justa y equitativa, debe contemplar, además de una acción coordinada del Estado y los gobiernos para erradicar las causas estructurales que le dieron origen y lo retroalimentan, un profunda y decidida estrategia de Estado que instale en la conciencia y los corazones de la gente, una cultura de paz que nos conduzca a la reconciliación, el reconocimiento, la protección y la defensa de los Derechos Humanos.

A buena hora, las organizaciones de la sociedad civil y algunas entidades de gobierno que trabajan por la paz, dinamizadas por la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, decidieron convocar y organizar la Cumbre Nacional de Experiencias de Pedagógicas de Paz. Un hermoso acontecimiento, en este mar de violencias y señalamientos, que pasó desapercibido para los medios de comunicación y seguramente para las y los tomadores de decisiones sobre el presente y el futuro del país. Del 24 al 26 de abril, se dieron cita en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación de Bogotá, más de 100 experiencias locales y nacionales de organizaciones e instituciones que a diario y sin descanso, han tomado en sus propias manos e iniciativa, la construcción de pedagogías, de didácticas, y de acciones que hacen posible que la paz, más allá de las definiciones académicas, sea una vivencia de las comunidades.

 

Delegaciones de casi todos los departamentos del país, artistas y académicos reconocidos de diferentes partes de América y Europa, juntaron sus experiencias, para que, en un futuro cercano, se fortalezca, como es necesario, un programa nacional de Cultura para la Paz. Delegaciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de población LGBTIQ+, de población con discapacidad, de comunales y campesinos, de firmantes de los acuerdos de paz, expusieron sin el más mínimo asomo de egoísmo o de posturas mesiánicas, sus propuestas, sus avances, sus dificultades y lo profundamente solos que se sienten, en medio de una sociedad que prefiere voltear la cara y olvidarse de la importancia de construir un nuevo ser humano para la vida y la armonía.

Me atrevo a afirmar, luego de escuchar y observar las diferentes propuestas y de resaltar la decisión final de mantenerse coordinados en una plataforma pedagógica nacional para la paz, que existe entre las experiencias una inquebrantable decisión por instalar una amplia y generosa acción pedagógica que, anide en los corazones de las colombianas y los colombianos, el amor, la solidaridad, el respeto a la vida, la dignidad, la justicia y la equidad, que hagan posible que emerja un torrente arrollador de voluntades, capaces de transformar las violencias en convivencia y convertir el dolor en alegría, la tristeza en felicidad y la angustia en esperanza.

Decididos a recrear los sueños, recuperar la creatividad y convocar desde la fragilidad de la esperanza a la utopía de un mundo mejor, este colectivo, que no representa a todas las experiencias pedagógicas de paz que transversalizan el país, pero si una importante muestra, manifestó en todas las conversaciones, algunas más optimistas que otras, la disposición de declararse, desde la fuerza de los corazones descalzos, en desobediencia transformadora frente a los formatos y las competencias individualistas. Han reafirmado que, saldrán a cantar con toda su fuerza, enredados con los hilos del amor, como tercos sinsontes, para que su poesía sea escuchada en todos los rincones, para que su mirada sea aceptada y sus abrazos recibidos.

A pesar de las dificultades logísticas, producidas por la escasez de recursos y otras consideraciones, me atrevo, con las disculpas anticipadas a la cumbre, a afirmar que en general la asistencia se comprometió en mayor o menor medida a:

a)            Promover nuevas pedagogías que hagan posible la inclusión, el amor, el respeto y la dignidad, reconociendo la importancia de la otredad, la diversidad étnica, cultural y espiritual, para construir, un acuerdo nacional de vida que haga posible la felicidad en el territorio;

b)            abrazar la noviolencia para generar didácticas, metodologías y procesos ciudadanos, que coadyuven a la construcción de una sociedad sin violencias físicas, económicas, sexuales, sociales, psicológicas o políticas;

c)            acompañar, ampliar y fortalecer, con sus experiencias y pedagogías, los procesos ciudadanos que quieran comprometerse con la construcción de un país en paz, respetuoso de la vida, la diversidad y los Derechos Humanos;

d)            poner a disposición de la sociedad, del Estado y los gobiernos, todas sus capacidades y recursos materiales e inmateriales, para poner fin a las violencias que nos afectan, en especial, aquella que se ejerce en contra de las niñas, los niños y adolescentes;

e)            promover la democracia y el poder ciudadano para generar las transformaciones pacíficas de los conflictos sociales, políticos, económicos y culturales, colocando al centro el diálogo y la escucha, que construye soluciones y crea compromisos;

f)            aportar a la construcción de una cultura de paz libre de armas, promoviendo el rechazo social al uso de la violencia armada y al armamentismo en Colombia y el mundo;

g)            acompañar los procesos de diálogo social y político para la construcción de paz integral, y las estrategias de vinculación de los y las firmantes de paz, a la vida social, política y económica.

h)            fortalecer los procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, desde un enfoque psicosocial, de memoria transformadora, verdad y justicia, para fortalecer el tejido social golpeado por las violencias.

