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Etiqueta: Paz

«Número de desplazados aumentó desde la firma de la paz»: Consejo Noruego

Un millón y medio de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Colombia desde la firma en 2016 del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, según un informe Consejo Noruego para Refugiados (NRC) que prevé que este año se cierre con unos 260.000 nuevos desplazados, el doble que hace ocho años.

En total, 5,1 millones de personas viven actualmente como desplazadas y la violencia no cesa en algunas zonas. La ONU estima que 8,4 millones de colombianos viven en zonas con presencia de grupos armados y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tiene registrados ocho conflictos internos en el país sudamericano.

 

Como motivos de los desplazamientos, la población afectada cita amenazas, torturas, homicidios, combates armados, bombas, minas antipersona, reclutamiento forzado, violencia de género e incautación de tierras, recoge el estudio del NRC.

El director de esta ONG en el país, Giovanni Rizzo, ha lamentado «si el desplazamiento fuera un termómetro de la paz, la salud de Colombia estaría fallando». Pese a que reconoce los «esfuerzos», ve de «vital importancia» que el Gobierno «acelere» la implantación del acuerdo de paz para frenar «inmediatamente» los desplazamientos.

«El Gobierno colombiano y la comunidad internacional deben proporcionar el apoyo necesario para que las personas colombianas desplazadas puedan reconstruir sus vidas. Esto es clave para lograr una paz sostenible», ha reclamado Rizzo. Hasta el mes de octubre, sólo el 4 por ciento de los fondos solicitados por los actores humanitarios había sido asignado a la ayuda de comunidades.

Gobierno reconoce que diálogos con el ELN podría fallar sino se aplican en 2025

El comisionado para la Paz, Otty Patiño, ha reconocido que si no comienzan a aplicarse los acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para 2025 se habrá «fallado», por eso pide a la guerrilla que el resto de demandas puedan negociarse «sin el fusil en las manos».

«El proceso de diálogos puede ser infinito y eso es lo que no quiere este Gobierno, pero por eso hemos dicho que si el proceso de implementación no empieza en 2025 habremos fallado», ha dicho Patiño.

 

En ese sentido, Patiño ha explicado que ante la complejidad del proceso es preciso ponerse en marcha cuanto antes ya que el plan se divide en la transición a la vida civil de los combatientes, la transformación de los territorios y la desescalada del conflicto.

Asimismo, ha señalado que ya el presidente, Gustavo Petro, ha trasladado a la guerrilla que todas sus demandas pueden ser analizadas, pero «sin el fusil en la mano apuntándole a quien sea», de ahí la necesidad de desmovilizar a los combatientes para elevar al grado político las negociaciones.

Este martes arranca una nueva mesa de diálogo en Venezuela, después de que hace dos semanas el Gobierno de Colombia y el ELN acordaron retomar la negociación tras quedar suspendida desde septiembre en respuesta del presidente Petro a un ataque de la guerrilla contra una base militar en Arauca que dejó dos muertos y 20 heridos.

Ministro del Interior confirma plan de seguridad para el norte del Cauca y sur de Bolívar

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó que el Gobierno Nacional viene trabajando en conjunto con la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y la cooperación internacional en un plan piloto en el norte del Cauca y el sur de Bolívar donde participarán además los alcaldes para garantizar la seguridad en estos territorios.

Este plan incluye una inversión importante en seguridad y en protección de quienes trabajan por la paz y el desarrollo ambiental y económico de estas regiones.

 

«Estamos trabajando intensamente para que este plan piloto lo extendamos en todo el país porque el Estado colombiano debe ser la garantía de la seguridad y la integridad de quienes cumplieron con el acuerdo», afirmó.

Reiteró además que quienes no cumplan con la paz ni estén dispuestos a dejar las armas se someten a la persecución del Estado.

Actualizar los PATR: un paso fundamental para la paz territorial

Desde las curules de los Congresistas Omar Restrepo y Pedro Baracutao y los representantes departamental y nacional de la CSIVI, asistimos al proceso de revisión y actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) que materializan el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) , establecido en el punto 1.2 del Acuerdo de Paz.

El encuentro se desarrolló en Yarumal, Antioquia, para la Subregión Bajo Cauca y Nordeste los días 8, 9 y 10 de agosto de 2024.
Conocimos otras personas y otras realidades del territorio, no solo de hombres, sino también de las mujeres, las diversidades y las comunidades étnicas, desde el trabajo en equipo analizamos los retos de las territorialidades dejando presente el enfoque de género, mujer, LGBTI, enfoque étnico, de víctimas, campesinos, firmantes de paz y el tema de discapacidad, aclarando que no es solo poner un nombre, sino que todas y todos seamos representativos y protagonistas en los proyectos que van a llegar a las regiones, por eso nuestras expectativas son amplias frente a esta actualización de los PATR.

