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Etiqueta: Paz

La paz integral en Colombia: ¿seremos capaces?

Es hora de que la sociedad colombiana, en su mayoría, tome una decisión firme y colectiva: avanzar hacia la construcción de una paz que no solo ponga fin a la violencia armada, sino que aborde las raíces de las desigualdades y los conflictos cotidianos. Para ello, es crucial superar, entre otros, seis grandes obstáculos: la corrupción, el narcotráfico, la privatización de servicios esenciales, la violencia armada, la minería ilegal y la dependencia económica y tecnológica. Estos males no solo perpetúan la violencia, sino que también minan la posibilidad de un desarrollo justo y equitativo.

La corrupción es quizás el mayor enemigo de cualquier proceso de paz y desarrollo. Ha permeado todos los niveles de la sociedad colombiana, desde las instituciones estatales hasta el sector privado, afectando gravemente la confianza del ciudadano en el Estado. Es necesario implementar una reforma política que ataque la corrupción de raíz, mediante mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y el fortalecimiento efectivo del poder disuasivo y judicial del Estado. Fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública es fundamental para garantizar que los recursos destinados a la paz y al desarrollo no sean desviados ni mal utilizados.

 

El narcotráfico es otro de los grandes flagelos que ha alimentado la violencia en Colombia e impide el desarrollo económico sostenible. Este fenómeno ha financiado tanto a grupos armados ilegales como a redes de corrupción, creando un círculo vicioso difícil de romper. Es urgente seguir avanzando en una reforma rural integral que ofrezca alternativas económicas viables a las comunidades campesinas que hoy dependen del cultivo de coca, profundizar el desmantelamiento de las mafias dedicadas al lavado de activos, y ejercer un control efectivo sobre los insumos utilizados en la producción de cocaína, como la gasolina, el cemento, la maquinaria y los productos químicos importados.

La privatización de servicios esenciales, como la salud, el agua potable, la energía eléctrica, y el debilitamiento de la educación pública, han exacerbado las desigualdades. La falta de acceso equitativo a estos servicios ha generado un profundo resentimiento en amplios sectores de la población, alimentando el conflicto social. El Estado debe recuperar su papel como garante de estos derechos, asegurando que los recursos públicos se utilicen para beneficiar a toda la población, construyendo verdaderas alianzas con sectores sociales y privados. Estas alianzas deben fomentar la iniciativa de la gente, vinculándola al desarrollo sostenible de forma transparente y justa, en lugar de perseguirla.

La minería ilegal es otra de las problemáticas graves que enfrenta Colombia, no solo por el daño ambiental que causa, sino también porque alimenta la violencia armada y la corrupción. Las regiones ricas en recursos naturales se ven atrapadas en un ciclo de explotación que no beneficia a las comunidades locales. Es necesario continuar fortaleciendo, como se ha venido haciendo, la regulación estatal y la presencia institucional, impidiendo que la minería ilegal siga devastando ecosistemas y perpetuando la violencia. Es esencial promover alternativas económicas sostenibles para las comunidades afectadas, de manera que puedan salir del ciclo de dependencia de la minería ilegal.

Colombia debe promover la diversificación económica que permita a las comunidades rurales y urbanas acceder a fuentes de ingresos legales y sostenibles. Esto incluye el fortalecimiento del sector productivo agrícola, el apoyo a pequeñas y medianas empresas urbanas, y la promoción de proyectos de desarrollo local que sean inclusivos y respetuosos del medio ambiente. De ahí la importancia de modificar la Ley 101 de 1993, que establece un mecanismo de inversión obligatoria en el sector agropecuario. Con las medidas complementarias necesarias para no afectar al ahorrador o al cliente bancario, se deben ampliar los beneficios de esta ley a sectores de la economía popular, cooperativa y solidaria, que hoy requieren créditos blandos y ágiles.

La violencia armada sigue siendo una realidad dolorosa en Colombia. La sociedad en general, con el apoyo del Estado, debe hacer entender, mediante la movilización, la deslegitimación, la construcción de territorialidad, la participación política, la cultura de paz, el diálogo local y nacional, entre otras formas, a los grupos armados con reconocimiento político, a los herederos del paramilitarismo y a las bandas delincuenciales de acción urbana, su firme decisión de avanzar por el camino de la paz para construir la paz. Por su parte, el Estado debe implementar políticas de seguridad que vayan más allá de la militarización y continuar fortaleciendo la justicia, la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos de paz. La construcción de la paz no será más lenta mientras el miedo siga siendo una constante en la vida de miles de colombianos y colombianas.

Es el momento de que la sociedad colombiana, una sus voces, tome una decisión valiente y avance hacia la construcción de una paz verdadera y duradera. La historia de Colombia ha demostrado que los cambios significativos solo son posibles cuando existe una voluntad colectiva de transformar la realidad. Hoy, más que nunca, es necesario que esa voluntad se materialice en acciones concretas y sostenibles.

Luis Emil Sanabria D.

Clan del Golfo inicia diálogos de paz con el Gobierno Petro

El Gobierno Nacional expidió una resolución confirmando el inicio de las negociaciones con el Clan del Golfo para un eventual proceso de sometimiento a la justicia.

