El actual gobierno ha dado pasos significativos para sentar las bases de una paz duradera en Colombia. La Reforma Rural Integral, presentada como columna vertebral del Acuerdo de Paz con las FARC, ha sido retomada con voluntad política, comenzando a saldar la histórica deuda con el campo colombiano. La aprobación del acto legislativo que crea el Sistema Nacional de Participación en donde se reconoce la participación ciudadana como un derecho esencial para transformar el Estado desde abajo. A ello se suman los diálogos con el ELN, que avanzaron en una serie de importantes preacuerdos y cuyo proceso debe retomarse; la instalación de mesas de diálogo con otros actores armados.

También es importante destacar los avances en las zonas PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), donde se han materializado algunos proyectos de inversión pública que comienzan a cerrar brechas históricas en infraestructura, agua potable, conectividad, vías terciarias, educación y desarrollo económico. Estas inversiones no solo atienden necesidades urgentes, sino que representan un acto de dignificación y presencia del Estado en territorios marcados por décadas de olvido, exclusión y violencia.

Sin embargo, estos logros, que deben ser reconocidos y defendidos, corren el riesgo de perder fuerza y legitimidad si no se acompañan de una estrategia coherente, activa y territorialmente situada para enfrentar los desafíos actuales. En ese contexto, el silencio y la inacción de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz frente a hechos como el atentado contra el senador Miguel Uribe, los ataques terroristas en el Cauca y Valle, las masacres y los asesinatos de líderes y lideresas es doloroso, preocupante e injustificable.

No se trata únicamente de un silencio comunicativo, sino de la evidencia de una ausencia de estrategia clara para implementar de manera efectiva la Paz Total. Este valioso concepto, que plantea una paz integral, territorial, social y ambiental, exige un enfoque holístico que incluya la escucha activa a las comunidades, una presencia estatal protectora, coordinada y permanente en los territorios, y la participación vinculante de los sectores sociales.

A esto se suma una falla estructural grave, se trata de la ausencia de un marco jurídico sólido que permita negociar con los grupos armados herederos del paramilitarismo, que hoy ejercen control armado, extorsión y desplazamiento en muchas regiones del país. Esta falta de claridad legal alimenta la confusión sobre los alcances y límites del proceso de paz, deslegitima la acción del Estado y deja a muchas comunidades expuestas a ambigüedades operativas y nuevas formas de impunidad.

No hay participación sin garantías, ni democracia real en medio del miedo. La seguridad no se reduce a la militarización, es también la posibilidad de ejercer derechos sin amenazas, de hacer efectivo el poder que reside exclusivamente en el pueblo sin ser asesinado, desplazado o silenciado. Proteger la vida y el liderazgo social es una responsabilidad estatal ineludible. En ese sentido, los delitos de lesa humanidad y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario no pueden seguirse viendo como simples «dificultades operativas». Son delitos que deben ser enfrentados con contundencia, articulación interinstitucional y justicia.

Hoy, cuando la polarización política se agudiza y los sectores armados ilegales escalan su poder de destrucción, la paz no puede seguir siendo una consigna vacía. No basta con sentarse a negociar con quienes tienen fusiles -elemento fundamental en el entramado de la paz-; hay que construir legitimidad a todos los niveles, con quienes tienen palabra, arraigo, memoria y propuesta. Sin una participación amplia y activa de la sociedad en los procesos de paz, se dificultará aún más la transformación estructural y el logro de garantías de no repetición.

Es hora de que la sociedad civil fortalezca su proceso de coordinación, se escuche y actúe con fuerza moral. Desde todas sus expresiones sociales, políticas y económicas debe alzarse una exigencia unificada por el cese del terrorismo, el secuestro, la extorsión, las masacres, el reclutamiento forzado, las desapariciones, los asesinatos, el desplazamiento y el confinamiento. No es momento de resignación; es hora de movilizarse por la vida.

