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Se necesita talante, compresión, decisión, perseverancia, compromiso y una importante dosis de optimismo y creencia en la posibilidad real de que, nuestra sufrida sociedad será capaz algún día, no lejano, de salir de décadas de oscuridad, violencia, injusticia, impunidad y corrupción, para seguir persistiendo en la construcción de la paz y en la superación definitiva de las causas que originan tan lamentable situación. Poco a poco se van encontrando soluciones a los problemas y tropiezos que, emergen o se presentan, en una estrategia de paz que parecía no tener futuro, y a pesar de las acciones de quienes continúan asesinando líderes y lideresas sociales, y firmantes del acuerdo de paz, en cometer masacres y toda clase de crímenes contra la población civil y en desarrollar campañas mediáticas de desprestigio a los esfuerzos de paz y reconciliación.

Los diálogos de paz, por lo menos con las dos estructuras guerrilleras existentes en el país, están dando frutos que van cogiendo forma y que, seguramente pronto maduraran. Con el ELN se volvió por la senda de la confianza y la búsqueda de soluciones, que parecía estarse estrechando y debilitando, para darle paso, a acuerdos y acciones que harán posible que el ejercicio de construcción de la propuesta de participación ciudadana tome forma lo más pronto posible. Seguramente con el inicio hoy, de una nueva ronda de conversaciones, y bajo la dirección de Vera Grabe, se avanzará en el fortalecimiento del Cese al Fuego y los protocolos necesarios para evitar toda acción violenta contra la población civil, haciendo posible que, se avance en la solución definitiva de la confrontación armada y se pacte un acuerdo que le ponga fin a las causas que la originaron.

Con el llamado Estado Mayor Central de las FARC, organización disidente de las antiguas FARC-Ep, es muy loable la labor que desarrolla el equipo negociador encabezado por Camilo González P; equipo que no desfalleció, a pesar del acumulado de acciones que indicaban que esta organización no tenía mucho interés en avanzar en la solución dialogada del conflicto, o que al menos, le faltaban algunas condiciones propias que respaldaran su reconocimiento como organización política armada. La persistencia es el camino, la seguridad de que una sociedad puede solucionar dialogando, aún sus problemas más difíciles, el convencimiento de que se pueden encontrar soluciones pensando en el interés supremo de la vida con dignidad, han hecho posible que hoy se cuente con un nuevo acuerdo que reconoce principalmente la importancia de la participación ciudadana, de las organizaciones sociales y del respeto al DIH y los Derechos Humanos.

Por supuesto que falta camino, que se tiene que avanzar en los diálogos para el acogimiento o sometimiento a la justicia de otras organizaciones armadas, que no tienen carácter político. Los máximos cabecillas de estas estructuras criminales y todas sus expresiones territoriales, deben alinearse con el querer de la sociedad y decidirse por el camino de los diálogos, suspender, como gesto de paz, toda acción contra la población civil y toda confrontación con el estado y la fuerza pública. No se puede continuar por el camino de la violencia, el pueblo está sufriendo las graves consecuencias que esta confrontación, y el presente y futuro de la niñez y la juventud, sigue minándose de incertidumbre, muerte y desolación.

Todos estos avances y oportunidades del proceso de paz, seguramente no fueran posibles, si la mayoría de la sociedad colombiana no hubiera tomado la decisión de respaldar con su voto y su voluntad, la propuesta de gobierno del Presidente Gustavo Petro, y si el Sr. Presidente, una vez electo, hubiera incumplido su palabra empeñada en el programa de gobierno, en la plaza pública y especialmente en su actuación coherente de hombre de paz; de allí, la importancia inaplazable de que, además de los diálogos establecidos con los actores armados, y los que se establecerán en adelante, la sociedad en todas sus expresiones, hayan o no respaldado la candidatura del hoy primer mandatario, avance por el camino de la construcción de un gran acuerdo nacional por la paz, que determine un marco amplio de acción política, social, y económica, para la reconstrucción de la patria.