 

Respecto a los proyectos ejecutados fue reiterativo en todos los municipios PDET Nordeste y Bajo Cauca, las observaciones sobre los incumplimientos, retrasos, perjuicios, deudas con las comunidades, sobrecostos, alteraciones de diseños y problemas estructurales de las obras, hechos que impiden la transformación territorial de la región establecida en el Acuerdo de Paz.

A pesar que en este gobierno no hay ejecución de proyectos PDET, conservamos la esperanza que esta vez la participación será real y eficaz, es decir que las iniciativas propuestas y priorizadas serán ejecutadas y convertidas en políticas públicas para la región, generando el Buen Vivir para las comunidades.

Los tres proyectos étnicos priorizados de seis propuestas presentadas, fueron:

Proyecto #2. Gestionar ante Mininterior y la ANT el reconocimiento de autoridades, la titulación de los resguardos y comunidades étnicas de la subregión.

Proyecto #6 Conservación del conocimiento ancestral en los sistemas alimentarios, la agricultura y las economías propias de comunidades indígenas y afro.

Proyecto #3. Construcción de placa huella y pavimento rígido en los diferentes ejes viales de las zonas rurales de territorios étnicos.

Los tres proyectos priorizados en el ámbito regional de 20 propuestas presentadas, fueron:

Proyecto #6. Un banco de maquinaria amarilla para cada uno de los 13 municipios de la subregión, para la adecuación de vías terciarias que incluya una moto niveladora, una pajarita, 1 vibro compactado, 2 volquetas sencillas, 1 bulldozer D5, 1 retroexcavadora de oruga de 14 toneladas y 1 doble troque tipo planchón (ya que las vías rurales comunican las veredas con diferentes municipios y departamentos).

Proyecto #16. Construcción y mejoramiento de vivienda para la subregión.

Proyecto #19. Fortalecer integralmente las cadenas productivas (turística) y especies promisorias para la reactivación económica y cierre de brecha en la subregión PDET bajo Cauca, Norte y nordeste antioqueño.

El Bajo Cauca y Nordeste antioqueño son claves para la paz territorial en Antioquia y en el noroccidente, necesitan la implementación integral del Acuerdo de Paz del 2016 como base real de la política de paz total. En este sentido es clave allí el proceso de crear el Distrito Agrominero e implementar decididamente la Reforma Rural Integral.

Pedro Baracutao

Cultivos de Coca, violencia armada y la COP16

En 1998, siendo responsable de los diálogos sociales y los programas de convivencia y paz de Norte de Santander, tuve la grata responsabilidad de ayudar a instalar y construir, de manera participativa, los acuerdos con los campesinos del Catatumbo dedicados al cultivo de coca, acampados en el municipio de El Zulia.

El apoyo al desarrollo de infraestructura vial y de servicios básicos, el respaldo a la siembra y comercialización de cultivos tradicionales, y las garantías a la vida y la permanencia en el territorio, entre otros aspectos, fueron colocados sobre la mesa de diálogo por los marchantes, e hicieron parte del acuerdo logrado. Luego vino la arremetida paramilitar en complicidad con el Estado, y este sueño de construir un territorio de paz se fue al traste, como muchos otros sueños y vidas humanas de la región.

 

La erradicación de cultivos de coca con fines ilícitos ha sido uno de los mayores desafíos en Colombia, donde las economías locales, los conflictos armados y el narcotráfico están profundamente entrelazados. La historia demuestra que un enfoque exclusivamente represivo no es suficiente. Para alcanzar soluciones sostenibles, es esencial una política integral que contemple la participación comunitaria, la compra estatal de las cosechas de coca, la sustitución gradual por cultivos legales y la recuperación forestal, todo ello alineado con los compromisos ambientales y climáticos establecidos internacionalmente, así como con los esfuerzos para superar la violencia armada.

Uno de los principios fundamentales en la elaboración de un programa de erradicación sostenible es la participación activa de las comunidades locales, quienes a menudo dependen del cultivo de coca para su subsistencia. Un componente clave en estos programas es la propuesta de compra estatal de las cosechas de coca, lo que puede ayudar a evitar que los agricultores vendan su producción al narcotráfico. Esta propuesta, que guarda similitud con el modelo aplicado en Bolivia, donde se permitió el cultivo regulado de coca para usos tradicionales, ofrece a los campesinos una fuente de ingresos mientras se implementan procesos de sustitución gradual.

En Bolivia, la política del «Cato de Coca» permitía a los agricultores cultivar una cantidad limitada para usos culturales y medicinales, evitando el conflicto directo con el Estado y creando un ambiente de mayor colaboración. Este modelo puede servir de inspiración para programas en Colombia, donde la compra estatal garantizaría un mercado legal para la coca con fines de producción de concentrados, suplementos vitamínicos e infusiones, mientras se desarrollan cultivos alternativos y se disminuye gradualmente el área dedicada a la coca.

