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Etiqueta: Paz total

El ELN renuncia a los secuestros económicos

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció desde Ciudad de México que suspende los secuestros con fines económicos tras llegar a un acuerdo con el Gobierno de Colombia en el marco del quinto ciclo de diálogos de paz.

Durante la jornada, que ha puesto fin al ciclo, las partes han acordado «profundizar» y prorrogar el alto el fuego, crear un observatorio para trabajar con el paramilitarismo, consolidar las zonas de paz, mantener y profundizar las acciones humanitarias en relación con los presos políticos, suspender el secuestro con fines económicos y suministrar información a personas en cautiverio.

 

En la clausura, la jefa de la delegación del Gobierno, Vera Grabe, ha resaltado que han avanzado «con firmeza hacia la paz con el ELN» y que han «convertido una crisis en oportunidades» que «fortalecen» para «consolidar acuerdo determinantes», según reza un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Este acuerdo llega apenas tres días después de que el jefe negociador del ELN, Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’, indicara que el grupo no abandonaría la práctica de secuestros porque provocaría un debilitamiento estratégico a la organización y recordando que esta medida no estaba incluida en los protocolos de alto el fuego firmados en La Habana.

«Somos una organización rebelde, quiere decir que desconocemos el Estado y tenemos armas contra ese Estado porque no hay otra vía de cambiar las cosas en Colombia. Nos autorregulamos, tenemos nuestras propias normas y realizamos actividades de finanzas para sostener la rebelión», argumentó entonces, ya que el exministro Fabio Valencia Cossio, de la delegación gubernamental, pidió el fin de estas actividades, siguiendo la línea de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Tras ello, el presidente, Gustavo Petro, condicionó el alto el fuego entre los grupos armados a acuerdos que permitan desmantelar sus economías ilícitas, entre las que destacó la cocaína, el secuestro, el oro y la extorsión. «Lo que nos preocupa no es si se ataca al Estado o no, sino si se ataca a la sociedad», aseveró.

El Gobierno se encuentra en diferentes fases sobre la negociación de la paz con los dos grupos armados mencionados, lo que no les ha impedido hasta la fecha seguir con algunas de sus actividades como los secuestros. Los diálogos con el ELN han llevado al alivio humanitario de las regiones y comunidades más afectas.

La paz integral es más que la negociación del conflicto armado

Nuevamente las mesas de diálogo para buscar salidas políticas al conflicto armado y pactar acuerdos que conduzcan al desmonte de la lucha armada, se reactivan, retoman agendas y modifican el orden de abordaje de algunos puntos pactados, sacando a flote diversas posiciones que rayan con el fundamentalismo ideológico o el interés por reivindicar la violencia como eje de transformación o de resistencia política, dejando a un lado, el interés principal frente a la construcción de acuerdos de solución a las causas y consecuencias estructurales que deben guiar el proceso.

La paz integral, como hace decenas de años se viene reivindicando por el movimiento nacional de paz organizado en todas sus expresiones, y que hoy, algunos funcionarios de la oficina del Alto Comisionado para la Paz siguen desconociendo, será el resultado de las transformaciones sociales, políticas y económicas que beneficien a la sociedad en general, encaminadas a superar la pobreza en todas sus acepciones, la exclusión y los vicios políticos de nuestra democracia, en especial la corrupción y el clientelismo, y la implementación de políticas económicas más equitativas y justas, centradas en el goce pleno de los derechos fundamentales.

 

Llegar a esos resultados, requiere acuerdos o pactos, que deben ser horrados por las partes,  fruto de las conversaciones y negociaciones de las mesas instaladas y por instalar, no solamente con las organizaciones armadas no estatales de carácter político, como el ELN o las disidencias de las FARC, o con las organizaciones armadas no estatales de delincuencia común y narcotráfico, como el Clan del Golfo, Los Conquistadores de la Sierra, Los Rastrojos, La Oficina, La Cordillera, las mafias y clanes locales, sino también como producto de los diálogos con todas los movimientos y partidos políticos que hacen presencia en el congreso y fuera de este, con los gremios de la producción industrial, agrícola y pecuaria, los grupos financieros, los gremios del comercio,  las empresas económicas de la comunicación, con las redes populares y comunitarias de medios de comunicación, con las organizaciones campesinas, las centrales sindicales, con las organizaciones nacionales de los pueblos étnicos, las organizaciones de mujeres, las organizaciones juveniles y estudiantiles, las organizaciones de la población LGBTIQ+, las organizaciones de víctimas y población con discapacidad, las altas cortes, el ministerio público y el poder judicial, para hacer posible que el Estado, sus tres poderes y la sociedad, como un todo indisoluble, sean capaces de sacar adelante el país y la sociedad.

Razón tiene el Presidente Gustavo Petro U, cuando sostiene que en las actuales condiciones no será posible cumplir a cabalidad el acuerdo pactado con las FARC-Ep en 2016; a mi modo de ver, dicha afirmación, más que en referencia a la justicia transicional que de alguna forma avanza en la JEP, se debe entender en relación con el cumplimiento a las comunidades que hacen parte de las llamadas zonas PDET. Será necesario no solamente, recurrir a las instancias definidas para renegociar el acuerdo, ya que los tiempos pactados no son suficientes, así como a la disponibilidad y cantidad real de los recursos económicos que se necesitan, para responder a decenas de años de exclusión y empobrecimiento, en especial en aquellos componentes que guardan relación estrecha con inversiones urgentes locales, plasmados en los Planes de Acción para la Transformación Regional-PATR, que recogen las necesidades y la soluciones que el pueblo propone, como las vías terciarias, la construcción de escuelas, puestos de salud, la instalación y puesta en marcha de proyectos productivos que erradiquen la economía ilegal ligada a la producción y tráfico de cocaína, e instale modelos de desarrollo económico legales y dignificantes, el cuidado del agua y los bosques, etc.