Un acuerdo que haga posible adelantar una profunda reforma que modernice la política y la democracia, que reconozca la importancia de la descentralización de la mano del fortalecimiento del poder ciudadano, una reforma a la justicia para superar los altos niveles de impunidad y un acuerdo alrededor del fortalecimiento de la producción y la economía interna en armonía con la naturaleza, que haga posible iniciar el camino para superar la pobreza y la injusticia social, entre otras consideraciones.

Este pacto no será posible si la ciudadanía, las organizaciones sociales, los gremios económicos y de la producción, los partidos políticos, no toman la iniciativa y propician escenarios de diálogo y construcción de acuerdos. Diálogos que deben cubrir el ámbito nacional y territorial, que sean el escenario propicio para desatar un proceso amplio, con proyección en el tiempo y garantías a todas las partes, de tal forma que, además de una agenda y una metodología, se participe con el convencimiento de que podemos reencontrarnos y pactar las reglas que guíen, en el marco de la Constitución Nacional, el presente y el futuro de la Colombia en la que quepamos todas y todos.

La sociedad debe recuperar su iniciativa, su capacidad de movilización, y en especial su fuerza organizativa y deliberativa para construir escenarios nacionales y regionales, que le muestren a quienes hoy se encuentran vinculados a las organizaciones armadas, que existe un compromiso, no solo del gobierno nacional y seguramente de las mayorías de los gobiernos locales, en propiciar todas las condiciones, para que nunca más, por ningún motivo, se vuelva a recurrir a la violencia armada para propiciar cambios políticos o para superar la pobreza o la exclusión.

Muy buena labor continua realizando la Mesa Nacional de Interlocución Social para la Paz – MENISP, en donde se encuentran cerca de treinta organizaciones nacionales, y las mesas y espacios locales para la paz que se están instalando y fortaleciendo en diferentes regiones del país; Sin embargo, esta iniciativa debe ser complementada con un mayor reconocimiento e interlocución de parte del gobierno nacional y con puntos de encuentro con otras expresiones sociales, gremiales y políticas, en el interés de propiciar los diálogos sociales que requiere el acuerdo nacional para la paz. Fortalecer lo que existe es necesario, pero no suficiente, hay que romper las barreras que nos desencuentran y poner por encima del interés particular de cada sector, el interés de Colombia entera.

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Iniciamos el año, y las cifras de asesinatos de líderes, lideresas y firmantes del acuerdo de paz, los secuestros, las extorsiones, el reclutamiento de menores, las víctimas de minas antipersonal, entre otras infracciones al Derecho Internacional Humanitario y actos de violencia armada, siguen enlutando los corazones de personas, familias y comunidades, lo que debería concitar, la indignación nacional para que los actores políticos armados y los grupos de delincuencia común, suspendan toda práctica hostil contra la población civil, decidiéndose a abandonar la confrontación armada; igualmente, los responsables estatales de proteger a la ciudadanía, deben redoblar esfuerzos y capacidades concertadas interinstitucionalmente y con organizaciones sociales, que hagan posible recuperar o garantizar la vida y la permanencia en el territorio.

Si bien es cierto, los ceses al fuego bilaterales, como elementos generadores de mejores condiciones para adelantar diálogos entre el gobierno nacional y los grupos armados, no eliminan todos los actos violentos que se desarrollan en una confrontación armada, como la que padecemos en Colombia, tampoco deberían ser utilizados por los actores armados comprometidos, para incrementar su capacidad bélica, copar territorios nuevos, o perseguir a las comunidades, y a los líderes y lideresas que trabajan o no por la paz. El cese al fuego debe ir incrementado sus niveles de prohibición de actos violentos, que excluyan a la comunidad y que disminuya las muertes de civiles y de combatientes, de lo contrario, su razón fundamental pierde sustento y respaldo popular.