Finalmente, resalto las afirmaciones y el llamado de la cumbre, para que los gobiernos locales, las instituciones del Estado y el Gobierno Nacional, apoyen y respalden con recursos económicos, logísticos y garantías a la vida, los planes, programas y proyectos pedagógicos que buscan, desde la comunidad, construir una sociedad en paz, garante de los Derechos Humanos y reconciliada. Ojalá se continue por este camino, y que la cooperación internacional vea en estos colectivos, el germen que hará posible a largo plazo y en constante articulación con los programas que buscan superar las causas estructurales del conflicto, el surgimiento de una paz estable y duradera.

Luis Emil Sanabria D

Delegación de paz pide a Gustavo Petro ser claro con el proceso del ELN

La delegación de paz del Gobierno en la mesa de diálogos con el Ejército Nacional de Liberación pidió claridad sobre el futuro de este proceso.

De manera pública, los integrante del equipo de negociación del Gobierno manifestaron sus dudas sobre la viabilidad de un proceso de paz con un grupo ilegal a nivel nacional y al tiempo realizar uno más con una facción territorial de esta guerrilla.

 

«Solicitamos al presidente, como jefe de Estado, tomar la decisión que considere en torno a continuar desarrollando los trabajos de la Mesa Nacional de diálogos con el ELN, o adelantar una mesa de diálogo con la estructura de Nariño, o determinar que dicha estructura ha dejado de ser parte de la organización con la que se está negociando a nivel nacional para desarrollar con ella un proceso autónomo», expresó la Delegación. 

La delegación espera que se de un pronunciamiento en este sentido, una vez finalice el conclave del presidente de la república y sus ministros.

Paz incompleta

El fin del conflicto armado de Colombia se da por pedazos, pero tras cada proceso de desarme se avanza. Los esfuerzos realizados con el M-19, EPL, los carteles de Medellín, Cali y Norte del Valle, las Auto-defensas, las FARC y otros ayudan, pero el hecho es que el conflicto persiste. Los espacios territoriales liberados por cada proceso requieren de fortaleza estatal. Se puede lograr el desarme de los grupos al margen de la ley, pero mientras no exista control del territorio, continúen las rentas extraordinarias, y no se avance en la reconciliación, la paz no será definitiva, solo transitoria.

Al analizar las cifras, sorprende el incremento del 11% de hombres en armas, documentado por Mauricio Vargas en su columna. Según su escrito, durante el primer semestre de 2023, el clan del golfo aumentó el pie de fuerza en 23%, las disidencias de Farc en 9%, Segunda Marquetalia en 6% y ELN en 5,3%. Es impactante que, en el momento del inicio del proceso de paz en 2012, según Min Defensa, las FARC no superaba los 6.700 efectivos y el ELN no alcanzaba los 1.500. La falta de control territorial significa que hoy hay 43,6% más miembros de guerrillas que antes del proceso de paz con las Farc. No solo hubo cambio de brazalete sino nuevo reclutamiento.

 

El actual proceso, a pesar de lo ambicioso, no ha progresado mucho. Según inteligencia militar, los efectivos han aumentando: ELN 6.158, disidencias de las FARC 3.860, Segunda Marquetalia 1.761, Clan del Golfo 5.000, Autodefensas Sierra Nevada 500, BACRIM Medellín 12.000 (Oacp), BACRIM Buenaventura 1.700 (Oacp), y BACRIM Choco 500 (Oacp). En total, hay 31.479 miembros de organizaciones criminales en procesos de negociación, 11.779 de guerrillas y 19.700 de diferentes tipos de BACRIM. Este desarme sería un éxito sin antecedentes, pero las negociaciones están crudas.

Se estima que tanto las FARC como AUC, en sus picos, llegaron a superar individualmente los 30 mil efectivos. Lograr de manera pacífica el desarme siempre es valioso, como dice Sun Tzu “la mejor victoria es vencer sin combatir” pero el problema es que la paz nunca es definitiva, hay que cuidarla. Puede ser fácil conseguir una desmovilización sin verdad, ni reparación a las víctimas, sin promesas de no repetición y sin cárcel. El problema es que esto generaría semillas para el próximo conflicto, especialmente si los factores de financiación siguen estando presentes.