Los integrantes del Clan del Golfo que participarán como voceros del grupo armado ilegal son seis y a la cabeza estará Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, más conocido como alias ‘Chiquito Malo’, el máximo cabecilla de esta estructura. también estarán Orozman Orlando Osten Blanco, José Gonzalo Sánchez, Elkin Casarrubia Posada, José Miguel Demoya Hernández y Luis Armando Pérez Castañeda.

 

En la resolución se expresa que este será un «espacio de conversación sociojurídico’ con los representantes de esta organización criminal, en donde se verificará la voluntad de la estructura armada de transitar al Estado de Derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos en la ley, y construir paz en los territorios bajo la dirección del Consejero Comisionado de Paz”.

Se espera una decisión por parte del Gobierno Nacional que permita conocer si las Fuerzas Militares y de Policía continuarán con su labor de persecución y combate al Clan del Golfo o si habrá un cese al fuego.

ELN pone una nueva condición al Gobierno de Petro

En un comunicado de dos páginas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). condicionó la extensión del cese al fuego con las Fuerzas Militares y de Policía, a que el Gobierno Nacional le quite la categoría de Grupo Armado Organizado (GAO).

“El 3 de agosto se vence la prórroga del Cese Bilateral, Nacional y Temporal. Si es de interés del Gobierno darle continuidad, y aprovechando que su Delegación de Diálogos ha manifestado que ‘existe una resolución presidencial en la que se reconoce de manera explícita el carácter político del ELN y su condición de organización armada rebelde’, entonces la haga efectiva con un decreto presidencial retirando al ELN de la lista de los GAO”, dice el comunicado.

 

El Eln asegura que ha cumplido con los acuerdos firmados, y señala al Gobierno de faltar a su palabra con respecto a lo pactado sometiendo a «crisis el Proceso de Paz, haciendo caso omiso a las solicitudes».

«El Gobierno dice que en el ELN no tenemos voluntad de paz y que solo pretendemos fortalecernos militarmente, en la realidad los incumplimientos del Gobierno sí han afectado la seguridad e integridad de nuestra fuerza y territorios, pues la alianza de las Fuerzas Militares y de Policía del Estado con los paramilitares y todo tipo de bandas venidas de las Ex-Farc ha sido el camino más expedito para incumplir y violar el Cese el Fuego pactado y mejorar sus posiciones en el territorio a la vez que extiende el control de los grupos paramilitares y bandas afines con su proyecto de control con base en la minería extractivista», señala la guerrilla.

La paz no puede esperar

La preocupación invade las mentes y los corazones de las comunidades donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene presencia armada. Y no es para menos. Existe el riesgo de que las delegaciones en la mesa de diálogo establecida para superar el conflicto armado entre esta organización y el gobierno, que este año ha alcanzado los sesenta años, no vuelvan a encontrarse, se suspendan indefinidamente los diálogos, se rompa el cese al fuego bilateral y se reanuden las confrontaciones, afectando aún más a estas comunidades.

En un país que ha sufrido décadas de conflicto armado, la posible suspensión de los diálogos no solo es preocupante, sino que representa un riesgo inaceptable para los avances logrados en la búsqueda de la paz. Es imperativo que ambas partes retomen la mesa de diálogo y continúen trabajando hacia un acuerdo que beneficie a toda la sociedad colombiana.

 

El cese al fuego entre el Gobierno y el ELN ha tenido impactos positivos tangibles. Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), durante el cese al fuego bilateral que se estableció en 2022, se ha registrado una reducción del 60% en los actos de violencia en las zonas de conflicto. Este descenso no solo ha salvado vidas, sino que también ha permitido que comunidades enteras vivan sin el temor constante de enfrentamientos armados .

Los diálogos entre el Gobierno y el ELN han logrado importantes avances que no deben ser subestimados. En rondas de negociación anteriores, se han alcanzado acuerdos significativos. Se han pactado y desarrollado acciones humanitarias conjuntas para mitigar el impacto de la confrontación, lo que ha permitido, en cierta medida, recuperar la seguridad de las comunidades locales. Se suspendió por un buen tiempo la práctica del secuestro y se posibilitó el regreso a casa de varias personas que se encontraban en poder de esta guerrilla.

Se logró un acuerdo para la participación ciudadana, con la instalación del Comité Nacional de Participación y la realización de encuentros y pre-encuentros territoriales y sectoriales que permitieron la construcción de un mecanismo de participación, que se espera afanosamente sea implementado. Además, se avanzó en diálogos participativos con población víctima del conflicto armado y con población con discapacidad, adelantando elementos de la agenda que estaban previstos para más adelante .

La interrupción de los diálogos constituye un paso atrás que el país no puede permitirse, ya que esto alejaría las posibilidades de la paz integral y total, impediría las inversiones sociales en amplias zonas del país y nos devolvería a los años en los que se privilegió la confrontación armada sobre los cambios estructurales. Es crucial que tanto el Gobierno como el ELN evidencien su compromiso con la paz y reanuden las negociaciones. La conversación y el acuerdo son los únicos caminos legítimos y efectivos para lograr una paz duradera en nuestra nación.