La recuperación forestal es un componente central en estos programas, especialmente en el marco de la COP16, que subraya la necesidad de mitigar los efectos del cambio climático mediante la conservación y restauración de los ecosistemas. Aquí, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) deben jugar un papel protagónico. La deforestación asociada con los cultivos de coca ha sido un problema grave en la región, donde las selvas tropicales han sido destruidas para abrir espacio a estos cultivos ilícitos.

En Costa Rica, el gobierno implementó con relativo éxito programas de pago por servicios ambientales (PSA) que compensan a las comunidades rurales por la protección de los bosques y la reforestación de áreas degradadas. Un enfoque similar en los programas de erradicación de coca permitiría a los agricultores recibir compensaciones por la restauración forestal, generando ingresos sostenibles y contribuyendo a los objetivos climáticos internacionales.

Los cultivos de uso ilícito, la producción de cocaína y su comercialización han sido una fuente de financiamiento para grupos armados ilegales, prolongando la violencia en las zonas rurales. Los acuerdos de paz de 2016 entre el gobierno y las FARC incluyeron un compromiso para la sustitución de cultivos de coca en el marco de un desarrollo rural integral. Lamentablemente, la falta de una implementación efectiva y pertinente ha llevado al resurgimiento de la violencia en algunas regiones.

Los programas de erradicación, sustitución y beneficio deben coordinarse con estrategias de convivencia, reconciliación y seguridad que protejan a las comunidades rurales, evitando que queden atrapadas nuevamente en las violencias. Estos programas se convierten en ejes fundamentales para la emergencia de la Territorialidad para la Paz.

Luis Emil Sanabria D.

Es urgente un cambio frente a la violencia armada

En Colombia, el número de masacres y asesinatos de líderes y lideresas sociales es un reflejo devastador de la incapacidad del Estado y del Gobierno para frenar esta tragedia humanitaria. A pesar de los esfuerzos de algunos sectores, el desangre de las comunidades persiste. Las personas que se han atrevido a levantar su voz para defender derechos humanos, el medio ambiente, territorios colectivos y proyectos de vida digna, son sistemáticamente silenciadas, en un ciclo incesante de violencia que envuelve a comunidades, niños, niñas y jóvenes.

Es en este contexto, que seguimos reclamando al gobierno nacional y a los gobiernos locales, la necesidad urgente de replantear las estrategias de protección y seguridad, partiendo desde la base de la sociedad y contando con las comunidades organizadas. La experiencia de los Planes de Autocuidado y Autoprotección son herramientas esenciales que han nacido de la propia resistencia comunitaria ante la ausencia de una respuesta estatal eficaz. La construcción colectiva de estos planos, que incluye a los propios líderes, lideresas, organizaciones sociales y actores clave en el territorio, con sus redes, guardias y colectivos noviolentos, es una de las barreras que puede erigirse frente a la violencia armada.

 

La seguridad colectiva no puede ser vista solo como una cuestión de armamentismo o más presencia militar, sino como un proceso integral que prioriza la vida, el bienestar y la permanencia en el territorio. En medio de los diálogos con grupos armados o no, estos planes deben contar con recursos suficientes, garantizados por el Estado, no solo para su implementación, sino para generar condiciones que aseguren la continuidad de estos procesos de protección comunitaria, debidamente asesorados y controlados. Es urgente que alguna entidad estatal dispongan apoyos y rutas humanitarias eficaces para salvar la vida de quienes están bajo amenazas constantes, especialmente en territorios donde el Estado es muy débil o no existe.

¿Dónde están los planes estratégicos de construcción de paz y seguridad que priorice la acción coordinada interinstitucional en los territorios más afectados por la violencia? No se puede continuar permitiendo que las acciones sean aisladas y desarticuladas. Las instituciones del Estado, las organizaciones internacionales y la sociedad civil deben trabajar juntas para crear un marco de seguridad, convivencia, reconciliación y paz que trascienda el enfoque punitivo y guerrerista, y que apueste por la paz territorial, el diálogo y la justicia social. De esta forma, el cacaraqueado Acuerno Nacional se hace realidad en los regiones, escenario donde la reconciliación toma vida propia.

Fortalecer las organizaciones sociales debe ser una prioridad en este proceso. Ellas han demostrado ser el núcleo de la resistencia noviolenta en los territorios más golpeados por las acciones delincuenciales. No solo se han organizado para defender la vida y el territorio, sino que también son fundamentales en la promoción de la memoria histórica, la construcción de proyectos de vida y la reivindicación de derechos. Las organizaciones no solo sirven para movilizar sus asociados cada vez que se requiere salir a defender una u otra propuesta de gobierno, son fundamentalmente el acumulado organizativo, la conciencia viva que hará posible las transformaciones hacia el goce pleno de los derechos humanos.

La violencia contra los líderes y líderes sociales no solo es un crimen contra quienes la padecen directamente, sino también contra el futuro colectivo de Colombia. Solo con un enfoque de protección que parte desde las comunidades y que sea respaldado por una acción estatal comprometida y coherente, podremos soñar con detener prontamente este ciclo de muerte. El Estado debe asumir su responsabilidad, no solo como garantía de los derechos humanos, sino como un actor proactivo en la construcción de un país que pueda sanar sus heridas y avanzar hacia una paz verdadera y sostenible.