Avanzamos con procesos de paz, pero la falta de control de territorio produce una aceleración del reclutamiento, el orden público esta en franco deterioro. Durante 2023 se incrementaron en 6,5% las masacres en el país. Expertos como Daniel Rico estiman que cada 8 hectáreas de coca financian la actividad de un miembro de grupos ilegales. Si bien esta relación temporalmente se suspendió durante el proceso de paz con las Farc, esta volviendo a su tendencia histórica.

En 2022, el aumento de siembra de coca fue del 61%, para llegar a 230 mil hectáreas. Los rumores de extorsión por doquier y sicariato en todo el país, inclusive en las zonas más seguras de Bogotá, van en línea con una esperada siembra de coca que puede llegar a las 300 mil hectáreas. Con otras fuentes como la minería ilegal y la trata de personas financiando el conflicto, creer en la buena voluntad de cabecillas es claramente insuficiente.

Simón Gaviria

Caminos comunitarios para la paz

A los ancianos del campo y a los jóvenes de la ciudad los separan cientos de kilómetros de malas carreteras y siglos de desarrollo.

Eric Hobsbawm, Historia del Siglo XX

 

El pasado 3 de abril en sesión ordinaria de la Comisión Sexta se citóa Debate de Control Político al director de Invías y al ministro de Transporte para presentar un informe detallado sobre el avance del programa caminos para la paz total. Desde nuestra curul ayudamos a postular tramos identificados las JAC en municipios de Chocó y Antioquia. La mayor dificultad para los organismos comunales es tener al día su papelería legal. En la idea de poder ayudar en esta gestión hemos desarrollado espacios de capacitación y de socialización de la Ley 2166 de organismos comunales (https://pedrobaracutao.com/cartilla-jac/).

Este programa aunque va lento es una apuesta decidida por implementar el punto 1 del Acuerdo Final (Reforma Rural Integral) y el Plan Nacional de Vías Terciarias que contiene este Acuerdo. En este sentido el PND construyó el programa “Caminos comunitarios para la paz total”, a través del cual se busca el mejoramiento de las vías terciarias de la Colombia rural con el apoyo de las JAC. Hace un año se realizaron las convocatorias para que las JAC identificaran las vías: hay 23 mil tramos identificados y seleccionados para la ejecución. En el 2023 se ejecutaron 234 mil millones de pesos y ya hay firmados 1035 convenios (2 ya se terminaron, hay 9 en proceso de cierre para redondear 11 tramos).

Es una ejecución todavía muy incipiente, pero es comprensible en un modelo que por primera vez vincula decididamente a las JAC. Al momento hay 6100 tramos pendientes de documentación. Este año se van a suscribir 450 convenios más, para un total de 1485 convenios suscritos con las JAC, algo histórico en un país lleno de carteles de contratación y viciado de centralismo. Una dificultad ha aflorado en todo este proceso y es que las JAC carecen de capacitación en temas legales y de gestión, para esto se han realizado 400 reuniones de capacitación a las JAC.

En el caso de Antioquia, el municipio de Frontino ya cuenta con un convenio firmado para intervenir tramos críticos de vías terciarias. Se interviene con placa huella dichos tramos, a los tramos intermedios o en mejor estado se les hace un arreglo superficial y también se intervienen las alcantarillas que permiten drenar este tipo de vías. Sabemos de las dificultades que ha tenido este gobierno en temas de ejecución presupuestal, pero no es por falta de voluntad política sino por trabas al interior del mismo Estado cooptado durante más de 200 años de vida republicana por élites reaccionarias al cambio, fundada justamente en “una de las divisiones agrarias más desiguales del mundo. A comienzos del siglo XXI, el uno por ciento de los terratenientes posee más de la mitad de la tierra cultivable del país” (https://insightcrime.org/es/investigaciones/elites-crimen-organizado-colombia-introduccion/).

Sin embargo, trabajamos diariamente para que el gobierno del cambio llegue a los territorios más olvidados, por eso hemos realizado más de 18 Audiencias Públicas en el territorio nacional, este año 2 en el Urabá antioqueño que busca por fin superar la violencia y la desigualdad estructural que ha padecido, y donde el presidente en el marco del “gobierno con el pueblo” anunció la implementación de una “reforma agraria femenina”. Y es que allí el liderazgo de las mujeres rurales, étnicas y campesinas, es una realidad en el marco del posacuerdo y la esperanza del Urabá como remanso de paz.

El Ministerio de Transporte se comprometió a entregar un informe mensual sobre la ejecución de los convenios para las vías terciarias, tramo a tramo. Por ahora no se abren convocatorias para postular más tramos, sino que se van a generar estrategias de apoyo a las JAC que ya se postularon. Es un desafío intervenir los 23 mil tramos postulados, pero con un ejercicio de gestión, organización y voluntad política se podrá sacar adelante esta apuesta de transformación en la ruralidad, lo cual está consignado también en el Pacto Bicentenario y los Pactos Territoriales que representan la ruta de trabajo conjunta y articulada entre Nación y territorio para los próximos cuatro años en Colombia.