El asesinato, las amenazas, el desplazamiento de personas que ejercen algún tipo de liderazgo social, político, económico o comunitario, y que no están involucrados en la confrontación armada, las masacres, el confinamiento, el constreñimiento político y social,  buscan fundamentalmente causar un profundo daño a la sociedad y a sus organizaciones, rompiendo o debilitando el tejido social, y eliminando la estructura orgánica que la población ha desarrollado durante decenas de años y que se convierte, en razón de estas acciones y amenazas externas, en el escudo de defensa de la cultura, las tradiciones y los conocimientos ancestrales. Una sociedad que naturaliza, que permite, por acción o indiferencia, que los liderazgos sociales y comunitarios tradicionales sean exterminados, estará condenada, tarde o temprano, a perder la base democrática que le da sustento a sus estructuras administrativas, políticas y judiciales nacionales y territoriales, dejando a merced de la iniciativa delincuencial, el control social, económico y político, profundizando la crisis de pobreza, exclusión, inequidad e impunidad.

Profundo daño a la sociedad y a la democracia, hacen aquellas personas que dirigen instituciones que les corresponde velar por la justicia y perseguir a la delincuencia, como lo que ocurre con la Fiscalía General de la Nación, cuya cabeza principal, en lugar de generar un robusto programa para superar los altos índices de impunidad, perseguir a los autores intelectuales de los asesinatos, masacres, extorsiones, secuestros y corrupción, dedica toda su fortaleza a otros temas no misionales, en un afán propagandístico personal y de proselitismo politiquero, dejando en total indefensión a las comunidades y sus liderazgos. No es por ahí que se le devuelve a la institucionalidad estatal, el respaldo y la legitimidad que requiere por parte de la sociedad. La sociedad, las comunidades y las organizaciones esperan con ansiedad que esta entidad cumpla con su mandato constitucional y se dedique a superar la impunidad, y a fortalecer las garantías a la vida, la honra y los bienes de todas y todos.

El proceso de paz avanza, es cierto, y la confrontación entre los bandos armados enfrentados disminuye, ahorrando la pérdida de vidas humanas de combatientes; sin embargo, en algunas regiones del país, estos beneficios no se hacen evidentes, por cuanto, las hostilidades en algunos casos aumentan, en otros se mantienen o no disminuyen, a la velocidad que se requiere para salvar vidas y también para generar la confianza necesaria que haga posible la participación informada en el proceso de paz, lo que demuestra que, hoy más que nunca, se requiere una mayor movilización social organizada, que le envíe un mensaje claro y contundente a quienes persisten en causar daño a la población, para que, independientemente de si están o no involucrados en las mesas de diálogo para la paz, sientan que las mayorías hemos decidido, transitar pacíficamente hacia una sociedad democrática, justa, equitativa, respetuosa de los derechos humanos, la vida y la diversidad, en donde los fusiles solo sean garantías de soberanía nacional y de defensa de la vida y la dignidad.

No podemos esperar a que todas las causas que sirven de sustento a los discursos que legitiman la lucha armada, estén solucionadas para comenzar a construir una sociedad pacífica, debemos comprometernos en un gran Acuerdo Nacional que envuelva a todas la expresiones de la sociedad en la transformación real de estas; tampoco podemos obviar la búsqueda de acuerdos con quienes se han alzado en armas, para que las soluciones progresivas a dichas causas, queden contempladas en un acuerdo de paz que cuente con el respaldo de las grandes mayorías, y que en virtud de esto, se elaboren los planes y proyectos necesarios, se destinen los recursos necesarios a corto, mediano y largo plazo, y se realicen los cambios políticos que hagan posible una democracia fuerte e incluyente, capaz de superar los fenómenos de corrupción que le roban la esperanza a la juventud.

La sociedad no puede desfallecer, es nuestra obligación salir a defender la vida y la paz, a manifestar nuestro rechazo a todas las formas de violencia armada que nos afectan. Los y las negociadoras, de todas las delegaciones, seguramente, como se ha evidenciado, están concentrados buscando, construyendo y logrando acuerdos, según las agendas previamente definidas, pero a la sociedad en general, mujeres, hombres y no binarios, comerciantes, pueblos étnicos, empleados y trabajadores, jóvenes, estudiantes, artistas, profesionales, mineros, pescadores y campesinos, población LGBTIQ+, periodistas, comunales, población con discapacidad, entre otras expresiones, le corresponde rodearlos con la movilización, exigirles compromisos y resultados en defensa de la vida, y avances en la construcción de la paz. Que los beneficios de la Paz se sientan en cada rincón del país, que las trasformaciones beneficien con más celeridad a las personas tradicionalmente excluidas y empobrecida, que el respeto a la vida y la dignidad no tenga color político o diferencias económicas.