Luis Emil Sanabria D

Gobierno analiza si extiende el cese al fuego con el Estado Mayor Central

El Gobierno Nacional estudia la posibilidad de extender el cese el fuego bilateral que acaba el próximo 15 de octubre con tres grupos de las disidencias de las Farc.

Estos tres bloques pertenecen al Estado Mayor Central con quienes el Gobierno inició este viernes en Bogotá el sexto ciclo de diálogos de paz con varios puntos en la agenda. Los bloques son, el llamado Estado Mayor Central (EMC), al que pertenecen los bloques de Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes.

 

En este ciclo se hablará además sobre temas ambientales. El acto de inicio de los nuevos ciclos de conversaciones estuvo acompañado por la ministra de Medio Ambiente Susana Muhamad, quien dijo a las delegaciones que «es un proceso que es necesario que entre en una aceleración de resultados» porque el Gobierno entra en el segundo tiempo de su mandato y esto supone que debe llegar el momento de «consolidación del trabajo».

Gustavo Petro propone reactivar proceso de paz con las AUC

En medio de un acto de entrega a campesinos víctimas del conflicto de 8.430 hectáreas de tierras, dentro de las cuales hay 7.916 pertenecieron a los entonces jefes paramilitares alias ‘Macaco’, alias ‘Nico’ y alias ‘Cuco Vanoy’, el presidente Gustavo Petro propuso la reactivación de la mesa de paz con los exjefes paramilitares.

“Porque el proceso no ha terminado, dado que no se han entregado los bienes que ustedes les entregaron a la justicia, a las víctimas de la violencia», dijo el primer mandatario.

 

Añadió que “esos mismos que los aplaudieron los pusieron en un avión encadenados, esposados, y se los llevaron a una justicia extranjera. Los traicionaron y la paz no se hace con traiciones», y recalcó: “La paz se hace con la palabra puesta sobre la mesa».

Consideró que “usaron el proceso con los paramilitares para que la tierra pasara de dueño, no en manos de las víctimas, sino de unos cuantos politiqueros y politiqueras. El señor fiscal (Francisco) Barbosa se negó a dar la lista de los bienes de extinción de dominio de narcotraficantes, porque han pasado a manos de políticos, de familiares de los políticos y de familiares de los dueños del Estado».

Es por eso –dijo– que existen dificultades “hoy para encontrar los caminos de la verdad. De nuevo se quiere repetir la historia del despojo como si el pueblo colombiano no estuviera cansado ya del despojo».

A los exjefes paramilitares, manifestó, “los aplaudían, considerándolos los héroes, los senadores, los representantes a la Cámara, los grandes propietarios de la tierra en Colombia, los grandes empresarios del país, los cacaos y ciertos medios. Los aplaudían como héroes, como salvadores, porque ustedes eran capaces de demostrar que a partir de la sangre podían extirpar la rebeldía».

En el acto estuvo presente el exlider paramilitar, Salvatore Mancuso, quien reiteró su disposición para trabajar en pro de la paz y la reconciliación.

El golpe a la estrategia de la paz total

La construcción de una paz duradera en Colombia requiere de un enfoque integral y coordinado. Para alcanzar la Paz, no basta con avanzar en acuerdos parciales o segmentados; es necesario dialogar con todos los actores armados de manera simultánea. Este es un proceso complejo que, aunque desafiante, debe avanzar con firmeza y con una clara orientación hacia la consecución de resultados que realmente beneficien a la población. En un país donde el conflicto ha dejado profundas cicatrices, el diálogo es la herramienta más poderosa para la reconciliación.

En este contexto, la reciente suspensión de la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) representa un duro golpe a la estrategia de paz total que ha sido promovida por el gobierno actual. Este proceso, que ya había mostrado avances significativos en las conversaciones con este grupo insurgente, es crucial para la estabilidad y el bienestar de las comunidades más afectadas por el conflicto. La mesa de diálogo con el ELN, como parte de un enfoque integral, no es un fin en sí mismo, sino un medio para generar condiciones de vida dignas y seguras para millones de colombianos.

 

La suspensión no solo pone en riesgo los avances logrados hasta ahora, sino que también genera incertidumbre sobre el futuro de la estrategia de paz total. Las comunidades, especialmente en zonas históricamente vulnerables, necesitan ver resultados tangibles que muestren el compromiso del Estado y de los grupos armados en la construcción de una paz sostenible.

En estos momentos difíciles, nuestra obligación como sociedad es rodear el proceso de paz, fortalecer el respaldo a las negociaciones y mantener una postura firme en la exigencia de garantías reales para las comunidades afectadas. Es indispensable que el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional refuercen su compromiso con la paz y aseguren que las conversaciones no se queden en promesas vacías. Exigir compromisos claros de los armados, en términos de cese al fuego, respeto a los derechos humanos y efectivo compromiso con la superación de la violencia armada, debe ser una prioridad.