Para cumplir, no solamente el acuerdo final con las FARC-Ep, y avanzar en erradicar las violencias armadas, se requiere de transformaciones progresivas, planificadas, acordadas, pactadas, que pongan en el centro la vida y los derechos humanos, encarnadas, entre otras, en la reforma a la Salud, en especial en aquellos artículos que buscan promover la salud preventiva, el mejoramiento de las condiciones de las y los trabajadores de la salud, la atención integral a poblaciones alejadas de las grandes urbes que son también víctimas de la confrontación armada, y superar la corrupción que carcome el sistema de salud actual; se requiere la reforma laboral, para recuperar y mejorar las condiciones de trabajo de miles de obreros y empleados; la reforma a la educación que hará posible que las y los jóvenes ingresen al sistema educativo, no deserten y logren terminar una carrera técnica, tecnológica y profesional; y la Reforma Rural Integral, que debe convertirse en el eje transformador de la realidad territorial, capaz no solamente de entregar tierras a campesinos y campesinas, y hacer productivo el campo, sino también, de construir una red de organizaciones campesinas que resista a las imposiciones y convocatorias violentas, y que persista en hacer de cada territorio un escenario de paz y de reconciliación.

La transformación positiva del conflicto armado y las violencias estructurales, no se lograrán solamente en las mesas de diálogo que se adelantan con los actores armados, eso lo deben reconocer y entender quienes los dirigen y quienes dialogan en su nombre, la sociedad requiere de garantías a la vida y la libertad, de ambientes propicios y adecuados para involucrarse en la construcción de propuestas transformadoras, y esto a su vez requiere que los grupos armados y el Estado en todas sus expresiones, tanto a nivel nacional como regional, se comprometan a brindar esas condiciones. Las y los colombianos, en su gran mayoría, estamos cansados de vernos incluidos en una guerra que hemos rechazado en las calles y en las urnas, es el momento de pactar, teniendo como prospectiva el bienestar de la sociedad, la equidad, la justicia social, la libertad, la dignidad, la democracia, y este futuro deseable, solo será posible si es el fruto de un acuerdo nacional incluyente, progresivo, democrático, no de una imposición producto de posiciones, dogmas o negocios. Ni en las mesas de diálogo para la paz, ni en el Congreso de la República, ni en la mesa de concertación salarial, ni con las armas o con el poder económico, se debe imponer medida, norma o decreto alguno que vaya en contravía de la dignidad humana.

Por esta razón, es más que necesario que la sociedad se exprese, se movilice, haga valer su voz y su importancia, que siga caminando la palabra y la acción, manifestándose en defensa de la vida y por la paz, rechazando el secuestro, los asesinatos, las masacres, el desplazamiento forzado, el confinamiento, el reclutamiento de niñas, niños y jóvenes, las violaciones a los derechos humanos y ambientales, como exigencia básica que nos permita desatar el gran diálogo nacional por la paz. Sin esas condiciones, el camino de construcción de acuerdos de paz, su implementación urgente y necesaria, la concertación de las reformas progresivas tanto en el congreso como en los demás espacios de la sociedad civil, se hace más largo, tortuoso, y doloroso. Ningún gobierno del Estado Colombiano, podrá cumplir acuerdo alguno, si no se desactivan las acciones violentas de los Grupos Armados, sino superamos los fenómenos del narcotráfico y la corrupción, para avanzar progresivamente en la implementación de reformas que desactiven las violencias estructurales, mejorando las condiciones de vida de las y los colombianos. Solo el diálogo, la recuperación y la honra de la palabra pactada, harán posible el sueño de un país mejor.

Encuentre aquí más columnas de opinión de Luis Emil Sanabria D.

Estado Mayor Central prometió no volver a secuestrar con fines económicos

El 9 de enero del 2024, según lo acordado en la Mesa de Diálogos de Paz, se dará inicio en Bogotá al tercer ciclo de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el grupo armado ilegal Estado Mayor Central de las FARC (EMC-FARC).

Así lo anunció este martes la Mesa mediante un comunicado a la opinión pública, al concluir el segundo ciclo de conversaciones que tuvo lugar en la ciudad de Popayán entre el 2 y 11 de diciembre.

 

En el tercer ciclo, las partes dialogarán sobre los lineamientos para la transformación de territorios y la superación de la dependencia de economías ilícitas, que incluye la situación en el cañón del Micay, en el Cauca.

Indican que también van a discutir la situación socioambiental de la Amazonía, en los departamentos del Guaviare, Caquetá y Putumayo.

En el comunicado se enumeran siete puntos de acuerdo; uno de ellos se refiere al compromiso del EMC-FARC de poner fin al secuestro con fines económicos.

“La Mesa de Diálogos de Paz registra la decisión del Estado Mayor Central de las FARC-EP de abandonar la práctica de retención con fines económicos”, dice el documento.

El Gobierno agradeció el apoyo como facilitador del “representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Colombia y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA)”.

«No podemos sacrificar los derechos humanos bajo la excusa de la seguridad»: Francia Márquez en visita a Suiza

La vicepresidenta Francia Márquez estuvo este martes 12 de diciembre ofreciendo una intervención en el marco de la conmemoración de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Ginebra (Suiza).

Allí lideró el panel El futuro de los Derechos Humanos, de la paz y de la seguridad. Además, su agenda incluye la conmemoración de los 40 años de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados y el Segundo Foro Mundial sobre Refugiados.

 

«No podemos sacrificar los derechos humanos bajo la excusa de la seguridad. La vida es sagrada y hay que respetarla sea donde sea y venga de donde venga. Ningún Estado está por encima de los Derechos Humanos, debemos trabajar contra las desigualdades, resistir a todo intento de imponer modelos violentos y excluyentes y debemos reconocer las injusticias históricas sobre las que hemos construido nuestras sociedades», dijo Márquez mientras lideraba el foro.

Otro de los momentos destacados de su intervención fue cuando habló de la importancia de poner el diálogo y la negociación en el centro para la construcción de la paz.

La agenda de Francia Márquez en Suiza continuará este miércoles 13 de diciembre con el el Segundo Foro Mundial sobre Refugiados.

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*Foto: X @FranciaMarquezM

Vera Grabe es la nueva jefa de la delegación del Gobierno en las conversaciones con el ELN

La antropóloga y exguerrillera del M19, Vera Grabe es la nueva jefa de la delegación del Gobierno Nacional para las conversaciones con el ELN.

Vera Grabe entra a reemplazar a Otty Patiño, quien se posesionó el pasado 5 de diciembre como Consejero Comisionado de Paz de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, tras la salida de esta cartera de Danilo Rueda.

 

Vera Grabe Loewenherz es doctora en Paz, Democracia y Conflicto de la Universidad de Granada (España), y magíster en Historia de la Universidad de Los Andes.