Pedro Baracutao

ELN pide al Gobierno analizar la situación del proceso de paz

Foto:AFP

El Ejército de Liberación Nacional envió una carta la jefa del equipo negociador del Gobierno la delegación del ELN, Vera Grabe, solicitando una reunión extraordinaria para analizar la situación del proceso de paz porque según dicen, «no hay condiciones para instalar los ciclos de conversaciones».

 

La guerrilla del ELN considera que el proceso de paz pasa por un estado crítico y por eso es prioritario examinar los pasos a seguir en estas conversaciones.

El grupo subversivo exige la presencia de los países garantes para la cita que, de darse, sería el próximo 12 de abril, previo al inicio del próximo ciclo que tendrá lugar en Venezuela.

No solo de discursos vive la gente

“Hay que seguir en la búsqueda de la Paz con todos los grupos armados, porque de lo contrario, nadie finalmente, va a dejar de echar bala”, “el Gobierno Nacional debe sentarse a negociar con todos los grupos que hay en la zona, o autorizar comisiones de líderes y lideresas sociales, alcaldes y concejales, para que dialoguen con los grupos que aquí hacen presencia”. Propuestas como estas se escucharon en el pre encuentro por la paz, de carácter autónomo, que se realizó el pasado viernes 5 de abril, en el municipio de Morales, convocado por la Mesa de Paz del Sur de Bolívar, en el marco de las actividades que desarrolla el Comité Nacional de Participación, creado por la Mesa de Diálogo del Gobierno Nacional y el ELN.

Cerca de ciento cincuenta personas, provenientes de todos los municipios de la región de los dos ríos, con sus propios recursos y gracias al apoyo logístico del alcalde de Morales, el Sr. Ecequiel Salcedo C, apoyó la iniciativa, participó del evento y alentó la deliberación y el compromiso por la Paz, en una región azotada por la violencia durante decenas de años, y en donde hacen presencia, no solamente le ELN, con quien el Gobierno Nacional mantiene el Cese Al Fuego Bilateral, sino también, las disidencias autodenominadas Estado Mayor Central de las FARC y el recién rebautizado, Ejercito Gaitanista de Colombia  EGC.

 

La presencia de las iglesias cristianas, católica y evangélicas, de concejalas y concejales, secretarios de gobierno de otros municipios, ex alcaldes, lideresas y líderes de todos los sectores sociales, étnicos y comunitarios, llenó el recinto y nutrió la deliberación y las propuestas, que serán entregadas en el Encuentro Regional del Magdalena Medio, a realizarse el fin de mes en Barrancabermeja, dándole cumplimiento al cronograma pactado en la Mesa de Diálogo y que buscará, a finales de mayo del presente año, luego de realizar un encuentro nacional, entregar una propuesta metodológica de participación de la sociedad, y con la cual se espera, desatar una gran movilización participativa, capaz de construir un documento que contenga propuestas de soluciones a las causas estructurales que dieron origen y que alimentan este conflicto armado.

“Estamos cansadas de la violencia”, “queremos que nuestros hijos e hijas, puedan vivir en paz, estudiar y labrarse un futuro mejor”, fueron otras de las frases mas repetidas de las mujeres y hombres de este rincón de Colombia, ubicado en su corazón geográfico, pero excluido de derechos tan fundamentales como la salud y la educación. Una región rica en recursos naturales, que pudiera ser un excelente destino turístico para los amantes de la naturaleza y la biodiversidad, que hace decenas de años, no conoce, ni sabe, lo que es vivir en paz entre los seres humanos, y también con la naturaleza, en especial el Río Magdalena, sus ciénagas, afluentes y la hermosa serranía de San Lucas.

A quienes quieren que los esfuerzos de paz de la sociedad y el gobierno fracasen, y así anotarse unos puntos, en el juego politiquero por el control del país, que todo lo mide por encuestas de opinión ficticias, por votos comprados o por la llamada opinión pública, y que no reconoce ni incorpora en sus análisis, la voluntad de la ciudadanía que se expresa en la realidad local, lamento informarles que los pre encuentros y encuentros territoriales y sectoriales, programados en el marco de este proceso de paz, están siendo respaldados con presencia y propuestas de las organizaciones sociales y los gobiernos locales, a pesar de las dificultades que genera la falta de recursos económicos adecuados y el miedo que imponen otros actores armados. Que a pesar del interés evidente de sectores de la oposición política, por arrebatarle al pueblo esta nueva oportunidad de paz, las comunidades y las organizaciones siguen insistiendo en que, la única salida que tienen, para construir y gozar el territorio, la democracia, la justicia social y la vida, es que se avance con más entusiasmo y decisión, por el camino de las soluciones dialogadas a las múltiples expresiones del conflicto armado.