Este proceso requiere de paciencia, pero también de una voluntad decidida por parte de todos los actores involucrados y de la población civil. No podemos permitir que retrocesos como la suspensión de una mesa de diálogo empañen el horizonte de la paz total. Es crucial que las negociaciones con el ELN se retomen. Que se revise uno a uno los acuerdos logrados, los avances y las dificultades en la implementación y se evalúe el impacto en las regiones.

Al final, la paz no puede ser un pacto entre élites ni un simple acuerdo en papeles. Debe reflejarse en la vida cotidiana de la gente, especialmente de aquellas comunidades más afectadas por la guerra. El desafío de coordinar múltiples frentes de diálogo no debe ser visto como una barrera, sino como una oportunidad para construir una paz verdadera, inclusiva y justa.
El Acuerdo #28 logrado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre la participación es crucial para garantizar que la voz de las comunidades más afectadas por el conflicto sea escuchada y valorada. Este acuerdo no solo establece el compromiso de las partes para promover la paz, sino que busca crear mecanismos reales de inclusión, donde las decisiones sobre el futuro del país se construyan de manera colectiva. Las comunidades han sido históricamente excluidas de los espacios de toma de decisiones, y en muchas regiones, son precisamente ellas las más afectadas por el conflicto armado. Implementar este acuerdo significa abrir espacios para que campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes y otros sectores puedan influir en la construcción de políticas públicas que atiendan sus necesidades.

El Acuerdo sobre la participación de la sociedad, no es solo un paso más en las negociaciones, sino una base fundamental para la paz duradera. Si las comunidades sienten que tienen el poder de incidir en su futuro, se genera un ambiente de confianza y reconciliación. El ELN, al comprometerse con este acuerdo, también reconoce que la paz solo es posible si es construida desde abajo, con la gente.

Implementar los acuerdos de participación es, por tanto, una urgencia. No podemos esperar a que las condiciones sean perfectas o que otros factores se alineen. La paz se construye día a día, y la participación de las comunidades en los procesos de transformación del país es la garantía de que esa paz será inclusiva, justa y duradera.

Luis Emil Sanabria D.

Gobierno deja en el aire los diálogos de paz con el ELN

El Gobierno anunció que el proceso de diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha quedado «suspendido» tras un ataque contra una unidad militar ubicada en Puerto Jordán, en el departamento de Arauca, que se saldó con dos muertos y más de una veintena de heridos.

«Durante estos meses el Gobierno ha hecho llegar al ELN múltiples propuestas. Hoy el proceso de diálogos queda suspendido. Su viabilidad está severamente lesionada y su continuidad solo puede ser recuperada con una manifestación inequívoca de la voluntad de paz del ELN», reza un comunicado de la Delegación de Paz del Gobierno publicado en su cuenta de la red social X.

 

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha indicado que el ELN «no tiene disposición de paz» y que el diálogo solo finalizará si así lo decide el presidente del país, Gustavo Petro, quien en la víspera afirmó que este ataque «cierra un proceso de paz con sangre».

Nota relacionada: Petro analiza si continúa diálogos con el ELN

Además, ha recordado que desde hace varias semanas el Ejército tiene las instrucciones de atacar a aquellos grupos que no se encuentran inmersos en el proceso de paz,.

El pasado 3 de agosto concluyó un alto el fuego temporal entre el Gobierno y el ELN que había llegado a extenderse por más de un año, si bien la guerrilla se negó a aprobar otra prórroga al considerar que las autoridades habían incumplido ciertos compromisos firmados.

El Gobierno de Colombia mantiene numerosos procesos de paz abiertos que se encuentran en diferentes fases. Las diferencias internas de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC en las negociaciones ha llevado a una escisión liderada por el líder guerrillero Néstor Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, que precisamente es la que sigue luchando contra las Fuerzas Armadas. Recientemente, el Gobierno anunció que retomaba las conversaciones con la disidencia de las FARC Segunda Marquetalia.

Petro analiza si continúa diálogos con el ELN

Fueron capturados dos sospechosos del ataque perpetrado horas antes contra una base militar del Ejército en el departamento de Arauca, un asalto que ha sido atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que se ha saldado con tres muertos y 27 heridos.

Las Fuerzas Armadas han indicado que los presuntos responsables del ataque se habían desplazado hasta la zona a bordo de motocicletas. Ambos han sido acusados de lanzar artefactos explosivos contra la base, ubicada en Puerto Jordán.

 

El Ejército ha confirmado, además, que ya son tres los militares fallecidos tras el ataque, después de que las informaciones preliminares apuntaran a dos muertos debido a la gravedad de las heridas sufridas.