Hay que evitar, como sea posible, que el dolor, la sangre, la muerte y la desesperanza, se apropien de los lugares que hoy ocupan las y los negociadores. Así como el país logró superar a buena hora, el espectáculo de la muerte que llenaba de sangre la arena de coliseos, herencia de la barbarie patriarcal del imperio romano que por fin superamos con la firma de la Ley que prohíbe las corridas toros, la sociedad espera celebrar la vida y recuperar el amor comprometido con la superación de la pobreza, como lo dijo el poeta Chucho Peña “con el coro de la vida cantarán los hombres las mujeres y los niños con la paloma sin cazador y el toro sin torero para que en nuestros escenarios jamás jamás sea un espectáculo la muerte

Los beneficios de la paz son inmensurables. La paz no solo implica el cese de la violencia directa, sino también la creación de un entorno donde las personas puedan vivir con dignidad, seguridad y oportunidades. Que las y los niños puedan ir a la escuela, sabiendo que algún día serán profesionales, si así lo desean; que las mujeres campesinas puedan parir tranquilas sabiendo que sus hijos e hijas además de nacer con buena salud, no serán reclutados por ningún actor armado. Según el informe del Instituto de Economía y Paz, los países que logran la paz sostenible experimentan un crecimiento económico más rápido y una mejor calidad de vida para sus ciudadanos .

El cese al fuego temporal o definitivo, como anhelan las grandes mayorías, tiene impactos positivos significativos. No solo reduce el número de víctimas directas del conflicto, sino que también permite su reparación integral y hace posible que las comunidades reconstruyan sus vidas y recuperen la confianza en la posibilidad de alcanzar la equidad y la justicia social. Además, el cese al fuego crea un ambiente propicio para la construcción de confianza entre las partes y para la implementación de programas de desarrollo y reconciliación. Como señala el Instituto Internacional de Paz de Estocolmo, ‘la paz sostenible solo puede lograrse mediante la inclusión y la participación activa de todos los actores en el proceso de paz’.

La participación ciudadana en la construcción de paz es fundamental. «Cuando los ciudadanos están involucrados en el proceso de paz, los acuerdos son más inclusivos y reflejan mejor las necesidades y aspiraciones de la población», afirma el Centro Internacional para la Justicia Transicional. Esta participación no solo legitima el proceso de paz, sino que también asegura su sostenibilidad a largo plazo, al empoderar a las comunidades y fomentar un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida.

No quisiera seguir pensando que este proceso, asumido con seriedad por las partes y rodeado con entusiasmo por el pueblo colombiano y la comunidad internacional, se vea empañado por el desfile de las vanidades, las descalificaciones o la intransigencia. El señor Otty Patiño es personas con suficiente experiencia y compromiso con la construcción de una Colombia justa y en paz, la misma motivación manifiesta el Sr. Antonio Garcia. Sus capacidades y el desarrollo de empatías para superar las diferencias y avanzar hacia la continuidad del proceso de paz son cruciales. La historia popular les reconocerá esa decisión y ese compromiso, ya que de esto depende en gran medida nuestra capacidad para creer nuevamente en un presente y futuro mejor.

Existen dos delegaciones, una por cada parte, que han construido un importante nivel de interlocución y confianza. El papel destacado de Vera Grabe, jefa de la delegación del gobierno colombiano, junto con los valiosos aportes de todo el equipo negociador, han sido fundamentales en este proceso. Asimismo, la sorprendente demostración de serenidad de Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, y la capacidad de escucha de los integrantes de la delegación guerrillera, demuestran sin ninguna duda que las condiciones están dadas para avanzar por la ruta planteada en la agenda firmada en México. En ellos y ellas también está puesta la esperanza popular. Este nivel de compromiso y profesionalismo es esencial para construir un camino hacia una paz duradera, donde las diferencias se superan a través del diálogo y la colaboración mutua.

Es la hora de la paz, del fortalecimiento del constituyente primario, de su capacidad propositiva y transformadora para hacer posible que lo pactado se haga realidad. Uniendo voces en todos los rincones de la geografía nacional, tanto en campos como en ciudades, seremos capaces de construir un país inclusivo, respetuoso de la diferencia y profundamente democrático. Un país donde todas y todos gocemos de nuestros derechos y cumplamos con nuestros deberes. Una sociedad capaz de superar la inequidad económica, cultural y política, y cuya riqueza beneficie a todos y todas. La paz es posible; desistir de su búsqueda nos condena a renunciar a un presente y un futuro mejor.

Luis Emil Sanabria D.

Juan Fernando Cristo habló con Aliadas sobre cómo implementar la paz

En el reciente encuentro del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo con la Alianza de Asociaciones de Gremios de Colombia (Aliadas), ente que agrupa asociaciones y gremios de distintos sectores económicos del país, el funcionario los invitó a trabajar en la implementación del Acuerdo de Paz, la construcción de una agenda legislativa concertada y a aportar desde su experiencia en la autonomía territorial del país.

“hay un paquete de leyes de la implementación del Acuerdo de Paz que queremos concertar, hay otro paquete de reactivación económica que no va a ser presentado hasta no discutirlo con las bancadas y con los gremios económicos y los sindicatos del país”, dijo el funcionario.

 

Por su parte, María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas, manifestó que los diferentes gremios económicos están prestos para trabajar en ese Acuerdo Nacional y a contribuir con sus puntos de vista para el trámite de las reformas y proyectos que se gestionarán en el Congreso de la República.