Lamentablemente, y aquí viene lo incomprensible, el Gobierno Nacional en ninguna de sus instancias, se hizo presente en este evento. Parece que, cuando se habla de fortalecimiento de las organizaciones, de la generación de ciudadanías constituyentes, de movilización y procesos asamblearios, estas fueran responsabilidades, única y exclusivamente, de las organizaciones populares o de algunas organizaciones no gubernamentales, y como ocurría en algunos tiempos pretéritos en donde no se tenía gobierno, “cada uno defiéndase como pueda”. El Gobierno de Gustavo Petro, no logra comprender la necesidad de brindar garantías efectivas a la vida de líderes, lideresas y a la permanencia en el territorio, a la movilización, al fortalecimiento organizativo, y la importancia de reconocer y coordinar con las organizaciones sociales y populares, lo que implica dialogar, concertar, desarrollar consensos y acuerdos, para avanzar hacia la superación de las inequidades, la corrupción y la pobreza.

Mantener, defender y desarrollar un gobierno de carácter popular, ampliar su poder basado en la soberanía popular, los Derechos Humanos, la democracia participativa, y la acción movilizadora para la construcción progresiva de equidad, justica social y paz, requiere de estrategias, planes o programas definidos, con un fuerte componente pedagógico sobre los derechos y los deberes ciudadanos, y sobre los acuerdos construidos con la gente. Elementos estos, que a casi dos años del gobierno del cambio, no se han desarrollado y no se vislumbran en el futuro próximo. No solo de discursos vive la gente, las palabra pronunciadas por el Presidente, que representan, en muchas ocasiones, una idea clara de lo que gran parte de la sociedad, en especial los empobrecidos y excluidos quieren, deben transformarse en acciones coordinadas desde el alto gobierno, para superar las  ejecuciones erráticas y excluyentes en el territorio.

No se trata solo de realizar eventos masivos, que pueden tener un gran impacto propagandístico y de promoción de la unidad de acción. Lo que la gente reclama en el Sur de Bolívar y en casi todas las regiones del país, es que su voz sea escuchada, sus propuestas incorporadas consensuadamente a la acción de gobierno y a la implementación efectiva de las acciones del Plan Nacional de Desarrollo. Lo que el pueblo reclama es la posibilidad de ser parte efectiva de la identificación de soluciones y la ejecución de las mismas. El gobierno no puede seguir ninguniando los liderazgos regionales y nacionales, colectivos e individuales, construidos a través de años de resistencia y persistencia, que sobreviven al exterminio sistemático programado por los actores armados. Es también, con las organizaciones y redes territoriales y nacionales, que se garantizará los cambios progresivos que el país necesita.

No todo se reduce a la acción parlamentaria o a las capacidades de uno u otro ejecutivo. El país, la sociedad, las transformaciones progresivas irrenunciables y necesarias para alcanzar la paz, exigen una verdadera alianza con la ciudadanía que garanticen la continuidad de los cambios, y que vaya más allá de las instrumentalizadas convocatorias a las movilizaciones. No todo se podrá lograr en un gobierno de cuatro años, es necesario priorizar lo verdaderamente posible de realizar, potenciar la democracia directa, la movilización y la organización, para que, sobre los hombros del pueblo repose la dirección de la gobernabilidad y el poder constituyente sea garante de continuidad, de la paz, la convivencia y la reconciliación.

Luis Emil Sanabria D

Insólito: Comisionado Para la Paz, Otty Patiño, da la bienvenida a la reorganización del Estado Mayor Central

El Alto Comisionado Para la Paz, Otty Patiño, durante una rueda de prensa dijo estar de acuerdo con una reorganización interna del llamado Estado Mayor Central, según él, «porque esto podría contribuir a un mayor respeto por los derechos humanos de la población civil».

Patiño dio la bienvenida a la decisión del grupo armado ilegal, «Creo que están agrupando bloques de los frentes que a veces cada cual hace lo que quiere sin que haya una responsabilidad más centralizada, pues bienvenida sea esta nueva reorganización de esos bloques», afirmó.