Militó durante 16 años en el Movimiento 19 de Abril (M-19) y participó de las conversaciones de paz con el gobierno de Virgilio Barco entre 1989 y 1990. Posteriormente fue elegida representante a la Cámara por el partido Alianza Democrática M-19 (AD-M19) para el periodo 1991-1994.

Fue además candidata a la Vicepresidencia de la República, con el exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, como candidato a la presidencia en la campaña del año 2002.

Gobierno y el ELN inician quinto ciclo de negociaciones

Las delegaciones del Gobierno de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) han iniciado este lunes un quinto ciclo de diálogo en México en el marco del plan de paz total anunciado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, para negociar con los diferentes grupos armados del país.

«México reitera su permanente compromiso con la solución pacífica de las controversias y con la promoción de la paz y la seguridad en América Latina, así como su respaldo firme e inequívoco al proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y el ELN», indicó en un comunicado el Ministerio de Exteriores mexicano.

 

En este sentido, ha sentenciado que esperan que tanto la disposición de ambas partes como el apoyo de la comunidad internacional permita que esta nueva ronda de negociaciones «abra vías para alcanzar una solución definitiva y duradera del conflicto».

Las partes han mantenido varias reuniones en Ciudad de México desde el pasado jueves 30 de noviembre, cuando tenía que haberse hecho oficial el inicio del proceso. Por el momento, se desconoce qué temas hay sobre la mesa, si bien se espera que se discutan los secuestros llevados a cabo por el ELN.

De hecho, este quinto ciclo de diálogo entre las partes, que originalmente estaba programado para principios de noviembre, tuvo que ser aplazado en dos ocasiones, la última a causa del secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz.

El Gobierno y la guerrilla retomaron en noviembre de 2022 las conversaciones como parte del plan de paz total anunciado por Petro, logrando en un primer momento ciertos alivios humanitarios en algunas de las regiones más golpeadas por el conflicto armado.

Desde que se anunció el acuerdo para un alto el fuego bilateral se explicitó que tendría tres fases: la primera desde el 9 de junio y que finalizó el 6 de julio, tiempo en el que se hizo el alistamiento del proceso, se terminaron los protocolos, se hizo pedagogía en los territorios y se dio a conocer lo acordado con las estructuras del ELN. Además, se concretó el mecanismo de verificación con trabajo conjunto de Naciones Unidas y de la Iglesia católica.

La segunda fase estuvo vigente desde el 6 de julio y terminó el 3 de agosto. Se aplicó la fase de desescalamiento, mientras que también se frenaron las acciones ofensivas por parte de las Fuerzas Militares y de la guerrilla del ELN.

La tercera empezó el pasado 3 de agosto y durará 180 días prorrogables -hasta el 29 de enero de 2024- en función de las evaluaciones periódicas del mecanismo y de que se garantice el cumplimiento de las partes comprometidas.

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Tomemos la decisión colectiva de detener tanto dolor

Inicia el mes doce del año 2023 y la violencia contra la población civil colombiana, amparada en el conflicto armado, parece no encontrar la luz al final del túnel. Ya sea por los grupos armados o la incapacidad del Estado en su conjunto, que han ido prolongando durante décadas la longitud de este. Cada intento de buscar una salida pacífica que ponga fin a esta situación se ve obstaculizado por una especie de ritual triste que inventa o recicla las violencias. Este ritual tiene como telón de fondo todo tipo de explicaciones, algunas más macabras que otras. Los grupos armados continúan haciendo alarde de su supuesta capacidad militar, que desde hace mucho tiempo el pueblo ha bautizado como «matamarraos». Este término se refiere a las diversas formas insidiosas en que han convertido a sujetos indefensos, no participantes de la confrontación, en víctimas de las más diversas expresiones degradadas de la confrontación o de la acción delincuencial.

Más de (151) ciento cincuenta y una personas han sido asesinadas en lo que va del año. La mayoría se encontraba en sus hogares, lugares de trabajo o en la vía pública, sin participar en acciones armadas que justifiquen sus homicidios en medio de una confrontación. Su presencia o acciones no representaban ninguna ventaja militar; eran civiles indefensos, algunos previamente secuestrados o desaparecidos, dedicados a luchar por sus comunidades, defender su territorio, batallar por derechos laborales o sindicales, expresar pacíficamente sus opiniones o denunciar actividades ilícitas. No había justificación alguna para estos actos, simplemente no debieron ser asesinados. Trabajaban por la Paz y los Derechos Humanos.

 

Son (151) ciento cincuenta y una personas con hogar, familia, amigos, hijos e hijas. Cada día se levantaban para buscar el sustento de sus seres queridos. Destacados miembros de la comunidad, dotados con algún don que la vida o la providencia les entregó, convirtiendo su destino en una oficina itinerante de servicio a la comunidad y fortalecimiento de la sociedad. Contaban con poco más que el apoyo ocasional de organizaciones o redes sociales nacionales o territoriales. Estos nombres se suman a la interminable lista de líderes y lideresas sociales: étnicos, comunales, comunitarios, sindicales, políticos, ambientalistas, jóvenes, personas con discapacidad o miembros de la comunidad LGBTIQ+. Muchos de ellos fueron víctimas en otros momentos del conflicto armado interno, luchando por una reparación integral, condenados a muerte antes de recibir cualquier indemnización que pudiera mitigar el daño sufrido.

A esta lista, con la que a diario se alimenta el odio, la polarización, las venganzas y el dolor, se le suma otra que, por el origen de sus miembros, debiera concitar la más amplia indignación ciudadana. Son (33) treinta y tres  firmantes del acuerdo de paz de 2016, asesinados este año, excombatientes de las extintas FARC-Ep, y que se suman a la lista de más de cuatrocientos de sus hombres y mujeres, a los que se les arrebató la vida y que un día decidieron transitar hacia la paz, honrar la palabra empeñada, hacer dejación de armas, confesar sus delitos, comprometerse a no seguir delinquiendo, dedicados a rehacer su vida, a retomar la acción social y/o política sin armas, muchos de ellas y ellos con una familia establecida e intentando sacar a sus hijas e hijos adelante, en medio de tanta adversidad. Murieron sin ver realizado su sueño de vivir la paz, de haber visto convertidos en realidad, los proyectos de desarrollo territoriales, la reforma rural o la reforma política, porque simplemente alguien desde las altas esferas del poder, decidió no cumplir con lo acordado, no brindarles garantías para su vida y la permanencia en el territorio, frente a la decisión de quienes los han declarado objetivo de sus balas y sus venganzas.