El 2024 debe marcar con la movilización, la participación y la acción social, el fin de la violencia armada, la profundización de la democracia, el fin de la corrupción, la construcción de equidad y el goce pleno de los derechos humanos. No podemos retroceder, aceleremos el tren de la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Que nadie pierda la esperanza, vamos por la paz con justicia social y ambiental, que beneficie a todas y todos, apoyando e involucrándonos en la implementación del acuerdo logrado con las FARC-Ep. La noviolencia, la seguridad, los valores cívicos y democráticos, los deberes y derechos deben marcar el horizonte de la convivencia en las ciudades y veredas, para que la vida sea el centro sobre el cual orbite la gobernabilidad local. Que la existencia de todas y todos sea respetada, que cesen los asesinatos, las masacres, los secuestros, el reclutamiento forzado, la violencia contra las mujeres, y toda acción que atente contra la dignidad.

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Ya va terminando el año y al parecer la implementación de algunas propuestas de gobierno, necesarias para complementar las acciones que permitirán la transformación compleja e integral del conflicto armado y de las violencias que alrededor de este orbitan o se derivan, siguen siendo aplazadas, lo que desincentiva que importantes sectores de la sociedad, se sientan convocados y entusiasmados con la construcción de la paz total e integral.

Comencemos por destacar, como lo expresé en la columna de opinión del 1° de octubre, la falta de compromiso de la instancia de gobierno responsable en convocar la renovación del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, que hace parte también de los acuerdos pactados con las FARC-Ep, su instalación oficial y la designación de responsabilidades claras en relación con su papel en el marco de los diálogos de paz. Sería bueno que el Gobierno Nacional evaluara con suficiente profundidad este mecanismo y decidiera realmente su presente o su futuro, de no ser así, lo más recomendable es avanzar en la derogatoria de la Ley 434 de 1997 y el decreto ley 885 de 2017, de tal forma que, cesen las expectativas de la sociedad en relación con su participación en estos escenarios.

Una de las primeras propuestas de la sociedad civil organizada que trabaja por la paz en nuestro país, encaminada a desarrollar una cultura de paz, es la Ley 18 de 1990. Esta Ley, olvidada por casi todos los gobiernos bajo presión seguramente de las grandes cadenas de almacenes y los importadores legales e ilegales de juguetes, prohíbe expresamente la fabricación, importación, distribución, venta y uso de juguetes bélicos en el territorio nacional. Esta iniciativa debería ser parte fundamental de la pedagogía y la sensibilización alrededor de la convivencia y de la estrategia para lograr la paz total e integral, más aún, si se tiene en cuenta que vivimos en un escenario de permanente violencia y confrontación que naturaliza los asesinatos y las masacres, y en donde las niñas y los niños son constantemente asediados con mensajes de violencia armada.

La Ley 18 de 1990, considera claramente como juguetes bélicos, todos aquellos objetos y réplicas que imiten cualquier clase de armas de fuego, sean cortas, largas, arrojadoras o arrojadizas, de puño o de corte o de asta, y de guerra, tanques, aviones de combate o barcos armados utilizados por las fuerzas armadas, la policía y los organismos de seguridad del Estado. La ley también prohíbe los videojuegos, so pena de sanciones monetarias o prisión de hasta cinco años. Sin embargo, como ya lo estamos viendo en calles, almacenes de cadena y San Andresitos, los anaqueles se están llenando de este tipo de juguetes, sin que la autoridad competente, en este caso la superintendencia de industria y comercio y las entidades responsables de la política oficial de paz, hagan algo al respecto.