 

La paz del EPL, reafirmaciones pertinentes

El primero de marzo pasado, se cumplieron 33 años del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y el desaparecido Ejército Popular de Liberación – EPL, dirigido por el clandestino Partido Comunista de Colombia (Marxista-Leninista). Esta organización, que predicaba la lucha armada y de masas para derrocar al Estado capitalista, tenía presencia en casi todo el territorio nacional, con especial énfasis en zonas de desarrollo agrícola, energético, minero y en los centros urbanos más importantes. Era la guerrilla más grande que existía en el país, y que conformó, en la década de los 80 del siglo pasado, junto con otras organizaciones armadas, la llamada Coordinadora Nacional Guerrillera “Simón Bolívar”.

El PCC (m-l), y todos sus frentes políticos y armados, habían propuesto, años antes del acuerdo de paz, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que profundizara la democracia, reconociera la soberanía popular y sirviera de preámbulo a la construcción de una sociedad justa y democrática. Estas propuestas y la responsabilidad de coordinar el movimiento guerrillero, desató una ola de asesinatos a sus dirigentes destacados para el proceso de paz y a los responsables de la conducción del EPL, es así como se asesina a Oscar William Calvo, en compañía de Ángela María Trujillo y Alejandro Arcila, en pleno centro de Bogotá y se persigue, captura y asesina, también en Bogotá, al Comandante Ernesto Rojas (Jairo de Jesús Calvo).

 

A pesar de las persecuciones a los líderes y lideresas de su propuesta democrática electoral, llamada Frente Popular y su exterminio en todo el país, tanto el PCC (m-l), el EPL y sus estructuras políticas, tomaron la determinación mayoritaria de avanzar hacia la paz, recogiendo los esfuerzos realizados en el gobierno de Belisario Betancourt, continuando con los esfuerzos en el gobierno de Virgilio Barco y finalmente concretando la firma de paz en el gobierno de Cesar Gaviria, bajo la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que promulgaría, en el mismo año de la desmovilización, una nueva carta política para la sociedad colombiana. Lamentablemente, pese a los esfuerzos de quienes firmaron la paz, y a contar con una nueva Constitución, la violencia desatada por quienes se han opuesto al desarrollo del Estado Social de Derecho, produjo una gran ola de violencia que cobró la vida en menos de cinco años, a más de setecientos firmantes del acuerdo de paz del EPL.

Por eso, para la mayoría de los sobrevivientes de este grupo, que acompañaron los esfuerzos del Pacto Histórico, desde diferentes agrupaciones políticas y sociales, no cayeron bien las palabras del Sr. Presidente Gustavo Petro, escritas en un mensaje de la plataforma “X” (Twitter) y reproducidos luego en otras plataformas virtuales, cuando afirmó: “…Los gritos libertarios se apagaron, el movimiento estudiantil fue asesinado, la universidad de Córdoba pasó a manos paramilitares. Los liberales y conservadores se volvieron uribistas y hasta el EPL, antes guerrillero, y ahora desarmado se pasó en gran parte al bando paramilitar”.

Entre Córdoba y Urabá, emergieron los Frente Jesús María Alzáte, Bernardo Franco y Fabio Vázquez Villalba, que aglutinaban más de mil combatientes, todos comprometidos con el proceso de paz, que hicieron dejación de armas frente a los Integrantes de la Veeduría Internacional, con el acompañamiento de la Iglesia Católica, la Prensa Nacional e Internacional, y frente al pueblo que se volcó de forma masiva a presenciar ese hecho inédito para la región y el país. El gobierno estaba representado  por los señores Ricardo Santamaría,  Rafael Pardo, Jesús «Chucho» Bejarano y el ministro del interior Horacio Serpa, frente a los Cuáles se hizo públicamente la dejación de armas desde el primer  Comandante hasta el último combatiente uno a uno hasta terminado el acto ceremonial; una vez  se hizo la dejación  de armas, los nuevos ciudadanos, se trasladaron al casco urbano de Apartadó para cerrar con un acto público presenciado por más de ciento cincuenta mil personas. Actos parecidos se realizaron en diferentes partes del país, en donde se habían concentrado los diferentes frentes, combatientes y los principales líderes y lideresas políticas del PCC (m-l) y el Frente Popular.

Como en todos los procesos de paz adelantados en nuestro país, luego de la dejación de armas, se hicieron evidentes la falta de Garantía a la vida, el incumplimiento del Estado para cumplir los pocos compromisos territoriales pactados y la falta de oportunidades para la reincorporación social, económica y política. Rápidamente, algunos combatientes y mandos medios de estos y otros frentes, se rearmaron, aduciendo falta de claridad en el proceso, bajo el estímulo de las organizaciones que seguían en la lucha armada, como las FARC-Ep y el ELN, quienes en un principio los recibieron y protegieron. Sin embargo, pronto florecieron en Urabá y Córdoba, contradicciones frente al dominio territorial, la influencia política, y las propuestas sociales.