Son (86) ochenta y seis masacres, adultos, jóvenes, niños y niñas en estado de indefensión, asesinados en sus casas, en un sitio comercial o en la vía pública en lo que va corrido del año, apenas unos números menos que el año pasado y que el 2021. Son más de (260) doscientas sesenta personas que cayeron por la acción demencial de algún armado que disparó indiscriminadamente, lo que demuestra el grado de afectación mental y social que ha producido tantos años de violencia, pobreza, exclusión o discriminación, años de ver correr la sangre y de exacerbar el dolor, de echarle sal y limón a las heridas que dejan las balas, los cuchillos o los golpes. Dolor y venganza, círculos repetitivos de violencias, que afectan la vida, la comunidad, la economía, la democracia, y que seguramente, sino se toman medidas efectivas que rompan este espiral de violencia, seguirán escalando hasta hacer insostenible cualquier posibilidad de fortalecimiento y de legitimación del Estado y de la democracia. No podremos pensar y menos avanzar, en la construcción de una sociedad más equitativa y justa, donde la libertad y la democracia sean posibles, si no tomamos la decisión colectiva de detener tanto dolor y tanto desafuero.

En lo que va corrido del año y a pesar de que las cifras no demuestran la realidad de lo que ocurre, debido principalmente a los temores de las familias a denunciar los hechos, han ocurrido al perecer, más de (300) trescientos secuestros este año, un delito que lesiona profundamente la dignidad de quien lo padece directamente, y causa graves daños a las familias, a la economía y a la sociedad. La persona víctima se convierte en una mercancía canjeable por dinero, la familia es objeto de llamadas o mensajes extorsivos de todo tipo, hasta que finalmente y en el mejor de los casos se realiza el intercambio, “cuánto tiene, cuánto vale”. Nadie desde las instituciones estatales, acompaña, asesora, orienta a los familiares, quienes comienzan a llevar sobre sus hombros la carga y el dolor de la responsabilidad de salvar la vida de su ser querido. Nada evidencia más el fracaso de la llamada lucha armada revolucionaria, que tener que violar los derechos fundamentales de una persona, con el estandarte de luchar por esos mismos derechos. Atrás quedaron las estrategias políticas que buscaban que la sociedad respaldara la acción guerrillera, la sostuviera y la reconociera como parte de sus luchas por la justicia social.   

Delincuentes que amenazan de muerte al Presidente de la República y a su familia, instituciones estatales responsables de investigar que se convierten en cómplices por omisión de sus responsabilidades, sectores sociales y políticos que justifican o guardan silencio frente a tales amenazas de muerte, unos medios de comunicación que subestiman o alimentan los relatos que incitan el derrocamiento o la muerte violenta de la primera autoridad nacional, hacen parte de la punta del iceberg de la degradación a la que ha llegado la acción política, del entramado violento que retroalimenta el conflicto armado y de la incapacidad por hacer de la deliberación franca, profunda, argumentada, democrática y respetuosa, la forma en que deberíamos tramitar las diferencias en relación con el tipo de economía, de sociedad, y de democracia que queremos.

Podría seguir relatando las consecuencias de la degradación del conflicto y de la sociedad, o hablar de otras graves violaciones a los Derechos Humanos, del hacinamiento en las cárceles, del desplazamiento, la estigmatización, la desaparición forzada, los falsos positivos, el uso indebido del derecho para perseguir a sindicalistas y líderes políticos, que a su vez se han convertido en causas que retroalimentan el conflicto armado interno y sus múltiples expresiones; algunos seguramente, me recriminarán porque no me expresé acerca de las causas estructurales que le dieron origen a esta situación, como la pobreza a todos sus niveles, la falta de oportunidades para la niñez y la juventud, la imperfecta democracia impuesta, etc., y que, subyace en el origen de la confrontación y siguen siendo justificación suficiente para desarrollar estrategias militaristas, ante lo cual, y anticipando las posibles reacciones, me reafirmo en que la única vía posible hoy en Colombia y en el mundo, para transformar los conflictos, las inequidades y las injusticias, es la democracia, el diálogo, la concertación y la negociación pacíficas que conduce a la construcción y la firma de pactos que deben ser honrados y cumplidos. Todo revolucionario socialista, comunista, progresista, socialdemócrata o liberal, debe comprender que la única y la mejor forma de aportar al cambio, es decidirse a construir paz por la vía de la paz. La violencia política y el terrorismo, es el instrumento de los dogmáticos de toda clase, de los fascistas, los negacionistas o canceladores.

Hoy la sociedad que quiere y trabaja por la paz clama el fin del conflicto armado, clama su desescalamiento para transitar sin miedo por la senda de la participación y aportar, como es su derecho, a las soluciones que puedan construirse e implementarse a corto, mediano y largo plazo. La sociedad que quiere y trabaja contra la guerra, exige no ser utilizada para profundizar odios, y por esto requiere de parte del Estado y de los gobiernos, mayores compromisos que hagan posible detener las violencias que se ensañan contra la población civil y construir estrategias eficaces, participativas e incluyentes, en donde se reconozca la opinión y el papel de las organizaciones sociales como constructoras de paz, democracia y justicia social, más allá de la instrumentalización política. Reconocer sus vocerías, sus formas organizativas, su trabajo nacional y territorial, su denodado compromiso con la vida es tan importante como convocarlas a respaldar las reformas prometidas. Las organizaciones sociales locales, regionales y nacionales claman ser parte del Gran Acuerdo Nacional.

Nota: Los y las invito a la Gran Jornada Nacional por la Vida, este 7 de diciembre a las 5:30 p.m., encendiendo una luz para enviar un mensaje contundente en contra de los asesinatos, las masacres y los secuestros. La paz la construimos todas y todos.

Luis Emil Sanabria D.

Corte Constitucional avala la Paz Total, pero la limita

La Ley 2272 de 2022 conocida como la Paz Total tuvo el visto bueno de la Corte Constitucional, aunque de manera parcial y tendrá que someterse a algunos de los ajustes.

Una demanda intentaba tumbar esta ley, que se ha convertido en uno de los estandartes claves del gobierno de Gustavo Petro. Entre las razones estaba que no hubo un concepto del Consejo Superior de Política Criminal, pero la corte decidió que no hay falta en el procedimiento por la ausencia del concepto.