La Octava División del Ejército atribuye el ataque al ELN, lo que ha llevado al presidente colombiano, Gustavo Petro, a declarar que este incidente «cierra un proceso de paz con sangre» y pone en «la cuerda floja» los diálogos abiertos entre el Gobierno y el grupo armado.

Ya son una decena los atentados perpetrados desde el ultimátum lanzado en agosto por parte del ELN en pleno congelamiento de las negociaciones. A las voces críticas se han sumado sectores de todo el país, que cuestiona la verdadera voluntad de la guerrilla..

El presidente Gustavo Petro sostendrá una reunión con su equipo de paz para analizar el camino a seguir con respecto a los diálogos de paz con el ELN.

Gobierno Petro abre un nuevo frente de paz

El presidente Gustavo Petro abrió un nuevo frente de diálogo de paz, esta vez con el frente Comuneros del Sur, que antes pertenecía al Ejército de Liberación Nacional en el departamento de Nariño.

En la resolución se delega a Carlos Erazo como jefe negociador y en también se nombra a la excongresista Ángela María Robledo, lo mismo que a Andrei Giovani Gómez, Clemencia Carabalí y Pablo Francisco Pardo en el grupo de acompañantes por parte del Gobierno Nacional.

 

«La mesa de diálogos de paz estará dirigida a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto de los derechos humanos, el cese de hostilidades y afectaciones a población civil y el pacto de acuerdos de paz tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización y el tránsito a la paz del grupo armado en mención”, dice la resolución.

Un llamado a la coherencia y al respeto si queremos construir paz

En el delicado proceso de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las recientes declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y del comandante Antonio García del ELN han generado preocupaciones legítimas sobre la dirección de las negociaciones. Si bien es comprensible que existan diferencias en un proceso tan complejo, las posturas públicas de ambos líderes parecen estar contribuyendo a la erosión de la confianza mutua y al estancamiento de las conversaciones. Siguen pesando más las posiciones que el interés en respetar el anhelo de paz del pueblo colombiano y avanzar en el proceso.

Otty Patiño, en su calidad de Alto Comisionado para la Paz, tiene la responsabilidad de liderar un proceso que aspire a ser inclusivo y que busque soluciones duraderas a un conflicto que ha dejado una profunda huella en Colombia. Sin embargo, sus declaraciones recientes, que en ocasiones han mostrado una rigidez y una falta de empatía hacia las posiciones del ELN, han sido motivo de preocupación. La paz no se puede construir desde la confrontación verbal ni desde la imposición unilateral de condiciones, sino desde el reconocimiento de la legitimidad de las preocupaciones del otro y desde la búsqueda de puntos comunes, no solo con la contraparte, sino con las víctimas que este conflicto sigue produciendo.

 

Patiño, al no mostrar la flexibilidad necesaria para entender las raíces históricas y sociales del conflicto con el ELN, corre el riesgo de entorpecer un proceso que requiere sensibilidad y una disposición genuina para escuchar. Es fundamental que el Alto Comisionado se enfoque en fortalecer los canales de diálogo, en lugar de cerrar puertas con discursos que alimentan la desconfianza. La mayor responsabilidad de recomponer los diálogos le corresponde al Estado colombiano en cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, y no al grupo guerrillero que claramente se declara en rebeldía y desarrolla acciones que infringen el Derecho Internacional Humanitario, y que en ocasiones se pueden calificar, por su forma e impacto, como terroristas.

Por su parte, Antonio García, uno de los líderes más visibles del ELN, ha mantenido un discurso que, si bien puede reflejar la frustración acumulada por décadas de lucha armada, también parece estar más orientado a justificar la continuidad del conflicto que a encontrar una salida pacífica. Por supuesto que en Colombia hay injusticias, que nuestra democracia es imperfecta, que la soberanía popular no se hace efectiva, que la corrupción carcome nuestras instituciones, pero se debe avanzar en un proceso que nos entregue acuerdos para ser cumplidos a corto, mediano y largo plazo, a la par que se desactiva la confrontación armada, que evidentemente aporta una gran cuota al estado de cosas injustas. Su postura rígida, que a menudo critica sin ofrecer alternativas viables, amenaza con mantener al país en un ciclo interminable de violencia.

La Sociedad, el ELN, al igual que el gobierno, debe reconocer que el diálogo es el único camino hacia una paz real. Persistir en una estrategia de confrontación armada y verbal no solo prolonga el sufrimiento, sino que también desvía la atención de los logros ya alcanzados en las mesas de negociación. García tiene la oportunidad de ser un líder que contribuya a un cambio histórico, pero para ello debe abandonar la retórica que perpetúa la desconfianza y empezar a construir puentes, con todos los sectores sociales, incluido el empresariado, que nos lleven hacia una reconciliación verdadera.

A pesar de las diferencias y las dificultades inherentes al proceso de paz, es crucial que tanto el gobierno como el ELN reconozcan los avances logrados hasta ahora y trabajen para superarlos. Los logros obtenidos no son insignificantes y representan pasos importantes hacia la paz y la reconciliación del país. Sin embargo, estos avances pueden verse amenazados si las partes continúan con un discurso de confrontación y descalificación mutua.