Así surgió y se fortaleció, entre 1991 y 1996, una disidencia, alimentada por dirigentes políticos nacionales del PCC (m-l) que no participaron del proceso de paz, y que, luego de varias acciones guerrilleras y de persecución a los desmovilizados del EPL, en medio de cercos de aniquilamiento desatados por las Farc y la Fuerza Pública, decidieron cambiar de brazalete y pasarse a las fuerzas paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Fue así como, a los sobrevivientes de este experimento fracasado de disidencia, los recogieron en varios helicópteros, según los relatos de la población, por los lados del Municipio de Tierralta cerca a la represa de Urrá, para ser transportados hasta la finca Cedro Cosido en el bajo Sinú, y luego vincularse a los paramilitares que comandaba la casa Castaño.

Luego del proceso de paz, el grueso de la organización que abandonó la lucha armada, algunos bajo el nuevo partido legal, llamado Esperanza, Paz y Libertad y/o haciendo parte de la Alianza Democrática-M19, continuaron actuando en la arena política, legal, amplia y transparente, a pesar de que el Estado Colombiano, les arrebatara la personería jurídica meses después de firmado el acuerdo de paz, y que han recuperado hace apenas un año, gracias a una fuerte lucha legal y jurídica, que llevó al reconocimiento con condiciones, por parte del Consejo Nacional Electoral, y que hoy se reconoce como Esperanza Democrática, integrante del Pacto Histórico.

Firmantes de este acuerdo de paz han hecho parte de varias organizaciones y tendencias políticas legales y comprometidas con la democracia, como el PDI, el PDA, UD, Partido Liberal, Colombia Humana, Partido Verde, y en el Pacto Histórico, entre otras. Algunos de sus integrantes han sido o son ediles y edilesas, concejales y concejalas, alcaldes, diputados y diputadas, representantes a la cámara y senadores. Otros han ocupado importantes cargos en gobiernos municipales, departamentales o nacional, incluido el actual gobierno nacional.

Todos los miembros de la dirección nacional del desaparecido PCC (m-l) y de la comandancia del desmovilizado EPL, que firmaron el acuerdo de paz, unos con más entusiasmo que otros, siguen trabajando por la paz, la democracia, la justicia social y la equidad, como fue su compromiso individual y colectivo, en el marco de la Constitución fruto de la Asamblea Nacional Constituyente que promovieron y en la cual participaron. Haciendo honor a los compromisos pactados, centenares de hombres y mujeres “esperanzadas”, durante muchas décadas han encabezado importantes organizaciones sociales, culturales, comunales, étnicas, de mujeres, de población LGBTIQ+, con discapacidad, de víctimas del conflicto, ambientalistas, constructoras de paz y defensoras de Derechos Humanos, han sido reconocidos académicos, investigadores sociales, funcionarios públicos, etc.

Luis Emil Sanabria D

Estado Mayor Central anuncia que seguirá en la mesa de diálogos

Uno de los miembros de la delegación negociadora de la guerrilla del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Andrey Avendaño, ha asegurado que se mantendrán en la mesa de negociación a pesar de la reciente crisis abierta con el Gobierno y la suspensión del alto el fuego pactado en tres departamentos.

«Haríamos mal en retroceder en lo que se ha avanzado, nuestros comandantes y el Gobierno deben hacer el esfuerzo por mantener los diálogos».

 

Avendaño se ha referido también a la polémica desatada por el supuesto apoyo de la guerrilla a la campaña presidencial de Gustavo Petro. «Las FARC no apoyamos con dinero la campaña de Petro. Nosotros no apoyamos esa campaña, ni ninguna, con dinero… Nosotros no hemos financiado la campaña de Petro, cuando las comunidades nos preguntaron cuál era la mejor opción para ser presidente de Colombia, nosotros respondimos que nos parecía que la opción idónea era Petro, pero de ahí a afirmar que financiamos la campaña hay mucho de diferencia», ha explicado.

Petro ha arremetido esta semana contra el líder del EMC, alias ‘Iván Mordisco‘, a quien le dijo, entre otras cosas, que era un «traqueto (narcotraficante) vestido de revolucionario» e incluso lo comparó con Pablo Escobar. En respuesta, ‘Iván Mordisco’ argumentó que cuando le apoyaron en campaña no eran «traquetos».

El Gobierno de Colombia anunció el pasado domingo la suspensión del alto el fuego pactado con el EMC de FARC en tres departamentos colombianos en respuesta al ataque armado indiscriminado de miembros de esta guerrilla contra un grupo de comuneros indígenas nasas en el municipio de Toribío, Cauca, en el que murió la lideresa del proceso de mujeres del pueblo nasa de Toribío, Carmelina Yuli Paví, y resultaron herido Rodrigo Ul Musique y otros comuneros.