 

Entre las limitaciones que le interpusieron a la ley, la Corte Constitucional dejó claro que integrantes de la Primera Línea no podrán ser gestores de paz si están privados de la libertad. También quedó como constancia que el tipo sometimiento de estos grupos será definido por el Congreso y suspensiones de órdenes de captura, ubicación temporal y las garantías de seguridad deberán tener condiciones.

Sin embargo, la Corte Constitucional declaró que el gobierno sí tiene la facultad para sostener acercamientos y conversaciones con grupos ilegales. La ponencia de la sentencia fue hecha por los magistrados Natalia Ángel y Antonio José Lizarazo.

Vale la pena recordar que la demanda con la que se intentó tumbar la ley de Paz Total en la Corte Constitucional fue interpuesta por José Jaime Uscátegui y María Fernanda Cabal, congresistas del Centro Democrático.

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¿Por qué Petro y Pastrana se demandarán?

El presidente Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana entraron en una nueva rencilla política y cada uno anunció demandar al otro para continuar con el enfrentamiento en los tribunales.

Todo inició porque el exmandatario conservador calificó la política de Paz Total del gobierno como una «fachada que se fusionó con el narcotráfico».

 

«Jamás fui amigo de Epstein ni me subí al ‘lolita express’ y por eso sé que es dignidad. Por eso, lo que dice el expresidente tendrá que corroborarlo en los tribunales. He decidido demandarlo», dijo Petro desde su cuenta de X.

Pocas horas tardó Pastrana en responder y también anunciar que por estas declaraciones demandará por injuria y calumnia a Gustavo Petro.

«Si no tiene pantalones ni argumentos para defender su llamada paz total en debate público, escúdese desde el poder en los tribunales. Y prepárese, demandado por mí, para explicarle a un juez sus degeneradas consideraciones entorno a mi visita al presidente Fidel Castro en La Habana», respondió Pastrana.

En caso de materializar las demandas, ambos tendrán que verse en los tribunales para responder por las acusaciones del otro en este enfrentamiento hostilizado por las redes sociales.

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*Foto: X @Petrogustavo y @AndresPastrana_

Una noche fútbol y gloria por la paz de nuestro país

Alguna cosa extraña tiene el fútbol para ser capaz de alegrar y conmover tantos corazones. El deporte que el escritor uruguayo Eduardo Galeano calificó como “una gran misa pagana”, el pasado jueves en la noche nos regaló a los colombianos una alegría que parecía urgente.

Nuestro país que parece una fábrica de tragedias tuvo que ver con desaliento cómo hace un par de semanas el ELN – otra vez el ELN que se resiste a la paz- admitía el secuestro de Mane Díaz, padre del astro guajiro que hoy juega en el Liverpool. Después de 13 días de cautiverio, el padre de Luis Díaz fue liberado y desde ese momento se sabía que el partido contra Brasil en Barranquilla iba a tener un tinte especial para el jugador: una especie de revancha con la vida, una suerte de homenaje por la libertad de su padre y un clamor por la libertad de los que hoy siguen secuestrados.

 

Así llegamos al encuentro del jueves en la noche, con la ilusión de que quizá los planetas se iban a alinear a nuestro favor y podríamos por primera vez en la historia de las eliminatorias ganarle al pentacampeón del mundo, al casi todopoderoso Brasil. Pero esa ilusión fue rápidamente desvanecida cuando apenas en el minuto cuatro y tras un parpadeo de la defensa colombiana, el rival se iba en ventaja. Tras el gol tempranero de Brasil todos sentimos que se venía la noche y que de lo único histórico que íbamos a ser testigos era de una penosa goleada en favor de la verdeamarela.

Pero como el fútbol rara vez complace a brujos, adivinos y apostadores, fue hasta el último cuarto de partido cuando con una seguidilla de cabezazos del propio Lucho Díaz se le daba la vuelta al marcador y se ponía a celebrar a todo el país. Después de la hazaña era imposible no recordar los eventos recientes, la tragedia del secuestro, la libertad furtiva, el abrazo de padre e hijo; y ver al Mane Díaz en la tribuna ahogado en alegría nos hizo a muchos acompañar sus lágrimas con las propias. 

Además de la alegría de la remontada, la política tuvo cabida en la noche de fútbol, a fin de cuentas, vivimos en un país de contrastes. El coro de “no más Petro” y el abucheo a su familia muestra en qué va la cosa política. Por un lado, una oposición que ve en avivar el odio y el desprecio por la figura del presidente como su arma más rentable; y, por el otro, un presidente que parece cada vez más solo y que todavía cree con ingenuidad que a fuerza de trinos tiene alguna chance de volver a conectar con la ciudadanía que lo eligió.

Elútboll anoche nos conmovió a muchos y es hora de que el país escuche las palabras de Mane Diaz: “Que viva la libertad y que vida la paz para Colombia”. Mientras tanto, sigamos disfrutando de la magia del fútbol y no dejemos nunca de ilusionarnos con la posibilidad de un país en paz.

Felipe Arrieta Betancourt

El reclamo de Santos a Petro

El expresidente, Juan Manuel Santos, ha reprochado este viernes la manera en la que el Gobierno del actual mandatario, Gustavo Petro, está negociando con las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) –las de Néstor Vera, alias ‘Iván Mordisco’– a las que ha dado «patente de corso».

«La peor estrategia que ha cometido este Gobierno fue darle patente de corso a la intención de las llamadas disidencias de presentarse como las FARC-EP y como Estado Mayor. Es un error estratégico muy serio», ha dicho Santos durante un acto para conmemorar el séptimo aniversario de los acuerdos de paz de 2016.

 

Santos, uno de los artífices del acuerdo, ha lamentado que hasta ahora no se haya dedicado los esfuerzos y el presupuesto suficiente para implementar estos acuerdos, que, según denunciaron varias organizaciones, fueron relegados al olvido durante el mandato anterior de Iván Duque.

«Espero que el nuevo comisionado de paz venga cargado de decretos y de presupuesto para volver a nombrar un responsable de la implementación. Esa sería una gran solución que yo pensé que el presidente Petro nos traía hoy», ha dicho Santos, reprochando a Petro que no haya asistido a esta ceremonia.

No obstante, si ha apoyado la iniciativa Petro de alcanzar un gran acuerdo a nivel nacional para solucionar estas más de seis décadas de conflicto que arrastra Colombia, en el que debe incluirse la implementación total de los acuerdos de paz.