“Definitivamente vemos y celebramos la intención y la buena disposición del ministro Cristo en abrirle el espacio al diálogo, desde Aliadas hemos mencionado que estamos dispuestos a escuchar, pero también que nos escuchen y que podamos empezar a pasar de diálogos a consensos que salgan de debates respetuosos… que pasemos de los mensajes a la acción, donde no se menosprecien las diferencias de opiniones y que definitivamente trabajemos mancomunadamente hacia un solo propósito que es sacar adelante a Colombia”, aseguró Lacouture.

Durante la reunión, el Ministro Cristo les expresó la necesidad de aplicar los acuerdos de paz de 2016 para la transformación de los territorios en las zonas PDET. “Revisemos qué es lo prioritario y hágamos un pacto territorial donde los gobernadores nos ayuden y otras instituciones nacionales e internacionales. Nos comprometemos en unos pactos de aquí a 2027 para trabajar en la implementación, un plan de obras para trabajar de la mano con las comunidades”, precisó el Ministro.

La paz endeudada

Hay una protuberante e inocultable deuda de la paz que hemos construido en Colombia: transformar los territorios excluidos. Son precisamente estos espacios de nuestra geografía, abandonados a su propia suerte, los que históricamente se consolidaron como retaguardia militar y base política y social de las organizaciones guerrilleras. Estos mismos territorios han soportado el brutal impacto del conflicto armado entre guerrillas y fuerzas militares, y  sufrieron como pocos la sangrienta incursión paramilitar. Allí se han concentrado los mas dramáticos indicadores de pobreza, viven del imperio de las economías ilegales y acusan una especial debilidad institucional.

A esa deuda se refiere el más informe presidencial ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la implementación del Acuerdo de Paz. Y la ley de paz total o Ley 2272 del 2022 constituye una oportunidad para saldarla cuando en su articulo 7 establece que “..el Presidente de la República podrá construir Regiones de Paz, en las que se adelanten, con su autorización, diálogos de paz…”.

 

No se trata de soslayar los indudables avances derivados de 34 años de experiencias de acuerdos de paz en la Colombia contemporánea. Con el pacto de paz que trajo al M19 a la vida civil se inauguró un ciclo de negociaciones que completaron 10 acuerdos en una suerte de paz parcelada, escalonada e incremental. Además del M, el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT, el Ejército Popular de Liberación EPL, el Movimiento Indigena Armado Quitín Lame, el Frente Francisco Garnica, los Comandos Ernesto Rojas, las Milicias del MIR COAR de Medellín, la Corriente de Renovación Socialista CRS, las Autodefensas Unidas de Colombia y las FARC-EP abandonaron las armas luego de acuerdos con el Estado. En este período, se han reincorporado 71.500 combatientes, de los cuales 49 mil provienes de esta paz pactada y 22.500 de procesos de reinserción individual.        

Pero el logro no se reduce al desarme y la reincorporación de ejércitos enteros. La caída sostenida en la tasa de homicidios ha sido brutal en el mismo período: de una tasa de 71,2 por cada 100 mil habitantes en 1990 cuando se produjo el primer acuerdo de paz, hemos pasado a 25,7 en el año 2023. Aunque en el Gobierno Gaviria la tasa subió por cuenta de la oleada narcoterrorista de aquel entonces a 77,4, su descenso arrancó en el Gobierno Samper (69,1), Pastrana (61, 2), Uribe (34,3), Santos 1(32,4), Santos 2 (25,3) y Duque (26,1), cifras que como se ve están asociadas al impacto de los acuerdos y reincorporaciones, especialmente al desmonte de las AUC en el período Uribe y al proceso de paz con las FARC en tiempos de Santos.

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que a este largo ciclo de paz que hemos tenido que transitar en medio de la persistencia de fenómenos de violencia, debemos también el proceso constituyente y el cambio de la Constitución en 1991, las experiencias de importancia mundial en materia de justicia transicional como los tribunales de Justicia y paz y la Jurisdicción Especial de Paz, la Ley de Victimas y el reconocimiento de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Junto a una generosa institucionalidad pública para cumplir los acuerdos y construir un proyecto sostenible de reconciliación, nuestra democracia ha podido presenciar la llegada por fin de la alternancia política izquierda/derecha verdadera puerta de entrada al posconflicto, con el triunfo electoral de un exguerrillero del M19 como Gustavo Petro.

Aún así, los territorios excluidos fueron ocupados una y otra vez por economías ilegales y violencias recicladas, al tiempo que se producían las desmovilizaciones y los desarmes. El telón de fondo de este “eterno retorno” de la guerra ha sido la pobreza multimensional de estos territorios y su exclusión histórica y estructural del resto de la nación y de los grandes centros de poder económico y político del país.     

La paz total que se propone el Gobierno Petro no solo será posible con acuerdos que cierren de manera definitiva la confrontación armada, cada vez más degradada y devaluada. Dependerá de la capacidad que tengamos como Estado y como sociedad para pagar esa deuda con una política pública hacia los territorios excluidos y con una persistente e integral estrategia de paz territorial. 

Antonio Sanguino

El Congreso colombiano debe legislar para la paz

El Congreso de Colombia, como pilar fundamental de la democracia representativa, tiene un rol crucial en la construcción de un país más justo, unido y en paz. Esta no es solo una tarea del ejecutivo en cabeza del Presidente de la República o de la rama judicial. La Constitución Política Nacional establece claramente los deberes y obligaciones de este cuerpo legislativo, subrayando la importancia de velar por la construcción y mantenimiento de la paz, propender por la unidad nacional y buscar el bienestar social de las y los colombianos.