En relación con la Ley 2272 de 2022 que llenó de optimismo a las organizaciones de la sociedad civil, pues esta incluye algunas de las iniciativas y propuestas que se vienen ambientando desde hace décadas, es necesario precisar, que si bien en correspondencia con los diálogos de paz, el Gobierno Nacional ha realizado importantes esfuerzos y las mesas establecidas siguen avanzando -aunque con las dificultades propias de estos procesos-, algunos componentes importantes de la Ley siguen sin desarrollarse.

Ojalá entre en ejecución en los primeros meses de 2024, el programa de servicio social para la paz, que hará posible que una importante cantidad de jóvenes tengan opciones diferentes al servicio militar, para aportar a la sociedad y que, de ser bien aplicado, pueda hacer emerger una generación de paz que ayude a construir un país decente y democrático. Muchas organizaciones sociales recibirían con los brazos abiertos a las y los jóvenes de este programa para que, desarrollen la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos, la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ayudar en la protección de la naturaleza, la biodiversidad, las fuentes hídricas, los ecosistemas estratégicos, la riqueza ambiental y forestal del país, promover la paz étnico-territorial, respetando el derecho de autodeterminación, la autonomía, usos y costumbres de las comunidades étnicas, entre otras actividades.

Otro componente de la Ley de Paz, que esperamos sea implementado con mucha creatividad, involucrando a los gobiernos locales que se estrenarán el 1 de enero, es el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, mediante el cual se espera que toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de manera voluntaria, entregue al Departamento de Control y Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) o a quien el Ministerio de Defensa delegue, armas de fuego fabricadas, hechizas, artesanales, legales o irregulares, de uso privativo de la fuerza pública o traficadas, así como sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, con independencia del estado de conservación que tengan. Hay que comenzar a sacar de circulación, los aproximadamente cinco millones de armas de fuego ilegales y sus municiones que, están en poder de civiles.

Seguramente un programa de esta naturaleza, como se ha demostrado en otras oportunidades, hará disminuir las tasas de violencia urbana, de violencia intrafamiliar, de violencia contra las mujeres, los niños y las niñas. Las administraciones locales, tendrán que ser convocadas para servir de aliados fundamentales en esta titánica labor que complementada con campañas de cultura ciudadana que hagan énfasis en los deberes, los derechos, los valores, la convivencia y la reconciliación, harán germinar mejores relaciones de convivencia y procesos de reconciliación. No hay claridad acerca de quien o quienes liderarán el programa o las campañas tendientes a instalar en el imaginario colectivo, la Cultura de Paz y Noviolencia, que motive en las grandes mayorías, a través de acciones pedagógicas, comunicativas, artísticas, simbólicas y de movilización, el compromiso ciudadano con la paz y el respaldo a las transformaciones de las causas estructurales y las consecuencias que motivan y retroalimentan la violencia social y política armada.

Otro esfuerzo muy importante, será garantizar en los Planes de Desarrollo Territoriales, que se deberán aprobar en los primeros meses del próximo año, un componente de Paz que refleje como lo ordena la Ley 2272, el compromiso de los gobiernos locales con el Plan Nacional de Desarrollo. Será una ambiciosa tarea, armonizar el Plan Nacional de Desarrollo, la ley 2272 de 2022 y los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales, de allí la importancia de que la sociedad civil se involucre con su incidencia, garantizando no solamente la inclusión de programas, sino también los recursos para financiar o cofinanciar iniciativas. Sería bueno que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, destaque un importante equipo profesional para asesorar este proceso.

Finalmente, y no menos importante, está la deuda que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República tienen, en relación con la llamada Ley de Sometimiento a la Justicia, para facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley y las organizaciones criminales de alto impacto, conforme se definió en la Ley 2272 de 2022 y terceros relacionados con actividad de la organización. Este marco jurídico es de extrema importancia, si se quiere continuar de forma ágil en los diálogos con estos grupos armados, involucrar a otras bandas delincuenciales como el llamado Clan del Golfo, e intentar clausurar el abordaje complejo de la transformación de un conflicto armado que ya arriba a los sesenta años, generando muerte y dolor.

Luis Emil Sanabria D.