Por eso duele tanto el silencio e inacción. Porque no solo calla ante los crímenes, sino que debilita la promesa de una paz con todos y para todos. La Oficina del Comisionado de Paz debería estar propiciando un proceso pedagógico, político y participativo que concite la coordinación de iniciativas desde los territorios, impulse acuerdos sociales de base, y convoque a un verdadero Acuerdo Nacional.

En estos tiempos de incertidumbre, la paz se construye con coraje, inclusión, coherencia y seguridad para la vida. Urge que quienes tienen la responsabilidad institucional escuchen, dialoguen y actúen con altura ética. Porque si la esperanza en la paz se extingue, lo que vendrá no será solo más violencia, sino la consolidación de la indiferencia como norma de gobierno, y esa, sería la peor derrota de todas.

Luis Emil Sanabria

En tiempos de polarización, conflictos armados y profundas crisis sociales, hablar de paz no es una utopía, sino una necesidad urgente. Sin embargo, construirla no es tarea sencilla ni responsabilidad exclusiva de los gobiernos o de las élites políticas. La paz que perdura en el tiempo y transforma realidades solo puede surgir de un proceso colectivo donde la sociedad civil tenga un papel protagónico.

La sociedad civil comprende un abanico amplio y diverso de actores. En ella se manifiestan organizaciones comunitarias, artistas, movimientos sociales, redes juveniles, colectivos de mujeres, sindicatos, iglesias, pueblos étnicos, personas con discapacidad, población LGBTIQ+, medios alternativos y personas comprometidas con su entorno, entre muchos otros. Estos actores no solo padecen los efectos del conflicto, sino que también poseen conocimientos, recursos y capacidades fundamentales para la transformación de los entornos sociales.

Cuando se les incluye activamente en los procesos de paz, se rompe con la lógica vertical en la que unos pocos deciden por la mayoría. La paz no debe imponerse desde los comandantes de los grupos armados o la dirección política y económica del país; debe construirse con las comunidades, desde abajo, con base en el diálogo, el respeto y la inclusión.

Uno de los grandes desafíos de los acuerdos de paz es su implementación real y sostenida en el tiempo. Muchas veces, los procesos firmados en papel no se traducen en cambios concretos en los territorios. Aquí es donde la sociedad civil juega un papel insustituible, ya que su presencia constante en el terreno le permite hacer seguimiento, exigir y garantizar el cumplimiento de compromisos que no quedan en el olvido.

Además, es innegable que su participación aporta legitimidad a los procesos de diálogo y a lo acordado. Cuando la sociedad se siente parte de la solución, se genera un sentido de corresponsabilidad y pertenencia que fortalece los cimientos de la paz. En muchas ocasiones, los sectores históricamente marginados han sido silenciados tanto en el conflicto como en las mesas de negociación; Sin embargo, son estos mismos sectores quienes mantienen vivas las resistencias, las redes de apoyo y las prácticas ancestrales de resolución de conflictos.

Incluir a la sociedad civil significa fortalecer su coordinación y abrir espacios para estas voces diversas, que enriquecen el debate y aportan soluciones concretas y contextualizadas. No se trata solo de una cuestión de representación simbólica, sino de justicia y eficacia.

La construcción de paz implica un cambio cultural profundo. La sociedad civil es clave en la promoción de una cultura de paz, basada en la educación, la empatía, la justicia y la memoria. Solo cuando las nuevas generaciones conocen las causas de las violencias, sus consecuencias y las historias de resistencia, es posible evitar su repetición.

Organizaciones civiles han liderado procesos de memoria histórica, iniciativas de reconciliación, pedagogías comunitarias y proyectos artísticos que ayudan a sanar heridas y reconstruir el tejido social. La paz no es solo ausencia de violencia, sino presencia activa de justicia, equidad y dignidad. La historia demuestra que los esfuerzos de paz que no incluyen a las comunidades están destinados a fracasar o a generar soluciones superficiales.

La sociedad civil y sus organizaciones no son un actor secundario: son el corazón del cambio. Solo con su participación activa, crítica y constructiva es posible avanzar hacia una paz real, transformadora, solidaria y duradera. Apostar por su inclusión no es solo una decisión ética, sino una condición necesaria para construir un futuro más justo.