Es en este contexto que la sociedad civil colombiana debe levantar su voz. No podemos permitir que el proceso de paz se vea truncado por la falta de voluntad o por la obstinación de sus líderes. La sociedad civil tiene el poder y el deber de exigir avances concretos, de demandar respeto a la vida y a las opiniones de todos los colombianos, de exigir el cumplimiento de los acuerdos hasta ahora pactados, en especial el primer punto de la agenda sobre participación de la sociedad y de promover un diálogo que verdaderamente aspire a poner fin a décadas de conflicto.

La paz en Colombia no es solo responsabilidad de los actores armados o del gobierno; es un esfuerzo colectivo que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Es el momento de que la sociedad civil se movilice para exigir que se respeten los acuerdos alcanzados, que se avance en las negociaciones y que se ponga en el centro del debate el respeto por la vida y por las opiniones diversas. La Semana por la Paz número 37, que se celebrará durante el mes de septiembre, llama al diálogo y a la unidad para avanzar en la construcción de un nuevo país, llamado que todos y todas debemos escuchar.

Luis Emil Sanabria D.

Semana Por La Paz

El pasado jueves 22 de agosto nos reunimos en el centro de memoria paz y reconciliación de Bogotá 36 organizaciones, y más de 600 activistas defensores y defensoras de los derechos humanos que le apuestan al mandato por La Paz.

Un trabajo que se ha hecho tejido en Red con las comunidades y con cientas instituciones cumple ya 37 años. Lo que empezó siendo una semana ahora desborda el mes de septiembre con cientos de actividades a lo largo de todo el territorio. Resulta muy interesante ver cómo el enfoque diferencial se toma la semana por la paz y dentro de las actividades las diferentes poblaciones impulsan su presencia.

 

Desde el canto inocente del coro de los hijas e hijos de La Paz, obras de teatro, rituales de armonización, conferencias, cine foros, canelazos y ollas comunitarias son las actividades que construyen la agenda de esta semana por La Paz. Una semana que inició con el firme propósito de promover y visibilizar los esfuerzos por firmar La Paz y la dejación de las armas, así como desmotivar la participación en el conflicto armado.

La Paz simbolizada en una palomita se ha trasformado en miles de voces que juntas continúan trabajando por la promoción y cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país. Las y los firmantes de paz, comprometidos con este proceso expondrán sus proyectos productivos en una gran feria en la plaza de Bolivar alrededor de un concierto el 20 y 21 de septiembre con grandes artistas de todo el país, y un gran arropamiento al palacio de justicia.

Una mujer negra mayora menudita es la promotora de este acto, ella se llama Virgelina Chara, que con toda la fuerza de su voz canta y cose la memoria de las y los que no pueden quedar en el olvido.  No podemos olvidar que pasó en el Palacio de Justicia, no puede quedar en el olvido que este país ha crecido y avanzado hacia un cambio y ha costado muchas vidas.

La guerra tiene sus estrategias, pero La Paz es el camino. Dar a conocer estas historias permite que no solo su lucha no sea en vano, sino que se recuerde y mantenga viva la historia de lo que sucedió, porque realmente se vivió el dolor en los campos, en esa Colombia profunda donde solo llega el camión de la cerveza, porque le ha tomado casi doscientos años al estado llegar, y es que hasta ahora está llegando.

Son grandes los retos de la agenda de la paz y el compromiso debe ser de todos, todas y todes, el enlazamiento debe ser fuerte y duradero y este tipo de proyectos no solo nos motiva, sino que nos lleva a hacer parte de esta memoria. Resulta desafiante y feliz poder incidir para que esta semana sea un proceso educativo formativo y cultural que motive un hecho político, la paz, y aunque la programación ya está pactada yo te hago una invitación, reúne tu gente tu cuadra tu barrio y motívate a hablar de esa paz para que sea contigo.

Que suenen los acordes que se iluminen los escenarios que nos vistamos de muchos colores porque esta paz es entre distintos, esta paz es entre contrarios, que vamos trasformando la palabra y respetando el sentir del uno y del otro para poder hacer llegar a cada colombiano a cada colombiana la necesidad de estar presente y en armonía para cumplir la palabra, dejar la guerra, no olvidar y sobre todo no repetir.

La no repetición es el compromiso que tenemos, es el que nos garantiza de manera positiva la creación de un estado nuevo, estamos viviendo una transición estamos aprendiendo ya se tiene el gobierno, ahora falta el poder, ¿para que?  para que en nuestro país la injusticia cese y se cumplan los acuerdos.

¿Y tú qué compromiso tienes para la semana por La Paz?