Hablar del secuestro o como lo llaman las guerrillas “retenciones económicas”, vuelve a ponerse sobre el debate público. Las cifras son alarmantes y demuestran que algo tanto en el proceso de paz como en las políticas de seguridad no está funcionando o no está siendo efectivo a corto plazo. Según diferentes fuentes el número de secuestros ocurridos en 2023 sobre pasa la cifra de las 80 personas, muchas de ellas con paraderos aún desconocidos.

Aunque el secuestro nace en Colombia mucho antes de la aparición de las guerrillas de izquierda, si es muy claro que luego del surgimiento de estas en 1964, el fenómeno empieza a tomar mayor relevancia, tanto en los llamados secuestros políticos, como en los secuestros con fines económicos; sin embargo, fue solo con el Mandato Nacional Por la Paz de 1997, donde más de diez millones de personas se manifestaron en contra de este y otros delitos, y con la llamada marcha del No Más en 1999, que se evidenció el dolor y los daños que el secuestro causa a la sociedad, la economía y principalmente a la víctima y sus familiares.

Más allá de las cifras, el secuestro afecta profundamente la salud mental y espiritual de los seres queridos y de quien lo padece directamente. La incertidumbre frente a la situación de su familiar, el sentimiento de impotencia, la espera día y noche de una llamada o un mensaje, el traslado de un sitio a otro principalmente en horas de la noche, el miedo frente a posibles combates, etc., consume profundamente, de forma silenciosa a quienes esperan algo de piedad estando secuestrados, y a los familiares y amigos más cercanos.

Con las denuncias públicas frente al secuestro del Sr. Díaz, empecé a recibir llamadas de personas que querían revelar el secuestro de sur ser querido o amigo, pues a pesar de los esfuerzos, los nombres de la mayoría pasan desapercibidos para la sociedad, los medios de comunicación y los gobiernos, principalmente para los alcaldes y gobernadores, que nada o poco hacen para ayudar a controlar el delito o para brindar acompañamiento a las víctimas.

Una de esas llamadas terminó siendo el clamor de una amiga de juventud. Cuando sonó el teléfono, y aunque evidencié que el número en la pantalla era desconocido, sentí que por alguna razón debía aceptar la llamada. Al responder con el cauteloso y cortante ¡alo!, me habló afanosamente una mujer. Hola Lucho, ¿cómo estás?, era una voz que me inspiraba confianza por la familiaridad de sus palabras y el tono con el que me habló. Soy Mildred Quintero[1], no sé si te acordás de mí, estudiamos juntos en el colegio. No fue fácil retroceder el tiempo, de esa época ya pasaron más de cuarenta años. Era una amiga de esas difíciles de olvidar, por su extrovertida forma de ser y las señales que en menos de dos minutos me refirió. Necesito hablar urgente con vos, hoy te vi en TvSanJorge – el canal comunitario de Ocaña- y hablaste del secuestro y quiero que me orientes sobre un caso. Establecimos una cita en su casa, hablamos de muchas cosas, hasta que finalmente me atreví a poner el tema para el que había sido citado. Del patio de la casa, salió una señora joven, con los ojos hinchados seguramente de llorar, y un caminar lento, comprendí inmediatamente que un ser muy cercano a ella era víctima de secuestro. Con las presentaciones de rigor y la cautela que el tema amerita, la señora comenzó a narrar el dolor tan inmenso que estaba padeciendo con el secuestro de su hijo, era la primera vez que lo hacía con alguien que no

fuera su círculo familiar cercano. Con el llanto entrecortado, la mirada perdida, el celular en una mano y con la otra aferrada al mueble, como si estuviera siempre dispuesta a salir corriendo frente a cualquier llamada, comenzaron a salir de su boca más que frases de relato, algunas preguntas ¿por qué secuestraron a mi hijo, si yo no tengo plata y mi hijo tampoco? ¿qué le digo a los niños, mis nietos, que todo el día preguntan por él? Nunca imaginé que esto nos pudiera pasar a nosotros, el papá también está como loco, no sabe que hacer y ya llevamos casi un mes en esta incertidumbre, nadie llama, nadie dice nada, no sabemos nada.