«Este país necesita ese gran acuerdo nacional que ojalá prospere. Este país necesita acuerdos, que entre contrarios se hablen, que se acuerden soluciones a los problemas», ha remarcado el expresidente colombiano, según recoge Blu Radio.

Con el plan de paz entre el gobierno de Santos y las FARC se ha logrado que más de 13.000 guerrilleros dejaran las armas para reintegrarse a la sociedad civil, si bien la administración posterior, la de Iván Duque, no solo frenó el impulso de estos acuerdos, sino que dejó a muchos de ellos a merced de otros grupos armados.

Así, desde entonces, alrededor de 400 antiguos guerrilleros han sido asesinados y no se han cumplido parte de lo acordado, sobre todo en lo que respecta a integración política y la reforma agraria.Copiar al portapapeles

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Danilo Rueda sale del cargo de Alto Comisionado Para la Paz

El presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta de X la salida de Danilo Rueda del cargo de Alto Comisionado Para la Paz.

El primer mandatario dijo que al cargo llegará Otty Patiño, quien integró la delegación del Gobierno Nacional en las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

 

Diversos sectores políticos en el último debate de control político a Danilo Rueda, le solicitaron al presidente Gustavo Petro hacer un cambio en la oficina del alto comisionado de Paz y uno de esos era cambiar el nombre de su titular.

Deudas de la política de paz total e integral

Ya va terminando el año y al parecer la implementación de algunas propuestas de gobierno, necesarias para complementar las acciones que permitirán la transformación compleja e integral del conflicto armado y de las violencias que alrededor de este orbitan o se derivan, siguen siendo aplazadas, lo que desincentiva que importantes sectores de la sociedad, se sientan convocados y entusiasmados con la construcción de la paz total e integral.

Comencemos por destacar, como lo expresé en la columna de opinión del 1° de octubre, la falta de compromiso de la instancia de gobierno responsable en convocar la renovación del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, que hace parte también de los acuerdos pactados con las FARC-Ep, su instalación oficial y la designación de responsabilidades claras en relación con su papel en el marco de los diálogos de paz. Sería bueno que el Gobierno Nacional evaluara con suficiente profundidad este mecanismo y decidiera realmente su presente o su futuro, de no ser así, lo más recomendable es avanzar en la derogatoria de la Ley 434 de 1997 y el decreto ley 885 de 2017, de tal forma que, cesen las expectativas de la sociedad en relación con su participación en estos escenarios.

 

Una de las primeras propuestas de la sociedad civil organizada que trabaja por la paz en nuestro país, encaminada a desarrollar una cultura de paz, es la Ley 18 de 1990. Esta Ley, olvidada por casi todos los gobiernos bajo presión seguramente de las grandes cadenas de almacenes y los importadores legales e ilegales de juguetes, prohíbe expresamente la fabricación, importación, distribución, venta y uso de juguetes bélicos en el territorio nacional. Esta iniciativa debería ser parte fundamental de la pedagogía y la sensibilización alrededor de la convivencia y de la estrategia para lograr la paz total e integral, más aún, si se tiene en cuenta que vivimos en un escenario de permanente violencia y confrontación que naturaliza los asesinatos y las masacres, y en donde las niñas y los niños son constantemente asediados con mensajes de violencia armada.

La Ley 18 de 1990, considera claramente como juguetes bélicos, todos aquellos objetos y réplicas que imiten cualquier clase de armas de fuego, sean cortas, largas, arrojadoras o arrojadizas, de puño o de corte o de asta, y de guerra, tanques, aviones de combate o barcos armados utilizados por las fuerzas armadas, la policía y los organismos de seguridad del Estado. La ley también prohíbe los videojuegos, so pena de sanciones monetarias o prisión de hasta cinco años. Sin embargo, como ya lo estamos viendo en calles, almacenes de cadena y San Andresitos, los anaqueles se están llenando de este tipo de juguetes, sin que la autoridad competente, en este caso la superintendencia de industria y comercio y las entidades responsables de la política oficial de paz, hagan algo al respecto.

En relación con la Ley 2272 de 2022 que llenó de optimismo a las organizaciones de la sociedad civil, pues esta incluye algunas de las iniciativas y propuestas que se vienen ambientando desde hace décadas, es necesario precisar, que si bien en correspondencia con los diálogos de paz, el Gobierno Nacional ha realizado importantes esfuerzos y las mesas establecidas siguen avanzando -aunque con las dificultades propias de estos procesos-, algunos componentes importantes de la Ley siguen sin desarrollarse.

Ojalá entre en ejecución en los primeros meses de 2024, el programa de servicio social para la paz, que hará posible que una importante cantidad de jóvenes tengan opciones diferentes al servicio militar, para aportar a la sociedad y que, de ser bien aplicado, pueda hacer emerger una generación de paz que ayude a construir un país decente y democrático. Muchas organizaciones sociales recibirían con los brazos abiertos a las y los jóvenes de este programa para que, desarrollen la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos, la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ayudar en la protección de la naturaleza, la biodiversidad, las fuentes hídricas, los ecosistemas estratégicos, la riqueza ambiental y forestal del país, promover la paz étnico-territorial, respetando el derecho de autodeterminación, la autonomía, usos y costumbres de las comunidades étnicas, entre otras actividades.

Otro componente de la Ley de Paz, que esperamos sea implementado con mucha creatividad, involucrando a los gobiernos locales que se estrenarán el 1 de enero, es el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, mediante el cual se espera que toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de manera voluntaria, entregue al Departamento de Control y Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) o a quien el Ministerio de Defensa delegue, armas de fuego fabricadas, hechizas, artesanales, legales o irregulares, de uso privativo de la fuerza pública o traficadas, así como sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, con independencia del estado de conservación que tengan. Hay que comenzar a sacar de circulación, los aproximadamente cinco millones de armas de fuego ilegales y sus municiones que, están en poder de civiles.

Seguramente un programa de esta naturaleza, como se ha demostrado en otras oportunidades, hará disminuir las tasas de violencia urbana, de violencia intrafamiliar, de violencia contra las mujeres, los niños y las niñas. Las administraciones locales, tendrán que ser convocadas para servir de aliados fundamentales en esta titánica labor que complementada con campañas de cultura ciudadana que hagan énfasis en los deberes, los derechos, los valores, la convivencia y la reconciliación, harán germinar mejores relaciones de convivencia y procesos de reconciliación. No hay claridad acerca de quien o quienes liderarán el programa o las campañas tendientes a instalar en el imaginario colectivo, la Cultura de Paz y Noviolencia, que motive en las grandes mayorías, a través de acciones pedagógicas, comunicativas, artísticas, simbólicas y de movilización, el compromiso ciudadano con la paz y el respaldo a las transformaciones de las causas estructurales y las consecuencias que motivan y retroalimentan la violencia social y política armada.