En este periodo legislativo que inició el pasado 20 de julio, el Congreso de la República enfrenta varios desafíos en el cumplimiento de su mandato constitucional. La corrupción, la polarización política y la violencia persistente son obstáculos significativos que impiden el avance hacia una sociedad en paz, equitativa y justa. Dentro de sus obligaciones no solo está la creación de leyes, sino también su aplicación y supervisión adecuadas. El Congreso debe superar la práctica individual de hacer cola en los despachos del ejecutivo para “gestionar” proyectos a favor de sus electores, desvirtuando su labor y convirtiendo su credencial en un pase transaccional de favores.

 

La firma de los acuerdos de paz de la década de los años 90 del siglo pasado, que sellaron mediante la firma de la Constitución un nuevo pacto de unidad para la paz, el acuerdo con los grupos paramilitares finalizado en 2006, y el acuerdo de paz en 2016 con las FARC-EP, han sido hitos significativos. Sin embargo, la construcción de la paz integral y duradera requiere un esfuerzo legislativo continuo y comprometido.

La Constitución Política, en su preámbulo, resalta la importancia de «asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz». Además, el Artículo 22 establece que «la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento». No queda duda de que el Congreso tiene la responsabilidad central de legislar para garantizar estos principios, que son la base fundamental del Estado Social de Derecho.

El Artículo 95 impone a los ciudadanos el deber de «obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas», y este principio se extiende al rol del Congreso en la promoción de políticas que fomenten la cohesión y la solidaridad nacional. Su obligación fundamental está con el pueblo que les transfiere su poder para crear leyes y no con las personas jurídicas o naturales que aportan recursos económicos o materiales a las campañas.

Honorables congresistas de todas las vertientes ideológicas, su compromiso con el constituyente primario, es la de legislar para la paz, lo que implica la creación y promulgación de leyes que garanticen la equidad, la justicia social y ambiental, faciliten la implementación de los acuerdos de paz, promuevan la reconciliación y aseguren la justicia transicional. Para eso es que el pueblo les paga, para eso es que ustedes juraron ante la constitución y la ley, una vez tomaron posesión de su cargo.

La unidad nacional es otro mandato crucial para el Congreso. En una sociedad marcada por profundas divisiones políticas, sociales y económicas, es imperativo que el Congreso promueva la cohesión social y la inclusión. Su principal misión, en este sentido, es promover y garantizar el correcto trámite de las diferencias al seno del recinto del congreso y por fuera de este, buscando siempre anteponer los intereses de sus representados a los caprichos de su voluntad o a los intereses de la economía de mercado.

El Congreso debe cultivar los más altos valores democráticos y de comportamiento, independiente de lo fuerte que sean sus argumentos a favor o en contra de una propuesta legislativa. Imponer un punto de vista, una opinión o una propuesta, haciendo alarde, desde la cultura patriarcal, de la violencia física o verbal, le quita a los y las congresistas su autoridad moral y política para criticar o señalar cualquier acto violento de cualquier compatriota.

Necesitamos un Congreso que legisle a favor de la inclusión social y política, capaz de desarrollar, fortalecer y crear leyes que protejan y promuevan los derechos de las comunidades afrodescendientes, de los pueblos indígenas, de la población LGBTIQ+, de las mujeres, de las víctimas del conflicto armado, de los campesinos, pescadores, mineros, de empleados y trabajadores. El poder legislativo debe profundizar y garantizar, mediante una reforma política profunda, el ejercicio de la Democracia Directa y el poder soberano del pueblo contemplados en el artículo 3° de la Constitución.

El bienestar social es otro pilar importante en el mandato legislativo del Congreso, en correspondencia con el pacto político de 1991 y de los acuerdos de paz. Para asegurar el bienestar de todos y todas, sin privilegios de clase, estatus o cualquier otra consideración, el Congreso debe centrarse en este periodo que comienza, en garantizar el acceso universal y de calidad a servicios de salud y educación, la reforma rural integral, así como en promover leyes que fomenten el desarrollo económico sostenible, la reducción de la pobreza y el favorecimiento de la equidad en la distribución de los recursos.

Poniendo como ejemplo el proyecto de Ley de reforma a la salud, el legislativo debe prestar especial atención al proyecto de ley propuesto por las asociaciones de profesionales de la salud, para reglamentar la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015. Esta propuesta contempla, entre otras consideraciones, el desarrollo de un sistema público y descentralizado, con participación de entidades públicas, mixtas y privadas en la prestación de servicios, y garantizando que el sistema no esté a cargo de empresas con fines de lucro. Además, propone el acceso universal e igualitario, no condicionado a la capacidad de pago o afiliación, y garantizar a los trabajadores del sector salud condiciones laborales justas, dignas y estables, además de una política permanente de formación y actualización profesional.