Marcela Clavijo

Un esfuerzo necesario ante una guerrilla aferrada a sus posiciones

Ha pasado casi desapercibida la importante propuesta que el presidente Gustavo Petro le envió de manera confidencial a la guerrilla del ELN. No se trata solo de utilizar un mecanismo que es muy útil en momentos de crisis, como es la confidencialidad en la búsqueda de salidas posibles a los estancamientos o dificultades de los diálogos entre partes enfrentadas; se trata también de una valiosa idea en términos de participación, que seguramente incorporaría un actor y un nivel diferente y decisivo a la hora de buscar salidas prácticas a este largo conflicto.

La propuesta confidencial del presidente Gustavo Petro al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para dialogar con los empresarios sobre la política económica del país representa un esfuerzo audaz para superar décadas de conflicto armado en Colombia. Esta necesidad, que se planteó por sectores sociales en los preencuentros y encuentros de participación promovidos por el Comité Nacional de Participación, es un intento genuino de integrar a todos los actores relevantes en la construcción de una paz duradera, pero también plantea importantes interrogantes sobre la disposición del ELN para participar en un diálogo constructivo que priorice los intereses populares.

 

El conflicto armado en Colombia ha estado profundamente arraigado en desigualdades socioeconómicas y en la exclusión social, fenómenos que se han exacerbado bajo políticas económicas neoliberales. Estas políticas, que priorizan la liberalización del mercado, la privatización y la reducción del gasto público, han beneficiado a sectores privilegiados mientras que han marginado a amplias capas de la población. Dialogar sobre estas políticas permite abordar las causas estructurales del conflicto, proporcionando un camino hacia la equidad y la justicia social, que son esenciales para la paz duradera.

La conversación entre el ELN, el Gobierno y los empresarios, en la cual se involucraría a las organizaciones ciudadanas, es una oportunidad para repensar el modelo económico colombiano, buscando uno que no solo favorezca el crecimiento económico, sino que también promueva la inclusión social y el desarrollo equitativo. Un modelo económico más inclusivo puede integrar las demandas de los sectores más vulnerables y asegurar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos, reduciendo así las tensiones sociales que alimentan el conflicto. Un avance en este sentido fortalecería la democracia y la capacidad popular para avanzar en futuras transformaciones.

Las políticas neoliberales han generado una gran polarización en la sociedad colombiana, donde sectores enteros se sienten excluidos del proceso de desarrollo. Este sentimiento de exclusión ha sido uno de los motores del conflicto armado. Si las partes involucradas en el diálogo logran consensuar una política económica que considere las necesidades de todos, se podría reducir significativamente la polarización, creando un clima más propicio para la reconciliación y la paz.

Un acuerdo en este sentido hará posible multiplicar los beneficios de la implementación de un acuerdo de paz, no solo en términos económicos, sino también en materia política y social. Cerrar filas conjuntamente entre empresarios, gobierno, población civil y futuros firmantes de paz podría aportar sustantivamente a superar fenómenos como la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos, la minería ilegal o el cambio climático.

Los intentos de negociación con el ELN han estado marcados por la desconfianza mutua y la rigidez ideológica de la guerrilla, que ha mantenido un discurso de confrontación contra las élites económicas. La propuesta del presidente Petro busca romper este ciclo al invitar a los empresarios al diálogo, un gesto que reconoce la importancia de un consenso económico amplio para la construcción de una paz sostenible. Este enfoque integral es innovador y necesario, ya que sitúa la economía en el centro del proceso de paz, algo que ha sido largamente ignorado en negociaciones anteriores.

La importancia de este diálogo radica en su capacidad para abordar las causas estructurales del conflicto, pero para que tenga éxito, el ELN debe mostrar una apertura real al cambio. No basta con sentarse a la mesa; es necesario que la guerrilla reconozca la necesidad de un modelo económico que equilibre las demandas de justicia social con el crecimiento y la estabilidad económica. La pregunta es si el ELN está dispuesto a hacer concesiones en esta dirección o si continuará aferrándose a su agenda política y económica.

Por otro lado, los empresarios colombianos tienen ahora la oportunidad de jugar un papel proactivo en la construcción de la paz. Si bien la propuesta de Petro les invita a la mesa de negociación, también los coloca en una posición incómoda, obligándolos a enfrentar sus propias responsabilidades en la perpetuación de las desigualdades que han alimentado el conflicto. Su participación es crucial, pero también debe ser crítica, reflexiva y generosa, asegurando su disposición en la construcción de una sociedad más justa.

Los elenos deberían reconsiderar su posición, escuchar más a las comunidades y considerar la invitación que hace la Semana por la Paz – 2024, cuando pone al centro de su accionar el lema “Uniendo Voces Construimos País”. Solo en el diálogo, el logro de acuerdos y el cumplimiento de estos, estará la salida para avanzar en la paz integral. Descongelar las conversaciones, revisar el cumplimiento de lo acordado sin otra pretensión diferente a la búsqueda de la paz, retomar el Cese al Fuego Bilateral y la agenda de la participación, seguramente nos llevará a puerto seguro.

Luis Emil Sanabria D.