Otro esfuerzo muy importante, será garantizar en los Planes de Desarrollo Territoriales, que se deberán aprobar en los primeros meses del próximo año, un componente de Paz que refleje como lo ordena la Ley 2272, el compromiso de los gobiernos locales con el Plan Nacional de Desarrollo. Será una ambiciosa tarea, armonizar el Plan Nacional de Desarrollo, la ley 2272 de 2022 y los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales, de allí la importancia de que la sociedad civil se involucre con su incidencia, garantizando no solamente la inclusión de programas, sino también los recursos para financiar o cofinanciar iniciativas. Sería bueno que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, destaque un importante equipo profesional para asesorar este proceso.

Finalmente, y no menos importante, está la deuda que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República tienen, en relación con la llamada Ley de Sometimiento a la Justicia, para facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley y las organizaciones criminales de alto impacto, conforme se definió en la Ley 2272 de 2022 y terceros relacionados con actividad de la organización. Este marco jurídico es de extrema importancia, si se quiere continuar de forma ágil en los diálogos con estos grupos armados, involucrar a otras bandas delincuenciales como el llamado Clan del Golfo, e intentar clausurar el abordaje complejo de la transformación de un conflicto armado que ya arriba a los sesenta años, generando muerte y dolor.

Luis Emil Sanabria D.

“Tenemos que avanzar con el ELN aun si esta guerrilla no abandona el secuestro”: Pedro Suárez Vacca

En entrevista para Confidencial Colombia, el representante a la cámara, Pedro Suárez Vacca, reafirma su apoyo a la paz total y dice además que el Gobierno debe avanzar en los diálogos con el ELN aun si esta guerrilla persiste con la práctica del secuestro.

El proceso de paz con el ELN, atraviesa por un mal momento, entre otras, por las declaraciones de Antonio García, ¿qué debe hacer el Gobierno Nacional para tomar el toro por los cuernos?

 

Pedro Suarez Vaca:  Considero que hay que persistir en todas las probabilidades que nos lleven a la paz total. Por supuesto el Gobierno Nacional tiene que sentarse a hablar de todas las dificultades que tiene con el ELN y las cosas que no se hayan superado, en especial, el tema del secuestro y cuáles van a ser los términos específicos en los que va a ver esas muestras de intención de paz por parte de esta guerrilla; que queden las cosas muy claras no solo silenciar los fusiles, también se debe evitar toda acción de violenta contra los ciudadanos. No podemos bajar la guardia, no podemos desistir de la pretensión de paz con cada dificultad que se presenta, sino que se debe tomar las decisiones adecuadas para insistir siempre en mantener los diálogos.

El ELN aseguró que no va a abandonar el secuestro…

Pedro Suárez Vaca: El Gobierno tendrá que tomar la decisión en su momento sí continúa los diálogos sin esa condición del abandono del secuestro. Creería que tenemos la posibilidad de avanzar aún sin esa condición específica. Sé que es muy difícil de comprender, pero sí eso al final nos va a arrojar que se acabe la guerra con el ELN, vale la pena.

Continuar un proceso de paz sin antes condicionarlo a no secuestrar provocaría que estos diálogos no cuenten con el apoyo ciudadano.

Pedro Suarez Vacca: Claro, pero más que la popularidad, nos interesa el resultado de la paz. Yo sé es difícil, sobre todo si nos ponemos en los zapatos de la víctimas -ni más faltaba- pero el Gobierno debe intentarlo. Naturalmente se debe exigir que esa sea una de las condiciones y esperamos que se logre porque es un acto detestable.

¿El ELN es una guerrilla pobre?

Pedro Suarez Vacca:  Una estructura que representa un grupo subversivo de la dimensión del ELN es una estructura económica más bien sólida.

¿Qué piensa de la idea del ministro del interior de pagarle al ELN para que deje de comerte delitos?

Pedro Suarez Vacca: Es una idea encaminada al logro de la paz y podría ser válida. No es la primera vez que se hace, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez también se la propuso y sí eso logra, minimizará los efectos de la guerra.

¿Seguirá apoyando el proceso de paz con ELN?

Pedro Suárez Vacca: Definitivamente sí. Estamos totalmente comprometidos con la paz total.

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Nadie nos llama, nadie nos dice nada, como si no existiéramos

Hablar del secuestro o como lo llaman las guerrillas “retenciones económicas”, vuelve a ponerse sobre el debate público. Las cifras son alarmantes y demuestran que algo tanto en el proceso de paz como en las políticas de seguridad no está funcionando o no está siendo efectivo a corto plazo. Según diferentes fuentes el número de secuestros ocurridos en 2023 sobre pasa la cifra de las 80 personas, muchas de ellas con paraderos aún desconocidos.

Aunque el secuestro nace en Colombia mucho antes de la aparición de las guerrillas de izquierda, si es muy claro que luego del surgimiento de estas en 1964, el fenómeno empieza a tomar mayor relevancia, tanto en los llamados secuestros políticos, como en los secuestros con fines económicos; sin embargo, fue solo con el Mandato Nacional Por la Paz de 1997, donde más de diez millones de personas se manifestaron en contra de este y otros delitos, y con la llamada marcha del No Más en 1999, que se evidenció el dolor y los daños que el secuestro causa a la sociedad, la economía y principalmente a la víctima y sus familiares.

 

Más allá de las cifras, el secuestro afecta profundamente la salud mental y espiritual de los seres queridos y de quien lo padece directamente. La incertidumbre frente a la situación de su familiar, el sentimiento de impotencia, la espera día y noche de una llamada o un mensaje, el traslado de un sitio a otro principalmente en horas de la noche, el miedo frente a posibles combates, etc., consume profundamente, de forma silenciosa a quienes esperan algo de piedad estando secuestrados, y a los familiares y amigos más cercanos.