El Congreso tiene la obligación constitucional de legislar para la paz, buscar la unidad nacional y promover el bienestar social. Esta legislatura debe abordar la discusión amplia y generosa de un proyecto de ley de sometimiento o acogimiento a la justicia, que le abra el camino a una solución negociada que beneficie a las comunidades en donde se imponen los grupos herederos del paramilitarismo. La paz integral, la paz con todos los grupos, la paz negociada requiere un congreso rodeando las mesas de negociación, proponiendo y exigiendo el respeto por la población civil y la instalación de diálogos regionales en donde la voz de la sociedad sea escuchada y genere compromisos vinculantes con los acuerdos a pactar.

El legislativo puede contribuir significativamente a la construcción de un país más justo, equitativo y en paz, y al logro de un nuevo Acuerdo Nacional que ponga en el centro la superación de la corrupción, la pobreza y el conflicto armado. Aunque el camino es arduo y lleno de desafíos, el compromiso y la acción decidida, uniendo voces, pueden llevar a Colombia hacia un presente mejor y un futuro más esperanzador.

Luis Emil Sanabria D.

Los del nunca

Volvieron a aparecer “los del nunca”. Con el discurso del Presidente Gustavo Petro ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el pasado 11 de julio sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC, los energúmenos opositores de la paz desempolvaron sus falacias para negarse a un Acuerdo Nacional y atravesarse a la iniciativa de un nuevo Fast Track que permita saldar el déficit legislativo que hoy arrastra el cumplimiento de lo pactado.

Fue el entonces presidente Juan Manuel Santos el que les enclochó el remoquete. Y no le falto razón. Porque la derecha uribista le dijo NO con uñas y dientes a la Ley de Victimas y Restitución de Tierras que recuperó la definición de “conflicto armado interno” a lo que el “patrón del ubérrimo” y sus áulicos denominaban “amenaza terrorista”, que se constituyó en la antesala a la apertura de diálogos de paz con las guerrillas. Después dijeron NO a los diálogos de la Habana y consideraron una traición imperdonable de un Presidente que ellos reclamaban como suyo. Cuando el Acuerdo de Paz se sometió al plebiscito, ellos adelantaron una campaña por el NO que a punta de mentiras sacaron una parte de la población a votar “emberracados” contra la paz. Luego dijeron NO a las modificaciones incorporadas en el Acuerdo del Teatro Colon. Y dijeron NO al Fast Track y votaron NO todas las reformas derivadas del Acuerdo y puestas a consideración del Congreso. Lo dicho: Nunca les gusta nada cuando de paz y cambios democráticos se trata.     

 

Los mensajes dejados por el presidente ente el Consejo de Seguridad dan cuenta de un balance de los cumplimientos por parte del Estado y del actual gobierno del Acuerdo de Paz, luego de un cuatrienio anterior cuyo presidente Duque se propuso hacer trizas el acuerdo. Pero también señalo los bloqueos y obstáculos estructurales e institucionales que impiden el cumplimiento pleno de un pacto de paz que constituye un compromiso de Colombia ante el mundo. Se atrevió Petro a solicitar mayor apoyo de la comunidad internacional, e incluso a extender por 7 años mas la vigencia temporal del Acuerdo.

Los conocedores del tema y la propia Misión de Verificación de las Naciones Unidos o el Instituto Kroc sabemos que el rezago legislativo es brutal, del orden del 50%. En desarrollo rural y reforma agraria no terminamos de expedir las leyes para el funcionamiento de la tan esperada jurisdicción especial agraria o el ajuste a las normas que agilicen el acceso a tierras para los campesinos; siguen embolatadas la reforma política y electoral, y la nueva ley en materia de participación ciudadana; El tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de cultivos de uso ilícito previsto avanza a paso de tortuga después de seis intentos; y las modificaciones a la Ley de Victimas siguen en veremos.  

No había terminado su alocución en Nueva York el Presidente cuando saltaron “los del nunca”. Como en los tiempos de Santos se niegan a tramitar cualquier acuerdo con el gobierno y las fuerzas políticas progresistas. Están empeñados en que su retorno al poder signifique el entierro de la alternancia política que se inauguró con la llegada de las izquierdas al poder. Y no se mueven un milímetro en pactar cambios que mejoren la vida de las mayorías. Ahora dicen que el Fast Track es para que Petro meta de contrabando sus reformas, cuando de lo que se está hablando es de saldar la deuda que el Congreso de la Republica aún tiene con el Acuerdo de Paz.

El nuevo ministro del Interior Juan Fernando Cristo, con el espaldarazo que pueda recibir del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con unas nuevas mesas directivas de Senado y Cámara que se elegirán el próximo 20 de julio, tiene es sus manos la tarea de tejer los acuerdos políticos que eviten que los del nunca se salgan con la suya en detrimento de nuestro derecho a la paz.  

Antonio Sanguino

Preocupación de la delegación del Gobierno en los diálogos con el ELN por la cercanía del final del cese al fuego 

La delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) busca una reunión urgente con el equipo negociador de esta guerrilla para establecer un acuerdo que permita la prórroga del cese al fuego vigente hasta el próximo 3 de agosto.

Para el grupo de delegados por parte del Gobierno es urgente definir este asunto y además superar preocupaciones porque los compromisos adquiridos con el desarrollo de la participación de la sociedad civil van a paso lento y además el cese al fuego expira en las próximas semanas de agosto.