No era fácil responder. Lo primero que se me vino a la mente, además de escuchar detenidamente, fue tratar de consolarla, por lo que le hice una señal a Mildred para que la abrazara y se sentara a su lado ¿Ha recibido alguna ayuda o acompañamiento de la alcaldía o de alguna autoridad? le pregunté; su respuesta, que es la misma que se repite en muchos casos fue negativa. El Gaula de la Policía, solo me informó cómo, según ellos, habían ocurrido los hechos, y por donde se los habían llevado, pero nada más. Ni el alcalde, ni el gobernador, ni el presidente, nadie nos llama, como si no existiéramos, como si mi hijo no valiera nada, me dijo. Luego de darle algunos consejos, más relacionados con su salud mental y de ponernos de acuerdo para realizar un acto simbólico en el parque principal de Ocaña y una misa, le sugerí que visitara al obispo y solicitara su intermediación para intentar conocer en manos de quien estaba el hijo, y que buscara ayuda profesional para ella y para el papá del joven secuestrado, que al parecer estaba en un estado mayor de afectación.

Este lamentable y doloroso episodio, y a riesgo de ser vetado o estigmatizado, me llevan a proponer que los diálogos de paz deben, de manera urgente abordar el tema de ponerle fin al secuestro, y otros asuntos que tienen que ver con el Derecho Internacional Humanitario. Revisar sin ambages la cuestión de la manutención de los combatientes involucrados en el proceso de paz, de tal forma que esta deliberación, pueda también llevarnos casi automáticamente a evaluar la posibilidad de que las estructuras guerrilleras se ubiquen en zonas específicas, y los protocolos de cese al fuego bilateral, se puedan aplicar y monitorear de forma más efectiva.

No es la primera vez que, en el caso de la mesa de diálogo Gobierno Nacional-ELN, se anticipan elementos del quinto punto de la agenda, esto demuestra la madurez del proceso, los avances y el compromiso de las partes. Es el momento de responder positivamente al clamor ciudadano y buscar fórmulas expeditas para que las guerrillas abandonen el secuestro y devuelvan a todas las personas que se encuentran en su poder, hechos que, por supuesto no deberían suceder en la guerra, ni mucho menos en medio de un diálogo que busca la paz. Es el momento, de estudiar fórmulas para posibles ubicaciones territoriales temporales o permanentes de las estructuras insurgentes, para que la implementación de los acuerdos a corto plazo, se pueda adelantar incluso con la participación de guerrilleros desarmados.

Ya vendrán otros temas o preguntas que seguramente causarán desacuerdos, pero que, con el compromiso sólido en la búsqueda de la transformación de las causas que originan el conflicto y sus consecuencias, se podrán abordar y solucionar. Me atrevo a anticipar algunas: ¿Qué hacer con las armas y municiones, se entregan o no a la comunidad internacional para su destrucción? ¿Se hace o no dejación de armas y municiones a la firma del acuerdo o luego de su implementación total? ¿Seguirán en tregua bilateral o esta pasará a ser multilateral, de forma permanente, hasta la implementación de todo lo acordado? ¿La reincorporación de excombatientes, se empezará a dar cuando se entreguen todas las armas y municiones o antes, en la medida en que se vaya aplicando lo acordado?

Por el bien de Colombia, por la vida y la reconciliación, todos los diálogos de paz deben continuar. El Estado Mayor Central-FARC, debe volver a la mesa y debatir en esta, las inconformidades que expresa públicamente, y que antes de acercar a las partes, motiva reacciones políticas y sociales que hacen más difícil la construcción de acuerdos. No es el momento de la confrontación, ya la sociedad lo ha demostrado de múltiples formas. Hoy lo más revolucionario que un grupo insurgente puede hacer, es transitar por el camino de la paz, ponerle fin al conflicto armado e involucrarse en la lucha democrática por las transformaciones que las mayorías exigen.

Luis Emil Sanabria D.

[1] He cambiado el nombre para evitar señalamientos.