Luis Emil Sanabria D

Es innegable que el avance hacia una paz sostenible sigue siendo incierto y demasiado lento. A pesar de los esfuerzos, persisten serios problemas en la búsqueda de la paz integral, lo que genera frustración y desconfianza en los sectores que han apostado por la reconciliación.

Aunque la Ley 2272 de 2022 definió los principios clave para la negociación y la implementación de acuerdos con grupos armados, el Estado no ha avanzado con la celeridad requerida en su desarrollo. Esto ha dejado vacíos jurídicos y operativos que afectan directamente los procesos de negociación y desmovilización, así como la implementación de programas de reinserción y garantías de seguridad para los excombatientes y las comunidades afectadas por la violencia.

Un aspecto preocupante es la falta de impulso a la cultura de paz. No basta con establecer mesas de diálogo y firmar preacuerdos si no se trabajan los cambios estructurales en la sociedad que permitan que la paz sea vivida y abrazada. La creación de un ambiente social proclive a la paz, el fortalecimiento de valores democráticos y el reconocimiento de la memoria histórica son fundamentales para transformar una sociedad que ha sufrido la violencia armada por décadas. Sin embargo, estos aspectos han sido relegados en las políticas públicas, y la promoción de la cultura de paz, en el mejor de los casos, sigue siendo dispersa y fragmentada.

En este contexto, es esencial diferenciar entre la paz territorial y la paz nacional. La paz territorial implica estrategias que reconozcan las realidades locales, respetando las dinámicas de cada región y protegiendo los liderazgos comunitarios. Sin embargo, esta visión ha sido poco desarrollada, y las comunidades han manifestado que los procesos de paz no han aterrizado en sus territorios de manera efectiva. Por otro lado, la paz nacional requiere una articulación clara entre las entidades de gobierno y las políticas de seguridad y desarrollo, y así crear condiciones que permitan avanzar hacia una estabilidad duradera. Sin una integración efectiva entre estos dos niveles de construcción de paz, el país seguirá enfrentando ciclos de violencia y reconfiguración de actores armados.

La política de paz del actual gobierno, ha minimizado la experiencia y los aportes de la sociedad civil en la construcción de paz. Organizaciones comunitarias, colectivos de víctimas, movimientos de mujeres y redes de derechos humanos y paz de carácter nacional y regional han jugado un papel crucial en la resistencia pacífica y la reconciliación. Sin embargo, sus propuestas y conocimientos han sido marginados en el diseño e implementación de políticas de paz, lo que limita el impacto de las iniciativas gubernamentales y genera una desconexión con las realidades locales.

Por otro lado, la falta de coordinación entre las organizaciones que trabajan por la paz es otro de los grandes desafíos. A pesar de los esfuerzos de muchos actores, la ausencia de una estrategia conjunta reduce la efectividad de las iniciativas y dificulta la incidencia en políticas públicas. Se requiere un mayor esfuerzo para articular acciones, compartir experiencias y generar sinergias entre las organizaciones de paz para movilizar, incidir, rodear, presionar y mantener los espacios de diálogo para la paz.  Es imprescindible que el Gobierno diseñe una política de paz que involucre de manera activa y estructurada a las organizaciones sociales, garantizando su participación en la toma de decisiones y asegurando que sus esfuerzos sean complementarios y no paralelos a las iniciativas estatales.

Una de las mayores falencias del proceso de paz es la falta de una estrategia integral que no solo guíe el accionar del Estado, sino que también permita una coordinación efectiva con la sociedad civil, la comunidad internacional y las políticas gubernamentales de cambio. Sin una hoja de ruta clara e integral, las acciones quedan dispersas, sin continuidad y sin impacto real en las comunidades. Es urgente una mayor voluntad política, un compromiso real con la sociedad civil y una estrategia clara que articule todos los esfuerzos. Sin estos elementos, la paz seguirá siendo un horizonte inalcanzable para muchos colombianos y colombianas.

Luis Emil Sanabria D.