 

Sobre esta suspensión, de manera reiterada se ha solicitado a la Delegación de Paz del ELN retomar las labores de la mesa para resolver de manera bilateral y constructiva como las dificultades que se han presentado, siempre anteponiendo a otras consideraciones las necesidades de lograr cuanto antes la transición a la paz y la protección de las comunidades que padecen los efectos del conflicto armado», dice el equipo en el comunicado a la opinión pública.

 La delegación agradece a las Naciones Unidas todo el acompañamiento que ha dado a los diálogos, destacando la labor del secretario general, Antonio Guterrez, lo mismo que la del jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz.

Consejo de derechos humano de la ONU aprobó la resolución que pide dar mayor apoyo a la paz en Colombia

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la resolución en la que se solicita a la comunidad internacional un mayor apoyo para la debida y correcta implementación del acuerdo de paz firmado por Colombia y las extintas Farc.

En el texto se hace invitación a los países miembros y a los observadores a contribuir de manera más activa en llevar ese acuerdo de paz del papel a la realidad de los territorios que durante décadas enteras han padecido las consecuencias del conflicto armado.

 

En uno de los apartes se recomienda a la fiscalía general de la Nación investigar las denuncias interpuestas en 2023 por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que veía obstaculizaciones en casos como el de ‘Jesús Santrich’, quien reincidió y ayudó en la fundación de la Segunda Marquetalia.

Pide además que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, vele para que asignen a la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos Volker Türk los recursos necesarios para cooperar técnicamente con Colombia en la implementación del acuerdo de paz.

Gobierno inicia diálogos con la Segunda Marquetalia

El Gobierno dio inicio en Caracas a las primeras conversaciones de paz con la disidencia de las FARC Segunda Marquetalia, liderada por aquellos que se desligaron de los acuerdos de paz de 2016 dos años después por el incumplimiento de los mismos por parte del ejecutivo del entonces presidente Iván Duque.

La pasada semana, el presidente Gustavo Petro designó a su mesa negociadora, formada por seis delegados entre los que destacan el exmagistrado Armando Novoa, uno de los artífices de la Constitución de 1991, el exministro de Justicia Parmenio Cuéllar, y el coronel retirado Jaime Joaquín Ariza, entre otros.

 

Según declaraciones de Novoa, la mesa de diálogo no comenzaría con un alto el fuego, sino con una desescalada de las operaciones de la Segunda Marquetalia, que a diferencia de otros grupos armados no tiene como principal objetivo atacar directamente a los poderes del Estado.

Por su parte, la delegación guerrillera estará formada por doce delegados, entre los que sobresale José Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza’. Tras establecerse la mesa este lunes, el primer ciclo de los diálogos se prolongarán hasta este sábado, cuando está previsto que se anuncien las primeras conclusiones del encuentro.

La Segunda Marquetalia –que toma su nombre del lugar de origen de las FARC allá por 1964– mantiene una enconada disputa con otros grupos armados, especialmente con la otra disidencia del Estado Mayor Central (EMC), quienes no se consideran como tal, pues nunca se sumaron a los acuerdos de paz de La Habana.

Liderada por Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, él es el único de los cabecillas que tras renunciar a los acuerdos de paz y retomar la lucha armada sigue con vida. Las operaciones del EMC y del Ejército han dejado seriamente maltrecha al grupo, que cuenta, según algunas estimaciones, con unos 1.200 guerrilleros.

Se cree que la mayoría de los líderes de esta disidencia operan desde las zonas fronterizas en territorio venezolano, a donde incluso el Ejército colombiano ha llegado a penetrar para llevar a cabo operaciones con éxito contra el grupo.

A diferencia del EMC, no ha llegado a crecer tanto, aunque cuenta con una quincena de subestructuras en el suroeste de Colombia, llegando a tejer alianzas también con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con quien también negocia la paz el Gobierno de Petro.

El Gobierno ha acogido con satisfacción la renuncia de la guerrilla a los secuestros como forma de financiación, su predisposición a negociar con ganaderos y grandes latifundistas a fin de lograr un reparto equitativo de las tierras –demanda original de las FARC–, así como su retórica a favor del medioambiente.

No obstante, queda todavía por fijar el marco legal en el que se situará al grupo, ya que podría haber perdido su estatus político –del que goza el ELN– al haberse desligado de los acuerdos de paz de 2016 y por tanto ser catalogado como organización criminal, lo que modificaría por completo el devenir del diálogo.

La negociación que se inicia este lunes en la capital venezolana es una nueva oportunidad para abordar un conflicto enquistado durante décadas y que en los últimos años se ha intensificado. El de Segunda Marquetalia será el tercer proceso de paz iniciado por Petro, después de los del ELN y el EMC.

Ahora Petro habla de implementar la paz por la vía de decretos

Durante el acto de posesión del contralor Carlos Hernán Rodríguez, el presidente Gustavo Petro habló de la necesidad de implementar el proceso de paz, especialmente en lo que se refiere a una reforma agraria, tema que debe pasar por la aprobación del Congreso de la República en donde el ambiente no le es favorable al Ejecutivo.

El presidente recordó que hay iniciativas como estas por ejemplo, que no son del agrado de muchos de sus adversarios y que durante su debate encuentran un ambiente que amenaza con hundirlas y que por esto es necesario pensar en caminos que le sean alternos, como los decretos gubernamentales.