Con las denuncias públicas frente al secuestro del Sr. Díaz, empecé a recibir llamadas de personas que querían revelar el secuestro de sur ser querido o amigo, pues a pesar de los esfuerzos, los nombres de la mayoría pasan desapercibidos para la sociedad, los medios de comunicación y los gobiernos, principalmente para los alcaldes y gobernadores, que nada o poco hacen para ayudar a controlar el delito o para brindar acompañamiento a las víctimas.

Una de esas llamadas terminó siendo el clamor de una amiga de juventud. Cuando sonó el teléfono, y aunque evidencié que el número en la pantalla era desconocido, sentí que por alguna razón debía aceptar la llamada. Al responder con el cauteloso y cortante ¡alo!, me habló afanosamente una mujer. Hola Lucho, ¿cómo estás?, era una voz que me inspiraba confianza por la familiaridad de sus palabras y el tono con el que me habló. Soy Mildred Quintero[1], no sé si te acordás de mí, estudiamos juntos en el colegio. No fue fácil retroceder el tiempo, de esa época ya pasaron más de cuarenta años. Era una amiga de esas difíciles de olvidar, por su extrovertida forma de ser y las señales que en menos de dos minutos me refirió. Necesito hablar urgente con vos, hoy te vi en TvSanJorge – el canal comunitario de Ocaña- y hablaste del secuestro y quiero que me orientes sobre un caso. Establecimos una cita en su casa, hablamos de muchas cosas, hasta que finalmente me atreví a poner el tema para el que había sido citado. Del patio de la casa, salió una señora joven, con los ojos hinchados seguramente de llorar, y un caminar lento, comprendí inmediatamente que un ser muy cercano a ella era víctima de secuestro. Con las presentaciones de rigor y la cautela que el tema amerita, la señora comenzó a narrar el dolor tan inmenso que estaba padeciendo con el secuestro de su hijo, era la primera vez que lo hacía con alguien que no

fuera su círculo familiar cercano. Con el llanto entrecortado, la mirada perdida, el celular en una mano y con la otra aferrada al mueble, como si estuviera siempre dispuesta a salir corriendo frente a cualquier llamada, comenzaron a salir de su boca más que frases de relato, algunas preguntas ¿por qué secuestraron a mi hijo, si yo no tengo plata y mi hijo tampoco? ¿qué le digo a los niños, mis nietos, que todo el día preguntan por él? Nunca imaginé que esto nos pudiera pasar a nosotros, el papá también está como loco, no sabe que hacer y ya llevamos casi un mes en esta incertidumbre, nadie llama, nadie dice nada, no sabemos nada.

No era fácil responder. Lo primero que se me vino a la mente, además de escuchar detenidamente, fue tratar de consolarla, por lo que le hice una señal a Mildred para que la abrazara y se sentara a su lado ¿Ha recibido alguna ayuda o acompañamiento de la alcaldía o de alguna autoridad? le pregunté; su respuesta, que es la misma que se repite en muchos casos fue negativa. El Gaula de la Policía, solo me informó cómo, según ellos, habían ocurrido los hechos, y por donde se los habían llevado, pero nada más. Ni el alcalde, ni el gobernador, ni el presidente, nadie nos llama, como si no existiéramos, como si mi hijo no valiera nada, me dijo. Luego de darle algunos consejos, más relacionados con su salud mental y de ponernos de acuerdo para realizar un acto simbólico en el parque principal de Ocaña y una misa, le sugerí que visitara al obispo y solicitara su intermediación para intentar conocer en manos de quien estaba el hijo, y que buscara ayuda profesional para ella y para el papá del joven secuestrado, que al parecer estaba en un estado mayor de afectación.

Este lamentable y doloroso episodio, y a riesgo de ser vetado o estigmatizado, me llevan a proponer que los diálogos de paz deben, de manera urgente abordar el tema de ponerle fin al secuestro, y otros asuntos que tienen que ver con el Derecho Internacional Humanitario. Revisar sin ambages la cuestión de la manutención de los combatientes involucrados en el proceso de paz, de tal forma que esta deliberación, pueda también llevarnos casi automáticamente a evaluar la posibilidad de que las estructuras guerrilleras se ubiquen en zonas específicas, y los protocolos de cese al fuego bilateral, se puedan aplicar y monitorear de forma más efectiva.

No es la primera vez que, en el caso de la mesa de diálogo Gobierno Nacional-ELN, se anticipan elementos del quinto punto de la agenda, esto demuestra la madurez del proceso, los avances y el compromiso de las partes. Es el momento de responder positivamente al clamor ciudadano y buscar fórmulas expeditas para que las guerrillas abandonen el secuestro y devuelvan a todas las personas que se encuentran en su poder, hechos que, por supuesto no deberían suceder en la guerra, ni mucho menos en medio de un diálogo que busca la paz. Es el momento, de estudiar fórmulas para posibles ubicaciones territoriales temporales o permanentes de las estructuras insurgentes, para que la implementación de los acuerdos a corto plazo, se pueda adelantar incluso con la participación de guerrilleros desarmados.

Ya vendrán otros temas o preguntas que seguramente causarán desacuerdos, pero que, con el compromiso sólido en la búsqueda de la transformación de las causas que originan el conflicto y sus consecuencias, se podrán abordar y solucionar. Me atrevo a anticipar algunas: ¿Qué hacer con las armas y municiones, se entregan o no a la comunidad internacional para su destrucción? ¿Se hace o no dejación de armas y municiones a la firma del acuerdo o luego de su implementación total? ¿Seguirán en tregua bilateral o esta pasará a ser multilateral, de forma permanente, hasta la implementación de todo lo acordado? ¿La reincorporación de excombatientes, se empezará a dar cuando se entreguen todas las armas y municiones o antes, en la medida en que se vaya aplicando lo acordado?

Por el bien de Colombia, por la vida y la reconciliación, todos los diálogos de paz deben continuar. El Estado Mayor Central-FARC, debe volver a la mesa y debatir en esta, las inconformidades que expresa públicamente, y que antes de acercar a las partes, motiva reacciones políticas y sociales que hacen más difícil la construcción de acuerdos. No es el momento de la confrontación, ya la sociedad lo ha demostrado de múltiples formas. Hoy lo más revolucionario que un grupo insurgente puede hacer, es transitar por el camino de la paz, ponerle fin al conflicto armado e involucrarse en la lucha democrática por las transformaciones que las mayorías exigen.

Luis Emil Sanabria D.


[1] He cambiado el nombre para evitar señalamientos.