Clan del Golfo o Ejercito Gaitanista: Un ‘reencauche’ con cara de negociación

Ejercito Gaitanista de Colombia fue el nombre que recientemente adquirió el Clan del Golfo. El cambio de “chapa” no es fortuito. Obedece a una estrategia de la organización ilegal para presentarse ante el país con un perfil político y embarcarse a una negociación con el gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa llamó la atención del presidente al punto que ayer abrió la posibilidad de reanudar acercamientos con esta organización criminal; quizás el cártel de droga activo más grande en el país.

El Clan del Golfo ha presentado una expansión creciente y alarmante. Disputas territoriales a lo largo de la costa del Pacífico y cerca de la frontera con Venezuela. Extorsiones a empresarios y ganaderos a cambio de “protección”. Normas de control y violencia contra poblaciones vulnerables. Reclutamiento de viejos combatientes paramilitares, guerrilleros y exsoldados. Una estructura disciplinada “que opera con la precisión de una empresa multinacional”. Es decir, no son unas ‘peritas en dulce’ con las cuales se puede iniciar cualquier tipo de negociación.

 

Para limpiar su nombre, el Clan del Golfo publicó un comunicado el pasado 18 de marzo en el que, además de presentarse ante el gobierno como Ejercito Gaitanista de Colombia, señalan que ellos no crearon economías ilícitas en los territorios y que se dedican al “impuesto al gramaje” en el caso de la cocaína. También afirman no tener ninguna relación con el tráfico de personas por el Tapón del Darien. Menos mal el pueblo colombiano y las instituciones que imparten justicia son conscientes que esta estructura es la mayor exportadora de cocaína del país, con vínculos transnacionales con el cartel de Sinaloa y que controla el flujo migratorio entre Colombia y Panamá por el Darien.

El escenario político que se está fraguando es favorable para los acercamientos entre el Estado colombiano y el, ahora llamado, Ejercito Gaitanista de Colombia: Inicialmente, Salvatore Mancuso, postulado por el gobierno nacional como Gestor de Paz y quien se reunirá el próximamente con Gustavo Petro en la Casa de Nariño, manifestó que conoce a alias ‘chiquito malo’ (cabecilla del Clan del Golfo) y que existe voluntad de acogerse a la paz total por parte de la estructura criminal. La misión de Mancuso es clara: servir de intermediador entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo.

En segundo lugar, uno de los seis puntos del documento “Proceso Constituyente ABECÉ” presentado el pasado martes por la Presidencia de la República es “establecer un dialogo en torno al fin de la violencia en Colombia y la reconciliación”. Se abre así la posibilidad para que organizaciones que estén en negociación política o en acercamiento para sometimiento a la justicia, eventualmente, tengan alguna participación en el proceso constituyente. En tercer lugar, la Paz Total se ha visto encaminada en los últimos días a acercarse a organizaciones ilegales como el Clan del Golfo, el ELN, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, los locos jam y el RSP en Quibdó y a enfrentar militarmente a las disidencias de las FARC (Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia).

El gobierno tiene claro que el Clan del Golfo es una estructura armada organizada de crimen de alto impacto, con la cual pueden realizar acercamientos y conversaciones para lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento. Con esta estructura armada no puede adelantar negociaciones de carácter político en los que se pacten acuerdos de paz, según lo establece la ley de Paz Total (ley 2272 de 2022). Sería un error estratégico darle status político a esta organización terrorista.

Petro no puede caer un limbo jurídico como el que cayó Álvaro Uribe Vélez cuando quiso brindarle el carácter de sedición a las Autodefensas Unidas de Colombia, error que fue enmendado por la sentencia C-370 de 2006 cuando la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 71 de ley de Justicia y Paz que pretendía considerar a los paramilitares como sediciosos. El pueblo colombiano eligió al presidente Gustavo Petro para que salvaguarde los intereses del país; es por esto que solo el sometimiento a la justicia es la vía para la desmovilización y reincorporación a la vida civil del Clan del Golfo.       

Posdata: En entrevista realizada por El Espectador a Ricardo Giraldo, abogado del Clan del Golfo, dice que el sometimiento a la justicia no es la solución. Afirma, también, que no son paramilitares, que tienen una estructura jerárquica, línea de mando “poderosa”, reivindicaciones ideológicas en torno a Jorge Eliecer Gaitán, entre otros aspectos que quieren mostrarlos como organización política. Sin embargo, como dice el adagio popular “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”.

La pelota está en el lado del gobierno que debe presentarle al país una propuesta seria de conversaciones con esta estructura ilegal.

Maylor Caicedo