 

«El Acuerdo de Paz en el centro de esa discusión, dice como declaración unilateral de Estado. Para cumplir sus objetivos las altas partes contratantes harán un acuerdo nacional para que cambien las normas cuando se oponga. Esto no significa Asamblea Nacional Constituyente, en el discurso maniqueo de la prensa. Esto significa cambiar las normas, si es necesario, y el cambio de las normas tiene diversas instancias. A veces es un decreto gubernamental», dijo.

Dijo además que cuando habló de llegar a un Acuerdo Nacional no se refería a una Asamblea Nacional Constituyente.

ELN dice que el proceso de paz puede concluir en una Constituyente

Luego de finalizar su VI Congreso, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) responsabilizó al Gobierno Nacional por la crisis que atraviesa el proceso de paz y dice que esta no se superará hasta tanto la contraparte no rectifique su posición.

”En el momento actual, el proceso de conversaciones de paz atraviesa por una grave crisis producida por incumplimientos de acuerdos por parte del Gobierno, pero en la medida que se rectifique de manera cierta podrán reanudarse las actividades de la mesa”, subraya el comunicado.

 

La organización armada ilegal afirmó en su comunicado que continuará en la búsqueda de una salida negociada a la confrontación armada, luego de ver el surgimiento de un gobierno con una tendencia ideológica diferente a la clase dirigente del país.

Durante el VI Congreso fue ratificado Antonio García como su máximo comandante y vocero y además se celebró el acuerdo firmado para que la sociedad civil tenga participación en la mesa de diálogo. Dice además que este proceso de paz con una abierta participación de la sociedad civil puede ayudar en la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente.

“Este proceso de paz, construido con la participación de la sociedad, al recoger las expectativas de cambio de las mayorías puede abrir o confluir en un proceso constituyente”, dice el texto.

Varios países no firmaron la declaración de la Cumbre de Paz sobre Ucrania

Varios países presentes en la Cumbre de Paz sobre Ucrania organizada por el presidente Volodimir Zelenski en Suiza no firmarán la declaración final de la reunión; una decisión que ha aceptado el Gobierno ucraniano, que ha puntualizado que uno de los objetivos del encuentro era el de dar voz a todo tipo de opiniones.

Según una lista preliminar de países firmantes de la declaración final — todavía no anunciada — India, Brasil, Arabia Saudí o México no han estampado su firma en el documento, recoge la agencia Bloomberg. Entre los no firmantes, por lo tanto, se encuentran varios países del llamado Sur Global, una región que el presidente Zelenski quería ganarse durante la cumbre de Suiza.

 

En respuesta, el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, ha reiterado que este evento quería impulsar «un diálogo franco» para «alcanzar las decisiones correctas». «Reunir a todo el mundo para que hablen al unísono sobre Rusia es precisamente la clase de evento que no gusta a Moscú», ha indicado.

La propia presidenta suiza y anfitriona de la Cumbre, Viola Amhard, reconocía este pasado sábado que no se hacía «ilusiones» sobre un posible «entendimiento final» en la reunión. «Pero es posible que sirva para que nos acerquemos a ese fin», quiso matizar.

El comisario de la Rada Suprema de Ucrania para los Derechos Humanos, Dimitro Lubinets, ha divulgado una foto de la sesión final del evento donde figuran los 80 países que sí han firmado la declaración, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, la Comisión Europea, Italia, Portugal y España, de acuerdo con la imagen publicada en su cuenta de Telegram.

Kuleba se ha referido a los primeros borradores de la declaración final, que apuntan a una posible mención sobre Rusia como interlocutor necesario para alcanzar la paz en Ucrania. El ministro, en este sentido, ha declarado que entiende «perfectamente» que llegará un momento en que será necesario dialogar con Moscú, pero siempre en igualdad de condiciones.

«Nuestra posición es muy clara: no permitiremos que Rusia hable el lenguaje de los ultimátums, como lo hace ahora», ha señalado Kuleba en declaraciones a los medios ucrania.

Presidente Petro asegura que la plata de la paz «se la robaron»

El presidente de la república, Gustavo Petro, ordenó al director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, dar paso a una auditoría forense que investigue el destino que tomaron los recursos de los OCAD PAZ.

“Solo en un año, se les entregaron a diferentes organizaciones empresariales, alcaldes o al gobernador, 688 mil millones de pesos para Nariño”, advirtió el mandatario, quien señaló que la ejecución de proyectos como la electrificación que conecta el Pacífico alcanzó apenas el 1,4%.

 

La solicitud fue hecha durante el cierre de la XXVII sesión de la Mesa de Concertación de los pueblos Pastos y Quillasingas en Nariño, desde donde ordenó contratar una auditoría especializada que investigue los recursos de años anteriores.

“Usted puede hacerle la veeduría más profunda posible para que en este Gobierno no se pierda un peso ni del OCAD ni del Sistema General de Regalías”, complementó en su solicitud al director del DNP.

Al referirse al segundo eje incumplido del Acuerdo de Paz con las Farc, el de la transformación del territorio, expresó que “este es el punto central en Nariño” y presentó cifras del OCAD PAZ, “que nadie ha querido investigar a fondo”.

Detalló que, en el año 2021, “solo en un año, se les entregaron a diferentes organizaciones empresariales, alcaldes o al gobernador, 688 mil millones de pesos para Nariño”. El mandatario sostuvo que esos dineros tenían como destino la realización de una serie de obras.